El senador nacional Oscar Parrilli se refirió al documento publicado por Cristina Kirchner este miércoles, y destacó que posee “cifras, datos concretos, no opiniones”. “El tema que a muchos los ofusca es porque no pueden desmentir las cifras y se aferran a dogmatismos ideológicos que tienen, e intentan negar una realidad que ella describe con toda crudeza y sinceridad”, sostuvo.

Para el legislador K, el texto sirve para “poder entender lo que está pasando y no equivocarnos en el futuro”. “Cristina no es una persona que actúa improvisadamente cuando da su palabra”, dijo.

“Lo que ellos están proponiendo ahora ya lo vimos”, apuntó el neuquino y cuestionó que el Gobierno actual recurrió a “funcionarios fracasados”. “Milei no sólo ha recurrido a la casta, sino a la escoria de esa casta, de ese sector que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019”, lanzó, en alusión al macrismo.

Parrilli enfatizó que “las medidas que están tomando” desde La Libertad Avanza “son perjudiciales, no solucionan el problema, lo agravan. Y generan mayor desigualdad y pobreza”. “Mucha clase media con la dolarización va a pasar a ser pobre”, advirtió.

Por otra parte, en diálogo con Radio 10, el senador de Unión por la Patria consideró que el documento es para que desde el peronismo se pongan a “trabajar, estudiar, analizar y elaborar propuestas” ya que “no se trata solo de criticar lo que Milei hace, sino que los que aspiramos en 2027 a volver a conducir los destinos del pueblo argentino, tenemos que trabajar en volver a hacer propuestas criteriosas, razonables, que enamoren a la gente, que mejoren la calidad de vida y, fundamentalmente, que responda a las necesidades que hoy la juventud plantea”.

Consultado por una reforma laboral, Parrilli recordó que “hay una cláusula en la Constitución Nacional que habla del derecho de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Este es un tabú, que nunca se ha discutido. Yo creo que en el marco de una reforma laboral, este es un tema que se tiene que incorporar”.

El neuquino expresó que hace falta “una actualización de las leyes laborales en la realidad actual”, mencionó el cambio en la jornada laboral e insistió: “Está muy bien que los empresarios ganen, y por eso invierten, pero también es justo que si la rentabilidad aumenta, también participe el sector del trabajador en esa rentabilidad, de la cual el trabajador fue parte esencial”.

Tras la victoria de Unión por la Patria que determinó que haya balotaje el próximo 19 de noviembre, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT) afirmó este lunes que “a pesar del odio, hemos dado vuelta una elección difícil”.

Respecto a las PASO, en su provincia, UP remontó más de diez puntos y logró conservar la banca que disputaba en Diputados. En tal sentido, el senador kirchnerista expresó: “En Neuquén, remontamos más de diez puntos y mantuvimos la banca a diputado nacional. el otro fue para el espacio de Javier Milei”.

En declaraciones AM 990, agregó: “Perdió Juntos por el Cambio, y Francisco Sánchez, el que había perdido la pena de muerte para Cristina Kirchner, se quedó afuera”.

Con relación al escenario nacional, sostuvo que “hemos dado vuelta una elección difícil y complicada con un condicionamiento tan grande como lo es el Fondo Monetario Internacional a pesar del odio y la violencia que había de algunos sectores”.

“No nos olvidemos que hubo un intento de magnicidio contra CFK y fue allí, tras 40 de democracia, que se rompió el pacto democrático”, remarcó Parrilli. Por otro lado, afirmó: “Estamos muy conformes con el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y tenemos el desafío puesto de la segunda vuelta”, de cara al balotaje que enfrentará a Sergio Massa con Milei.

De ese modo, planteó de cara lo que viene que “se trata de acordar políticas que Argentina necesita porque hay que renegociar la deuda y combatir la inflación y combatir a los grupos económicos que manipulan los precios de los alimentos”.

Consultado por la posibilidad de sumar a espacios de la oposición dentro del futuro potencial gabinete de UP, consideró que “necesitamos acordar con aquellos dirigentes que estén de acuerdo en definir los intereses de la Argentina”.

Para terminar, señaló que “nosotros somos parte de una generación política de una causa nacional y popular no necesitamos los cargos para militar”, y cerró: “CFK tiene la consideración y el apoyo de una gran parte de la sociedad argentina”.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés presentó en la Biblioteca del Congreso el libro ”Objetivo Cristina: El lawfare contra la Democracia en Argentina”, con el objetivo de ”seguir visibilizando la injusta persecución” que a su juicio sufre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “por no ser mascota del poder y representar los intereses del pueblo”.
“Seguimos desmazcotizando”, remarcó el legislador para apuntalar ese concepto, al encabezar la presentación que contó con las presencias de su par Paula Penacca; del senador Oscar Parrilli y del abogado penalista José Manuel Ubeira.
“Tengo el orgullo de presentar este trabajo, resultado de muchas personas en el mundo que significan bastante, y juristas que han investigado específicamente el caso de CFK. Este libro va a ser traducido al inglés y al francés y va a recorrer el mundo para mostrar cómo desde el partido judicial de la Argentina se ha perseguido a la vicepresidenta”, señaló Valdés.
En ese sentido, el diputado contó que investigó cuántas eran las causas que tenía Cristina Fernández de Kirchner y contabilizó un total de 634 denuncias.
“El segundo argentino con más denuncias fue Juan Domingo Perón con 123. Ha habido una obsesión, cada denuncia tenía aparejado detrás tapas y tapas de diario y horas de TV para demonizar la imagen de lo que ella representaba”, continuó.
Para el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, “esa demonización hizo que parte de una generación creciera consumiendo esos medios convencidos de esas calumnias y por eso termina sucediendo lo del 1 de septiembre, el atentado contra la vida” de la vicepresidenta, algo que “también fue naturalizado”.

En esa líneas, el legislador rescató la figura de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien “le dio la personería gremial al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), pese a la presión de los medios y el poder real”.
“Cristina nos dejó el mandato. Que ella no iba a ser mascota de nadie. Nosotros tenemos que militar para desmazcotizar también al presidente que suceda al presidente actual”, cerró.

Por su parte Ubeira criticó el accionar de la Corte y reivindicó el principio de juicio por jurados, al observar que “el Poder Judicial tiene que dirigir el debate, garantizar la legalidad del mismo y establecer una sentencia, pero el que decide la culpabilidad o inocencia es el pueblo”.
“La gente, si se les explica con claridad entiende, fundamentalmente porque hay que acudir al sentido de justicia que tiene el pueblo. Se considera que esos ciudadanos que integran los jurados son los representantes del pueblo, y yo prefiero ser juzgado por mis conciudadanos que por uno que seguramente no conozco pero que sí sé que lo pueden influenciar”, subrayó.
También hizo uso de la palabra Oscar Parrilli, quien expresó que “Cristina hoy esta proscripta dentro de nuestro propio gobierno; no lo hicieron entre el 2015 al 2019 (cuando gobernó Mauricio Macri). Se hizo el año pasado, cuando dictaron una condena y lograron el objetivo”.
“Lo tenemos claro, porque vamos a ir a unas elecciones en las cuales una presidenta, que ganó tres veces cuando integró la fórmula, no puede ser votada”, remarcó.
A su turno, Penacca -precandidata a renovar su banca- advirtió que “el modelo neoliberal es de hambre, de desocupación, de reforma previsional para excluir a nuestros viejos, de privatización de los recursos naturales”.
“Es lo que sucedió hace muy poquito, entre el 2015 y 2019, y por eso hay que estar atentos para que esa realidad no se repita”, puntualizó la legisladora.

En los últimos días, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había criticado al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y del diputado nacional Máximo Kirchner. En tal sentido, el senador nacional Oscar Parrilli (UC – Neuquén) le respondió este martes: “Está siendo injusto. Se debe levantar, se mira al espejo y se enoja con él mismo”.

El senador salió en defensa del hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y amplió: “¿Qué le pasa a Aníbal Fernández? Ha cambiado mucho. Parece que se olvidó que Máximo y La Cámpora militaron su campaña a gobernador de la provincia Buenos Aires en 2015”, y añadió: “También lo defendían de su acusación de ser “la morsa” y narcotraficante”.

Entrevistado por AM 750, el legislador “cristinista” afirmó que esperaba su absolución de una causa donde se los juzgó por presunta administración fraudulenta a raíz de fondos destinados a publicar el libro “La década ganada”, que nunca llegó a imprimirse de una licitación que había obtenido la Casa de la Moneda.

“Inventaban cosas por la denuncia de un funcionario macrista y la complicidad de la mafia judicial de los jueces Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Nos acusaban falsamente, de hacer una licitación que ganó la Casa de la Moneda con el precio más bajo por la impresión de un libro”, explicó. Asimismo, afirmó que “estuvimos siete años sometidos”.

En esa línea, Parrilli cargó contra los medios de comunicación: “Los supuestos periodistas y sus loritos con cerebro de gorrión repetían sus mentiras”. “La condena fue lo que ellos publicaron en los medios de comunicación difamándonos y agraviándonos”, indicó.

Del mismo modo, sostuvo que “han manchado el buen nombre de mi familia” y “han utilizado los medios y el periodismo como un instrumento de acción política”. A su vez, afirmó que “el Poder Judicial es el pelotón de fusilamiento de Héctor Magnetto”.

Sin embargo, aclaró: “Lo que queda claro es que con este fallo como actúan porque investigan cuando las denuncias son contra nosotros, pero cuando son contra funcionarios macristas no investigan. Nunca serán tapa del diario, un siquiera investigados”.

“Estamos viviendo una democracia condicionada por la proscripción a Cristina Kirchner y por la violencia como método institucional porque fogonaron el intento de matarla, pero más tarde o más temprano las difamaciones se terminan”, señaló.

De tal modo, recordó: “En la causa por los bolsos La de José López, investigaron y llegaron a una financiera de Nicolás Caputo y ahí se terminó”.

“Cuando buscaron cuentas en el exterior de Máximo Kirchner, encontraron cuentas de Mauricio y Franco Macri”, añadió.

Respecto a las listas de Unión por la Patria, Parrilli expresó: “Muchos vaticinaron el fin del kirchnerismo, pero la taba está en el aire”. “En UP estamos atrás de la fórmula Sergio Massa – Agustín Rossi conducido por CFK”. “Debemos pensar en la familia argentina porque la situación que nos dejó el macrismo llevó a enfrentar una situación económica muy difícil”, finalizó.

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 7 absolvió a todos los imputados, entre ellos el senador nacional Oscar Parrilli (FNyP) y a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura, en dos juicios que tramitaron en simultáneo por supuestos hechos de corrupción durante el gobierno 2003 – 2015.

Se trata de una causa en la que se investigó la frustrada edición de libros sobre “La década ganada” y otra por la contratación de un servicio de seguridad personal para Daura cuando era titular de la Casa de la Moneda.

La fiscal Dafne Palópoli no acusó a los imputados por la elaboración del libro que no llegó a concretarse y por la que estaban acusados por “administración fraudulenta”, además de Parrilli y Daura, Javier Grosman, ex titular de la Unidad Bicentenario; y Matías Njirjak, gerente de esa entidad. La causa se había iniciado en 2016 por denuncia del titular de Casa de la Moneda del entonces nuevo gobierno de Cambiemos, Marcelo Pose.

Parrilli -defendido por el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra-, Daura y el resto de los imputados estaban acusados por la frustrada impresión de un libro titulado “La década ganada”, por el que se pagó un adelanto de 800 mil pesos desde la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.

En el otro proceso, el mismo tribunal absolvió a los acusados por “peculado de servicios”: Katya Daura, como titular de la Casa de la Moneda; el asesor de seguridad Mario Enrici y el gerente general Raúl Desmarás.

Daura estaba acusada por la contratación de un servicio de seguridad privada que pagó la Casa de la Moneda, pero que estaba destinado a su protección personal. La fiscalía, a cargo de Gabriel González Da Silva, había pedido para ella cinco años de prisión y el decomiso de casi cien millones de pesos.

Según la acusación fiscal, entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015 la Casa de la Moneda contrató un “plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura, ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes custodios para traslado de ella y su familia”.

Para Enrici y Desmarás el fiscal había pedido penas de prisión en suspenso más el decomiso de dinero. Todos fueron absueltos en ambos procesos por el mismo tribunal que tiene asignada la realización del juicio oral por la Causa Cuadernos.

El senador nacional Oscar Parrilli (UC-FdT) apuntó contra el sector del presidente Alberto Fernández por las negociaciones durante el cierre de listas y dijo que “ellos le van a tener que dar explicaciones a (Daniel) Scioli“, quien terminó bajando la precandidatura presidencial.

Además, lanzó que “en definitiva, si todo era por dos cargos a diputados nacionales, ¿para qué tanto daño y tanto escándalo?”, en referencia a los lugares para Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.

En diálogo con radio Futurock, el kirchnerista cuestionó que hubo “cierto grado de irresponsabilidad en esas actitudes y de no comprender el contexto”.

Consultado sobre cuál cree que sería el rol de Cristina Kirchner en un eventual gobierno de Sergio Massa, el legislador dijo: “Ella va a seguir militando, sigue siendo la presidenta honoraria del Instituto Patria, y va a seguir siendo la referente política de, creo yo, el espacio mayoritario de nuestra fuerza política. Va a seguir trabajando por el bien del país y una buena gestión de gobierno”.

Respecto de la relación entre la vicepresidenta y el ministro de Economía, reveló que “hay un buen diálogo y un buen nivel de debate y discusión entre ellos, que es lo que nos hace bien al conjunto”.

Sobre la fórmula Massa-Rossi, Parrilli destacó que “hoy somos competitivos y ya varios están planteando la posibilidad que tenemos de seguir gobernando la Argentina”.

“Esta es la unidad posible, obviamente que nuestro espacio tenía otro candidato, apostábamos a una figura joven, nueva, hijo de la generación diezmada, como era Eduardo “Wado” de Pedro“, expresó, pero ponderó la decisión de CFK: “Ella entendió, y todos la acompañamos obviamente, que la necesidad que teníamos hoy como espacio político era comprender la realidad del contexto”.

El senador explicó que había que “lograr una fórmula que tuviera el consenso mayoritario de todas las expresiones políticas”. “Es una fórmula que comparto, apoyo y voy a trabajar para su triunfo”, agregó.

También, el neuquino opinó que Massa posee “capacidad, nivel de compromiso y gestión, tiene equipo y creo que ha comprendido cuáles son los problemas que hay que resolver. Confío en su amplitud, en su capacidad de mirar la realidad”.

No obstante, advirtió: “Junto a él estamos todos en Unión por la Patria y lo vamos a ayudar. Y cuando veamos cosas que no nos gustan del todo o nos parecen equivocadas, se lo vamos a hacer saber”.

No cesan los cruces entre el oficialismo y la oposición a raíz de la protesta y posterior represión ocurrida en Jujuy, en rechazo de la reforma constitucional. Este miércoles, el senador kirchnerista Oscar Parrilli lanzó que desde Juntos por el Cambio “están dispuestos a matar inclusive para conseguir un voto más”.

“Esta es una medida claramente de tinte electoral. Me parece que (Gerardo Morales) hizo toda esta puesta en escena con el objetivo de posicionarse en una candidatura a vicepresidente de (Horacio Rodríguez) Larreta“, opinó en diálogo con El Destape Radio y agregó que al gobernador “se le fue de las manos porque no previó que el pueblo jujeño saliera a la calle”.

El legislador cristinista dijo que le “llama la atención” el “nivel de violencia e intolerancia que están teniendo no solo Morales sino todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, se están sacando las máscaras y están mostrando quiénes son”.

“No hay que perder de vista que estamos frente a un proceso electoral donde ellos quieren convalidar, a través del voto, estas acciones y este nivel de intolerancia y violencia para después justificar su accionar”, sostuvo.

Y resaltó: “Ellos quieren ser ante el electorado los dueños del orden y la paz y a nosotros nos quieren poner del lado de la violencia e intolerancia, cuando es absolutamente al revés”.

Parrilli puso un manto de sospecha sobre el tiempo elegido para aprobar la reforma de la Constitución provincial al expresar que “hacen esto a días del cierre de listas” para las elecciones nacionales.

Diferenciándose de la oposición, el oficialista manifestó: “Nosotros somos los dueños de la paz, nunca tenemos mensajes de odio. Yo no quiero que desaparezcan ni mucho menos; la derecha argentina tiene que seguir existiendo, es un sector político. Los que quieren eliminar y exterminar son ellos”.

Al contestar sobre las acusaciones de Morales sobre manifestantes enviados por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador enfatizó que “forma parte de las mentiras permanentes que dicen. Nosotros no estamos de acuerdo con la violencia y los destrozos. Hubo infiltrados de gente mandada por ellos mismos para generar este clima y adjudicarlo a nosotros”.

“La elección es abierta, no está dicho que vayan a ganar, yo creo que la soberbia y la intolerancia de ellos los pone en esa situación de pensar que ya ganaron. Por ahora todas las elecciones provinciales las vienen perdiendo, algunas de una manera catastrófica, así que me parece que están cenando a la hora del desayuno”, respondió sobre los pronósticos de Juntos por el Cambio de cómo sería el accionar del kirchnerismo si ellos llegaran a asumir en diciembre.

En ese sentido, el legislador afirmó estar “convencido” que “más allá de las deficiencias y los errores que hemos tenido, la sociedad no va a volver para atrás y va a apoyar nuestra propuesta”.

El senador nacional Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana/FdT – Neuquén) aseguró que tiene en mente uno de los posibles candidatos del Frente de Todos que podría contar con el apoyo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para las elecciones presidenciales, aunque aclaró que “no hay que apresurarse”.

“Yo tengo mi nombre, pero me parece apresurado decirlo. En mi intimidad tengo a alguien que creo que podría ser”, sostuvo el dirigente kirchnerista.

En declaraciones radiales, el presidente del Instituto Patria evitó referirse a cómo llegará el Frente de Todos a las primarias, en lo que respecta a si ese domingo 13 de agosto habrá varios precandidatos o un postulante de unidad: “El tiempo lo dirá. No hay que apresurarse. En su medida y armoniosamente se irán desarrollando los hechos”.

El legislador de la Cámara alta remarcó que en el oficialismo hay “compañeros muy capaces” y señaló que dentro del espacio gobernante “deben juntarse para elaborar una propuesta que vuelva a enamorar a los argentinos, como decía Cristina”.

A menos de una semana para el acto que realizará el kirchnerismo con motivo del vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, Parrilli auguró que será “una movilización muy importante” y afirmó que la clave está en “escucharla a Cristina”.

“Marca la diferencia con el resto de la dirigente política. Hay una diferencia abismal entre su inteligencia para analizar, ver la realidad y lo que pasa y la del resto”, manifestó sobre la ex mandataria.

En ese sentido, indicó que “Cristina es una militante” y subrayó que “es obvio” que se involucrará en la campaña electoral del Frente de Todos.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y la de Legislación General estaban convocadas para este miércoles entre las 11 y las 12.30, con el único objetivo de designar a sus autoridades. Sin embargo, por falta de quórum ninguna de las dos pudo reunirse.

Cabe consignar que al mediodía se concretó la cadena nacional en la que el presidente Alberto Fernández se refirió a las acordadas de la Corte Suprema sobre las elecciones en San Juan y Tucumán.

Según la agenda de la Cámara alta, estaba previsto definir los presidentes, vicepresidentes y secretarios de cuatro comisiones, pero sólo Deportes -con la senadora Gabriela González Riollo ratificada en el cargo- y Presupuesto y Hacienda (con la continuación del senador nacional Ricardo Guerra al frente, y donde además analizaron el proyecto mono-tech) pudieron reunirse.

El senador nacional Oscar Parrilli (UC-FdT) resaltó este martes que más allá de tener PASO o candidato único en las elecciones presidenciales, lo “primero” y “más importante” para el Frente de Todos “es discutir el programa y modelo de democracia”.

“Las PASO son una herramienta”, pero el “fondo” de la cuestión es “si el Frente de Todos va a tener un programa único. Lo que tenemos que discutir es el programa de gobierno y en ese marco qué democracia queremos: si vamos a seguir sosteniendo a una Corte absolutamente desprestigiada, desquiciada; una Justicia absolutamente dependiente de los poderes económicos y los partidos políticos; una economía bimonetaria”, sostuvo.

En declaraciones a Radio Futurock, al mencionar a Sergio Massa, Daniel Scioli, Eduardo “Wado” de Pedro y Juan Grabois, el neuquino dijo que él no descarta “absolutamente a nadie”. Sin embargo, expresó que “Cristina sin dudas es la referente política más importante que tiene el Frente de Todos” y “representa la esperanza de muchos argentinos”.

No obstante, el legislador K consideró que “tenemos una democracia mutilada, donde lamentablemente un sector de la dirigencia política, un sector de JxC, ha vuelto a utilizar la violencia tanto verbal, mediática como física como instrumento de la acción política. Y hay sectores de la Justicia y los medios de comunicación que están embarcados en esta aventura”.

“Claramente Cristina está proscripta, hay una persecución mediática, judicial y política inédita contra Cristina Kirchner y su familia”, insistió. Además, opinó que “mientras la Argentina siga atada al Fondo Monetario Internacional, mientras esté con este nivel de deuda no hay Argentina posible, viable o como le gusta decir a los economistas, sustentable”.

Para Parrilli, hay que debatir “volver a tener una democracia verdadera” donde “la violencia física, mediática y verbal y la proscripción desaparezcan de la escena política” y “podamos acordar mínimamente qué vamos a hacer con esta Argentina endeudada, frágil y débil que nos dejó el macrismo y que lamentablemente nosotros tampoco hemos solucionado hoy”.

El senador nacional Oscar Parrilli (UC – Neuquén) habló este viernes sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata, y expresó que “debemos armar un programa y expresarle al pueblo argentino nuestras propuestas para resolverle los problemas”.

En esa línea, remarcó que la expresidenta “fue precisa y dio líneas para guiar por donde ir”. “Instaló que debemos capacitarnos en formación política para llegar porque no se pueden discutir políticas sin conocer, sino después se movilizan por consignas, odio y venganza”, señaló.

En declaraciones a Radio 10, el senador kirchnerista consideró que “debemos rescatar que ella instala una escuela de formación política” y “rescata una permanente preocupación del Justicialismo sobre creación de escuelas de formación peronista”.

“Es importante que debatamos los problemas importantes que tiene la Argentina, sobre todo estructurales, y cuáles son los hechos que nos impiden solucionar los problemas que nos dejó el macrismo”, aseveró. Del mismo modo, afirmó que “la falta de dólares y la deuda con el Fondo Monetario Internacional son los causantes de esta situación”.

En sintonía con la vicepresidenta, coincidió respecto a que el acuerdo actual con el FMI “es impagable en este contexto”, y advirtió: “Yo no lo voté al acuerdo con el FMI sabiendo lo que era porque repetimos el acuerdo que había hecho Mauricio Macri que era malo”. “Lamentablemente se agravó con la sequía”, indicó.

Así también, responsabilizó al exministro de Economía: “No es un problema de enojo con Martín Guzmán, pero es un problema que él nos dejó y por eso suceden las circunstancias en que hoy estamos”.

En el cierre, Parrilli remarcó que los dólares “han sido fugados”, y explicó: “Nuestro Gobierno dispuso de muchos dólares que se fueron en intereses de deuda internacional privada. Hubo 5.000 millones de dólares fugados que podían haber sido reutilizados”.

Por último, expresó: “Debemos elaborar una propuesta de gobierno y cuidar que el crecimiento de 2021 no se lo lleven cuatro vivos”. “Desde diciembre 2019 hasta marzo 2023 tenemos superávit comercial”, finalizó.

Tal cual lo había anticipado el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, la Comisión de Legislación General se reunirá este jueves a partir de las 12 para debatir una modificación de la Ley 27.349, conocida como Apoyo al Capital Emprendedor.

Aprobado durante la gestión macrista, el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) permite abrir una firma en 24 horas por internet, pero siempre fue cuestionada desde el kirchnerismo. En tiempos de su tratamiento durante la gestión Cambiemos y sobre todo en el transcurso del Gobierno de Alberto Fernández.

El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, que perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen. Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS.

Ahora la Cámara baja comenzará a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El titular de la bancada oficialista ya había adelantado el pasado 20 de abril que “en unas semanas vamos a empezar a debatir en comisiones el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas, un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1200 millones de pesos. Lo dice el fiscal federal N° 2 de Santa Fe”.

En efecto, sobre ese tema había hecho hincapié a principios de marzo el senador Parrilli, cuando a través de un hilo de tuits afirmó que la ley de Sociedades de Acciones Simplificadas fue “una pantalla de apoyo al capital emprendedor” de la banda los Monos. “Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el ‘capital Emprendedor’ del macrismo”, tituló Parrilli y explicó: “En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el ‘apoyo al capital emprendedor’”. Y sumó: “En los hechos, estas sociedades que se conforman por internet en tan sólo 24 hs., fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad de los registros de comercio y la IGJ, cometer los delitos de lavado de activos y evasión fiscal y ocultar la verdadera operación comercial”.

“¿Sabés quien las utilizó? Los narcos de Rosario… ¡Los Monos! para mover su dinero sucio. Sólo en el año 2018, crearon 40 S.A.S. desde las cuales emitieron más de 12.000 facturas truchas, evadieron impuestos por $1.200 millones y blanquearon el dinero obtenido del narcotráfico”, precisó.

Y remató: “Todo esto lo denunciamos cuando en el Senado dimos media sanción al proyecto de ley de mí autoría para que las S.A.S. tengan el mismo control y supervisión que la ley exige para el resto de las sociedades. ¿Adivina que pasó en Diputados? Cambiemos nunca dio quórum para tratarlo”.

Ahora la Comisión de Legislación General comenzará a analizar el tema con una reunión informativa a la que han sido invitados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta, y el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez. Asimismo, concurrirán funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El proyecto de Martínez establece que dentro del plazo de 60 días corridos todas las SAS deberán acreditar su existencia ante un registro público, y presentar sus estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos.

La norma impulsada por el Frente de Todos advierte en la normativa “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.

“En otras palabras, la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”, expresa el proyecto que basa tal tesitura en “la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control”.

El proyecto cita puntualmente a los invitados a la reunión de este jueves, como este párrafo que adjudica al juez Erbetta: “La dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.

Los autores aclaran que la propuesta legislativa presentada “no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”.

“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, concluyen los autores de la iniciativa, Martínez, Moreau y Penacca.

0940-D-2023

El senador nacional Oscar Parrilli (UC-FdT) opinó este lunes que “hay medios y algunos dirigentes de la oposición que están cenando a la hora del desayuno, y yo creo que no está dado ningún resultado, las elecciones están muy abiertas todavía”.

Sobre sus expectativas para el test electoral de este año, el legislador afirmó que “hay un gran sector de la sociedad argentina que sigue creyendo que el modelo que gobernó de 2003 a 2015 es el proyecto político que mayor respuesta da a las necesidades del pueblo”.

Aunque reconoció que “hay asignaturas que tenemos pendientes y debemos retomar para las elecciones”, pero remarcó que “más allá de las candidaturas y las personas lo que va a estar en juego es un modelo de país”.

Elogiando a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el neuquino consideró: “Tenemos un conductora con claridad, que estudia y que piensa, y que tiene la visión de poner siempre por delante muchas de las cosas que van a venir”.

Más allá de mostrarse a favor de una PASO oficialista, si no se resolviera una fórmula única, Parrilli enfatizó que “lo primero lo que tenemos que reclamar es que termine la proscripción”.

En ese sentido, anticipó que el próximo 13 de abril, cuando se cumplan siete años de “la primera acción del fallecido (juez Claudio) Bonadio, cuando citó a CFK en la causa dólar futuro, empezando la embestida contra Cristina” se convocará a una marcha frente a la Corte Suprema.

Por otra parte, en declaraciones a AM750, el senador destacó que “las reservas de gas y petróleo, que gracias a la estatización de YPF de Cristina, hoy los argentinos podemos decir que nos pertenecen”. “Yo no tengo ninguna duda que los fondos buitre vienen por YPF”, expresó en alusión al fallo de la justicia de Estados Unidos.

“Toda la Argentina y las provincias tienen la necesidad de defender sus recursos naturales”, dijo el kirchnerista y observó que “tenemos que evitar que se vayan como materia prima, sin valor agregado, sin dejar rentabilidad y sin mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Para el legislador, desde la oposición “hoy están planteando que ‘tenemos los recursos naturales para pagar la deuda’. Sí, pero es una deuda totalmente ilegítima, una deuda que no dejó ningún beneficio para Argentina”.

Sobre el litio, recordó que “hoy está dentro del Código Minero, el cual habría que modificarlo y pasar el litio como recurso nuclear, como el gas y petróleo, que son de las provincias y las provincias otorgan en concesión con determinadas condiciones”.

“Yo no estoy de acuerdo con la nacionalización del litio, es un recurso natural de las provincias, pero sí debe haber una política nacional de explotación uniforme para todas las provincias”, sostuvo.

Durante el tramo de expresiones en minoría, luego que la sesión de este jueves en el Senado se quedara sin quórum, el senador Oscar Parrilli (UC-FdT) disparó contra la oposición: “Son hipócritas, son unos mentirosos. No digo de todos, porque no quiero ser injusto, pero que la conducción de Cambiemos es complaciente con el narcotráfico, no tengo ninguna duda”. 

Al hacer referencia al proyecto de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, que si bien no estaba en el temario se había propuesto para votar sobre tablas, el neuquino resaltó que el narcotráfico “no solamente afecta a la provincia de Santa Fe, donde sin duda hay un problema serio, sino que los que somos senadores sabemos también que en nuestras provincias, a lo mejor no se ha llegado a ese nivel de violencia, intolerancia y complicidad, muchas veces de fuerzas policiales y dirigentes políticos, jueces y fiscales, eso existe y lo vemos”. 

En esa línea, dijo que en Neuquén “están llegando niveles de consumo de droga muy altos y además están apareciendo los carteles santafesinos”. 

El legislador denunció que desde la oposición “no solamente porque no permiten que se traten estas leyes, sino que cuando llega el momento siempre tienen alguna excusa. Nunca se dedican a luchar verdaderamente contra el narcotráfico. Y cada vez que aparece un problema como en Santa Fe o Córdoba, ‘ah quiero pistolas Taser, quiero al Ejército, quiero más fuerzas de seguridad’”. 

“En Santa Fe hay un problema serio, pero la oposición gobernó 12 años”, señaló y consideró que hay que darse un debate “con respecto a la droga” porque “el problema no es la droga, el problema es la prohibición”. 

En su discurso, Parrilli aprovechó para hablar en contra de las Sociedades por Acciones Simplificadas, una figura que se creó por ley durante el gobierno de Cambiemos, en 2017. El kirchnerista recordó que eso “mereció la objeción del GAFI”, pero desde el entonces oficialismo “lo disfrazaron como una cuestión de la modernidad”. 

“Entre 2017 y 2020 se crearon aproximadamente 40 mil SAS”, detalló y apuntó que “durante el gobierno de Cambiemos hubo más de 2.000 denuncias sobre SAS que tenían facturas truchas”; e incluso hay una denuncia por “un funcionario de Cambiemos que tenía una SAS y a través de ella le vendía productos al Estado”. 

El oficialista destacó que la banda “Los Monos están acusados de utilizar las SAS” y que el presidente de la Corte de Santa Fe “dijo que eran un problema y se utilizaban para llevar adelante actividades delictivas”. 

Recordó entonces que en 2020 se dio media sanción a un proyecto impulsado por él, que no eliminaba las SAS, pero sí establecía controles, y todas las críticas que se recibieron por parte de Juntos por el Cambio en ese debate. Finalmente, la iniciativa “durmió el sueño de los justos” y perdió estado parlamentario en la Cámara baja. Pero, justamente en Diputados, fue que “hace pocos días nuestro bloque presentó un nuevo proyecto que mejora el que nosotros aprobamos”, celebró. 

Al revelar que en las provincias de Córdoba y Mendoza son donde hay más SAS sospechosas, Parrilli cargó: “Vienen acá, dicen ‘queremos más juzgados, Cristina (Kirchner) no nos da el quórum para sacar la ley’, y ellos ¿qué hacen? Son complacientes con la actividad del narcotráfico en Argentina, porque están de alguna manera protegiendo las herramientas y los instrumentos jurídicos que tienen para poder utilizar su dinero”. 

 El senador nacional Oscar Parrilli (UC – Neuquén) habló este lunes del discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el plenario de la militancia y expresó: “Los dirigentes más que hablar tenemos que escuchar. Hay que seguir movilizando por la absolución de Cristina”.

Además, el senador kirchnerista se refirió al discurso de CFK y opinó: “Evidentemente fue una clase magistral, sin dudas, como las que no tiene acostumbrados cada vez que habla”. “Es la única dirigente política que debate los verdaderos temas trascendentes y fundamental es que tiene a la Argentina”, señaló.

En diálogo con FutuRock, Parrilli manifestó: “Si no debatimos estos temas, sobre qué modelo de país queremos, vamos a terminar con una Argentina que nos vamos a arrepentir realmente”, y agregó: “La deuda, desde nuestro punto de vista, es impagable en la actualidad”.

Consultado sobre una posible precandidatura presidencial de Cristina Kirchner, el legislador neuquino advirtió: “Lo que tenemos que lograr es la absolución plena de Cristina. Ella no puede ser candidata porque está proscripta”. “No pasa por si es candidata o no sino por qué democracia queremos”, siguió.

“Es un fallo político y tiene que ser revertido políticamente. La corrupción de la Justicia con el poder mediático, económico y político está a la vista de todos”, indicó. Así también, afirmó: “Acá hay jueces especiales, esto más que justicia es un pelotón de fusilamiento”.

Por otro lado, hizo una autocrítica y reflexionó: “Lo más importante es debatir el modelo de país. Discutimos candidaturas con algunos afuera. No me parece que sea una buena situación de los 40 años de Democracia”.

En el final, se refirió a los temas que deben debatir desde el Frente de Todos y recordó el intento de magnicidio contra la vicepresidenta en septiembre pasado: “El atentado existió y no quieren investigar. Esto es lo que tenemos que debatir”.

En la previa de que se conozcan los fundamentos de la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”, por la cual fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpertua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado, el senador Oscar Parrilli comparó la situación judicial de la vicepresidenta con “lo que fue en el ’55 la persecución contra el peronismo”.

“La condena ya estaba escrita hace tres años”, consideró el neuquino, que observó como “un atropello” lo resuelto en la causa, porque “le están quitando a ella los derechos civiles y políticos, equiparable a lo que fue en el ’55 con la persecución del peronismo”.

Para el legislador, “esta no es una discusión jurídica, es una discusión de la democracia” porque “se está rompiendo el pacto democrático cuando se utiliza la violencia, como en el intento de magnicidio; o se utiliza a la justicia para eliminar y proscribir a dirigentes políticos como lo que está ocurriendo”.

“Quiero recordar lo que ocurrió en Argentina desde el 2016 en adelante, porque sino no se entiende este fallo. Se montó un Estado mafioso, un Estado que persiguió a Cristina, a su familia, y a muchos de los fuimos sus funcionarios, se nos pinchó el teléfono y fuimos tapas de diarios”, dijo sobre la gestión anterior en diálogo con Radio El Destape.

En ese sentido, el senador cristinista opinó que “el grado de atropello, de persecución, que hubo en esos cuatro años terminaron en esta condena” en un “juicio inventado contra ella y todos los funcionarios investigados”. “Los jueces especiales designados a dedo por (Mauricio) Macri son los que mantienen estos juicios”, señaló y apuntó a Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Martín Irurzun.

“El intento de magnicidio fracasó por suerte, pero fue planificado, armado, orquestado. Se generó un clima de violencia durante el año pasado con la complicidad de los medios de comunicación, de los dirigentes políticos. Hubo actores intelectuales y soporte económico de este atentado y no se quiere investigar”, resaltó.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) habló sobre la nota que le presentó a la secretaría de Energía de la Nación para que la administración de las represas pase a manos de Enarsa, en conjunto con las provincias de Neuquén y Río Negro al denunciar que en 30 años “no hubo una sola inversión en nuevas centrales hidroeléctricas”. Por otro lado, apuntó contra el Poder Judicial y el reciente fallo en favor de Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti -titular de la Corte-.

En diálogo por El Destape Radio, el oficialista aclaró que “no” quiere dar opinión sobre el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema hasta que “institucionalmente me corresponda hacerlo”.

Al ser consultado por la nota que presentó a la Secretaría de Energía a Flavia Royón con autoridad concedente en su momento, explicó que fue “en virtud de que este año vencen los 30 años de concesiones de centrales hidroeléctricas construidas por el Estado Nacional y en cumplimiento de ese contrato, que establecía que a los 30 años finalizaba la concesión y se revertirá al Estado Nacional la administración y operación en mantenimiento”.

“Lo que solicito es que se haga efectiva el cumplimiento del contrato, que se le de seguridad jurídica, que se revierta al Estado Nacional como dicen los contratos y que la Secretaría de Energía le otorgue a ENARSA la administración, el mantenimiento y la operación de esas centrales que es una empresa del Estado”, planteó Parrilli

También pidió que “ENARSA coordine y acuerde con la provincia de Neuquén y Rio Negro y que conjuntamente sea la administración, el mantenimiento y la operación y que busquen la conformación de las mejores unidades de negocio que correspondan para llevar adelante y retomar la administración de estas represas que generan una importante energía eléctrica para el país. Del total de energía consumida en el país estas centrales generan el 7% y del sector hidroeléctrico son casi un 30%”.

“Se buscan unidades de negocio donde no se descarte la participación del capital privado, pero ya desde una óptica diferente, distinta de la que fue en su momento las concesiones del 93’”, propuso.

En suma, criticó: “Durante estos 30 años están en un buen estado de mantenimiento, no necesitan grandes inversiones, lo cierto es que las abultadas ganancias que han tenido estamos hablando de en los últimos cinco años las concesionarias ganaron más de u$s 2.000 millones, participaron de la fuga de capitales que vimos en el 2016-2019 los dólares que se llevaron al exterior y no hubo una sola inversión en nuevas centrales hidroeléctricas, no invirtieron un solo peso en la generación de nueva energía. Por eso creemos que debe cambiar el mecanismo de participación donde parte de la ganancia sea reinvertida en la Argentina”.

“Presenté un proyecto sobre esto, que no se llegó a tratar, pero no necesariamente necesitamos una ley, lo que hay que hacer es cumplir con los contratos vigentes y darles seguridad jurídica a las empresas”, recordó el neuquino.

Al ser consultado por el funcionamiento de la justicia respecto al fallo en favor de Silvio Robles, el kirchnerista cuestionó: “Está claro que hay un partido judicial que ha decidido proscribir a Cristina Kirchner con los fallos que está llevando adelante y lo hemos visto en los últimos días con este fallo que no se permite investigar a la Corte actual y a los funcionarios de (Mauricio) Macri y de (Horacio) Rodríguez Larreta por la filtración de escuchas ilegales. La doble vara que se ha utilizado porque las escuchas ilegales solo sirven para los peronistas ¿no? recordemos que la causa del memorándum con Irán fue generada de esta forma”.

“Hoy todo este partido judicial con el aval de la Corte, están diciendo que no se pueden utilizar las escuchas ilegales para llevar adelante investigaciones de proceso, para los macristas, ahora para los peronistas las escuchas ilegales sirven como está demostrado en la historia de manera que esta muy claro que hoy las disputas electorales contra el macrismo y grupos de poder, sino también contra el poder judicial y la Corte Suprema”, disparó Parrilli.

Por otro lado, sobre la situación de Milagro Sala sostuvo: “El indulto es una cuestión de estricta justicia para revertir un proceso penal absolutamente armado por Gerardo Morales con clara intención y fin político de persecución de una dirigente social. Lo único que queda es la acción del Ejecutivo, esta en manso del presidente y es el que tiene que decidir. El indulto es posible ante las irregularidades que hay”.

Por último, al ser consultado por la postura de la principal bancada opositora de cara a extraordinarias, lanzó: “En Cambiemos hay un grupo reducido, que hoy conduce al conjunto, que está en una actitud de imposibilitar la gestión del gobierno. Para ellos la democracia es hacer lo que ellos quieren y nada más”.

“En el Senado ni siquiera van a las comisiones no participan, no debaten, no discuten, están en una política errada de cuanto peor mejor, no permiten ni discutir temas trascendentes como Consejo de la Magistratura, como la deuda, como todos los proyectos que están parados por esta actitud irresponsables y destituyente que tiene un sector de JxC que no permiten que el Congreso funcione”, cerró.

En medio de la decisión del Gobierno nacional de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad, el senador cristinista Oscar Parrilli (FdT-UC) se despachó con todo contra los cuatros jueces del máximo tribunal: “Los empleados del poder van a terminar como terminó -el expresidente de facto- Jorge Rafael Videla”, quien murió en una cárcel común en el 2013.

Para el neuquino, ésta es una “Corte Suprema de la dictadura militar, más que la de una democracia”. “Se creen los dueños de la vida y de la libertad de los argentinos”, fustigó y acusó a los magistrados de querer “arrogarse la suma del poder público”.

Entrevistado por AM 750, el legislador expresó: “Es una Corte macrista, que no tiene ningún respeto por la Constitución Nacional y las leyes”. “(Horacio) Rosatti, presidente de la Corte, y (Juan Carlos) Maqueda, ministro de la CSJ, tienen causas por corrupción”, apuntó.

“Decretaron el 2×1 a los genocidas, avalaron que el expresidente (Mauricio) Macri elija jueces por decreto, fueron cómplices con el macrismo para perseguir al kirchnerismo, fallaron a favor de las empresas de medicina prepaga y quitaron a las empresas de telecomunicaciones de la categoría de servicios esenciales”, enumeró.

En tal sentido, afirmó que -los miembros de la Corte- “asaltan cual Rambo al Congreso y al Consejo de la Magistratura”. “No tienen la predisposición para investigar sobre el viaje a Lago Escondido”, sumó en alusión al encuentro de jueces federales, empresarios de Clarín y funcionarios porteños en la Patagonia.

“La democracia queda condicionada por ellos, que asumen que quieren gobernar y le quieren exigir al Poder Ejecutivo cómo hacerlo”, siguió Parrilli. Al mismo tiempo, afirmó: “Hay que defender al pueblo y a los poderes populares. Debemos resistir”.

Por otro lado, el senador remarcó que, durante la gestión de Macri del 2015 al 2019, muchos funcionarios del kirchnerismo “fueron perseguidos por la Justicia, pero ninguno está prófugo”. Sin embargo, recordó: “Ellos tienen a Fabián ‘Pepín’ Rodríguez, abogado cercano al expresidente, que hace dos años está prófugo”. “Macri va a terminar así, prófugo en una playa de Uruguay o Italia”, completó.

Con la confirmación de que las puertas del recinto de la Cámara alta no volverán a abrirse en lo que resta del año, los senadores aún continúan presentando iniciativas. Tal es el caso del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén) quien presentó un proyecto para que el Tribunal Fiscal Nacional pueda cerrar y cobrar todas las causas en trámite que tiene a su cargo, lo que le permitirá al TFN recaudar más de 5 mil millones de dólares que están inmovilizados en procesos administrativos interminables.

Para lograrlo, el legislador neuquino propone “cambiar el efecto en la apelación ante el TFN, sustituyendo el efecto suspensivo por el devolutivo, salvo para la parte de la sanción que continúa siendo suspensivo”.

Parrilli recordó que “el efecto, en términos generales del derecho, puede ser Suspensivo o Devolutivo. El primero significa que la ejecución de lo decidido se suspende hasta tanto el juzgador superior lo defina; y será devolutivo, cuando con el otorgamiento del recurso no impide su ejecución”.

“En el ámbito de lo tributario, consideraremos devolutivo o suspensivo, en definitiva, a la posibilidad que tenga el fisco de cobrar o no su acreencia, respectivamente”, sostuvo al tiempo que explicó: “Hoy, bajo los lineamientos de la ley en vigencia, el efecto es suspensivo. Es decir, el Fisco no puede ejecutar su deuda hasta tanto se expida en la reconsideración o resuelva el TFN, lógicamente siendo vencedor el erario público”.

Por ello es que propone que “ante la apelación al TFN que el recurso sea concedido al efecto devolutivo, es decir, que el otorgamiento de la apelación al TFN no impida la ejecución de la deuda tributaria por parte del Fisco a excepción de la multa”.

El texto propone modificar, en materia impositiva, el artículo 164 de la Ley 11.683 por el siguiente: “El Tribunal Fiscal de la Nación tendrá la facultad de declarar de oficio o a solicitud de la parte demandada, sin otro trámite, la caducidad de instancia cuando no se instare el curso del proceso dentro del término de 90 días. La caducidad operada acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida”.

Por otro lado, busca sustituir el artículo 1.143 del Código Aduanero por el siguiente: “El Tribunal Fiscal de la Nación tendrá la facultad de declarar de oficio o a solicitud de la parte demandada, sin otro trámite, la caducidad de instancia cuando se instare el curso del proceso dentro del término de 90 días. La caducidad operada acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida”.

“Para las actuaciones que se encuentren en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación suspéndase la caducidad de instancia mencionada precedentemente por el término de 90 días contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”, agrega.

Además, Parrilli propone incorporar la “Caducidad de instancia” que actualmente no existe para el ámbito del TFN. Así es que “se propone su incorporación tanto en la ley de procedimiento Fiscal como en el Código Aduanero”.

“Con este cambio consideramos que el procedimiento se acelerará atento a que el contribuyente, quien es la parte demandante, será el sujeto interesado en instar la instancia y deberá estar atento para que ella no le caduque”, afirmó Parrilli.

Actualmente, tras un pedido de informes realizado por el Senado, en la nota respondida por el presidente del TFN, expresa que al 30/06/2022 se encuentran en trámite un total de 5.580 causas impositivas y 6.617 causas aduaneras, totalizando unas 12.197 causas.

El TFN posee un total de 7 salas, de las cuales 4 son impositivas y 3 aduaneras, y cada sala cuenta con 3 vocalías, con lo cual poseen un total de 21 vocales que deben resolver los asuntos impositivos y aduaneros.

Las 9.208 actuaciones del total mencionado tienen una antigüedad mayor a 5 años, es decir el 75% del total de las casusas activas en el TFN.

En números o montos expresados en dólares, el total de las 12.000 causas, comprende una suma litigiosa de unos 5.300 millones de dólares. Cabe aclarar que ese monto de 5.300 Millones de dólares, al día de la fecha sería aún mayor ya que los intereses resarcitorios, mientras tramita el proceso continúan devengándose y se eleven mucho más los 5.300 millones citados, dada la antigüedad de muchas de las demandas.

Por último, el proyecto impulsa una actualización en los montos iniciales demandados (datan de 2012), para que el TFN se aboque a las cifras mayores al millón de pesos.

S.-3260-22

Luego de la revelación de chats entre jueces federales y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires en relación a un viaje a Lago Escondido, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT) sostuvo: “Esta es la demostración de que hay una mafia que quiere ser un Estado paralelo en la Argentina”.

El neuquino mencionó a los implicados: los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques; y aseveró que en los chats queda demostrado que “se reunían para armar una estrategia de proscribir a Cristina Kirchner”.

En diálogo con Radio 10, el legislador expresó que “las reuniones en Bariloche eran obscenas con gastos siderales para planear una sucesión de delitos contra el Gobierno”. Así también, afirmó: “Buscan conducir al Estado con conductas mafiosas”.

En otro tramo, el senador kirchnerista relacionó directamente a Yaradola como el “asesor” de la jueza María Eugenia Capuchetti -quien lleva la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta-, y manifestó que “no solo son partido judicial, sino que son una mafia”.

A su vez, consideró al juez Ercolini como un “inmoral”, quien había procesado a Ricardo Jaime -ex secretario de Transporte- por hacer “vuelos privados”. “Resulta que Ercolini se va Lago Escondido con invitaciones del Grupo Clarín. Eso es un delito”, señaló.

Del mismo modo, el legislador se lanzó contra la Corte Suprema de Justicia y consideró que “paralizaron al Consejo de la Magistratura” con la llegada del juez Horacio Rosatti, a quien atribuyó como el “generador de conflictos políticos e institucionales” para evitar el funcionamiento de todas las instituciones.

Por otro lado, Parrilli afirmó: “Oposición y Justicia están bloqueando la labor de las instituciones. El Senado funciona gracias al oficialismo, la oposición no se presenta ni a las comisiones”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el senador kirchnerista Oscar Parrilli, se reunió este martes para debatir sobre un único tema: un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Desde el Salón Arturo Illia, sin la presencia de JxC y con los números ajustados para el quórum, Parrilli dio por comenzado el encuentro al expresar que “es un esfuerzo muy grande trabajar así en el Senado, porque aún en los temas no conflictivos, nos encontramos con un bloque opositor que pareciera que ni siquiera va a dar quórum para levantar la bandera. Se nos hace bastante difícil y complicado”, y agradeció a los senadores del FdT que “permiten, a pesar de la desidia de la actitud casi infantil del bloque opositor de no participar de las reuniones al no dar quórum, para tratar el tema para el cual hemos sido citados”.

En un breve resumen, el neuquino explicó que el proyecto a tratar “modifica varias leyes respecto de las inhibiciones, recusaciones y excusaciones que se pueden llevar adelante en contra de jueces, fiscales, en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género. El proyecto propone la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal”.

A continuación, fue la autora de la iniciativa la encargada de profundizar sobre el texto, pero antes le tiró un palito a la oposición: “Gracias a los compañeros del FdT, básicamente por venir a trabajar y poner cuerpo en esta iniciativa”. También se refirió a los medios de comunicación y los comentarios de la oposición, sobre todo apuntó contra el titular del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, que dice que “todo esto es un disparate”.

“Me hubiera gustado poder discutirlo, poder explicarlo y dar testimonio con distintas sentencias judiciales a lo largo y ancho del país porque entendemos que este proyecto de ley no solamente es necesario, sino también es urgente”, remarcó Fernández Sagasti vicejefa del interbloque oficialista.

Y siguió: “He leído noticias y comentarios de la oposición que no sé si son en virtud de la desinformación o mal intencionadas o ambas, pero este es el lugar para sacarnos las dudas, discutir y si hay que mejorar el proyecto hacerlo”.

En ese contexto, sostuvo que el proyecto de ley “es muy oportuno tratarlo” porque “hace pocos días miles de mujeres marchamos alrededor del país conmemorando el 25 de noviembre el Día de la no violencia contra la mujer y una de las consignas de esa marcha era ‘Reforma judicial feminista’”. En tanto, consideró: “Entiendo que este proyecto no es la solución a todos los flagelos que las mujeres y el colectivo LGTBQ+ tenemos a la hora de denunciar y buscar una sentencia en contra de las violencias, pero sí es una forma de sentirnos protegidas y hacer efectivas las garantías de imparcialidad ante la ley que establece la Constitución Nacional”.

En suma, precisó que la iniciativa hace modificaciones al Código Procesal Penal Federal, al Código Procesal Penal Nacional y a la Ley de Violencia Contra las Mujeres cuyo objetivo es “garantizar que las personas sean juzgadas a partir de la perspectiva de género y la no discriminación”, y acotó: “Algo que es de sentido común, no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en desacuerdo con la garantía de que una sentencia tenga perspectiva de género y no sea discriminatoria”.

En alusión a los comentarios dados por la “desinformación” sobre el proyecto, explicó: “Deben tener perspectiva de género, no solamente porque esto tiene raigambre constitucional y convencional. Lo que estamos planteando tiene que ver con garantizar normas constitucionales, convencionales y supralegales”.

En tanto, la mendocina definió a la perspectiva de género como “una herramienta conceptual que busca mostrar las desigualdades que hay entre los varones y las mujeres por diferencias culturales que a lo largo de los siglos se han perpetrado en contra de nuestro género, el femenino. Con eso, se trata de un mecanismo de identificar la discriminación, la desigualdad, la exclusión por cuestiones de género”.

El Poder Judicial es viciado, corporativo, elitista, misógino y patriarcal”, definió.

“Quien imparte justicia, no incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación a una sentencia judicial, claramente no está impartiendo justicia”, agregó y remarcó que “es lo conceptual que estamos tratando hoy”.

Por consiguiente, apuntó sus cañones contra el Poder Judicial al que tildó de “viciado, corporativo, elitista y misógino, patriarcal”. “Lo sabemos en virtud de la sentencia, no es una perspectiva subjetiva de este proyecto. Hay muchos jueces que dictan sentencia sin perspectiva de género y muchas veces homofóbicas e innumerables veces transfóbicas”, remarcó.

“A veces los jueces adelantan su juicio sobre una sentencia cuando tienen dichos homofóbicos o en contra de la perspectiva de género”, cuestionó Fernández Sagasti y agregó: “Lo que nosotros queremos con este proyecto es que se incluya y garantice a las mujeres y al movimiento LGTBQ+ en los procesos judiciales, es la garantía de la imparcialidad porque si no tienen perspectiva, no se han capacitado con la Ley Micaela, no tiene perspectiva de género los jueces o juezas o son homofóbicos, el justiciable que va a pedir justicia, que lo protejan ante una situación de violencia, no va a sentir con derecho que el juez es imparcial porque no va a aplicar el sin números de leyes que tenemos en el país para combatir con este flagelo”.

 En ese contexto, contó que hay casos de jueces y juezas que han firmado la sentencia con “párrafos que son alarmantes y lo que proponemos es que el justiciable pueda recursarlos para que no se le prive el derecho y la garantía de imparcialidad en juicio”. “Que se apliquen las leyes con perspectiva de género y que los jueces se capaciten”, exigió.

Asimismo, ejemplificó con un caso de la provincia de Mendoza de un asesinato del joven Alejo Hunau en 2004 en donde el juez, José Valerio, absolvió al asesino y citó textual los argumentos del magistrado: “La víctima tenía desviada sexualidad y una conducta licenciosa que, a criterio del Dr. Valerio, lo hace responsable de su propio asesinato”, y explicó que “este fallo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza luego del repudio generalizado que provocó”.

“El juez Valerio es juez actual de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza a propuesta del senador Cornejo cuando era gobernador”, denunció la oficialista. También recordó el caso de la joven Lucía Pérez de Mar del Plata: “Por muchos años llevamos la bandera de ella para que se haga justicia. Fue un femicidio y el en el 2018 quienes integraban el Tribunal Oral Criminal N°1, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas absolvieron a los asesinos Matías Farías de 26 años, Juan Pablo Offidani de 45 y Alejandro Maciel de 62 del femicidio de Lucía que tenía 16 años”.

Y siguió: “Estos jueces para absolver se enfocaron en indagar sobre la personalidad, las actitudes y el comportamiento de Lucía. Su carácter, su vida social, sus relaciones con los hombres y así dictaminaron que no estaba comprobado que no hubiera consentido el acceso carnal”. En tanto, contó que “ambos jueces fueron suspendidos por unanimidad y se anuló el fallo. Hasta que condenaron a los femicidas y no condenaran a la víctima como hizo el primer fallo, la familia tuvo que peregrinar dos años hasta el nuevo juicio”.

También hizo mención de un caso ocurrido en 2002 en Chubut donde una mujer denunció una violación grupal y la “justicia le dio la espalda en reiteradas ocasiones. Solo 3 fueron sentenciados”. “Si tienen ganas de entender lo que pasa en la justicia argentina respecto a la perspectiva de género es un caso escalofriante las palabras de las magistradas”, lamentó y disparó: “Reducir a la chicana de que detrás de este proyecto está la agenda judicial de la vicepresidenta, es sin valores y sin ética este flagelo aberrante de dirigentes políticos”.

“Este es un proyecto simple en el que todos deberíamos estar de acuerdo porque todos sabemos cuáles son los procesos que vivimos las mujeres en las provincias cuando vamos a denunciar acoso, abuso sexual, maltratos, violaciones. Cualquier persona con sentido común diría ‘estamos de acuerdo que si sabemos de un juez que no tiene perspectiva, que no es empático con las denuncias, queramos sentirnos que van a aplicar las leyes que emanaron de este Congreso”, sostuvo Fernández Sagasti y exigió que el Poder Judicial “se haga eco de proteger la vida de las mujeres en la Argentina”.

La oficialista manifestó: “A través de esta legislación se pone un granito más para seguir combatiendo esta cultura patriarcal que nos mata, que nos revictimiza que hace que el 87,4% de los casos de abuso sexual haber tenido en su niñez y adolescencia no se denuncian porque las muejeres no creemos en la justicia, que es un lugar que obtengamos justicia”.

 “En el país 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres, y un 40% de ellas son menores de edad según un informe realizado por la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres”, comentó y sumó que según la encuesta anual de UNICEF a niños y niñas 2019-2020 el 11% de las mujeres en el país sufrió abuso sexual durante su financia o adolescencia, el 87,4% las personas no denunció los hechos y sobre el 15,2% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias.

El senador neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para gestionar la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de Energía Argentina SA (ENARSA), en sociedad con las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. La iniciativa obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu de Río Negro, y Carlos Linares de Chubut.

El legislador propuso que a partir del año próximo, cuando finalicen las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional, “la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por Energía Argentina SA (ENARSA), sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.

Además, el proyecto ordena que “ENARSA deberá asociarse con la/s Provincia/s titular/es del dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”.

Como opción para cada caso, el proyecto abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.

Para Oscar Parrilli, la “compleja coyuntura” internacional derivada de la guerra en el Este de Europa, “ha puesto en el centro del debate público la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos, convencionales y no convencionales, en orden a garantizar el abastecimiento interno y colocar crecientes excedentes en el mercado externo, como así también, fortalecer el desarrollo de fuentes alternativas, como las renovables”.

En el próximo año 2023, vencen las concesiones que hoy controlan el funcionamiento de las represas hidroeléctricas de las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut. Por ello, Parrilli recordó que “en el marco de la denominada Reforma del Estado llevada adelante durante la década del 90, se sancionó la Ley 24.065” que privatizó “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”. Contratos que, a partir de agosto del 2023, comienzan a vencer.

El legislador neuquino aseguró que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola (…) no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994, se disminuyó al 25% actual”.

Es por esto que sostiene que “en el marco de un proceso de transición energética, resulta sumamente importante dotar al Estado Nacional de un instrumento eficaz para potenciar la inversión en fuentes primarias renovables, contribuyendo a la diversificación de nuestra matriz energética, a través de una asociación estratégica con las provincias titulares del recurso hídrico, de fuerte sentido federal y de la participación del sector privado, cuando se considere conveniente”.

Parrilli propone, para iniciar el debate, “que ENARSA pudiera retener el 51% del total del dominio, ya que de esta manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética global, disponga el gobierno nacional”.

Inspirado en una vasta legislación internacional que consigna ejemplos de Bélgica, Francia y Grecia, entre otras naciones, el senador neuquino Oscar Parrilli propone una serie de reglas que protejan al Estado ante los “ataques especulativos financieros internacionales”.

Parrilli sostiene que “los derechos de los acreedores privados para reclamar una deuda legítima contra el Estado solo se considerarán vigentes y con validez financiera si la compra, adquisición o tenencia de dicha deuda en cualquiera de sus manifestaciones -bonos, títulos, entre otros- ocurre al menos con 90 días hábiles de anticipación a la fecha en que el país ingrese en un proceso de reestructuración, refinanciación, reperfilamiento, cese de pagos o cualquier otra denominación que se utilice para expresar la imposibilidad del Estado de cumplir con sus vencimientos programados en materia de deuda”.

Así lo expresa el texto del proyecto en el que Parrilli sostiene que “la ventaja ilegítima especulativa se define como la existencia de una desproporción manifiesta y evidente entre la suma total efectivamente abonada por el acreedor para adquirir la deuda y el reclamo que éste realiza frente al Estado”.

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El senador nacional Oscar Parrilli (UC-FdT) se sumó este viernes a las declaraciones contra el diputado opositor Gerardo Milman, de quien se sospecha que podría haber conocido sobre el atentado que iba a sufrir la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Le estamos reclamando a la Justicia que por lo menos lo investiguen. Hay un racconto de acciones probadas, datos públicos y declaraciones en medios de comunicación que lo relacionan con el hecho”, lanzó el legislador cristinista.

Consultado al respecto en FM La Patriada, el neuquino se manifestó “preocupado” por “la inacción de los jueces en no avanzar sobre Milman”. Lo sostuvo a partir de lo que, a su entender, debió suceder desde el inicio de la investigación.

“No soy parte del equipo de abogados que llevan adelante la querella y, por lo que sé, es que si no fuera por ellos no se hubieran conocido los temas que salieron”, señaló y agregó: “La Justicia debe indagar sobre las conexiones y relaciones políticas entre los autores materiales y Revolución Federal, más algunos integrantes de la familia Caputo”.

Para Parrilli, “la Justicia no quiso y no quiere unificar las causas por el ataque al Instituto Patria, que tiene el juez (Daniel) Rafecas, la de Revolución Federal, a cargo del doctor (Marcelo) Martínez de Giorgi ni la del atentado contra Cristina Kirchner, que lleva adelante la jueza (María Eugenia) Capuchetti”. “Los jueces deberían aclarar por qué no lo hacen”, reclamó.

De vuelta sobre Milman, quien en diálogo con parlamentario.com aseguró que la acusación se trata de una “operación berreta y desesperada del oficialismo”, el senador K apuntó que el macrista “siempre” tenía presente un conflicto contra la vicepresidenta. “Diez días antes del atentado salía a pedir que le recortaran la custodia. Al otro día del hecho salió a culpar a la seguridad por el ataque”, resaltó.

Además, asoció al dirigente del Pro con Revolución Federal por haber participado en “la marcha de las antorchas” portando “bolsas mortuorias” en contra de Cristina y Máximo Kirchner. “Él fue parte del clima de violencia cuando procesaron a Revolución Federal. Siempre utilizaron frases como ‘va a desaparecer el kirchnerismo’”, acusó.

En el cierre, afirmó: “Los argentinos tenemos el derecho a saber si un dirigente político estuvo involucrado o tuvo conexiones con un atentado de semejante magnitud”. A su vez, insistió que “la jueza y el fiscal deberían avanzar rápidamente y tomar medidas de pruebas para que podamos saber a ciencia cierta lo que ocurrió”.

En coincidencia con el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, ocurrido hace exactamente 12 años, el inicio de la sesión del Senado de este 27 de octubre estuvo dedicado a homenajear a quien fuera presidente de los argentinos entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007. Se ocuparon de recordarlo su comprovinciana Ana María Ianni, su amigo Oscar Parrilli y el senador camporista Matías Rodríguez.

La santacruceña Ianni arrancó expresando que no podría evitar ser autorreferencial al recordar a Néstor Kirchner. Habló inicialmente de su gestión en la provincia, “construyendo hospitales, haciendo escuelas, edificando viviendas, brindando infraestructura”, en una provincia que recordó es la segunda en tamaño, después de Buenos Aires, pero tan despoblada.

Habló de la “visión estratégica” de Kirchner, para lo cual “todos nuestros recursos naturales puedan ser volcados al desarrollo energético, tan necesario no solo en el país, sino en el mundo”.

“Así fui conociendo a Néstor, a través de estas obras”, señaló la senadora Ianni, que recordó luego que también lo conocería más tarde personalmente, siendo ella guía de turismo. En El Calafate, camino al glaciar, lo vieron desde el micro donde ella iba a quien definió como “ese flaco esbelto”. El ya gobernador respondió los saludos que le hacían desde el ómnibus y les pidió parar, para subirse al mismo. “Les da la bienvenida a su provincia y les desea que tengan una buena estadía. Así conocí a Néstor”, contó la senadora.

Luego ella destacó que “el Pingüino llegó a la Casa Rosada como presidente”, y luego insistió en que quería quedarse “con esa calidad humana que tuvo, siempre sin desconocer a los compañeros, siempre convocando, abrazando… Nunca escuché a alguien que me hablara de un Néstor irrespetuoso”. Valoró “su militancia constante y su pasión por la acción política, que es lo que hoy nos inspira y nos debe interpelar para generar ese sentido de unidad para el que permanentemente nos convocaba”.

Ana María Ianni habló de las “modificaciones estructurales que el país necesitaba para salir de ese infierno” que él había descripto al llegar a la presidencia, y “sin dejar sus convicciones de lado, como siempre dijo, alentó a la participación política y entusiasmó a miles de jóvenes”.

“La historia nos da la oportunidad de poner en valor a nuestros líderes. Cuando el tiempo pasa -el tiempo es ordenador-, nos damos cuenta de este gran valor que es y seguirá siendo Néstor Kirchner”, enfatizó la senadora santacruceña, que concluyó remarcando: “Néstor no se murió, vive en el pueblo, vive en nosotros, y su inmortalidad se hace presente, ahora y siempre”.

A continuación, un emocionado Oscar Parrilli admitió que “nunca hubiera deseado tener que hacer este homenaje. Me viene a la memoria un cartel que vi el 28, o 29 de octubre (de 2010), cuando llevábamos a Néstor a descansar a su provincia, que decía: ‘Néstor, te quedó chico el cuerpo’. Evidentemente fue así… Tenía un alma, una convicción, una voluntad y un espíritu que superó la voluntad de vida que tenía su cuerpo”.

Luego el senador neuquino recordó haber conocido a Kirchner en 1987, a través de quien hoy es secretario Parlamentario del Senado, Marcelo Fuentes. Aclaró que no había cursado con ellos en la universidad, pues él no había ido a la de La Plata, sino en Buenos Aires. Lo conoció entonces siendo él diputado provincial y le aconsejaron ir a conocer a quien todos llamaban “Lupín”. “El tenía su agrupación, y dos obsesiones: ser intendente y ser gobernador. No me habló de ser presidente –evocó-. Venía de perder internas, era casi un paria en el peronismo santacruceño, pero tenía esa convicción. A partir de allí surgió esta convicción que mantuvo hasta el día de su partida”.

Al borde de las lágrimas, Parrilli admitió que “es muy difícil tener amigos en la política, pero Néstor fue para mí un amigo, además de  un compañero, porque me ayudó  cuando me iba mal. Era así con sus compañeros militantes. Me acompañó en las internas que tenía con el menemismo”.

En otro pasaje, Parrilli recordó la pelea con el campo y el acto en Ferro con el que iniciaron 2010, con vistas a las elecciones de 2011. Contó que había hablado luego con Kirchner por teléfono y lo encontró “muy entusiasmado”, convencido de que ese día habían quebrado “la tendencia”. “Empezamos a crecer, dimos vuelta la taba: lo vi en la cara de los jóvenes”, contó que le dijo.

Aseguró que Néstor Kirchner “tenía la fuerte convicción de que íbamos a iniciar la reconstrucción de nuestro espacio y la relación con la comunidad para poder afrontar las elecciones de 2011”.

Luego vinieron los festejos del Bicentenario y finalmente el desenlace que ocurrió el 27 de octubre. “A partir de ahí nos vino una desazón muy grande, pero bueno, aquí estamos”, se resignó.

Recordó anécdotas personales y concluyó diciendo: “No queremos rendirle homenaje a Néstor; queremos traerlo de vuelta entre nosotros”.

Pero su última frase estuvo dedicada a la viuda de su amigo: “El lunes siguiente a su fallecimiento, era presidenta Cristina Kirchner, y el lunes siguiente ella estaba en la Casa Rosada, trabajando, dando audiencias y poniéndose al país y al pueblo argentino al hombro”.

Por último, el senador camporista Matías Rodríguez recordó aquella bandera de la que había hablado Parrilli, la que decía que el cuerpo le había quedado chico a Néstor Kirchner. “Esa bandera a la que hiciste referencia la colgamos nosotros: La Cámpora”, contó, recordando que habían ido desde Ushuaia, él teniendo 26 años, junto al actual intendente de la capital fueguina, Walter Vuoto. Fuimos a Buenos Aires y nos encontramos con miles de compañeros de todo el país en esa plaza. Esa bandera la colgó un grupo de Río Gallegos y nosotros ayudamos a colgarla”.

“Soy de esa generación de muchos jóvenes que se nos iban del país”, señaló Rodríguez, que contó que “Laura, mi compañera, estaba embarazada de mi primer hijo cuando decidimos quedarnos un poco más, decidimos creer en Néstor Kirchner, porque ‘este tipo nos puede sacar adelante’”.

Tras destacar los valores de su líder, remarcó: “Cuando Videla dice ‘los Kirchner son lo peor que nos pasó’… qué hermosa definición”, y la parangonó con “aquellos que brindaron como lo  hicieron con la muerte de Eva o Kirchner, o los que lamentaron que la bala no hubiese salido con Cristina. También nos define, o los define a ellos”.

“Significa un cambio de vida, de paradigma”, señaló sobre el final, remarcando que la mayor aspiración de Néstor Kirchner era “que el día que deje la Casa Rosada, el pueblo le pueda decir ‘gracias Néstor’. Así que sé que el pueblo argentino lo ha dicho una y mil veces y hoy en esta casa del pueblo lo voy a volver a repetir: gracias Néstor”.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, a cargo del oficialista Oscar Parrilli (Neuquén), inició este miércoles el tratamiento de un proyecto de ley que propone reglamentar el traslado de jueces del Poder Judicial, en lo que se constituye como un nuevo intento de avanzar sobre la justicia por parte del oficialismo.

La iniciativa responde a un pedido de la Corte Suprema, pero tiene la evidente intención de reavivar el debate sobre la permanencia en la Cámara Federal -desde donde en 2018 confirmaron fallos contra la actual vicepresidenta en causas por corrupción- de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Menos de diez minutos le demandó explicar los alcances de su propuesta al senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), integrante de La Cámpora quien estuvo invitado a participar de la Comisión.

Más allá de la brevedad del encuentro, Parrilli confirmó que es intención del oficialismo “prontamente tener dictamen” y llevar el tema al recinto de la Cámara alta porque “este es un tema importante y hay un vacío legal” en la materia.

Al hacer uso de la palabra, Doñate agradeció la invitación y la presencia de todos los senadores y sostuvo que la temática le “interesa mucho”. También aclaró que “la idea es comentar a grandes rasgos de qué se trata el proyecto, comenzar a debatirlo y tratar de que en la Comisión de Asesores se siga puliendo la propuesta para que tengamos la mejor ley posible de un tema que es de alta sensibilidad que trae aparejado y que siempre trajo mucha polémica”.

“En los últimos tiempos hubo una situación que nos obliga a dar el debate parlamentario en este sentido porque hay un fallo de la Corte que evidentemente tiene algunas lagunas que ha dejado, un gris en la manera en que las instituciones deben abocarse a cumplir con este tipo de requerimiento de muchos jueces que se quieren trasladar de un juzgado a otro, pero también ha dejado parámetros objetivos respecto de cómo debería ser a criterio de la Jurisprudencia de la doctrina la norma que lo regule”, explayó Doñate.

En ese sentido, siguió: “Taxativamente en el fallo de la Corte expresa la necesidad de que los congresistas se aboquen a esta temática bajo esos parámetros jurisprudenciales y doctrinarios que estableció en el fallo nada más y nada menos que Bertuzzi”.

“Lo que intentamos es venir a dar ese debate para llevar luz y llenar ese vacío legal”, resaltó el rionegrino y leyó textual lo que el fallo Bertuzzi, Pablo Daniel y otros la Corte estableció: “Los traslados son un procedimiento de contingencia, de carácter excepcional y subsidiario y señalando que la regulación congresional -es decir nosotros desde el ámbito parlamentario- permitirá contar con parámetros objetivos referidos a otras cuestiones no reguladas tales como la incidencia de la modificación de la circunscripción territorial del traslado o los límites de igual o similar competencia materiales de los tribunales concernidos. Dicha normativa, precedida del necesario debate democrático, otorgará certeza a los magistrados evitando revisiones esporádicas de su estatus jurídico y a los justiciables en relación a la garantía constitucional del juez natural”.

En esa línea, explicó que “hemos propuesto bajo esos parámetros dar esta propuesta que se inicia en el tratamiento de esta Comisión de Justicia”, y describió los principales objetivos a los que se orienta.

“Proponemos que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá formular la convocatoria a un nuevo concurso de selección dentro de los 15 días hábiles judiciales de la producción de una vacancia definitiva. Se determina, además en cuanto a los requisitos, que el cargo vacante debe ser del mismo grado, poseer la misma o similar competencia material y pertenecer a la misma o más próxima jurisdicción”, precisó Doñate y aclaró que “estos tres aspectos tienen que tener un mismo status”.

Además, contó que el proyecto establece que el nombramiento definitivo correspondiente al cargo vacante implica la extinción del pleno derecho del traslado respectivo, es decir: “A penas se designe el juez que cumplió con el requerimiento del 99 inc. 3 de la Constitución, inmediatamente ese cargo transitorio quedará en manos de quien fue designado y ese juez que pidió el traslado deberá volver a su cargo anterior”.

“Se encuentran prohibido los traslados que suponen un cambio de fuero, de competencia material y/o de jerarquía. Se establece un procedimiento complejo cuyo primero tramo se encuentra a cargo del Consejo de la Magistratura”, agregó el senador oficialista y sumó que se aplicarán a los traslados producidos con anterioridad estas disposiciones, pero aclaró que “se mantendrán aquellos traslados en los que se verifiquen ciertas circunstancias fácticas”.

Y procedió a detallar: “Hubo situaciones muy excepcionales que el fallo de la Corte no contempló y se dan en circunstancias tales como por ejemplo un juez trasladado se termina su transitoriedad en el cargo y tiene que volver al juzgado original y en ese juzgado ya se concursó, quedamos en una situación de incertidumbre. Está en discusión esta cuestión y proponemos dos opciones que cuando el cargo para el que fue nombrado la juez trasladada al momento de la sanción de esta ley hubiera sido integrado con otro magistrado designado según el artículo 99 de la Constitución. La otra opción es que cuando el cargo para el cual fue nombrado el juez trasladado al momento de la sanción de la ley hubiera dejado de existir”.

Al cierre de su presentación, Doñate informó que “no son muchos los casos, son 5 en el país así que no va a afectar esto al funcionamiento integral del Poder Judicial de la Nación”, e informó que se encomienda al control de los requisitos y condiciones correspondientes al Consejo de la Magistratura y se establece un plazo de 45 días para que el Consejo se aboque a funcionar y a establecer cuáles son aquellos casos que se encuadran en la normativa. Pasados esos 45 días el Consejo determina que no cumplen los requisitos, esos jueces deben volver a sus cargos originales”.

Seis meses después de haber recibido el presidente Alberto Fernández el anteproyecto elaborado por una comisión creada para tal fin, arranca finalmente en el Senado el debate de un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de tipificar las conductas conocidas como “compra” y “venta” de niños, niñas, y de las concernientes a la intermediación de tales hechos.

La iniciativa ingresó a la Cámara alta el pasado 23 de agosto, pero ya en el mes de abril el tema había sido expuesto públicamente cuando se realizó en Casa Rosada un acto en el cual el presidente Alberto Fernández recibió esa iniciativa. Del mismo participaron el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.

Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.

También estuvieron la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.

En esa ocasión se anticipó que la sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.

El episodio disparador de esta iniciativa sucedió hace 22 años, a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre. A raíz del mismo, hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.

En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.

La presentación en Casa Rosada se realizó precisamente al cumplirse justamente una década de esa demanda.

Este miércoles a partir de las 12.30, el tema comenzará a ser discutido en el seno de la Comisión de Justicia que preside el neuquino Oscar Parrilli, en cuyo marco se tratarán, además del proyecto del Ejecutivo, otros dos: uno oficialista y otro de Juntos por el Cambio.

Uno es del chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos), que agrega el artículo 145 quater al Código Penal de la Nación, que introduce de manera explícita el delito de compra-venta de niños o niñas recién nacidos hasta los doce meses de edad.

El otro es de la senadora santafesina Carolina Losada (UCR), que modifica el art. 139 del Código Penal de la Nación tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

A la reunión han sido invitados a exponer Leonardo Fornerón, actor y damnificado en la causa “Fornerón e hija vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, y Margarita Nicoliche, abogada interviniente en el proceso internacional de la causa Fornerón.

El caso que motivó la reacción de la CIDH

El caso Fornerón refiere a un hecho que se inicia con el nacimiento de “M”, el 16 de junio de 2000. M es hija de Diana Elizabeth Enríquez y de Leonardo Aníbal Javier Fornerón.

Precisamente este último no tuvo conocimiento del embarazo sino hasta avanzado el mismo y, una vez enterado de ello, preguntó varias veces a la señora Enríquez si él era el padre, lo cual fue negado por la madre en toda ocasión.

Al día siguiente del nacimiento, la madre biológica entregó su hija en guarda provisoria con fines de adopción al matrimonio “B-Z”, en presencia del defensor de Pobres y Menores Suplente de la ciudad de Victoria, quien dejó constancia de ello en un acta formal.

Tras el nacimiento de M, y ante las dudas sobre el paradero de la niña y sobre su paternidad, Leonardo Fornerón acudió ante la Defensoría de Pobres y Menores, manifestando que deseaba, si correspondía, hacerse cargo de la niña.

Un mes después del nacimiento de M. el señor Fornerón reconoció legalmente a su hija.

El 1 de agosto de 2000 el matrimonio B-Z solicitó la guarda judicial de M. En el procedimiento judicial sobre la guarda, Leonardo Fornerón fue llamado a comparecer ante el juez, y en la audiencia manifestó en todo momento su oposición a la guarda y requirió que la niña le fuera entregada. Asimismo, se practicó una prueba de ADN que confirmó su paternidad.

El 17 de mayo de 2001 el juez de Primera Instancia otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio B-Z, e indicó que se podría instrumentar en un futuro un régimen de visitas para que el padre pudiera mantener contacto con la niña.

El señor Fornerón recurrió la sentencia, y ésta fue revocada en apelación dos años después. El matrimonio B-Z interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley contra esta decisión.

El 20 de noviembre de 2003 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, declaró procedente el recurso, revocó la decisión de la Cámara y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia.

Finalmente, el 23 de diciembre de 2005 se otorgó la adopción simple de M. al matrimonio B-Z.

El proyecto del Ejecutivo

El anteproyecto en base al cual el Gobierno elaboró el texto definitivo que comenzará a debatirse en el Senado fue elaborado en conjunto entre funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y organismos de derechos humanos.

Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón; las comisiones de Justicia del Senado, presidida por Oscar Parrilli, y de Legislación Penal de Diputados, a cargo entonces de la entrerriana  Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.

El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.

El texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.

Cabe consignar que la Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.

En un discurso muy crítico para con la Corte Suprema, el senador cristinista Oscar Parrilli tildó de “mafiosos” a los jueces del máximo tribunal y le advirtió a Juntos por el Cambio: “Los van a extorsionar a ustedes también”.

“Se habla de que imponemos los votos, que no queremos diálogo, que somos intolerantes. Nos dicen de todo, soberbios, mafiosos. Yo voy a recordar una frase, de agosto de 2010: ‘Nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar a Kirchner por la ventana’. Lo dijo Mauricio Macri. Digo solamente para saber de dónde empezó la violencia verbal en Argentina”, arrancó en su intervención el neuquino.

En respuesta a los planteos de la oposición sobre la forma en que se dio el debate, el presidente de la Comisión de Justicia expresó: “Se dice que no hay diálogo, que imponemos la mayoría. Todo mentira. Eso sirve solo para cuando van a los medios de comunicación afines”.

En esa línea, acusó a sus pares de Juntos por el Cambio de que “lo único que hacen es agraviarnos, insultarnos y decirnos de todo” porque “le tienen miedo a Macri y a (Héctor) Magnetto de que digan que están hablando y dialogando con nosotros”.

“La mayoría de los argumentos opositores son en contra de los argumentos nuestros. No he escuchado ningún argumento a favor de que se tenga que mantener esta Corte”, observó y señaló que “el 75% de los argentinos tiene una imagen negativa de esta Corte” porque “solamente resuelven sus casos”, en referencia a fallos que hacen a la Justicia.

Parrilli apuntó que esta Corte “convalidó el escándalo de los jueces que visitaban a Macri en Olivos, que son los jueces que tratan las causas contra Cristina Kirchner; convalidó la ‘Gestapo’ para terminar con los gremios; y convalidó que las escuchas telefónicas que me hicieron a mí trascendieran en la opinión pública”, entre otros hecho que enumeró, como “el fallo del 2×1” o que “se arrogó funciones legislativas” sobre la decisión del Consejo de la Magistratura. “¿Eso es lo que ustedes están convalidando, eso es lo que están defendiendo?”, lanzó.

Yendo a la composición del máximo tribunal, el senador cuestionó que “hay una pelea entre ellos” -por los jueces-. “Ustedes se la pasan dándonos consejos, agraviándonos, injuriándonos y ya están cenando antes de desayunar. Miren, yo no sé lo que va a pasar el 2023, no sé lo que va a pasar en las elecciones, pero con esta Corte no hay gobierno que aguante, ni ustedes, ni nosotros. Con estos cuatro mafiosos que hay hoy en la Corte, porque son mafiosos, se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”, enfatizó y, muy duro, completó: “No tengan dudas que los van a extorsionar también a ustedes, porque su función es extorsionar a la democracia”.

Cuestión de privilegio

Durante su alocución, el legislador del Frente de Todos planteó una cuestión de privilegio en relación a un comunicado de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, que rechazó los proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia y expresó su “preocupación ante la sola posibilidad que esto se concrete”.

Parrilli dijo que los argumentos de ese comunicado, “son prácticamente los mismos que hicieron dirigentes de la oposición”, por eso se permitió “desconfiar” sobre “qué grado de connivencia hay”. Y pidió “al señor embajador de los Estados Unidos en Argentina (Marc Stanley) que le diga a esta asociación que esto es entrometerse en los asuntos internos de un país”.

En su pronunciamiento, la asociación empresarial cuestionó la intención de avanzar en “la ampliación sustancial de los integrantes” del máximo tribunal y subrayó que “la independencia del Poder Judicial es una característica propia de todo país republicano, un requisito indispensable para la vida en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos y obligaciones”.

“Si bien el servicio de Justicia enfrenta serios desafíos para dar respuesta en tiempo y forma a demandas sociales de todo tipo, cabe preguntarnos si la solución de los problemas actuales es triplicando o quintuplicando su número de miembros”, planteó AmCham.

Tras la reanudación del juicio sobre la causa Vialidad y el alegato de Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador Oscar Parrilli consideró que “la defensa es contundente porque plantea la intencionalidad política que tuvo la denuncia”.

Para el oficialista, lo planteado por el letrado “no es nada más que la verdad, un racconto de los hechos tal cual fueron ocurriendo a lo largo del tiempo, demostrando la intencionalidad política que tuvo la denuncia tanto por parte, en su momento, de Elisa Carrió, como después de (Mariana) Zuvic y la participación del grupo mediático Clarín en esta acción”.

Y resaltó que la expresidenta “ya había sido juzgada” por la justicia de Santa Cruz, donde “se investigó y se determinó que no hubo existencia de ningún hecho ilícito”.

En declaraciones por AM 750, el legislador cristinista también reavivó críticas contra la Corte Suprema, al apuntar que “es la gran responsable de todo el desquicio que ha existido en la Argentina del 2016 al 2019, con el manejo del macrismo, la mesa judicial, las persecuciones, la pinchadura de teléfonos, las extorsiones a jueces, el Consejo la Magistratura”.

“La Corte fue parte de todo esto, miró para otro lado, se calló la boca y convalidó el accionar de estos jueces cuasi mafiosos”, agregó.

Consultado sobre el tratamiento de la defensa de CFK en algunos medios, el neuquino dijo: “Me sorprendería si los medios de comunicación hegemónicos tomaran una actitud plural y democrática, pero no lo hacen porque, justamente, son todo lo contrario”.

En respuesta al expresidente Mauricio Macri, quien opinó que el atentado contra la vicepresidenta “no estuvo orquestado” y fue realizado por “un grupo de loquitos”, Parrilli expresó que le parece “raro” que “haya dirigentes políticos que no quieran que este tema se investigue. La Justicia tiene la obligación de saber si hay autores intelectuales y, de haberlos, saber quiénes son”.

Luego de la reaparición pública de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) afirmó: “Ella tiene espíritu, convicción y fortaleza que la hacen diferente a todos los dirigentes políticos. Ha tenido muchas adversidades a lo largo de su vida, no solo el atentado. Se impactó mucho, pero eso no la atemorizó”.

En declaraciones por El Destape, Parrilli relató que “fue muy emocionante porque CFK hizo su primera aparición junto a curas villeros y se sentía bien acompañada con gente de los sectores más vulnerables de la sociedad. Fue muy reconfortante para ella”.

Sobre los detenidos por el intento de magnicidio y las amenazas que enviaron hacia la vicepresidenta, el legislador sostuvo que “están equivocados si hay gente que piensa que amenazando van a atemorizar a Cristina, a Máximo o a Alberto”.

Además agregó: “Acá se rompió el pacto democrático firmado en 1983 de la no violencia política. Algunos dirigentes políticos están mucho tiempo en los medios y eso impacta en la sociedad. Hay que erradicar la violencia mediática. Hay que aprender que no se puede estar todo el tiempo denostando al adversario”.

“Están identificados los autores materiales. La Justicia debe investigar quiénes son los autores intelectuales. Los medios quieren mostrarlos como loquitos sueltos y yo no creo eso. Hay un trasfondo de financiación y organización. Espero que esto se identifique porque los argentinos tenemos derecho a saber qué pasó”, manifestó Parrilli.

Consultado sobre la tapa de Clarín, la cual expresaba que CFK no sería candidata tras el atentado, Parrilli advirtió: “No me interesa lo que pueda llegar a titular, hicieron esto toda la vida. La vicepresidenta está saliendo de un momento duro, no es momento de hablar de candidaturas”.

Para finalizar, el senador afirmó que “CFK se reunió con varios dirigentes que no piensan como ella para dar muestras elocuentes en la voluntad de diálogo”. De ahí que no descartara que pudiera llegar a reunirse incluso con el expresidente Mauricio Macri. “Ella nunca ha puesto límites para nada”, aclaró y concluyó: “Debemos seguir insistiendo en nuestras convicciones. Ayer CFK pidió por el final de las difamaciones”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), se reunió este miércoles para continuar con el debate en torno a los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante, a la cual estuvieron de invitados a exponer el constitucionalista Eduardo Barcesat y el diputado nacional Hugo Yasky (FdT).

El encuentro comenzó con virulencia, ya que la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, mandó al frente a la bancada opositora que se ausentó de la reunión y destacó que el único presente fue el radical Pablo Daniel Blanco quien le reclamó: “las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no de un día para el otro”.

Tras ese cuestionamiento cruzado, el titular de la Comisión aclaró: “El espíritu de funcionar hemos tratado siempre de respetar los plazos legislativos y lo que establece el reglamento para las convocatorias en virtud de la celeridad y para no seguir demorando el tratamiento”.

Fue el senador y autor del proyecto el neuquino Oscar Parrilli en abrir la ronda de expositores y remarcó que la iniciativa lleva la firma de senadores que “ya no son legisladores” porque “hace más de dos años que está presentado”.

Por otro lado, comentó que “se conversó en el seno de la Comisión la posibilidad de que el bloque de JxC proponga oradores, pero dijeron que no les interesaba. Siempre está abierta la posibilidad para que lo hagan. El hecho de haberla convocada de ayer para hoy es porque ya varias veces se convocó, hubo problemas con los horarios de los invitados y por eso se fue postergando, de manera que acordamos ayer porque los expositores tenían el horario libre”.

Sobre el proyecto explicó: “Lo que intentamos desde nuestro interbloque es poner en la discusión pública a 40 años de la democracia en la Argentina un mecanismo que, a nuestro entender, mejora y le da más participación y protagonismo al pueblo en las decisiones democráticas que toma un Gobierno”.

“Nuestro proyecto trata sobre las Consultas populares que está establecida en la Constitución de 1994 y allí se estableció que una ley iba a reglamentar su mecanismo de realización de la consulta y que esa ley tenía que tener una mayoría especial que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. De manera que el proyecto va a tener necesariamente que ser aprobada por la totalidad de los miembros de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional”, explayó Parrilli.

En suma, precisó: “Lo que nosotros tenemos son cuatro mecanismos de participación de pueblo en las decisiones de gobierno”, y procedió a describir: “Tenemos dos tipo de consulta popular no vinculante, la que está convocada por el Poder Ejecutivo y la convocada por el Poder Legislativo que también puede convocar a consulta popular no vinculante; la consulta popular vinculante que es exclusivamente por ley que requiere una mayoría especial y por otro lado la iniciativa popular que merece otra ley que no estamos tratando ahora, pero hay un proyecto del senador Snopek”.

“Nosotros proponemos darle mayor agilidad, dar mayores posibilidades de que se lleven adelante las consultas populares”, remarcó el senador oficialista y opinó: “Se dictó la norma en la Constitución del 94’, pero fue de una manera como para ponerlo para que nunca se haga porque después cuando se puso esa ley fue tan complicada que en realidad la Consulta Popular solo existe en la cuestión teórica y no en la práctica. Desde el año 94 hasta ahora nunca hubo una Consulta Popular y la experiencia que tenemos es anterior a la Constitución que llevó adelante la presidencia de Alfonsín que tuvo protagonismo del pueblo y ayudo a tomar una decisión trascendental como era la citación al límite con Chile”.

Y reiteró: “Nuestro proyecto tiende a facilitar el llamado a las consultas populares y eso está básicamente en el artículo 2 que hacemos una modificación solamente de redacción porque dice que la ley de convocatoria dice ‘mayoría absoluta de miembros presentes’ y si se trata de miembros presentes, mayoría siempre es mayoría es la mitad mas uno de los presentes. Le sacamos lo de mayoría absoluta porque es una redundancia. La mayoría absoluta es para la ley que reglamenta la Consulta Popular”.

En segundo lugar, aclaró: “Mantenemos las limitaciones de aquellos temas que no pueden ser sometidos a Consulta Popular que está en la Ley de iniciativa para que no se ponga en cuestionamiento si estamos queriendo modificar la Constitución porque hay temas que tienen mayorías especiales”.

“La Consulta Popular consideramos que, si puede hacerse el mismo día que una elección general porque también es bueno porque, de alguna manera, involucra a los candidatos a expresarse a favor o no de lo que se consulta. También se ahorra dinero, es mayor democracia y mayor participación”, destacó Parrilli.

Por último, explicó: “Establecemos que la Consulta Popular no vinculante, es decir la que no es obligatoria, pueden ser ampliados los temas porque nos parece que eso no modifica ni entra en coaliciona con ningún artículo, ni leyes vigentes, ni tratados porque no es obligatorio lo que allí se expresa. Pero es importante que ante tenas importantes el Gobierno pueda recabar la opinión del pueblo sobre esos temas”.

A su turno, el dirigente sindical Hugo Yasky recordó que en el año 2001 hubo una experiencia autogestionada de Consulta Popular que se impulsó desde el FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza) y explicó que “fue un Frente de organizaciones sociales, empresariales del sector PyMes, de movimientos políticos. Se constituyó en julio y elaboró un programa consistente básicamente en una serie de instrumentos para paliar la crisis social y se resolvió solicitar al gobierno la convocatoria a Consulta Popular que se resolvió en tres días”.

“En ese momento para nosotros fue un éxito enorme porque participar más de 3 millones de personas”, resaltó el diputado y sumó: “Había una necesidad de participación. Se dio dos semanas previo al estallido de la crisis del 2001”.

A su vez, resaltó que “el mecanismo de Consulta Popular democrático, participativo que le puede dar a la democracia, sobre todo en tiempos donde se trata de instalar un discurso antipolítico, donde se trata de mostrar a la política alejada de la participación popular. Me parece que puede ser un instrumento dinámico que le dé más fuerza a la democracia”.

El constitucionalista Barcesat expresó su “más enérgico repudio y condena a la tentativa de magnicidio que ha asistido la Nación Argentina y el pueblo que no solo afecta el supremo derecho a la vida, sino la vida democrática y el orden constitucional”, y apuntó: “La legislación argentina y la Internacional castiga la incitación a cometer delitos de odio y lo que nos falta fiscales y jueces que la apliquen”.

Respecto al proyecto oficialista manifestó su acuerdo y, luego de repasar los artículos que “mejoran a las leyes vigentes”, sugirió que ” este marco de fortalecimiento planteado se incorpore a los fundamentos de la ley, porque posibilitan una mejor defensa cuando se trata, como es en ese este caso, de mejorar los mecanismos de la democracia participativa”.

Los proyectos

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Luego que el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, considerara que para lograr la “paz social” hay que suspender el juicio por la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner, el senador Oscar Parrilli emitió un sugestivo tuit.

En medio de la oleada de críticas de la oposición que despertaron las declaraciones del formoseño, sobresalió el mensaje de Parrilli, quien escribió: “Para CFK solo JUSTICIA. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales”.

Días atrás, horas después del pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani, el senador cristinista había tenido una actitud similar, cuando se hablaba de la posibilidad de un indulto por parte del presidente Alberto Fernández.

En esa ocasión publicó: “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”. Y el tuit fue replicado por la misma Cristina.

Oscar Parrilli: "Para CFK solo JUSTICIA. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales." pic.twitter.com/pnjzZpscbA

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) September 4, 2022

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Nuquén) habló acerca del intento de magnicidio que sufrió, este jueves por la noche, la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y expresó: “Dios evitó que la bala no estuviese en esa recamara, sino estaríamos hablando de la peor tragedia de la historia del país”.

En diálogo con Radio Urbana Play, el legislador cercano a la expresidenta reveló que “CFK está impactada y conmocionada” pero “igualmente está bien. Tiene su espíritu y su temple intactos”. “Ha sido algo muy grave que tiene que llamar a la reflexión y al cambio de actitud de una parte de la sociedad”, consideró.

Al relatar el hecho, el neuquino explicó: “Una de las personas cercanas a ella ve al sujeto acercarse, pero ella no porque estaba firmando autógrafos, sacándose fotos y saludando a la militancia. Cuando pasa lo que todos vimos, su custodia la llevó rápidamente hasta su departamento, y cuando vio las imágenes por televisión, no podía creer la gravedad de lo que pasó”.

Respecto a la persona que intentó asesinar a CFK, el senador señaló que “es una persona con antecedentes violentos contra nuestro espacio político, con ideas muy cercanas al pensamiento fascista por lo manifestado en sus redes sociales”.

“El pueblo argentino debe repudiar estos hechos, de violencia extrema. Por eso le pido a la Justicia que indague y analice desde donde está alentado este atentado”, concluyó Parrilli.

El senador nacional Oscar Parrilli (UC-Neuquén) manifestó su visión sobre la confrontación del sábado pasado entre la Policía de la Ciudad y los militantes y funcionarios que fueron a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner hasta su departamento ubicado en Recoleta. “Hubo hechos gravísimos de violencia institucional por parte de (Horacio Rodríguez) Larreta”, lanzó.

“En primer lugar, sitiaron la casa de la vicepresidenta; en segundo lugar, hubo mucha represión por parte de las fuerzas de seguridad porteña contra la gente que se manifestaba pacíficamente; y, en tercer lugar, se observó que había funcionarios de la seguridad porteña realizando espionaje fotográfico desde diferentes puntos del lugar”, señaló el legislador cristinista, en diálogo con Radio 10.

Además, fustigó que ese accionar policial se tomó como “una disputa entre Larreta, (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich para ver quién es más duro a la hora de reprimir”, y agregó: “Fue una acción de inteligencia poner dos volquetes con piedras. Hay filmaciones que demuestran que los llevaron temprano para provocar a la gente”.

“La Ciudad de Buenos Aires tiene una policía política que, en vez de garantizar el bienestar, es un instrumento de choque del macrismo”, expresó el oficialista y cuestionó que “la Ciudad es un Estado mafioso en vigencia con lo vivido en el país entre 2016-2019”.

Para cerrar, el senador se solidarizó con el diputado Máximo Kirchner, quien también fue enfrentado por la policía, y dijo: “Lo que hicieron con Máximo Kirchner es muy grave. Los policías le gritaban que ‘no tenía fueros’, y encima después lo reprimieron a golpes”.

Comenzó a circular fuerte en las últimas horas la palabra “indulto”. Una prerrogativa que le asiste al presidente de la Nación, que antes de asumir dijo que esa era una “rémora de las monarquías”.

“Los presidentes no están para perdonar a nadie”, decía por esos días Alberto Fernández, quien de todas formas no se ha caracterizado durante su gestión por ser fiel a sus conceptos vertidos en el pasado reciente.

Una figura muy ponderada en el oficialismo es nada menos que el exjuez de la Corte suprema Raúl Zaffaroni, quien mencionó abiertamente en las últimas horas la posibilidad de que Alberto Fernández deba recurrir a la figura del indulto si Cristina Kirchner es condenada.

Sin embargo nada indica que la vicepresidenta pueda llegar a desear esa posibilidad. Más bien lo contrario. Y lo certificó este miércoles por la noche cuando el senador Oscar Parrilli, tan cercano a ella, tuiteó: “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”.

Y como para que nadie dude qué es lo que quiere la expresidenta, ella lo retuiteó.

OscarParrilli: "Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia" pic.twitter.com/8hfd16HvBR

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) August 24, 2022

Sin la presencia de senadores de Juntos por el Cambio, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli, pasó a la firma un proyecto de comunicación en el que solicitan información al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, sobre la causa que se tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Un pequeño puñado de senadores de JxC asistieron a la primera parte de la reunión, pero se retiraron luego en el mismo momento que los funcionarios se fueron y, para la segunda parte del encuentro, el oficialismo quedó en soledad para el tratamiento de la iniciativa que presentaron los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag.

En primer lugar, la fueguina María Eugenia Duré tomó el micrófono para leer textual todo el requerimiento que plantea el proyecto, donde se solicita un informe de auditorías; el listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social y los contratos realizados con las mismas; los períodos de los titulares de la obra social, y el motivo de renuncia de su última titular, Melisa Solana; y si se tomaron medidas o se inició un sumario administrativo “ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando” y “que involucraría al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda”, de quien depende funcional y administrativamente la obra social.

Sapag resaltó “lo vergonzoso del tema” porque “no puede ser que un ministro de la Corte, que es la última instancia que tenemos la civilidad” esté “en tela de juicio y protegido por el resto de los miembros de la Corte”.

“Es el único poder que una vez elegido queda, es vitalicio, no tiene controles, y nosotros tenemos que llegar a esto para poder conocer alguna novedad sobre los delitos que están cometiendo los miembros de la Corte Suprema”, cuestionó.

En tanto, Parrilli cargó contra la oposición: “No me llama la atención de la ausencia de los senadores de Cambiemos. Hay coherencia en su actitud de no debatir sobre este tema; con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de la Corte de cuatro miembros, dos de ellos que aceptaron ser designados por decreto”.

“No estamos acusando a nadie de nada, sino que simplemente estamos haciendo un pedido de informes”, dijo sobre la iniciativa, y aseguró que “nos parece gravísimo que (miembros de la Corte) estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes”.

Con numerosas críticas al Máximo Tribunal -cuya composición el oficialismo pretende modificar-, el senador fustigó que “no cumplen las leyes, avasallan los poderes, dictan leyes arrogándose facultades que no tienen, y además impiden que se cumplan las acordadas que ellos mismos determinan para que los funcionarios de la justicia sean nombrados como corresponde”. Pero si además se encuentran sospechados, “lo menos que podemos hacer nosotros es preguntar”, defendió.

“Esperemos que la Corte nos responda una vez que esto sea llevado al recinto y aprobado como corresponde”, concluyó.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comandada por el kirchnerista Oscar Parrilli, pasó a la firma para su dictamen un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en relación a las sanciones disciplinarias aplicadas a las personas privadas de su libertad.

La iniciativa, que ingresó en abril del año pasado, modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

A esta propuesta se arribó por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso de Guillermo Lynn, que tramita ante la CIDH. Se trata de una petición contra la Argentina que fue presentada el 29 de diciembre del 2000, en relación con el procedimiento mediante el cual se impuso a Lynn una sanción disciplinaria y las consecuencias que de ello se sucedieron en el caso.

Al encuentro, que se realizó en el Salón Illia, asistió el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien sostuvo que “es de suma importancia poder estar tratando este tema puntual”. Recordó que cuando asumió su gestión se encontró con “muchas causas en ámbitos internacionales que estaban casi abandonadas, desestimadas por el Ejecutivo Nacional” y, a su vez, “dictámenes de la CIDH con el riesgo de ser elevados a juicio y que el Estado argentino sea condenado”.

Al mencionar la causa Lynn, el funcionario señaló que en ese caso “se demostró la arbitrariedad, la no escucha a una persona que había accedido al beneficio de la libertad condicional”. Y lamentó que “el Estado y las reparaciones llegan tarde”.

Pietragalla Corti informó que la CIDH dio una nueva prórroga hasta el 12 de agosto y para esa fecha hay que “mostrar un avance real” para que “no sea elevada esta causa, porque corremos el serio riesgo de ser condenados”, reiteró. “Una condena implicaría cambios más estructurales y que eso nos genere una situación compleja como la de tener que readecuar recursos económicos”, agregó.

A su turno, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, remarcó que este proyecto es la culminación de “una negociación que las partes mantuvieron a lo largo de 20 años”, y subrayó que en 2018 “la CIDH dio un informe de fondo declarando que la ley actual violaba” artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta reforma se trata de “adecuar la actual ley modificando todas las fallas que tenía en relación con el debido proceso”, indicó, al tiempo de que “las faltas medias y leves -no contempladas en la norma- sean abordadas con una especie de comité y se vehiculicen de otra forma que no sea la sanción, salvo que sea inevitable”.

“Se hace una reforma muy importante en cuanto a lo que es la etapa recursiva. Antes el recurso no impedía la aplicación de la falta, ahora el recurso suspende la aplicación de la falta hasta tanto un juez la revise y esto evita la discrecionalidad de la autoridad administrativa”, explicó sobre uno de los cambios.

Por su parte, Silvia Martínez, defensora pública interamericana y representante de la Defensoría General de la Nación, lamentó que “la víctima de este caso falleció esperando justicia. Esto siempre es grave”. “La petición se presentó en 2002 ante la CIDH luego de haber transitado todas las instancias judiciales de Argentina”, repasó.

Advirtió que “estamos a un paso de la condena” y “el Estado argentino solicitó una instancia de negociación para no pasar al juicio”. El paso “más importante” y “más difícil” es “la adecuación legislativa, la que estamos haciendo aquí”, consideró. “Adecuar las normas a los estándares que los organismos internacionales nos imponen siempre es un problema”, reforzó.

Sobre la iniciativa, Martínez dijo que “este es un proyecto de acuerdos que estamos dispuestos a cumplir” en el cual “la Defensoría cedió algunas pretensiones y el Estado cedió otras en materias normativas”. Sin embargo, “este proyecto mejora sensiblemente la ley vigente; es una reforma posible y buena”.

Pero reclamó que “no podemos darnos el lujo de extender esto, ya pasaron 20 años”. “Si antes del vencimiento de esta prórroga no tenemos un avance real en materia de adecuación normativa nuestra obligación institucional es pedirle a la Corte que el caso avance”, afirmó.

En su exposición, María Josefina Ignacio, comisionada en representación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aseguró que el proyecto es “de mucho interés para nosotros” ya que “incorpora principios generales y garantías en los procedimientos administrativos con el objetivo de que sean respetados los derechos de las personas privadas de su libertad”.

La expositora dijo a los senadores que se les iba a aportar un informe técnico con observaciones al proyecto realizado desde el Comité, al tiempo que destacó “la propuesta de la adopción de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para la resolución de casos que se enmarque en infracciones leves y medias”.

“Para nosotros estas experiencias constituyen estrategias eficaces para evitar la tortura y los malos tratos, y también resultan esenciales para evitar la proliferación de sanciones arbitrarias y la utilización de mecanismos que de por sí afectan la integridad personal de las personas privadas de la libertad, como es el aislamiento en buzones”.

Sobre ese punto, Ignacio señaló que “el confinamiento solitario” en esos lugares, a los que describió como “los más espantosos de la cárcel, son celdas muy pequeñas, sin luz, ni eléctrica, ni solar, sin agua, sucias, oscuras y alejadas de todo”, son “una práctica brutal que debe erradicarse”, al tiempo de “una práctica absolutamente obsoleta para resolver los conflictos”.

En cuanto a estos mecanismos que se prevén, la comisionada afirmó que hay “experiencias muy buenas que ya se están realizando en distintas jurisdicciones del país”, como en la cárcel de Batán, y también en unidades de Chaco, Chubut y Tucumán. A su vez, “en el Servicio Penitenciario Federal se lleva adelante el programa Mario Juliano”.

Para Ignacio, las herramientas contempladas en la reforma “son un camino para avanzar hacia un nuevo paradigma de política carcelaria más humana, más democrática y más respetuosa de los derechos humanos”.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT) se refirió al alegato del fiscal Diego Luciani en la causa denominada “Vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner y expresó: “Lo seguí en vivo, y puedo decir que es una fenomenal puesta en escena”. “Si algún director de cine lo estuvo viendo, puede contratar al fiscal porque es muy buen actor”, ironizó.

Entrevistado por El Destape Radio, el neuquino lanzó que “más que un fiscal era un columnista de TN y La Nación+; fíjate que hasta usó hasta las mismas palabras”, y además consideró que “claramente fue una actuación con la complicidad de los jueces del tribunal; además fue por zoom y no presencial como debió ser, para que pudiera leer el guión desde la casa”.

“Se preparó con tiempo para la actuación, armó todo esto. Fue darle títulos a Clarín y a La Nación, además Luciani es pichón de (Claudio) Bonadío, No aporta ni se basa en elementos de la causa, tampoco hay pericias y el fiscal las desprecia”, cuestionó el legislador cristinista. Y resaltó: “A CFK nunca se la nombró nadie, sólo Luciani la trajo al caso”.

El oficialista comparó la causa “con lo sucedido con Rafael Correa en Ecuador, cuando lo condenaron por influjo psicológico sobre los subordinados”, y añadió: “Luciani dice que trae gente de su confianza para formar el Gobierno. Chocolate por la noticia, ¿qué iba a traer a los enemigos?”.

Respecto a los detalles de la causa, Parrilli insistió que “hay una trama de jueces y fiscales ligados al macrismo, Clarín y La Nación”, y sostuvo: “No sabemos si es verdad la prueba del mensaje de texto que José López llevó, quien ahora es ‘testigo protegido’ porque negoció con (Mauricio) Macri lo que iba a decir y nunca se investigó el origen del dinero”.

Por otro lado, el senador dijo que “desde 2016 a 2019 hubo persecución judicial a dirigentes políticos”, y concluyó: “Hay relatos y grandilocuencias planeadas por Clarín y La Nación”.

En lo que representa una nueva escalada en la pelea del kirchnerismo contra la Corte Suprema de Justicia, dos senadores alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un pedido de informes dirigido al presidente del Tribunal Superior, Horacio Rosatti.

El pedido está suscripto por los senadores de Unidad Ciudadana Oscar Parrilli y Silvia Sapag, y está referido a presuntas irregularidades registradas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que investiga el juez federal Ariel Lijo y en las que aparece involucrado el integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda.

Los senadores kirchneristas piden a Rosatti que les remita una copia del informe efectuado conforme lo establecido en la Acordada 22/2021 en relación a la Auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, a cargo de la comisión creada a tal efecto.

Piden indicar si la Auditoría General de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades en dicha obra social, en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.

Asimismo requieren remitir un listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, como así también que les remita copias de los contratos vigentes con las emprsas prestatarias de servicios indicadas.

Parrilli y Sapag solicitan también indicar la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios de la obra social.

El expediente en cuestión investiga presuntas contrataciones irregulares que involucrarían de manera directa o indirecta al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas, Farmandat SA y Emergencia Médica Integral SA.

La causa se denomina “Tonón, Aldo y otros s/abuso de autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público (art. 248) y malversación de caudales públicos (art. 261)”.

Aldo Tonón es el actual director de la Obra Social del Poder Judicial y también está imputado el ministro Maqueda, por haber sido el juez a cargo de esa dependencia en el momento en que las licitaciones se llevaban a cabo.

El denunciante en esta causa es el sindicalista Agustín Bruera, al que el fiscal Carlos Stornelli pidió ratificar la presentación con precisiones, ante lo cual el gremialista aclaró que la suya no había sido una denuncia, sino “una recopilación de distintas noticias de medios de comunicación” con el fin de “mantener al tanto a nuestros afiliados de cómo venía la situación”.

Con todo, son las autoridades recientemente electas de SITRAJU RA las que se presentaron como querellantes en las causas en las que se investigan diferentes delitos vinculados a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

La secretaria general de SITRAJU RA, Marieta Urueña Russo, comentó sobre la presentación que “como autoridades recientemente electas y trabajadores del Poder Judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad”.  En este sentido, agregó que “acá no hay grieta, la obra social viene funcionando mal y nuestro principal objetivo es garantizar el derecho a la salud de los trabajadores. Nos presentamos como querellantes porque tenemos la obligación de cuidar los intereses de los trabajadores, accionar para que se investiguen las denuncias y dar respuesta a nuestros afiliados y afiliadas”.

Urueña Russo se presentó este lunes en Comodoro Py, acompañada por miembros de la Comisión Directiva, y a través de un video publicado en las redes sociales del sindicato señaló las problemáticas que vienen denunciando afiliados y afiliadas: “tenemos un grave problema con las prestaciones médicas, recibimos denuncias de compañeros y compañeras de distintas provincias que tienen serios inconvenientes para acceder a la cobertura de tratamientos fundamentales, como los requeridos por compañeros con cáncer. También tenemos denuncias registradas de tratamientos odontológicos interrumpidos, negación de cobertura o falta de profesionales que brinden atención”.

Durante la breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli expuso los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante. 

Ante los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador por Jujuy Guillermo Snopek (Frente de Todos), Parrilli dio detalles de su iniciativa y otra de su par bonaerense Juliana Di Tulio: “Las leyes que rigen actualmente datan del 2000-2002 aproximadamente y desde esa vez nunca se hizo una consulta popular”, y aseguró que “esto quiere decir que el mecanismo no funcionó. Evidentemente algún problema tenía esas leyes”, evaluó. 

En este sentido, Parrilli sostuvo que a través de la consulta popular “lo que se plantea es más democracia directa, más participación de la población”, por lo que con los proyectos “se busca hacer más ágiles, más dinámicos, los mecanismos para la participación del pueblo por medio de la consulta popular”. 

“No estamos siendo originales, ni creativos ni novedosos en este tema, sino lo que queremos es empezar a trabajar y que asumamos que las leyes actuales vigentes, como están vigentes no permiten que las iniciativas de consulta popular se puedan llevar adelante”, remarcó. 

Además, informó que por los proyectos en debate se intentará modificar permitir que el día de una elección se pueda concretar en forma paralela una consulta popular y que para su convocatoria solo se necesite una mayoría simple de legisladores “en vez de una mayoría absoluta”, como se requiere en la actualidad. 

Por último, dijo que la intención es que se pueda convocar a consulta popular por cualquier tema de interés “excepto en lo que respecta a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos y materia penal”. 

Tras su exposición, tomó la palabra la senadora radical mendocina Mariana Juri, para señalar que –a título personal- le parecía que “no era momento para tratar esos temas”, pero que sí le parecía bien escuchar a invitados. 

Y a continuación pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana entrante. 

El kirchnerista Oscar Parrilli no estaba anotado en la lista de oradores, pero se sumó con cinco minutos al final del bloque de senadores oficialistas que hablaron durante la sesión informativa que encabezó el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Y en esa ocasión aprovechó la oportunidad para disparar una vez más contra la Ciudad de Buenos Aires.

En relación a los subsidios al transporte, y luego que Manzur adelantara que se evalúa un aumento del 40% para el boleto de colectivos en Capital Federal, el senador cristinista señaló: “Los que somos del interior vemos como una tremenda injusticia que un boleto acá cueste un tercio de lo que cuesta en cualquier lugar del interior”.

Además, comparó que, a diferencia del interior, “acá está el subte, que lo hizo el Gobierno nacional, lo hicimos todos los argentinos; están los ferrocarriles, que lo hicimos con la plata todos los argentinos; una red de taxis; y líneas de colectivos subsidiadas con la plata de todos los argentinos”.

Por eso, el neuquino expresó: “Desde ya que estamos de acuerdo en hacer más justicia federal en Argentina”.

Y, sacando gráficos, indicó que la Ciudad recauda por impuestos propios “70 mil pesos por habitante”, lo que representa “casi cuatro veces” comparado a otras jurisdicciones.

Además, en el Presupuesto Nacional se le asigna al distrito porteño un 63% para salarios y servicios no personales; y un 30% para bienes de consumo, servicios y otros gastos corrientes.

“No solo tiene el mayor ingreso per cápita, producto de impuestos propios, sino que además todos los argentinos subsidiamos a la Ciudad”, resumió.

También, sugirió que “sería bueno que muchas licitaciones pudieran realizarse en las capitales alternas, beneficiando a los municipios de esas localidades” de modo de “empezar a federalizar la Ciudad de Buenos Aires”.

Y agregó que “con toda la plata que tiene la Ciudad en gastos superfluos” como “arreglo de veredas, Ecoparque, publicidad”, entre otros, “gasta la mitad que el total del presupuesto de La Matanza”.

Aprobado en la Cámara alta por 37 votos a favor y 31 en contra el pasado 12 de mayo, comenzarán a discutir esta semana en Diputados el proyecto para crear un fondo para pagarle al FMI con dólares fugados.

En efecto, es la Comisión de Legislación General, que preside Cecilia Moreau, la que ha sido convocada para este miércoles para comenzar a discutir el proyecto impulsado en la Cámara alta por el neuquino Oscar Parrilli.

El debate sobre el proyecto el cual se crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional arrancará con la presencia de especialistas que han sido invitados a exponer. Según el listado al que accedió parlamentario.com, visitarán la Comisión de Legislación General a partir de las 13.30 Eduardo Barcesat, Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Horacio Rovelli, Mercedes Dalessandro y Andrés Edelstein.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda -la otra que participará de este debate- no ha sido convocada para este miércoles, pero los diputados de la misma que lo deseen pueden asistir. Adelantaron también que ya convocarán a otra reunión informativa con Legislación General.

Puntos principales del proyecto

• El proyecto crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tendrá por objetivo la cancelación total de la deuda -actual y/o futura- con ese organismo internacional.
• La vigencia de este Fondo será hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin.
• Será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
• Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que posean tenencias de moneda nacional y/o extranjera; inmuebles; muebles; y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico, sin declarar.
• Los recursos del Fondo provendrán de lo recaudado por un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP.
• Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.
• Para el caso en que el sujeto declare y pague en forma espontánea y voluntaria, sin la intervención de la AFIP, dentro de los 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley se le aplicarán los beneficios, eximiciones y otras liberaciones dispuestos en los artículos 11°, 12° y 13° del blanqueo previsto en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal (N°27.613).
• En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
• Los beneficios previstos no eximen de las investigaciones por delitos preexistentes del lavado de activos, contrabando, terrorismo, narcotráfico, trata de persona u otros que puedan corresponder.
• La iniciativa contiene un capítulo referido a las “facultades” de la AFIP y la Unidad de Información Financiera, entre ellas la colaboración internacional a la que pueden recurrir para la detección de bienes sin declarar.
• El proyecto incluye un artículo que reza: “El Ministerio de Economía, antes de tomar nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago” a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa.
• El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Banco Central, la UIF, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “deberá una vez por año, comenzando dentro del año de entrada en vigencia de la ley, emitir un informe al Congreso de la Nación” que contenga, entre otros puntos, “todos los hallazgos y determinaciones hechas en la realización de la investigación requerida en la presente ley, detallando montos y actividades involucradas, y cualquier otro dato que se estime necesario”.
• Se incorpora la figura del colaborador: cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos.
• El objetivo del colaborador será el de cooperar con la AFIP para la detección o localización de bienes ocultos o no declarados y/o maniobras de evasión fiscal.
• El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación deberá crear un programa que defina los protocolos que garanticen el secreto, la seguridad, anonimato de los colaboradores y los correspondientes mecanismos de pago de la recompensa.
• El monto a partir del cual se considera como acreditada la información del colaborador no debe ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados.
• El colaborador deberá estar a disposición para declarar ante toda instancia, ya sea administrativa o judicial.
• La recompensa será del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.
• Se impondrá prisión de 1 a 6 años al colaborador que aportare información falsa; y de 6 meses a 2 años al colaborador que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.

Desde Colombia, a donde viajó para participar como veedor electoral, el senador kirchnerista Oscar Parrilli opinó sobre Juntos por el Cambio: “Yo no pienso que ellos van a llegar a volver al Gobierno, no tengo esa hipótesis”.

Consultado en radio El Destape por distintas reformas -como laboral o previsional- que desde la coalición opositora plantean de cara a 2023, el oficialista consideró que “están sacándose la careta”, ya que “en el año 2015 la campaña de (Mauricio) Macri fue todo lo contrario”.

“Había prometido que iba a bajar el impuesto a las Ganancias, que iba a mantener Fútbol para Todos, que iba a mejorar el salario, a haber más trabajo y más producción”, recordó y apuntó que “como la realidad marcó que eso no ocurrió, sino todo lo contrario, me parece que ahora están sacándose la careta y diciendo claramente qué intereses y qué propuestas expresan”.

Para el legislador, “mientras podamos garantizar que una democracia funcione, que no haya persecución ni utilización de los servicios de espionaje para persecución política, de la Justicia y los medios, está dentro de la democracia que cada uno exprese lo que quiere y lo que piensa”.

“Me parece bien que lo expresen. Hace que los ciudadanos puedan evaluar y decidir a quién apoyan y a quién no apoyan; lo peor sería el engaño”, completó.

En relación a las elecciones en Colombia, donde el candidato izquierdista Gustavo Petro se impuso con el 40% de los votos, pero igual deberá ir a balotaje contra Rodolfo Hernández Suárez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Parrilli opinó que “hay una nueva Colombia que está emergiendo”.

De un país con “mucha violencia, mucha inseguridad” y “una presencia muy grande del narcotráfico”, además de “mucha influencia de Estados Unidos y mucha presencia militar”, el senador observó que hay una Colombia “que quiere la paz, la vida, la inclusión social, que quiere más salud, más educación, que quiere más justicia”.

“Hay un nuevo renacer en América Latina que se había interrumpido a partir del 2013, 2014”, añadió.

La Cámara Federal de Casación anuló este jueves el procesamiento contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa en la que había sido procesada por el juez Claudio Bonadío -ya fallecido- por el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de muebles hacia la provincia de Santa Cruz, y le ordenó que se dicte un nuevo fallo.

El máximo tribunal penal hizo lugar a un planteo de la defensa de la expresidenta por la presunta falta de imparcialidad del juez Bonadío, que fue quien formuló la denuncia, se quedó con la investigación en lugar de promover el sorteo de otro magistrado para el trámite, y finalmente dispuso el procesamiento.

La resolución anulada, conocida como “Vuelos canillitas”, había sido emitida por la Cámara Federal porteña cuando decidió rechazar un planteo de la defensa de la exmandataria que reclamaba la nulidad de lo actuado por Bonadío, dado que el fallecido magistrado había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa de los cuadernos) y luego como instructor de la causa.

En la causa también había sido imputado el senador Oscar Parrilli, quien acompañó la recusación contra Bonadío y los cuestionamientos por su actuación como denunciante y juez de su propia denuncia.

“La pesquisa del presente expediente data de hechos que habrían sido cometidos entre 2003 y 2015 y fue iniciada tres años después de haber cesado la presunta comisión del delito, a instancias del propio magistrado recusado, que ordenó la extracción de testimonios en el marco de otro proceso a su cargo, originando de este modo la persecución penal”, señala el fallo, firmado por los jueces Alejandro Slokar y Carlos Mahiques.

La Cámara Federal había rechazado los planteos contra el origen y la instrucción de la causa, al tiempo que confirmó parcialmente el procesamiento contra la vicepresidenta.

La Casación consideró que “las circunstancias reseñadas dan cuenta, por un lado, del fundado temor de parcialidad respecto del entonces magistrado actuante, impedido desde siempre de haber intervenido en este expediente”.

Además, el fallo evaluó que ante los argumentos de la expresidenta y de Parrilli “se omitió dar adecuado tratamiento a la nulidad planteada en torno a la presunta afectación de la garantía del juez natural y de imparcialidad, motivada en la circunstancia de que la presente investigación estuviera a cargo del mismo juez que dispuso la extracción de testimonios que dio origen al proceso”.

El tercer juez del tribunal, Guillermo Yacobucci, se inclinó por rechazar el planteo de la vicepresidenta porque “no se dirige contra una sentencia definitiva”.

En noviembre de 2019, los jueces de la Sala 1 Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían confirmado de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre la expresidenta por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, pero le confirmaron el procesamiento por el supuesto traslado de muebles.

En el mismo fallo, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el senador Parrilli.

Tanto la expresidenta como su exfuncionario habían sido procesados por el fallecido Bonadío, acusados de haber cometido el delito de “peculado”, dado que el magistrado los responsabilizó por “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”.

“Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera senadora nacional o presidenta, en tanto que Oscar Parrilli era secretario general de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostenía la acusación en su contra.

También habían sido acusados de “haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”.

La causa de los “Vuelos canillitas” es uno de los procesos por los cuales el fallecido Bonadío había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019.

El senador kirchnerista Oscar Parrilli se refirió al proyecto de su autoría para crear un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de dólares fugados, que tuvo media sanción la semana pasada, y sostuvo: “Tenemos expectativas de que en Diputados pueda tener sanción”.

“Estamos muy satisfechos y contentos que se haya sancionado en Senado”, expresó y defendió que a través de esta iniciativa “vamos a empezar a poner un poquito de equidad, de justicia, no solamente distributiva, sino también fiscal”.

El legislador reveló que se contactó con el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y que el proyecto se comenzaría a tratar “esta semana o la que viene” en la Cámara baja.

En diálogo con radio Futurock, el neuquino señaló que Martínez le transmitió que “tiene el apoyo de todo el bloque” en torno al proyecto, al tiempo que “está expectante (del respaldo) de otros sectores que están de acuerdo en que la deuda la paguen los que se beneficiaron”.

Por otro lado, consultado sobre declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien afirmó que en los actos los militantes del Frente de Todos reclaman “ganen o mueran”, Parrilli respondió: “Yo no voy a polemizar con Gabriel. Sí decir que obviamente toda fuerza tiene la vocación de triunfar en las elecciones. Nosotros venimos de triunfar en 2019 y queremos volver a triunfar en 2023 para que el proyecto político siga adelante, y además para que no vuelva el neoliberalismo”.

“Nuestra gente nos pide que gestionemos para que no vuelva el neoliberalismo y que cause tanto daño como causó en estos cuatro años”, dijo este lunes en referencia al gobierno de Cambiemos. De todos modos, el senador cristinista rechazó opinar sobre las elecciones: “No me interesa hablar del tema electoral del año que viene, falta mucho todavía y no es por lo menos la preocupación que yo creo de nuestro pueblo”.

Y agregó que “falta mucho tiempo político y cronológico. No estoy preocupado por ese tema, me preocupa sí el día a día y la gestión del Gobierno para las respuestas a nuestro pueblo”.
Sobre la interna del oficialismo, Parrilli aseguró que “un debate acerca de distintas medidas de Gobierno en modo alguno ha puesto en riesgo la unidad del Frente de Todos”.

En otro tramo de la entrevista, el legislador se mostró a favor del proyecto para crear el salario básico universal, impulsado por un grupo de diputados oficialistas, pero sugirió “buscarle obligaciones” o una “contraprestación”.

El senador kirchnerista Oscar Parrilli defendió en la sesión de este jueves el proyecto de su autoría para crear un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI con dólares no declarados en el exterior y sostuvo: “El objetivo nuestro es sacarnos de encima al Fondo y buscamos la plata en los evasores que la tienen afuera”.

Hablándole a sus pares de la oposición, que cuestionaron la iniciativa, les advirtió que “si llegan a poder gobernar en 2023 van a tener que pagar 20 mil millones de dólares por año”. “¿Ustedes piensan que lo van a poder pagar? Si no empezamos a buscar soluciones, en 2023 puede ganar quien fuere la elección, pero el país va a explotar”, lanzó.

El neuquino opinó que algunos de los legisladores de Juntos por el Cambio se oponen “porque tienen dudas, consideran que no es un buen proyecto”, pero “otros porque defienden a los evasores”, apuntó.

En su extenso discurso, el oficialista rechazó que el proyecto sea de “un sector” de su interbloque o “una cuestión interna”. Tras reconocer que en su bancada existieron “diferencias respecto al acuerdo que firmó nuestro Gobierno contra esa mochila pesada y tremenda que nos dejó el macrismo”, aclaró que: “En lo que todos nosotros, el Frente de Todos, de Alberto Fernández para abajo, todos, hasta el último militante, no queremos es que nos gobierne el Fondo”.

Al recordar la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri y el programa de pagos que se había acordado con el FMI, Parrilli preguntó si “algún integrante de Juntos por el Cambio puede decir que esto fue serio, fue responsable, fue estudiado”. “Estaban enamorados de Christine Lagarde, por eso hicieron esto”, reprochó.

Mostrando cuadros, el senador explicó que Argentina tiene por delante unos “primeros años livianos” en cuanto a pagos, pero a partir de 2025, “si sumamos la deuda privada” se tendrán que pagar 12 mil millones de dólares y cada año se irán incrementando. “Esto es imposible, esto la Argentina no lo puede aguantar”, enfatizó.

Sobre su iniciativa, aseguró que “está claro que la intención no es recaudar, no es crear impuestos, para nada”, sino “sacarle de encima los pagos de la deuda” a los argentinos, porque cumplir con estos compromisos representará contar “con menos gasa en los hospitales, con menos tizas en las escuelas, con menos netbooks, con menos turistas en el exterior”.

Al señalar que “la fuga es un problema”, admitió que durante los gobiernos kirchneristas hubo fuga, pero “durante los 12 años se fugaron 84 mil millones. Ahora, en 4 años (de macrismo) fueron 82 mil millones”.

En una crítica a su propio Gobierno, el legislador cristinista precisó que de los 30 mil millones de dólares que hubo de ganancias en los últimos dos años se fueron 29 mil, pero “no se fugó”, sino que fue a distintos pagos y a “deuda financiera de las empresas privadas” y “compras particulares en el mercado minorista”, entre otros.

“No estoy contento. Me hubiera gustado que el Banco Central tomara algunas medidas para evitar esto. Claramente esto fue con el superávit comercial que tuvimos y estos fueron dólares que perdimos. Si hubiera existido alguna política a lo mejor hoy tendríamos más dólares en el Banco Central y estaríamos más tranquilos”, expresó, y sumó: “Pero esto no es formación de activos en el exterior, esto es otra cosa”.

Volviendo al FMI, Parrilli resaltó que “por ahora le estamos pagando intereses” pero “en algún momento vamos a tener que empezar a pagarle los dólares al Fondo”.

También defendió la creación de la figura del colaborador al indicar que en Estados Unidos “hay una ley que ellos lo llaman el denunciante” que “es de 2019, de Donald Trump, y que la empezó a aplicar (Joe) Biden. En 2020 lograron ubicar en el exterior dinero no declarado por 6.050 millones de dólares y hubo recompensas por 1.000 millones de dólares”.

En cuanto a la fuga, el neuquino dijo que no quería “ser injusto” y “culpar a todo Cambiemos, pero sin dudas hay funcionarios de Cambiemos que son responsables de esto”.

Sobre quienes tildan al proyecto como “Ley Muñoz”, en alusión a Daniel Muñoz, respondió: “Falleció, está la causa penal. Pero, ¿se olvidan de Gianfranco Macri? Gianfranco Macri blanqueó 37 millones de dólares en negro, que había ganado durante la gestión nuestra, no se sabe de qué, si fue de corrupción, de lavado de dinero, de trata de blancas, nadie sabe. La causa causa está en la Corte Suprema y hace dos años que está paralizada porque la Corte no la trata”.

Inmediatamente después del caótico inicio de la sesión del Senado, signado por el episodio de la banca de la senadora Clara Vega se desató una polémica de tono mucho más áspero que arrancó con la intervención del senador Luis Juez, quien aprovechó para traer al recinto el episodio de la banca en el Consejo de la Magistratura que el oficialismo le quitó.

Comenzó a hablar atribuyendo lo sucedido a la falta de cumplimiento de las reglas. Pero como la presidenta provisional del Cuerpo insistía en que aclarara a quién estaba dirigida su cuestión de privilegio, el cordobés le contestó de manera poco contemplativa: “No me apure, señora presidenta, porque está teniendo dificultades para conducir esta sesión”.

“No, no tengo ninguna dificultad”, lo interrumpió Claudia Ledesma Abdala, que a renglón seguido le dijo que era “una falta de respeto” hacia su persona la suya. “Porque la presidenta soy yo, y yo soy la que tengo que poner orden… Usted no me va a venir a marcar a mí el timing, ¿entiende?”, replicó enojada.

Juez insistió en que él trataba de plantear una cuestión de privilegio y ella no debía interrumpirlo, pero la presidenta provisional insistió en preguntarle cuál era la cuestión de privilegio y contra quién. “Permítame que termine de hacerla para que usted pueda darle el giro que corresponde”, expresó el senador de Juntos por el Cambio, para agregar luego: “Le decía, presidenta, que esto pasa cuando se rompen las reglas de juego, y esto es lo que ha pasado”.

Luego de que Luis Naidenoff interviniera pidiéndole ordenar la sesión, molesta, Ledesma Abdala insistió: “Está faltando el respeto primero a una mujer”, para insistir sobre Juez: “Que por lo menos sea un poquito hombre y diga ‘disculpe’, nada más”.

Luis Juez pasó por alto esa sugerencia y completó su planteo: “Presidenta, le decía que había entendido que el momento de formular la cuestión de privilegio era en otro momento, cuando estuviera la presidenta del Cuerpo a cargo. Permítame redondear la idea, que tiene que ver con la destrucción de las reglas de juego. Cuando se destruyen las reglas de juego, se impone el vale todo y los compromisos que se asumen se despedazan, pasan estas cuestiones… Pareciera que estamos habilitados para hacer cualquier cosa: faltarnos el respeto, decir cualquier locura. Esto sucede cuando se toman decisiones absolutamente arbitrarias solamente pensando en la cuestión personal, se habilita el vale todo”. Y concluyó afirmando que su cuestión de privilegio era contra lo que había hecho el oficialismo con su banca en el Consejo de la Magistratura, que atribuyó a “una maniobra estafatoria (SIC), defraudatoria de la fe, la confianza y los compromisos asumidos”.

Todos contra Juez

No se quedó callado el jefe del interbloque FdT, José Mayans, que presentó una cuestión de privilegio contra el senador Juez, pidiendo que el Cuerpo analice el comportamiento del cordobés, fundamentalmente “lo que ha dicho en los canales de televisión sobre nosotros. ‘Sinvergüenzas, delincuentes’, lo que ha dicho de la presidenta (Cristina Kirchner); es un senador de la Nación, no puede decirnos estas cosas… Por lo menos tiene que pedir disculpas”.

Insistió luego en que “son declaraciones irrespetuosas hacia los miembros. Quiero que la Comisión de Asuntos Constitucionales analice lo que ha dicho el senador Juez de nosotros, los legisladores del interbloque y de la presidenta. Le correspondería una sanción por referirse en forma baja a la presidenta y a nosotros. Utiliza los medios de comunicación, para él vale todo… vamos a acercar las cosas que ha dicho en los canales, y si es una persona de bien que pida disculpas”.

En el mismo sentido se expresó más tarde el senador Oscar Parrilli, que había concurrido preparado con los dichos del senador cordobés en los canales de televisión. “El senador por Córdoba que se había autopropuesto como integrante del Consejo de la Magistratura dijo: ‘Los delincuentes aprovechan la nocturnidad; es una maniobra que desnuda con naturalidad absoluta el pánico que Cristina Kirchner le tiene a la justicia’ (…) Más adleante dijo que ‘vamos pelear a morir, porque no vamos a dejar que le arrebaten a la democracia con una maniobra torpe y absurda lo que le corresponde a la oposición’”.

“Después dijo ‘de lo que es capaz el bloque del kirchnerismo para garantizarle a Cristina impunidad e inmunidad, e insistió en que a la vicepresidenta solamente le preocupan sus cuestiones judiciales”, detalló, para continuar señalando que Juez había hablado también de “un Gobierno de delincuentes, que no tiene límites, no existe la República, no existen la República ni las instituciones. Eso pone en evidencia el pánico que tiene una mujer de afrontar el día de mañana a la justicia”.

“Esta cuestión de privilegio la quiero plantear para que la comisión pida a todos los canales de televisión las declaraciones que anduvo diciendo que demuestran la absoluta falta de respeto, porque ese hombre pertenece a una fuerza política que obligó a una jueza a decir que el mandato de Cristina en 2015 vencía 12 horas antes; esa misma jueza dijo que nunca la habían apretado tanto como en esa oportunidad”, agregó Parrilli, para recordar luego entre otras cosas cuando el Gobierno de Cambiemos designó a dos miembros de la Corte por decreto, y hasta sostuvo que Juez como embajador en un país extranjero “trató de ‘mugrientos’ a los habitantes de ese país”.

Cerró la cuestión Luis Naidenoff, que si bien ya no es presidente del interbloque JxC actuó como tal al plantear una cuestión de privilegio contra el oficialismo al puntualizar que “nuestra Constitución contempla dos inmunidades: la de opinión y la de arresto. Las consideraciones políticas que formule el senador Juez, corresponden al senador”.

“Resulta que algunos senadores están asustados por las consideraciones políticas que formula en los medios”, observó el formoseño, que a continuación leyó el artículo 68° de la Constitución, que dice: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

Así las cosas, y tras recordar cuando el año pasado en pintadas en su provincia que tenían el sello de la gobernación lo responsabilizaban a él por las muertes por Covid, él respetó la libertad de opinión, le pidió al oficialismo “respetar la libertad de opinión. A este bloque nadie lo va a silenciar. Les puede gustar o no, pero las opiniones deben ser respetadas”. Y advirtió que lo que estaban haciendo era “una extorsión velada. Las opiniones del señor Juez se deben respetar, por más que no nos gusten”.

La Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, que preside el sanjuanino José Rubén Uñac (Frente Nacional y Popular) se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia para tratar un proyecto de ley, uno de comunicación y cinco de declaración.

En primer lugar se trató el proyecto de ley del senador neuquino Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) y otros, sobre la modificación de la denominación y del objeto social de Integración Energética Argentina SA.

El senador Parrilli explicó que “este proyecto ratifica que la denominación del nombre es Enarsa, algo ya resuelto en asamblea de autoridades pero que quede con fuerza de ley. En segundo lugar lo que planteo es la intangibilidad de los bienes de Enarsa. También que pueda ser una empresa que se dedique a la producción, exploración y explotación de litio”.

“No pretendo que se firme hoy dictamen pero sí que se inicie el debate para tener antes de fin de año a esta empresa que se dedique a estas cosas tan importante”, expresó el senador neuquino.

El catamarqueño Flavio Fama (UCR) sostuvo que “el proyecto va a cuestiones sustanciosas y de fondo, se propone crear una súper empresa de energía nacional. Me preocupa si se ha consultado esto a los gobernadores, porque los recursos van a salir de las provincias”.

A su vez, la senadora por Neuquén Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) manifestó que “la planificación estratégica de la política energética a nivel nacional requiere de una coordinación y no de proyectos aislados”.

En tanto, la senadora Gladys González (Frente Pro) propuso que venga el secretario de Energía concurra a la comisión “para ver si cree que este proyecto va a generar la certidumbre que necesitamos para que haya una política energética que garantice soberanía energética, accesibilidad y el plan de transición energética”.

A su turno, la neuquina Silvia Sapag (FdT) se manifestó de acuerdo con el proyecto, “porque es importante tener una empresa estatal que atienda todas las situaciones energéticas del país, en especial las energías producidas a través de nuevas tecnologías”.

Luego se trató el proyecto de comunicación de la senadora por Santa Cruz Ana María Ianni (Unidad Ciudadana), que solicita avanzar con las obras de la infraestructura del gasoducto de la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

Por último, se pusieron a consideración tres proyectos de declaración de la senadora Ianni: el que expresa beneplácito por la conmemoración del 76º aniversario del “Día nacional del gas”, el pasado 5 de marzo;  el que expresa beneplácito por el 100º aniversario de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el 3 de junio de 2022 y el que adhiere a la conmemoración del “Día de la Minería”, a celebrarse el 7 de mayo de 2022.

El proyecto de declaración de la senadora por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) declara de interés el proyecto “Eficiencia energética en viviendas sociales de la provincia de Jujuy”, que obtuviera el primer puesto en los “Premios Latinoamérica Verde”  y el del senador por Chubut Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana) que declara de interés el primer “Foro de Energía de Futuro” que se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, en el mes de junio del 2022.

Las autoridades de la Cámara alta convocaron para este jueves a las 14 a una sesión especial para 28 proyectos, entre los cuales se destaca el impulsado por el senador nacional Oscar Parrilli por el cual se crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto tuvo dictamen el pasado 20 de abril y prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados.

Ese será el tema que consumirá la mayor parte del debate y los principales cruces entre oficialismo y oposición, pues por lo demás se ha incluido en el temario una serie de temas que no ameritarán controversias, como la aprobación de una serie de acuerdos internacionales; designación de cónsules honorarios, y una veintena de proyectos de declaración presentados por legisladores de todos los bloques.

La convocatoria suscripta por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, por cuanto la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a España. Como el jueves el mandatario andará por Alemania, la sesión será presidida por la senadora santiagueña entonces.

DPP-38-22

La Cámara de Senadores suspendió la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda que iba a tratar este jueves a las 11 el proyecto de levantamiento del secreto bancario.

Se trata de una iniciativa del influyente senador Oscar Parrilli que modifica la Ley 21.526 de entidades financieras, actualizando y modificando las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La medida se adoptó por la ausencia de algunos miembros del oficialismo y se realizaría la próxima semana.

Recordemos que se trata de un proyecto complementario del que busca pagarle al Fondo Monetario Internacional con plata fugada por los argentinos al exterior, que sería dictaminado la semana que viene. Si bien el autor de la norma había mencionado el martes pasado que el proyecto sería puesto a consideración este jueves, la decisión cambió cuando advirtieron que podría estar en riesgo el quórum.

Este proyecto levanta el secreto bancario, fiscal y bursátil, a través de lo cual los fiscales a cargo de la investigación del dinero fugado no necesitarían esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.

En medio de las tensiones dentro del Frente de Todos, el senador cristinista Oscar Parrilli exige que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, hombre del riñón del presidente Alberto Fernández, asista a la Cámara alta.

El pedido fue presentado ante el presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac, y reclama que el funcionario venga a dar explicaciones por la demora en la licitación de la represa Chihuido I, en Neuquén.

Se trata de una de las obras vinculadas a China, que estima la construcción de una represa sobre el Río Neuquén, en el marco del Plan Energético Nacional.

En la nota, el senador señaló que “han pasado más de siete años desde la decisión de avanzar con la obra y a la fecha se desconoce el estado. Primero durante el gobierno de (Mauricio) Macri, por desinterés o inacción se ha paralizado y, a la fecha, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la Secretaría de Energía, manifiestan que ya se ha dictaminado en forma favorable la financiación del proyecto en base la propuesta del gobierno alemán y que la decisión final recaería en la Secretaría de Asuntos Estratégicos”.

“Considerando la vital importancia para la provincia de Neuquén y para el país del desarrollo de la presente obra se solicita que proceda a invitar al Dr. Gustavo Beliz, en su carácter de secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, para que informe sobre el estado administrativo de la licitación por la obra mencionada e indique plan de acción a seguir y los plazos posibles para el inicio del proyecto”, agregó Parrilli.

En medio de las críticas del kirchnerismo hacia la Corte Suprema de Justicia, reavivadas por la controversia en torno al Consejo de la Magistratura, y por impulso del oficialismo, arrancó este miércoles en el Senado el debate sobre la ampliación del máximo tribunal, con cuatro proyectos sobre la mesa.
En una reunión que duró un poco menos de dos horas, comenzó la discusión en un primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, respectivamente.

En primer lugar hablaron los autores de las iniciativas: Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). También se sumó con una nueva propuesta la neuquina Silvia Sapag (UC).

Al finalizar el encuentro Snopek informó que la discusión se retomará el próximo miércoles a las 12 y que en estos días “se coordinará entre los bloques a quienes propondrán para que vengan a exponer”.

Con un proyecto recientemente presentado, la primera oradora fue Silvia Sapag. La senadora, que propone un máximo tribunal compuesto por 15 magistrados, resaltó que la modificación no solo tienen que ver con la cantidad, sino con “las calidades de los miembros de la Corte”, de modo que cuenten con “idoneidad moral, profesional, técnica y en derechos humanos”.

La kirchnerista aseguró que su iniciativa busca que los cortesanos “sean personas en igualdad ante la ley, que deben pagar sus impuestos como lo hacemos todas las personas”; y también, en las audiencias previas a ser designados, deberán “exponer para su elección toda su vida profesional y comercial, como cuáles son sus empresas o qué clientes tienen en sus estudios jurídicos”. En sintonía con otro de los proyectos presentados, establece cinco regiones para garantizar la representación federal.

Por su parte, Clara Vega recordó que su propuesta la presentó cuando renunció a la Corte Elena Highton de Nolasco, a quien destacó por su labor al igual que Carmen Argibay. “Pedimos que en la Corte, sean los integrantes del número que se decida, las mujeres integren en paridad este organismo”, expresó la riojana sobre su proyecto relacionado al cupo femenino.

En tercer lugar tomó la palabra Adolfo Rodríguez Saá, quien resaltó que se trata de “la reiteración de proyectos que he presentado con anterioridad, el mismo texto, los mismos fundamentos”. Al precisar que el primer proyecto lo presentó en 2016 y esta es la cuarta vez, el puntano argumentó que “no es una cuestión temporal, no es un capricho, no es la cosa que dicen que es para favorecer a un Gobierno”.
En su intervención, el senador oficialista recordó que incluso lo propuso “cuando tratamos los pliegos de (Carlos) Rosenkranzt y (Horacio) Rosatti”. “No es solamente el número, es la paridad de género, la representación federal y la especialización en los temas”, aseveró.

“Solamente en Argentina y en Uruguay tiene 5 miembros” el máximo tribunal, señaló y detalló que en otros países “tienen muchos o muchísimos más miembros: Estados Unidos 9; Brasil 11; Colombia 23; Chile 21; Francia 120; España 80; Italia 15; Suecia 16; Noruega 18; Canadá 9; México 11; Japón 15; Alemania 16; Reino Unido 12; Suiza 30; Australia 7; Bélgica 12; Corea 12 y Finlandia 20”, enumeró.

Para el legislador, “discutir el número no tiene que ver con politiquería, sino con una estrategia de qué país queremos tener”. Y reveló que durante una conversación que tuvo con Mauricio Macri, cuando éste estaba al frente del Gobierno, el expresidente le dijo que “no tenía inconveniente, que resolviéramos el Parlamento”.

“No es una cuestión para beneficiar a un Gobierno, ni una grieta”, reiteró Rodríguez Saá, que afirmó “la finalidad es mucho más elevada” y pidió tratar el tema “con jerarquía”. “Tenemos que encontrar el mejor proyecto y seguro lo vamos a ir enriqueciendo. Dios quiera que la oposición participe, aporte, contribuya, a que no sea un proyecto de un sector sino de todos”, completó.

A su turno, Alberto Weretilneck manifestó: “Este proyecto que presentamos es un humilde aporte a uno de los temas importantes, trascendentes, que tienen que ver con la institucionalidad, con el futuro y uno de los pilares sobre los cuales Argentina necesita para construirse hacia adelante. Todo lo que sea susceptible de modificar, cambiar, de incorporar o de otro punto de vista estamos a total disposición”.

En ese sentido, remarcó que los puntos centrales son la paridad de género, el federalismo que “tiene que ver mucho con la historia” y el tercer aspecto sobre “si estos cambios van a significar un mejor servicio de justicia, porque definir un número sin definir la estructura y el funcionamiento de la Corte es agravar la situación actual”.

Además, el rionegrino criticó a quienes expresaron durante la semana que “hay temas más importantes para resolverle los problemas a los argentinos”. “El momento es el oportuno, solamente aquellos que defienden la situación vigente buscan excusas”, apuntó el senador aliado del oficialismo.
Respecto al actual funcionamiento de la Corte, consideró que “cuanto menos jueces es mejor coordinar los fallos e ideas; pero cuanto mayor cantidad de jueces, mayor democracia”, e informó que por año el promedio de fallos de la Corte oscila entre 7.400 y 7.800, aunque criticó que “no se sabe la cantidad de expedientes que hay en trámite”.

“Estas Cortes se interesan solamente en temas centrales nada más, son unitaristas. Deben tener una mirada federal”, cerró el rionegrino.

En una breve intervención, la senadora María Inés Pilatti Vergara enfatizó que “en 1853 y 1860 con dos millones de habitantes en el país se preveía una Corte de 5 y 9 miembros”. “Hoy somos 45 millones de habitantes y seguimos con una composición para dos millones de argentinos”, señaló y opinó que “es una obviedad que se necesita, entre otras tantas cosas, actualizar el número de los integrantes en razón de la manera en que creció la población, ergo, los justiciables en la República Argentina”.

En representación de Juntos por el Cambio, que no tuvo demasiada presencia durante la reunión, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sostuvo que “el tema del número no es la solución para la Corte Suprema, podría andar con 5 o con 9”, y se refirió a la paridad de género que mencionan los proyectos presentados y recordó que “la paridad viene de dos” por lo que “cuando los miembros son impares es difícil mantener la paridad”.

Respecto a la perspectiva de género contextualizó que “es una perspectiva de diversidad porque no es la única y no debe ser la única, mi perspectiva de la diversidad es personalista creo en la diversidad en que cada persona es única e irrepetible”, por lo tanto, consideró que “no me basta una Corte por una cualidad simplemente porque es un reduccionismo. Me parece importante que, si se trata específicamente las leyes de estos temas, el tema de perspectiva de género, respeten otras perspectivas más, es importante porque sino me siento excluida que no se da lugar”.

Sobre el federalismo sostuvo: “Proponen cinco regiones”, y preguntó: “¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con la provincia de Buenos Aires? ¿A dónde va a estar esa representación de la Corte Suprema?”, y cerró: “Creo que es un proyecto no muy oportuno de muy difícil aplicación”.

A su turno, la tucumana Beatriz Ávila apuntó: “La decisión de la integración es un tema que tiene que ser acordado con una gran mayoría y está puesto en la Constitución Nacional que se necesitan los dos tercios. Por eso cuando hay un espacio político que quiere ampliar los miembros de la Corte es necesario el consenso, es necesario escuchar a todas las voces”.

“Si no escuchamos las voces y tenemos el consenso, acá hay otro interés que no es tener una Corte eficiente. Déjenme dudar de que quieren avanzar sobre la independencia del Poder Judicial. Aumentar los miembros de la Corte en un contexto social y político, es dejar de lado dónde estamos viviendo”, expresó la secretaria de la Comisión de Justicia.

En tanto remarcó que “es necesario poner sobre valor esta temática. Lo autores de estos proyectos tienen muy buena voluntad o están muy bien convencidos de aumentar los números, pero no hay que perder el contexto delicado en lo social”, y solicitó: “Tratemos otros temas también, ¿qué nos está diciendo la ciudadanía? ‘en el Senado están tratando temas que solo les interesan a los políticos’. Debemos poner en agenda temas que estaban en extraordinarias y no se trataron”, porque “solo tenemos una agenda judicial”.

Y cerró: “Estamos en una córnica de tiempo perdido. Modificar de ante mano el tema sin tener consensos es ir sobre el saco roto”.

En el arranque del debate en el Senado sobre los proyectos de ley que proponen ampliar la composición de la Corte Suprema de Justicia, el senador cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez criticó que “es absolutamente inoportuno” y habló de “hipocresía”, por lo que el senador kirchnerista Oscar Parrilli le salió al cruce.

“Hace una semana nosotros destruimos todos los compromisos y acuerdos que habíamos suscripto”, comenzó el legislador, en referencia a la división del bloque oficialista que le quitó la posibilidad de poder ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura como miembro del bloque Pro.

En esa línea, cuestionó que en menos de una semana se convoque para “buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte”. “Tengo un montón de defectos, pero el que no cultivo es la hipocresía y el cinismo”, lanzó y se preguntó: “¿En serio estamos en condiciones de llevar adelante semejante discusión?”.

“Vamos a sentarnos acá a discutir qué Corte queremos, llenarnos la boca hablando de federalismo, cuando no hemos podido sostener nuestros propios compromisos”, insistió el opositor y dijo que le parecía “un acto de hipocresía absolutamente insostenible”.

Juez aclaró que su planteo no lo hacía desde “el punto de vista de haber sido un senador afectado”, por lo del Consejo, sino que observó que “todavía no hemos podido cubrir la vacante de (Elena) Highton de Nolasco y estamos hablando de cómo vamos a construir la próxima Corte”.

Luego fue el turno de Parrilli, que salió directamente a contestarle: “Acá no se ha roto ninguna palabra, por lo menos nosotros no hemos roto ninguna palabra. Uno podrá estar de acuerdo o no con las actividades que hace un bloque o no”.

“Usted dice ‘no soy hipócrita, ustedes son hipócritas’, me parece que se ha excedido en eso”, apuntó y continuó: “Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes a las que ustedes tienen. Yo no soy hipócrita y creo que ninguno de mis compañeros sean hipócrita. Así que le pido que retire esa expresión de que somos hipócritas, en aras del buen funcionamiento y el respeto que nos debemos”.
A los gritos, sin que se le habilite nuevamente la palabra, Juez gritaba que él no los había llamado “hipócritas” y le lanzó a Parrilli: “Usted se pone en ese lugar”. “Deje de hacerse el vivo, se hace el vivo”, devolvió el legislador kirchnerista.

Una vez que Juez se calló, el neuquino cerró: “Si no lo dijo, está bien, me parece muy bien. Yo lo escuché”.
Y cambió de tono: “Estamos simplemente debatiendo, iniciando el debate, no es nuestra intención emitir despacho hoy”.

El oficialista aseguró que este es “un tema que es crucial para los argentinos”, pues la Corte “debe tener 30, 40 mil fallos (pendientes) de lo que dependen la situación de muchos argentinos”.
“No es casual que hoy la Corte tenga el desprestigio que tiene, no solo por los fallos políticos que hace, sino porque no imparte justicia”, completó.

Con el objetivo de mostrar respaldo político al proyecto que propone pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, el interbloque del Frente de Todos en el Senado recibió este jueves a representantes de los partidos políticos que integran la coalición gobernante.

La reunión se realizó este jueves, en el Salón Azul, luego que la iniciativa tuviera dictamen en las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda este miércoles.

El encuentro tuvo un formato similar al que se hizo el pasado 6 de abril con referentes sindicalistas.

Tras la apertura de José Mayans habló el autor del proyecto, el senador cristinista Oscar Parrilli, y se pasó a dar la palabra a los invitados.

Por el Partido Comunista habló Jorge Alberto Kreynes, quien aseguró: “Vamos a militar esta ley porque creemos que es muy importante, trata un problema central para la economía nacional, para los derechos de nuestro pueblo y también para la defensa de nuestra soberanía como país”. Y consideró que la iniciativa podría tener incluso “alcance regional y más allá de la región” ya que “la persecución de la fuga y las guaridas fiscales es un tema global”.

A su turno, Claudio Lozano, de Unidad Popular, apuntó que “los 400 mil millones de dólares que hay en el exterior son la mercancía más importante que la Argentina ha exportado en los últimos 50 años”, en el marco “de una asociación directa entre la deuda y la fuga”, deuda que tuvo tres momentos centrales durante la dictadura, el menemismo y el macrismo, señaló.

Para el exlegislador, el proyecto “pone el foco donde tiene que estar, como es en sacarnos de encima el collar que nos pone el Fondo” Monetario Internacional, que criticó le otorgó el crédito al gobierno anterior no solo “para sostener a (Mauricio) Macri, sino para controlar a Argentina y su futuro”.

Lozano, que cargó duro contra el accionar del Fondo al otorgar el préstamo, agregó que la iniciativa del oficialismo “pone la presión tributaria donde tiene que estar”; al tiempo que reclamó que esta ley tiene que ir de la mano de “la decisión de no detener todo lo que hay que investigar” sobre la fuga. Sobre este punto, insistió con “darle manija a las investigaciones judiciales, políticas, y la presentación a nivel internacional”.

En nombre del PJ asistió la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, quien sostuvo: “Nuestro Partido Justicialista tiene banderas históricas, que son las banderas indudablemente de justicia social, soberanía política, independencia económica. En esas banderas, este proyecto que se presenta es un proyecto absolutamente pertinente, oportuno y preciso en nuestra identidad histórica y en nuestro sentido de existir”.

La exdiputada cuestionó a la gestión anterior y fustigó que “tuvimos una pandemia económica que se llamó Mauricio Macri”. “Es bueno poner responsables”, opinó y celebró que el Gobierno haya presentado “la querella para que se haga la investigación que se tiene que hacer”.

Desde el Partido Solidario, Juan Carlos Junio llamó a “la unión de los parlamentarios del Gobierno nacional alrededor de iniciativas que interpelen al pueblo”, como consideró es ésta, que “va al corazón del poder económico, al corazón del poder político, al corazón del poder cultural-mediático, por lo tanto es un proyecto valioso y valiente”.

Por Compromiso Federal, Alejandro Mosquera enfatizó que “crédito y fuga fueron parte del mismo objetivo”, por lo cual este proyecto “pone el foco adecuadamente”. “La contracara es que las políticas del FMI, el endeudamiento, siempre han servido para el mismo objetivo”, observó, y mencionó la intención del FMI de “impulsar políticas de ajuste”, las cuales el Frente de Todos tiene que “estar en contra” y dar “una pelea por recuperar soberanía”.

“Las deudas se pagan, las estafas no. Esto ha sido una verdadera estafa al Estado argentino”, subrayó Elena Hanono, del Partido del Trabajo y del Pueblo, quien criticó a la “pandemia macrista” que “endeudó al pueblo en una cantidad exorbitante” y “nos ha dejado en una situación muy frágil como país”. “Hay que enfrentar esa deuda, investigarla y pagar lo que corresponde y lo que no corresponde no hay que pagarlo”, remarcó, al tiempo que se comprometió “trabajar este proyecto, vamos a apoyarlo”.

Por su parte, Pablo Mirolo, del Frente Renovador, celebró estar reunidos todos los representantes de la coalición oficialista y dijo que es “una oportunidad para que de una vez por todas el Frente de Todos se institucionalice”. “Establezcamos cuatro, cinco o diez políticas que necesita nuestro país. Una hoja de ruta que le pueda dar al presidente, a la vicepresidenta y, por supuesto, al presidente de la Cámara de Diputados, hacia dónde tiene que ir la Argentina”, propuso.

Finalmente, el intendente de Ensenada y referente del Frente Grande, Mario Secco, lanzó que “hoy estamos hablando de la deuda que nos generó Macri y su pandilla”, pero según una encuesta “la gente, la sociedad, no se da cuenta que le echaba la culpa a Alberto”. Criticó entonces “el poder mediático que tiene el liberalismo en el país” que “le hacía creer a la gente que gran parte de la deuda la había hecho Alberto”.

En su discurso, celebró que “el pueblo argentino se está poniendo de pie” y está reclamando “que la paguen los chantas que se la fugaron”. “Esta iniciativa no se va a poder guardar, no se va a poder esconder”, añadió y advirtió: “Todos tenemos sed de avanzar con posiciones muy firmes”. Al tiempo que observó que “ellos también están avanzando”, en alusión a lo ocurrido en el Consejo de la Magistratura, con la Corte “entrando por la ventana”.

Además, en la reunión expresaron sus opiniones Claudio Morresi de Kolina; Adriana Díaz del Partido Intransigente; Rubén Cuello de Nuevo Encuentro; Octavio Argüello del Partido Cultura, Educación y Trabajo; y Daniel Siciliano de Forja.

En el marco de la reunión convocada por el interbloque Frente de Todos del Senado para analizar el proyecto de ley de creación de un fondo para el pago de la deuda pública heredada con el FMI, su impulsor, Oscar Parrilli, defendió la iniciativa ante los dirigentes cercanos al kirchnerismo convocados para “apoyar y militar” el proyecto.

Así es que el senador sostuvo que necesitan de ellos porque “este es un proyecto con el que no vamos a declarar el Día del Amigo… Es un proyecto que va a tener muchos enemigos, y ya los tiene. No va a ser una fiesta de cumpleaños lo que tenemos por delante: vamos a tener adversidades, ataques, atropellos, maniobras de todo tipo, para impedir primero que se sancione y después, si se sanciona, que se pueda llevar adelante y se pueda aplicar”.

Por eso dijo que quieren contar con los partidos políticos convocados “no solamente para difundirlo, sino militarlo. Para llevar adelante este tipo de sanciones se necesita un fuerte poder político y un fuerte acompañamiento de las grandes mayorías y los sectores populares de la Argentina”.

Luego contó Parrilli que ese proyecto estuvo inspirado en las palabras de Néstor Kirchner al cancelar en 2005 la deuda con el FMI, en las que sostuvo que ese organismo actuó como “promotor de pobreza en el pueblo argentino”. Y también las palabras de Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Plaza de Mayo del 10 de diciembre de 2021, cuando dijo que “el FMI vivió condicionando la democracia argentina”, y pidió al Fondo “que nos ayude a recuperar los miles de millones de dólares que se fugaron al exterior. A la Argentina no le faltan dólares, están afuera”, afirmó esa vez.

“Estas son las ideas y principios que nos inspiraron para elaborar este proyecto de ley”, reiteró Parrilli, apoyándose también en que en el mundo están buscando también el dinero fugado, en ese caso proveniente del narcotráfico, el terrorismo, la venta de armas. “Es algo que pasa en todo el mundo”, aseguró, cuantificando -según dichos de David Lipton- que un 8% del PBI mundial está en guaridas fiscales y fuera del control de los estados y gobiernos.

“Así que no es un problema solo de la Argentina, sino internacional, y los países lo están empezando a resolver”, aseguró, enfatizando que contaba todo eso para que todos tuvieran elementos para defender el proyecto sabiendo que “no es una cuestión alocada, dogmática, caprichosa. Esto es algo que está haciendo el mundo”.

Parrilli recordó que el objetivo de esa ley es “evitar que sean dólares de la producción argentina con los que se pague al Fondo. Los dólares deben provenir del exterior, se deben repatriar del exterior. No estaba claro en el proyecto original y lo aclaramos. Repatriamos lo fugado al exterior y que no ha sido declarado”, dijo, recordando que “no es un nuevo impuesto, ni un blanqueo y aclaró que “no es una ley par aun año, es para varios años, hasta terminar de pagarle al FMI”.

Tras la decisión del Frente de Todos de partir el bloque en el Senado, en medio de la controversia por el Consejo de la Magistratura, el senador kirchnerista Oscar Parrilli manifestó que la división responde a una “necesidad de mostrar una realidad política” y señaló que ambas bancadas quedaron entre quienes “vienen de Unidad Ciudadana y quienes responden a los gobernadores”.

“Más allá de que somos un interbloque, estaban estas dos procedencias; por eso la decisión que se tomó”, afirmó Parrilli, que ante la reacción que provocó la noticia, pues se presume es por la polémica en torno al Consejo, el oficialista fustigó que Juntos por el Cambio “intenta ver en los demás las acciones que ellos llevan adelante”.

El neuquino resaltó que “no debemos desviar la atención. Hemos sufrido un golpe de Estado institucional a un órgano como es el Consejo de la Magistratura por parte de dos jueces nombrados a dedo por (Mauricio) Macri“, en alusión a Horacio Rosatti -titular del máximo tribunal- y Carlos Rosenkranzt.

Asimismo, subrayó que el poder del presidente de la Corte “excede los límites de cualquier democracia”, y acusó que “estamos frente a una Corte macrista para que no avance ninguna de las causas que hay contra él (en referencia a Macri)”.

“Están al servicio de los intereses políticos de Macri, para defender el espionaje que llevaron adelante. Ése es el objetivo del Consejo de la Magistratura, que no avance ninguna de las causas que le imputan”, insistió en diálogo con FM La Patriada.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos – Neuquén) consideró que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, está “asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo”, en lo que calificó como “un golpe de Estado institucional a uno de los poderes” de la Nación a la asunción del presidente del máximo tribunal al frente de ese cuerpo, y aseguró, que detrás del tema hay una maniobra del expresidente Mauricio Macri para “lograr impunidad”.

“Está asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo. Es un claro golpe institucional a uno de los poderes”, sostuvo Parrilli en declaraciones en El Destape Radio luego de que el máximo tribunal asumiera al frente del organismo, al cumplirse el plazo otorgado para aprobar una nueva composición del cuerpo encargado de seleccionar y eventualmente destituir o sancionar jueces.

El senador oficialista lo comparó con la acordada de 1930 “cuando la Corte de aquel entonces legitimó el golpe de Estado contra (Hipólito) Yrigoyen”. “Hay dos jueces que fueron nombrados por decreto por Macri y ellos aceptaron ser nombrados por decreto, violando expresamente la Constitución; después tuvieron que corregirlo por el escándalo internacional y nacional tan grande”, apuntó sobre la designación de Rosatti y de su par Carlos Rosenkrantz en el máximo tribunal en 2016.

En ese sentido, denunció que “se votan a sí mismos entre ellos para poder tener la presidencia, porque son cuatro y ni siquiera se ponen de acuerdo en eso”. “Estamos ante un hecho de una gravedad institucional inusitada”, consideró Parrilli.

Y añadió: “Lamento que gran parte de los dirigentes de Cambiemos sigan a Macri, porque esto claramente es una maniobra de Macri para lograr impunidad en el Consejo de la Magistratura como ya la tiene en la Corte, frente a la avalancha de denuncias que tiene”, y mencionó entre otras causas “el envío de armas a Bolivia, el espionaje a su familia, su partido, a nosotros y la causa por el endeudamiento con el Fondo”.

“No quieren que el Consejo de la Magistratura funcione porque no quieren que se normalicen los desastres que hizo el macrismo en sus cuatro años de gestión”, acusó Parrilli y expresó: “Habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados” y los instó a “no sentarse a la mesa con este intruso, con este ocupa”.

El jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, salió al cruce del kirchnerismo a raíz de la situación en el Consejo de la Magistratura, en la antesala de que venza el plazo fijado por la Corte Suprema para que el Congreso apruebe una nueva composición del organismo o, de lo contrario, se vuelva a la conformación anterior a 2006, según la Ley 24.937 del año 1997.

En referencia a las declaraciones del senador Oscar Parrilli, quien en diálogo con el diario La Nación sostuvo que “es una locura total volver a la integración de 1997” y, por lo tanto, “hay que esperar a que se sancione la ley” -algo que no pasará antes del 15 de abril-, Negri advirtió la intención del oficialismo de no cumplir con el fallo del máximo tribunal.

“Si desde el oficialismo no cumplen con el fallo de la Corte Suprema se van a estar alzando contra el máximo tribunal. Estamos presenciando un deterioro institucional brutal. Agarraron el país para una disputa de poder salvaje y la gente está de rehén”, expresó el legislador cordobés.

Además, en el programa de Alfredo Leuco por LN+, Negri volvió a insistir en que, tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa, “deberán firmar la designación de los legisladores que faltan nombrar por las segundas minorías” y recalcó que se trata de un senador del Pro y de un diputado de la UCR. Cabe recordar que, de restituirse la composición anterior, deberán asumir siete nuevos consejeros.

Para Negri, “los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios”. “Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al procurador general de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato”, recordó.

“Ahora quieren ir por ese camino y para eso cuestionan algo que jamás estuvo en discusión en la Argentina, que es el sistema de control de constitucionalidad por el cual desde que se constituyó la Corte Suprema en 1862 es el tribunal que tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una norma”, resaltó el diputado de Juntos por el Cambio.

También, el referente de la oposición criticó que “el kirchnerismo desprecia la independencia del Poder Judicial, y por eso vive impulsando normas contrarias a esa garantía como lo fueron las reformas judicial y del Ministerio Público, como en su momento pretendió serlo la mal llamada ‘democratización de la Justicia’ y la ruptura del equilibrio de representación entre estamentos en el Consejo de la Magistratura que significó la ley de 2006, que el fallo dictado en diciembre del año pasado invalidó por inconstitucional”.

“No vamos a permitir que los presidentes de las Cámaras del Congreso repitan lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando incumplió el fallo de la Corte por el caso del procurador Sosa”, advirtió el radical.

Y añadió que “Argentina terminaría de sepultar lo poco que queda de confianza en la seguridad jurídica si el mensaje es que los poderes políticos pueden elegir entre cumplir o no cumplir una sentencia del máximo tribunal de la República”.

“Vamos a activar todos los mecanismos legales disponibles para que se ejecute la sentencia y también los mecanismos constitucionales para quien incumpla esa orden, porque claramente sería constitutivo de mal desempeño”, concluyó.

En la ronda de oradores en el Senado, donde se debate el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) lanzó fuertes críticas hacia la Corte Suprema y tildó al fallo como “anticonstitucional”. En ese mismo sentido, apuntó contra la gestión de Cambiemos.

El senador neuquino retomó las palabras de su antecesor Guillermo Snopek y resaltó que “fue un trabajo arduo donde se escucharon voces críticas y no críticas. En ese sentido creo que es plausible ese trabajo que hicimos en comisiones”.

“No puedo dejar pasar por alto que estamos tratando un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo por una actitud que tomó una Corte Suprema integrada por dos jueces que se eligieron así mismos como autoridades de la Corte, que aceptaron se nominados por decreto y que, además, quien lo propuso esos dos nombres, ahora está prófugo de la justicia de la Argentina. Está fugado en Uruguay, como los dólares se fugaron”, cuestionó Parrilli.

En ese marco, apuntó que “hay un fiscal interino que hizo el dictamen, un fiscal que devino luego de la persecución que se hizo a Alejandra Gils Carbó”, y recordó las expresiones del ministro de Justicia Independiente que “defendía la justicia del Poder Judicial y decía ‘Gils Carbó se tiene que ir porque es kirchnerista’ o un presidente que decía ‘necesitamos jueces que nos representan o que decía ante un fallo determinado que no era lo que acordaron. El que lo decía era Mauricio Macri”.

“Cada cosa en su lugar, estamos debatiendo un proyecto por una actitud anticonstitucional porque que una Corte diga que, si no está no hay independencia en el Consejo de la Magistratura, es algo muy raro”, cuestionó el legislador neuquino.

En ese marco, señaló: “Este fallo de la Corte ha legislado, es como si nosotros mañana sacamos la sentencia contra alguien, que condenamos a algún miembro por integrar la mesa judicial. La Corte se atribuyó, luego de 16 años de haber modificado la Constitución, que esa ley era constitucional y ahora dicen que no”. En ese sentido, denunció: “Quieren que Horacio Rosatti, que fue aconsejado por el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez y que Macri lo nombró por decreto, sea presidente del Consejo de la Magistratura”.

“Además, dicen que independiente de lo que pase, va a asumir. Cada vez me sorprendo más, hay cosas ilógicas e irracionales que han ocurrido. Hoy estamos sancionando una medida transitoria, imperativa que nos imponen el fallo de la Corte porque quieren poner en vigencia una ley absolutamente derogada”, remarcó Parrilli.

Y precisó: “Hasta el 13 de abril hay 15 miembros, después 20 y cuando se sancione esta ley va a ver 17. Más desprolijidad y desdeñe en el Consejo no va a haber y es causado por la Corte”.

“La Corte durante los años que gobernó el macrismo, esa Corte que cuando Germán Garavano designaba jueces especiales y hacia procesar, era el ministro que alentaba todas estas medidas. La Corte lo convalidó, pero con el nuevo gobierno empezó a cuestionar todo eso, lo que hizo fue decir que estaba todo mal hecho”, recordó.

En tanto, calificó como “anormal, anticonstitucional, avasalladora de otro poder que es el legislativo”, la actitud de la Corte. “Si esta Corte tiene tanto desprestigio, fue por lo que se hizo a partir del 2016, la corte de Néstor Kirchner no era esta corte, tenia prestigio.  Vino otro gobierno que designó por decreto y ahí empezó la mayor decadencia, la política de Garavano y Tonelli que hizo cambiar las mayorías por trampa. Este desprestigio que tiene la Corte se debe a la responsabilidad del macrismo”, y cerró: “Esta ley no me satisface, pero la voto porque no hay otra cosa porque debería tener mayor representación política”.

A partir de las 15 arrancará este miércoles en el Salón Azul un plenario de comisiones en el que se debatirá el proyecto presentado días pasados por el oficialismo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con dólares de argentinos en el exterior no declarados.

Será en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, que preside el pampeano Daniel Bensusán, y de Presupuesto y Hacienda, del riojano Ricardo Guerra, que comenzarán a debatir sendos proyectos de senadores kirchneristas que prevén la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, como así también una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras.

En el primero de los casos, se trata de un proyecto de un grupo de senadores encabezados por Oscar Parrilli, que crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, a través del cual se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

“Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares”, fundamenta el proyecto, que anticipa que en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35%. Por otro lado, indica que quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente.

La ley también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

Los senadores proponen también usar la figura del colaborador, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Podrán colaborar tanto las personas físicas como también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada.

El otro proyecto también es de Parrilli y compañía, que prevé la modificación de la Ley 21.526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.

La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco. Se busca con ello que los fiscales a cargo de la investigación de la causa por evasión no estén obligados a esperar la autorización de un juez para acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en el extranjero.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos – Neuquén) intentó despejar los fantasmas de quiebre dentro del bloque y sostuvo: “Nosotros somos un Frente, somos parte de un gobierno, nuestro presidente es Alberto Fernández. Todavía no estamos analizando y nos estamos preocupando por el 2023, ahora el presidente es Alberto y lo debemos acompañar”, y al mismo tiempo dijo que el kirchnerismo insistirá con un viejo anhelo: el Fútbol Para Todos.

“Seguimos con la idea de volver a tener el Fútbol para Todos, hemos planteado que al menos 4 partidos de cada fecha sea transmitido por los canales abiertos”, sostuvo Parrilli en Radio 10 y también le dejó un mensaje a la Corte Suprema por el debate sobre la reforma al Consejo de la Magistratura: “Los que tienen el puesto asegurado son aquellos que son elegidos por el voto popular”.

En relación al sismo interno que se vive en el oficialismo afirmó: “Es entendible que tengamos diferentes miradas sobre ciertos temas, pero eso no hace que la unidad este en discusión”, y aclaró: “De ninguna manera estuvo ni esta la hipótesis de separarnos del Frente de Todos”.

Por otro lado, se refirió al proyecto presentado por el kirchnerismo en el Senado que ha vuelto a encolumnar al oficialismo: “Pretendemos que la deuda con el FMI la paguen aquellos que fugaron dinero evadiendo impuestos. Se propone crear un fondo en dólares, esto no es un impuesto a los ricos, sino, un acto de justicia, el peso va para aquellos que evadieron”.

“Los dólares que entran en ese fondo serán solamente utilizados para pagar la deuda con el FMI, queremos que el fondo sepa que le queremos pagar”, subrayó sobre el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda”.

Por último, concluyó: “La vocera del presidente declaró que estaba de acuerdo con el proyecto que presentamos, nosotros estamos abiertos a modificaciones del mismo. Le dijimos a la oposición que si tenían alguna recomendación para el proyecto nos lo hagan saber, es algo que no está cerrado todavía, pero ellos respondieron con chicanas”.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT) se refirió este martes al proyecto presentado desde el bloque oficialista en la Cámara alta, por el cual se propone un aporte especial a quienes tienen bienes en el exterior no declarados para pagar la deuda con el FMI. “No es un impuesto a la riqueza” sino un tributo “a la evasión”, señaló el neuquino.

En diálogo con AM530, el legislador apuntó que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y agregó que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.

“Los dólares no faltan en la Argentina, los dólares se han fugado. Este proyecto crea un fondo destinado exclusivamente para pagar la deuda con el FMI. Se va a constituir con un aporte que vamos a exigir que realicen aquellos que fugaron la plata y no la declararon”, explicó.

Y, como es recurrente, cuestionó al expresidente Mauricio Macri: “Tuvimos 10 años de autonomía y soberanía económica y lamentablemente después vino Macri e inició ese camino de endeudamiento”.

Sobre los cambios que traería esta ley y otro proyecto relacionado al secreto fiscal, Parrilli resaltó que “estamos dejando de ser un Estado bobo que no puede saber quiénes evaden y quiénes fugan la riqueza argentina”.

Finalmente, el senador K desafió a que “todos los sectores del Gobierno” se manifiesten sobre la propuesta y apoyen el proyecto.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales ratificó este miércoles por unanimidad al senador neuquino Oscar Parrilli presidente y a la senadora tucumana Sandra Mendoza como secretaria.

En una reunión celebrada en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, el senador formoseño José Mayans, en su condición de titular del bloque oficialista, propuso a Parrilli y Mendoza, para ejercer la presidencia y la secretaría de la comisión.

En tanto, se acordó que la vicepresidencia quedará en reserva para un miembro del interbloque de Juntos para el Cambio, cuyo nombre se definirá en el seno de la principal bancada de oposición, según informó el presidente del bloque Pro Humberto Schiavoni.

Además se acordó que la comisión tendrá como días de funcionamiento los miércoles a las 18.

Tras ser confirmado al frente de la Comisión, el senador Parrilli recordó que el año pasado fue secundado por el ahora exsenador cordobés Ernesto Martínez “con el que trabajamos muy bien, con un trabajo muy racional y muy lógico” y destacó que la tarea realizada tuvo “la participación de todos los sectores”.

A su turno Mendoza, que llegó al Senado en diciembre pasado, anticipó que desde su lugar en la secretaría de la comisión “vamos a trabajar uniendo criterios para brindar lo mejor de cada uno para que los proyectos sean consensuados y puedan ser ley para beneficio de todos los argentinos”.

Antes de finalizar el encuentro Mayans recordó que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales “tiene el tema del Consejo de la Magistratura y creo que estamos cerca de ese tratamiento” lo cual será “un desafío muy importante tanto para esta comisión como para la de Asuntos Constitucionales”.

La Cámara alta sigue conformando comisiones. Ahora es el turno de Justicia y Asuntos Penales, una de las que debe tratar la reforma del Consejo de la Magistratura, proyecto que el Poder Ejecutivo mandó en diciembre pasado al Senado para cumplir con el pedido de la Corte Suprema.

Será este miércoles a partir de las 15, cuando en el Salón Illia asistan los senadores elegidos para conformar la comisión.

La comisión tendrá 9 oficialistas: Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Guillermo Snopek, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Edgardo Kueider, Antonio José Rodas, Sandra Mendoza y Carlos Linares.

Juntos por el Cambio tendrá 7: Pablo Blanco, Mariana Juri, Eduardo Vischi, Silvia del Rosario Giacoppo, Guadalupe Tagliaferri, Luis Juez y Beatriz Ávila.

El puesto restante será para la misionera Magdalena Solari Quintana, aliada del Gobierno.

Hasta el 10 de diciembre pasado la Comisión de Justicia y Asuntos Penales estaba presidida por Parrilli, quien se descuenta que será ratificado en el cargo.

El senador nacional Oscar Parilli (FdT – Neuquén) ponderó la presencia del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en la Comisión homónima del Senado que brindó informes sobre los incendios en Corrientes y le sugirió que las licitaciones se realicen en cada provincia y no en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, denunció: “El único que gana con este desastre que tenemos en el interior del país es el Gobierno de la Ciudad”.

Parrilli destacó la actitud del funcionario y de su equipo por hacerse presente ante la Comisión y comparó: “En la “gestión anterior el Manejo del Fuego estaba en manos de Seguridad y el ministro de Ambiente parece que el tema del fuego no afectaba el medio ambiente. En 2016 y 2019 hubo incendios muy grandes en Rio Negro y La Pampa y el ministro de Ambiente decía que era jurisdicción provincial y que no tenía nada que ver con eso. Eso no es anda, el ministro decía que lo mejor era rezar”, y contrapuso que “este ministro se ocupa del manejo del fuego, viene y da la cara y explica la política que lleva adelante frente a todos los senadores”.

Además, remarcó que “tenemos una ley de protección de humedales que tuvo sanción en el Senado”, y le pidió a Diputados que le den tratamiento prontamente y la sancionen. Sobre eso, recordó que tuvo un pronunciamiento expreso por parte del Senado correntino: “Los senadores de corrientes no quieren que se regule y preserve el medio ambiente en la provincia”.

Acto seguido, le propuso: “Estamos aquí hablando de lo pasa en Parques Nacionales que tienen su sede en la Capital Federal y me parece que Parque Nacionales lleve su sede a alguna de las provincias donde realmente están los Parques Nacionales porque precisamente acá no hay ninguno. Me parece un hecho de federalismo que tenemos que reivindicar”.

Por otro lado, agregó: “Usted habló de 4.500 millones de pesos en licitaciones. Todas estas licitaciones sería oportuno que se realicen en las provincias y no en la Ciudad de Buenos Aires porque entre ingresos brutos e impuesto de sellos la administración porteña va a recibir 225 millones de pesos y además 5 millones en concepto de impuestos de sellos por lo que ocurre en el interior, porque acá no hubo incendios, ni brigadistas”.

“El único que gana con este desastre que tenemos en el interior del país es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que recibe recursos extras que se necesitan en el interior. Que todas las licitaciones del Manejo del Fuego las realicen las provincias donde se van a llevar a cabo”.

El proyecto que presentó el senador oficialista Oscar Parrilli para retornar al programa “Fútbol para Todos” el cual propone que las transmisiones de partidos de fútbol sean de acceso libre y gratuito, despertó una ola de críticas de la oposición que se expresaron a través de las redes sociales.

“No le falten el respeto a la gente. La inflación supera el 50%, 6 de cada 10 niños está en situación de pobreza, la inseguridad está descontrolada y en este contexto Fútbol Para Todos…no hay plan, no hay rumbo”, cuestionó el presidente del bloque de Senadores UCR Luis Naidenoff.

No le falten el respeto a la gente. La inflación supera el 50%, 6 de cada 10 niños está en situación de pobreza, la inseguridad está descontrolada y en este contexto Fútbol Para Todos…no hay plan, no hay rumbo.https://t.co/G80qD9Mf2N

— Luis Naidenoff (@luisnaidenoff) January 20, 2022

En el mismo sentido se pronunció la diputada del Pro Graciela Ocaña quien escribió: “Este verso ya lo conocimos y al Estado le costó más de 10 mil millones de pesos. No solo porque los que pusieron la publicidad fue el Gobierno Nacional para hacer la más formidable campaña de propaganda política en el país, sino, por sobreprecios que se pagaron en este programa”.

“Hay que recordar que están procesados entre otros el actual ministro Aníbal Fernández, el gobernador (Jorge) Capitanich, Abal Medina y otros funcionarios que tuvieron a su cargo en Fútbol para Todos”, recordó la legisladora y siguió: “Vuelven con él mismo verso… ¿quién va a pagar las indemnizaciones por el dinero que la AFA ya cobró por los partidos que vendió al 2027 y al 2030?”.

Por consiguiente, señaló: “¿Será el Estado Nacional? Uno que tiene 50% de su población bajo la línea de pobreza, agobiada por los impuestos, con más del 50% de inflación”, y cerró: “¿En serio el Estado Nacional se está ocupando de esto y no de resolver el problema de la pobreza, inseguridad, desempleo e impulsar al sector productivo? Vuelven con lo mismo, el kirchnerismo no se agota, siempre vuelve, PEOR”.

Hay que recordar que están procesados entre otros el actual ministro Aníbal Fernández, el gobernador Capitanich, Abal Medina y otros funcionarios que tuvieron a su cargo #FutbolParaTodos

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) January 21, 2022

Por su parte, el legislador Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) tildó de “populismo barato” el proyecto y precisó que “el país necesita bajar el gasto público, bajar impuestos y alentar la inversión privada. Pero los K vuelven con sus viejas recetas. Basta de circo. Estamos en una situación muy delicada, pónganse a gestionar para resolver los problemas de los argentinos”. Aunque, su par Gerardo Milman (Pro) le aclaró: “Populismo caro”.

Populismo barato. El país necesita bajar el gasto público, bajar impuestos y alentar la inversión privada. Pero los K vuelven con sus viejas recetas. Basta de circo. Estamos en una situación muy delicada, pónganse a gestionar para resolver los problemas de los argentinos. pic.twitter.com/H5VwUFRHTA

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) January 21, 2022

A su vez, el referente del Pro Hernán Lombardi criticó: “El populismo no marca prioridades. Actúan como si los recursos fueran infinitos. Empeoran en cada nueva versión. Pero no engañan más a nadie. Dijimos Basta!! El kirchnerismo impulsa la vuelta de Fútbol para Todos”.

El populismo no marca prioridades. Actúan como si los recursos fueran infinitos.
Empeoran en cada nueva versión.
Pero no engañan más a nadie. Dijimos Basta!!

El kirchnerismo impulsa la vuelta de Fútbol para Todos https://t.co/yPQec0ryyn

— Hernán Lombardi (@herlombardi) January 20, 2022

“El dólar a $ 214.- y la inflación por las nubes, ¿la solución que propone el kirchnerismo? Destinar fondos públicos para que regrese el Fútbol para Todos”, cuestionó la diputada radical Gabriela Lena.

El dólar a $ 214.- y la inflación por las nubes, ¿la solución que propone el kirchnerismo? Destinar fondos públicos para que regrese el #FútbolParaTodos. https://t.co/mn8IdjPlnZ

— Gabriela Lena (@gabrielamlena) January 20, 2022

En suma, el senador cordobés Luis Juez sostuvo que “es una vergüenza y un adoctrinamiento”, y precisó que “En Córdoba estamos sin luz y sin agua, y para el Estado es importante que la gente pueda acceder al partido de River y Boca”.

También desde el bloque liberal se manifestaron en contra y José Luis Espert (Avanza Libertad) quien lo hizo: “Esta gente fuma de la mala. Hay que bajar el gasto público, mínimo 10% del PBI (para eliminar el déficit y bajar impuestos), pero ellos pretenden aumentarlo para que la gente vea fútbol “gratis”, e indicó: “Parrilli dice que no tiene costo para el Estado (para la gente de laburo que paga impuestos), que es solo poner en práctica el Art 77 de la Ley de Medios. Bueno, el Art 77 NO dice en ningún lado que NO haya costo para el Estado. Inventate otra Parrilli”.

Parrilli dice que no tiene costo para el Estado (para la gente de laburo que paga impuestos), que es solo poner en práctica el Art 77 de la Ley de Medios. Bueno, el Art 77 NO dice en ningún lado que NO haya costo para el Estado. Inventate otra Parrilli.https://t.co/uVENZhjhEi pic.twitter.com/HQNcFHMJG9

— José Luis Espert (@jlespert) January 21, 2022

Esta gente fuma de la mala. Hay que bajar el gasto público, mínimo 10% del PBI (para eliminar el déficit y bajar impuestos), pero ellos pretenden aumentarlo para que la gente vea fútbol "gratis".https://t.co/O8LYMIIhQC

— José Luis Espert (@jlespert) January 20, 2022

El proyecto que presentó el senador neuquino Oscar Parrilli para declarar el acceso libre y gratuito en todo el territorio nacional a partidos relevantes de primera división del fútbol argentino, despertó el enojo por el lado de la oposición, pero encontró el respaldo de sus pares. Uno de ellos fue el legislador puntano Adolfo Rodríguez Saá quien la iniciativa “tendrá amplio consenso social” porque “es una herramienta de igualdad”.

“La iniciativa tendrá un amplio consenso social, es una herramienta de igualdad para los que aman el deporte más popular y no pueden acceder a la cancha, o porque están impedidos económica o geográficamente”, señaló Rodríguez Saá.

Y señaló: “El proyecto, no es el antiguo Fútbol para Todos, donde el gobierno debía pagar para la transmisión, tiene una visión federal en la distribución y seguramente tendrá consenso entre los amantes del fútbol. Hoy si no pagas diferencial no accedes a los partidos en vivo”.

“No contempla erogación alguna para el Estado. Si la posibilidad de recaudar vía publicidad televisiva con una distribución del: 50% para clubes de barrio, 30 % para la AFA Y 20 % Para la TV Pública”, señaló Rodríguez Saá haciendo hincapié en los fundamentos del texto.

La iniciativa fundamenta: “Declárase de interés general el acceso a contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión del desarrollo de encuentros de fútbol de Primera División realizados en el marco de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, garantizándose en todo el territorio nacional el derecho a un acceso libre y gratuito mínimo a los mismos, en su calidad de bienes culturales”.

“Deberá transmitirse en vivo y en directo por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) terrestre o satelital, o cualquier medio alternativo creado o a crearse en el futuro de acceso libre y gratuito, para todo el territorio nacional, al menos una tercera parte de los encuentros de Primera División que se disputen en el marco de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino”, manifiesta el texto y aclara que “dichos encuentros serán determinados por la Autoridad de Aplicación, incluyendo los dos con mayor audiencia potencial correspondientes a cada fecha de torneo programada y asegurando el carácter federal de la audiencia”.

PROYECTO-DE-LEY-FUTBOL

El torneo de la Liga Profesional de fútbol 2022 ya tiene fecha de inicio, lo cual motivó al senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) a impulsar nuevamente la vuelta de “Fútbol para Todos”, por lo que presentó un proyecto de ley para que la transmisión de eventos masivos de interés general sea gratuita, en el caso de los principales partidos de los equipos de fútbol más convocantes de la Argentina.

Acompañado por sus pares del bloque del Frente de Todos, la iniciativa plantea “de interés general el acceso a contenidos audiovisuales obtenidos en ocasión del desarrollo de encuentros de fútbol de Primera División realizados en el marco de torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, garantizándose en todo el territorio nacional el derecho a un acceso libre y gratuito mínimo a los mismos, en su calidad de bienes culturales”.

La norma estipula que “deberá transmitirse en vivo y en directo por Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) terrestre o satelital, o cualquier medio alternativo creado o a crearse en el futuro de acceso libre y gratuito, para todo el territorio nacional, al menos una tercera parte de los encuentros de Primera División que se disputen en el marco de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino”.

En tanto, fundamenta que “este Senado debe velar por el más pleno y amplio ejercicio de los Derechos de todos los habitantes de nuestro país dictando leyes que posibiliten el acceso público a contenidos informativos de interés relevante, entre los que, sin ninguna duda el Fútbol Argentino se encuentra encuadrado”.

“El lugar que el fútbol ocupa en la identidad cultural argentina es un elemento ineludible a tener en cuenta a la hora de analizar los elementos que pueden determinar que la garantía de su acceso libre, gratuito y en condiciones de igualdad sean declarados con motivos de interés público”, argumenta el senador oficialista.

Además, la iniciativa establece que los encuentros serán determinados por la autoridad de aplicación, y que incluirían “los dos con mayor audiencia potencial correspondientes a cada fecha de torneo programada y asegurando el carácter federal de la audiencia”.

Asimismo, el proyecto del neuquino especifica que el producido generado por la comercialización de publicidad durante las transmisiones de acceso libre y gratuito se distribuirán de la siguiente manera:

• cincuenta por ciento (50%) al desarrollo de infraestructura deportiva infanto-juvenil en poblaciones vulnerables;
• treinta por ciento (30%) a la Asociación del Fútbol Argentino;
• veinte por ciento (20%) al financiamiento de las actividades de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) apuntó contra los miembros de la Corte Suprema, al tiempo que consideró que el máximo tribunal debería estar compuesto por 10 o más jueces y tener “participación federal y de género”.

Consultado en radio El Destape sobre la entrevista que le hicieron en Clarín al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la que manifiesta que 120 días es “un plazo razonable” para que el Congreso sancione una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, el legislador K expresó: “Es una Corte vergonzosa esta, la verdad que no tiene vergüenza después de 16 años dictar un fallo y pretender darle órdenes al Poder Legislativo de lo que tiene que hacer”.

“Es una Corte está absolutamente desacreditada y desprestigiada, que no le hace bien a la democracia”, dijo el neuquino y señaló que “el Senado seguramente lo debatirá” al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, aunque aclaró: “En mi opinión personal yo estoy de acuerdo con la ley vigente, equilibra a los distintos sectores”.

En esa línea, alentó un debate sobre la composición de la Corte. “Personalmente estoy absolutamente convencido en que hay que ampliar el número de los miembros de la Corte, no sé el número pero tiene que ser mucho más amplia, con participación federal y de género. Tiene que haber una Corte que represente a los intereses de todos los argentinos y no de grupos empresarios o de medios monopólicos de información”, sostuvo. Sin dar un número de integrantes, Parrilli opinó que “debe ser de dos dígitos, arriba de 10 por lo menos”.

Por otra parte, el senador se refirió al vídeo en el que aparecen exfuncionarios de María Eugenia Vidal hablando de un supuesto armado de causas contra gremialistas. “Fuimos víctimas de la persecución y el espionaje político, del armado de causas. Hoy está apareciendo a la luz con toda crueldad y evidencia lo que fueron”, resaltó.

“Quiero que se investigue a fondo qué es lo que ocurrió. Estas cosas que aparecen dan cuenta de la existencia de un Estado mafioso que existió en Argentina del 2015 al 2019“, continuó y asoció que esas imágenes demuestran el espionaje “ya no solamente por obra de (Mauricio) Macri, (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani, sino ahora con ramificaciones muy claras en la provincia de Buenos Aires y que la hacen responsable a la (ex)gobernadora (María Eugenia) Vidal, a (Cristian) Ritondo y a sus ministros”.

Parrilli insistió en la “necesidad” de que se hagan los juicios para que “la investigación avance y que se aclare”, y afirmó que “los servicios de inteligencia no son leales a nadie más que a sus propios intereses”, al tiempo que dijo que “las pruebas aparecieron” porque “se espiaban y grababan entre ellos”.

“Todo lo que está pasando es digno de hacer una serie televisiva”, expresó el senador K, que consideró que ese vídeo muestra “a qué niveles llegó la corrupción y la degradación en el núcleo de poder que conducía (Mauricio) Macri”. “La cúpula de ese poder fue absolutamente corrupto, mafioso y gobernó el país para beneficio propio”, completó.

Para solidarizarse con ella, el senador nacional Oscar Parrilli visitó este lunes a la dirigente social Milagro Sala en su casa en Jujuy, donde se encuentra detenida.

La noticia fue difundida en las redes sociales por la agrupación Tupac Amaru que ella lidera. En las redes sociales, la Tupac expresó que Sala “hace casi 6 años que está presa sin condena firme”. En ese marco aprovecharon para cargar contra el Tribunal Supremo, al señalar que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que en semanas resuelve los casos de la corporación judicial y de los grupos económicos en especial de Clarín- tiene desde el 18 de marzo de 2020, en sus manos la libertad de Milagro Sala. Casi 2 años para resolver una causa con presos…”.

Hoy #OscarParrilli en Jujuy con Milagro. pic.twitter.com/XoOQk5Ycas

— Instituto PATRIA (@inst_PATRIAar) December 13, 2021

El senador kirchnerista Oscar Parrilli consideró que “el macrismo quiere esconder el fracaso de la toma de deuda con el FMI y lo que puede llegar a ser un fracaso en la negociación, y quieren echarle la culpa a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)“.

Además, en declaraciones a FM La Patriada, cuestionó a la oposición de que “se olvidan que, cuando dejaron el Gobierno, habían entrado en default con los acreedores privados; no era un reperfilamiento”.

Al referirse a la carta que publicó la vicepresidenta, el neuquino dijo que se trató de un mensaje “claro y contundente”. En el escrito, Cristina se preguntó: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”.

“No es responsabilidad de Cristina lo que ocurra con el Fondo. En una sociedad donde muchos políticos se dedican a difamar y desacreditar, ella repasa hechos reales y concretos de los últimos años y los problemas reales que tiene la Argentina y quiénes tienen que darle solución”, analizó el legislador.

Y respondió a los cuestionamientos de la oposición ante la carta de la vicepresidenta, criticando que desde Juntos por el Cambio muchos “están preocupados porque piensa”, pero” no se preocuparon” cuando el expresidente Mauricio Macri tomó ese crédito.

“El macrismo utilizó la AFIP, UIF y la AFI, los medios de comunicación, jueces y fiscales, para llevar adelante una persecución judicial inédita y después terminaron defaulteando el país con la deuda privada y contrayendo una deuda con el FMI”, enfatizó y agregó que “sería bueno que propongan cómo salir de este escenario que han dejado a los argentinos”.

No obstante, sostuvo que “no” espera “absolutamente nada de Macri”, pero que entre los integrantes de JxC “son muchos más dirigentes con los que uno puede no coincidir pero que están preocupados por el país”.

En ese sentido, destacó la necesidad de que “haya un nivel de dirigencia política que se dé cuenta de la gravedad institucional en la que han dejado el país”.

“Después de las elecciones buscamos relanzar el Gobierno y asumir los compromisos que no pudimos cumplir por la pandemia. Queremos salir del verdadero y terrible cepo que tenemos que es la deuda con el FMI para avanzar con la economía y mejore la calidad de vida de nuestro pueblo”, completó el senador.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) presentó este jueves en el Senado un proyecto de ley que busca flexibilizar los requerimientos actuales que establecen mayorías especiales para llamar a una consulta popular vinculante y no vinculante y permite que la fecha de su convocatoria coincida con un acto electoral general.

Parrilli, que recibió el apoyo de sus pares del bloque del Frente de Todos Mario Pais, María de los Ángeles Sacnun, Ana Almirón, María Eugenia Duré, Alfredo Luenzo y Silvina García Larraburu, impulsó esta iniciativa que propone modificar y convertir más accesible el derecho ciudadano de llamado a consulta popular.

La propuesta determina que la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Además, en su artículo 14 permite que el día fijado para la realización de una consulta popular podrá coincidir con un acto eleccionario, algo que hasta el momento no estaba permitido.

El autor de la iniciativa sostuvo que “lamentablemente, en los veinte años que lleva sancionada esta ley ninguna decisión trascendental para el destino de nuestra patria ha sido sometida a la opinión popular, seguramente muchas de ellas y sobre todo las que han perjudicado el futuro nunca fueron consultadas a la ciudadanía”.

“Muchos proyectos de ley sin duda favorecerán a sectores castigados de nuestra sociedad, que ayudarán a transparentar y agilizar la tan castigada Justicia Argentina, a evitar la fuga de divisas y la venta de recursos naturales a empresas extranjeras”, explica el cuerpo del texto.

También mencionó que “la solución del problema habitacional de millones de compatriotas debe ser sometidos a consulta pública y de esta forma dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro”.

El legislador neuquino afirmó que “las mayorías adoptadas al sancionarse esta ley redundaron en la imposibilidad de convocarse a consulta popular por cuanto desde su sanción jamás se pudo convocar a una”.

En el texto de la iniciativa, el senador propone modificar el artículo 1 de la Ley 25.432 “Consulta Popular Vinculante y No Vinculante” que quedará redactado de la siguiente manera: “El Congreso de la Nación podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

Parrilli presentó un proyecto para hacer más accesible la consulta popular 👇 https://t.co/8IjrOgDkH8

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) November 18, 2021

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli reivindicó con una serie de tuits el pedido formal que realizaron el año pasado los legisladores del oficialismo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que explique bajo qué consideraciones le otorgó al gobierno de Mauricio Macri un préstamo de 44 mil millones de dólares en el 2018.

“Macri reconoce la naturaleza política de los USD 44 mil millones que el FMI otorgó a la Argentina violando sus propios estatutos e hipotecando el futuro de nuestro pueblo, como ya había revelado el entonces representante ante FMI por EEUU y hoy presidente del BID, Claver Carone”, sentenció Parrilli en su cuenta de Twitter.

En una carta enviada al Fondo el 15 de noviembre de 2020, los senadores del bloque del FdT advirtieron que “no estaban dadas las condiciones para continuar con los desembolsos” y señalaron que “si los mismos igual se efectivizaron se debió, principalmente, a consideraciones de tipo político y no a aspectos técnicos o institucionales”.

Parrilli: "Mauricio Macri declaró que “La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir”. A confesión de parte, relevo de pruebas. La plata vino para la fuga de capitales, no solo de los bancos sino de él y sus amigos." pic.twitter.com/ORnHOD90QH

— Oscar Parrilli (@OscarParrilli) November 8, 2021

“Estas suposiciones no solo están basadas en noticias periodísticas que dan cuenta de las pretensiones del Presidente de los EEUU, Donald Trump, de ayudar al entonces gobierno de la Argentina para que Macri pudiera ser reelecto”, indicaron entonces.

También, atribuyeron esas especulaciones a la información brindada por “Mauricio Claver-Carone, quien reveló que el presidente de los EEUU solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico”.

Parrilli recordó además que los senadores del FdT enviaron también en febrero de este año un pedido a la Oficina de Evaluación independiente del Fondo para que abriera “una investigación exhaustiva, precisa y detallada sobre los motivos por las cuales el Directorio del Fondo” otorgó el mencionado préstamo.

De acuerdo al escrito, en base a “informes técnicos preparados por el staff de ese organismo” el FMI “otorgó a nuestro país un préstamo de magnitud desproporcionada en relación a las reales posibilidades financieras de repago, sin cumplir con los requisitos mínimos de legalidad exigidos por las normas vigentes en nuestro país y vulnerando el artículo 6 del estatuto del FMI”.

La polémica por la utilización de los recursos del Fondo se reavivó en las últimas horas después de que el expresidente Macri declarara en una entrevista a la CNN que destinó parte de ese dinero al pago para bancos comerciales.

Por José Angel Di Mauro

Generó cierta inquietud la reunión del miércoles pasado entre Juan Manzur y Marco Lavagna. Fue en Casa Rosada, duró una hora, y el titular del INDEC se retiró sin hacer declaraciones. No ha habido objeciones por el papel del organismo encargado de manejar las estadísticas desde su normalización durante el anterior gobierno, ni tampoco en el actual.Pero a pocos días de una elección trascendental y siendo la inflación el principal problema que aflige a los argentinos, ese encuentro generó suspicacias.

Como la que sugirió la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, que tuiteó: “Parece que Manzur llamó a Lavagna para darle instrucciones sobre el control de precios. Otra vez estamos empezando a ver cómo se pretende manipular las estadísticas y ocultar la inflación”. Lo hizo para meter presión, sobre todo a Lavagna, quien ha dejado trascender a través de allegados que se irá, antes de que le pidan hacer cualquier dibujo. No es que se lo hayan sugerido tampoco; en rigor, solo se dijo que en ese encuentro se habló de los precios. “Fue una reunión de seguimiento de los distintos indicadores que maneja el INDEC para ver cómo viene la evolución de cada uno de ellos”, dijo el propio Lavagna a través de un audio que difundió la Jefatura de Gabinete.

Parece que Manzur llamo a Lavagna titular del INDEC para darle instrucciones sobre el control de precios. Otra vez estamos empezando a ver cómo se pretende manipular las estadísticas y ocultar la inflación. Los argentinos no somos tontos

— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) October 25, 2021

Eso sí, aunque Manzur acostumbra a subir a su cuenta de Twitter fotos con todos los que lo visitan, esta vez no hubo una de su encuentro con Lavagna.

La inflación de octubre se revelará el 11 de noviembre, según el cronograma adelantado por el INDEC. El congelamiento de precios dispuesto por Roberto Feletti apunta fundamentalmente a ese dato que se conocerá tres días antes de ir a votar. Pero no puede hacerse magia y el número que se conocerá ese día no sería muy distinto de los que vienen registrándose. Una consultora tiene medido 3,2 puntos. El gobierno espera menos, pero nadie garantiza milagros.

Ni siquiera el Papa Francisco, con el que el mandatario no pudo verse en su visita a Roma, a pesar de haber hecho ingentes esfuerzos: primó la postura pontificia de evitar esas fotos en plena campaña electoral. La razón más poderosa -dicen quienes mantienen aceitados contactos con el Vaticano- está en el enojo de la Iglesia por la legalización del aborto. Bergoglio acepta que era una promesa de campaña del Frente de Todos, pero no justifica que se haya impulsado su tratamiento en plena pandemia.

Tampoco encontró milagros el Presidente en su corta gira europea. Ese asiento ganado en el G20 en tiempos de Carlos Menem les asegura a los mandatarios argentinos un contacto periódico con los líderes mundiales, pero por la pandemia Alberto Fernández había debido resignarse a la virtualidad. Por fin tuvo su debut presencial en ese organismo, donde pudo cruzarse con Joe Biden y hasta se saludó afectuosamente con Jair Bolsonaro, con el que había tenido siempre un trato distante, limitado al Zoom. Perjuicios de la pandemia, que afectó también las relaciones bilaterales.

Allí Fernández volvió a hablar con sus colegas de la obsesión argentina: la deuda. No la tiene sencilla el Presidente, que debe expresar afuera un discurso que tiene como precedente el endurecimiento del tono que en esa materia vienen exhibiendo los principales dirigentes del oficialismo. No solo ellos: en vísperas del encuentro de Alberto Fernández con Kristalina Georgieva, la CGT emitió un comunicado en el que respalda un endurecimiento de parte del gobierno: “Acompañamos y apoyamos decididamente la firme posición de nuestro Presidente de no sumar nuevos impedimentos o postergaciones a la reparación del tejido social”, expresa el texto que enfatiza a continuación que “los acuerdos deben alcanzarse teniendo presente las consecuencias sociales provocadas por el irresponsable endeudamiento externo”.

La referencia a la deuda es solo una parte del comunicado difundido luego de un encuentro que Héctor Daer mantuvo el viernes con el jefe de Gabinete -del que sí hubo foto-, y allí la central obrera se despacha con advertencias hacia los empresarios a los que exige “asumir la responsabilidad y no esconderse detrás de la inasible cadena de producción”. La central obrera se encolumnó así detrás de la campaña oficial contra la inflación a través de un controvertido congelamiento. Y en tren de sintonizar con el gobierno es que también se alinearon con el discurso sobre la deuda.

Hoy recibí en Casa Rosada al secretario General de la CGT, compañero @hectordaer. Dialogamos sobre las necesidades actuales de los trabajadores y las trabajadoras, y articulamos lineamientos para avanzar en la #ReconstrucciónArgentina pic.twitter.com/UY1Yo3meB4

— Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 29, 2021

Aunque ante los empresarios a los que citó en Casa Rosada para contarles cómo avanza la negociación con el FMI, el Presidente se esforzó en dejar claro que está buscando “el mejor acuerdo posible”, y que se cerrará en diciembre, ya no hay quienes descarten la posibilidad de que al final no haya acuerdo. Eso se piensa a partir de la decodificación de los discursos del ala más poderosa del frente gobernante. A pesar de que en esos mismos mensajes se insista en recordar que ellos “siempre pagaron las deudas que dejaron otros”.

Parte de la campaña endurecida del oficialismo incluye chisporroteos con Estados Unidos. En vísperas de que Alberto Fernández buscara una foto con Biden, el senador Oscar Parrilli la emprendía en la Cámara alta contra el futuro embajador norteamericano en la Argentina, Mark Stanley, quien durante la audiencia que mantuvo con el comité evaluador del Senado norteamericano hizo declaraciones sobre la situación de nuestro país y en ese contexto señaló que -palabras textuales del senador Parrilli atribuidas a Stanley- “es responsabilidad de los líderes argentinos llevar adelante un plan macroeconómico que devuelva estabilidad al país, y la consagración de un acuerdo con el Fondo”.

Para el senador que sin duda expresa el pensamiento vivo de la vicepresidenta, son declaraciones inadmisibles y llegó a comparar a Stanley aun antes de su designación con Spruille Braden. Lo cierto es que el futuro embajador habló de la necesidad de conocer “un plan”, precisamente cuando al presidente Fernández no dejan de recordarle que supo vanagloriarse por no creer en los planes.

¿Acaso previendo una derrota más severa el 14 de noviembre es que el kirchnerismo se repliega, tratando de consolidar su discurso para los propios? Es la pregunta que muchos se hacen. Porque en el oficialismo parecieran dar por descontada la derrota electoral, lo cual se transmite con una campaña electoral desarticulada y en la que los resultados del Ejecutivo no llegan. Con sobreactuaciones como la de Martín Guzmán tildando de “antiargentinos” a la oposición, o la candidata principal bonaerense atribuyéndole a JxC impulsar un “golpe blando”. Ningún manual de campaña oficialista sugiere alentar la posibilidad de que el gobierno propio puede caer…

Con las PASO como antecedente, los encuestadores casi que hacen “la plancha”, y se limitan a esbozar que poco ha cambiado respecto del resultado de septiembre, aunque el ausentismo récord de entonces sugiere la posibilidad de modificaciones, incluso de resultados. Con todo, advierten que en la provincia de Buenos Aires se percibe cierta mejora de Victoria Tolosa Paz, pero también una suba de Diego Santilli, con lo que el repunte oficialista no sería suficiente.

CB Consultora Opinión Pública acertó en septiembre los resultados en 7 de las 8 provincias en las que se eligen senadores, y hoy asegura que no habrá modificaciones respecto de las PASO. Si así sucede, Cristina Kirchner tendrá que resignarse a que el Frente de Todos pierda la mayoría en el Senado. El oficialismo tiene garantizados los triunfos en Tucumán y Catamarca, como así también JxC en Córdoba, Mendoza, Corrientes y Santa Fe. Las expectativas para revertir las tenía el gobierno en Chubut y La Pampa, mas el conflicto mapuche le habría puesto clavos al cajón de la derrota del FdT en la primera, mientras que en territorio pampeano el enojo de Carlos Verna con el gobernador al que él eligió sería lapidario para las aspiraciones de revertir el cuadro.

Sí podría darla vuelta el Frente de Todos en otras provincias donde no eligen senadores, pero vale para sumar diputados. Es el caso de San Luis, donde el 1-2 del 12 de septiembre podría transformarse en 2-1 en noviembre.

A 17 días de las elecciones, Mauricio Macri se presentó en Dolores para ser indagado, hecho que terminó en un papelón del juez Martín Bava. Tras la fallida declaración del expresidente, Alberto Fernández se apresuró a firmar el decreto que releva a Macri del secreto de inteligencia. Quienes ven en esto un trasfondo electoral no dudan en ratificar sus sospechas ante la prisa del magistrado, que volvió a citar al expresidente para el miércoles 3 de noviembre.

Fuentes judiciales dan por descartado que el juez Bava procesará a Macri antes de las elecciones, de ahí la premura. 

¿Será el 11 de noviembre, el mismo día en el que se anuncie la inflación de octubre? Toda una coincidencia.

No es la primera vez que el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos – Neuquén) se refiere a declaraciones de funcionarios norteamericanos, y este jueves la emprendió en el recinto contra el futuro embajador de Estados Unidos en nuestro país, Mark Stanley.

Fue por las declaraciones que hizo días pasados en el marco de la audiencia que mantuvo ante el comité evaluador del Senado norteamericano para que le dén acuerdo. “El señor me parece que ha realizado declaraciones que en nada condicen con lo que tiene que ser un embajador para lograr respeto entre los países a los que va a representar, armonía y relaciones maduras y serias con nuestro país”, señaló el senador kirchnerista.

“Ha dicho este señor que lamentablemente la Argentina está enfrentando importantes desafíos económicos, incluida una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional y una prolongada recesión -comentó-. Y que es responsabilidad de los líderes argentinos llevar adelante un plan macroeconómico que devuelva estabilidad al país, y la consagración de un acuerdo con el Fondo”.

Agregó Parrilli que Stanley hizo más adelante otro tipo de declaraciones, incluso que se va a involucrar con la dirigencia argentina en todos los niveles “para buscar resolver esto. A lo mejor, queriendo hacer un chiste dijo que la economía argentina es un hermoso autobús turístico al que las ruedas no le funcionan correctamente”.

Ante ello, Parrilli le advirtió al futuro embajador norteamericano que “si las ruedas no funcionan correctamente es porque alguien a lo mejor las pinchó y les tiró clavos para que no pudieran funcionar. Bueno, en eso tuvo mucho que ver el gobierno anterior de los Estados Unidos”.

Para Parrilli, “el señor Stanley debería en primer lugar ver qué es lo que ha ocurrido en la Argentina, y si hoy este colectivo no funciona correctamente en gran parte se debe a la responsabilidad del gobierno anterior de Estados Unidos, y al gobierno anterior que estuvo en la Argentina hasta el 10 de diciembre de 2019. Y en gran parte se debe al crédito que el FMI le dio al Gobierno argentino y que  hoy tenemos que solucionar, porque es uno de los mayores problemas que tiene el Gobierno argentino”.

El senador neuquino le recomendó al futuro embajador leer las dos notas que oportunamente el bloque del Frente de Todos envió al FMI, haciendo referencia a ese crédito que a juicio del oficialismo “fue dado incumpliendo todas las normas del FMI” y hasta las normas administrativas internas que rigen en la Argentina para tomar créditos.

Un crédito, aseguró, que “tuvo como objetivo garantizar la reelección de Mauricio Macri, cosa que no logró”. En ese sentido puso como prueba declaraciones de Mauricio Claver-Carone, quien como representante de la administración Trump ante el FMI en su momento reconoció expresamente que ese crédito fue porque el entonces presidente Donald Trump consideraba la presencia de Macri en Argentina “clave para América Latina”, y presionó al FMI -dijo Parrilli, en palabras atribuidas a Claver-Carone- para “sostener al Gobierno de Cambiemos que estaba en un jaque por un plan económico recesivo que podía abrir las puertas al peronismo”.

“Para los integrantes de este Gobierno está muy claro que fue Trump el que autorizó el crédito para ganar las elecciones que perdieron”, agregó el senador kirchnerista, que recordó a continuación que “no sé qué hará la oposición, pero este frente político siempre ha honrado sus deudas; siempre pagamos las deudas de gobiernos anteriores”.

En este marco, Parrilli le expresó a Stanley que “un gran sector de los argentinos nos merecemos respeto y consideración, y no necesitamos que venga un ciudadano norteamericano a decirnos qué tenemos que hacer. A lo mejor a otros se lo dicen y aceptan disciplinada, obsecuentemente todas las sugerencias que les hacen, como fue esta: ‘Tomen un crédito de 54 mil millones para ganar las elecciones y después vemos qué hacemos’. Ese es el problema que hoy tenemos todos los argentinos sobre las espaldas”.

Parrilli concluyó expresando su deseo de que “el señor Stanley revea esta postura de entrometerse en los asuntos internos de otro país. Y si desea hacerlo tiene a la bancada de Cambiemos, con ellos puede trabajar tranquilamente, lo hicieron antes”.

“Pero en este Gobierno no vamos a admitir una actitud de este tipo. Solo hay que recordar que ya hubo un Braden que fue a elecciones apoyando a la oposición, y al cual, igual que a Macri en 2019, le ganamos”, concluyó.

La Patagonia esta en boca de todos por los incendios y problemas que se generaron con la comunidad mapuche, lo cual despertó la opinión a favor y en contra por parte de dirigentes políticos. El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén) fue uno de ellos y expresó que “no se puede generalizar a todos, no todos son iguales”, y aseguró: “Conozco y tengo amigos mapuches y no son violentos”.

“Yo convivo, conozco, tengo amigos de la comunidad de los pueblos mapuches y sé que no son violentos para nada, son absolutamente pacíficos”, sostuvo el legislador oficialista en declaraciones por FM La Patriada y precisó que “tienen sus reivindicaciones históricas, algunos con mayor conocimiento, con mayor historia, con mayor trayectoria y algunos con menos, pero forman parte de los pueblos originarios de lo que es la Argentina y los argentinos”.

En ese sentido, cuestionó las generalizaciones: “Es como decir que todos los médicos son femicidas porque hubo un médico femicida. No, no son todos iguales”.

Por otro lado, coincidió con los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien aseguró “los ataques de mapuches en el sur del país son actos de terrorismo y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia, al manifestar que “donde hay un delito hay que reprimirlo” y que “la fuerza de la Justicia tiene que actuar” porque “no se pueden permitir hechos de violencia”.

“Si hay algún hecho delictivo se tendrá que actuar como corresponde y si hay violencia, también reprimirla”, ratificó Parrilli, pero destacó que “de ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no”, y concluyó que “eso lo dicen los que no conviven y no conocen la realidad”.

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT – Neuquén), se refirió a la actitud del expresidente Mauricio Macri de no acudir a la Justicia para declarar en la causa en que se lo acusa de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan y señaló que es “una vergüenza para la Argentina” porque “busca victimizarse, que no se produzcan las indagatorias para que los juicios prescriban”. También criticó a Horacio Rodríguez Larreta quien había planteado un posible desabastecimiento por el congelamiento de los precios.

“Es una vergüenza para la Argentina que un presidente tome la actitud que tomó Macri, creo que define toda una línea de conductas”, expresó Parrilli en declaraciones por la FM 107.3 y cuestionó que “tiene una caradurez tremenda, típica de un patrón de estancia dice yo no voy ante ese juez y no declaro”.

El legislador recordó que “durante sus 4 años cambiaron jueces, nombraron jueces por decretos. Macri, Pepín Simón y Stornelli son cobardes y cara duras, son los tres del Pro, pero son prófugos los tres y es la Justicia en la que ellos creen”. Además, destacó que forman parte de lo que calificó como “la triada de la impunidad”.

“Sus diputados quieren trabajan para la impunidad, que no quieren que se los investigue por todos los desmanes que hicieron y para convalidar un modelo económico, desaparición de empresas, pérdida de trabajo, endeudamiento del Estado, fuga de divisas, baja de salarios, represión, eso están buscando”, denunció el senador del FdT y sostuvo: “Lamento la gente que los vota porque más allá de los globos que muestran, atrás está todo esto”.

A su vez, continuó: “Busca victimizarse, que no se produzcan las indagatorias para que los juicios prescriban. Esta causa es por hacer espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan”, y remarcó que “hay que recordar lo que pasó durante sus cuatro años de Gobierno”.

Sobre el congelamiento de precios, el referente oficialista indicó que “el Gobierno ha tomado una medida con el secretario de Comercio muy atinada y muy esperada. Fundamentalmente tiene para evitar una gran dispersión de los precios”, y apuntó que “venimos de un proceso inflacionario que viene de la época del Macrismo y que se controló el primer año, pero luego vino la pandemia y se busca lograr un período de estabilidad”.

“Hay un sector del empresariado que no le tiembla el pulso para subir los precios y generar una situación muy perjudicial para el bolsillo de los argentinos, se han aprovechado de la situación”, advirtió Parrilli y criticó que “en vez de buscar vender más para ganar más, quieren hacerlo subiendo los precios de alimentos necesarios. Hay una acción de muchos vivos, muchos empresarios sin escrúpulos que amenazan cuando son ellos los responsables de este proceso inflacionario”.

También le contestó a Larreta quien planteó la posibilidad de desabastecimiento y aseguró: “No tienen cara, son caraduras. No se pueden permitir más abusos. No hay motivos para que los precios aumenten”.

“Hay empresarios que usan sus empresas, no sólo para ganar cifras desmesuradas y abusivas sino también intentan perjudicar al Gobierno”, ratificó el senador neuquino y los vinculó con la oposición. “No me llama la atención que Larreta y los dirigentes del Pro no estén de acuerdo porque están defendiendo los intereses para los cuales gobernaron de 2015 a 2019”, señaló.

En esta misma línea, el senador del Frente de Todos precisó que “son los mismos que evadieron, fugaron y apostaron por una economía de libertad absoluta y así terminó Argentina en diciembre del 2019 con un default y un cepo al dólar, y quieren volver al Gobierno para hacer exactamente lo mismo”, y concluyó: “Por eso hay que decirle a la población que tengan memoria de quienes nos llevaron a la catástrofe”.

La Coalición Cívica y sus representantes en la Cámara de Diputados expresaron su pedido para que la DAIA y la Fiscalía recurran el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 8 que dictó el sobreseimiento de la ex presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner; el actual procurador general, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli. “Este fallo del Tribunal 8 es de una enorme gravedad institucional”, señalaron.

“Manifestamos nuestra preocupación porque luego de transcurridos estos 27 años y mediante un atajo procesal inédito, vuelve a quedar trunco el derecho de los familiares de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, y de todos los argentinos, a obtener justicia y conocer la verdad respecto a lo ocurrido alrededor de un acto terrorista perpetrado en nuestro país que se cobró la vida de 85 personas”, afirmaron los dirigentes de la CC.

La Coalición Cívica recordó que “históricamente, nuestro partido y especialmente nuestra líder política, Elisa Carrió, ha reclamado por memoria, verdad y justicia, tanto respecto del crimen de aquel 18 de julio de 1994, como también debido a las irregularidades que se produjeron a lo largo de su investigación. Hoy nos vemos obligados a insistir en aquel reclamo, ya que estamos convencidos de que son días clave en los que se juegan decisiones muy importantes que nos permitirán acercarnos a la verdad sobre lo sucedido o nos alejarán de ella aún más”.

“Acompañamos a los familiares de las víctimas querellantes en sus reclamos y esperamos que, libres de todo condicionamiento y con la independencia que deben demostrar en la representación del interés común que ejercen por sus cargos, tanto la Fiscalía a cargo como la entidad querellante recurran debidamente el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N° 8, para que el mismo pueda ser revisado por la instancia superior, dada la gravedad institucional de lo que se investiga”, insistieron desde la CC.

El comunicado emitido por la Coalición Cívica concluye diciendo: “Creemos se trata de un fallo cuestionable porque, como dijimos, resulta inédito en cuanto a la oportunidad y la forma en que fue dictado, e impide la realización de un Juicio Oral y público que permita resolver todas las cuestiones jurídicas discutidas, de cara a la sociedad y determinar cómo han ocurrido los hechos que dieran origen a la firma del Memorándum de entendimiento firmado por la Argentina en claro beneficio del país señalado como el responsable del atentado”.

El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que apuntan a limitar la tasa de interés por mora relacionada a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguro, por 38 votos a favor y 0 en contra.

Como suele ocurrir, al Frente de Todos se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal optaron por ausentarse de la votación.

El debate no fue extenso y solo hubo tres oradores, pero Oscar Parrilli, en voz del oficialismo, y Laura Rodríguez Machado, en representación de la principal bancada opositora, se despacharon largamente y protagonizaron cruces por la cuestión del tiempo.

Abrió el debate el autor de los proyectos, el senador Parrilli, quien detalló los textos, sobre los cuales “veníamos trabajando desde hace mucho tiempo” -dijo- y “fueron proyectos muy discutidos, debatidos intensamente” ya que “aquí se afectan intereses”, sobre todo los referidos “al bolsillo”, donde “no todos votamos igual y no todos pensamos lo mismo”, señaló.

El neuquino aclaró que, por recomendación de la titular de AySA, Malena Galmarini, la iniciativa contempla no dejar la tasa pasiva para todos los usuarios, ya que “a lo mejor una empresa grande” con deudas tenga la posibilidad de especular “entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio”, cuando la propuesta apunta a beneficiar “al particular, al club de barrio, al que realmente lo necesita”, resaltó.

“Estamos haciendo algo de equidad, de justicia, y evitar hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que no es que no paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tiene los recursos”, sostuvo el oficialista, en referencia puntualmente al artículo que establece el día 10 de cada mes como fecha del primer vencimiento.

Durante su extensa exposición, el legislador recordó que en 2014 se había establecido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pero en 2015 el gobierno de Cambiemos permitió que los bancos y las financieras “cobraran las tasas de interés que quisieran”. Sin embargo, “ningún banco durante la gestión nuestra perdió plata y se fundió, mucho menos”.

Para el kirchnerista, estas leyes buscan “poner equidad, poner límite, evitar el abuso de poder dominante”. “Los bancos y las financieras en Argentina son los que más rentabilidad tienen en América Latina”, remarcó e insistió: “Ninguna de las empresas a las cuales hoy nosotros le estamos poniendo límite, le estamos poniendo coto, en beneficio de los usuarios, va a perder plata, se van a fundir, ni mucho menos”.

Aspirando a que en la Cámara de Diputados “tengamos los votos necesarios para sancionar la ley”, Parrilli lanzó que “cuando la gente vaya a votar” en las próximas elecciones “también va a votar a diputados que van a estar en contra o a favor de esta ley; a favor de los bancos, las financieras, los grandes grupos económicos, o a favor de la gente”.

Muy crítica de los proyectos, y reclamando tener más tiempo en su discurso por el tiempo excedido por el senador oficialista, Rodríguez Machado disparó: “Hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo K, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino un despropósito, donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos, que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero“.

La legisladora del Pro observó que estos son los proyectos a los que “nos están acostumbrando con esa mayoría que tienen”, pero que “12 de septiembre y 14 de noviembre se va a empezar a terminar”, desafió, en relación a las próximas elecciones.

La cordobesa enumeró además medidas que considera erróneas por parte del oficialismo, como las restricciones a las exportaciones de carne, la nueva Ley de Biocombustibles y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego con la que “se iba a solucionar todo. Bueno, les aviso que no funciona”, expresó y mencionó los incendios que sufre su provincia.

En su discurso, Rodríguez Machado opinó que estas iniciativas responden a “internas” dentro del propio Gobierno, porque “estas empresas ya tienen fuertes regulaciones por el Estado argentino” a través del “Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Seguros”.

O sino tienen su justificación en que “estamos en una época electoral y quieren ponerse algún moño, haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación”, analizó. Y continuó: “Están generando un fuerte aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora”.

“Repitan en la cabeza ‘que haya empresas es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en Argentina es algo positivo’. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado necesariamente permitan que haya empresas en Argentina”, lanzó.

Por último, la senadora no auguró un buen destino de las iniciativas en la Cámara baja, donde pronosticó que “seguramente van a quedar hasta que empiece una nueva gestión en Diputados, con los nuevos diputados, y si se dan las encuestas que venimos manejando no van a tener esta mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas y aprueban las leyes con ustedes; y se van a empezar a tratar las iniciativas el día que haya consenso, y nosotros vamos a poder defender a la producción, y van a dejar de cerrar empresas, y van a dejar de irse por Ezeiza nuestros jóvenes”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, comenzó recordando la deuda y el default del gobierno anterior, durante el que hubo por parte de las empresas un “abuso con los precios”. En relación a las tarifas, subrayó que “mucha gente sacó créditos para poder pagar, sobre todo los jubilados”.

También cuestionó el “currazo” sobre los gastos administrativos extra que se cobran, como “el sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta”. “Le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado”, enfatizó y defendió que estos proyectos buscan “que no se le robe al trabajador, para que las empresas no hagan lo que quieran con el trabajador”.

El formoseño añadió que durante la época de Mauricio Macri, al que nombró en varios pasajes, hubo “un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los jubilados, a los pensionados, a los argentinos y que después fugan (divisas)”.

Qué establecen los proyectos

El primer proyecto, referido a los servicios públicos, modifica el artículo 31 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor- de modo de establecer un límite a la tasa de interés moratorio y/o punitorio por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, como así también las de servicios de televisión por cable, internet y telefonía móvil y fija, a ciertas categorías de usuarios: se trata de residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.

De acuerdo al texto, dicha tasa en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último mes anterior al pago. Asimismo, no se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, como por ejemplo gastos de reconexión o administrativos.

También se añade al artículo reformado que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
Otro punto es que los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.

Las empresas prestadoras de servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecúen su facturación a la tasa de interés regulada por la norma, serán sancionadas con una multa por un monto de 2 a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de incumplimiento por parte de las empresas en el cobro de intereses a los consumidores y usuarios de servicios públicos, se les aplicará una multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán dar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, con tasas y plazos accesibles que serán establecidos por los entes reguladores.
En cuanto a la segunda iniciativa, se establece que “la tasa de interés moratorio y/o punitorio aplicable a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago”.

También, “no se podrá cobrar ningún cargo extra por gastos administrativos o cualquier otro concepto” y en caso de existir una tasa menor, deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.

La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios mencionados no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.

En sentido similar al otro proyecto, las empresas de estos servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio serán sancionadas con multa de 4 a 48 SMVM.

En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación, de modo que sean accesibles para los consumidores y usuarios.

Durante su exposición, Parrilli precisó que, a pedido de la flamante senadora Juliana Di Tullio, en ambas iniciativas se incorporó un párrafo estableciendo que en caso que la consumidora o usuaria fuera mujer, la tasa “se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios”.