La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado Horacio Pietragalla Corti, se reunió este martes para recibir y escuchar a referentes de organizaciones sociales quienes expusieron sobre la situación del derecho a la protesta y las represiones policiales en el marco del protocolo anti piquete del gobierno de Javier Milei al cual calificaron como “el más represor de la democracia”.

En el inicio de la jornada, la comisión completó las autoridades siendo designada para ocupar la vicepresidencia segunda la diputada oficialista Lorena Petrocvich, para la segunda secretaría fue elegida la diputada Eliana Bruno (LLA) mientras que hicieron reserva de la secretaría tercera. Por la primera secretaría desde UP propusieron Javier Andrade.

Antes de la exposición de oradores, la ungida vice segunda Lorena Petrovich cuestionó que su bloque “no fue consultado para armar la lista de oradores. Esto se repite en otras comisiones”, y lamentó no haber estado en esa posición para “poder escuchar a las distintas voces para poder escuchar en una problemática tan importante y en un trabajo que vamos a seguir avanzando”.

“Recién pudimos leer el pasado viernes la lista de quienes nos van a acompañar. Estamos acá por respeto de quienes vinieron. La Libertad Avanza no tuvo la posibilidad de invitar a nadie”, cerró, mientras que Pietragalla Corte le aclaró que se pasó una lista de citación y que “no cercenamos a nadie”.

Los testimonios

Abrió la ronda de invitados el abogado y representante de la COREPI, Emanuel Zuccolo, quien sostuvo que “toda la batería de leyes y decretos sancionados por el Legislativo y el Ejecutivo como la Ley Bases, privatización de empresas, reforma laboral, etc., van de la mano con la represión a los colectivos afectados por la quita de derechos para lo cual, el gobierno de Milei ha sancionado distintas leyes y reglamentaciones que, a nuestro entender, significan que en la práctica un cambio de régimen con suspensión de derechos y garantías constitucionales, garantizando la impunidad para los represores que ejecuten estas tareas represivas”.

Zuccolo recordó que “a lo largo de estos años hemos visto como se ha reprimido ferozmente mediante operativos multifuerza a quienes osan disentir y ejercer su derecho en la protesta contra la quita de derechos consagrados”, y lo ejemplificó con las marchas de cada miércoles por parte de jubilados que “los golpean y los gasean” en medio de su reclamo por el acceso a remedios, pero “la represión violenta se lleva a cabo contra cualquiera que ejerza su derecho a la protesta”.

“Tenemos más de 1.500 personas heridas en dos años por la represión estatal en la protesta social como casos emblemáticos como Pablo Grillo. Hubo más de 300 detenciones arbitrarias en el marco de movilizaciones en CABA”, precisó y cuestionó que “la brutalidad represiva de las fuerzas no se investiga en lo más mínimo”.

Zuccolo denunció al Gobierno de Javier Milei como “el más represor de la democracia donde el aparato represivo del Estado se llevó la vida de 1.081 personas en sus dos primeros años en casos de gatillo fácil, femicidios, muerte bajo custodia. Resulta de vital importancia que la comisión arbitre las medidas necesarias para que se rompa con el modo represivo que, ante el creciente malestar social, irá creciendo con consecuencias en la vida de los laburantes”.

Por parte del CELS, Diego Morales, planteó que el protocolo anti piquetes “tiene una interpretación distinta a lo que propone el Código Penal porque la regla que fijó el Congreso está aplicada de manera distinta, por lo tanto, hay un incumplimiento de la norma penal que fijó el Parlamento”.

“El Ministerio de Seguridad tiene un exceso porque se aparta de las reglas que están fijadas para el uso y desarrollo de la actividad policial porque en el artículo 4 habla de ‘dispersión’ y la policía no tiene esa facultad en ningún reglamento ni ley. Esa idea es un compromiso que se puede discutir en este ámbito legislativo”, indicó y se refirió a la Ley de Datos Personales porque “la lo que establece el protocolo es la facultad de las fuerzas de llevar registro de los manifestantes, de organizaciones que se manifiesta, eso está prohibido”.  Morales opinó que “son tres asuntos que puede ayudar al Congreso a definir otras reglas de funcionamiento para garantizar el derecho a la protesta social”.

Desde la CTA autónoma, Ricardo Peidro, manifestó su preocupación por el “alarmante incremento de la represión en las calles”, y brindó datos de los últimos años donde “hubo 107 represiones contando desde la asunción de Milei. Hubo 2.648 heridos y 381 detenidos y, si comparamos un año con otro, aumentó en un 48% la cantidad de heridos y 123% de detenidos”.

“No nos sorprende porque cuando el Gobierno anunció sus políticas de ajuste y de sumir en la pobreza, van atadas a la represión. Es llamativo que es represión que, en otras instancias, algunos gobiernos la dibujando de otra manera. Este gobierno dice que la represión forma parte de su política”, criticó y planteó: “Tenemos que tener una línea de unidad para derrotar a este gobierno y también tenemos que tener unidad en las respuestas a las acciones represivas”.

Por su parte, Fabián Grillo padre del fotógrafo Pablo Grillo pidió al Congreso que “vuelva a ser del pueblo” que se termine con la “perversión y la represión”. También cuestionó que desde el oficialismo “buscar obstaculizar la investigación de la justicia”.

Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, bregó para que la reunión “tenga una conclusión concreta porque la represión y la persecución del gobierno empezó ni bien asumió. Es una orientación perfectamente programada”.

“De forma sistemática el Gobierno tiene el triste récord de reprimir cada manifestación que se produce, sobre todo a los sectores más débiles como jubilados y discapacitados”, apuntó y sumó: “Todos los Gobiernos, de una u otra manera, reprimieron al movimiento piquetero, pero lo van a negar como hacen siempre”.

En el marco de la reciente sanción de la Ley 27.675 de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, convocó a una mesa de diálogo con diferentes organizaciones sociales involucradas en la temática.

Durante la reunión, Raverta expresó: “Esta ley es fruto de una construcción colectiva y de la inteligencia común entre el Estado y las organizaciones sociales. Con ese mismo espíritu hoy nos convocamos para avanzar en una reglamentación que garantice que todas las personas que necesiten de la Seguridad Social cuenten con un Estado que las acompañe. Nos parece muy importante construir cada paso de manera colectiva”.

En dicho encuentro, se trabajó en relación a los artículos de la ley que involucran la implementación de las políticas competentes al organismo, como la Jubilación Especial de carácter excepcional y la Pensión No Contributiva para personas con VIH, Hepatitis B y C.

Estuvieron presentes, por parte de ANSES, la directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género, Paula Ferro; el director general de Diseño de Normas y Procesos, Gustavo Gioia; y la directora de Promoción de Derechos de la Seguridad Social, Lucía Corsiglia.

En tanto, participaron los integrantes de las siguientes organizaciones: por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Grupo Efecto Positivo, Ciclo Positivo, Nexo Asociación Civil (FALGBT), Red de Jóvenes Positivos (RAJAP), Fundación Huésped, Red Argentina para los derechos y asistencia de las personas con VIH, Las 7H, Secretaría de VIH FALGBT, HepaRed, Grupo Convivir del Hospital Muñiz, ACT UP Argentina Buenos Aires 3D Diversidad y DDHH en Salud; por Buenos Aires, Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH/ Sida (La Matanza), Red Argentina de Personas con VIH + 30 (La Matanza), Red Argentina de personas viviendo con VIH/ Sida (Mar del Plata); Comisión Internacional de Mujeres viviendo con VIH/ Sida (Tigre); por Misiones, Liga LGBTI de las Provincias; por Tucumán, Tucumán Peroncha; por Santa Fe, Red Dar + Red Argentina de Personas viviendo con VIH/ Sida (Santa Fe).

La actual legislación supera el enfoque biomédico por otro centrado en el género y los derechos humanos en la respuesta al VIH, hepatitis virales e ITS y TBC.

En su capítulo VII concerniente a la Seguridad Social, artículos 24 al 27, crea una jubilación anticipada y contributiva para quienes viven con VIH, Hepatitis B o C, cuyos requisitos son tener 50 años de edad a la solicitud, 20 años de servicios con aportes en cualquier régimen y 10 años desde el diagnóstico.

Asimismo, en los artículos 30 al 32 crea una Pensión No Contributiva, vitalicia, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social consistente en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó su repudio a lo que considera una “extorsión” de parte de Camioneros para afiliar nuevos asociados “mediante bloqueos a las empresas o incluso al sector público, como es el caso de San Nicolás”, y expresó que esto se resuelve “con autoridad, porque la ley tiene la legitimidad para actuar”. 

En “Hoy Nos Toca”, con Daniel Santa Cruz, por el Canal de la Ciudad, Asseff dijo que “el problema de los sindicatos promueve la informalidad laboral y es una pésima señal para las inversiones. Porque no es proteger a los trabajadores, sino, extorsionar a los mismos trabajadores que dicen proteger”, y agregó: “El sindicalismo es necesario, pero si se le da un rol político y excede lo sindical se pervierte sus objetivos. Por ejemplo, hoy existe la obligación de pagarla cuota sindical, aunque no se esté afiliado, que es algo inconstitucional que está rigiendo en la Argentina y hay que derogarlo”. 

Luego, el titular del Partido UNIR hizo un breve análisis sobre el movimiento sindical actual y dijo que “hoy está cada vez más retraído, hay cada vez menos obreros sindicalizados y mucha informalidad de mano de obra no calificada que hace changas y cobra planes sociales. Eso desespera a los sindicatos porque si se pierde la cultura del trabajo y hay exceso de planes ya no se puede cobrar cuotas”. 

Consultado sobre la situación de la dirigencia de los movimientos sociales, Asseff explicó que “hoy tienen un poder inmenso, pues cada vez se entrega más dinero para planes y pasa por las manos de los dirigentes, que lo entregan discrecionalmente”, y luego recordó la tarjeta alimentar y dijo que “los planes deberían ser por tiempo limitado y entregado sin intermediación de dirigentes. Esa tarjeta fue saboteada por los mismos dirigentes sociales”. 

Por último, el diputado finalizó explicando que “los planes son fuente de dependencia porque el cobrarlo depende de no estar cobrando por un trabajo, trabajo -además- cuya remuneración no alcanza para pagar el costo de vida actual. Por lo tanto, quien cobra el plan se ve sometido a la discrecionalidad del dirigente social que lo puede extorsionar y utilizarlo para sus fines políticos”. 

En vísperas del recambio legislativo y ante la certeza de que la Cámara de Diputados ya no volverá a reunirse al menos con la actual conformación, organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron este jueves al Congreso para reclamar el tratamiento de una serie de iniciativas que ellos apoyan.

Se destacan entre ellas el proyecto de ley de envase y la ley de acceso a la tierra.

El oficialismo le dio su respaldo a la movilización con la presencia de numerosas figuras del bloque Frente de Todos, como las diputadas Paula Penacca, Daniela Vilar, Alcira Figueroa, Cecilia Moreau y María Rosa Martínez.

“Nos movilizamos por una #LeydeEnvases con Inclusión Social. Esta ley viene a saldar una deuda con el ambiente, con los miles de trabajadorxs cartoneros y cartoneras, a generar puestos de trabajo y a impulsar la reconversión de la industria”, tuiteó la diputada camporista Daniela Vilar, que agregó: “Esta ley viene a saldar una deuda con el ambiente, con los miles de trabajadorxs cartoneros y cartoneras, a generar puestos de trabajo y a impulsar la reconversión de la industria”.

En tanto que su par Paula Penacca, secretaria Parlamentaria del bloque que conduce Máximo Kirchner, expresó: “La Justicia Ambiental y la Justicia Social no pueden pensarse por separado. La Ley de Envases es una iniciativa que propone abordar el problema de los residuos urbanos que tenemos en el país apostando a la generación de empleo y cuidando tanto la salud como el ambiente”.

A su vez, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, resaltó el acompañamiento a las distintas organizaciones “en su movilización para pedir la sanción de la #LeydeAccesoAlaTierraYa, entre otras leyes importantes que esperamos poder tratar este año”.

Entre las leyes que esperan sanción del Congreso figuran también la que está dirigida a personas en situación de calle; la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena; y la ley conocida como Bety Quispe, que propone crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad en los Centros Integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.

La senadora nacional Clara Vega (bloque Mediar Argentina – La Rioja) se reunió con el titular de la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), Marcelo Peretta, para analizar alternativas que promuevan condiciones laborales dignas, justas e inclusivas.

Al respecto, Vega señaló que “otorgar personería sindical a organizaciones como la que lidera Juan Grabois solo contribuye a legitimar la precarización y la carencia de derechos. Por eso, vamos a presentar un proyecto de repudio del Senado a la arbitraria decisión del ministro de Trabajo (Claudio) Moroni”.

Y prosiguió: “Es una decisión demagógica que viola la Ley 23.551 de Asociaciones Gremiales y atenta contra el modelo sindical argentino. Mientras tanto, esta figura legal le es injustamente negada a repartidores, enfermeros, contadores, veterinarios y policías, que hace años la solicitan”.

Por su parte, Peretta propone una reforma sindical que incluye volver a la cultura del trabajo, estimulando la producción y registración laboral, facilitando el ingreso y la salida al empleo formal y reduciendo la carga laboral, sin tocar el salario real.

“Hay que articular el trabajo del 90% de las 500 mil empresas que son pyme, con el papel de los sindicatos chicos, que también son el 90% de los 5 mil existentes”, sostiene el sindicalista que lidera a los farmacéuticos y bioquímicos.

En la oportunidad, el dirigente gremial y la legisladora riojana suscribieron un convenio para “colaborar con el desarrollo de un nuevo sindicalismo, facilitar el acceso a productos y servicios farmacéuticos y bioquímicos de la población de La Rioja, poner en valor el servicio farmacéutico y bioquímico del país y registrar a los trabajadores bioquímicos y farmacéuticos riojanos en los Convenios Colectivos correspondientes”, entre otras cuestiones.

Para finalizar, Vega señaló que “la unidad de todos los sectores que velamos por el desarrollo de condiciones de vida dignas en un marco democrático y republicano, es fundamental para juntar fuerzas frente al patoterismo y el avasallamiento de las instituciones que vivimos estos últimos dos años. Por eso, seguiremos trabajando en este tipo de iniciativas”.

El diputado nacional Juan Carlos Alderete (Frente de Todos) consideró que se tiene que crear un fondo de recursos, solicitado al Gobierno por las organizaciones sociales, para "ir reconstruyendo y que no se deteriore más el tejido social y no avance más la pobreza", aunque admitió que "por supuesto" en el actual contexto será "inevitable que la pobreza no aumente".

Tras la reunión que dirigentes sociales mantuvieron con el presidente Alberto Fernández, el referente de la Corriente Clasista y Combativa destacó las medidas que tomó el Gobierno en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y las calificó como "necesarias y correctas", además de que muchas de ellas apuntan a atender a "los sectores más castigados".

En diálogo con radio Colonia, el legislador pronosticó que una vez que pase la cuarentena, establecida a partir de la propagación del coronavirus, "va a quedar un país muy mal en la producción, en la economía", por eso "es necesario que nos pongamos a trabajar inmediatamente".

En ese sentido, Alderete apoyó todas las medidas de higiene que son necesarias para prevenir el virus, pero remarcó que "hay barrios donde no llega el agua, hay que llevarles bidones". Sobre esto, reveló que se conversó sobre "hacer redes troncales, cosa que las organizaciones están haciendo, y apurarse en hacer esas obras. Hemos tenido una reunión con Malena Galmarini (presidenta de Aysa) para ver cómo se van a desarrollar las obras de agua potable" en los barrios carenciados.

Por otra parte, el oficialista dijo que "a muchas PyMEs no les llega el crédito", por lo que "hay que salir a obligar a los bancos privados de que den esos préstamos. Son también los que tendrían que aportar a esta situación y no lo están haciendo".

El dirigente también contó que las organizaciones sociales "en algunas intendencias nos estamos llevando muy bien, con algunos gobernadores también" en la articulación del trabajo, mientras que "en otros lugares pareciera que algunos intendentes piensan que nos estamos disputando el terreno". Y contó que mantuvo una larga charla con Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, porque "es momentos de trabajar juntos".