El senador nacional Oscar Castillo expresó “su más enérgico repudio” frente a la derogación de dos decretos de 2019 en materia electoral, “los cuales buscaron garantizar el derecho al sufragio de cientos de ciudadanos y ciudadanas argentinas”.  

Estas normas habían sido firmadas por Mauricio Macri y habilitaban el voto anticipado de los efectivos de las fuerzas de seguridad que integran el comando electoral y de las personas que cumplen prisión preventiva. 

A través de un proyecto presentado en el Senado, el representante catamarqueño manifestó su malestar “por las implicancias que dicha derogación puede traer aparejada para el bienestar de la democracia en la República Argentina”. 

En este sentido, señaló que “la decisión del actual Poder Ejecutivo ha generado una profunda preocupación en sectores de nuestra sociedad que temen –con justificada razón- que su derecho básico a sufragar esté puesto en entredicho con la publicación del Decreto 166/2021”. Según Castillo, los decretos emitidos por el anterior gobierno tenían como “único objetivo garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos y ciudadanas argentinas”. 

También manifestó su preocupación sobre una posible avanzada sobre otro decreto, el 45/2019, que permite que los argentinos que viven exterior puedan votar en la sede diplomática argentina más cercana a su domicilio o “manifestar su voluntad de emitir el sufragio por correo postal, inscribiéndose hasta 90 días antes de la fecha de la elección”. 

La anulación de esta norma podría tener una fuerte incidencia electoral porque, según fuentes oficiales, hay unos 360.000 argentinos residiendo fuera del país. Una cifra superior al padrón electoral de varias provincias como La Rioja, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e incluso Catamarca. 

El referente catamarqueño de Juntos por el Cambio enfatizó que “la universalidad e igualdad en el pleno ejercicio de los derechos políticos es uno de los fundamentos de la República Argentina. Toda acción que atente contra la realización concreta de dichos derechos es una afrenta que se le hace a nuestra democracia”. 

“Son difíciles de comprender las razones por las que el actual Gobierno nacional ha llegado a la conclusión de que entorpecer y complejizar el acto eleccionario de sectores de la ciudadanía argentina es beneficioso para nuestra Nación. Más si tenemos en cuenta el angustioso escenario en el que se desarrollarán las elecciones este año, en el que tanto las agrupaciones políticas, las autoridades electorales de todo el país y los ciudadanos y ciudadanas responsables de organizar y llevar a cabo las elecciones deberán hacer un esfuerzo supremo para garantizar el acto eleccionario”, concluyó. 

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado ratificó este miércoles a sus autoridades en una reunión remota y delineó algunos aspectos de la agenda de trabajo para el año legislativo, que incluye entre otros temas proyectos con perspectiva de género. Continúa entonces en la presidencia de la comisión Daniel Lovera (FdT-La Pampa) y en la vicepresidencia María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz). Permanece además Oscar Aníbal Castillo (Frente Cívico y Social-Catamarca) como secretario.

El presidente de la comisión resumió el período anterior al definirlo como “un año atípico” y señaló que “supimos construir dentro del disenso respetuoso. La pandemia nos marcó prioridades que nadie tenía previstas, nos enfocó en una crisis que nadie conocía, ni aún todavía conocemos”.

Destacó, además, el tratamiento de temas como “cuidado del ambiente, género, equidad” y solicitó “seguir atendiéndolos”. Por último, remarcó que “esta comisión ha estado a la altura de la circunstancia en un contexto tan inédito”.

En cuanto a la vicepresidenta Tapia, realizó una breve intervención al comienzo de la reunión -de la cual luego se tuvo que retirar- para pedir “evitar que al momento de tratar los temas en el recinto nos tuviéramos que enterar de algunas modificaciones, como sucedió con por ejemplo con la fórmula provisional”. Aclaró que esto “es en virtud del trabajo serio que nos pide nuestra sociedad en el contexto de crisis”.

Algunas senadoras también pidieron la palabra para solicitar que sus proyectos se debatan. Fue el caso de Beatriz Mirkin (FdT), que recordó que “hay un proyecto que lo presenté el año pasado y que fue conversado pero no se tomó una decisión. Es una modificación de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares”

“No modifica ninguna cuestión presupuestaria ni que tenga que ver con otros problemas. Pero sí modifica una cuestión que tiene que ver con género. La posibilidad de que las mujeres sean las que cobren todas las asignaciones de salarios familiares, independientemente de quién trabaje en relación de dependencia. Que cobre la que se ocupa de los hijos”, explicó la legisladora oficialista.

Inés Blas (FdT) también habló de sus propios proyectos sobre género. Señaló que “yo tengo varios proyectos que tienen que ver con el género, relacionados con la paridad de género, en materia de representación en asociaciones sindicales, en negociación colectiva. Paridad en la integración de las comisiones directivas de los sindicatos. Pedirle que pudiésemos darle tratamiento, si no es a todos, es a algunos”.

A modo de respuesta, Lovera aseguró que “ya he recepcionado los proyectos que tienen intenciones de tratar. Los pedidos de las senadoras y de otros senadores vamos a tratar de ponerlos rápidamente en agenda la próxima semana. Son muchos los proyectos que nos han pedido debatir. Algunos, como por ejemplo las licencias especiales, ya han tenido consenso”. 

Por último, la senadora Ana Almiron pidió “agregar a estos temas consensuados las acciones laborales y su imprescriptibilidad, que también hubo consenso en la comisión y no lo pudimos pasar al recinto. Por lo menos ver si en asesores, ahora que estamos cerca del 24 marzo, consensuar algún texto entre asesores. Sería importante sacarla para la semana que viene, antes del 24 de marzo”.

El senador nacional Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca)  expresó “su más enérgico repudio” frente a la derogación del decreto 70/2017, que agilizaba procesos administrativos y judiciales en materia migratoria, y manifestó su preocupación por las consecuencias que podría traer en “el bienestar general y la seguridad pública de la República Argentina”.

A través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara Alta, el legislador referente de la oposición señaló que “el respeto a los derechos de las personas extranjeras y la protección de los Derechos Humanos, por un lado, y la potestad del Estado Nacional de fijar los criterios de admisión y expulsión de personas de nacionalidad extranjera, por el otro, no pueden ni deben ser dos tareas consideradas como contrapuestas o incompatibles, todo lo contrario”.  

El referente radical remarcó que “es deber del Estado regular la política migratoria teniendo en especial consideración el bien común”. Y cuestionó duramente la anulación del artículo que establecía, como causa que impedía el ingreso y permanencia de extranjeros, “haber sido condenado, estar cumpliendo condena, tener antecedentes o condena no firme, en la República Argentina o en el exterior, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.  

En este punto fue tajante al enfatizar que ”es realmente difícil comprender de qué modo la derogación de este decreto no perjudica directamente al resguardo de la seguridad pública, el bien común y el interés general de la Nación”. 

Así, consideró que la derogación del mencionado decreto no sólo atenta contra los miles de migrantes de buena fe que viven en la Argentina, sino que “perjudica a la seguridad pública y el bien común de la Nación, al facilitar el ingreso de personas con graves antecedentes criminales que nada tienen que ver con los miles de extranjeros que cotidianamente hacen su contribución”. 

De este modo, Oscar Castillo se suma a una lista de referentes nacionales de Juntos por el Cambio que manifestaron públicamente su malestar ante la decisión del gobierno de derogar la norma migratoria, entre los que se encuentran los presidentes del Pro y la UCR, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo; el auditor general de la Nación, Miguel Pichetto; el vicejefe de Gobierno y encargado de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre muchos otros.

El senador nacional Oscar Castillo (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para modificar el Código Electoral Nacional, con el fin de reemplazar el actual sistema de boletas múltiples -cuya impresión, distribución y fiscalización corre por cuenta de los partidos políticos- por el de Boleta Única, cuya confección y distribución estará a cargo de la Justicia Nacional Electoral.

La iniciativa estipula que en la boleta sólo constará la información relativa a los datos de la circunscripción electoral, distrito, número de mesa y categoría a elegir, pero no tendrá ninguna numeración, para garantizar el secreto del voto. De esa manera, el elector deberá marcar su opción en la boleta en el cuarto oscuro y luego colocarla en la urna.

Además, se propone asignar mayores funciones a la Justicia Nacional Electoral con el fin de evitar la manipulación de las boletas electorales y asignar la legitimidad necesaria a los actos electorales para garantizar los procesos democráticos, despejando cualquier sospecha.

En los fundamentos del proyecto, el legislador catamarqueño argumentó que con la implementación de un sistema de Boleta Única “se mejorará la calidad democrática al hacer más transparente y eficiente el proceso electoral”.

Y destacó que “se garantizará la participación de todos los partidos y candidatos, evitando el llamado voto ‘en cadena’. Por otra parte, permite hacer más rápido y seguro el proceso de escrutinio y generar un ahorro vital para el Estado Nacional, ya que con el nuevo sistema no es necesaria la impresión masiva de boletas de todos los candidatos, puesto que en una sola los votantes pueden elegir a quienes deseen, en cada categoría de cargo electivo”.

En este punto, Castillo ahondó que “con una economía en crisis, la Boleta Única significa un ahorro indispensable”. En el actual sistema de boletas múltiples, el Estado Nacional le transfiere una suma determinada por ley a cada partido político para que éste confeccione sus boletas. “Esta modalidad implica para el Estado una erogación mucho mayor que la que tendría que efectuar si fuera la Cámara Electoral Nacional la encargada de diseñar, confeccionar y distribuir cada boleta”, señaló.

“Otro aspecto no menor para estos tiempos de pandemia es que está comprobado que el sistema propuesto reduce notoriamente los tiempos de espera, las largas colas en espacios cerrados y la manipulación excesiva de papel”, subrayó el senador.

Además, apuntó que “actualmente la amplia mayoría de los Estados modernos utilizan la boleta única. En América Latina, sólo dos países utilizan aun el sistema de una boleta por partido: la Argentina y Uruguay. No obstante, en nuestro país las personas privadas de libertad y los ciudadanos residentes en el exterior votan por medio del sistema de boleta única. Incluso este sistema fue instaurado con probado éxito en las provincias de Santa Fe (Ley N°13.156) y Córdoba (Ley N°9.838)”.

Promediando el debate sobre los fondos para la policía porteña, el diputado del Frente Cívico catamarqueño Oscar Castillo negó que lo que estaba discutiéndose fuera una disputa entre porteños y bonaerenses. “Esto se circunscribe a una disputa político entre el oficialismo y la oposición; va a ser un antecedente gravísimo si se convalida este  proyecto de ley”, señaló sobre el final de un discurso en el que al principio había señalado que “en los primeros meses ya veíamos la intencionalidad del Gobierno de recortar los fondos de la Ciudad de Buenos Aires”.

Y se preguntó: “¿Alguien cree honestamente en el recinto que si el jefe de Gobierno que asumió en diciembre, en vez de llamarse Horacio Rodríguez Larreta, sería Matías Lammens, o para agregarle más, Filmus, o si se apellidara Recalde, estaríamos tratando este proyecto acá, hoy? La respuesta es no. Es no. Porque la raíz política de esta decisión tiene un origen exclusivamente en la búsqueda de fastidiar, entorpecer, vulnerar, descomponer… Estoy diciendo sinónimos de la palabra más dura, que sería jod…”.

Ahí se interrumpió el audio del senador, que siguió en pantalla, hablando medio minuto sin que se lo pudiera escuchar. Pero ya había quedado claro para qué lado rumbeaba.

El senador nacional Oscar Castillo presentará un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno Nacional que arbitre los medios para suspender la aplicación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que rige el denominado “dólar turista”, por el término de 30 días.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador catamarqueño se refiere a la situación de muchos argentinos varados en el extranjero como consecuencia de la pandemia, con la imposibilidad de retornar en las fechas previstas y en los medios de transporte que abonaron con anterioridad.

“Muchos compatriotas están atravesando el drama de encontrarse lejos del país, con gastos adicionales -e imprevistos- de alojamiento, alimentación y movilidad, a un dólar turista que hoy cotiza a 83,20 pesos, mientras que el oficial se encuentra en 64,50 pesos”, precisó Castillo.

El proyecto del senador contempla “las operaciones en el exterior con tarjetas de crédito; aquellos que contrataron servicios en el exterior a través de agencias de viajes y turismo del país; y también para el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago, por cuenta y orden del contratante residente en el país de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y de débito”.