Asistieron a una reunión de la comisión homónima, donde avanzó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la ley que los protege.
Representantes de organismos de Derechos Humanos asistieron este miércoles a la comisión homónima de la Cámara de Diputados, donde alertaron por la situación de los Sitios de la Memoria. La convocatoria se dio luego del reclamo que días atrás hicieran desde Unión por la Patria.
En una misiva enviada a la presidenta de la comisión, la macrista Sabrina Ajmechet, la oposición denunció que “en lo que va de 2024, los Sitios de la Memoria han sufrido una gran cantidad de despidos, lo que pone en riesgo su preservación, regida por la Ley Nacional 26.691 y el decreto reglamentario 1986/2014, así como su normal desarrollo”.
“Como consecuencia, esto pone también en riesgo pruebas materiales que pueden ser necesarias en los juicios de lesa humanidad”, agregaron, y pidieron la citación de los trabajadores de estos lugares y referentes de organismos en la materia.
Así las cosas, este miércoles expusieron en el encuentro Claudia Careaga y Cecilia De Vicenti, familiares y compañeros de “los 12 de la Santa Cruz”; Guillermo Pérez Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo; Paula Eugenia Donadío y Virginia Franco, de H.I.J.O.S. Capital; Verónica Torras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Miguel Ángel D’Agostino, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”.
En primer lugar, Careaga relató su historia de la desaparición forzada de su madre durante la dictadura y también el posterior secuestro de su hermana. “Estuvimos muchos años buscándolas y recién en 2005 pudimos recuperar sus restos que aparecieron en las costas de Santa Teresita en diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN y recuperados por el equipo de antropología forense”, detalló. Luego, criticó la visita de diputados libertarios a los represores en la cárcel de Ezeiza.
Por su parte, De Vicenti sostuvo que “la desaparición era no saber adónde estaba tu familiar, no saber qué le pasaba y no tener ninguna noticia”. En ese sentido, explicó cómo fue que Alfredo Astiz hizo para infiltrarse en la iglesia y el posterior secuestro de su madre. “Mi papá se murió sin saber y mis hijos no tuvieron abuela”, expresó.
Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, contó cómo fue el secuestro de su familia en el local que tenía su padre en Martínez, provincia de Buenos Aires, y llevados a un centro clandestino en Morón. “Mi abuela tiene 104 años y todavía está esperando saber qué es lo que pasó con su única hija, dónde están sus restos y quién es responsable de su deceso”, manifestó, al tiempo que agregó: “Y yo vivo en un constante duelo, eterno, hasta no saber cuándo, cómo y dónde están los restos de mis padres, que continúan desaparecidos”.
“Tenía un año de edad cuando fui secuestrada y fui llevada al centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturaban y desaparecían gente”, comenzó su exposición Virginia Franco, de H.I.J.O.S. Capital. “Lo que me preocupa es qué va a pasar con los responsables de nuestro secuestro, si vamos a tener que caminar por las calles nuevamente con ellos, no entendemos cuál es la estrategia del Gobierno con respecto a esto. Esto genera impunidad”, advirtió.
También de H.I.J.O.S. Capital, Paula Eugenia Donadío comentó su historia familiar. “Mi mamá pudo declarar en el año 2013 ante un tribunal porque los organismos de DD.HH., los sobrevivientes y el pueblo argentino definió que la vía para no repetir esos crímenes, vivir en una democracia plena y que nos sirva a todos, era juzgar los crímenes de lesa humanidad”, subrayó.
Verónica Torras, del CELS, hizo hincapié en que “este tema no es una cuestión partidaria ni de los organismos de DD.HH., esto tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad argentina, del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país”, enfatizó.
Como último orador, D’Agostino solicitó que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante una investigación sobre lo ocurrido con los legisladores de La Libertad Avanza.
Una vez finalizada las exposiciones, los legisladores avalaron el proyecto de resolución presentado por Pablo Yedlin (UP) de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Ley 26.691, de “preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria del terrorismo de Estado”. María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, no acompañó la iniciativa.
Acompañados por legisladores de Unión por la Patria, referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, entre otros, estarán este lunes a las 16 en el segundo piso del Anexo “C”.
Germán Martínez, jefe de UP, y Estela de Carlotto
En lo que será un fuerte repudio público a la visita de diputados de La Libertad Avanza a exrepresores en el penal de Ezeiza, referentes de organismos de derechos humanos brindarán este lunes -a partir de las 16- una conferencia de prensa en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.
En el encuentro, programado con una duración de tres horas, legisladores de Unión por la Patria acompañarán a miembros de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, la agrupación H.I.J.O.S., el CELS, entre otros.
La actividad tendrá lugar además en la previa de la sesión que este miércoles realizará la Cámara baja, y donde los reclamos hacia los oficialistas que hicieron un tour a la cárcel concentrarán toda la atención.
Desde el kirchnerismo hay un pedido para conformar una comisión que evalúe si la conducta de los libertarios amerita su expulsión del cuerpo. En tanto, en la oposición dialoguista no hay ánimos de defensa y muchos consideran que merecen repudio. En el radicalismo no descartan acompañar un apartamiento del reglamento para que se vote el proyecto de UP.
El pasado 11 de julio, los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci visitaron a exmilitares en el penal de Ezeiza, entre ellos Alfredo Astiz.
Benedit y Montenegro fueron señalados como los organizadores. Montenegro, exmano derecha de vicepresidenta Victoria Villarruel, confiesa de haber mantenido reuniones con condenados por delitos de lesa humanidad, fue quien explicó el hecho a sus pares en la última reunión del bloque oficialista. Pese a lo mal que cayó en algunos, no hubo reproches. El jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, cargó contra “una operación de prensa”.
En la reunión en el penal, que Benedit calificó posteriormente como “visita humanitaria” en el grupo de WhatsApp del bloque libertario, los genocidas habrían entregado a los legisladores un proyecto de ley para obtener la prisión domiciliaria a partir de los 70 años.
Luego de mantener silencio en un principio, Bonacci y Arrieta salieron a contar que fueron “engañadas” hacia el penal y que no sabían con quiénes se iban a reunir. Bonacci agregó en una entrevista televisiva que la visita contaba con el “ok” de Martín Menem y Casa Rosada.
Por otra parte, otros temas que se tocarán en la conferencia serán la denuncia por el vaciamiento de los Sitios de Memoria (reclamarán el tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías) y el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un militante de H.I.J.O.S. en Córdoba.
El encuentro se llevará a cabo este jueves, desde las 16. Los documentos fueron elaborados por organismos de derechos humanos.
El bloque de diputados del Frente de Izquierda-Unidad encabezará este jueves, a partir de las 16, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una audiencia pública en la que se presentarán “Informes sobre los hechos de represión durante las manifestaciones en Congreso”, durante los días de debate de la ley ómnibus.
Los informes, elaborados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y distintos organismos de derechos humanos, relevan la actuación de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires.
“Como se denuncia, derechos democráticos elementales como el derecho a la libre expresión, a informar y a ser informado, o a la manifestación y la protesta social, fueron puestos en cuestión por el Gobierno nacional y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien comandó la represión durante todos esos días”, dice el texto que hicieron circular Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina Del Plá para fundamentar la convocatoria.
Los legisladores sostuvieron que “estos hechos, que violan incluso las normativas nacionales e internacionales de actuación de los Estados ante la protesta social, no pueden pasar inadvertidos”. “Para acompañar esta denuncia, convocamos a legisladores, organismos y referentes de la lucha contra la impunidad y denunciantes de estos hechos a participar de la audiencia”, que será transmitida en vivo, invitaron.
