Las iniciativas alcanzan a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguros. La votación cosechó 38 votos positivos y 0 negativos. La discusión pasa a Diputados.
El oficialismo en el Senado dio media sanción y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley que apuntan a limitar la tasa de interés por mora relacionada a los servicios públicos, las tarjetas de crédito, la medicina prepaga y las empresas de seguro, por 38 votos a favor y 0 en contra.
Como suele ocurrir, al Frente de Todos se sumaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal optaron por ausentarse de la votación.
El debate no fue extenso y solo hubo tres oradores, pero Oscar Parrilli, en voz del oficialismo, y Laura Rodríguez Machado, en representación de la principal bancada opositora, se despacharon largamente y protagonizaron cruces por la cuestión del tiempo.
Abrió el debate el autor de los proyectos, el senador Parrilli, quien detalló los textos, sobre los cuales “veníamos trabajando desde hace mucho tiempo” -dijo- y “fueron proyectos muy discutidos, debatidos intensamente” ya que “aquí se afectan intereses”, sobre todo los referidos “al bolsillo”, donde “no todos votamos igual y no todos pensamos lo mismo”, señaló.
El neuquino aclaró que, por recomendación de la titular de AySA, Malena Galmarini, la iniciativa contempla no dejar la tasa pasiva para todos los usuarios, ya que “a lo mejor una empresa grande” con deudas tenga la posibilidad de especular “entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio”, cuando la propuesta apunta a beneficiar “al particular, al club de barrio, al que realmente lo necesita”, resaltó.
“Estamos haciendo algo de equidad, de justicia, y evitar hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que no es que no paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tiene los recursos”, sostuvo el oficialista, en referencia puntualmente al artículo que establece el día 10 de cada mes como fecha del primer vencimiento.
Durante su extensa exposición, el legislador recordó que en 2014 se había establecido un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, pero en 2015 el gobierno de Cambiemos permitió que los bancos y las financieras “cobraran las tasas de interés que quisieran”. Sin embargo, “ningún banco durante la gestión nuestra perdió plata y se fundió, mucho menos”.
Para el kirchnerista, estas leyes buscan “poner equidad, poner límite, evitar el abuso de poder dominante”. “Los bancos y las financieras en Argentina son los que más rentabilidad tienen en América Latina”, remarcó e insistió: “Ninguna de las empresas a las cuales hoy nosotros le estamos poniendo límite, le estamos poniendo coto, en beneficio de los usuarios, va a perder plata, se van a fundir, ni mucho menos”.
Aspirando a que en la Cámara de Diputados “tengamos los votos necesarios para sancionar la ley”, Parrilli lanzó que “cuando la gente vaya a votar” en las próximas elecciones “también va a votar a diputados que van a estar en contra o a favor de esta ley; a favor de los bancos, las financieras, los grandes grupos económicos, o a favor de la gente”.
Muy crítica de los proyectos, y reclamando tener más tiempo en su discurso por el tiempo excedido por el senador oficialista, Rodríguez Machado disparó: “Hace bastante tiempo que ya le hemos sacado la máscara a estos terribles proyectos que presenta el senador Parrilli y el oficialismo K, que no son proyectos destinados precisamente a defender la producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino un despropósito, donde bajo buenas intenciones destruye vastos sectores de la economía. En Córdoba le llamamos a este tipo de proyectos, que presenta Parrilli, Máximo Kirchner y otros de su espacio, los proyectos de lobo con piel de cordero“.
La legisladora del Pro observó que estos son los proyectos a los que “nos están acostumbrando con esa mayoría que tienen”, pero que “12 de septiembre y 14 de noviembre se va a empezar a terminar”, desafió, en relación a las próximas elecciones.
La cordobesa enumeró además medidas que considera erróneas por parte del oficialismo, como las restricciones a las exportaciones de carne, la nueva Ley de Biocombustibles y la reforma a la Ley de Manejo del Fuego con la que “se iba a solucionar todo. Bueno, les aviso que no funciona”, expresó y mencionó los incendios que sufre su provincia.
En su discurso, Rodríguez Machado opinó que estas iniciativas responden a “internas” dentro del propio Gobierno, porque “estas empresas ya tienen fuertes regulaciones por el Estado argentino” a través del “Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de Seguros”.
O sino tienen su justificación en que “estamos en una época electoral y quieren ponerse algún moño, haciendo parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación”, analizó. Y continuó: “Están generando un fuerte aliciente a que los usuarios no paguen como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar que pagar con mora”.
“Repitan en la cabeza ‘que haya empresas es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en Argentina es algo positivo’. No siempre se puede vivir de subsidios, no siempre se puede vivir del Estado. Y además si ustedes le quieren seguir sacando impuestos a las empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado necesariamente permitan que haya empresas en Argentina”, lanzó.
Por último, la senadora no auguró un buen destino de las iniciativas en la Cámara baja, donde pronosticó que “seguramente van a quedar hasta que empiece una nueva gestión en Diputados, con los nuevos diputados, y si se dan las encuestas que venimos manejando no van a tener esta mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas y aprueban las leyes con ustedes; y se van a empezar a tratar las iniciativas el día que haya consenso, y nosotros vamos a poder defender a la producción, y van a dejar de cerrar empresas, y van a dejar de irse por Ezeiza nuestros jóvenes”.
En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, comenzó recordando la deuda y el default del gobierno anterior, durante el que hubo por parte de las empresas un “abuso con los precios”. En relación a las tarifas, subrayó que “mucha gente sacó créditos para poder pagar, sobre todo los jubilados”.
También cuestionó el “currazo” sobre los gastos administrativos extra que se cobran, como “el sostenimiento de cuenta, sostenimiento de la tarjeta, cambio de tarjeta”. “Le esquilman al trabajador, le esquilman al jubilado”, enfatizó y defendió que estos proyectos buscan “que no se le robe al trabajador, para que las empresas no hagan lo que quieran con el trabajador”.
El formoseño añadió que durante la época de Mauricio Macri, al que nombró en varios pasajes, hubo “un sistema financiero de chorros, de corruptos, que roban a los jubilados, a los pensionados, a los argentinos y que después fugan (divisas)”.
Qué establecen los proyectos
El primer proyecto, referido a los servicios públicos, modifica el artículo 31 de la Ley 24.240 -de Defensa del Consumidor- de modo de establecer un límite a la tasa de interés moratorio y/o punitorio por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, como así también las de servicios de televisión por cable, internet y telefonía móvil y fija, a ciertas categorías de usuarios: se trata de residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo.
De acuerdo al texto, dicha tasa en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último mes anterior al pago. Asimismo, no se podrá cobrar ningún tipo de cargos extras, como por ejemplo gastos de reconexión o administrativos.
También se añade al artículo reformado que la fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
Otro punto es que los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley.
Las empresas prestadoras de servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecúen su facturación a la tasa de interés regulada por la norma, serán sancionadas con una multa por un monto de 2 a 24 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En caso de incumplimiento por parte de las empresas en el cobro de intereses a los consumidores y usuarios de servicios públicos, se les aplicará una multa de 4 a 48 SMVM.
En todos los casos, las empresas deberán dar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, con tasas y plazos accesibles que serán establecidos por los entes reguladores.
En cuanto a la segunda iniciativa, se establece que “la tasa de interés moratorio y/o punitorio aplicable a las tarjetas de crédito, a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago”.
También, “no se podrá cobrar ningún cargo extra por gastos administrativos o cualquier otro concepto” y en caso de existir una tasa menor, deberá aplicarse siempre la más beneficiosa para los consumidores y usuarios.
La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios mencionados no podrá ser anterior al día 10 de cada mes.
En sentido similar al otro proyecto, las empresas de estos servicios que en el plazo de 30 días, desde la publicación de la ley, no adecuen su facturación a la tasa de interés moratorio y/o punitorio serán sancionadas con multa de 4 a 48 SMVM.
En todos los casos, las empresas deberán otorgar a los consumidores y usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación, de modo que sean accesibles para los consumidores y usuarios.
Durante su exposición, Parrilli precisó que, a pedido de la flamante senadora Juliana Di Tullio, en ambas iniciativas se incorporó un párrafo estableciendo que en caso que la consumidora o usuaria fuera mujer, la tasa “se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios”.
En una reunión enmarcada por la tensión generada entre oficialismo y oposición por el “Olivosgate”, la Cámara alta trata una decena de temas.
A menos de un mes de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 12 de septiembre, el Senado, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, arrancó su sesión a partir de las 14.13. Una sesión que no tiene temas demasiado complejos, pero sí algunas controversias puntuales y, además, el aura del escándalo generado por las fotos y videos del cumpleaños de la primera dama, y las visitas a la residencia presidencial en general.
Tras la última sesión realizada el jueves 15 del mes pasado, uno de los temas más controversiales en el que se cruzarán el Frente de Todos y Juntos por el Cambio será por los proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parrilli (FdT).
Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.
Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
Por otra parte se tratará un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).
El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.
Otros temas incluidos en el temario:
Proyecto de ley en revisión, por el que se aprueba el Convenio con el Estado de Israel sobre Seguridad Social.
Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social con la República de Corea.
Acuerdo de 33 pliegos judiciales.
Proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional por el que se aprueba el “Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la provincia de Santa Fe, la provincia del Chaco y la provincia de Santiago del Estero para la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales”.
Proyecto de ley por el que se crea la Federación Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales.
Proyecto de ley por el que se declara Patrimonio Inmaterial de la Nación al ritual y prácticas que se celebran anualmente en el paraje de la difunta Correa en la provincia de San Juan.
Proyecto de ley declarando héroe nacional, defensor del Federalismo y la República al General Francisco Ramírez.
Proyecto de ley por el que se instituye el Día Nacional de la Mujer Indígena.
El oficialismo y la oposición lograron consensuar un temario para la próxima sesión en la Cámara alta. Algunos especulaban con que se volvería a caer, pero no fue así. No hay a la vista temas muy polémicos que dividan a los bloques. Igual, se espera una sesión con muchas chicanas políticas por la proximidad de las elecciones primarias abiertas.
A menos de un mes de las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 12 de septiembre, el Senado, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, sesionará este jueves 19 a las 14, con un temario que a priori no tiene temas complejos, pero la chicana política por la proximidad de las elecciones estará a la orden del día.
Tras la última sesión realizada el jueves 15 del mes pasado, uno de los temas más controversiales en el que se cruzarán el Frente de Todos y Juntos por el Cambio será por los proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parrilli (FdT).
Además, se espera que en el inicio de la sesión pronuncie su juramento Juliana Di Tullio en reemplazo del ahora ministro de Defensa de la Nación Jorge Taiana.
Los proyectos de Parrilli
Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.
Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
Eco
De común acuerdo, el oficialismo y la oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).
El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.
Otros temas incluidos en el temario:
Las especulaciones sobre la primera reunión en el recinto del mes de agosto van tomando cuerpo y se especula que en las próximas horas se confirmará la sesión para el próximo jueves. Todavía no hay una definición sobre el temario. No sería muy extenso.
La Cámara de Senadores sesionaría el próximo jueves con un temario acotado, pero que no estará exento de debate que además estará signado por la cercanía de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.
A menos de un mes de las PASO, el temario de la sesión de la Cámara alta incluiría, según fuentes parlamentarias, los pliegos de los judiciales y se definirá si se incluyen dos proyectos de ley del senador neuquino Oscar Parilli (FdT) que ya tienen dictamen.
Los proyectos de Parrilli
Se trata de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados que avalaron los del Frente de Todos mientras que los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos.
Al explicar los cambios a las iniciativas durante el debate en comisión, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
Eco
De común acuerdo, el oficialismo y la oposición avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU).
El proyecto contempla la prevención, la reutilización, el reciclado, el coprocesamiento y la disposición final. “Los productores de neumáticos deberán constituir asociaciones que tengan un alcance nacional”, se informó, al tiempo que “las autoridades jurisdiccionales competentes van a establecer convenios con las asociaciones y productores”.
El senador K se refirió a la polémica actitud del legislador macrista sobre mujeres que visitaron la Quinta de Olivos y afirmó que “merece una sanción por parte de los diputados”.
El senador nacional Oscar Parrilli se refirió a la polémica en torno al diputado macrista Fernando Iglesias, por sus descalificaciones hacia mujeres que visitaron la Quinta de Olivos en plena cuarentena, y lanzó: “No me extrañan los dichos de (Fernando) Iglesias, (Waldo) Wolff o (Elisa)Carrió, son personas que tienen el odio adentro de sí mismos, tienen una maldad que los lleva a no medir absolutamente nada”.
El legislador cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó a estos dirigentes de la oposición porque “nunca se les cae una idea, todo son difamaciones, agresiones, violencia verbal y de todo tipo”.
Puntualmente sobre Iglesias, el neuquino consideró que “merece una sanción por parte de los diputados”, porque este hecho es una muestra de que “utiliza sus fueros para llevar adelante este tipo de tropelías”.
“Me solidarizo totalmente con Florencia Peña y con todas las mujeres que de alguna manera han recibido este agravio, este insulto”, expresó este jueves en declaraciones a radio El Destape.
Parrilli desafió a la oposición a discutir, en cambio, “la situación económica que dejaron, cómo dejaron la salud, cómo dejaron la educación, el espionaje político que hicieron, el manejo de la Justicia, lo que pasó con el empleo, las PyMEs, la deuda, cuáles son las propuestas de ellos para resolver esos temas”.
En ese sentido, lamentó que el oficialismo no tenga los votos en la Cámara de Diputados para votar distintas leyes, como la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Y ejemplificó: “Sobre el servicio público de los servicios de internet, hay un decreto que está paralizado en la Justicia y no tenemos mayoría en Diputados para sacarlo. Eso afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y está beneficiando a grupos monopólicos. La gran parte de diputados y senadores de Cambiemos le son serviles”.
Causa del Memorándum con Irán
Por otra parte, el senador, imputado en la causa del Memorándum con Irán, consideró que en la audiencia en que se defendió, la vicepresidenta Cristina Kirchner “marcó claramente todo el derrotero de este invento jurídico pergeñado por las manos de (Germán) Garavano, (Mauricio) Macri, y con la complicidad de jueces y fiscales como (Claudio) Bonadio, (Martín) Irurzun, (Carlos) Stornelli, (Mariano) Borinsky, (Gustavo) Hornos, que participaron en todo esto, donde no dejaron norma jurídica ni principio democrático y republicano por violar”.
Para el presidente del Instituto Patria, la causa del Memorándum “obedecía a una clara venganza política por aquellos sectores a los que Cristina no se subordinó, no claudicó en la defensa de los intereses nacionales” y opinó que actualmente “se está desmoronando como un castillo de naipes”.
“Esto se tienen que terminar, porque nunca debió iniciarse, porque no hubo ninguna comisión de ningún delito. Esto ya fue juzgado”, aseveró y se preguntó: “¿Si todo estaba tan claro por qué buscaron jueces especiales como Bonadio, Hornos y Borinsky?”. “No necesitaban jueces, necesitaban personas que estaban el Poder Judicial serviles a los intereses políticos del macrismo y de los fondos buitre”, acusó.
También le pegó al procurador interino Eduardo Casal y al fiscal Carlos Stornelli, a quien le inició dos pedidos de juicio político, “pero se juzgan entre ellos con un jury armado a dedo por Casal; los fiscales tienen una justicia propia”, cuestionó comparándolo con la dictadura y agregó: “Es una justicia corporativa y privilegiada”.
Los legisladores K participaron de la presentación del libro de César Navarro Miranda, exministro de Evo Morales.
La diputada Fernanda Vallejos y el senador Oscar Parrilli, junto al embajador en Bolivia, Luis Basteiro, participaron de la presentación del libro “El fraude de la OEA y el Golpe de Estado en Bolivia (un testimonio)”, escrito por César Navarro Miranda, exministro de Minería y Metalurgia durante el gobierno de Evo Morales.
Durante el encuentro, los legisladores kirchneristas cuestionaron al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios por la causa que se inició sobre el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019. Por su parte, Basteiro afirmó que “aparecieron nuevos documentos que prueban” el delito de contrabando de armas que involucra al gobierno anterior.
Vallejos repudió “el apoyo del gobierno anterior al golpe de Estado” en el país vecino y enfatizó que el macrismo “no sólo trajo hambre, pobreza, desigualdad, desocupación, destrucción productiva a nuestro país, sino otras atrocidades que siempre sospechamos, pero que hoy se hacen visibles ante los ojos de todos y todas con el surgimiento de pruebas que muestran la participación del anterior gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri, en el golpe de Estado en nuestra hermana Bolivia”.
“El apoyo del gobierno de Macri al golpe de Estado contra Evo (Morales) nos llena de vergüenza a todos los argentinos y argentinas, que somos verdaderamente demócratas”, prosiguió la legisladora.
El escándalo surgió cuando se conoció una carta en la embajada argentina que habría enviado el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, agradeciendo por la “colaboración” de las autoridades argentinas. Ese escrito estaba fechado el 13 de noviembre de 2019, el mismo día en que un contingente de gendarmes argentinos arribaron a Bolivia para custodiar la embajada.
“No hay dudas de que quienes defendemos la democracia, y no sólo una democracia formal, sino una democracia sustantiva, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, una democracia plena donde adquieren vigor y carnadura no sólo los derechos civiles y políticos, sino fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales y, hoy por hoy, agregaría ambientales, nos paramos indubitablemente del lado de la democracia y del lado del gobierno popular de Evo Morales, hoy recuperado con la jefatura del presidente (Luis) Arce, una vez derrotada la aventura golpista”, aseveró Vallejos.
De la presentación del libro también participaron María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia de Bolivia; Telma Luzzani, periodista y escritora; y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA).
En otro tramo de su intervención, la diputada oficialista remarcó que “el golpe en Bolivia no afectó solo a ese país, sino a toda la región”. “El golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, contra el pueblo, contra los campesinos, contra los trabajadores, contra el nuevo Estado Plurinacional, fue un hecho muy significativo y enormemente doloroso. Y no lo leímos -sólo- como un ataque contra Bolivia y contra su pueblo, sino contra toda nuestra región”, observó.
En esa línea, el senador Parrilli afirmó que “este libro no es un hecho aislado, nos lleva a la reflexión sobre qué ocurrió en América Latina en los últimos veinte años”. En ese sentido destacó a los gobiernos populares de principio de siglo en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y Honduras como “el proceso de integración regional más grande” en los 200 años de independencia.
El presidente del Instituto Patria señaló que “el golpe en Bolivia fue la continuación de las políticas para América Latina de los años ’80” y llamó a analizar lo que pasó en el país andino con los intentos de golpe fallidos en Venezuela y Ecuador, y los exitosos en Honduras y Paraguay. “Aprendamos de la crudeza del golpe de Bolivia”, advirtió, y puntualizó que resulta necesario “solidificar las relaciones entre los gobiernos para evitar experiencias” como la boliviana.
Por su parte, el autor del libro enumeró “las líneas discursivas que elaboró la derecha para concretar el golpe, con eje en instalar la idea de fraude y suplantar al gobierno legítimamente elegido por otro transitorio”.
“Construyeron toda una narrativa donde nos presentaron a nosotros como enemigos a ser eliminados, una narrativa política y social, pero principalmente racial. Es importante que a partir de la experiencia no volvamos a caer en las mismas acciones, conocer lo que ha pasado y anular de manera drástica y firme esa gran narrativa que terminó con la vida de decenas de compañeros y compañeras en nuestro país”, sostuvo Navarro Miranda.
El rol de la OEA
El exministro de Evo Morales hizo un párrafo aparte para Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien podría ser denunciado ante La Haya por complicidad en crímenes de lesa humanidad, por parte de exmiembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) que intervinieron en los comicios presidenciales de octubre de 2019.
“Almagro es responsable de los crímenes que se cometieron. El informe de la OEA vale menos que un papel higiénico usado. No tiene sustento técnico”, cuestionó Navarro Miranda, quien calificó a Almagro como “servicial” a los intereses de Estados Unidos en la región. Vale remarcar que un reciente informe de la Universidad de Salamanca de España concluyó “inequívocamente”, consideran, que no existió fraude en las elecciones de 2019.
Vallejos retomó este punto y añadió que “el golpe, por supuesto, no fue un hecho aislado, sino el punto cúlmine de una estrategia planificada y trabajada desde mucho tiempo atrás y donde la participación de los poderes imperiales se observa hasta su consumación, con la participación de la OEA, consagrando el golpe y en el vergonzoso papel desempeñado por el uruguayo Luis Almagro”.
El régimen de facto de Jeanine Áñez, que desplazó del poder a Evo Morales, reprimió las protestas dejando como saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.
En tanto, el embajador Basteiro dijo que “el golpe fue construido desde los centros de poder y los medios de comunicación”, pero rescató que “el pueblo tuvo capacidad de movilización y dirigentes que ellos (por la derecha boliviana) no tienen y eso permitió volver al gobierno”.
La documentación que complica a Macri
Basteiro se refirió también a “la colaboración del gobierno de Macri en el golpe”. En declaraciones a El Destape Radio, dijo que el envío de material represivo a Bolivia por parte del anterior gobierno en noviembre de 2019, cuando se consolidaba el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, es investigada en la nación andina “como tráfico de armas” y aseguró que “aparecieron nuevos documentos que prueban” el delito de contrabando de armas en el que habrían incurrido los funcionarios de Cambiemos.
El jueves 29 de julio, el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, detalló en conferencia de prensa los hallazgos que abrieron nuevas investigaciones en la nación andina. Según enumeró, en la nota Terceros Lara agradeció la recepción de los siguientes materiales represivos: 40.000 balas antitumulto 12/70, dos tipos distintos de gases lacrimógenos y más de 100 granadas de tres clases diferentes.
A su vez, Novillo reveló que en el Ministerio de Defensa boliviano encontraron un “acta de entrega y recepción” del armamento que agradeció la Fuerza Aérea a la embajada argentina el 13 de noviembre de 2019. Asimismo, hay un informe del suboficial de la Fuerza Aérea que recibió el material bélico e hizo el depósito.
Mientras tanto, en Buenos Aires prosigue la causa a raíz de la denuncia del gobierno argentino por contrabando agravado contra el expresidente Mauricio Macri; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exembajador Normando Álvarez García; y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero, entre otros.
Por último, Vallejos destacó la importancia del libro y el aporte de Navarro Miranda. “No tengo dudas que es nuestra misión y nuestra responsabilidad trabajar por la verdad, hacer pedagogía con la verdad. Y creo que este libro es una contribución en ese sentido. La verdad es, también, un dique de contención frente a la impunidad del poder real, de los poderes foráneos, de los poderes no democráticos”.
“Tenemos, las y los latinoamericanos, una enorme responsabilidad frente al futuro. Hoy, cuando los viejos imperios debaten su hegemonía y pretenden valerse de nosotros para conservarla”, concluyó.
Estalló cuando un senador oficialista interrogó a una aspirante a camarista sobre el tema que involucra a la familia Macri. Desde el oficialismo le pidieron a la postulante no contestar.
Así como el día anterior el clima en la Comisión de Acuerdos del Senado se enrareció por las preguntas formuladas al postulante a camarista Gabriel De Vedia en torno a una supuesta reunión que había tenido con Fabián Rodríguez Simón, este miércoles la situación “se picó” en ese mismo ámbito por las preguntas formuladas por otro senador de Juntos por el Cambio a otra postulante a camarista.
Fue al cabo de la exposición de la doctora Guadalupe Vásquez, propuesta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Capital Federal, quien al concluir fue interrogada por el senador radical Julio Martínez respecto de si había trabajado con la fiscal Gabriela Boquín, que intervino en la causa de la quiebra del Correo Argentino, y con la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. También le preguntó si había intervenido en la causa del Correo.
“No trabajé con Boquín, nunca. No la conozco personalmente”, fue la respuesta de Vásquez. A continuación detalló todo su recorrido laboral en el ámbito judicial y en ese marco reconoció que “entre numerosas personas, he trabajado con la doctora Gils Carbó”. Puntualmente fue en la Secretaría de la Fiscalía de la Cámara Comercial, que entonces estaba a cargo de la hoy ex procuradora general.
“Respecto del Correo, nunca tuve intervención en este caso”, concluyó.
El riojano Julio Martínez ya había adelantado que se reservaba el derecho de hacer más preguntas, y eso hizo a continuación, pidiéndole una opinión técnica respecto del caso en el que un deudor ofreciera el 100% del crédito reconocido y si en ese caso entendía que el acreedor puede negarse, y así y todo el juez homologar la propuesta.
Claramente el senador radical estaba refiriéndose a la cuestión del Correo Argentino, donde el Estado no aceptó la propuesta del grupo SOCMA y promovió que el juez interviniente decretara la quiebra. Previsiblemente reaccionó el presidente del bloque oficialista, José Mayans, y el senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez -que presidió la reunión en lugar de la titular de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti– trató de apaciguar los ánimos pidiendo evitar “controversias y diálogos a la luz pública”.
Deseoso de evitar que la situación se desmadrara, el senador cordobés sugirió que esa era una pregunta teórica cuya respuesta podía encontrarse a partir de los antecedentes de la doctora Guadalupe Vásquez, y sugirió que así se permitiría resolver la situación “con solvencia”. Si así se evitaba la búsqueda de “una controversia que a esta altura no considero relevante, lo dejamos”.
Intervino entonces el kirchnerista Oscar Parrilli, que le pidió a Julio Martínez retirar esa pregunta que a su juicio rayaba en “una actitud casi de inteligencia, y además no corresponde pedirle a un postulante su opinión sobre un caso concreto”. Y tras remarcar que se estaba aludiendo a la situación “en la que está acusado el expresidente Mauricio Macri”, concluyó que el senador radical estaba “claramente preguntándole si es macrista o no”.
El senador oficialista insistió en que la pregunta era “fuera de lugar, desubicada, denota una actitud claramente persecutoria del Poder Judicial” que insistió en atribuirle al Gobierno anterior, y repitió sus dichos del día anterior, respecto de que “nosotros no le hemos preguntado a nadie a qué partido es o de qué estudio jurídico”. Para Parrilli, lo de Julio Martínez “denota una concepción de la justicia de poner jueces adictos, como fue durante el proceso de (Germán) Garavano y Macri”.
El senador riojano se negó a retirar la pregunta y aclaró que no tenía que “pedir permiso” para preguntar. Y advirtiendo que desde el oficialismo se habían referido a “un fallo claramente penetrado por la política al cual no me referí”, ratificó su pregunta.
El presidente del bloque Frente de Todos tomó la palabra para afirmar que nunca se había hecho ese tipo de preguntas en la Comisión de Acuerdos. “No que yo me acuerde… No corresponde este tipo de preguntas”, insistió.
Al frente de la comisión, el cordobés Ernesto Martínez trató de hacer equilibrio y puntualizó que no podían “poner en aprietos a la postulante”. Y trató de responder él la pregunta para dar por concluido haciendo lo que definió como una formulación académica: “Si alguien ofrece el pago del 100%, es una forma de cancelar las obligaciones. No tiene nada que ver con un caso en particular”.
Para tratar de equilibrar la situación y saldarla, concluyó: “Nadie retira preguntas, ni usted está en el compromiso de contestar. La presidencia entiende terminado ahí el tema”.
Igual, los ánimos no parecían haberse apaciguado, pero Ernesto Martínez insistió en que el tema estaba “terminado”, y agregó: “La doctora terminó hasta donde debía, no considero correcto comprometerla en respuestas en un sentido o en otro”.
“Rechazo que otros senadores me pidan que retire la pregunta -insistió el Martínez riojano-. La hago y la ratifico; rechazo los dichos de los senadores que piden que no contesten y quiero preguntar también si se puede considerar al Estado nacional como un acreedor hostil. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la cesión de créditos en un proceso judicial?”.
Intervino entonces el senador chubutense Juan Mario País (Frente de Todos – Chubut), que reconoció la potestad de todos los senadores de opinar sobre Derecho, pero “el problema es que está politizando el tema en función de la causa de la quiebra del Correo, y le está haciendo preguntas concretas por las que puede llegar a ser recusada. Por eso estamos solicitando un tema de mesura”. Insistió en que el interrogatorio tenía un componente político y que su par de Juntos por el Cambio utilizaba argumentos pueriles para justificarse. “Todos sabemos de qué estamos hablando”, apuntó, reconociendo que el senador que presidía la reunión estaba conduciéndola “adecuadamente”, pero rechazaban las preguntas por lo que subyacía en las mismas.
En el mismo sentido intervino el kirchnerista Martín Doñate para pedir que Martínez retirara ese tipo de preguntas y decirle a Vásquez que se abstuviera de responder.
Ernesto Martínez siguió tratando de mantener el equilibrio: valoró los antecedentes y la valía de la doctora Vásquez y agregó que no veía correcto reclamarle a otro senador retirar las preguntas, ni tampoco hacer referencia a casos puntuales. Pero sugirió que la postulante contestara la pregunta: “Equilibrando esto, a la doctora le sobra capacidad para contestar perfectamente desde el punto de vista académico y sin compromiso alguno. No veo el motivo de la oposición”.
Mayans y Parrilli protestaron, advirtiendo este último que lo que ella dijera podía resultar un prejuzgamiento, y volvió a insistir con los modos que le atribuye al Gobierno anterior y la existencia de una mesa judicial.
“Siempre busco actuar con equilibrio”, aclaró Ernesto Martínez, que le pidió a su compañero de bancada ser “muy concreto” para evaluar si su requerimiento podía ser relacionado con un caso concreto. El Martínez riojano pidió “que lo diga ella si quiere contestar, pero no lo digan las partes. No lo acepto de parte de un gobierno que tiene en marcha la agenda de venganza e impunidad. Sino díganme qué hacen reuniendo esas bicamerales para hostigar al procurador Casal y el traslado permanente de jueces… Hasta han llegado a carpetear a dos militares…”.
“Esto lo va a decidir la presidencia”, resumió Ernesto Martínez, que concluyó el episodio de la siguiente manera: “Habiendo hecho catarsis ambos bloques, la doctora Vázquez queda desocupada”.
Se inauguró la Casa Patria Chaco, que será presidida por la diputada nacional Lucila Masin.
Fue inaugurada en Resistencia la Casa Patria Chaco, con presencia del gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga. En conexión remota saludaron el acto el senador Oscar Parrilli, titular del Instituto Patria en Buenos Aires, y la diputada nacional Mónica Macha, coordinadora con las provincias.
En el Chaco la presidenta de la institución es la diputada nacional Lucila Masin, quien en la apertura -vía Zoom- agradeció el acompañamiento militante y de quienes conducen el Instituto Patria por hacerlo posible. “Estamos plenamente felices de tener una nueva casa que se suma a las que ya funcionan a lo largo y ancho del país. Cada Casa Patria es un lugar donde pensar, debatir y proponer desde un paradigma de pensamiento crítico”, destacó.
Con una visión de construcción y representatividad colectivas convocó a abrazar un espacio pensado para compañeros, compañeras y la militancia que comparte el mismo proyecto político. El acto se produjo en el 69º aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte, por lo que la legisladora destacó especialmente la figura de una garante para los derechos de las mujeres.
El presidente del Patria, Oscar Parrilli, hizo un repaso del origen del Instituto a partir de la necesidad de reflexionar sobre el contexto regional y de trabajar ante nuevos desafíos del futuro.
“Es una alegría contar con una nueva Casa Patria, para formarnos, para la autocrítica y para abrir la cabeza en busca de ideas que resuelvan los problemas de nuestro pueblo. Tenemos un imán muy fuerte y es Cristina Fernández; y como dijo Néstor Kirchner, no llegamos; recién empezamos”, saludó.
Por su parte el gobernador Capitanich contrastó las deudas que dejaron algunas gestiones de gobierno con las gestiones peronistas que “producen orgullo por asegurar un plan para garantizar que los jóvenes terminen la secundaria, que una asignación universal permita vacunar y educar a más niños o que una madre acceder a su jubilación porque el trabajo en el hogar se reconoce como parte de los aportes”. “Tenemos que sentir orgullo por lo que hicimos, por lo que somos capaces de hacer y por lo que defendemos”, enfatizó.
En el acto también participaron la vicepresidenta de la Casa Patria, María Inés Pilatti Vergara, y el secretario de la institución, Aldo Lineras. La senadora Pilatti Vergara recordó que al Instituto Patria lo creó Cristina Fernández en 2016 como un refugio institucional para seguir haciendo camino, formación política y militante. Además de destacar la iniciativa, el ímpetu y entusiasmo de Masin para abrir la sede local, invitó al peronismo provincial a sumarse a trabajar para el Chaco.
El espacio de formación y estudio funcionará en José Hernández 32, de Resistencia, y comparte objetivos con el Instituto Patria en contribuir al proceso de integración regional y al desarrollo de un nuevo pensamiento Latinoamericano del siglo XXI.
Los temas de análisis, capacitación y formación son diversos; e incluyen el ambiente, la ciencia, cultura, comunicación, economía, administración de justicia y defensa nacional, así como la agenda de derechos de consumidores y de las personas mayores, el desarrollo productivo, discapacidad, juventudes, mujeres y géneros, trabajo, transporte, entre otros.
El oficialismo avanzó con los dictámenes relacionados a los servicios públicos y privados. Juntos por el Cambio no acompañó y anunció que analizará los textos.
El Frente de Todos avanzó con los dictámenes de dos proyectos de ley que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, impulsados por el senador kirchnerista Oscar Parrilli. Por su parte, los legisladores de Juntos por el Cambio no acompañaron el despacho y anunciaron que estudiarán los textos, definidos este mismo viernes.
Al explicar los cambios a las iniciativas, Parrilli aclaró que se incorporará “la tasa de interés para personas humanas, porque creo que eso le da mayor claridad” y señaló que “no queremos intervenir en la política del Banco Central”, sino que estos proyectos buscan la coherencia “con el artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Luego, leyó los dictámenes, comenzando por el referido a los servicios privados, del cual se excluyó a las instituciones de educación privada.
De acuerdo con el texto, “la tasa de interés moratorio y punitorio deberá aplicarse: a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos administrativos o por cualquier otro concepto”.
Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.
“El Poder Ejecutivo Nacional determinará las autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las reglamentaciones y/o resoluciones correspondientes”, establece, e indica que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente “serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil”.
También, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán otorgar a sus usuarios particulares “planes de facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos a los servicios involucrados”.
Por otra parte, en lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), incorporando que “la tasa de interés moratoria y/o punitoria por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de internet y servicio de telefonía móvil y fija, a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina”.
“La fecha del primer vencimiento de las facturas de los servicios de gas, luz, agua, cable, internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”, señala y añade que “los entes reguladores de cada servicio público y las empresas prestadoras de servicios deberán adecuar sus reglamentos de suministro en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley”.
En cuanto a las sanciones, las empresas de servicios públicos que no adecuen su facturación dentro de los 30 días, desde la publicación de la ley, serán sancionadas con multas que van desde los 2 a 24 Salarios Mínimo, Vital y Móvil; y, en caso de incumplimiento, habrá multas desde los 4 a 48 SMVM.
Al igual que en el otro proyecto, las empresas prestadoras de servicios públicos deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de facilidades de pago para cancelar las deudas.
Al sentar la posición el interbloque Juntos por el Cambio, la senadora Laura Rodríguez Machado remarcó que “tenemos que considerar y analizar debidamente ya que no hubo unanimidad en asesores”. La cordobesa opinó que la ley busca “avanzar sobre las facultades del Central, desmereciendo todo el esfuerzo que ha hecho durante este tiempo” y “es un verdadero incentivo a no pagar, disfrazado de un falso propósito de aliviar la situación de los deudores”.
“Verdaderamente busca liquidar la rentabilidad y posibilidades de subsistencia de estos sectores que alcanza”, dijo la macrista en referencia a los servicios privados, y ratificó: “No vamos a suscribir el despacho y vamos a tomar una decisión que será comunicada debidamente a los presidentes de las dos comisiones luego que el bloque se reúna y analice el texto”.
Desde el propio Frente de Todos, el chubutense Mario Pais planteó que no se debe “diferenciar a los destinatarios de la facturación, porque al hacerlo dejamos sin tope y sin límite, por ejemplo, a otros usuarios y consumidores de servicios públicos”. “La Ley de Defensa del Consumidor no distingue, habla de consumidores en general”, insistió.
A esa idea adhirió la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, que expresó que le parecía “razonable” porque sino “estamos incorporando una distinción que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene”.
Sobre ello, Parrilli asintió que “de aquí al recinto podemos hacer un agregado para aclarar cuál es el régimen que queda para las empresas”. Llamativamente, y admitido por ella misma, Rodríguez Machado defendió la idea original de Parrilli de incorporar únicamente a las personas humanas, porque esto “tiene que ver con la imposibilidad de pago de una persona que con su sueldo no llega; no tiene que ver con los empresarios, con los deudores que puedan ser institucionales”. “Yo preferiría dejarlo como usted lo informó”, agregó, aunque aclaró no estar de acuerdo con la ley.
Participación de representantes del Banco Central
La subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central, Daniela Bossio, explicó que “para todas las operaciones de crédito, sean créditos personales o tarjetas de crédito” si la persona deudora “no se atrasa, lo que hay es un interés compensatorio”. “Si la persona se atrasa respecto de los vencimientos pactados debe abonar además el interés punitorio”, señaló.
“Nos deja más tranquilos la aclaración que se hizo sobre los objetivos de estos proyectos, básicamente vinculado a la reglamentación sobre el interés punitorio y no sobre el compensatorio”, dijo.
“La Ley de Tarjetas de Crédito establece un límite para el interés punitorio que no puede ser mayor al 50% de la tasa de interés compensatorio, en los contratos financieros se adiciona, cuando hay una mora, el interés punitorio al compensatorio”, agregó.
En tanto, Germán Feldman, subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central, apuntó que “el proyecto plantea la pasa pasiva del BNA a 30 días” y las tasas de esta entidad “están alineadas con los mínimos regulatorios que plantea el Banco Central”.
“La tasa de interés de tarjetas, que tradicionalmente se encontraba por encima de la tasa de los créditos personales, pasó a estar por debajo, eso es lo que venimos viendo desde mediados del año pasado”, informó.
Feldman consideró que “en caso de que algún usuario decidiera voluntariamente no pagar el servicio, sería conveniente pensar en una tasa que esté por encima de la tasa de interés pasiva del sistema para desalentar ese tipo de incentivos”.
“Distinguiría lo que es financiación con tarjetas de crédito, porque ya de por sí ahí hay una tasa compensatoria, de lo que es el otro proyecto sobre los servicios públicos”, observó.
Representantes de defensa del consumidor, tarjetas de crédito, prepagas y bancos asistieron a un plenario de comisiones del Senado, que comenzó a tratar dos iniciativas impulsadas por el kirchnerista Oscar Parrilli.
Durante una reunión que se extendió por más de tres horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado debatieron este martes proyectos de ley que buscan limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y también privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga, educación y empresas de seguros, entre otros-.
Hacia el final del encuentro, con la venia de Oscar Parrilli, autor de las iniciativas, oficialismo y oposición acordaron que los asesores trabajen en una serie de modificaciones a los textos y se llegue a un pre-dictamen para el próximo viernes, cuando se retomará el cuarto intermedio, estableció la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista María de los Ángeles Sacnun, al argumentar que a partir del 19 de julio habrá receso invernal hasta el 30.
Además, a pedido de la macrista Laura Rodríguez Machado, en la reunión del viernes -antes de pasar a la firma los despachos- se convocará al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y a representantes de escuelas privadas, para que aporten su opinión.
Sobre este último sector, el cordobés Ernesto Martínez pidió excluir a la educación de gestión privada de esta ley, y Parrilli aseguró que “de ninguna manera tenemos interés de perjudicar a la educación y mucho menos a los padres”, con lo cual se evaluará la propuesta.
Al abrirse la reunión, Parrilli sostuvo que “la especulación financiera se ha transformado en el mundo en una de las acechanzas y amenazas que tienen todos los países desarrollados y subdesarrollados”, algo que se “recrudeció con la pandemia”. “El sistema financiero mundial tiene muchas cosas para corregir”, opinó.
El legislador oficialista resaltó que muchas veces “los servicios públicos se prestan de manera monopólica y por una concesión que el Estado les brinda”, y aplican “una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación”.
“En muchos casos nos encontramos con que había cargos financieros, cargos por mora, por no pago en término, por envío de intimación, por reconexión del servicio”, observó, y explicó que esto genera el hecho de que “un ciudadano, o una empresa, o un club, lo que fuere, no pague su factura” y se genere “un grave perjuicio, en beneficio obviamente del prestador, que nosotros consideramos abusivo, excesivo, y que responde a una rentabilidad que no responde a la prestación de servicios”.
La postura de los expositores
El primero en exponer fue Sergio Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor, quien celebró las iniciativas que tiendan a “la visibilización de la problemática del sobreendeudamiento de los consumidores”. El funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo señaló que tener a parte de la población sobreendeudada “es tener a parte de nuestra sociedad excluida del consumo”.
“Creemos que muchas de las soluciones que se proponen son interesantes”, avaló y dijo que en los proyectos “debe centrarse la mirada principalmente en la figura de los consumidores”, al tiempo de contar con “una perspectiva federal, que implique no sólo la intervención de las autoridades nacionales de aplicación, sino también de las locales”.
Por su parte, Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisiones Regionales de tarjetas de crédito y consumo no bancarias, resaltó su representación en nombre de las PyMEs del interior que atienden a 17 millones los usuarios de tarjetas, que representan el 30%, y “son todos usuarios del interior del país, de un segmento de bajos ingresos o ingresos informales, que no son atendidos por los bancos”.
“Nuestra tasa de interés ya está regulada por la ley y el Banco Central”, subrayó y, en ese sentido, expresó que “especulación no podemos hacer”. “El 30% del mercado de tarjeta de créditos está asentado en los emisores no bancarios. Hoy, la tasa de interés es un dolor de cabeza porque nuestra rentabilidad está justa o incluso negativa”, continuó.
En su intervención, Etchegoyen se refirió también a las comisiones que “necesariamente deben tener previa autorización del Banco Central”. “El margen de nuestro sector, prácticamente en los últimos 10 años, en Argentina se ha ido deteriorando y corre riesgo este negocio”, agregó y opinó que avanzar con estos proyectos logrará “incentivar el comercio en negro y la caída de la recaudación”.
A continuación habló Gonzalo Rodríguez, abogado especialista en derecho del consumidor, quien explicó que “el endeudamiento del consumidor para acceder a los bienes y servicios” se debe a una “falta de regulación” en el mundo. “Estos proyectos reconocen que el sistema de protección jurídica de consumidores y usuarios es mucho más que la mera protección del sujeto individual consumidor destinatario final, los proyectos vienen a regular un mercado”, consideró.
Sobre la iniciativa referida a las tasas de interés de servicios privados, apuntó que “si lo que se busca es prevenir situaciones de sobreendeudamiento está faltando un actor que son los proveedores no financieros de crédito, empresas que se dedican al préstamo de dinero”.
En la línea de Etchegoyen, César Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito (ATACYC), señaló que este “es un sector muy regulado, ya desde el año 1999 tenemos tasas máximas y aranceles” y “es el único sector de la economía que paga impuesto a los Débitos y Créditos por administrar fondos de terceros”.
Además, aseveró que el año pasado, con la llegada de la pandemia, hubo “una cantidad impresionante de regulaciones adicionales para el sector. Hubo varias normas del Banco Central bajando tasas de intereses, el congelamiento de comisiones” y ” todas ellas claramente para beneficiar a los consumidores y que permitieron sobrellevar la situación de los consumidores”.
Bastien estimó que de salir el proyecto se incrementará la pérdida de las empresas a partir de una tasa menor al costo de los fondos; se desincentivará el pago de los usuarios; el cambio en la fecha de cobro generaría pérdida económica y problemas operativos sin mejorar la posibilidad de pagos de los usuarios; y se generará menor oferta de préstamos, sobre todo para los segmentos socioeconómicos más vulnerables.
Otro de los invitados fue Rubén Morcecian, abogado especialista en contratos, quien opinó que “hay situaciones de emergencia, de excepción, que hay que atender” y que el “fenómeno mayor del sobreeendeudamiento de las personas humanas” viene desde la crisis del 2008.
“No hemos podido obtener todavía un instrumento legal que le permita a los ciudadanos endeudados resolver razonablemente su situación, que no sea anunciar su propia quiebra; hoy tenemos la quiebra del jubilado, la quiebra del ama de casa, del policía en el interior del país, del empleado público”, graficó.
Luego fue el turno de Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud, quien mantuvo un picante cruce con Parrilli. Sobre los proyectos, advirtió que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir” entre los usuarios no morosos.
Adrián Ganino, de la dirección de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, sostuvo que “no podemos trasladar el riesgo que implica llevar adelante diferentes actividades comerciales a los usuarios y consumidores finales, en este aspecto de cuidar los intereses, la salud y el trato digno del que nos habla el artículo 42 de la Constitución”.
“Es claro que necesitamos un marco normativo”, apoyó y observó que “no se trata de limitar las ganancias, sino que el consumidor y usuario sea protegido con la idea que pueda sanear su situación económica” y se pueda “volver a insertar en el mercado”.
En representación de los bancos, Alejandro José Pérez, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), alertó que “Argentina es uno de los países con menor grado de bancarización del continente y con tendencia bajista”. “El proyecto bajo análisis regula el mercado de créditos y por ello es necesario tomar los recaudos para evitar que se deteriore aún más el grado de bancarización”, prosiguió.
Pérez manifestó que “el sistema financiero actualmente tiene problemas de rentabilidad”, al tiempo que precisó que “respecto a la mora del sistema financiero, el índice asciende a solo al 4,2% de morosidad” en abril. “Cuando algún deudor tiene problemas para honrar sus compromisos, las entidades financieras se ponen en contacto con ellos a fin de buscar una solución para que el cliente pueda regularizar su situación. Siempre se busca una solución de común acuerdo con los deudores y en el 99% de los casos se lo alcanza”, añadió.
En tanto, Hugo Bruzone, asesor de Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), enfatizó que “estamos en un sistema que ya de por sí es muy regulado y con números de mora que no marcan que ésta se haya incrementado visiblemente”. “El proyecto engloba dos universos que son totalmente distintos: por un lado están los préstamos en dinero y por otro lado están los servicios públicos”, diferenció.
“El proyecto habla de interés moratorio y prohíbe los punitorios y hay muchos contratos escritos que pueden haber usado distinto lenguaje, entonces creo conveniente que lo que se regule comprenda tanto a intereses compensatorios o punitorios”, agregó.
Finalmente, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat expresó: “Me parece sustancial que se invoque en los fundamentos al artículo 42 de la Constitución Nacional porque las precisiones que contiene le van a dar un soporte normativo de mayor jerarquía en caso de una impugnación del valor constitucional de estos proyectos”. Asimismo, sugirió hacer “menciones al artículo 1ro. de los dos pactos internacionales” de la ONU y propuso cambios en la redacción de las iniciativas.
El senador kirchnerista y el presidente de la Unión Argentina de Salud se cruzaron este martes durante un plenario de comisiones.
El senador kirchnerista Oscar Parrilli y el presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, mantuvieron un picante cruce este martes, durante un plenario de comisiones en el que se debatieron proyectos para limitar las tasas de intereses por mora en el pago de servicios públicos y privados, tales como la medicina prepaga. “Es un experto en reclamos y en tratar de mostrar que el Estado no sirve”, disparó el legislador del Frente de Todos.
Invitado a exponer en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías, el dueño de Swiss Medical señaló que “el sistema privado de salud está viviendo por estos momentos una de las crisis más profundas, está peleando su sustentabilidad, tiene problemas gigantes”, con lo cual el impacto de esta iniciativa sería “un tema menor”.
No obstante, remarcó que la ley de medicina prepaga -que no se cumple en su totalidad, afirmó- dice que “un usuario puede tener hasta tres cuotas de atraso en el sistema” y “la sanción que tendría sería percibir una tasa subsidiada”.
Belocopitt pronosticó que “si creamos mecanismos que faciliten la especulación vamos a aumentar la morosidad, vamos a aumentar costos adentro del sistema, y esos costos los vamos a tener que distribuir”.
“El moroso va a pagar una tasa más barata que el que está en regla. ¿Dónde se ha visto que el moroso pueda pagar algo más barato que el que está en regla?”, cuestionó, y enfatizó que “si estamos tan preocupados en bajar toda esta carga, pues bien, hagamos la misma propuesta a la AFIP, a las tasas municipales, a las deudas provinciales”. “Si no lo hacemos correcto, vamos a terminar perjudicando a la gran mayoría”, agregó.
Al responderle, Parrilli, autor de los proyectos, expresó que “nadie duda de que hay una crisis en el sistema de salud a partir de la pandemia, pero fundamentalmente creo que fue en el 2020, por lo que ha sido las no prestaciones por mucho tiempo”.
Y luego lanzó: “Reconozco en el señor que habló un experto en reclamos y en pedirle al Estado, y en tratar siempre de mostrar que el Estado no sirve, no anda, no funciona, y que los dejen a ellos hacer las cosas libremente que la sociedad va a estar mucho mejor”. Pero “a lo largo de la historia no ha sido precisamente así”.
En ese sentido, el neuquino ejemplificó que, en el caso del sistema financiero, durante el gobierno de Mauricio Macri “también decían que no tenía que haber regulaciones, y se dejó libre la entrada y salida de divisas, se dejó libre la tasa de intereses, se dejó libre todo. Y concluyó en una fuga de capitales fenomenal, como nunca antes vista, de 86 mil millones de dólares”, además de “una deuda que estamos pagando todos los argentinos, y no sé si algún día podremos pagarla”.
A la plata no la fugaron “los usuarios de las tarjetas de crédito, no la sacaron los usuarios de los servicios públicos. La sacaron las empresas, los bancos, las financieras, todas las empresas que ganaron sumas fenomenales de dinero todos estos años”, apuntó Parrilli.
“Yo creo que no es cierto que esto va a afectar, todo lo contrario, lo que va a hacer es proteger el derecho de los usuarios que no tienen protección. Las empresas siempre tienen la posibilidad de recurrir al Estado”, completó.
Entonces, el titular de la Unión Argentina de Salud le contestó: “No soy un reclamador al Estado, ni mucho menos, reclamo lo que creo que es un derecho”.
“En cuanto a los datos que usted habla sobre la deuda y demás, que creo que está haciendo una referencia a mí en lo personal, ya se encargaron de publicarlo algunos portales, podemos discutirlo donde quiera”, le dijo, en referencia a una publicación de El cohete a la luna, portal de Horacio Verbitsky, que lo menciona entre los responsables de la fuga de capitales.
Y le reclamó: “Debería sentir orgullo de un empresario que ha creado la cantidad de puestos de trabajo que me ha tocado crear a mí desde que estoy en Argentina”.
“No soy una persona que descree de la participación del Estado, lo que sí le digo que en materia de salud privada los que optan por la medicina prepaga, votan a la medicina prepaga, porque la tendrían gratis en el Estado, pero consideran que la medicina prepaga lo hace mejor“, añadió Belocopitt, que en los últimos días alzó la voz contra la supuesta intención del Gobierno de estatizar el sistema, sumado al decreto emitido por Alberto Fernández que prohíbe a los trabajadores salir de la obra social de su sector durante el primer año.
Finalmente, Parrilli cerró: “No hice ninguna alusión personal a él, desconozco lo que él dice, no tengo nada personal contra él, a quien además no conozco”.
Según lo acordado entre los senadores Sergio Leavy y Oscar Parrilli, próximamente se instalará en Salta la Casa Patria.
Con la intención de poner en funcionamiento la Casa Patria Salta, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy se reunió con el presidente del Instituto Patria, el también senador nacional Oscar Parrilli.
“Es un gran honor que se pueda fundar el primer espacio de formación y difusión de las ideas del Instituto Patria en el Norte del país. Para esto, le comenté al senador Parrilli que próximamente convocaré a los legisladores nacionales del Frente de Todos de la provincia para avanzar en la solicitud de la personería jurídica de la Casa Patria Salta”, detalló el legislador del Frente de Todos.
Para Leavy, “contar con un lugar de debate y de intercambio de propuestas de esta magnitud en nuestra provincia nos permitirá fortalecer la acción política, aportar nuestra visión desde el NOA y contribuir al objetivo principal del Instituto que es desarrollar un nuevo pensamiento Latinoamericano”.
La iniciativa incluye a las empresas de servicios públicos, entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios de medicina prepaga y empresas de privadas de servicios en general.
El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli presentó este miércoles dos proyectos de ley a fin de limitar las tasas de interés por mora que se cobran por atrasos en los pagos, tanto de servicios públicos como de privados.
La idea, que es acompañada por gran parte de los legisladores que integran el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, propone limitar la tasa de interés para que dicha tasa sea, “ni más ni menos, que la tasa pasiva para depósitos a 30 días que establezca el BNA, no pudiendo las empresas establecer un porcentaje superior a la tasa mencionada como sucede hoy en día”.
Además, “tampoco podrán imponer cargos extras a las ya elevadas tasas de interés como cargos de reconexión, gastos administrativos, etc. pues en una sociedad democrática no pueden existir actores que se sustraigan de la legislación vigente presionando e imponiendo tarifas y tasas de interés usurarias con el único fin de ver incrementada sus ganancias al cerrar cada año sus balances”.
La iniciativa impone “el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día diez”, porque “la gran mayoría de los usuarios de dichos servicios perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen los servicios después del primer vencimiento con el consiguiente recargo por pago fuera de fecha”.
En los proyectos, se indica que deben adecuarse las tarifas mensuales “a un promedio anual”. Son muchas las provincias en las cuales en épocas invernales (o a la inversa en las más calurosas) las temperaturas son muy bajas, lo que provoca indefectiblemente un incremento en el consumo de gas de los usuarios. A efectos de paliar estos desequilibrios las empresas prestadoras deberán adecuar su facturación mensual para que las mismas sean similares durante todo el año sin perjuicio de las oscilaciones en el consumo y sin ningún tipo de recargo y/o interés.
Parrilli argumentó que “la pandemia producida por el Covid-19 profundizó y acentuó el daño provocado por la gestión macrista y sus políticas neoliberales, aumentando los índices de desocupación, pobreza e indigencia”, razón por la cual sostiene que “brindarle a la comunidad todo el acceso a tarifas con precios razonables y servicios de calidad mejoraría sustancialmente la calidad de vida”.
Además, consideró que “el acceso a los servicios públicos como parte del contenido de los derechos humanos se encuentra reconocido de forma directa por la ONU en distintas resoluciones en donde se establece que deben estar al alcance de todos, con un costo razonable, que su acceso no debe limitar la capacidad de pagar por otras necesidades esenciales como alimentación, vivienda y atención a la salud”.
Sin embargo, para el hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner, “las empresas prestatarias de servicios públicos direccionan sus esfuerzos a priorizar la obtención del mayor rédito económico posible a costo de la calidad y la universalización del servicio como derecho humano, provocando serias situaciones de exclusión y marginación económica en el acceso a los servicios esenciales de calidad”.
El ex Secretario General de la Presidencia expuso “los aumentos tarifarios desproporcionados autorizados por la gestión de Juntos por el Cambio en perjuicio de los consumidores, quienes debieron destinar grandes porciones de sus ingresos al pago de los servicios para evitar los cortes, e incluso al financiamiento de las facturas con tasas de interés usurarias y violatorias de la normativa vigente”.
Respecto de ello, describió que “desde comienzos del 2016 con el cambio administración y hasta octubre del 2018, la sociedad argentina sufrió aumentos acumulados promedio de 2057% en gas natural, 1941% en energía eléctrica y de casi el 1000% en el servicio público de agua potable sumado a los incrementos tarifarios de los servicios de telefonía móvil, fija y televisión por cable, todos ellos, indudablemente servicios públicos esenciales”.
El legislador neuquino consideró que “estos incrementos excesivos han generado una imposibilidad absoluta en los usuarios a afrontar sus compromisos, generando una mora inusitada en el cumplimiento de los pagos de los mismos”.
“Es preciso recordar que las empresas privatizadas que brindan un servicio público de enorme trascendencia social, deberán tener presente que su actuación primordial y fundamental se vincula directamente con las finalidades públicas, y muchas veces deberán dejar de lado su pretensión de lucro y beneficio económico cuando se encuentre comprometido el bien común. Por tratarse de empresas en gran medida “publicas” la motivación fundamental de su actuación no puede ser el lucro, sino la satisfacción de necesidades sociales”, sostuvo Parrilli.
En este sentido, denunció que “tomando el valor de la tasa que actualmente se encuentra en el 35%, y según la normativa vigente, las empresas distribuidoras de servicios públicos pueden aplicar una tasa de interés por mora de hasta un 55,5% lo que resulta sumamente abusivo frente a la dañada realidad actual. Más aun considerando que algunas empresas violan la normativa aplicando tasas de hasta el 150% por encima de la tasa pasiva del BNA, así como penalidades del 5% o del 3% diario o mensual impuestos por ciertas empresas monopólicas de telefonía móvil”.
Parrilli aseguró que es deber del Congreso Nacional “diagramar una política legislativa que procure brindar herramientas para crear mejores condiciones y, de ese modo, gestionar soluciones para el conjunto del pueblo argentino”.
Sin embargo, la iniciativa, que suma a CABA a los beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público, despertó las voces de legisladores del interior del país que reclamaron por la inequidad entre sus provincias y la Ciudad.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este miércoles de forma virtual para debatir un proyecto que rectifica el artículo 73 sobre ayuda para transportistas escolares de la Ley de Presupuesto Nacional. Aunque la comisión firmó dictamen, la iniciativa que agrega a la Ciudad de Buenos Aires a la lista de beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público -originalmente destinado sólo al interior- abrió el debate de la inequidad entre la Capital Federal y las provincias.
Aunque Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que no integra la comisión, se manifestó a favor, intervino para advertir: “Distribuir igual entre desiguales no es justo. En eso se comete una injusticia. Y yo creo que el transporte escolar en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente desigual. En primer lugar porque en la Ciudad de Buenos Aires hay transporte de subterráneos, hay transporte de colectivos, hay transporte de tren, hay transportes de taxis abundantes y obviamente también está el transporte escolar”.
El legislador neuquino continuó con su crítica al considerar que “desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo en darle también a CABA, que es la ciudad que más plata recibe del fondo nacional”. A continuación, arrojó el dato de que “casi el 70% de los gastos del fondo nacional” se destinan a la Ciudad.
“A mi me gustaría que se le pida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué aporta, porque no aporta absolutamente nada. Y además, también recordemos que los costos de transporte, no solamente escolar sino transporte en general, en el interior son mucho más caros que en la Ciudad de Buenos Aires”, lanzó el senador oficialista.
El reclamo de Parrilli abrió la puerta a las críticas de otros senadores de provincias del interior. “Es absolutamente injusta la distribución del esquema de los subsidios de transporte”, “no es equitativo, ni siquiera es justo”, denunció José Mayans, titular del oficialismo en la Cámara alta. El formoseño pidió “darle más al que más necesita”.
La oposición también se sumó al reclamo. Victor Zimmermann (UCR-Chaco) expuso: “Los 600 millones de pesos que teníamos para el interior ahora se van a repartir para todo el país, por lo tanto va a haber seguramente un criterio de distribución diferente”. El legislador chaqueño consideró que el nuevo proyecto “cambia el espíritu” original de la creación del Fondo de Compensación al Transporte Público.
Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) coincidió con sus colegas pero recordó que “la clave está en que verdaderamente se destrabe de una vez por todas los fondos que tienen que ir destinados a esto”. “En el 2020, los 600 millones no se repartieron a nada y en lo que va del 2021 tampoco se ha entregado ni un peso”, explicó la tucumana.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), por su lado, propuso la creación de una subcomisión de trabajo para discutir la cuestión de la equidad de los subsidios al transporte.
El presidente de la comisión, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) sostuvo: “Estimo que estos 600 millones nunca fueron ejecutados. Por lo menos en la provincia de Córdoba no llegó ni un peso”. Sin embargo, aplacó la iniciativa de sus colegas de proponer modificaciones al considerar: “Me parece no sería lo más atinado que vuelva a Diputados porque veo una demanda intensa del sector”.
En contraparte, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) consideró que el subsidio “debe ser para todos” y le recriminó a sus compañeros que un planteo similar no se les ocurriría, por ejemplo, con el IFE. “A nadie se le puede caber en la cabeza decir ‘le vamos a dar los del interior pero los de la capital no, porque la capital tiene plata’”, expuso. El legislador opositor concluyó insistiendo en su postura de que todo el país debería recibir la ayuda: “Sea de donde sea, sea de la ciudad más rica o sea de las zonas más pobres, pero les corresponde”.
Para cerrar el tema, Caserio propuso: “Si a ustedes les parece, vamos a pasar el dictamen a la firma. Creo que hay un consenso de que no se puede demorar más con el transporte escolar, más allá de la situación que se amerite”.
La iniciativa fue presentada por la legisladora María Luján Rey (Pro). El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.
En los argumentos se recordó que este Fondo fue incorporado especialmente, durante 2020, para el auxilio económico del sector. “Sin embargo, al poner en marcha la distribución de las partidas fue la misma redacción de ese artículo, la que impidió y aún impide la distribución de esos fondos, hacia sus destinatarios”, se explicó.
En ese sentido, la modificación busca “la distribución justa y homogénea entre todos los transportistas escolares de todo el país”, máxime si se considera que “en estas dos jurisdicciones es donde se desenvuelven la mayor parte de los integrantes de ese sector, y que es en esas jurisdicciones donde la recesión escolar por la pandemia fue más profunda y extensa”.
Por “inexistencia de delito”, fueron sobreseídos la vicepresidenta, el senador del Frente de Todos y el viceministro de Justicia.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el senador nacional Oscar Parrilli y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, fueron sobreseídos este lunes en una causa en la que estaban acusados de espionaje ilegal como parte de una presunta persecución contra el exespía Antonio Stiuso.
El juez federal Sebastián Ramos dispuso el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, pese a haber declarado la inconstitucionalidad de dos artículos de una resolución que avanzaba sobe el paradero de Stiuso, quien en 2015 estaba recién desvinculado de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia).
Parrilli, quien fue director de la AFI durante el último periodo de la gestión de Cristina Kirchner, había ordenado que un centenar de agentes jubilados, entre ellos Stiuso, se presentaran a la AFI como parte de una obligación de supervisión sobre sus tareas, aun cuando no estuvieran en el servicio activo.
Además, había ordenado que en caso de incomparencia, se le suspendiera el pago de su jubilación.
Ramos declaró la inconstitucionalidad de esa normativa y a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, inició una investigación sobre la supuesta persecución contra Stiuso, señalado como “uno de los principales aportantes de información al difunto fiscal Alberto Nisman”.
Por aquellos tiempos, tras la muerte de Nisman, la figura de Stiuso estaba en el centro de la escena y tras declarar ante la fiscal Viviana Fein se marchó por tierra del país y llegó hasta los Estados Unidos.
Parrilli le pidió a la Justicia que a través de Interpol se emitiera una “alerta azul”, una medida de determinación del paradero de una persona aun cuando no esté imputada en una causa penal ni tenga pedido de captura internacional.
El abogado de Stiuso, Santiago Blanco Bermúdez, presentó una acción de amparo por la supuesta persecución, pero la causa se cerró hoy por decisión del juez con el sobreseimiento de todos los imputados.
Ramos descartó tanto la persecución cuando la inteligencia interna: “Pese a los medios con los que contaba y cuenta la AFI, Parrilli utilizó los resortes legales pertinentes para lograr el objetivo señalado” de la presentación de Stiuso.
“Se presentó ante la justicia a fin de requerir la emisión de la ‘Alerta Azul’; pidió a las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones que dieran aviso inmediato en caso de tener notificas de Stiuso e, inclusive, solicitó por vía diplomática colaboración a los Estados Unidos, ante la presunción de que el nombrado pudiera estar allí”, resaltó.
El juez eludió pronunciarse sobre el hallazgo de una carpeta con información sobre Stiuso en un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio a la vivienda de Cristina Fernández en El Calafate y el contenido de una conversación de ésta con Parrilli sobre las causas judiciales del exespía.
El senador kirchnerista ratificó la posición de seguir adelante con los cambios en la Procuración, en medio del respaldo del presidente a su candidato y la decisión de Juntos por el Cambio de apoyar el pliego.
La interna del Frente de Todos por la designación de Daniel Rafecas como procurador general no cede. Tras el respaldo del presidente Alberto Fernández a su candidato, sumado a la decisión reciente de Juntos por el Cambio de ahora sí acompañar el pliego, el ala dura del kirchnerismo ratificó su postura de avanzar primero con la reforma del Ministerio Público Fiscal.
Este jueves el senador neuquino Oscar Parrilli, leal a la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue consultado en radio Futurock por la advertencia de Rafecas sobre que bajaría su postulación si el Congreso modifica por ley la mayoría necesaria para su designación.
“La opinión de Rafecas es respetable, él puede pensar como sea conveniente, pero nosotros más allá de Rafecas consideramos que el procurador debe tener mandato a cinco años, la designación debe ser por mayoría absoluta y que la remoción tenga que ser por dos tercios“, señaló.
Y remarcó: “No vamos a dejar de sancionar una ley por la opinión de un juez, un fiscal…O más allá de la libertad que él (por Rafecas) tiene”. “Nosotros diagramamos nuestra propia estrategia política y vamos adelante con lo que pensamos, independientemente de lo que pueda pensar Rafecas o la oposición”, insistió.
Para el oficialista, la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal “es la mejor acción que podemos llevar adelante, no es solo un problema de mayoría absoluta; nosotros entendemos que tenemos que sancionar esta ley porque le hace bien a la democracia, a la justicia”.
Durante la entrevista, Parrilli recordó que “cuando el presidente envió el pliego, al poco tiempo empezó la pandemia” y “en las negociaciones para las sesiones virtuales, el bloque de Juntos por el Cambio exigió de que en sesiones virtuales no se tratara el pliego de Rafecas, puso como condición ese tema”.
“A raíz de eso, y de que no se podía resolver el tema, retomamos proyectos que habían presentado legisladores de Juntos por el Cambio, donde planteaban que el procurador podía votarse por mayoría absoluta y tener cinco años en el cargo”, continuó el presidente de la Comisión de Justicia.
Además, el senador enfatizó que “no hubo nunca dos tercios, es mentira”, apuntando contra la postura reciente de Juntos por el Cambio, y justificó que por eso se trató el proyecto, que tiene media sanción del Senado y dictamen en la Cámara de Diputados, pero todavía el Frente de Todos no cuenta con los votos para sancionarlo.
La consigna oficial expresada al retorno del Presidente de su viaje a Europa fue la de que se habían cumplido los objetivos trazados. En líneas generales así fue, aunque lo que Alberto F. escuchó fue lo que ya sabía de antemano. Depende ahora de la paciencia del FMI para acceder a nuestros planteos.
Por José Angel Di Mauro
Por obra del coronavirus, las giras presidenciales se han reducido al máximo. Con un mundo jaqueado por la pandemia, los países se han encerrado en sí mismos y eso han hecho y hacen sus gobernantes, que son los que han decidido el encierro de sus poblaciones por períodos más o menos extensos.
En general, los gobernantes se mantienen en sus países hasta tanto pase esta emergencia y los contactos entre sí se realizan de manera virtual. Una modalidad que sin dudas llegó para quedarse, y que nuestro presidente ha cumplido como todos. Pasa lo mismo con las cumbres. Hay excepciones: por celebrarse los 30 años del Mercosur, la reunión de presidentes de ese organismo iba a celebrarse en nuestro país de manera presencial, pero al final y por decisión del gobierno argentino pasó a ser virtual. Probablemente para evitar un encuentro con Bolsonaro, que ya había confirmado su asistencia. Sin nombrar a su par argentino, Luis Lacalle Pou se quejó de la suspensión de la reunión presencial.
En ese contexto Alberto Fernández, que justamente acaba de endurecer la circulación ciudadana por el avance de la segunda ola de Covid, pudo darse el gusto de retomar la agenda internacional de manera presencial, con un viaje a Europa en el que visitó cuatro países en cinco días. La escala final en Moscú no pudo ser, pues el encuentro con Putin no alcanzó a cerrarse y Alberto F. se volvió el viernes.
Desde el Gobierno se esforzaron por resaltar que se habían cumplido las expectativas del viaje y se ilusionan con poder anunciar en los próximos días un acuerdo que evite el default con el Club de París. Eso debe definirse en breve, pues a fin de mes vence un pago de 2.400 millones, acordado en 2014 por el entonces ministro Axel Kicillof.
El presidente Fernández consiguió los previsibles apoyos de los líderes con los que se reunió. Pero en rigor, las palabras que escuchó fueron las de siempre: que debe arreglar con el FMI. El objetivo oficial ha sido siempre lograr una dispensa del Fondo, aunque a esta altura pareciera quedar claro que lo que el Gobierno busca no es un acuerdo, sino patear ese entendimiento para después de las elecciones, tal la idea del sector que prevalece en el Frente de Todos. La pregunta es si tras los comicios existirá disposición en el kirchnerismo para acordar con el FMI.
“El tema es que después de las elecciones, ¿sabés qué es lo que viene en la Argentina? Otra elección”, advierte en ese sentido el economista Juan Carlos De Pablo.
Alberto Fernández viajó a Europa a confirmar apoyos que ya tenía y a escuchar palabras que ya le habían dicho a él y a Martín Guzmán. Ni hablar de gestionar inversiones. La apretada agenda presidencial solo incluyó un desayuno con ocho empresarios y banqueros franceses que ya invierten en el país.
Los imprevistos que nunca faltan sobresalieron durante esta gira, como cuando el presidente debió salir a explicar el posicionamiento argentino frente a la crisis de Medio Oriente, luego de que Cancillería condenara al Estado de Israel, mas no al grupo Hamas. Fue un día después de que Santiago Cafiero y Carla Vizzotti se reunieran con la embajadora de ese país para explorar las posibilidades de fabricar la vacuna israelí en la Argentina.
En el mundo de la diplomacia no encontraban esta semana justificativos para semejante comunicado. En un tema tan complicado se estila instar a las partes a encontrar una solución por la vía pacífica y no mucho más, tratándose de un conflicto ajeno y lejano. Mariano Caucino, el anterior embajador argentino en Israel, consideró “un error” el comunicado y no descartó que Felipe Solá hubiese conocido el texto cuando ya había sido emitido, lo cual de todos modos -aclaró- no dejaría de ser grave. Aunque al final sugirió que “cuando los errores son siempre para el mismo lado, uno ya piensa que es algo ideológico”.
Las tarifas diferenciales alcanzarían a tres millones de personas, ampliando el beneficio que actualmente rige para la región patagónica, y si bien el proyecto corresponde a varios diputados -incluso de la oposición-, es auspiciado por Máximo Kirchner.
Ahí es donde se recuerda la renuencia del Gobierno a condenar la situación en Venezuela, mientras Alberto Fernández no duda en expresar desde su cuenta de Twitter su preocupación por la crisis en Colombia e insta al gobierno de Iván Duque a que “cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”, desatando la airada réplica del gobierno colombiano por lo que consideró “una intromisión arbitraria”.
El presidente buscó en su gira europea aire para sí mismo y su ministro de Economía, tomando distancia de la fuerte interna que tuvo su pico con el despido de Federico Basualdo, subsecretario de Energía, que resistió en el cargo bancado por el kirchnerismo en general y La Cámpora en particular. Pero ese deseo de empoderarlo se dio de bruces en el Congreso, con dos episodios registrados el mismo día.
En el Senado, el kirchnerismo dio media sanción al proyecto que insta al ministro de Economía a no utilizar los aproximadamente 435 millones de dólares extras que nos hará el FMI para pagar deuda, cosa que es precisamente lo que Martín Guzmán tenía en mente. Impulsor de la iniciativa, el senador Oscar Parrilli se atajó en su intervención advirtiendo que los medios y la oposición dirían que ese era “un ataque al ministro de Economía, una interna”, y que “lo mismo decían cuando el bloque de senadores del Frente de Todos hizo una nota al FMI donde le hacíamos saber de todas las irregularidades del crédito” que le dieron a Mauricio Macri. Por el contrario Parrilli afirmó que lo que ellos estaban haciendo era “precisamente apoyando a nuestro gobierno, colaborando con nuestro gobierno, y obviamente con el señor ministro de Economía, para lograr la mejor negociación”.
Desde la oposición, el radical Julio Martínez dijo sin medias tintas que la única razón que había en esa movida era “marcarle la cancha al ministro de Economía”. A su turno, Martín Lousteau preguntó a sus pares del oficialismo por qué no llamaban por teléfono a Guzmán para decirle si podían discutir “qué vamos a hacer con este maná que nos cayó del cielo”.
A esa misma hora, en la otra Cámara el oficialismo presentaba un proyecto que propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que se sumarían a los que ya existen para la Patagonia. Las tarifas diferenciales alcanzarían a tres millones de personas, ampliando el beneficio que actualmente rige para la región patagónica, y si bien el proyecto corresponde a varios diputados -incluso de la oposición-, es auspiciado por Máximo Kirchner, quien presentó el mismo como “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
Un día antes, el PJ bonaerense que el hijo de los Kirchner se encamina a presidir había emitido un duro comunicado advirtiendo que “la Argentina de los tarifazos quedó atrás”. En el mismo le hablan al ministro Guzmán, sin nombrarlo, al señalar que “ordenar las cuentas fiscales, sin descuidar a los sectores vulnerables, es decir, sin ajustar a mansalva como alienta la ortodoxia neoliberal, nos lleva a recorrer un camino inversamente proporcional al que seguía la anterior administración”.
Por más millas y aire que pueda haber acumulado, no podría decirse entonces que fue una buena semana para Guzmán, que además verificó el jueves que su pauta inflacionaria del 29% es una utopía. El 4,1% de abril confirma que en los primeros 4 meses del año se consumió más del 60% de la meta de inflación establecida en el Presupuesto 2021. Con eso, en los últimos 12 meses el costo de vida asciende al 46,3%, aun con dólar planchado y tarifas contenidas.
El proyecto promovido por Máximo Kirchner toma propuestas del mendocino José Luis Ramón, jefe de un interbloque de 6 diputados que suelen ser funcionales al oficialismo, aunque se habían plantado en los temas judiciales frenados en la Cámara baja. Este acuerdo con el proyecto sobre tarifas fue precedido por una reunión de Ramón con el ministro de Justicia Martín Soria, el día anterior. Ya en la visita del funcionario a la comisión de Diputados, Ramón había mostrado disposición para destrabar su voto si se le ofrecía flexibilidad, y eso encontró ese encuentro, con lo que el oficialismo habría quedado a tiro de aprobar la reforma del Ministerio Público y desplazar con eso al procurador Eduardo Casal, cuya cabeza es reclamada desde hace tiempo desde el Instituto Patria.
En Juntos por el Cambio temen que el Frente de Todos tenga los votos para aprobar la media sanción hasta ahora cajoneada y por eso quieren iniciar una campaña intensiva para movilizar a la población. Junto a Máximo Kirchner estuvo el jueves Sergio Massa, encargado de conseguir los votos para destrabar los proyectos judiciales provenientes del Senado y aprobar las facultades especiales para Alberto Fernández. En algunos casos están más cerca que en otros. Los próximos días serán decisivos.
La Cámara alta aprobó con 37 votos a favor y 25 en contra el proyecto impulsado por Oscar Parrilli que insta al ministro de Economía a utilizar el desembolso en los gastos de la pandemia.
Con los votos del propio oficialismo, se aprobó en el Senado un proyecto de declaración que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender gastos por la pandemia de Covid-19 y no para pagar deuda.
La iniciativa, impulsada por el kirchnerista Oscar Parrilli, recibió 37 votos a favor y 25 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal. Además del Frente de Todos, votaron positivamente también los aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana.
Sugestivamente, la declaración se votó en la previa la reunión que Guzmán y el presidente Alberto Fernández mantendrán con Kristalina Gueorguieva, la directora del FMI.
Abrió la discusión Parrilli, autor del proyecto, quien rechazó que los medios de comunicación y la oposición “van a decir que esto es un ataque al ministro de Economía, una interna, y que esto y lo otro”, y recordó que “lo mismo decían cuando el bloque de senadores del Frente de Todos hizo una nota al FMI donde le hacíamos saber de todas las irregularidades del crédito” que se otorgó durante el gobierno de Mauricio Macri, y que luego el organismo internacional reconoció que debía revisarse.
“Cuando nosotros hacemos este reclamo, este pedido, esta exhortación, lo que estamos haciendo es precisamente apoyando a nuestro Gobierno y ayudando y colaborando con nuestro Gobierno, y obviamente con el señor ministro de Economía, para lograr la mejor negociación y la mejor relación posible con las actuales autoridades del Fondo Monetario Internacional”, aseguró el kirchnerista.
En otro tramo de su extensa intervención, el neuquino remarcó: “Estamos absolutamente convencidos que las políticas económicas que no consideren el equilibrio social de un pueblo, una nación, y que tiendan a mejorar las condiciones de vida y darle expectativas a los jóvenes, no es una política ni sana, ni razonable, ni sustentable en el tiempo”.
“Este proyecto, a mi juicio, es sumamente innecesario”, expresó el radical Julio Martínez, que opinó que “queda abstracto que el autor del proyecto diga que esto va destinado al Fondo Monetario”, sino que “la única razón que tiene es marcarle la cancha al ministro de Economía”.
El riojano enfatizó que “hay un problema hacia el interior del Gobierno; hay dos proyectos que chocan, chocan y chocan a cada rato, y que traen consecuencias institucionales, políticas y hasta económicas”.
Además, el legislador de Juntos por el Cambio resaltó que “no hay ningún apuro de tratar esto porque ni siquiera lo ha resuelto el Fondo”, y manifestó su deseo de poder haber escuchado al ministro sobre “qué opina de este proyecto, qué opina de los fondos, qué van a hacer con las tarifas y tantos otros temas”.
Por el oficialismo, el misionero Maurice Closs apuntó que “no se puede analizar la política de la Argentina sin reconocer que el gobierno anterior endeudó en 45 mil millones de dólares a la Argentina con el Fondo Monetario, y que eso es lo que hoy condiciona a nuestro presidente y a nuestro ministro”.
“Desde esta bancada no escuché nunca a nadie que le quiera marcar la cancha a nuestro presidente y a nuestro ministro. Simplemente, se quiere pedir al Fondo Monetario que a este país, que lo endeudó el gobierno anterior, no se lo condicione”, insistió.
Al diagnosticar el “estado de ánimo” del Gobierno, el porteño Martín Lousteau consideró que se evidencia en tres puntos: “Nada de lo malo que pasa es culpa del oficialismo nunca; la instalación de una épica; y la confrontación permanente como parte de la interacción y enojo con la realidad”.
Al referirse al proyecto de homenaje a Héctor Timerman, el radical observó que desde la resolución de la ONU en 2015 “poco cambió en las reestructuraciones de la deuda soberana”, incluso “nuestra propia reestructuración fue muy difícil”. “Hasta que no resolvamos los problemas de fondo esa épica es vacía”, agregó.
Para Lousteau, el ministro Guzmán “tendrá que explicar por qué un proyecto declarativo lo estamos tratando mientras él esta afuera con el presidente”, en alusión a la gira europea, y se preguntó: “¿Por qué no llaman por teléfono al ministro, que es de su propio espacio político, y le dicen ‘podemos discutir cómo vamos a hacer con este maná que nos cayó del cielo’?”.
Por su parte, el chaqueño Víctor Zimmermann dijo que el proyecto “es una manifestación política, no técnica”, y por lo tanto “tiene un tremendo impacto en lo económico y social, fundamentalmente porque está firmado por la mayoría de los senadores oficialistas”.
En un mensaje a la oposición, el bonaerense Jorge Taiana lanzó: “Si ustedes creen que el Fondo Monetario no ha hecho en su historia cosas distintas a las que dijo que iba a hacer me parece que estamos teniendo una visión un poco ingenua”.
“Acá lo que está haciendo el Senado es responder a una campaña de los sectores de poder vinculados al mundo financiero que están tratando de doblarle el codo al Gobierno argentino, de doblarle el brazo al ministro de Economía, y de lograr que aquel destino que el propio Fondo dijo que tienen que tener esos derechos especiales sea cambiado”, sostuvo el legislador oficialista.
Para el aliado Alberto Weretilneck, el proyecto es “interesante y oportuno, porque la deuda externa, que ha sido de debate en este Congreso en el transcurso del año pasado, es un condicionante de la política nacional”. El senador de Juntos Somos Río Negro señaló que este giro “permite el incremento de reservas de un país, y otro elemento importante es que se puede canjear por monedas”.
En ese sentido, explicó que los Derechos Especiales de Giro estimados, pasados a pesos, representan 425 mil millones de pesos. “Todos los ATP que se pusieron en marcha por la pandemia sumaron 370 mil millones; las tres rondas de IFE, 265 mil millones; y un mes de jubilaciones y pensiones significan 207 mil millones de pesos. Esto para que tomemos dimensión de la importancia que significa pasar las DEG a pesos. Entonces yo creo que tiene que haber una participación del Congreso, porque yo aspiraría a que sea coparticipable para todas las provincias, y aspiraría a que el destino de esos fondos sea de un debate en este Congreso“, planteó.
En la recta final, el presidente del interbloque Juntos por Cambio, Luis Naidenoff, analizó que este proyecto refleja el “nivel de diferencias que van más allá de los matices, que tienen que ver con cuestiones profundas, de fondo, y que tienen que resolver” en el oficialismo.
El formoseño también apuntó que “hay una crisis muy clara entre el propio ministro y el subsecretario de Energía (Federico Basualdo) sobre el tema de tarifas. Y no es un tema menor cuando cada día nos alejamos de los parámetros del Presupuesto”.
“El denominador común es la falta de un norte previsible”, aseveró el radical, que agregó que con esta iniciativa las “diferencias marcadas que se hacen públicas y generan un enorme desgaste”. “Hay veces que el fuego amigo genera un daño que es irreparable, en el marco de un contexto que es complejo y difícil”, advirtió.
Por último, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, salió al cruce del líder de Juntos por el Cambio en el Senado: “Esto que dice Naidenoff del ‘fuego amigo’, que (el proyecto) le hace un daño tremendo al presidente y a la negociación. No. Lo que nos hizo daño es que entraron 44 mil millones de dólares y se fugaron 86 mil”.
“Solamente estamos haciendo una exhortación, un pronunciamiento de que no queremos que se paguen esos 47 mil millones de dólares, que no tenemos forma de pagarlos en cuatro años. Ustedes saben, Macri sabe, el FMI sabe, el nuevo candidato presidencial de la alianza sabe, que no estamos en condiciones de pagar en cuatro años, ni en diez años…Hasta que la Argentina no crezca no se puede pagar”, defendió.
Y cerró: “Queremos realmente el crecimiento económico y no queremos que la plata vaya afuera para pagar el despilfarro que se armó con la bicicleta financiera. Queremos que el país crezca, que haya trabajo, y que disminuya la indigencia y la pobreza en nuestra patria. Por eso la plata que ingresa tiene que ser utilizada como corresponde”.
Qué plantea el proyecto de declaración
El proyecto solicita que el dinero que será girado por el FMI no se vuelque “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.
En cambio, se pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.
El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.
“Día de la Reestructuración Soberana de la Deuda”
En la sesión recibió media sanción un proyecto de ley para instaurar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”, en homenaje al excanciller Héctor Timerman, también impulsado por Oscar Parrilli.
La iniciativa plantea, además, renombrar al Salón Cedro del Palacio San Martín como “Salón Ex Canciller Héctor Marcos Timerman”.
Durante el debate (ambos proyectos se trataron en conjunto), Parrilli consideró que este “es el mínimo homenaje que podemos dictarle a un hombre por lo que hizo, y por aquello de lo que fue víctima, que es precisamente la persecución (judicial)”.
Sobre la fecha, que hace alusión al 10 de septiembre de 2015, cuando se firmó en la ONU una resolución impulsada por la Argentina referida a principios básicos para las reestructuraciones de deuda, el oficialista argumentó: “Nosotros queremos que sea este día y que se recuerde. Y que se haga la historia de la deuda. Y que se sepa en la historia argentina quiénes endeudaron a la Argentina y quiénes la desendeudaron. Y nosotros nos sentimos orgullosos de este espacio político”.
A su turno, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara calificó a aquella jornada como una “hazaña en pos de la autonomía y de la soberanía de los pueblos del mundo”. “Es tan importante señalar este aspecto porque las instituciones hacen que las cosas sean posibles, pero las personas hacen que las cosas sucedan”, destacó sobre la figura de Timerman.
La iniciativa, impulsada por el kirchnerista Oscar Parrilli, le solicita al ministro Martín Guzmán que el giro de 4.350 millones de dólares que recibirá por parte del organismo no se destine al pago de deuda.
El oficialismo en el Senado avanzó con un proyecto de declaración que insta al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender gastos por la pandemia de Covid-19 y no para pagar deuda.
La iniciativa, impulsada por el kirchnerista Oscar Parrilli, se debatió este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde su autor defendió la propuesta y negó que tenga como objetivo entorpecer las negociaciones que encara Guzmán con el organismo internacional, como tampoco “una interna en el Frente de Todos”.
“Hemos visto que hay algunos operadores, economistas, que están aconsejando imponer en la opinión pública la necesidad de que como están por delante vencimientos de una deuda irresponsablemente tomada por la gestión anterior, sería conveniente destinar estos fondos para afrontar esos pagos”, señaló.
En ese sentido, consideró que “si el FMI nos asigna esa plata y resulta que la usamos para pagarle créditos, no estamos solucionando ningún problema”.
En su intervención, el jefe del bloque oficialista, José Mayans, arrancó recordando que “se recibió al país prácticamente en default”, y destacó que la Argentina no estaba en condiciones de recibir el monto de préstamo que recibió la gestión de Mauricio Macri. “Como máximo, podíamos recibir 15 mil millones”, apuntó, reiterando que la mayoría del dinero se fue con “la usura” y “dejaron a la Argentina sin ningún tipo de arma financiera para poder combatir este tipo de flagelos que hoy tenemos”.
Detalló en otro pasaje que mil millones de dólares representan “50 hospitales de alta complejidad como el que tenemos acá en Formosa”, para señalar luego que si el dinero extra que llegue del Fondo es destinado “a pagar la usura y estos créditos ruinosos, no nos va a ayudar en el desarrollo de la economía”.
“Es oportuno tener una utilización correcta de los fondos que recibamos -añadió-. Primero tenemos que crecer y generar empleo”.
Luego de Mayans, habló el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien tras indicar que la Argentina necesita hacer “una buena reprogramación de la deuda pública y tenemos todos que ayudar y contribuir”, preguntó si esta declaración no podría llegar a entorpecer la negociación que está desarrollándose con el FMI, y si el ministro Guzmán está de acuerdo con el mismo.
Para la radical Silvia Elías de Pérez, “llama la atención que el propio bloque oficialista venga a sugerirle, a decirle, a marcarle a su propio ministro de Economía, en qué debe usar los fondos”. “Nos hubiera encantado que venga el ministro y nos explique”, sostuvo la senadora tucumana.
En el mismo sentido, reclamando la presencia del funcionario, el riojano Julio Martínez expresó que el proyecto “claramente no está destinado al FMI, sino al ministro Guzmán”. “Se necesita de alguna manera marcarle la cancha al ministro”, opinó y dijo que el proyecto es “absolutamente innecesario” porque “los mismos voceros del FMI cuando anuncian esto, piden que no sea para pagar deuda”.
“Hay contradicciones en el bloque que está planteando esto”, lanzó el senador de la UCR sobre el Frente de Todos y agregó que “no hay tanto apuro de aprobación” ya que el giro sería en agosto.
Parrilli comparó que estas afirmaciones por parte de la oposición son iguales que las que se dijeron cuando el bloque le hizo una carta al FMI. Y defendió que el proyecto es para que “el ministro tenga una herramienta de qué decirle y qué plantearle al FMI”.
“No estamos hablando de una ley, estamos hablando de un proyecto de declaración para tomar una medida en el momento en que esto se instrumente”, aclaró y continuó: “Cuando llegue el momento y estén esos fondos debatiremos en el Presupuesto si hay que hacer modificaciones”.
El senador K enfatizó: “No es la interna del Frente de Todos. Este es el problema de Argentina con su deuda, una de las tantas cargas pesadas que nos dejó la gestión anterior”.
Y, finalmente, insistió que con la iniciativa “se está ayudando a nuestro Gobierno para que tenga todos los elementos a su favor, para que cuando se siente a negociar, además del equilibrio fiscal, además del equilibrio comercial, además de pagar las deudas, hay que lograr un equilibrio social en Argentina. Nosotros somos pagadores y siempre hemos pagado las deudas”.
En el encuentro, el oficialista Jorge Taiana explicó que “los derechos especiales de giros no están atados a condicionamientos, porque no son créditos”, por lo tanto “se puede hacer lo que se quiera con ellos”. “El mismo Fondo dicen ‘úsenlo para la pandemia y para la situación social'”, remarcó.
Y sumó que “desde el papa (Francisco), hasta (Klaus) Schwab, el creador del fondo de Davos, coinciden en que hay una situación gravísima, que no hay recuperación de la demanda si no hay un estímulo fuerte, y en que hay que parar el nivel de desigualdad”.
Tomó luego de nuevo la palabra Parrilli para celebrar la noticia de que “legisladores de Estados Unidos solicitaron que el FMI suspenda el cobro de la deuda a la Argentina como consecuencia de la pandemia”. “Evidentemente no estamos entorpeciendo la labor del Gobierno, sino en todo caso ayudándolo”, consideró.
En el final, el presidente de la comisión, Carlos Caserio, enfatizó: “No necesitamos citar al ministro Guzmán ni a nadie, porque somos el Senado de la Nación. Y tenemos todo el derecho del mundo a expresar nuestras ideas democráticamente, por eso fuimos elegidos por la gente”.
El cordobés reiteró que se trata de “un proyecto de declaración”, por lo tanto “no es vinculante”, sino “una opinión sincera, responsable”.
Con críticas al gobierno de Cambiemos, el senador observó que “se hipotecó al pueblo argentino por 55 mil millones de dólares, que gracias a este presidente (Alberto Fernández) son 44, y ni siquiera se pasó por el Congreso de la Nación. Fue una decisión unilateral de quien conducía el país”.
“Es inentendible que teniendo estos recursos para hacer que los argentinos estén un poco mejor después de la situación vivida por la economía del país y encima por la pandemia, estemos discutiendo si esto es justo o no es justo. ¿Lo injusto saben qué sería? Que esto vuelva a la especulación financiera”, observó y sentenció: “Esto no significa un apriete para nadie, es la voz del Senado, y el Ejecutivo hará lo que tenga que hacer”.
El proyecto solicita que el dinero no se vuelque “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.
En cambio, se pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.
El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.
“Los países que necesitan más ayuda deberían tener un mejor trato”, remarcó el senador que impulsa el proyecto que establece qué destino deben tener los fondos extra que repartirá ese organismo.
En el marco del debate en comisión del proyecto impulsado por el oficialismo para solicitar que los fondos correspondientes a la Argentina, como consecuencia de la próxima emisión de derechos especiales de giro del FMI, se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas para resolver los problemas derivados de la pandemia de Covid-19, habló este jueves el impulsor de la iniciativa, el neuquino Oscar Parrilli.
A pesar de no ser miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que analizó el tema, Parrilli fue invitado a exponer los detalles del proyecto de declaración, y en ese marco dio inicialmente un detalle de la distribución de esos fondos, que serán para los estados miembros del organismo internacional. Y que serán en función de la participación que cada país tenga en el FMI. Partió del hecho de que Estados Unidos es el país que tiene un mayor porcentaje, el 16,11% del capital. Así las cosas, contó que “las decisiones trascendentes que se toman desde el Fondo se adoptan con el 85% del capital; así que obviamente en los hechos Estados Unidos tiene el poder de veto. Si no están de acuerdo ellos, no se llega a ese 85% necesario”.
Por eso comentó Parrilli que si se hiciera una reactualización del reparto en función de los mismos parámetros que se usaron a la hora de crear el fondo, la composición del FMI variaría, y ninguno tendría más del 15%. Siendo China el que mayor porcentaje tendría. Lo cual, a juicio del senador kirchnerista, “transformaría al FMI en un organismo, entre comillas, un poco más democrático, porque ninguno tendría el poder de veto”.
Yendo concretamente al motivo del proyecto puesto en debate, Parrilli contó que el FMI ha decidido emitir 650 mil derechos especiales de giro, para incrementar su capital. Cada país miembro recibirá un aporte equivalente, y al nuestro le corresponderían entre 4.300 y 4.500 millones de dólares, que van a ser aportados a las arcas del Tesoro e irán como reservas del Banco Central.
Aclaró Parrilli que no se trata de un crédito, no es un préstamo; ese dinero no debe ser devuelto y aumentará las reservas, y obedece a una decisión del G20 para tomar medidas que contribuyan a paliar la pandemia, inyectando dinero a la economía de cada país. Recordó el senador neuquino que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, ha dicho que una medida de este tipo “sería una señal clara de que los países están dispuestos a hacer todo lo posible para superar la peor recesión desde la gran represión. Y además, dijo que en caso de ser aprobada, no va a incrementar la carga de endeudamiento de los países”, que por el contrario deberían utilizar ese dinero por ejemplo en programas de vacunación.
“Nosotros compartimos ese planteo”, enfatizó Parrilli, quien teniendo presente eso advirtió que “hemos visto que hay algunos operadores, economistas, que están aconsejando imponer en la opinión pública la necesidad de que como están por delante vencimientos de una deuda irresponsablemente tomada por la gestión anterior, sería conveniente destinar estos fondos para afrontar esos pagos”.
Así las cosas, señaló Oscar Parrilli, el proyecto del oficialismo plantea pedirle al Fondo Monetario que “esta medida, que es positiva, no se transforme en negativa para nosotros. Si el FMI nos asigna esa plata y resulta que la usamos para pagarle créditos, no estamos solucionando ningún problema”.
Detalló luego el trato “distinto” que el Fondo Monetario les da a los países centrales, señalando que eso permite que las economías avanzadas han aumentado el déficit fiscal en un 9,9% en promedio durante 2020; las economías emergentes un 5,5%, y los países más pobres en un 1,7. Y la emisión fiscal de las economías avanzadas aumentaron un 24 %; las emergentes un 6,1, y las pobres 1,8.
“Este proyecto tiene un claro objetivo: que el trato que quieren tener con los países de economías avanzadas sea el mismo que tengan con nosotros”, señaló, para agregar luego que “los países que necesitan más ayuda, deberían tener mejor trato, y parece que por el contrario se empeñan en llevar adelante políticas a favor de los más avanzados y en contra de los más necesitados”.
Por impulso del senador oficialista Oscar Parrilli, se pasó a la firma el proyecto en la Comisión de Educación y Cultura. Desde Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich encabezó el rechazo.
El Frente de Todos en la Comisión de Educación y Cultura del Senado avaló un proyecto de ley para instaurar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”, en homenaje al excanciller Héctor Timerman.
Autor del proyecto, el senador Oscar Parrilli recordó que la firma de la resolución de la ONU el 10 de septiembre de 2015, impulsada por Argentina, referida a principios básicos para las reestructuraciones de deuda, fue “un hecho inédito” y “una de las acciones más importantes que llevó adelante como canciller”. Y que se votó por amplia mayoría, con la adhesión de 136 países y el rechazo de sólo 6.
“No es que estoy contento de tratar este tema, preferiría mucho que Héctor Timerman nos acompañe hoy”, comenzó el oficialista, que realizó una larga exposición de su iniciativa.
El neuquino señaló: “Siempre vimos como una gran injusticia como tuvo que enfrentar los últimos años de su vida”. Por eso, consideró que Timerman “merecía un reconocimiento y un recordatorio de lo que ha sido su trayectoria política y todo lo que hizo por la República Argentina”.
“La deuda no es historia”, resaltó el kirchnerista, que abogó por que ese día sea para “concientizar, analizar, debatir” y para que “nuestras nuevas generaciones tengan claro qué significa para un Estado la toma de deuda.
Al referirse a su “amigo”, Parrilli destacó que el excanciller tenía “una inteligencia, una capacidad y vocación muy grande”. “Es el mínimo homenaje que podemos rendirle”, añadió y elogió que “fue un ejemplo de patriotismo, coherencia y humildad”.
También expresó, en referencia a la causa del Memorándum con Irán, que “fue víctima de una de las persecuciones más perversas de las que se tenga historia”. “Un nefasto personaje, hoy fallecido, el juez Claudio Bonadio, no le permitía ir a realizarse un tratamiento oncológico”, mencionó.
Desde Juntos por el Cambio, el macrista Esteban Bullrich dejó sentado el rechazo y fue el único orador. “Es difícil acompañar este proyecto”, aseguró, al no coincidir con “las apreciaciones que hace el senador Parrilli sobre el trato de la deuda”.
“No es verdad que se desendeudó al país durante el gobierno de Cristina Kirchner”, resaltó y manifestó que “la deuda creció y el país se endeudó; tanto es así que la Fragata Libertad no podía navegar libremente”.
El jefe del Frente de Todos, José Mayans, reconoció que temas como la deuda “son muy profundos y traen fuerte disidencia”, pero opinó: “Creo que es un justo homenaje a Héctor Timerman, que realmente ha hecho un trabajo en un momento sumamente duro”. Y enfatizó que la renegociación realizada durante los 12 años de kirchnerismo logró “resolver prácticamente el 93% de la deuda”.
“Haber conseguido el apoyo de tantas naciones, de tanto países, para esta resolución de Naciones Unidas, fue consecuencia de un trabajo muy comprometido y arduo de relaciones exteriores y diplomacia”, sostuvo la chaqueña María Inés Pilatti Vergara.
Para la oficialista, Timerman “merece cuanto menos este tipo de homenaje para reivindicar su trayectoria, nombre y honor”.
Además, el proyecto propone renombrar al Salón Cedro del Palacio San Martín como “Salón Ex Canciller Héctor Marcos Timerman”.
El senador del oficialismo criticó al jefe de Gobierno porteño y tildó a J de untos por el Cambio de “barrilete sin cola”.
El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) tildó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de ser “la versión moderna de Macri” y lo acusó de “no cuidar la vida de los argentinos”. Sobre Juntos por el Cambio, opinó que lo bueno que hicieron “hay que buscarlo con lupa” y los calificó de “barrilete sin cola, sin saber qué hacer”.
El legislador kirchnerista consideró que Rodríguez Larreta “es Macri. Es una versión moderna de Macri, no es más que eso” y lo acusó de “jugar con situaciones muy peligrosas”. “Me parece que es necesario que se den cuenta que hoy hay que cuidar más que nada la vida de los argentinos, de los porteños, de la salud y eso va a ayudar más que nada a la economía y va ayudar a que el país se encauce y sobre todo los argentinos podamos tener un poquito de tranquilidad y un poquito la vida más organizada”, argumentó.
En el mismo sentido, al ser consultado sobre si el jefe de Gobierno porteño está cuidando la vida de los argentinos, respondió en diálogo con FM La Patriada que “con las últimas medidas que ha tomado a mí me parece que no”.
Sobre Juntos por el Cambio en general sostuvo que “miran su propio beneficio y les importa absolutamente para nada los que viven alrededor, que somos los argentinos”, y lanzó que lo bueno que hicieron “hay que buscarlo con lupa”.
“Así fue como endeudaron al país, endeudaron a los argentinos, destruyeron la economía, hicieron espionaje político, persiguieron a jueces, todas las barbaridades que estamos encontrando”, agregó el senador cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por otra parte, sobre la ausencia del interbloque opositor este lunes en el plenario al que asistió el ministro de Justicia Martín Soria en Diputados, juzgó: “Yo no soy quién para decirles a ellos lo que tienen que hacer. Lo que los veo es como un barrilete sin cola, sin saber qué hacer y sobre todo tratando de ser una oposición virulenta y feroz para ocultar y no hablar de lo que hicieron los cuatro años de gestión”.
Parrilli también habló del contexto actual de la pandemia y la emisión de capital que han llevado a cabo muchos países del mundo. Recalcó que quien también emitió fue el FMI y recordó que de esa emisión a Argentina le corresponden 4 mil millones de dólares.
Se refirió entonces al pedido de declaración presentado por senadores oficialistas en el cual solicitan al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el dinero no sea destinado al pago de deuda sino atenuar efectos de la pandemia con compra de vacunas y recuperación económica.
En ese sentido, afirmó: “Hay que intensificar los planes de gobierno y tener presente que este año no va a ser muy diferente de 2020 en cuanto a actividad económica. No solo por los precios sino por el resentimiento de la actividad económica. Lo que queremos nosotros es fortalecer al Gobierno, darle recursos y fortalecer el banco central. Hay presiones y especulación”.
Sería el 10 de septiembre, según un proyecto que presentó Oscar Parrilli en conmemoración de la resolución de la ONU sobre los “fondos buitre”.
El senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli presentó este lunes un proyecto de ley para declarar el 10 de septiembre como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”.
La iniciativa es en reconocimiento a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el accionar de los denominados “fondos buitre”.
Además, Parrilli propone darle el nombre del excanciller “Héctor Marcos Timerman” a un salón de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación.
En los fundamentos, el senador reseñó el día en que, en 2015, la Asamblea General de la ONU aprobó con 136 votos la resolución que limita el accionar de los fondos buitres, medida impulsada por Argentina y consensuada por el Grupo de los 77+China.
“Un hecho histórico que, con la decisión política de quien gobernaba este país, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llevó adelante el entonces ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nuestro canciller, Héctor Marcos Timerman”, fallecido en 2018, destacó Parrilli.
El proyecto, además de la firma del senador neuquino, fue respaldado por sus colegas oficialistas José Mayans, Carlos Caserio y María de los Ángeles Sacnun.
El presidente del Instituto Patria se quejó de “los más de 30 proyectos” aprobados en el Senado y que a su juicio están cajoneados en la otra Cámara.
El debate del proyecto sobre el acoso sexual callejero que tuvo lugar este jueves en el Senado le sirvió al senador Oscar Parrilli como excusa para cuestionar a la Cámara de Diputados por la mora en aprobar “más de 30 proyectos” sancionados en la Cámara alta y que hoy “duermen el sueño de los justos”.
El senador kirchnerista fue el primer orador durante el debate de ese proyecto -el primero del orden del día- y celebró que hubieran logrado los senadores alcanzar un dictamen único. Se ocupó de resaltar las diferencias introducidas a ese proyecto proveniente de la Cámara de Diputados, que debería volver a ese Cuerpo para ser ley, pero antes hizo referencia a ese paso posterior que le esperaba al proyecto para hacer su reclamo: “Déjenme que haga un paréntesis. Espero que en la Cámara de Diputados este proyecto no duerma el sueño de los justos, como lamentablemente está ocurriendo con más de 30 proyectos de distinta índole que sancionamos, la mayoría de ellos (están en Diputados) sin despacho de comisión… Así que (espero que éste) no tenga la misma suerte”.
Y de paso insistió en expresar su deseo de que “en definitiva logremos que la Cámara de Diputados se aboque al tratamiento de estos más de 30 proyectos que nosotros hemos sancionado, de los más diversos orígenes, de senadores, del Ejecutivo, y que están todavía en trámite dentro de la Cámara de Diputados… algunos desde hace casi un año”.
El senador nacional mantuvo un encuentro con los directores del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial.
El senador nacional Oscar Parrilli (FdT) recibió a los directivos del Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Territorial (CESDT), Leonardo Farías y María Suárez, responsables además del estudio “Urbanización y Participación Ciudadana. Tres casos en la Provincia de Buenos Aires”, sobre las villas bonaerenses Palito, Azul y Carlos Gardel.
“En Villa Palito estuve con Néstor. Ahí conocí a Juan Enrique, un referente de los vecinos. Es una alegría que el Gobierno nacional, con la provincia, el municipio y la organización popular estén retomando la urbanización en La Matanza, que había quedado trunca con la llegada de Vidal y Macri al gobierno”, dijo Parrilli, cuando en su oficina le entregaron un ejemplar en formato libro de la investigación territorial.
Previo a ese encuentro, la investigación se lanzó durante un acto del que también participó la diputada nacional Mónica Macha (FdT) y el subsecretario de Hábitat bonaerense, Rubén Pascolini.
La importancia de los vecinos en el proceso de urbanizar también es llamada por los curas villeros con el concepto de “integración”, que es “retomar el trabajo del Gobierno nacional, provincial, local y la comunidad”, explicó Farías, que desarrolló durante ocho años la representación de los vecinos de la Comuna 10, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Frente para la Victoria.
Para Farías, “la urbanización e integración de las periferias de las ciudades en el marco de la pandemia cobra mayúscula importancia para afrontar un tiempo post pandemia. El aislamiento, la crisis económica y sanitaria fue tan brutal que desnaturalizó el hecho de que millones de personas no viven en condiciones dignas”.
El director del CESDT reveló que “fue posible la investigación en estos tres barrios del primer cordón del conurbano gracias al análisis y los testimonios de hombres y mujeres que han sido parte de distintas tareas que llevaron a cabo la coordinación del Estado Nacional, local y la organización vecinal para lograr una urbanización completa y exitosa”.
El prólogo del libro fue realizado por Pascolini, quien expresó: “Entre la nostalgia del Estado de Bienestar y la impotencia de las mejores prácticas autogestionarias, hay que promover un Estado más democrático y comunidades más politizadas que sitúen a las poblaciones como sujeto y no solamente objeto de las políticas públicas. Por eso el CESDET a través del estudio selecciona experiencias, las describe, las comprende y les reconoce impulso transformador con el propósito progresivo y legítimo de la réplica que otorgue justicia, sustentabilidad, integración y equilibrio espacial”.
Con el acompañamiento de aliados, el oficialismo avanzó con el nombramiento del abogado, que ocupará un lugar clave en la Justicia. Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. La defensa de Parrilli.
El Frente de Todos logró avalar este jueves en el Senado la designación de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que actúa en casos de corrupción.
Con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), el oficialismo aprobó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual Boico pasará a integrar la Cámara junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. Quienes se opusieron al nombramiento fueron Luis Naidenoff -jefe del interbloque-, Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Belén Tapia y Víctor Zimmermann.
En cambio, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Gladys González, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay se abstuvieron, al igual que Carlos Reutemann (Interbloque Federal) y llamativamente un oficialista, Claudio Poggi.
Boico, quien defendió a la expresidenta y al actual senador Oscar Parrilli en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ocupará un lugar clave en la Sala II de la Cámara Federal, donde días atrás el Gobierno repuso además al juez Farah.
Al presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, el abogado consideró que “la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio”.
Quien se puso al hombro el rechazo al pliego fue la cordobesa Rodríguez Machado, que explicó que “nada hay que decir de la cuestión técnica ni los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la cuestión de la imparcialidad de los jueces”.
La senadora recordó que en su presentación ante la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía. Sabemos que este abogado no solo fue abogado defensor de Cristina Kirchner en la cuestión del memorándum con Irán, sino también lo fue del doctor Parrilli. Y habló siempre de un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular. Y habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces frente al pueblo… pero la rendición de cuentas de los jueces es ante el Consejo de la Magistratura, no ante el pueblo”.
Alertó entonces que el doctor Boico “decididamente elige la voluntad popular y no la Constitución; y a mi entender un juez tiene que fallar en relación a las leyes, porque lo otro le compete a un organismo político”.
Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió la designación de Boico y criticó a Juntos por el cambio por no acompañarla.
“Fue abogado mio, sí, claro, fue abogado mio y me siento orgulloso, hizo una gran defensa, y también fue abogado de la presidenta del Senado. ¿Por qué no lo votan? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica: no lo votan porque supuestamente es kirchnerista”, lanzó Parrilli.
El senador destacó que en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Boico “dio clase de Derecho Constitucional porque es un gran profesional, además de haber sido abogado mio. Ese es un detalle nada más”.
Parrilli insistió en que “el único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina y mio. Pero quédense tranquilos: no va a tratar ninguna causa de Cristina ni mia”.
Además, recordó que el nuevo juez “de 2015 a 2019 participó en nueve concursos; en los nueve salió ternado, en todos ganó, y no fue porque era abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz”, pese a lo cual el gobierno anterior no impulsó su candidatura.
El senador sugirió la creación de una comisión bicameral para investigar al Poder Judicial a raíz de lo que pidió Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Qué le respondió la oposición.
Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio salieron a criticar con fuerza la propuesta del senador oficialista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral que investigue al Poder Judicial, a raíz de lo que pidió el presidente Alberto Fernández este lunes en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
“El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, planteó Parrilli en declaraciones a El Destape, y desde Juntos por el Cambio brotaron los cuestionamientos.
El jefe del interbloque de diputados, Mario Negri, advirtió que “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales”.
“Con evidente abuso de autoridad, el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento”, señaló el cordobés, y remató: “Inaceptable. No pasarán”.
Su par del Senado Luis Naidenoff coincidió en que se trata de “una nueva embestida para apretar y amedrentar a los magistrados que no se doblegan ante el poder, como quienes condenaron a Lázaro Báez por lavado o a Julio De Vido por corrupción”.
“No vamos a permitir que se lleven puesta la independencia de la Justicia ni la República”, sentenció el titular del interbloque en la Cámara alta.
Por su parte, el senador radical Pablo Blanco consideró que “la pretensión del presidente Fernández, explicitada por el senador Parrilli, de armar una comisión bicameral en el Congreso para investigar a la Justicia es un disparate total a la medida de Cristina Fernández”.
“Ese proyecto no debería prosperar, y si lo hace, quienes la integren se transformarán en apéndices del oficialismo para condicionar a la Justicia. Ir contra la división de poderes es atentar contra la República”, subrayó el senador fueguino.
Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López sostuvo que “la propuesta de Parrilli, Alberto Fernández y Cristina Kirchner constitucionalmente se llama ‘subvertir el orden institucional’, y políticamente se llama ‘estamos fracasando en el plan de impunidad y vamos a atacar’”.
“Crear una comisión para controlar el desempeño de jueces es un intento por domesticar y acallar a la Justicia independiente, que viola la división de poderes y la Constitución. No lo vamos a permitir!”, advirtió Luis Petri.
El senador del Frente de Todos, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo que tuvo “satisfacción” por el discurso de Alberto Fernández.
El senador nacional Oscar Parrilli aseguró que el presidente Alberto Fernández sugirió la creación de una comisión bicameral que controle a la Justicia, en referencia al tramo del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa cuando pidió que el Congreso “asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial” como “lo prevé nuestra Constitución Nacional”.
“Me satisfizo plenamente el discurso del presidente, que abordó con toda crudeza y realidad los problemas que tiene Argentina. No solamente los que vienen de la tierra arrasada que nos dejó el macrismo, sino con la pandemia”, sostuvo este martes el neuquino.
Para el legislador del Frente de Todos, el Poder Judicial “es el poder del Estado más desprestigiado que existe” y “además de todos los males que tenemos como consecuencia de la acción del macrismo en la Justicia, tenemos fallas estructurales que le complican la vida al ciudadano común”.
“El presidente lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde, habló de un rol cruzado de control de los poderes, y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, debatir, discutir y que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial”, señaló en diálogo con radio El Destape.
Parrilli consideró que esa comisión también debería abordar “qué cambios hay que hacer para tener una Justicia que le sirva a la gente y sea independiente, que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie, ni del poder económico, político y mediático de ninguna naturaleza”.
“Ha sido una descripción muy acertada la que ha hecho (el presidente), me llena de satisfacción”, reiteró y, consultado sobre si por esa bicameral tendrían que pasar jueces y fiscales a rendir cuentas, expresó: “Esperemos que así sea y que concurran, estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”.
En ese sentido, el oficialista apuntó contra el procurador interino, Eduardo Casal, que “sigue cubriendo” al fiscal Carlos Stornelli. “Yo estoy preparando una presentación para saber en qué estado están los dos pedidos de juicio político que le hice a Stornelli, uno en mayo del año pasado y otro en diciembre. Uno que tenía que ver por su actuación en la causa de los cuadernos, con la extorsión a los testigos, y el otro fue por la confirmación de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que ratificó el procesamiento por espionaje que había hecho a abogados, colegas y empresarios”, describió.
Y agregó: “Tenemos un fiscal prófugo que actúa. Como dijo ayer el presidente, inventaron una teoría del poder residual para meter presos a personas inocentes y algunas personas que tienen poder real siguen funcionando. Es una cosa digna de toda perplejidad”.
Sobre el Tribunal Federal de Garantías que Alberto Fernández anunció buscará consensuar su creación con los gobernadores, Parrilli opinó que “sería un organismo muy federal, equilibrado, moderado, participativo y amplio”. “Vamos a esperar el proyecto para analizarlo y si nos puede ayudar a tener una justicia más creíble y más cerca de la gente”, completó el titular de la Comisión de Justicia del Senado.
El senador nacional K calificó el fallo anunciado este miércoles como “una atrocidad” y hasta le atribuyó un tinte “racista”. Comparó a Báez con Gianfranco Macri.
Muy esperada era este miércoles la exposición de Oscar Parrilli por lo que pudiera llegar a decir en un día en el que fue condenado el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Y el extitular de la AFI no defraudó. Al intervenir durante el debate sobre el proyecto para la promoción a la construcción de obras privadas nuevas, el senador neuquino se refirió puntualmente al fallo del tribunal que se expidió en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
En su larga exposición, Parrilli comparó el blanqueo propuesto por el actual Gobierno con el de la gestión macrista, que consiguió una recaudación -reconoció- de 10 mil millones de dólares, a partir del hecho por el cual se blanquearon 120 mil millones de esa moneda. “Blanquearon dinero que habían evadido durante la gestión nuestra”, apuntó el exsecretario general de la Presidencia en los gobiernos kirchneristas.
No tardó Parrilli en emprenderla contra Mauricio Macri, al traer el ejemplo de uno de sus hermanos, Gianfranco, en base a lo relatado por otro hermano, Mariano Macri, en el libro de Santiago O’Donell “Hermano”. Al respecto dijo que allí se cuenta que Gianfranco y Mauricio “actuaban en conjunto”, y el primero consiguió blanquear así 36 millones de dólares, a partir de un decreto que firmó Macri, porque la ley no permitía sino que los hermanos de funcionarios pudieran ingresar al blanqueo.
Parrilli recordó que el entonces diputado Felipe Solá impulsó una causa contra ese decreto y la misma está hoy en manos de la Corte Suprema, a la que el senador neuquino reprochó entre otras cosas por la demora en expedirse sobre el tema.
A continuación se refirió a Lázaro Báez. “Los medios de comunicación están hoy casi como en un día de fiesta por un fallo lamentable… Alguien que sea abogado y mire un poquito (el expediente) se va a dar cuenta de la barbaridad, la atrocidad que es ese fallo judicial. El fallo que condena a Lázaro Báez a 12 años por supuesta evasión impositiva”, señaló Parrilli.
Y entonces se preguntó: “¿Saben cuál es la diferencia que hay entre Gianfranco Macri y Lázaro Báez? Que Gianfranco Macri pudo entrar al blanqueo y Lázaro Báez no. Yo no sé si había evasión impositiva, no me interesa saberlo, ni soy el abogado defensor de Lázaro Báez; pero lo que sí quiero decir con todas las letras es que seguimos en la Argentina de hoy con una justicia que lleva adelante el lawfare y que utiliza a la Justicia para la persecución política, para la persecución empresarial… ¿Y saben por qué lo condenan a Lázaro Báez? Porque es morocho, porque es de tez oscura, porque era amigo de Néstor Kirchner… Porque no forma parte del círculo áulico de poder que integran los empresarios top de la Argentina, muchos de ellos relacionados a los medios de comunicación”.
“Porque en definitiva lo condenan por eso: por evasión impositiva. ¿Por qué a Gianfranco Macri no lo condenan? ¿Por qué la Corte no trata hace 5 años esta nulidad de ese blanqueo? Porque si Lázaro Báez va preso, Gianfranco Macri también debería ir preso… Y no sé si Mauricio Macri, porque si es testaferro o se comprueba que Gianfranco Macri era el testaferro de Mauricio, ¿de dónde sacaron esos 36 millones de dólares que blanquearon, que tenían en negro, en guaridas fiscales, y que no los trajeron? Los siguen teniendo afuera, a diferencia de blanqueo que nosotros estamos llevando adelante, que exigimos que la plata venga acá a la Argentina”, diferenció el senador oficialista.
Parrilli insistió en calificar de “deplorable desde el punto de vista jurídico” el fallo contra Lázaro Báez, pero fue por más, atribuyéndole “un tinte racista, discriminatorio”. Y agregó: “Además se llenaron la boca hablando de ‘la ruta del dinero K’”, y aseguró que “no hay nada, no hay una sola prueba que involucre ni a Néstor, ni a Cristina, ni a nadie de la familia en esta supuesta evasión impositiva que habría hecho”.
Oscar Parrilli siguió hablando de allegados al expresidente, al señalar al empresario Nicolás Caputo, que alguna vez Mauricio Macri definió como su hermano de la vida, y que el senador destacó que “blanqueó y tiene en el exterior 26 millones de dólares”. También citó a “Marcelo Midlin, dueño de Edenor, que andaba en negocios con los Macri, y que quería aumentar las tarifas un 30 o 40%, seguramente para seguir fugando… blanqueó y tiene afuera 44 millones de dólares”.
“Hay muchos más, la familia Rocca, los dueños de los supermercados, que evaden impuestos. Yo te conozco (en referencia a Alfredo Coto) blanqueó también; evadió impuestos y sacó la plata afuera, y no está condenado como Lázaro Báez, ni está preso como él…”.
Parrilli concluyó destacando la “casualidad” de que justamente en esta jornada se estuviera tratando un blanqueo, cuando “hay una condena a alguien al que no lo dejaron blanquear, y esta es lamentablemente la justicia que tenemos”.
A continuación fue el turno para hablar de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien arrancó diciendo que había cosas que “no se pueden dejar de contestar”, y le advirtió entonces a Parrilli que “Lázaro Báez no ha sido condenado porque sea morocho… Ha sido condenado por robo, porque ha facturado el 40% más la obra pública que no terminaba. Por eso ha sido condenado”.
Y concluyó: “Al Capone también cayó en su momento porque había evadido impositivamente, entonces, ¿de qué habla este senador acá?”.
Así se expresó el senador kirchnerista al referirse a la no aprobación en Diputados de la reforma judicial y la del Ministerio Público.
El senador nacional Oscar Parrilli la emprendió duramente contra “aliados” del Gobierno que están frenando la reforma judicial. Aprobado en la Cámara alta hace varios meses, el proyecto está “cajoneado” en la Cámara baja, donde no está el número para aprobarla. A juicio de Parrilli, por esos aliados que terminan siendo “cómplices del macrismo”.
Entrevistado por Futuröck, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado remarcó que “en el Senado hemos cumplido” con la aprobación de esa norma. Ahora “la pelota está en el campo de juego de los diputados y son los que tienen que tratarla”.
Parrilli buscó las razones de la no aprobación de esa norma en que “hay algunos legisladores aliados nuestros que hasta ahora no dan el OK para sancionarla. Y con esto están siendo de alguna manera cómplices con el macrismo en mantener un procurador fiscal absolutamente irregular, macrista, y que lleva adelante estas políticas y que permite que este lawfaree siga vigente”.
Parrilli no aclaró a quienes se refería como “aliados”. Si a los miembros de la oposición fuera de Juntos por el Cambio, o tal vez a los propios aliados del kirchnerismo que forman parte del Frente de Todos. Pero quedó claro por sus dichos que no solo se refería a la reforma judicial, sino también a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, también frenada en Diputados y con media sanción del Senado.
El senador neuquino aseguró que “la ilegalidad que instauró Macri en Argentina con la actividad de extorsión y condicionamiento para perseguir a dirigentes políticos en muchos sectores de la Justicia sigue vivito y coleando”.
“Y esta ilegalidad se ha transformado en una suerte de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas”, agregó.
El senador oficialista apuntó contra las patronales agropecuarias que “no se han dado cuenta que perdieron las elecciones”.
El senador oficialista Oscar Parrilli apuntó contra el campo, que se puso en alerta por las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre una posible suba de retenciones, y lanzó: “Siempre dicen lo mismo pero se llenan los bolsillos de plata y se llevan las divisas afuera”.
“Hoy el aumento del precio de los alimentos tiene que ver mucho con el aumento de los precios internacionales de los commodities, de los bienes que nosotros exportamos, y ellos pretenden ganar en el mercado interno lo mismo que ganan en el extranjero”, sostuvo.
Para el neuquino, “si no hay una política del Gobierno de desacoplar los precios internos de los internacionales siempre vamos a tener estos problemas”.
El legislador recordó que en los gobiernos kirchneristas “fuimos criticados por los que se creen los dueños de la Argentina” con las medidas tomadas respecto al sector, “pero se podía comer a precio razonable el pan, la leche, el asado, la carne, los alimentos”.
“Teníamos una inflación controlada y un poder adquisitivo inédito. En los 12 años de gestión, nuestro gobierno se caracterizó por eso, por tener un gran poder adquisitivo por parte de los salarios”, agregó.
Consultado en radio Futurock sobre la invitación del jefe de Estado a la Mesa de Enlace, Parrilli se mostró de acuerdo con que “siempre hay que hablar”, sin embargo advirtió: “Eso no significa que uno acepte las condiciones de las patronales agropecuarias, que no se han dado cuenta que perdieron las elecciones”.
En ese sentido, disparó que el gobierno de Mauricio Macri dejó “el país endeudado, empobrecido, destruyeron la industria, los salarios de los jubilados y pensionados por el piso, y los únicos que se llenaron de plata fueron ellos”.
“Si son verdaderamente democráticos tienen que reconocer que hay otro Gobierno, que tiene otras prioridades, otras políticas y que tienen que someterse a esas políticas, y no es que con amenazas, chantajes o con estas acciones violentas que ellos tienen que se puede construir una Argentina en serio”, completó.
Proyecto sobre impuesto a las Ganancias
Parrilli aseguró que la iniciativa presentada por Sergio Massa para que no paguen el impuesto a las Ganancias los salarios hasta 150 mil pesos, “es un buen proyecto, es auspicioso”.
Y cargó contra la gestión de Cambiemos al decir que “esta es otra de las grandes mentiras del macrismo”, porque cuando Cristina Kirchner dejó el poder había un “10, 12% de trabajadores que pagaban impuesto a las Ganancias; Macri dijo que lo iba a sacar, lo iba a eliminar y no solamente lo aumentó sino que aumentó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias”.
Para el senador, la medida será “una manera de mejorar el salario de los trabajadores y mejorar el consumo interno que es lo que Argentina necesita”.
Por otra parte, el legislador del Frente de Todos opinó que “las reformas tributarias hay que hacerlas paulatinamente, no se pueden hacer de un día para el otro porque eso genera un desequilibrio fiscal”.
Y remarcó: “Tenemos que ir haciendo modificaciones bajo el principio de llevar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y riquezas”. “Argentina está por debajo de la presión tributaria de los cánones europeos sobre las grandes fortunas. Hoy paga muchos más impuestos el que menos tiene”, añadió.
Elecciones PASO
El kirchnerista se mostró a favor de que se realicen las elecciones PASO, aunque reconoció que quizás haya que “postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud de la población”.
“Estoy de acuerdo con las PASO y con las generales, creo que es un mecanismo idoneo que se ha creado y me parece que los argentinos tenemos un sistema de votación, adoptado hace años, que ha dado sus frutos”, expresó.
En esa línea, dijo: “No me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo a ver qué sistema electoral vamos a tener”. “Lo que sí es razonable y criterioso evaluar el momento en el cuál hacerlas”, reiteró y aseveró que “la democracia tiene su costo” y “en todo caso lo más importante es conservar su importancia”.
Lo hizo ante el procurador Eduardo Casal. El senador acusa al fiscal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones por la supuesta relación con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) presentó este lunes un nuevo pedido de juicio político ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal porteño Carlos Stornelli por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La presentación fue enviada, tal como indica el artículo 76 de la Ley del Ministerio Público Fiscal, al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien ya notificó oficialmente a Stornelli, según informó la agencia Télam.
A principios de diciembre, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó parcialmente el procesamiento del fiscal en la causa por supuestas maniobras de espionaje ilegal en que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El pedido iniciado por Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, avanza sobre las denuncias por presunto espionaje por las que se investiga al fiscal federal.
Parrilli ya había pedido el juicio político contra Stornelli ante la Procuración por mal desempeño y por considerar que integraba un “sistema de persecución judicial” contra dirigentes opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la nueva presentación, el legislador denunció que Stornelli violó el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal al “incumplir en forma reiterada las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeña” y al “actuar con grave negligencia en los asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas”.
Parrilli recordó que los integrantes del MPF sólo pueden ser removidos de sus cargos por el Tribunal de Enjuiciamiento previsto en la legislación por mal desempeño, grave negligencia o la comisión de delitos de cualquier especie.
Según el senador, “pareciera entonces que un fiscal puede ser removido por no presentar en tiempo y forma su declaración jurada pero no por cometer un delito”.
“Mi planteo, esta vez, no se basa en la comisión de un delito sino en que imputo a Stornelli haber actuado de manera irregular en forma reiterada, incumpliendo gravemente con sus obligaciones funcionales y violando, también en forma reiterada, la misión impuesta por la Constitución y la ley al MPF”, dijo.
Por ello, requirió la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento contra Stornelli “por faltas graves y por mal desempeño en sus funciones”.
Parrilli dIjo que Stornelli “se vinculó voluntariamente y por fuera de cualquier canal formal con Marcelo D’Alessio, a quien reconocía como persona relacionada, orgánica o inorgánicamente, con los servicios de inteligencia”.
“Ese vínculo no fue personal, sino que estuvo directamente relacionado con su trabajo como fiscal federal”, insistió el senador del Frente de Todos.
Agregó que el supuesto vínculo entre Stornelli y D’Alessio “comenzó y continuó siempre -hasta la detención de D’Alessio- fuera de todo marco legal”.
Esa relación “fue absolutamente irregular, a tal punto que Stornelli ni siquiera verificó su verdadera pertenencia a los servicios de inteligencia para los que D’Alessio alegaba trabajar ni de qué forma obtenía la información que conseguía”, señaló el senador Parrilli.
“Stornelli le reclamaba informes a ese sujeto, consentía la realización en su propio interés de cámaras ocultas fuera de cualquier procedimiento regular, aceptaba sin ningún cuestionamiento a ‘arrepentidos’ que eran llevados y considerados ‘paquetes’ por D’Alessio y que tenían tanto miedo que habían entrado en pánico”, advirtió finalmente.
Para el senador nacional kirchnerista, en la Argentina “desapareció la Justicia”.
Hombre fuerte del Senado, donde gobierna la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es innegable que aunque tenga voz propia, Oscar Parrilli suele expresar el pensamiento de la exmandataria. Y atento a esa referencia, vale lo que acaba de expresar el titular de la Agencia Federal de Inteligencia: “La Corte quiere extorsionar al Gobierno”, dijo, sin medias tintas.
El senador nacional por Neuquén se refirió así al fallo del Tribunal Supremo ratificando la condena del exvicepresidente Amado Boudou. Entrevistado en El Destape Radio, Parrilli sostuvo que “la Justicia desapareció en Argentina cuando apareció el Lawfare en toda su crudeza”.
El titular de la Comisión de Justicia del Senado se manifestó “convencido de la inocencia de Amado Boudou”. Y sostuvo en ese sentido que “el único testigo del fallo Boudou fue comprado”.
“Creo que como legisladores está faltando que hagamos las cosas que tenemos que hacer”, deslizó a continuación, reconociendo también que el dictamen de la comisión creada por el presidente de la Nación para sugerir modificaciones para mejorar la justicia “pasó sin pena ni gloria”.
Para Parrilli, “el Lawfare está vivito y coleando. No hay que dejar de denunciar los atropellos y las atrocidades que están haciendo”. Agregó que “hay periodistas que se han llenado de odio y ese odio los enceguece tanto que les obnubila el cerebro”.
En su discurso para justificar el aporte solidario, el senador oficialista cargó contra los ricos que históricamente “se beneficiaron con el Estado”.
Sobre el final del debate por el aporte solidario, el senador kirchnerista Oscar Parrilli fue muy duro con los que consideró “privilegiados” que a su juicio se enriquecieron con el Estado y ahora deberán hacer su aporte.
En su discurso, extitular de la AFI se remontó a la historia para afirmar que hubo dos oportunidades en las que se apeló a un aporte extraordinario como el puesto ahora a consideración. El primer caso citado involucraba al general José de San Martín, en 1814, cuando desde Cuyo armó el ejército que después libró a Chile y Perú. En esa oportunidad el libertador pidió un aporte “al sector poderoso, rico de Cuyo, que se negó a hacer aportes. Así que tuvo que recurrir a empréstitos forzosos, e incluso a confiscación de bienes”, afirmó Parrilli.
El otro caso tenía como protagonista a Martín Güemes, quien mientras San Martín se preparaba a cruzar los Andes, defendía el norte frente a la agresión realista. “Las familias acaudaladas también se negaban a contribuir”, reseñó Parrilli, que contó que el salteño le mandó una carta a San Martín contándole que también había tenido que recurrir a empréstitos forzosos ante la resistencia de los ricos.
“No quiero compararlos a ellos con nosotros, ni mucho menos -aclaró-. Pero sí a quiénes se negaban (a pagar). Y ahora tenemos un caso de un empréstito forzoso, de un candidato a presidente que les pidió a los empresarios que contribuyeran con el 1% del patrimonio a su campaña, porque con las políticas de él se iban a beneficiar… Resultó ser al revés, porque con sus políticas salieron endeudados”.
Obviamente se refería Parrilli a Mauricio Macri, a quien menciona en todas las sesiones en las que interviene. Aclaró que quien hacía esa afirmación era el periodista Hugo Alconada Mon -“no van a decirme que es kirchnerista”, apuntó-. Dijo que eso había pasado en 2016 y 2017, cuando el entonces presidente “les pedía que aportaran el 1% de sus patrimonios a la campaña, en blanco, en negro… Todo esto lo dice él -por Alconada Mon-, hay una causa judicial, que duerme el sueño de los justos”.
Parrilli continuó diciendo que “si estamos frente a este proyecto es porque hemos tenido una pandemia y esto ha afectado las finanzas del Estado”.
En ese sentido aseguró que los gastos relacionados con la pandemia ascendieron este año al 20% del Presupuesto 2020; y superarán el 15% en 2021, “así que nos parece razonable que así como todos los sectores han sido afectados por esta pandemia, a esta fuerza política le pareció que a los sectores que menos los ha afectado podrían hacer una contribución”.
En el mismo tono, el senador kirchnerista sostuvo que se trata de “sectores que se quejan del Estado, pero han vivido del Estado”. Afirmó que esas familias con nombres patricios “se adueñaron de la Pampa Húmeda”, soltó apellidos como Martínenz de Hoz, Santa María, Lezama, Alzaga, y hasta agregó sin decir de quién hablaba que “hoy tenemos uno de ellos como compañero en el Senado… Y se hicieron muy ricos gracias al Estado, que les dio tierras en cuotas fijas, largas”.
“Estas familias acaudaladas que hicieron la fortuna gracias al Estado, en la crisis del 30 tenían 500 residencias de más de cinco mil metros cuadrados que no podían sostener y se las empezaron a vender al Estado”, comentó Parrilli, poniendo entre otros ejemplos el Palacio San Martín. “Ese Estado estaba al servicio de ellos”, agregó.
Siguió avanzando en el tiempo para llegar a quienes “a partir de la política aplicada a partir de 1976 hicieron grandes negocios con el estado. Y como vino la devaluación del 81, se estatizó la deuda de esos grandes empresarios. Gracias al Estado se hicieron multimillonarios y consiguieron esas grandes fortunas”. Agregó el senador kirchnerista que también hicieron negocios con las privatizaciones -“cuando se les regaló los bienes del Estado”-, y en 2001, 2002, con la pesificación asimétrica. “Esas grandes fortunas fueron beneficiadas con esa pesificación”, afirmó.
El recorrido de Parrilli llegó, como no podía ser de otra manera, hasta el Gobierno de Cambiemos, con “el blanqueo de Macri, donde estos 10, 12 mil millonarios blanquearon 120 mil millones de dólares en negro que tenían en el exterior. Esos son los que van a pagar”.
“A mí me parece que no tenemos que tener ninguna duda en que si hay una situación de pandemia, aquellos privilegiados, que se beneficiaron del Estado, pongan algo”, remarcó Parrilli.
El senador nacional terminó diciendo que se sentía “muy satisfecho y con mucho orgullo de que estemos votando una ley de estas características, porque no estamos castigando a nadie: estamos poniéndole un tributo a los privilegiados. Por eso además de justo, necesario, me parece muy ético”.
El titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales defendió el proyecto de reforma del Ministerio Público y dijo que la discusión “no se trata de Rafecas sí, Rafecas no, sino de Casal sí, Casal no”.
En el comienzo del debate del proyecto para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal, el senador Oscar Parrilli acusó a la oposición de querer “tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo”, en alusión a Eduardo Casal.
Miembro informante del oficialismo, el kirchnerista consideró que con esta iniciativa se está “mejorando una ley que sancionamos nosotros en el 2015”. “Estamos dando certezas, dando seguridades, todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos”, aseguró.
Para el neuquino “acá no se trata de Rafecas sí, Rafecas no. Se trata de Casal sí, Casal no. Porque muchos quieren que sigan Casal como interino”.
Al recordar que cuando el presidente Alberto Fernández envió la postulación de Daniel Rafecas para jefe de los fiscales, “la oposición dijo ‘ni loco lo vamos a votar'”, Parrilli opinó: “No es que no quieran a Rafecas, quieren a un interino, quieren a Casal, el que le sirvió durante estos dos años”.
En defensa del proyecto, el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales destacó la propuesta para que el nuevo procurador esté obligado a presentarse ante el Congreso y hacer saber cuál será su plan de criminalidad.
En ese sentido, afirmó que varios expositores que concurrieron a dar su opinión coincidieron en que “era necesario que el Parlamento intervenga, colabore y trabaje en conjunto con el procurador para perseguir las actividades ilícitas”.
Por eso, el legislador insistió que hay una “necesidad de que exista un procurador con un plan nacional de criminalidad, y que ese plan sea evaluado por el Congreso, supervisado, y sea exigido su cumplimiento”.
“Esto no tiene nada que ver con una interferencia para decirle ‘usted haga tal cosa en una causa'”, subrayó y, entre otros aspectos, remarcó la reforma para prohibir que el procurador “pueda valerse de la Agencia Federal de Inteligencia para hacer espionaje interno”.
Sobre la duración del cargo del jefe de los fiscales, el senador del Frente de Todos señaló que “la Constitución no habla de que el procurador sea vitalicio”. “Solo hay dos países en América Latina donde el procurador tiene cargo vitalicio, Cuba y Argentina, ahora solo quedará Cuba”, agregó.
Al respecto de los votos necesarios para su designación, un tema que “ha generado algunas suspicacias”, manifestó, Parrilli argumentó que “como ya no es vitalicio no nos parece conveniente que ya no tenga los dos tercios”. “No estamos diciendo que no busquemos los dos tercios. La ley no prohíbe los dos tercios”, aclaró y apuntó que será elegido con “mayoría absoluta, 37 miembros, no mayoría simple como se dijo”.
“Los que dicen que nosotros queremos copar la Procuración se callaban la boca cuando el DNU de Macri le sacaba la autonomía financiera (al Ministerio Público), cuando perseguían a (Alejandra) Gils Carbó, o cuando removían a (Juan Pedro) Zoni”, reprochó.
Y completó diciendo que “nos acusan a nosotros que vamos a hacer, cuando nunca en el pasado lo hicimos, las cosas que ellos hicieron”, como “intentar manipular a la Justicia”, cargó.
También, en su discurso, el neuquino cuestionó a la oposición porque “se alzan voces en defensa de esas leyes” -sancionadas bajo el gobierno kirchnerista-, cuando “todos lo que hoy la defienden, la votaron en contra, en aquel momento”.
Además, defendió que la exprocuradora Gils Carbó fue designada con el respaldo del “92% de los senadores”, y repasó la “despiadada, brutal y feroz persecución” que vivió durante el gobierno de Cambiemos.
“Terminó renunciando, en diciembre de 2017, porque en octubre de ese año, en connivencia con sectores del Poder Judicial, un gran diario publicó el teléfono de su hija, y le empezaron a llover las amenazas e intimidaciones de todo tipo. Finalmente terminó renunciado porque estaba en riesgo y juego no solamente la estabilidad en el cargo, sino la seguridad de su hija y toda su familia”, añadió.
Y criticó que “nombraron como interino a Casal” porque “no les convenía buscar un procurador que representara a todos los sectores políticos”.
Elaboró un dictamen que reduce la mayoría necesaria para designar al procurador de 2/3 a mayoría absoluta, e impone un control de dicho organismo a través de la Bicameral del Ministerio Público. Piensan darle media sanción la semana que viene.
Tal cual se preveía desde que el oficialismo anunció la intención de analizar los proyectos presentados por los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell para reformar la Ley de Ministerio Público, el Frente de Todos avanzó este viernes con un dictamen de mayoría que contempla elementos propuestos en las citadas iniciativas, como así también una del senador Alberto Weretilneck que se agregó en el transcurso del debate, pero sobre todo modificaciones elaboradas por el propio Frente de Todos. Dicho dictamen suscripto sobre el cierre de los tiempos para el tratamiento antes que finalice el período ordinario, elimina el carácter vitalicio para el procurador general de la Nación, como así también los dos tercios necesarios para su designación. Mantiene en cambio una mayoría agravada para la destitución del procurador.
Con críticas a lo hecho por sus pares del oficialismo, los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que presentarán un dictamen de minoría, mientras que el rionegrino Weretilneck dijo que quería leer primero el texto elaborado por el oficialismo para decidir si acompañaba el mismo, o presentaba otro dictamen de minoría con su proyecto original.
La reunión arrancó con una exposición del presidente de la comisión, Oscar Parrilli, quien se refirió al “grave error político” cometido por la gestión anterior, que “embistió” contra Alejandra Gils Carbó, quien “como el Estado la perseguía se vio en la necesidad imperiosa de renunciar”.
“Y durante el año 2018 y 2019 no se pudo resolver el problema y se recurrió a un mecanismo que voy a calificarlo simplemente de anormal, como fue apelar a un procurador interino, con todas las características que esto significa. Y sujeto a las presiones obviamente del poder político, de los poderes económicos de todo tipo”, apuntó Parrilli, reiterando entonces sus consabidas críticas al procurador Eduardo Casal.
Ante ello fue que el Senado y la comisión que él preside se abocaron a tratar de resolver el problema, señaló Parrilli, contando que habían apelado a los proyectos de Lousteau y Crexell y también al de Alberto Weretilneck presentado más recientemente. “Se debatieron aquí distintas posturas que fueron transmitidas públicamente. No se escondió absolutamente nada”, enfatizó Parrilli, que agregó que el último miércoles tomaron conocimiento de que el consejo de expertos que había designado el presidente de la Nación para emitir una opinión nno vinculante acerca de temas que hacen al funcionamiento de la justicia, entre ellas la del funcionamiento y la legislación que atañe al procurador general de la Nación. “Allí se han vertido opiniones, algunas coincidentes con lo que aquí se ha expresado, otras no, pero a nosotros nos parece como bloque que están dadas todas las circunstancias, las condiciones y fundamentalmente las necesidades de que este es un problema que tenemos que resolver y no escaparle, ni ir por acuerdos espúreos, fuera de lo transparente, e intentar resolver este problema”, señaló el presidente de la comisión.
Parrilli señaló entonces que el camino es “dictar una nueva ley, no solamente el mecanismo de remoción y nombramiento, sino también cosas que hacen a la necesidad de que exista un control de la función del procurador, igual que existen controles a otros poderes, nos parece que también las funciones del procurador también deben merecer una suerte de controles intrapoder”.
A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun detalló los aspectos fundamentales del dictamen elaborado por el oficialismo, con una larga exposición en la que destacó que la necesidad de reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa “no se nos ocurrió a nosotros solamente”, y en ese sentido recordó que había un proyecto presentado oportunamente durante la gestión de Cambiemos, con las firmas de los senadores Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, dos iniciativas de Crexell, una de Lousteau y por último el presentado por Weretilneck.
Sacnun aclaró que muchos de los expositores que pasaron por esa comisión plantearon “discutir el rol de los ministerios públicos no es solamente hablar de la periodicidad en cuanto a la designación, a las mayorías para su designación, o el juicio de remoción y la posible destitución. Esa es una mirada parcial de un proyecto que debe ser mucho más amplio. Debemos incluir también el abordaje del federalismo, la igualdad de género; nos parece que es importante fortalecer los controles. Porque muchos de los expositores, cuando abordaron estos temas, entendieron que nuestra mirada era parcial, pero la verdad que la mirada tiene que ser mucho más integral, porque estamos hablando del diseño de la política criminal en la Argentina y de quienes la van a llevar adelante y cómo se van a relacionar con el resto de los podres del Estado”.
Luego se mostró contraria al carácter vitalicio que le asiste al procurador, “porque la perpetuidad de alguna manera es un resabio monárquico. Creo que no debiera existir ningún instituto desde el punto de vista jurídico e instrumental en la Argentina que se conforme con absolutos resabios de la monarquía”.
“Nosotros tenemos una justicia y un sistema judicial pensado en la edad media, esta es la realidad. El delito evolucionó y el Estado no ha evolucionado”, enfatizó, considerando que “para implementar el modelo acusatorio y avanzar contra el narcotráfico, el lavado de activos, es fundamental una política criminal de Estado que sea absolutamente controlada por el Congreso de la Nación”.
A continuación, la senadora kirchnerista resumió el dictamen de mayoría, planteando en primer lugar la institución en el artículo 6 de la Ley 27.148 de algunas cuestiones, “haciendo fundamental hincapié en que la relación con el Poder Legislativo se va a realizar a través de la Comisión Permanente de Control del Ministerio Público de la Nación”.
En el artículo 7 de esa ley, se plantea en el último párrafo que siguiendo los términos de la Ley de Inteligencia, que en ningún caso los integrantes del Ministerio Público Fiscal pueden requerir tareas o funciones de investigación criminal a los organismos de inteligencia. “Y lo vamos a incorporar en el ámbito de las faltas graves en que pueden incurrir los miembros y causales también de destitución”, agregó.
En el artículo 9 de la Ley 27.148, se habla de perspectiva de género, “para promover la diversidad de género como una de las apuestas importantes que también debatimos en su momento cuando debatíamos la ley de reorganización de la justicia”. Sacnun comentó al respecto que en la actualidad en las fiscalías generales hoy hay apenas un 20% ocupado por mujeres.
“Con lo cual, las procuradorías debieran tener un equilibrio”, sugirió, agregando que “allí también queremos introducir uno de los incisos planteando el federalismo por el que hay que velar claramente a la hora de las designaciones”.
El proyecto modifica el artículo 11 de la Ley 27.148, en el cual Sacnun señaló que ahí tomaron lo que se planteaba en el proyecto de ley de Pinedo, Pichetto y urtubey, de mayoría absoluta para la designación del procurador general. “Lousteau y Crexell pedían dos tercios, nosotros ahí tomamos lo que plantearon en su momento algunos expositores, como (Maximiliano) Rusconi y (Daniel) Erbetta”, reconoció la senadora santafesina, aclarando que esa mayoría absoluta debe ser tomada como “piso”. “Eso no significa que no construyamos unanimidad, por ejemplo. Me encantaría que el próximo procurador sea elegido por unanimidad, que construyamos ese consenso político que necesitamos para discutir las grandes causas, pero la verdad que me parece que el énfasis hay que ponerlo en el control del Congreso de la Nación”.
“Así que allí vamos a introducir esta modificación: van a ser designados por mayoría absoluta de sus miembros y vamos a tomar algo que planteaba el senador Lousteau, que nos pareció correcto, que estas designaciones no se realicen en años electorales, en años en que se elijan presidentes. Nos parece eso fundamental”, comentó la senadora Sacnun.
Habló a continuación de la posibilidad de introducir algunas procuradorías especializadas, como la de Seguridad Social, una contra la violencia de género, y una de crímenes contra la humanidad. “Creemos que tiene que haber una unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar, allí nos quedan todavía cuentas pendientes que saldar” destacó.
Entre las modificaciones sugeridas, mencionó el artículo 23, referido a los titulares de la procuradoría, para que pueda aplicarse la paridad de género; y el artículo 33, referido a las direcciones generales.
En cuanto al artículo 49, Sacnun habló de introducir un concurso público de antecedentes. “Allí volvemos a retomar lo que discutimos oportunamente en el ámbito de la reorganización de la justicia. Entendemos que tiene que haber una primera instancia anónima y escrita y una segunda instancia que tiene que ser pública y oral”.
En cuanto a la integración del tribunal de enjuiciamiento, citado en el artículo 50, el oficialismo plantea la necesidad de que esté formado por un fiscal, seleccionado por sorteo público; dos juristas invitados o invitadas, y un integrante de la comisión bicameral. Con relación a la estabilidad, citada en el artículo 62 de la Ley 27.148, “estamos planteando que gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años de edad. En cuanto a la duración del cargo, allí planteamos una duración de 5 años; por supuesto que la designación no debe coincidir con el año electoral, y con una posibilidad de reelección, siempre con acuerdo del Senado y que no supere los 75 años”, explicó. Agregó en cuanto a los traslados que no p ueden ser realizados sin la conformidad cuando fueran realizados fuera de sus provincias, y se le da participación a la Bicameral para que opine respecto de esos traslados, cuestión de que no sean arbitrarios o amañados.
En cuanto a los mecanismos de remoción, “allí creemos que hay una vía que upede ser la de que el Poder Ejecutivo comunique a la Cámara de Diputados y esta con la mayoría de los 2/3 de sus miembros pueda iniciar el proceso y a solicitud también de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con la aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado, por el voto de los 2/3 de sus miembros. Ahí nos pareció que era importante mantener esa mayoría agravada para el caso de su remoción”, remarcó la senadora Sacnun.
En cuanto a las causas de remoción, señaló que la cuestión del “mal desempeño” es amplio, pero “tiene que existir la facultad de defensa, las garantías constitucionales, que se pueda defender aquel que esté sometido a una posible remoción y que pueda aportar pruebas en ese ámbito”.
“Obviamente que el hecho de que vamos a introducir una periodicidad en la extensión del ministerio público por supuesto que hace que también, al no ser vitalicio en el cargo, haya un mayor empeño y una menor delegación en las tareas que se llevan adelante, y vamos a evitar que se pierda el contacto con la comunidad, que muchos de los expositores que han pasado por la comisión lo han planteado como una de las cosas fundamentales”, agregó la senadora del Frente de Todos.
En el artículo 77 se hace referencia al tribunal de enjuiciamiento, que estará integrado por 7 miembros. “Nosotros hacemos un planteo de quiénes deben ser: 5 vocales, uno del Ejecutivo, 3 de la bicameral, dos representantes de la mayoría y uno de la minoría, y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional. Un vocal abogado de la matrícula federal, designado por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro que deberá ser elegido por sorteo público entre los fiscales con no menos de diez años de antigüedad”, detalló.
En cuanto a la Ley de Ministerio Público de la Defensa, la 27.149, allí plantean un proyecto en espejo, sin modificar sustancialmente las faltas que se han tenido en cuenta para el Ministerio Público Fiscal.
Al concluir su exposición, Sacnun aseguro que el desarrollo de ese proyecto fue “una enorme tarea” llevada a cabo por los integrantes de la comisión y del bloque del Frente de Todos y agradeció especialmente a la vicepresidenta del mismo, Anabel Fernández Sagasti, y a Martín Doñate, presidente de la Bicameral del Ministerio Público, que trabajaron específicamente en este tema.
A su turno, el senador Alberto Weretilneck dijo esperar leer una copia del dictamen del oficialismo para decidir si se sumaba con su firma o iba con un dictamen de minoría con su proyecto. “En términos generales, hay algunas cosas que compartimos”, adelantó el exgobernador rionegrino.
“Acá se está diciendo que esta ley tiene como finalidad afectar los juicios que están en marcha, que tienen finalidad de trabar… Miren, está absolutamente claro que ninguna ley va a dar una instrucción particular puntual sobre un integrante del Ministerio Público y todos sabemos que un procurador no puede dar ninguna instrucción particular a ningún fiscal sobre una causa puntual. Porque es un delito y puede ser denunciado. Así que desmitifiquemos que estas leyes son para garantizar ciertas cosas”.
Y continuó: “Si yo tengo un procurador de 5 años (de duración en el cargo) y un fiscal con cargo a perpetuidad, ¿a usted le parece que un fiscal le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato? Ningún fiscal de carrera que tenga 15 años por delante le va a hacer caso a un procurador al que se le vence el mandato en 3 o 4 años, carece de sentido común… Es no conocer cómo es el funcionamiento del Estado y la estabilidad”.
Luego Weretilneck defendió la designación del procurador por mayoría absoluta: “En todos los países es así, creo que hay dos países que no”, señaló, para recordar luego que cuando el 4 de abril de 2016 el entonces presidente Mauricio Macri elevó al Congreso el plan de Justicia 2020, en el mismo el mandato del procurador era de 4 años. Ese proyecto fue modificado en la Cámara de Diputados y tuvo dictamen, fijándose un plazo de 5 años. “Es decir que la temporalidad no es un tema que se le haya ocurrido a este senador o al Frente de Todos, porque nos queremos llevar puesta la autonomía del Ministerio Público”, aclaró el exgobernador rionegrino, que consideró como algo nuevo los controles de la bicameral, aunque aceptó que “no hay un órgano de la República que no pueda ser controlado”.
Desde la oposición, la radical Silvia Giacoppo aclaró a continuación que les hubiese gustado tener el dictamen, para analizarlo, porque “de esa forma podríamos quizá haber aportado, o haber dicho qué compartíamos o no”.
Adelantó entonces que Juntos por el Cambio presentaría un dictamen de minoría, y admitió que compartían algunas cosas del nuevo proyecto y otras no, según lo que había escuchado, pero advirtió que “de los 16 expositores solo dos estuvieron de acuerdo con uno de los temas que hacen al debate político de esta reforma en lo que hace a la designación por los dos tercios. Catorce dijeron que no debía tocarse la composición actual de una mayoría agravada para la remoción”.
A su vez, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez se sumó al reclamo de Giacoppo por la falta de acceso al dictamen y advirtió que era la primera vez que participaba de una comisión en la que “todos los que son autores de los proyectos, incluido Weretilneck, no conocían lo que ahora nos están proponiendo como dictamen”.
Reconoció de todos modos que había cosas que compartían, por ejemplo que el cargo de procurador tuviera una limitación de tiempo, mas criticó que sacaran la necesidad de los dos tercios. “Hasta un exprocurador de la Nación ha dicho acá que le quita la fuerza necesaria a quienes queremos poner en ese lugar, y esto es absolutamente innecesario. Creo que es necesario un verdadero consenso”, expresó.
La senadora tucumana alertó a continuación que lo que consideraba más grave era la propuesta de lo que consideró un “cogobierno” con la bicameral. “Porque una cosa es control y otra es cogobierno, y lo que ustedes nos están proponiendo como dictamen es la enorme cantidad de atribuciones que le dan a la bicameral, que pone en jaque no solamente al procurador, sino también a todos los fiscales. La verdad que los van a poner a tiro de este nuevo tribunal de enjuiciamiento, donde ponen juristas amigos. No sé, realmente le quita la estabilidad a todos los fiscales”, sostuvo.
Se alegró en cambio de que hayan mantenido los dos tercios en cuanto a la remoción.
Por su parte, el correntino Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, consideró “fundamental” la necesidad de llegar a un acuerdo, pero observó en cambio que recién esta semana terminaron de escuchar los testimonios en esa comisión, “y ya estamos hoy votando un dictamen de mayoría que seguramente va a ser el que va a tener todos los votos necesarios, y seguramente lleguemos a sesión la semana que viene”. Cuestionó entonces semejante prisa “en este contexto en que la ciudadanía está preocupada y angustiada por otras cosas”.
“Escuchamos a especialistas, pero viendo el día de hoy, es muy difícil pensar que el resultado no estaba puesto de antemano”, observó Martín Lousteau, autor de uno de los proyectos en los que se basó el proyecto transformado ahora en dictamen. Empero, consideró que de los proyectos puestos a debate, el resultado “tiene que ver poco” con los mismos. Lo cual lo llevó a decir que “está claro que había un trabajo por otro lado mientras estábamos escuchando a los expositores”.
Destacó en ese sentido que solo dos expositores coincidieron en reducir la mayoría agravada.
A su turno, el cordobés Ernesto Martínez hizo un irónico reconocimiento a Oscar Parrilli, al que le encontró “alguna característica común conmigo: que no se enoja cuando dice las cosas. Y otra cosa, su sinceridad. El se plantea objetivos políticos, transita hacia ellos, busca lograrlos, y las anécdotas, irse por las ramas, no le interesan, porque va directamente al arco a hacer un gol. Eso es bueno, porque a mí me facilita la sinceridad en lo que tengo que decir”.
“Se habló de organismos especiales, de paridad de género, lo que no se ha discutido y mucho menos reforzado es la independencia de actuación del procurador general de la Nación -observó-. Y tengo para mí que en política no se llora, se lucha, y cuando del otro lado, como es su caso senador Parrilli y el actual oficialismo, no se da cuartel, yo tampoco puedo venir en un tono lastimero a decir porqué pasó esto y porqué no pasó lo otro… Aquí y ahora opino y contesto: este proyecto transforma al procurador general de la Nación en un empleado del Ejecutivo. Que en cualquier momento puede ser puesto en crisis, ya sea por el presidente de la Nación, o por cualquier diputado que tenga las mayorías de la Cámara de Diputados. Y esto se evitó hacerlo central en las exposiciones, no todos son como usted Parrilli, pero este es el eje. Es lo que se quiere buscar, una persona que a tiro de la presidencia, de inmediato con una comunicación se encuentra en la picota y pongamos en el fango de la política a aquellos que no están acostumbrados ni con el cuero duro como ustedes a soportar aquellos condicionamientos y desmedros justos o injustos”.
Para Martínez, “con esta manera de remoción, la acusación será lo que quiera el Poder Ejecutivo siempre, y la defensa o mismo. Simplemente tendrá que contar con su mayoría ocasional en Diputados y alcanzarla en el Senado de la Nación, que por otro lado ya parte de una base desde 1983 que le facilita las cosas”.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado se reunirá este viernes y el Frente de Todos buscará firmar dictamen sobre los cambios en la Procuración General. Qué dijeron los expertos que asesoran al presidente.
Tras el veredicto del consejo asesor del Gobierno en materia judicial, el Frente de Todos buscará avanzar en el Senado con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que flexibiliza la mayoría para nombrar al procurador general y fija un límite temporal para su mandato.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, se reunirá este viernes a las 10 y la intención del oficialismo es firmar dictamen favorable, luego de la ronda de consultas con especialistas.
El bloque buscaría que el procurador general -cargo para el cual fue nominado el juez Daniel Rafecas- sea designado en el Senado con mayoría absoluta -37 votos- y no dos tercios -48 votos-, tal como indica la ley actual.
Asimismo, se fijaría un límite de cinco años para el mandato del jefe de los fiscales -que hoy es vitalicio-, prorrogables por otros cinco.
Esas modificaciones son las que tomó el senador Alberto Weretilneck (Juntos somos Río Negro) en el proyecto que presentó en los últimos días y que el Frente de Todos ve con buenos ojos, más allá de las antiguas iniciativas de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).
Weretilneck también propone modificar el mecanismo de remoción del procurador, que hoy se basa en el procedimiento del juicio político.
Este miércoles se conoció la opinión -no vinculante para el Gobierno- del consejo asesor en materia judicial, integrado por Claudia Sbdar, Andrés Gil Domínguez, Carlos Beraldi, Enrique Bacigalupo, Hilda Kogan, León Arslanián, Inés Weinberg de Roca, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Raúl Ferreyra y Omar Palermo.
Según difundió el portal Infobae, el tema de la mayoría para designar al titular del Ministerio Público Fiscal dividió aguas entre los juristas: mientras que una mitad optó por mantener los dos tercios, la otra mitad -incluyendo a Beradi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner- se inclinó por la mayoría absoluta.
Por otra parte, hubo una clara mayoría a favor de limitar el mandato del procurador, y en ese marco la propuesta que tuvo más asidero fue la de cinco años, renovables por el mismo período.
El presidente Alberto Fernández ya recibió el documento -de unas 800 páginas-, que también será material de debate este viernes en el Senado.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó a expertos y sumó el proyecto del rionegrino Weretilneck. Se pasó a un cuarto intermedio para la firma del dictamen, a la espera de la opinión del Consejo Asesor del Gobierno en materia judicial.
El oficialismo avanzará en las próximas horas con la letra fina de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, luego de que finalizara este lunes la ronda de consultas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Oscar Parrilli (Frente de Todos).
Además de los proyectos de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), se sumó ahora el de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que acota el mandato del procurador general a cinco años y flexibiliza la mayoría necesaria para la designación, pasando de dos tercios a mayoría absoluta del Senado.
La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles y Parrilli informó que antes de la firma del dictamen esperan contar con la opinión del Consejo Asesor del Poder Ejecutivo sobre la reforma judicial.
Nicolás Becerra, doctor en Derecho Penal y primer procurador general nombrado tras la reforma constitucional de 1994 relató: “La lucha que tuve como procurador fue la de desandar una cultura de muchísimos años, muy enquistada en el Poder Judicial, donde los jueces reinaban bajo un viejo sistema procesal llamado inquisitivo, y donde los fiscales aparecían como actores secundarios, igual que los defensores públicos”.
“Era muy común oír a los jueces hablar de ‘mi fiscal’, ‘mi defensor’”, comentó, y prosiguió: “Con el advenimiento de la nueva Constitución, el primer trabajo fue hacer la ley reglamentaria del Ministerio Público, y en ese trabajo de convencer tanto a defensores como a fiscales de que ya no pertenecían más al Poder Judicial, fue necesario hacer una ley orgánica casi en espejo con el Poder Judicial”.
De esa forma, afirmó Becerra, “se comenzó a desandar un camino arduo de formación y de organización de un Ministerio Público que poco a poco fue robusteciéndose”.
El especialista sostuvo que “el procurador debe tener un respaldo suficiente, un consenso político adecuado, para poder ejercer sus funciones, porque emite dictámenes esenciales para las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia”, y puso como ejemplo su propio caso: “Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios del Senado, no hubiera podido dictar mi dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; y no hubiera podido dictaminar en la causa Lapacó”.
Respecto de los proyectos en debate, se mostró de acuerdo en la periodicidad del cargo, y recordó que él mismo atravesó las gestiones de cuatro presidentes (Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De La Rúa y Néstor Kirchner). “La función requería un recambio”, reconoció.
“La etapa que viene, donde el modelo acusatorio terminará de instaurarse, requiere una conducción firme, consolidada, con un acuerdo y un respaldo políticos suficientes”, subrayó Becerra.
A su turno, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, doctor en Derecho de la UBA y profesor de Derecho Constitucional, consideró que “la discusión no puede empezar por el final, dando la receta, sin discutir qué es lo que queremos con la reforma”, y en ese sentido fue crítico con los proyectos de Lousteau, Crexell y Weretilneck, que “deberían ser replanteados”.
“No se trata de escoger, como si fuera una excusa, cualquier razón general, para proyectos que ya venían de antemano”, advirtió, y además sostuvo que las iniciativas son en algunos aspectos “llamativa, provocativa o exageradamente opuestas a la Constitución”.
Gargarella explicó que los proyectos se centran en la designación y en la remoción del procurador “descuidando todo lo que es importante, que es lo que está en el medio”.
“No es tan importante la entrada ni la salida, sino lo que queda en el medio: cómo se ejerce la función. Lo más importante es el control ciudadano durante el ejercicio del mandato”, insistió el experto, y hasta sugirió que “no sería descabellado pensar en una elección ciudadana del procurador”.
Por su parte, Guido Risso, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en constitucionalismo, lamentó que la reforma constitucional de 1994 “en vez de resolver problemas, ha generado muchísimos problemas”, ya que “quedó a medio camino, está incompleta y eso genera tensiones”.
“El constituyente del ’94 no consiguió ponerse de acuerdo en instituciones fundamentales”, alertó, y en ese sentido afirmó que “guarda silencio” sobre aspectos importantes de la Procuración, como el nombramiento de su titular.
Risso aseguró que “la mayoría de dos tercios, que es la que se ha venido aplicando, es inconstitucional, porque es una mayoría agravada y todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en el texto de la Constitución”.
“El legislador no puede establecer condiciones más gravosas que las que establece la propia Constitución, por eso es que una ley no puede establecer una mayoría agravada cuando el constituyente no lo ha dicho”, puntualizó.
Asimismo, sostuvo que “la legitimidad de origen no tiene que ver con las mayorías parlamentarias”, sino que refiere a “un respaldo de la estructura política, pero este respaldo no deja de ser un respaldo coyuntural, porque toda estructura política es coyuntural”.
El especialista puso como ejemplo que Gils Carbó “fue designada por unanimidad” y “esa unanimidad se fue disolviendo en el aire a medida que cambiaba la coyuntura política”, y por eso pidió basarse en “la legitimidad de ejercicio” y no en la de origen.
Respecto de la perpetuidad en el cargo, advirtió que “es una gran anomalía del sistema republicano, es un resabio del sistema monárquico”.
En tanto, Fernando Díaz Cantón, profesor de Derecho Penal y Criminología y autoridad de la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) indicó que “el fiscal ha recobrado en el sistema acusatorio un poder enorme sobre la decisión del caso”, y a diferencia de otros poderes del Estado “que tienen varios jefes, éste tiene un único jefe”.
Díaz Cantón señaló que el poder del procurador “puede hacer que se convierta en la espada del poder político para la persecución de adversarios políticos y a su vez en el escudo protector de la propia tropa”.
“Es decisivo quiénes van a tener peso en la designación y en la destitución del procurador, y cómo se va a evitar la designación de procuradores adictos al gobierno de turno, o que se expulse a aquellos que sean rebeldes al gobierno de turno”, planteó, y agregó que “más allá de la legitimidad de ejercicio, los mecanismos de designación y destitución son fundamentales para evitar esos desvíos”.
En ese marco, se mostró en contra de modificar la mayoría para el nombramiento y sugirió mantener los dos tercios para esa instancia, y por otra parte coincidió en la necesidad de acotar el mandato a “cinco o seis años”.
Díaz Cantón también cuestionó -como propone Weretilneck- que el incumplimiento de la rendición de cuentas ante el Congreso sea una causal de mal desempeño para la destitución, dado que sería “una injerencia indebida de un poder en otro”.
La fiscal federal Mónica Cuñarro, especialista en Derecho Penal y en género, señaló que “la politización de la Justicia que se ha dado en los últimos períodos es algo nocivo para el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en general”.
Cuñarro coincidió en que la mayoría de dos tercios sirvió como respaldo al procurador, por ejemplo, para emitir dictamen inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -como hizo Becerra- o para organizar los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país, como hizo Esteban Righi. “En los temas de lesa humanidad, ha funcionado muy bien y ha sido un modelo para el resto del mundo”, destacó.
Respecto de si los legisladores pueden o no establecer una mayoría no estipulada en la Constitución, consideró que “es una decisión política, pero la Convención Constituyente no dio cheques en blanco, así como los jueces tampoco tienen cheques en blanco para decir que cualquier cosa es inconstitucional”.
La fiscal además indicó que “esta discusión no puede estar afuera del problema que le ha tocado al Ministerio Público en la relación espuria con los servicios de Inteligencia”, y “tampoco puede estar aislado del tema del sistema acusatorio”.
Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que “para saber cuándo las modificaciones en la ley son reformas que afectan la autonomía o no la afectan, tenemos que ver la diferencia entre control e injerencia”.
En esa línea, dijo que el proyecto de Weretilneck, en lo referido al tribunal de enjuiciamiento para la remoción, aumenta sus integrantes de siete a nueve, pasando de uno a tres representantes del Poder Legislativo, y estableciendo que los fiscales también podrán ser removidos por mayoría absoluta -cinco votos- al igual que el procurador.
“Los dos tercos no solo dan legitimidad de origen, sino respeto por la autonomía del Ministerio Público. Los dos tercios aseguran una discusión parlamentaria y son una salvaguarda institucional para que el procurador tenga un determinado perfil”, afirmó Villar.
El último expositor fue el abogado Horacio Erbes, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien consideró que “la Constitución no invalida que se puedan modificar los mandatos como así tampoco las mayorías” para nombrar al procurador, ya que esa regulación está ausente en el artículo 120.
“Los dos tercios son más que nada una construcción desde la jurisprudencia en el sentido de que aseguran una autonomía del Ministerio Público, pero en lo personal creo que no asegura la autonomía”, se diferenció Erbes, al poner como ejemplo que “Gils Carbó fue nombrada como marcaba la ley orgánica pero sufrió persecución política y terminó renunciando”, y “el procurador interino ya lleva bastante tiempo y ni el gobierno anterior ni el actual han logrado nombrar un nuevo procurador con los dos tercios”.
El senador kirchnerista planteó que existe una “terrible inequidad y desigualdad” con respecto al resto de las provincias, y pidió “comenzar a discutir los gastos” del distrito porteño.
Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el senador kirchnerista Oscar Parrilli cargó este jueves sobre los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires a través del Presupuesto Nacional, y pidió “comenzar a discutir los gastos” para ir hacia “algo más equitativo”.
El legislador del Frente de Todos consideró que el proyecto enviado por el Gobierno “es un avance importante en cuanto a la federalización de los recursos” pero “dista mucho de ser un presupuesto federal”.
“Esto no es imputable al presidente Alberto Fernández; ni siquiera si uno mira los presupuestos anteriores tampoco podemos echarle la culpa a la gestión anterior. Y seguramente si uno busca en la gestión de nuestros doce años de gobierno también va a encontrar muchos de estos números”, aclaró.
El neuquino señaló que en lo que respecta a la recaudación propia que cada jurisdicción tiene en relación a la cantidad de habitantes, “tenemos una terrible inequidad y desigualdad en Argentina”. En ese sentido, precisó que la Ciudad recauda 70 mil pesos por habitante, por año, mientras que “hay provincias que recaudan por habitante el 10% de lo que recauda la Ciudad”.
En cuanto al total de salarios y servicios no personales del Presupuesto, “el 63% se lo lleva la Ciudad”, dijo; e indicó que sobre los bienes de consumo, servicios y otros gastos corrientes “en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el 6,6% de la población, se gasta el 30% del Presupuesto Nacional”.
Sobre la contribución para las jubilaciones y pensiones en la Ciudad, el oficialista señaló que “además de tener el doble en porcentaje de jubilados y pensionados que su población, esos jubilados y pensionados son los más ricos de la Argentina”, que cobran 587.456 pesos por año, en tanto los de la provincia de Buenos Aires alcanzan los 386.918 por año.
“Sin dudas no lo vamos a solucionar en este Presupuesto ni en el que viene. Este es un trabajo que tenemos que ir haciendo a lo largo de los próximos años“, advirtió.
Y continuó diciendo que “los gastos superfluos de la Ciudad de Buenos Aires son más del doble de todo el presupuesto que tiene la ciudad de Concordia”.
“Si queremos en serio comenzar a construir una sociedad más justa, más equilibrada, considero que tenemos que empezar a corregir esta situación”, añadió y sostuvo que “además de la Ley de Coparticipación Federal y de la inversión pública en obras de infraestructura, vamos a comenzar a discutir los gastos que tienen que ver con una importantísima parte del Presupuesto Nacional”. “Tenemos que transformarlo en algo más equitativo”, finalizó.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales escuchó la opinión de especialistas sobre los proyectos que buscan modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general. El próximo lunes se hará la última reunión informativa.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que encabeza Oscar Parrilli (Frente de Todos) avanzó este martes con una nueva ronda de exposiciones sobre los proyectos que buscan reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para modificar el mandato, la designación y la remoción del procurador general.
Los senadores escucharon a especialistas y pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se realizará la última reunión informativa.
Las iniciativas que el Frente de Todos utiliza para el debate son las de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), y proponen acotar el mandato del jefe de los fiscales.
El oficialismo también analiza flexibilizar la mayoría con la que se designa al titular de la Procuración, cargo para el cual se propone a Daniel Rafecas.
El primero en exponer este martes fue Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA, quien consideró que para analizar estos temas “hay que remitirse a la Convención Constituyente de 1994, la cual no terminó de diseñar al Ministerio Público de la Nación, sino que lo delegó en el Poder Ejecutivo”.
“Hay una enorme responsabilidad del Poder Legislativo de completar la reforma”, agregó.
Sagués sostuvo que “la misión de la Convención del ‘94, respecto del Ministerio Público, fue la de darle autonomía, terminar con la servidumbre, erigirlo como un órgano extrapoder y dotarlo de funciones de contralor”.
Asimismo, manifestó que “tener los dos tercios en el Senado es indispensable para mantener una Procuración General robusta y cúspide de uno de los órganos extrapoder fundamentales del Estado e indispensable para el fortalecimiento del Ministerio Público”.
Por su parte, José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial, expresó que el artículo 120 de la Constitución Nacional, que habla del Ministerio Público, “tiene muchas omisiones, porque no hubo suficiente acuerdo para una norma completa”.
Heredia consideró que “la remoción debe tener un consenso político tan amplio como para la designación”. “El derecho no lo puede todo y estas son situaciones que la política debe resolver. Uno puede instaurar una práctica parlamentaria que se vuelva jurisprudencia según la cual el origen más legítimo para el procurador debe ser el mayor consenso político posible”, aseguró.
A su turno, Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, destacó que “es necesario reforzar los mecanismos de control, que son los que hacen que se pueda investigar al Poder Ejecutivo”.
“Yendo a un sistema acusatorio, es directamente proporcional la necesidad de fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal. Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado”, agregó.
Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, consideró respecto de la política criminal que “se ha perdido mucho tiempo en la persecución del delito infraganti, un tema que no se soluciona con más cárceles sino con menos desigualdad”.
También expuso Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo.
Toranzos coincidió con que “el Ministerio Público Fiscal es un cuarto poder o extrapoder con una independencia propia” y afirmó que “la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionada también a la función que va a desarrollar el procurador”.
“Mantener la independencia y autonomía del procurador general es lo que ha llevado a la gran mayoría de los fiscales que han participado en los debates en nuestra asociación a sostener que los dos tercios son fundamentales para su designación”, insistió.
Por último, Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA, advirtió que “actualmente el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios unipersonales de carácter vitalicio, siendo este último aspecto de origen infraconstitucional”.
Por eso, Espina opinó que sería “atinado” un plazo de seis años, una de las variantes que analiza el oficialismo.
Con una nueva tanda de expositores, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales seguirá con el tratamiento de los proyectos de Lousteau y Crexell, impulsados por el oficialismo.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el oficialista Oscar Parrilli, continuará este martes con el tratamiento de los proyectos para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el propósito que se fijó el Frente de Todos en el Senado.
En una reunión virtual convocada para las 15, la comisión volverá a analizar, con la presencia de expositores, los proyectos presentados por Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), que el oficialismo decidió impulsar.
La reforma que se analiza consiste en acotar el mandato del procurador general, cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, así como también revisar las mayorías necesarias para la designación y remoción del jefe de los fiscales.
En esta oportunidad, fueron convocados a exponer Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral e investigador de la UCA; y José Raúl Heredia, expresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y exdiputado provincial.
También fueron invitados Marcela Basterra, doctora en Derecho y magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Mirta López, exjueza vocal de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
El listado termina con Ricardo Rafael Toranzos, fiscal federal de la Unidad Fiscal Salya y vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), que preside Carlos Rívolo; y Nadia Espina, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal y docente de la UBA.
Tres abogados participaron de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde el oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos opositores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Tres especialistas se expresaron este lunes a favor de limitar en el tiempo el mandato del procurador general -cuyo cargo es vitalicio-, al participar de una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (Frente de Todos).
El oficialismo volvió a poner en debate los proyectos de dos representantes de la oposición, Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y, entre otras modificaciones, fijar un plazo para el mandato del jefe de los fiscales.
Si bien tanto Lousteau como Crexell solicitaron retirar sus iniciativas, en la última sesión de la Cámara alta el oficialismo impuso su mayoría y votó en contra del retiro, tras lo cual insistió este lunes en el tratamiento de los proyectos, esta vez en una reunión informativa con la presencia de expertos.
El primer disertante fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y docente de la UBA, sostuvo que “ya hay consensos muy grandes” respecto de limitar en el tiempo el mandato del procurador.
“Todos los países de América Latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró.
Binder recordó que Santa Fe, Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires “ya tienen procuradores con plazos determinados” y esto se basa en “la necesidad de renovar planes de persecución penal”, porque de lo contrario se entra en un “desgaste”.
“En aquellos casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por las diferencias que hay en los enfoques político-criminales respecto del plan de gobierno”, opinó.
El especialista insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme” y en ese marco explicó que existen dos modelos: plazos de cinco o seis años, o plazos más largos como los que se aplican en Chile (ocho años) o Uruguay (diez años).
Binder puntualizó que los plazos cortos buscan “acercar” al procurador con la gestión de turno, que es la que lo elige, y consideró que el modelo más “estable” es el de seis años: “Parece un plazo bastante razonable porque le permite (al procurador) estabilizar una política de persecución penal”.
Sin embargo, advirtió que “para que este modelo funcione bien, tiene que estar claro que al terminar el gobierno se va el procurador” y “vuelve al llano”.
El experto aclaró, de todos modos, que el problema es que el procurador trasciende al gobierno que lo eligió, lo cual puede generar experiencias “traumáticas” como la de Alejandra Gils Carbó, “objetada y bombardeada” desde la gestión de Mauricio Macri.
Para Binder, si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, y en cambio si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”.
“Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, consideró, y añadió que “además de poner en marcha el sistema acusatorio, el próximo procurador tiene que encarar una deuda enorme e importante que tiene que ver con la relación entre la Justicia Federal y las justicias provinciales”.
Ante una consulta de Parrilli respecto de la edad del procurador, el especialista respondió que “no es bueno tener procuradores muy jóvenes”.
Por su parte, Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio. “Necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”, enfatizó el abogado.
Además, sugirió poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y reforzó: “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”.
Sobre la cuestión del mandato, dijo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección, mientras que con respecto a la remoción pidió pensar en “un sistema parecido al del juicio político, en el seno del Senado”.
El último en exponer fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, quien pidió poner el foco en la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales.
“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, subrayó Erbetta.
El juez agregó que “si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, y afirmó que “no hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y aparte no podemos convertir una excepción en la regla”.
Erbetta coincidió con Rusconi en que “más que la mayoría, el problema es el control, y una forma de controlar es robustecer institucionalmente al Ministerio Público Fiscal, pero limitar las facultades de poder que pueda tener una sola persona” a través de la figura de “un procurador adjunto”.
En ese contexto, opinó que “cuatro años es un plazo muy corto” para el mandato, y coincidió con Binder en que “seis años es un plazo por demás adecuado”.
El senador de la UCR-Evolución le preguntó a Rusconi si comparte la opinión de Rafecas en contra de ser designado con mayoría simple.
“Como ya tenemos un caso, que es el del candidato propuesto por el presidente, si a usted lo propusieran y se elevara su pliego, ¿tendría también un reparo a la mayoría con la que fuera elegido?”, indagó Lousteau.
De inmediato, Parrilli intervino: “Debemos sacarle la incomodidad al doctor Rusconi. Lo liberamos de una respuesta tan hipotética, porque hoy hay un pliego…”.
Pero no hizo falta la aclaración, porque Rusconi ya tenía pensado no responder. “Por respeto al Poder Ejecutivo, que ya eligió un candidato a procurador, y por respeto al candidato que eligió, lo último que haría es responder esa pregunta”, dijo.
El polémico debate de los proyectos de la oposición comienza este lunes con la presencia de tres especialistas.
Tal cual anunció el jueves pasado en el recinto su presidente, Oscar Parrilli, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reúne este lunes a partir de las 15 para analizar los proyectos presentados por senadores de la oposición para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Los senadores autores de esas iniciativas son Martín Lousteau y Lucila Crexell, quienes quisieron retirarlos, argumentando que iban a ser utilizados por el oficialismo para hacer modificaciones que irían más allá de lo originalmente buscado por ellos, pero el Frente de Todos impuso su mayoría y rechazó el retiro en la sesión del jueves pasado.
Los proyectos en cuestión son el número S-484/19, presentado por la senadora Crexell en 2017, que reproduce el proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal; y el S-485/19, que prevé reformas respecto de la duración del cargo y del mecanismo de remoción del defensor general de la Nación. En el caso del proyecto de Martín Lousteau, es de febrero de este año y modifica la ley 27.148 -orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación-, y la 27.149 -orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.
Para esta primera reunión se prevé la visita de Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Profesor de Posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires; también estará Maximiliano Rusconi, exfiscal general de la Procuración General de la Nación, abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal; y Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.
Cabe acotar que Rusconi es abogado del exministro y exdiputado nacional Julio De Vido.
Senadores del Frente de Todos recordaron con emoción al expresidente en el décimo aniversario de su fallecimiento. La vicepresidenta se había retirado del recinto.
Con la vicepresidenta Cristina Kirchner ausente en el recinto y Oscar Parrilli al borde de las lágrimas, al igual que otros integrantes del oficialismo, el Senado homenajeó en la sesión de este jueves al expresidente Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento.
Cristina se retiró del recinto después de haberse votado el primer tema de la sesión, el retiro de proyectos de ley, por lo que la conducción del homenaje quedó a cargo del vicepresidente del Senado, Maurice Closs.
Sentado en su banca, Parrilli definió a Néstor como un “estadista” que además “se caracterizó por la gran relación humana que tuvo con miles de militantes y con todo el pueblo”.
El legislador arrancó con una anécdota personal: “En el año 2000 estábamos en Bariloche un grupo de dirigentes del justicialismo patagónico reclamando por la tarifa de gas para la Patagonia. Le pregunté si al día siguiente me podía acompañar a Villa La Angostura a una reunión del Peronismo para la Victoria”.
“Me acompañó y se quedó en Bariloche. Éramos ocho compañeros. Lo recuerdo con mucha estima y admiración porque hizo un discurso como si hubiera 10.000 personas”, destacó, y agregó: “Muchos que lo conocieron y que militaron con él tendrán esos recuerdos”.
Respecto de “si Néstor buscó la Presidencia”, Parrilli opinó que “la historia lo buscó a él” en momentos donde era prácticamente desconocido, al punto que “a muchos les resultaba difícil pronunciar” su apellido.
El legislador del Frente de Todos recordó que junto con Kirchner eran “parte de esa generación diezmada con sueños e ilusiones” que se hizo presente “aquel 25 de mayo de 1973 en Plaza de Mayo en la asunción del presidente Héctor Cámpora, con una ilusión que se frustró al poco tiempo”.
Parrilli resaltó que Néstor decía “somos hombres comunes con responsabilidades importantes”, y también rememoró cuando después de su asunción, “con mucha alegría anunció un aumento de 20 pesos en la jubilación mínima, que estaba en 150 pesos. En ese momento dijo ‘yo sé que esto no es mucho, pero lo que quiero es que el pueblo sepa hacia dónde vamos’”.
“Comenzamos esa gestión rodeada de muchas dificultades. Él sintió mucho dolor cuando tuvimos casos muy graves, como el derrumbe de la mina de Río Turbio, donde murieron 14 mineros”, reveló, y añadió que “lo impactó la muerte de Axel Blumberg, lo que pasó con Julio López y con Mariano Ferreyra”.
“El dolor lo tensionaba mucho, lo ponía muy mal, y sentía que no podía repararlo, porque la muerte no se repara con nada”, continuó.
Asimismo, Parrilli destacó que “cuando teníamos reclamos sociales, piquetes, cortes por todos lados, y veníamos de la tragedia con (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán, Néstor exigió a la Policía Federal que no usara armas de fuego para contener las protestas sociales”.
“También lo recuerdo con la Ley de Matrimonio Igualitario, ya siendo diputado. Parecía imposible que Argentina tuviera una ley de este tipo. Esta ley no hubiera sido posible sin el esfuerzo y las ganas que puso Néstor”, aseguró, al referirse a la única ley que votó Kirchner.
Hacia el final de su discurso, Parrilli afirmó que el expresidente “tenía dos obsesiones: su compañera Cristina y los jóvenes”, y “esos jóvenes hoy son funcionarios de nuestro gobierno y están poniendo un esfuerzo muy grande en sacar a la Argentina adelante”.
Al borde del llanto, manifestó finalmente: “Nos sentimos orgullosos de haber estado con él. No dejamos que se fuera, porque sigue estando con nosotros”.
Luego fue el turno del fueguino Matías Rodríguez, quien -también emocionado- expresó: “Me resisto a pensar como un hombre común: se convirtió un hombre excepcional que transformó a Latinoamérica y a la Argentina”.
Rodríguez sostuvo que Néstor y Cristina son “solo comparados con (Juan Domingo) Perón y Eva (Perón)”. “Después de Perón y Eva y de los 12 años que tuvimos de gobierno nacional y popular, la Argentina no volvió a ser la misma, porque el pueblo comprendió que tiene derechos y aprendió a defenderlos”, consideró.
El senador manifestó que Néstor “sirve como ejemplo en todos los aspectos de la vida: un hombre con empatía, con sensibilidad, con pasión, que puede ser duro con aquellos que quieren lastimar a nuestro país, y sensible con quienes más lo necesitan”.
Por su parte, José Neder recordó a Néstor en relación a lo que hizo por su provincia, Santiago del Estero. “Hacía poco había asumido Gerardo Zamora la gobernación, en 2005, y Néstor vino por segunda vez a la provincia, acompañado por quien era su jefe de Gabinete, el presidente”, recordó, y agregó que fue con “una actitud impresionante” a anunciar un “plan de reparación histórica”.
En ese marco, según Neder, Néstor afirmó: “El Norte argentino fue lamentablemente cuna del olvido durante décadas por parte de los gobiernos nacionales. Yo tengo la conciencia tranquila porque he venido a cumplir mi palabra con los santiagueños”.
Otra senadora que tomó parte del homenaje fue la fueguina Eugenia Duré. “A los que tenemos entre 30 y 40 años nos enseñó que la política es la herramienta fundamental de transformación, y nos enamoró a través de su política”, señaló.
Duré apuntó que el exmandatario “era un hombre que estaba en el barrio” y entre lágrimas habló de su experiencia personal: “Conocí a Néstor cuando tenía nueve años. En ese momento mi familia venía del norte al sur a buscar una mejor calidad de vida, y la encontró de la mano de Néstor, que era intendente”.
A su turno, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara manifestó: “Yo no pertenezco a la generación diezmada ni a las miles de flores que crecieron. Pertenezco a una generación que nació en un hogar peronista y que abrazó la doctrina que llevaron a cabo Perón y Evita”.
“Cuando lo recordamos sin poder evitar una lágrima es porque vimos en él a una persona como nosotros, a un militante como nosotros. No asumió la Presidencia un dirigente acartonado: subió un compañero, un militante, un igual”, destacó, y añadió que se reflejaron en él “miles de personas que jamás habrían abrevado en el peronismo”.
Como excanciller, Jorge Taiana sostuvo que Néstor encarnó “la defensa de la soberanía y la autonomía de decisión de la Argentina” y a su vez “la preocupación por la integración regional como forma de responder a la globalización”.
Taiana señaló que este 27 de octubre el recuerdo del expresidente se tiñó de “alegría”, porque “él está presente y porque nos ha dejado la esperanza de una Argentina mejor”.
Al término del homenaje a Kirchner, José Mayans resaltó que “en cada provincia argentina dejó un recuerdo muy fuerte de su gestión”. “Si cometió algún error, tanto él como Cristina están perdonados. Una parte importante del pueblo quiere que este recuerdo sea con afecto, como el de Perón y Evita”, concluyó el jefe del bloque del Frente de Todos.
Antes de finalizar el homenaje pidió la palabra el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien adhirió al recuerdo de Néstor pero hizo un llamado a la “civilización” por parte de “la propia dirigencia”.
“He recibido muchísimos mensajes, de amigos y en las redes, donde pude observar que estamos enfermos de intolerancia. En política, más allá de las diferencias -en algunos casos abismales-, si realmente se tiene vocación democrática y republicana, la docencia la tiene que dar la política”, subrayó, y pidió “avanzar en un proceso de mayor civilización democrática desde la propia dirigencia”.
El pleno del cuerpo no aceptó el pedido con los mismos argumentos utilizados la semana pasada en la comisión. Dura crítica de un senador de JxC a Elisa Carrió.
En el inicio de la sesión de este jueves en el Senado se puso a consideración el pedido de los autores de tres proyectos presentados en su momento para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, que el oficialismo recogió y quiere debatir ahora, con intenciones -según la oposición- de ir más allá del espíritu de esas normas y cambiar las mayorías necesarias para designar o sacar al procurador general de la Nación. El tema fue puesto a consideración del cuerpo y previsiblemente el oficialismo impuso su mayoría, primero en una votación a mano alzada. Pero luego, tras una polémica generada en torno al tipo de votación, terminó resolviéndose por métodos electrónicos, con este resultado: 41 a 27.
“Es muy simple, es ganas de pelear y complicar las cosas de cualquier manera”, se quejó la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner, antes de procederse a la votación electrónica, hecho lo cual se quejó por haber perdido una hora y media con ese tema.
Hubo un debate que arrancó el senador nacional Oscar Parrilli, quien explicó las razones por las que el oficialismo rechazaba el retiro de los proyectos con los mismos argumentos utilizados el viernes pasado, en la Comisión de Justicia que preside el neuquino.
Parrilli reiteró que los proyectos “solo pueden ser retirados si el pleno del Senado lo autoriza”. Agregó que “evidentemente estamos ante un problema”, pero no se refería a esa controversia, sino a la situación del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. “Desde hace casi tres años hay un procurador interino”, señaló el ex titular de la AFI, para detallar a continuación lo sucedido con Alejandra Gils Carbó, quien fue elegida por más de 60 votos, recordó, y destacó la tarea “muy importante” que tuvo al frente de la Procuración General. “Un desempeño digno”, resumió, para contar luego la “campaña despiadada” desarrollada contra ella a partir de 2015 por referentes de Cambiemos, comenzando por Mauricio Macri, quien -recordó Parrilli-, “en 2015 dijo que si tenían dignidad, Gils Carbó, Vanoli y Parrilli debían renunciar”.
“Llegamos a 2019 con los salvadores de la República, con la República a medias”, ironizó, para agregar luego: “Se llenan la boca con la República y lo primero que hacen es no cumplirla”.
“Hay un problema: tenemos un procurador interino”, resumió finalmente, ratificando el rechazo al retiro de los proyectos. “Es como la deuda externa, nos dejaron el problema y después se quejan porque lo queremos resolver”, deslizó.
A continuación, expuso por la oposición el senador cordobés Ernesto Martínez, quien recordó, como ya lo había hecho también el viernes pasado, que “no hay antecedente alguno de un proyecto que, retirado por el autor, reciba tratamiento de comisión y luego pueda ser aprobado. No hay un antecedente en 150 años”, remarcó.
El senador cordobés sostuvo que “se pierde el mismo tiempo haciendo las cosas bien, que haciéndolas mal”, sugiriendo que en lugar de utilizar proyectos de la oposición, el oficialismo presente un proyecto propio. Reconoció que así como Cambiemos no tuvo los votos en 2017 para elegir a la sucesora de Gils Carbó, “la falta de acuerdo subsiste, y podrá saldarse con una reducción en la mayoría requerida para darle aval al nombre que se envíe. Pero bueno, eso requiere sinceridad por parte del oficialismo”.
“El nombre también será una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, y veremos si hay mayorías distintas. Pero el postulante debe reunir actitudes que hasta ahora no se han visto”. Así las cosas, Ernesto Martínez ratificó el retiro de los proyectos y deslizó luego una dura crítica hacia Elisa Carrió. Sin nombrarla y hablando a título personal, cuestionó la postura expuesta por la exdiputada a favor de que Juntos por el Cambio modifique su postura respecto de Daniel Rafecas. “Esto es inaceptable”, aclaró, para reiterar luego: “Que el oficialismo presente y trate su mismo proyecto”.
Igual que el viernes pasado, también habló en representación del oficialismo el camporista Martín Doñate, quien reiteró que “nuestro bloque no va a aceptar y rechaza de plano retirar y no discutir los proyectos que el propio bloque de Cambiemos presentó y que hasta hace pocos días pedían que pusiéramos en debate”.
“Una vez presentado, el proyecto deja de ser automáticamente propiedad del autor y pasa a ser propiedad de la Cámara”, insistió el senador rionegrino, que consideró “infantiles” los argumentos utilizados por la oposición respecto del temor a que se vayan a hacer modificaciones al texto original presentado. Porque, admitió, “desde el oficialismo vamos a pretender sugerir modificaciones al texto original del que presentó este senador. Esto es insólito: que sancionemos el texto sin debate, debemos entregarnos sin condicionamientos… ¿Dónde se vio esto? Si no gano yo, me llevo la pelota. Si no se hace lo que yo quiero, hago trompita y retiro el proyecto…”.
Los proyectos, según anticipó Parrilli, comenzarán a ser debatidos a partir del lunes próximo en la Comisión de Justicia.
Se realizó un plenario de las comisiones en el que participaron miembros de la comisión redactora del anteproyecto de ley del Código del Consumidor, funcionarios y especialistas en la materia.
Legisladores nacionales continuaron este viernes el tratamiento de la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor durante una reunión conjunta de las comisiones de Derechos y Garantías, presidida por el senador por La Rioja Julio Martínez (UCR), y de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT).
El primer orador fue uno de los miembros de la Comisión redactora del anteproyecto de ley del Código del Consumidor, Carlos Tambussi, quien puso en valor el “ensanche de derechos y de la practicidad que aporta en la vida de los Entes y de las oficinas públicas la propuesta de la Reforma” y detalló que “al tomar el capítulo sexto de la ley vigente encaramos el trabajo en base a tres ejes que ampliaran la protección existente, en materia de derechos, y dieran algunas soluciones prácticas”. Asimismo, consideró que “la significación del alcance práctico de esta medida va a ser muy útil para también orientar a los usuarios sobre todo a dónde dirigir el reclamo, y después qué curso va a tener y evitar esos pases administrativos que hacían demorar tanto tiempo y clarificar a su vez el tema definitivamente de las competencias”.
A continuación, el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2 del Departamento Judicial de Azul, Rodrigo Bionda, se refirió al orden público y el sobreendeudamiento de usuarios y consumidores. Respecto a la primera, sostuvo que “este proyecto quita de una cláusula genérica dotar de orden público” y que “es clave mantener enérgicamente la condición de orden público de la Ley, no como un principio sino como una pauta, un punto de partida que obligue a los funcionarios”. En tanto, manifestó que “discrepo ontológicamente en el punto de partida adoptado por el proyecto. El sobreendeudamiento tiene que poner el centro de abordaje en garantizar a los usuarios y consumidores a acceder a condiciones de trato digno”. “Tenemos que trabajar en una herramienta que nos permita estabilizar a alguien que está sobreendeudado y extraerlo de la situación de sobreendeudamiento”, concluyó al tiempo que instó a trabajar en la “regulación o reglamentación de los códigos de descuentos” y la “gestión colectiva de procesos individuales”.
Por su parte, el director de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, Adrián Ganino, observó que “hay varios artículos que no estarían cumpliendo con el principio de progresividad y no regresión”. En ese sentido, se refirió a los artículos 4, 113 y 73 y manifestó que “es claro que en materia probatoria la carga debe ser dinámica y que debe ser la empresa proveedora la que lleve adelante todo el proceso de demostrar que lo que dice el consumidor no es tal”. “En el marco de esta redacción actual estamos en una situación compleja de indefención por parte del usuario, del consumidor. Necesitamos modificaciones legislativas que contemplen este tipo de relaciones jurídicas de comercio electrónico”, concluyó.
A su turno, el especialista en Derecho Comercial Rubén Morcecian centró su exposición en “el tema de los pagarés en los temas de consumo y el aumento del endeudamiento de los ciudadanos”. Afirmó que se trata de “una figura inconveniente para el consumidor” y que “la firma de un pagaré atenta contra la progresividad, el deber de información”. Al referirse al sistema cambiario sostuvo que “el proyecto pretende legislar sobre lo que llama pagaré de consumo” y que “lo que hay en la República Argentina son la utilizaciones de pagarés comunes, es decir aprovechar los efectos de derecho cambiario en una relación de consumo”. Seguido señaló que el artículo 91 “no es claro” y “no se hace cargo de qué pasa en el ámbito sustantivo del pagaré”, además de indicar que “esto también contradice el 735 del Código Civil y Comercial, el principio de no agravamiento de la posición jurídica del deudor” y que “el artículo 91, y todas las implicancias que yo les señalaba, viola el orden público de protección por el artículo 387 del Código Civil y Comercial en el cual se enmarca la emisión de pagarés”.
El último orador fue otro de los miembros de la Comisión redactora del anteproyecto de ley del Código del Consumidor, Leonardo Lepíscopo, quien resumió que la Comisión “se planteó preservar lo que está correctamente” en la Ley 24.240 y trabajó en “ir mejorando algunos tipos, institutos que estaban deficientemente desarrollados o traían problemas de interpretación” y en “ir completando algunos segmentos que directamente estaban omitidos como por ejemplo un buen capítulo de prácticas abusivas o los procesos colectivos de consumo”. “La idea ha sido completar, desarrollar, robustecer, con estricta sujeción a las previsiones constitucionales en la materia y los Tratados de Derechos Humanos que le resultan aplicables”, prosiguió “entre los cuales uno de los principios fundamentales es el de la progresividad y no regresión en la materia”. “Los primeros articulados fuimos respetando las definiciones y los conceptos y luego, a partir del art 5to y siguientes, empezamos con la introducción de los lineamientos generales que tienen prácticamente todas las legislaciones de consumidor modernas en el mundo: conjunto de principios que van a regir la materia, consumo de deberes para los proveedores, principios de derechos generales para los consumidores y políticas que deben implementar los actores que tienen incumbencia en la materia”, detalló a continuación. Finalmente destacó que “en el tema de principios sumamos 10 principios fundamentales” y mencionó algunos “aspectos que robustecimos”, entre ellos el deber de información, prácticas abusivas, principios, deberes y derechos “deberes para la Administración Pública: misiones y funciones de la Autoridad de Aplicación”, daños y procesos colectivos de consumo.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado volvió a emprenderla contra los medios, advirtiendo que “mienten mucho”.
Sobre el final de la reunión de la Comisión de Justicia, su presidente, Oscar Parrilli, rechazó el argumento de la oposición de que al analizar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público estaban socavando la autoridad presidencial al pasar por alto la labor de la comisión especial creada por el Poder Ejecutivo para analizar precisamente ese tema. “No estamos menoscabando ni destrozando la figura del presidente de la Nación”, aclaró el senador neuquino, y continuó: “Todos los que dicen eso… no pierdan el tiempo, no va a ocurrir”.
Y fiel a su estilo, sugirió: “No lean tanto los diarios, no les crean tanto a las cosas que dicen de nosotros; mienten mucho, no se lo crean, sinceramente se los digo, es importante que discutamos entre nosotros”.
Durante el debate en la Comisión de Justicia del Senado senadores de Juntos por el Cambio argumentaron las razones de su decisión, pero Oscar Parrilli resolvió como presidente de ese organismo avanzar con la discusión del mandato y remoción del procurador general.
En una reunión signada por la polémica, se reunió este viernes la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado para debatir tres proyectos de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal presentados por senadores de la oposición, con la particularidad de que sus autores, Martín Lousteau y Lucila Crexell, retiraron los mismos horas antes de la hora de la convocatoria. Y ese fue el espíritu que acompañó a toda la reunión, que contó con la participación de miembros de la oposición -incluidos los autores de ambos proyectos puestos a consideración-, que se dedicaron a explicar las razones para retirar los proyectos, mientras que desde el oficialismo se insistía en plantear el debate. Una situación inédita, por cierto.
Los proyectos en cuestión tienen que ver con la extensión del mandato del procurador general y la oposición planteaba la prevención de que esa cuestión fuera utilizada por el oficialismo para modificar la norma que exige dos tercios para designar o destituir al titular del Ministerio Público.
La cuestión es que al cabo de más de dos horas y media de intercambio de opiniones, el presidente de la comisión dejó claro que los proyectos serán debatidos a pesar del pedido de la oposición, y para eso se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes venidero, a las 16.30, invitándose a todas las partes a sugerir nombres para exponer.
En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, aclaró que la intención era iniciar el debate de “un tema que nos parece importante”, en referencia a una situación que calificó de “anormal”, como es la del Ministerio Público Fiscal. “Tenemos un procurador interino y en este sentido, existiendo proyectos en trámite en el Senado, creí oportuno hacer esta convocatoria. Ninguno se tiene que asustar y preocupar porque se intente debatir”.
A continuación contó que el día anterior se había comunicado personalmente con los autores de los proyectos, recibiendo como respuesta su beneplácito para tratarlos y adelantando que estarían presentes para defenderlos. “En ambos casos les reiteré que no era mi intención sacar despacho en esta reunión, pero quería darles la oportunidad de exponer”, precisó el senador neuquino, que a continuación contó que al mediodía le habían comunicado el ingreso de dos notas con la intención de retirar esos proyectos de ley.
Al procederse a la lectura por parte de la secretaría de la comisión de ambos textos, quedó claro que uno de los argumentos era la creación por parte del Poder Ejecutivo de un consejo consultivo al que entre otras cosas se le encargó la realización del análisis del funcionamiento del Ministerio Público, por lo que se consideraba que habría una superposición de tareas.
Por último, Parrilli contó que el senador Edgardo Martínez había hecho un pedido para no realizar la reunión de comisión, pero él había desistido con el argumento de que esos proyectos tienen estado parlamentario.
A continuación, la senadora María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos – Santa Fe) rechazó el retiro de los proyectos por cuestiones reglamentarias, señalando que cuando un proyecto de ley ingresa al Senado de la Nación, “asume estado parlamentario”. La senadora santafesina habló de la necesidad de evitar quedar sumidos al “arbitrio caprichoso” de un senador, y en ese marco insistió: “Una vez que un proyecto ingresa a través de la Mesa de Entrada y que toma estado parlamentario, no puede ser retirado por la simple voluntad de un legislador”.
Usó además argumentos del senador Eduardo Menem, que en su libro Derecho Procesal Parlamentario ha dicho que “una vez ingresados los proyectos, los autores pierden el poder directo sobre los mismos, pasando a depender de la Cámara su modificación o retiro”.
Desde Juntos por el Cambio el primero en exponer fue el senador cordobés Ernesto Martínez. “A mí los reglamentarismos leguleyos no me interesan, como tampoco me asustan”, arrancó, aclarando que conoce la opinión de autores que respeta, fundamentalmente a Eduardo Menem, y sostuvo que “no hay ningún ejemplo de una situación parlamentaria en donde el oficialismo se prevalga de un proyecto de la oposición para obtener determinadas cosas, y esto es lo que está sucediendo esta tarde”. Luego señaló que “quisiera saber cuál es el proyecto del oficialismo”, porque “cuando las comisiones se reúnen con proyectos, es para despacharlos, no para charlar”.
Martínez reclamó al oficialismo “no destrozar la figura presidencial como están haciendo esta tarde”. Lo decía porque recientemente “el Poder Ejecutivo conformó su comisión consultiva precisamente para tratar este tema, entre otros. Este es el camino que corresponde aguardar, para ver qué dice, y luego el curso parlamentario que tomen esas conclusiones”. Muy por el contrario, agregó, “ustedes se adelantan porque no les interesa absolutamente nada lo que pueda decir esa comisión, y esto transforma al Gobierno en un tembladeral”.
El senador cordobés consideró al oficialismo del Senado como “el poder real” y con ironía dijo que sacaron de un canasto “dos proyectos cuyos autores no tienen voluntad de que se traten” para tratar el tema que realmente les interesaba. “Digamos que todo se va a resolver acá, y entonces terminemos con esa fantochada de la comisión consultiva”, reclamó.
Luego señaló la importancia de contar con los dos tercios para elegir al procurador general, y consideró que eso “importa una transacción por parte de las fuerzas políticas. ¿Y por qué debe ser así? Porque (el procurador) debe llevar adelante la política criminal del Estado”. Y agregó: “Se les ha planteado a ustedes un problema: el nombre que remitió el presidente no obtiene los 2/3 requeridos, pero el problema se ha profundizado porque el elegido por el presidente no aceptaría ser designado por una ley que cambie los 2/3 a mayoría simple”. Así las cosas, sugirió que “si están aspirando a eso, hacen un proyecto y en 15 días están en el recinto”, advirtiendo que en ese caso “deslegitimarán a la comisión consultiva y al presidente de la Nación”.
“Traigan cualquier nombre, para esto siempre hay, hay miles que siempre están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero nunca estará el acuerdo institucional que la Argentina necesita y que ustedes están degradando con esta actitud. No tiene ninguna importancia lo que haga el presidente, porque la verdad está acá, en su decisión, senador Parrilli, de sacar el conejo de la galera para que el procurador sea avalado por mayoría simple del Senado”.
Fue el turno del presidente del interbloque JxC, Luis Naidenoff, quien aclaró de entrada que no pretendían cuestionar el espíritu del artículo 137 del reglamento. “Un proyecto puede tener vigencia hasta tanto no lo trate el cuerpo”, admitió. Pero aclaró que “cuando los autores del proyecto suscriben el retiro del mismo, convengamos que ese tratamiento implica una enorme deslegitimidad política”.
Independientemente de ello, admitió que el oficialismo tiene “el derecho a tratar algo que no queremos tratar”. Coincidió con el titular de la comisión en que el Senado “está en falta con la designación del procurador”, pero aclaró que para ello se deben recorrer todas las instancias reglamentarias correspondientes. Recordó lo que al actual oficialismo le pasó con Daniel Reposo, “que no pasó el filtro”, ante lo cual “el oficialismo cambió el postulante y se logró el acuerdo”.
A continuación, el formoseño aclaró que “retiramos el proyecto porque esto no es un juego de inocentes, nadie es inocente, menos tratándose del procurador general. Y rechazó la “política de embestir” desatada por el oficialismo contra el procurador Eduardo Casal, señalando como ejemplo los doce pedidos de juicio político presentados en su contra.
Sugirió entonces que “activen el procedimiento que prevé la ley. Si cuentan con los números, tendremos procurador”, pero les recordó respecto de la posibilidad de modificar la instancia de los dos tercios que el propio Daniel Rafecas expresó que desistirá de su designación si insisten con eso.
“Nosotros queremos ser muy claritos con esto: el proyecto que fue presentado tiene como denominador común la mejora institucional. No hablamos de la mayoría calificada; si para ustedes esa se torna inmodificable, lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo. No hay dobles intenciones. Presentarán sus proyectos, sus ideas, y en base a eso se discute. Ahora, si se pretenden montar en proyectos de la oposición, no, nosotros retiramos. Este no es un juego de inocentes, no hay garantías institucionales”, señaló Naidenoff, advirtiendo que “si no pretenden modificar los dos tercios, presenten su prpio proyecto y bienvenida sea la sorpresa de todos nosotros. Si realmente quieren mejorar el instituto, no hay inconveniente en tanto y en cuanto no se modifiquen los dos tercios. Pero para eso retiramos los proyectos, para saber lo que piensan sobre eso”.
El senador de La Cámpora Martín Doñate participó de la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión. Y así expresó su sorpresa por el retiro de los proyectos. “Todos estamos de acuerdo con que hay que discutir el Ministerio Público”, dijo.
El rionegrino recordó que el autor del proyecto hace un mes “planteaba en el recinto su propuesta y se jactaba de tener un proyecto del Ministerio Público Fiscal y lo ofrecía para que lo discutamos. Ahora, después de un mes de ese cacareo institucional, no lo quieren tratar y retiran el proyecto. Es un delirio, una esquizofrenia política que pocas veces he visto en mi corta carrera política”.
Luego recordó argumentos de Martín Lousteau en cuanto a que “acá no hay que discutir tanto con las mayorías, hay que discutir con la razón”. Y consideró: “Esto es un delirio que es poco entendible, ni siquiera íbamos a dar dictamen”. A continuación consideró paradójico que la oposición pida esperar lo que resuelva el consejo consultivo porque “sino es una afrenta al presidente de la Nación… Y hasta ayer yo los escuchaba decir que era un consejo amañado, hablaban despectivamente de la ‘comisión Beraldi’, y la deslegitimaron permanentemente”.
Así las cosas, Doñate dijo observar “una deliberada intención de trabar, de romper todo, cuanto peor mejor”, y remarcó que más allá de lo que pueda llegar a resolver la comisión especial creada “donde se debe discutir y sancionar, y donde se va a definir el texto definitivo es en el Senado de la Nación”.
Doñate ponderó que la oposición quisiera fortalecer la institución del Ministerio Público Fiscal, pero lo contrapuso conque “viven reivindicando y protegiendo a (Eduardo) Casal, que jamás en su vida fue votado, ni siquiera para ser fiscal raso. Nunca jamás pasó por un concurso, ni por un examen”.
“Me agarra una emoción ver cómo defiende el oficialismo proyectos de la oposición”, expresó con total ironía la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado. “Tenemos más de cien proyectos y no hay forma de que los traten en la mayoría de las comisiones; no los ponen en temario, de hecho tampoco nos aprueban un solo pedido de comunicación al Ejecutivo. No los quieren tratar… Y ahora ese ahínco por defender este proyecto, me da una alegría… Así que van a empezar a hacer esto en todas las comisiones, seguramente; no saben lo que le agradecemos al oficialismo, que empiecen a tratar nuestros proyectos. Así que esperemos que en las próximas órdenes del día de las comisiones empiecen a aparecer nuestros proyectos como únicos temas. Muy, muy agradecidos desde Juntos por el Cambio por ese cambio de actitud que tiene el oficialismo”, expuso la senadora del Pro.
Luego rechazó que la situación de Eduardo Casal fuera “anormal, irregular… No es así, no es esta la situación”, sostuvo, y advirtió que el senador Doñate se había sincerado respecto del motivo de esa reunión: “El tema es el doctor Casal, quieren poner a un representante del kirchnerismo como representante del Ministerio Público Fiscal. Por simple mayoría”.
Luego sugirió que eso les imponía un problema interno, pues el propio Daniel Rafecas anticipó que no aceptaría en ese caso, por lo que habló de versiones de pasillo, en los que se echan a circular los nombres de Graciana Peñafort o el propio Oscar Parrilli. “Fuertes versiones que llegan y seguramente el senador Oscar Parrilli puede tener antecedentes para ese cargo y seguramente por eso ha puesto en tratamiento este proyecto”, deslizó, para observar finalmente: “Acá hay una línea del Gobierno nacional que quiere poner a Rafecas, y otra que pertenece a Cristina, que lo quiere poner a Parrilli o a Peñafort. Se quieren apurar y empiezan a sacar estos proyectos de la galera. ‘Le modificamos nada más eso de los dos tercios’, y se siguen asegurando la impunidad. En esa no nos prendemos… No somos tontos, no es esquizofrenia política”, concluyó.
Luego de que el citado Parrilli agradeciera “la postulación” que acababa de hacer la senadora cordobesa, habló otra senadora de La Cámpora, la correntina Ana Almirón, que aclaró que “los proyectos una vez presentados pasan a ser del cuerpo”. Y tras señalar otras cuestiones reglamentarias, se preguntó “por qué no podemos tratar proyectos que son de la oposición”, negando que no lo hubieran hecho nunca. “No solamente vamos a tratar temas que tienen que ver específicamente con la pandemia -aclaró-. El Senado está funcionando normalmente y está tratando temas que tienen que ver con todo”.
A su turno, la radical Silivia Elías de Pérez aclaró que Eduardo Casal “no es ilegal, ni usurpador, está ahí de acuerdo con lo que dice la Ley de Ministerio Público. Si no están de acuerdo, refórmenla”. Y luego habló de “reglas escritas y reglas no escritas”, poniendo como ejemplo que en su condición de presidenta de la Comisión de Economía Nacional el oficialismo había presentado un proyecto con las firmas de casi todo el bloque facultando al Banco Central a reestructurar la deuda de las PyMEs en problemas. Pero luego les pidieron no tratarlo hasta tener la anuencia del Ejecutivo. “Y por supuesto que lo dejamos a un costado, porque esas son las normas de respeto mutuo”, señaló.
Mario Pais (FdT – Chubut) advirtió que se estaban infiriendo “intenciones ocultas del oficialismo y la oposición”, ante lo cual pidió “un poco de cordura”, rechazando que el oficialismo quisiera modificar el tema de los dos tercios, en tanto que el correntino Pedro Braillard Poccard, firmante de uno de los proyectos en cuestión, y también del pedido de retiro, enfatizó que defiende por sobre todas las cosas la importancia del reglamento. “Obviamente que conocemos el reglamento; esto se trata de oportunidad: cuando presentamos estos proyectos era otra la situación de la Argentina”.
Volvió a intervenir la senadora Sacnun para rechazar en principio los dichos de Elías de Pérez en cuanto a un acuerdo no escrito, en referencia a un pedido del oficialismo para no tratar un proyecto propio: “Si no lo han tratado es porque hay una mayoría en esa comisión que no habilitará el quórum, con lo cual es un argumento absolutamente endeble”.
La emprendió a continuación contra la oposición enrostrándole no haber tratado “proyectos esenciales para la vida del país; se han retirado cuando tratamos leyes muy importantes”, dijo, y citó las de pesca y alquileres. Y luego reclamó discutir los tres temas puestos en consideración en el orden del día. “Sino, terminaremos aceptando que esto es un conversatorio. Quiero debatir absolutamente todos los puntos que están incluidos en estos proyectos incluidos en el orden del día”.
“Me llama la atención que les parezca llamativo que alguien pida que se retiren proyectos”, señaló a su turno el senador radical Martín Lousteau, poniendo como ejemplo reciente uno del oficialista Alfredo Luenzo.
Autor de uno de los proyectos puestos a consideración, Lousteau dijo que los mismos fueron presentados en 2017 y 2019, los de Crexell, y el suyo el 14 de febrero pasado, antes de la pandemia. “Nos resulta llamativo el apuro, y no creemos que esto deba ser tratado ahora, nos genera sospechas”, admitió.
Tras poner en duda que en la historia de la Cámara se hubiera dado un hecho como el que estaban discutiendo, dijo alegrarse por escuchar al senador Pais decir que “nada de lo que vamos a discutir hoy tiene como objetivo modificar los dos tercios”.
Finalmente defendió su proyecto, señalando que el cargo de procurador general insume un “enorme poder”, razón por la cual “mantenemos esos dos tercios”. Su proyecto sugiere además que el cargo no sea más vitalicio. Esas son, dijo, “las primeras dos patas de la mesa. Las siguientes son la no reelección y el límite de edad a los 75 años. Son cuatro patas cuyo objetivo es perfeccionar la institucionalidad”.
“Me alegra mucho escuchar que ese no es el objetivo de esta comisión”, agregó, concluyendo que “cuando presentamos el proyecto, no había arrancado la pandemia, el presidente se manifestaba con acabar con la grieta, poner en la agenda un mejor sistema de justicia y sobre todo terminar con la injerencia de la política en la justicia. Y es en ese contexto que nosotros presentamos este proyecto, en un contexto donde no habían ocurrido un montón de cosas y que no existía la pandemia. Es por este motivo que presentamos una nota donde pedimos, sugerimos, que esto no se trate en este momento”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti se quejó luego de “quienes trabajan para que las cosas no cambien. Ponen las urgencias siempre por encima de lo importante. Siempre hay cosas más urgentes que tratar, que temas de justicia”.
Ante el pedido de la oposición de retirar los proyectos, señaló que hoy la razón es la pandemia, “en 2013, cuando nos tocó la democratización de la justicia, no me acuerdo cual era la urgencia que planteaban, y así cuando se tratan temas de administración de la justicia siempre hay un sector político que cuando no gobierna dice que nunca es el momento. Ahora, cuando gobiernan siempre es urgente, y a los pocos días de asumir, por un decreto pueden poner dos miembros de la Corte.
“Lo que no me queda claro es si siguen pensando lo mismo que escribieron y firmaron, que hay que reforzar el Ministerio Público Fiscal, que el procurador tiene que ser vitalicio o no, o van a esperar a si alguna vez la población les da de nuevo la posibilidad de gobernar”, deslizó la senadora mendocina, para agregar luego: “Algunos juegan el juego de que nunca cambie nada, porque a ciertos sectores no les conviene”.
En otro pasaje retrucó una de las sugerencias de Martín Lousteau: “Si un procurador fiscal no puede durar más de cinco años, ¿qué hacemos con los demás fiscales que sí son vitalicios”. Y sugirió que así se le estaba restando poder al procurador general.
Cerró el debate el presidente de la comisión, Oscar Parrilli, que negó que se hubiera perseguido al procurador general Eduardo Casal, y saludó que Lousteau hubiera expuesto su proyecto. “Coincido en algunas cosas, en otras no. Tenemos que discutirlo”, dijo, pero aclaró que no expresarán una decisión hasta tanto no se expida el Consejo Consultivo creado por el Ejecutivo. “Pero son temas que tenemos que discutir”, insistió, para preguntar luego cuáles son los dos únicos países que tienen Ministerio Público Fiscal vitalicio: Argentina y Cuba. Por eso digo que tenemos que discutirlo”.
Propuso entonces pasar a un cuarto intermedio para el próximo viernes a las 16.30, para seguir analizando los proyectos y comenzar a “hacer un análisis profundo de las características que tiene que tener la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”.
Y nadie puso objeciones para eso.
“El kirchnerismo busca pervertir el espíritu de nuestras iniciativas”, fue el argumento utilizado por los senadores Lousteau y Crexell, horas antes de la reunión impulsada sorpresivamente por Oscar Parrilli.
Los senadores nacionales Martín Lousteau y Lucila Crexell retiraron este viernes sus proyectos de modificación de la Ley de la Procuración General, dado que ya existe una comisión creada por el Poder Ejecutivo y en virtud de que existen “versiones fundadas sobre que el kichnerismo busca pervertir el espíritu de las iniciativas bajando los requisitos para la designación del Procurador General de la Nación”, expresaron los legisladores de la oposición.
Sucede que el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, convocó para este viernes a las 16.30 a una reunión para analizar precisamente esos proyectos. Ante ello, la oposición sospecha que se busca habilitar el tratamiento de esas iniciativas presentadas el año pasado con el objeto de avanzar con la modificación de esa ley en lo que tiene que ver con la designación y remoción del procurador general de la Nación.
Los senadores consideraron que no es un tema prioritario en este momento de crisis sanitaria, social y económica y resaltaron que los proyectos fueron presentados antes del inicio de la Pandemia y del Aislamiento Social y Obligatorio.
Así lo expresaron a través de una nota enviada este viernes a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, en la que fundamentan las razones del retiro de sus proyectos. Allí, Lousteau y Crexell detallaron que sus iniciativas consistían en mantener la mayoría agravada de dos tercios para la designación del Procurador y terminar con el mandato vitalicio acotando su tiempo de gestión.
Se descuenta que la reunión de este viernes no será suspendida y en ese marco se abriría una polémica por el debate de proyectos cuyos autores pidieron retirar.
Oscar Parrilli llamó a una reunión de la Comisión de Justicia para analizar proyectos que modifican la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En lo que se interpreta como una nueva avanzada del kirchnerismo que apunta al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, el presidente de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, convocó este jueves a una reunión de esa comisión con el objeto de tratar una serie de proyectos relacionadas con la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. La misma será este viernes a partir d las 16.30.
Es público y notorio el interés del oficialismo por encontrar la manera de sortear el impedimento que hoy por hoy se le plantea para elegir al procurador general, pues el pliego de Daniel Rafecas, enviado oportunamente por el presidente Alberto Fernández al Senado, está parado en el Senado ya que no están los dos tercios necesarios para habilitar su aprobación.
Precisamente por eso es que Oscar Parrilli convocó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para tratar una serie de proyectos que precisamente plantean analizar la ley en cuestión. En un hábil maniobra, se pondrán a consideración tres proyectos que son precisamente de legisladores que conforman esos 29 votos que impiden hoy al Frente de Todos acceder a los dos tercios. Las tres iniciativas fueron presentadas en 2019 y vienen justo para habilitar el debate que quiere dar el Frente de Todos.
Dos son de la neuquina Lucila Crexell, quien fue reelecta el año pasado en el Senado a través de las listas de Juntos por el Cambio, pero se peleó con este sector porque quisieron bloquear su ingreso a la Cámara, aunque finalmente terminó alineándose con la principal oposición. Los dos imprimen modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y uno de ellos sugiere establecer una duración específica en el cargo y modifica el mecanismo de remoción del defensor General de la Nación.
El tercero corresponde al radical Martín Lousteau y modifica también la Ley Orgánica del Ministerio Público en cuanto al tiempo de duración en el cargo. En la actualidad, el cargo es vitalicio.
El debate promete ser de sumo interés pues en el mismo se rehabilitará la discusión en torno al actual procurador, Eduardo Casal, quien está a cargo de manera provisoria desde fines de 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Dicho sea de paso, cuando el gobierno de Mauricio Macri impulsó para el cargo a Inés Weinberg de Roca, tampoco contó con los dos tercios para nombrarla.
Casal ha sido sometido a lo largo del año a un intenso bombardeo de denuncias en el seno de la Bicameral de Control del Ministerio Público. El kirchnerismo quiere desplazarlo para nombrar allí a reemplazante más afín.
Hoy necesita los dos tercios de los senadores presentes para aprobar a un nuevo procurador, y un sector del oficialismo sugiere cambiar la ley para llevar ese número a una mayoría simple.
El senador kirchnerista consideró que la decisión del máximo tribunal de abrir el “per saltum” presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli “ha sido un asalto a la Constitución”.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que la Corte Suprema “tiene un termómetro bastante raro para medir la gravedad institucional”, luego de la decisión del máximo tribunal de abrir el “per saltum” presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, algo que calificó como “un asalto a la Constitución”.
“(La Corte) habilita el per saltum por un reclamo absolutamente corporativo de los jueces. No vi ningún per saltum en estos cuatro años que tuviera que ver con parar los tarifazos. No vi ningún per saltum para parar la deuda que se tomó con el FMI y no pasó por el Congreso; se endedudó al país de una manera exorbitante. No vi ningún per saltum para frenar el espionaje ilegal, las filtraciones de las escuchas. Ni para intervenir cuidando la salud de (Héctor) Timerman o cuando se citaba a ocho indagatorias a la expresidenta Cristina Kirchner”, cargó.
En diálogo con radio Futurock, el oficialista remarcó que los cortesanos “sin duda que han sido presionados, y no por la opinión pública, sino por los grupos mediáticos y todos sus voceros constitucionalistas, abogados, diputados y demás”.
Para el neuquino, la decisión unánime del máximo tribunal “ha sido un asalto a la Constitución” porque, si bien todavía no resolvieron sobre el fondo de la cuestión, “tendrían que haber esperado que se resuelva el caso en el fuero contencioso administrativo”, opinó.
“Intentan responder a las presiones mediáticas y corporativas que le han hecho los escraches, lo cual pone a la Corte en una situación muy frágil, porque si son factibles a esto, ¿qué confianza podemos tener, no?”, agregó y reiteró su crítica a que “no tuvieron la misma celeridad para resolver graves problemas que tenían que ver con la gente” durante el gobierno anterior.
El senador reaccionó porque el constitucionalista tildó al presidente de “monarca” y “antidemocrático”. La reacción del abogado.
Ya se habían cruzado el abogado constitucionalista Daniel Sabsay y el senador oficialista Oscar Parrilli durante la visita del primero en ocasión de discutirse el tema de la reforma judicial. Ahora Sabsay volvió al Senado, para exponer en torno al proyecto del Poder Ejecutivo para transferir fondos a la Policía porteña, y en ese marco se produjo el “segundo round”.
Es que en su intervención, Sabsay había cuestionado duramente el decreto de Alberto Fernández por el cual se redireccionó un punto de la coparticipación porteña hacia la provincia de Buenos Aires, lo cual llevó a Sabsay a señalar que no solo se desfiguraba así el federalismo, sino que también se afectaba “la forma democrática de gobierno hacia una forma de monarquía”.
A la hora de las preguntas pidió la palabra el senador Oscar Parrilli, quien aclaró que no iba a hacer una, sino que simplemente iba a hacer una acotación para expresar su “profundo desagrado” hacia el abogado por haber acusado al presidente de la Nación de ser “monarca”, como así también haberlo acusado de ser “antidemocrático”.
Parrilli dijo que le parecía “de muy mal gusto que un invitado venga a hacer estas expresiones. Respeto sus opiniones diversas, pero me parece una exageración de su exposición haber tratado al presidente de monarca y antidemocrático”.
Previsiblemente Sabsay no se la dejó pasar, y le cuestionó al senador que “insiste en criticar a un invitado por cuestiones que no le gustan, o le parecen que están mal dichas. Es decir, una modalidad de maltrato… Yo le repito: yo sé que quien es maltratado, maltrata, pero a mí no me maltrata nadie, ni siquiera quien está haciendo abuso de posición dominante”.
“Se lo dije la vez pasada y se lo vuelvo a repetir: es una muy mala costumbre la que usted hace, sobre todo con un invitado, porque creo que soy invitado de toda la comisión. Así que no le voy a permitir que usted me trate de este modo, que usted aproveche su posición, para tratar de precisamente desprestigiarme, hablar mal de mí, desagradarse si dije algo bien o algo mal… Usted tendría que contra argumentar o pedir aclaraciones, pero no lo que está haciendo. Porque no me va a maltratar a mí”, concluyó.
El senador kirchnerista, que no habló ayer durante el debate de los pliegos, defendió la decisión del oficialismo y señaló que los magistrados “vuelven a los juzgados anteriores, no se los está echando”.
El senador oficialista Oscar Parrilli consideró que “lo que quieren (el expresidente Mauricio) Macri y sus funcionarios es que estos jueces le garanticen impunidad”, en referencia a los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados el Frente de Todos rechazó en el Senado.
El kirchnerista, que aunque estaba anotado en la lista de oradores no se expresó durante la sesión de este miércoles, sostuvo que el hecho que haya medios que “hablan de remoción” lo que hace “es estar demostrando que vamos por el sendero correcto”.
“Simplemente lo que se hizo fue cumplir con una manda constitucional, una resolución del Consejo de la Magistratura, que analizó más de 30 casos de traslados de jueces y que en 10 casos de ellos no se había prestado acuerdo del Senado”, señaló.
En declaraciones a radio Futurock, el neuquino cuestionó a los jueces por no haber concurrido a la audiencia pública en “una actitud que los muestra de cuerpo entero, con su poco apego a la justicia”. “Fundamentalmente por ese motivo y porque no reunían las condiciones no se les prestó el acuerdo”, justificó.
Y resaltó que los magistrados “vuelven a los juzgados anteriores, no se los está echando”. Ahora, el siguiente paso es que “el Poder Ejecutivo debe dictar el decreto volviéndolos al cargo original”, indicó, al tiempo que el Consejo de la Magistratura deberá avanzar con el concurso para las vacantes.
El titular de la Comisión de Justicia insistió que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “fueron designados a dedo”, además de apuntar contra Castelli, quien anunció que no se retirará de su oficina: “Parece más un barrabrava que un juez”.
“A nosotros ya nos investigaron, ya pasaron todas las causas, ahora van a investigar todos los delitos que supuestamente han cometido los funcionarios de Cambiemos”, subrayó y agregó que a la vicepresidenta “ya la juzgaron y, es más, llegaron a un límite y después no pudieron seguir avanzando porque no había pruebas ni delitos”.
Con mayoría en el Senado, el oficialismo votará en contra de los pliegos. El senador K apuntó contra los magistrados: “Quieren quedarse para darle impunidad a Macri”.
El senador nacional Oscar Parrilli ratificó la decisión del oficialismo de rechazar este miércoles los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos pliegos serán tratados en sesión este miércoles.
“Estos tres jueces han demostrado con su conducta que no solo fueron jueces designados a dedo, sino que fueron jueces especiales, cosa que está prohibida absolutamente por la Constitución”, sostuvo el oficialista.
El legislador argumentó que “esto no es iniciativa del Senado” sino que fue “el Consejo de la Magistratura que encontró 10 casos de traslados que no tenían acuerdo del Senado”.
“Estos tres jueces se revelaron, no respetaron la manda constitucional, no concurrieron a la audiencia y evidentemente están demostrando que son jueces especiales”, insistió en diálogo con radio El Destape.
El titular de la Comisión de Justicia apuntó contra los magistrados al expresar que “no solo fueron designados para perseguir a Cristina Kirchner y sus funcionarios, sino que ahora quieren quedarse para darle impunidad a Macri y todos los funcionarios que están siendo investigados”.
“No se les va a prestar acuerdo y estos jueces van a tener que volver a sus juzgados originales, porque no se están desempeñando de una manera normal”, añadió.
El senador oficialista, impulsor de la modificación que había despertado el fuerte rechazo de la oposición, propuso un texto alternativo “para sacar los fantasmas”.
El senador oficialista Oscar Parrilli anunció la marcha atrás con la cláusula que establecía que los jueces deberían denunciar ante el Consejo de la Magistratura presiones de los “poderes mediáticos”, un inciso que generó el fuerte rechazo de la oposición.
El legislador comenzó diciendo que “el presidente Alberto Fernández tenía mucha razón cuando decía que el agregado que se le hizo al inciso ‘e’ era sobreabundante, porque estaba dicho en otra parte ‘cualquier grupo de presión'”.
Al repasar que “hubo varios casos en que la Corte de Estados Unidos revocó los fallos de condena de jurados de enjuiciamiento porque demostró que habían sido influenciados por los medios de comunicación”. “También ocurrió en Canadá, otro país que es admirado”, agregó y leyó legislación de distintas provincias en este sentido.
“Existe una presión mediática muchas veces para incidir en la voluntad de los jueces, pero armaron una gran batahola de este tema, diciendo que nosotros no queríamos la libertad de prensa, y yo lamento que haya algunos senadores que se hayan prendido, porque parecen títeres de los medios de comunicación”, sostuvo.
En ese sentido, el senador -mano derecha de Cristina Kirchner- aseguró que “para sacar los fantasmas, porque en realidad lo que quieren es poner los fantasmas” y “porque el objetivo se cumplió, se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, se tragaron todo”, decidió proponer una redacción alternativa.
Entonces, el neuquino leyó el nuevo inciso “e” del artículo 72, que quedará redactado que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
También, el oficialista defendió que “no hubo un solo juez ni un solo funcionario judicial que criticara este agregado” que se había hecho sobre los “poderes mediáticos” porque “ellos saben que eran en defensa de ellos”, subrayó el titular de la Comisión de Justicia.
Por otra parte, Parrilli dijo estar “convencido” que “la gran mayoría de los senadores de Cambiemos quieren la impunidad de (Mauricio) Macri por todas las causas que vienen para delante”. “Es la imagen del espejo invertido, nos acusan a nosotros de lo que ellos son”, agregó.
Reivindicó que es “muy respetuoso” de las decisiones de otros poderes, como en este caso el Senado. “Les cuesta creer que tienen un presidente que respete las instituciones”, dijo, y consideró que quienes cuestionan la reforma judicial defienden a “la corporación judicial”.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a defender este domingo la reforma judicial y atribuyó los intentos de frenarla a quienes quieren “mantener a la corporación judicial que tanto daño ha hecho”.
Entrevistado por Radio 10, el mandatario señaló que “hemos mandado un proyecto de ley con el único propósito de que el Congreso lo debata y que cada uno aporte y cambie lo que crea que debe cambiar siempre”.
Con relación a lo que ya se conoce como la “cláusula Parrilli”, que advierte a los jueces que deben denunciar lo que consideren “presiones mediáticas”, Fernández dijo que él no la frenó, como se especuló este fin de semana, aclarando por el contrario que “no está caída”. Y agregó que él es “muy respetuoso. En este país les cuesta creer que tienen un presidente que respete las instituciones, pero lamentablemente esto es así. El Senado debatió el proyecto e introdujo varias modificaciones escuchando a gente que piensa como el Gobierno y gente que no”.
Con todo, consideró que esa frase introducida en el proyecto “no cambia en nada el sentido de la norma”, y lo consideró “un agregado casi ocioso”, al que le encuentra un sentido más “casuístico que otra cosa”.
Con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia que se conoció el viernes para establecer que la telefonía celular, la TV por cable y los servicios de internet son servicios públicos, Fernández dijo que “no estoy en guerra con nadie”. Para él, ese DNU era “definitivamente necesario”, y aclaró que “el único interés que se tocó es el de los usuarios y los consumidores, porque además de los que prestan servicios están los que consumen, que tienen tantos derechos como los que prestan servicios”.
Luego emvistió contra la oposición y quienes “piensan que la Argentina se vuelve Venezuela porque regula derechos a favor de la gente”. Por el contrario, el presidente dijo ser admirador de dos países como Noruega y Finlandia, donde “estos son servicios públicos. Antes que digan que somos Venezuela, ojalá nos parezcamos a Noruega o a Finlandia, pero eso no lo cuentan”.
En otro pasaje la emprendió contra el exsenador nacional Ernesto Sanz, quien trazó un diagnóstico económico muy crudo del país que viene, en el marco deun zoom que compartió con la titular del Pro, Patricia Bullrich. “Era mejor cuand Sanz estaba callado. Que se dedique a los negocios”, dijo.
Si la cuarentena no existe más, que le avisen a los controles. La marcha contra un montón de cosas diversas cosechó una multitud; envalentonó a los menos moderados de un lado y enojó a los más duros del otro. La reforma judicial es un juego de alto riesgo, con final abierto.
Por José Angel Di Mauro
El país se vio conmovido por el caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que murió el viernes en Córdoba sin poder ver a su padre, al que habían hecho volver a Neuquén luego de que en un control sanitario de Huinca Renancó resultaron “dudosos” dos controles rápidos de Covid-19.
Pero ese caso que tuvo tamaña repercusión, no es una excepción. Por el contrario, los casos se multiplican a lo largo y ancho del país, y no porque no trasciendan públicamente son menos dramáticos e incomprensibles. Este cronista supo de la odisea de una persona de 90 años que vivía en San Clemente de Tuyú. El hombre podía valerse solo y cuando comenzó la cuarentena, con su familia -que vive en el AMBA- coincidieron en que sería mejor que se quedara allá. El problema fue cuando comenzó a tener dolores estomacales y en el hospital de esa localidad del Partido de la Costa le encomendaron unos estudios que debía hacerse en Mar de Ajó: cuando intentó salir de San Clemente la policía no se lo permitió. Ni esa vez, ni cuando se dañó su audífono y necesitaba ir a Mar de Ajó para arreglarlo. Así es que desde marzo estuvo casi sin atención médica y sin audífono, con una sordera muy profunda. No obstante los pedidos de su familia, prefirió quedarse allí. Y como en esa zona hay muy pocos casos de coronavirus, coincidieron en que podía ser lo mejor.
Cuando la situación se agravó, el hombre volvió al hospital y le dieron cinco órdenes médicas, mas nuevamente no lo dejaron salir de San Clemente; al no aguantar más pidió a su familia que lo fueran a buscar. Viajó entonces un hijo, munido de todos los permisos necesarios. Pero al llegar al control policial de Lavalle, no le permitieron entrar al Partido de la Costa. Tras varias horas de discusiones, llamados telefónicos desde Buenos Aires y una febril búsqueda de contactos, consiguieron que alguien lograra conseguirle “un permiso de una hora” para ir a buscar al anciano, cargarlo en el auto y abandonar esa localidad. Esto sucedió hace dos semanas. Al llegar a Buenos Aires, los estudios que finalmente le hicieron determinaron que tiene un cáncer muy avanzado y lo más probable es que deje este mundo antes de que concluya la cuarentena, que como se ve existe, aunque el Presidente haya proclamado hace diez días que ya no está vigente.
Contra esa cuarentena se revelaron muchos de los que salieron a protestar el #17A. La movilización tuvo tal envergadura que llevó a los sectores más duros de Juntos por el Cambio a tratar de “tibios” a los que no se jueguen en estas circunstancias. Un error de quienes si tan solo pensaran en que hasta hace pocos meses tenían responsabilidades ejecutivas, serían más cautos con los que siguen teniéndolas y deben hacer un equilibrio extremo en tiempos de pandemia.
Primó la cordura en el zoom realizado el martes 18, en el que se lo vio muy activo el expresidente Mauricio Macri desde Suiza, mientras que Horacio Rodríguez Larreta se retiró enseguida, argumentando actividades impostergables. Los moderados impusieron la decisión de no emitir ningún comunicado refiriéndose a la movilización del día anterior. Macri se pronunció directamente a través de un breve tuit en el que se manifestó orgulloso de quienes salieron a decirle “basta al miedo y al atropello”. Elisa Carrió, que no participa de esas reuniones, volvió a demostrar que es más sensata de lo que muchos piensan. Advirtió que nadie debía “arrogarse o sacar ventaja” de la movilización. Luego mandó un mensaje a la conducción del espacio, al pedir no “radicalizarse”, pues hacerlo será ser “funcional a la radicalización de Cristina”.
De buena relación con ambos extremos, en este caso el “duro” Mauricio Macri y el “moderado” Rodríguez Larreta, Lilita hace gala de sus dotes de estratega cuando las papas queman.
En el oficialismo, en tanto, la reacción fue más dura de lo esperada. Comenzando por el Presidente, que desafiante advirtió “a los que gritan” que no los van “a doblegar”. Y fue más lejos al afirmar que “los que gritan suelen no tener razón”, arrogándose para sí mismo “la verdad”. Peor fue la reacción bonaerense. Con el jefe de Gabinete Carlos Bianco, que tildó a la marcha como “antiperonista, irresponsable y temeraria”, usando términos tales como “neonazis, antivacunas, libertarios, terraplanistas” y hasta se mofó de Luis Brandoni al que se refirió como “gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota”. Su jefe Axel Kicillof no fue más moderado al calificar a la movilización como “aluvión psiquiátrico”. Es un verdadero problema que esté prevaleciendo el discurso duro a ambos lados de la grieta.
Como dijo el viernes el senador Martín Lousteau: “Está pasando que la parte más moderada (del oficialismo y la oposición) está perdiendo de manera acelerada la discusión interna con la parte más radicalizada”.
Los que quieran buscarle argumentos a la movilización del 17A tal vez debieran mirar los datos oficiales que hablan de una pérdida de 390.000 empleos, según el Ministerio de Trabajo, aun con doble indemnización… O las 18.000 empresas que cerraron, según la AFIP, desde que estalló la pandemia.
Pero la protesta fue también contra la reforma judicial, que avanza aceleradamente en el Senado. Tal cual lo previsto por el oficialismo, el proyecto llegará al recinto este jueves al cabo de audiencias en las que nadie podrá negar que todos los sectores pudieron expresarse. Como sea, el Senado es un territorio gobernado por el kirchnerismo en el que no corre ningún riesgo, aunque sigue penando por no contar con los 2/3. Por eso, como la sesión de esta semana será allí un mero trámite con resultado cantado -41 votos a favor y 29 en contra, recuerden este anticipo-, toda la expectativa está puesta en lo que vaya a ocurrir en Diputados, donde hay final abierto.
Las luces de alarma comenzaron a encenderse en el oficialismo cuando los tres diputados que responden a Roberto Lavagna anticiparon que votarían en contra, y se pusieron en rojo cuando los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti (4) se plegaron a esa movida. Fue la razón por la que el dictamen que el miércoles por la noche pasó a la firma no pudo ser visto sino hasta 24 horas después. Se especuló -con total certeza- que en el interin el gobierno buscó convencer a gobernadores pensando en sus diputados para el debate que viene. Pero al conocerse el texto, la primera reacción adversa se fijó en la alusión a los poderes “mediáticos”, incluida en una cláusula a pedido del senador Oscar Parrilli como prevención exigida a los magistrados. Resultó curioso, porque la senadora María de los Angeles Sacnun, que condujo el debate en el Senado, había minimizado días atrás tal posibilidad, en diálogo con periodistas entre los que estaba quien esto escribe.
Cayó muy mal en el gobierno ese artículo que se llevó toda la atención mediática a partir de conocerse. Nada menos deseado para un Alberto Fernández que tantas expectativas depositó siempre en esa reforma, y varias fuentes hablaron de “enojo” por ese ¿imprevisto? agregado. Aunque hay quienes dudan, como el jurista Roberto Gargarella, que el viernes dio por sentado que la “cláusula Parrilli” no es más que “un cazabobos” para atraer la atención, que llegado el momento será eliminado para hacer aparecer al gobierno cediendo algo. Suena razonable.
El gobierno eligió el Senado para hacer entrar la ley convencido de que allí tendría el camino asfaltado para pulir la reforma sin riesgos. El problema para el Frente de Todos es que según la regla no escrita de que lo que sale de esa Cámara y con el visto bueno de Cristina no se cambia, le resta absolutamente poder de negociación a Sergio Massa.
En Diputados necesita sumar 11 votos a los que ya tiene asegurados; debe conseguirlos en el interbloque Federal (11 miembros), y Unidad Federal para el Desarrollo (8). En el primero ya 9 diputados anticiparon que no votarán la reforma judicial, y en el otro hay por lo menos una diputada que anunció lo mismo. Tal vez adelantándose a una situación indeseada, el presidente de este último interbloque, José Luis Ramón, advirtió que no quiere “una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”, cosa que sabe que no podrá hacer pues lo que llega del Senado no se cambia, como hemos dicho.
Desde el entorno de Massa aclaran que “no hay apuro” para la reforma. Más le vale: hoy por hoy, los números le son adversos. ¿Y si la regla es deliberadamente modificada esta vez y se habilitan “cambios cosméticos” en la Cámara baja de modo tal de atender los reparos, sin modificar el tono de la ley?
Habrá que ver si Cristina da el visto bueno. Por lo pronto, la vice terminó la semana con una sonrisa: en lugar de Sergio Lanciani, echado de la Secretaría de Energía donde nunca logró hacer pie, asumirá el diputado Darío Martínez, un kirchnerista de paladar negro. Otro más y van…
El senador K, impulsor de esa modificación que se aceptó en el dictamen, aseguró que en la oposición “están buscando la impunidad para Macri y sus funcionarios”.
El senador nacional Oscar Parrilli defendió este viernes la polémica cláusula introducida en el proyecto de reforma judicial, por la cual se establece que los jueces deberán denunciar cuando reciban presiones mediáticas y sostuvo que “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.
El neuquino consideró que “no hay ninguna limitación, ninguna prohibición”, pero “saltaron como leche hervida” porque “lo que les molesta es que esto se diga”. “Intentamos que se sepa que, como muchas veces hay presiones políticas y económicas, también hay presiones de los medios de comunicación que responden a intereses políticos y económicos”, dijo.
El legislador, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los medios de haber pedido “meter presos a determinadas personas y decirles a los jueces lo que tenían que fallar, o amenazarlos con escraches a sus casas o los hijos”.
En declaraciones a radio El Destape, el oficialista remarcó que “estos hechos violan principios de derechos humanos, de convivencia…quieren que naturalicemos estas conductas”.
“Con esta ley estamos terminando con la impunidad futura del macrismo, porque ellos están buscando impunidad para Macri y todos sus funcionarios que están siendo procesados. Quieren que solo los juzguen sus jueces y fiscales amigos como (Julián) Ercolini y (Carlos) Stornelli”, lanzó.
El senador K aseguró que hay “varios opositores que están de acuerdo con la reforma” pero “por disciplina partidaria tienen que cumplir las órdenes que llegan desde una reposera en la Costa Azul”, en referencia al expresidente, quien se encuentra en Europa.
“Macri se opone a la reforma porque quiere impunidad para él. Esta reforma no nos afecta en nada a nosotros, ya fuimos juzgados por Bonadio”, señaló y agregó que “sin embargo no hay una sola condena” porque “fueron todos inventos”. “Esta reforma es para los casos que vienen”, completó.
En el capítulo referido a las reglas de actuación, más precisamente en el artículo 72, inciso e, del proyecto, se establece que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
En la versión original enviada por el Gobierno, el texto solo mencionaba a los “poderes políticos o económicos”.
El titular de la Comisión de Justicia lo había sugerido durante el debate y finalmente logró imponerlo en el texto definitivo del proyecto.
Durante el debate las audiencias realizadas para analizar la reforma judicial, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sugirió establecer explícitamente en el texto la mención de “los poderes mediáticos” influenciando a los jueces. Era en la parte referida a las reglas de actuación que deben cumplir los jueces y juezas.
En el inciso “e” del artículo 72 del proyecto se indicaba originalmente entre los deberes de los magistrados “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. Y durante el debate, Parrilli sugirió sumar también a “los poderes mediáticos”.
“Hay que hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años cómo periodistas que denostaban, e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar, a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinadas causas. Por eso creo que aquí debemos agregar explícitamente el término ‘mediático’, porque creo que así ha ocurrido por lo menos en el último tiempo”, expresó en esa oportunidad el senador neuquino.
Así las cosas, en el dictamen reza el siguiente texto: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.
Fue durante una nueva jornada de debate de la reforma judicial, donde el especialista consideró que el proyecto tiene como objetivo “asegurar la impunidad” de los acusados por delitos de corrupción.
El momento más fuerte de la cuarta jornada de debate de la reforma judicial, en el marco de un plenario de comisiones del Senado, se vivió este miércoles durante la participación del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien protagonizó una discusión con el senador oficialista Oscar Parrilli.
Al comienzo de su alocución, el especialista consideró que el proyecto de ley es “un capítulo más” de “una reforma que en su totalidad en realidad comienza en el Poder Ejecutivo, a través de un DNU que crea un Consejo Consultivo para expedirse sobre distintos temas, entre ellos la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y la implementación del juicio por jurados”.
Sabsay señaló entonces que ese decreto -que en realidad no es DNU- es “inconstitucional”. Y cuestionó la composición del Consejo que “además de ser absolutamente monocolor” tiene “ocho de los 11 miembros afines al oficialismo”. “No hay especialistas en cuestión propiamente dichas de carácter judicial o que se hayan desempeñado en algunos de los temas sobre los que les toca precisamente decidir”, indicó.
Sobre la participación de Carlos Beraldi y León Arslanian, el abogado expresó que “aparecen situaciones graves de conflicto de interés” porque “son abogados de varias de las personas más involucradas en delitos de corrupción”.
“Todos los integrantes de ese Consejo son funcionarios públicos, aunque estén ad honorem”, remarcó, con lo cual habló de una violación del artículo 109 de la Constitución, e insistió: “Con la existencia de estos dos defensores actuando de una manera tan curiosa en dos bandas, el Poder Ejecutivo está interviniendo en causas judiciales pendientes”.
También criticó “la voluntad de modificar el número de jueces de la Corte” y lanzó: “La quieren tornar no un guardián de las garantías constitucionales sino transformarla, dividiéndola en salas, con fueros; parece que el fuero penal tendría mucha importancia porque vemos que hay cuatro penalistas en ese Consejo”.
“Sería inconstitucional y solo una reforma constitucional podría modificar el sistema”, continuó y agregó que “la Constitución es clarísima cuando expresa una sola Corte Suprema”. Por otra parte, consideró que “el Consejo de la Magistratura es el organismo que más requiere de modificación, porque se lo ha absolutamente desnaturalizado”, y “de nada sirve todo lo que ahora se propone si el Consejo sigue con las mismas características”.
En otro tramo, Sabsay denunció que “dentro del camino que marco hacia la impunidad me preocupa mucho el modo inconstitucional con el que se lo quiere sacar al procurador general interino, Eduardo Casal”.
En cuanto a la iniciativa, el abogado la calificó -al igual que otros oradores- “inoportuna” y que “se plantea con una desprolijidad notable”, al no tener “ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia”. “Es realmente lamentable con la improvisación que se la ha hecho”, opinó.
“Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, finalizó.
Tomó la palabra después el senador Oscar Parrilli, que cargó: “Me ha decepcionado porque más que un argumento de tipo jurídico con respecto a la reforma, he escuchado por parte de él un alegato político-partidario, expresión de los medios de comunicación y algunos dirigentes políticos”.
“Me llamó la atención que hablara de impunidad cuando él sabe que todas estas leyes son para el futuro, no son para el pasado”, manifestó el oficialista y lo criticó por “no haber hablado” de distintos temas constitucionales durante el gobierno anterior.
“Lo que ha hecho el senador Parrilli es una descalificación de mi persona. Yo no estoy acostumbrado a que nadie me descalifique ni me maltrate”, respondió irritado el letrado. “No lo estoy maltratando, le estoy dando mi opinión”, retrucó el senador.
Sabsay ahondó entonces en aspectos del proyecto y sostuvo su “preocupación” por “el grave ataque a la libertad de expresión, porque se habla de que los jueces tienen que denunciar las presiones mediáticas”. Ante esto, se lo vio a Parrilli sonreír y el abogado disparó: “Sí, usted se ríe porque a usted no le importa la libertad de expresión. A mí sí me importa, porque la independencia de la justicia y libertad de expresión son las bases de una democracia real”.
“Estoy frente a un dirigente político opositor”, la siguió Parrilli, cuando legisladores de Juntos por el Cambio comenzaron a quejarse de que no se lo someta “a juicio” a los expositores. “Respeto la opinión política como tal, y obviamente tenía que saltar al final con lo que saltó, la defensa de los poderes mediáticos”, completó el senador K.
El especialista enfatizó: “No puedo permitir senadora que se me trate de esta manera. Quiero dejar a salvo mi honra y no voy a permitir, aunque sea un senador de la Nación y poderoso, que me maltrate, que me critique y me desprestigie”.
“Yo no estoy afiliado a ningún partido, ni pertenezco a ningún partido, por lo tanto lo que usted dice es absolutamente inválido. Yo no represento a ningún poder mediático, lo que quiero es que se respete la libertad de expresión y que se respete acá la libertad de expresión, usted me está atropellando”, agregó.
Intervino la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, quien le respondió que “puede estar seguro que en esta comisión absolutamente todos los expositores han podido hacer uso de la palabra”.
El abogado cuestionó que entre las “reglas de actuación” de jueces se pueda denunciar este tipo de hechos y alegó la afectación sobre la libertad de expresión. El senador le salió al cruce.
El debate de la reforma judicial en el Senado produjo este martes un intercambio entre el senador oficialista Oscar Parrilli y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo consultivo que asesorará al Gobierno nacional.
Fue cuando Gil Domínguez se refirió a las “reglas de actuación” que deberían seguir los jueces según el artículo 70 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Si bien el letrado destacó que estas reglas son una “garantía de independencia del Poder Judicial”, cuestionó que los magistrados deban “denunciar a los poderes mediáticos” si sufren presiones.
En efecto, una de las reglas propuestas consiste en “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
También se ordena “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones”, y se establece que los jueces “en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.
Según Gil Domínguez, esta disposición es contraria a tratados internacionales, puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 habla de la libertad de pensamiento y expresión.
Ante esta opinión, Parrilli pidió la palabra y le preguntó al abogado “si cree que no existe en Argentina -más allá de la libertad de prensa, que todos defendemos- el derecho a la verdad, a que no mientan, que no manipulen, que no tergiversen ni difamen”.
El senador insistió en preguntarle a Gil Domínguez “si cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios”, y, sin dar el nombre, habló de “un periodista muy reconocido que instaba a la ciudadanía a desprestigiar, abuchear, denostar, agraviar e insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo”.
“Lo que pienso es que la respuesta está en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, insistió Gil Domínguez, y agregó que allí se contempla “la garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información, y una vez que ésta se emite, puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores que las llevarán adelante aquellos que se vean afectados”.
Parrilli contestó que por estos hechos “no puede haber ninguna sanción penal” y recordó en ese sentido la reforma en los delitos de calumnias e injurias aprobada durante el kirchnerismo. “¿Puedo entender que él avala que se realicen estas acciones o está en contra?”, volvió a interrogar.
El especialista repitió entonces que “en la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho, que es el honor de las personas, existe el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores”.
“Lo que hay que evitar es toda forma de censura previa, directa o indirecta”, completó Gil Domínguez, tras lo cual Parrilli lo despidió irónico: “Queda claro que lo defiende. Está bien, gracias”.
Ingrid Jetter repudia “todo intento de cercenar el derecho a la libertad de prensa y el derecho a informar”.
La diputada nacional por Corrientes Ingrid Jetter presentó este jueves en la Cámara baja un proyecto de declaración repudiando firmemente la propuesta del senador kirchnerista Oscar Parrilli, que pidió introducir cambios en el proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo para obligar a los jueces a denunciar las presiones recibidas por los medios de comunicación.
El legislador Oscar Parrilli, del Frente de Todos, pidió agregar la figura de “presiones mediáticas” al proyecto del Gobierno. La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, abrió el martes pasado el plenario de comisiones de la Cámara alta, donde expuso sobre la reforma judicial impulsada por Alberto Fernández. Allí, el senador del oficialismo Oscar Parrilli pidió agregar que los jueces puedan plantear al Consejo de la Magistratura, como posibles presiones, la de los medios de comunicación.
Jetter afirmó que la propuesta es “de una gravedad institucional importante”. Es por ello que expresó su total rechazo a través de un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación. En dicho texto expresa su “preocupación y repudio por las declaraciones del senador de la Nación Oscar Parrilli, sobre la posibilidad de limitar la libertad de prensa en el proyecto de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional”.
“En nuestra función como legisladores nacionales debemos expresar nuestra preocupación y repudio a todo intento de cercenar el derecho a la libertad de prensa y el derecho a informar. El senador Oscar Parrilli solicitó que, dentro de uno de los artículos del proyecto de reforma judicial, se incluya un texto que apunta a condicionar el trabajo periodístico”, indicó Jetter.
Para la diputada correntina, se trata de “una propuesta normativa que no tendría precedentes, que favorece la impunidad, busca desalentar la labor periodística y reducir la transparencia; violando los principios de libertad de expresión garantizados por la Carta Magna y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
En su exposición en el Senado, Parrilli consideró que “en los últimos años tanto los medios de comunicación como periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.
Jetter sostuvo que “es a partir de estas declaraciones manifestadas por el senador que se refleja el espíritu y el real objeto que se pretende con el proyecto de reforma judicial. Con sus expresiones queda claro que la misma intenta deslegitimar y limitar el rol del periodismo de investigación, garantía de transparencia para un sistema republicano y democrático”
El proyecto de declaración de la diputada Jetter expresa también que “por medio de esa propuesta, se vulnera la libertad de expresión y se promueve la autocensura de quienes ejercen esta loable tarea para el normal funcionamiento de los resortes institucionales. Es un intento antirrepublicano, que en esencia busca penalizar una profesión y labor, cuando en nuestro país muchos casos de corrupción han salido a la luz a partir de una investigación periodística y el trabajo de quienes arriesgan su vida llevando adelante la tarea de conjugar verdad y justicia”
Acompañaron el proyecto Soher El Sukaria, Hernán Berisso, Pablo Torello, Natalia Villa, Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Julio Sahad, Mario Arce, Adrián Ruarte, Lidia Ascarate, David Schreleth, Estela Regidor Belladona, José Riccardo, Jorge Enriquez, Juan Martin Musacchio y Alicia Terada.
Cuestionaron la comparación que la principal oposición hizo de la reforma judicial con la Corte de los 90. Detallaron además los contactos que mantuvieron con la oposición en el Senado.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun; Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y Anabel Fernández Sagasti, quien preside la Comisión de Acuerdos se refirieron este martes al inicio del debate de la reforma judicial.
Al respecto, Sacnun expresó que “nosotros estamos en dialogo con la oposición desde el mismo viernes pasado, en que ingresó el proyecto de reforma al Senado de la Nación. Personalmente tomé contacto con el senador Luis Naidenoff y con la senadora Laura Rodríguez Machado buscando consenso para el listado de expositores, para garantizar la pluralidad de voces y el debate”. En la misma línea, Oscar Parrilli comentó que habló hasta el viernes con “el senador por Córdoba Ernesto Martínez (de Juntos por el Cambio), coordinando la acción y ellos van a participar y debatir”.
Los tres senadores coincidieron en criticar el comunicado de Juntos por el Cambio y, sobre todo, la vinculación de este proyecto con la reforma de la Corte en los 90.
Fernández Sagasti opinó: “Me parece una barbaridad que justamente Mauricio Macri firme un comunicado que se encabeza como criticando a la Corte menemista. Estamos hablando de una persona que fue muy beneficiada por esa mayoría automática. Sabemos las causas que había. Y de hecho, fue lo que catapultó varios juicios políticos a ex integrantes de la Corte Suprema”.
Oscar Parrilli recordó el contrabando de autopartes de Sevel por el que Macri fue sobreseído gracias a aquella Corte.
Sacnun, por otro lado, explicó que “el funcionamiento de la Corte lo va a analizar el Consejo Consultivo de 11 miembros que anunció el presidente y el que no ha elaborado ningún proyecto todavía. Esta reforma de la Justicia no aborda la problemática o el funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación”.
Con la presencia de la ministra Marcela Losardo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comienzan este martes la discusión del proyecto. Arman la lista de expositores.
Arranca este martes en la Cámara alta el análisis en comisiones del proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo la semana pasada. Será este martes a partir de las 16, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, en forma virtual, a través de la plataforma Zoom, a los efectos de dar tratamiento el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.
En esta ocasión se hará presente en la reunión la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo.
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Obviamente será el puntapié inicial para una discusión que no será exprés, pero tampoco se presume extensa. De hecho, fuentes legislativas adelantaron a parlamentario.com la intención de que el proyecto resuma media sanción en el transcurso de este mes, previéndose su aprobación definitiva en Diputados en el transcurso de septiembre.
De ser así, el proyecto debería recibir dictamen el 18 o 19 de agosto, de modo tal de poder ser debatido en el recinto la semana siguiente. Conforme la resistencia de la oposición, el oficialismo deberá atenerse a la necesidad de esperar una semana a partir de la firma del dictamen para llevar el proyecto al recinto, para no tener que contar con los dos tercios que no tiene.
Pero en el mientras tanto el oficialismo buscará darle al debate una muestra de convivencia pacífica que en la previa no tiene. Según pudo saberse, durante el fin de semana la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, se comunicó con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y con Laura Rodríguez Machado, con el objetivo de proponerle la confección de un listado de consenso de expositores de cara a la discusión de la ley propuesta por el Ejecutivo.
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En la Cámara baja se espera una mayor resistencia para un proyecto que recibirá entonces la consigna de no modificar nada de lo que se defina en el Senado, una cámara que domina la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí el debate será conducido por dos probados kirchneristas de paladar negro, la mencionada María de los Angeles Sacnun, y Oscar Parrilli, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
En Diputados también manejarán el debate dos kirchneristas duros: Pablo González, exvicegobernador santacruceño, compañero de fórmula de Alicia Kirchner, y el camporista Rodolfo Tailhade, titulares de Asuntos Constitucionales y Justicia, respectivamente.
De acuerdo con la agenda oficial, es de esperar que el proyecto se transforme en ley en el transcurso del mes de septiembre.
El proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal presentado el miércoles por el presidente Alberto Fernández crea 121 nuevos cargos y 94 juzgados en el interior del país, según se desprende de sus anexos.
En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.
Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.
El senador K opinó sobre el llamado a indagatoria de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y afirmó que la causa tiene que avanzar “con todas las pruebas” y “no como hicieron con nosotros”.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) dijo que “desde el punto de vista político” está “convencido que fue (Mauricio) Macri el que ordenó esto”, en referencia a la causa de espionaje ilegal durante el gobierno anterior. No obstante, resaltó el juez tiene que actuar “con todos los elementos de prueba, no como hicieron con nosotros”.
“El hecho de que lo hayan procesado a Alan Ruiz es gravísimo para la democracia y la inteligencia, porque era un director de la AFI”, señaló y continuó: “La pinchadura de mis teléfonos la pidieron (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani. No pueden decir que no hicieron seguimiento y espionaje político contra nosotros. Estaban directamente involucrados”.
El oficialista expresó que le parece “muy bien” que citen a indagatoria a los exdirectores de la AFI, porque ellos “pidieron que mis escuchas fueran directas para informarle todos los días a Macri de lo que hablaba Cristina Kirchner”, los acusó.
“Lo que quiero es que la Justicia los trate a ellos con la presunción de inocencia, con la garantía del debido proceso, y no como hicieron con nosotros avasallando todos los derechos, las garantías constitucionales y con una presión y extorsión a los jueces inédita en Argentina”, sostuvo.
Entrevistado el El Destape Radio, el extitular de la AFI responsabilizó a la gestión anterior de “divulgar las escuchas violando toda legislación” e “inventarnos causas”.
“No pueden decir que fueron hechos de espionaje aislados, involucraron a tantas personas, fueron parte de una política”, subrayó y opinó que eso fue “para llevar adelante el programa económico desastroso y de saqueo”.
Se trata de una iniciativa de Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral que indague en los préstamos que le otorgó el Banco Nación a la empresa que el Gobierno buscaría expropiar.
Con la oposición en contra, el Frente de Todos consiguió aprobar este miércoles en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
Mientras sigue en duda el envío del proyecto de expropiación al Congreso, el oficialismo colocó el tema en la agenda parlamentaria con esta iniciativa que apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados, con un plazo de 18 meses para concretar la investigación en paralelo a la causa judicial.
El proyecto recibió 41 votos afirmativos -del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana- y 29 en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal.
La misión de la comisión será la de indagar sobre presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora y el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos, a raíz de una deuda acumulada de 18.500 millones de pesos contraída con la entidad presidida por Javier González Fraga.
Además, la comisión deberá investigar una posible defraudación y estafa comercial a acreedores; si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo Vicentin en el país o en el exterior; y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, explicó que se busca iniciar esta investigación “no solamente por el perjuicio, que es público y notorio, que se ha generado a pequeños y medianos productores y acopiadores, sino también por la eventual triangulación y evasión que se pudo haber llevado adelante”.
Por eso, aseguró que se buscará dilucidad también la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por un posible incumplimiento en sus obligaciones de control.
Cabe recordar que, a raíz de una denuncia del actual director del Banco Nación Claudio Lozano, la Justicia investiga un posible fraude al Estado, en una causa que tramita el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, con el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.
Según Sacnun, esta situación amerita que el Congreso “pueda conocer cómo fue el proceso en el otorgamiento de estos créditos” y “conocer sobre los datos, los balances, facturación pasiva o en moneda extranjera, la vinculación de la firma con otras entidades en el exterior y las posibles maniobras en el lavado de activos, entre otras cuestiones”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich consideró que para crear esta comisión habría que modificar -por un proyecto resolución y con mayoría especial- el reglamento de la Cámara, a pesar de que otras comisiones especiales fueron creadas por ley.
Además, advirtió que el trabajo de la bicameral se acota a lo sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri cuando “de los 300 millones de dólares de deuda con el Banco Nación, 200 millones fueron asignados en la gestión anterior a la de los últimos cuatro años”.
“No es serio que seamos una Cámara que solo se usa para la venganza, la revancha y el rencor que tienen algunas personas de este cuerpo”, se quejó el senador del Pro, y apuntó a Parrilli, al señalar que “es el único autor de proyectos que merecen ser tratados, que nada tienen que ver con el Covid”.
Asimismo, Bullrich observó que “el pasado lo trata la Justicia, el presente lo trata el Ejecutivo y el futuro lo trata el Congreso”, por lo cual “no podemos dictar leyes retroactivas”.
La titular de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora del Valle Giménez, advirtió que los créditos a Vicentin configuran “alrededor del 20% de la cartera de préstamos del Banco Nación, la banca pública más importante de los argentinos, que tiene como objetivo fundamental asistir a la producción y el desarrollo del conjunto de los argentinos”.
La senadora oficialista consideró que la creación de esta bicameral “es necesaria y procedente, porque está de acuerdo a reglamento y porque necesitamos que la democracia se fortalezca con el debido esclarecimiento de esta vinculación”.
“Durante la gestión de Macri, Vicentin recibió 18.000 millones de pesos, de los cuales el 35% se pagó cuando la empresa ya había declarado la cesación de pagos. Hay muchas razones públicas que nos obligan a los senadores a no mirar para el costado”, insistió la salteña.
Pero también se aportaron cifras desde la oposición: según la radical Silvia Giacoppo, “la empresa contaba en 2013 con una calificación crediticia de 170 millones de dólares, obtuvo entre 2008 y 2013 un incremento del 240% y no gobernaba Cambiemos, mientras que en el período que se pretende investigar el incremento fue solo de un 36%”.
Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) alertó que “si seguimos con este camino, sin aprender, todos los argentinos van a ser Vicentin y los costos van a estar sobre los hombros de todos los argentinos”.
“Esta empresa tiene una deuda que equivale a varias veces sus activos y a varias veces la ganancia que podría tener si fuera bien administrada, con lo cual el costo lo va a volver a pasar la gente, como pasó con Aerolíneas, YPF y Ciccone”, opinó el economista.
Lousteau analizó que “durante mucho tiempo a lo largo de la historia argentina, los bancos públicos se quedan con los malos créditos. ¿Queremos saber qué pasó? Hay una auditoria interna y externa, está la SIGEN, está la Superintendencia de Entidades Financieras, el Banco tiene un inspector a cargo y además hay una causa penal. En lugar de perder tiempo en comisiones nuevas, podríamos abordar temas nuevos. Podemos saber qué es lo que pasó dejando que las instituciones actúen y dedicarnos a temas mucho más importantes”.
Una de las senadoras más duras contra la oposición fue Anabel Fernández Sagasti, quien además de defender la creación de la bicameral, calificó la expropiación de Vicentin como una “decisión estratégica” y sugirió que “a la oposición solo le importa la propiedad privada de los fugadores y deudores”.
“Podemos tener diferencias acerca de cuál tiene que ser el rol del Estado en la economía, y vaya si las tenemos, pero por esas diferencias no podemos convalidar que se vacíen empresas con fondos públicos y que se deje un tendal de productores en Pampa y la Vía y que el Congreso haga oídos sordos a eso”, advirtió Fernández Sagasti.
La legisladora indicó que “necesitamos explicar por qué una empresa que es la sexta exportadora de granos de Argentina pasó de tener solidez financiera en julio de 2019 a recibir, en los últimos seis meses del gobierno de Macri, 26 créditos del Banco Nación en un mes”. “Calculo que (Javier) González Fraga ha ido hasta los domingos a firmar créditos”, ironizó.
Para la senadora, hay que conocer “qué pasó, cómo pasó y quiénes participaron de esa defraudación con plata de los argentinos”.
Adolfo Rodríguez Saá, titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, afirmó que la bicameral es “para que el pueblo sepa de qué se trata” y también advirtió que “la hecatombe de una empresa de esta magnitud va a afectar a toda la economía nacional”, particularmente a “2.300 cooperativas de Santa Fe y Córdoba” que “aglutinan a familias productoras que movilizan la economía de los pueblos”.
Por esa razón, Rodríguez Saá consideró que debe haber algún tipo de injerencia del Estado. “Tenemos que participar. Ya veremos si generamos una empresa federativa, ya veremos cómo le damos forma, pero ¿qué quieren que hagamos? Los dueños de Vicentin ya estuvieron golpeando todas las puertas, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que fundamos a todos los productores?”.
Al cierre del debate, Luis Naidenoff, titular de Juntos por el Cambio, alertó que “la confrontación y las diferencias ideológicas que se pueden tener ya pasaron a un segundo plano y algunos han transformado en este recinto una especie de trinchera, buscando cada semana un adversario distinto”.
En tanto, el radical señaló que “es que en estos seis meses la economía se desplomó y no se trata solamente de la pandemia; no hay rumbo para la crisis, la incertidumbre y la desconfianza ganan la calle pero en lugar de discutir un plan de contingencia, estamos desviando la atención con un temario que nada tiene que ver con sus necesidades”.
Finalmente, el titular de la bancada oficialista, José Mayans, destacó que la futura comisión investigadora “tiene como misión la investigación para llegar a la verdad y ver si la legislación que tenemos es lo que hace que estas cosas ocurran y si hay que mejorarla”.
“Lamento la especulación política de la oposición en un momento tan duro como el que estamos pasando, a ver si pueden sacar un voto más. ¡Cambien de actitud y colaboren! ¿Cómo se van a oponer a una comisión investigadora? ¿Para tapar a quién?”, se preguntó el formoseño.
El oficialista insistió en la necesidad de avanzar con la conformación de la comisión bicameral investigadora y advirtió que buscan darle respuesta a las inquietudes de los productores.
En el marco de una sesión virtual en la que se debatió acerca de la creación de una comisión bicameral investigadora para analizar la situación de la empresa Vicentin, el senador oficialista y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, se refirió a los logros productivos durante la gestión del kirchnerismo y fustigó al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, por las medidas económicas adoptadas durante su gobierno.
En ese sentido aclaró que son “varios los senadores que trabajamos y elaboramos este proyecto, no es por una cuestión de venganza como se dijo, lo presentamos porque recibimos la inquietud de productores y autoridades de las provincias de Santa Fe y Córdoba” y recordó que “Vicentin no está en la causa de los cuadernos. No hay ningún problema en investigar todos los créditos que el Banco Nación le dio a Vicentin a lo largo de los años, si esto habilita para que la oposición acompañe el proyecto y podamos investigar, estamos dispuestos a aceptarlo”.
Al mismo tiempo que chicaneó a la oposición al señalar que “uno para gobernar necesita tres cosas: primero, tener una firme convicción de lo que va a hacer; segundo, tener un conocimiento para poder planificar; y por último, tener gestión” e insistió en que “nosotros lo que hicimos -con nuestro chavismo, anticapitalismo e intento de quedarnos con la propiedad privada- fue crear 284.024 empresas, se generaron más de tres millones puestos de trabajo; Macri en cuatro años logró que se cerraran casi 25 mil empresas y se perdieron 235 mil puestos de trabajo”.
“Hubo una fuerte inversión de empresas multinacionales durante nuestra gestión: Chevron, con lo que hoy es Vaca Muerta; Toyota; General Motors, a la cual se le dio un crédito para que no se vaya; Axion, que invirtió millones de pesos; Quilmes, Unilever, entre otras tantas”, explicó y precisó: “digo esto para que se vea nuestra animosidad contra el imperialismo y contra las empresas multinacionales, pero también hubo financiamiento para empresas nacionales. Hicimos esto con mucha convicción y se dieron créditos blandos del Banco Nación, también se dieron dos mil millones de dólares con los créditos del bicentenario. La otra disposición que hicimos fue obligarlos a los bancos a darle a las partes, préstamos a las PyMEs”.
Sobre esa misma línea, Parrilli señaló que en cuanto al “Fondo de Garantía de Sustentabilidad, nosotros fuimos tan anticapitalistas, que lo dejamos en 70 mil millones de dólares; mientras que los defensores de la propiedad privada, ósea el macrismo, lo llevaron a la mitad. ¿Qué hicieron? Las empresas que tenían acciones las vendieron, compraron bonos y ahora valen la mitad” y concluyó señalando que “nosotros lo que hicimos fue un capitalismo productivo, mientras que Macri nos endeudó y ahora nos enteramos los tres grandes logros del macrismo: deuda fenomenal, espionaje ilegal y un fenomenal enriquecimiento de su familia”.
El oficialista salió al cruce de Luis Naidenoff, quien sugirió que en la gestión del jefe del Ejército “más que a inteligencia, se dedicaron a otra cosa”.
El senador y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli rechazó este miércoles que el general César Milani, exjefe del Ejército, haya montado una “inteligencia paralela”, tal como sugirió semanas atrás el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.
En la sesión del pasado 4 de junio, Naidenoff aseguró que “cuando Milani fue designado como jefe del Ejército y tuvo a su cargo la inteligencia, más que a inteligencia se dedicaron a otra cosa”.
Pero Parrilli recordó que, cuando él asumió en la AFI, realizó “una inspección sobre todas las dependencias del general Milani a los efectos de determinar si efectivamente existía lo que se denunciaba en los medios”, lo cual, según él, fue descartado.
El senador recordó que tanto Julio Martínez, exministro de Defensa, como Patricia Bullrich, de Seguridad, habían advertido sobre la existencia de un organismo de inteligencia paralela, y sin embargo el propio Martínez admitió luego que “no se encontró nada que comprometa” a Milani y que, si realizó esas prácticas, “lo hizo por afuera de la estructura oficial”.
“No voy a defender a Milani, él solo se tendrá que defender”, aclaró Parrilli, pero denunció que los exfuncionarios de la gestión de Cambiemos “mentían y lo hacían adrede”.
El senador del Frente de Todos agregó que él sí realizó denuncias contra funcionarios de Inteligencia que presuntamente se habían apartado de la ley, lo que derivó en la apertura de ocho causas penales.
“En épocas como las actuales, donde vemos las cloacas de la democracia, donde vemos que el gobierno anterior solo se dedicó a espiar a ciudadanos, a endeudarnos de forma irracional y a generar ganancias exorbitantes para el grupo de amigos de Macri, son cosas que no podemos dejar pasar”, concluyó.
Desde las 15.18, la Cámara alta debate un proyecto de Oscar Parrilli para que el Congreso investigue la relación crediticia entre la empresa y el Banco Nación. También se ratificará un convenio de la OIT sobre acoso laboral.
Con una oposición molesta por el tratamiento de temas ajenos a la pandemia del Covid-19, el Senado sesiona desde las 15.18 para aprobar un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
La iniciativa apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora -que el Gobierno busca expropiar- y el Banco Nación, que durante la gestión anterior presidió Javier González Fraga.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Macri.
La comisión, que funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, podrá solicitar informes y tendrá que elaborar un informe final sobre el tema.
En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
El oficialismo buscará tratar un proyecto de Oscar Parrilli que es rechazado por la oposición. También se votará la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso laboral.
El debate sobre el caso Vicentin llegará por primera vez al recinto del Senado. No precisamente con el proyecto de expropiación, que todavía no fue enviado al Congreso, sino por una iniciativa que el oficialismo buscará aprobar este miércoles para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación.
La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a sesionar el miércoles desde las 15 para tratar, entre otros, un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que crea una comisión bicameral investigadora de la relación crediticia entre Vicentin y la entidad que entonces presidía Javier González Fraga.
La iniciativa cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio expresó su rechazo. El interbloque presidido por Luis Naidenoff argumentó que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
“No se entiende la razón por la que se pretende que el Senado se constituya en una especie de juzgado de instrucción cuyas diligencias investigativas, con toda seguridad, en lugar de cooperar obstruirían el accionar del juez competente”, consideró la bancada en un documento.
El proyecto de creación de la bicameral fue presentado por Parrilli en abril pasado, tras la denuncia penal del actual director del Banco Nación Claudio Lozano por posible defraudación al Estado a través de préstamos millonarios a Vicentin, que entonces ya se encontraba en concurso de acreedores.
El autor de la iniciativa habló de la posibilidad de una “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.
En otro orden, el Senado tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
Según expresó en un comunicado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta, “hasta el momento ningún país en el mundo completó el proceso de ratificación de este instrumento que promueve la adopción de políticas para prevenir y reducir las violencias por razones de género en los lugares de trabajo”.
El convenio define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
Al referirse a la cuestión de género, “designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
Además, ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para “normalizar” la Agencia Federal de Inteligencia.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó como “exitosa” la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ratificó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para “normalizar” ese organismo.
Lo dijo ante una pregunta del senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), acerca de “cuáles son los lineamientos que tiene pensado el Gobierno para poner a los servicios de Inteligencia en dirección de resguardar al Estado y que tengan pautas democráticas”.
Cafiero indicó que “hace falta una reforma de la normativa vigente” y por eso se propondrán cambios a la ley actual.
“Hasta acá la intervención ha sido exitosa porque ha podido transparentar recursos, blanquear estructuras, y la AFI se ha puesto a funcionar dentro de un marco democrático y normativo”, destacó.
Sobre el espionaje ilegal denunciado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Cafiero le respondió a Parrilli: “El presidente (Alberto Fernández) lo llama ‘sótanos de la democracia’, usted lo llama ‘cloaca de la democracia’, y yo no tengo más que coincidir con ambos”.
“Tenemos que ser el gobierno que diga ‘nunca más’ a este tipo de prácticas donde se inventan causas mediáticas y se persigue a opositores propios y ajenos”, afirmó el jefe de Gabinete.
En el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, los senadores del bloque opositor se retiraron tras dejar un documento expresando sus críticas al proyecto impulsado por Oscar Parrilli.
En una nueva escala de la pelea creciente que vienen librando el oficialismo y la oposición en el Senado, la confrontación esta vez se dio nuevamente en una reunión de comisión. Fue la de Asuntos Constitucionales que preside la santafesina María de los Angeles Sacnun, cuando se abordó el proyecto de ley impulsado por Oscar Parrilli para crear una Comisión Bicameral Investigadora de las relaciones Crediticias entre el Banco de la Nación Argentina y la Empresa Vicentin.
Esta vez no hubo cruces: inmediatamente después de haber expuesto Oscar Parrilli los fundamentos de su iniciativa, la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado leyó un comunicado elaborado por su bloque en el que consideraban que lo que se estaba debatiendo era “un proyecto sin razón que busca ocultar cuestiones de gravedad”, tras lo cual los miembros de Juntos por el Cambio que integran esa comisión se retiraron de la misma.
En caso de ser creada, la comisión tendrá 6 senadores y 6 diputados, con un plazo de trabajo de 18 meses, prorrogables por 6 meses más, y facultades para llevar adelante su cometido para exigir la documentación correspondiente.
Ya lo había anticipado Parrilli al iniciar su exposición. Acababan de analizar un proyecto de ley para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al que todos habían elogiado. Lo que venía, en cambio, “no tendrá la misma unanimidad”, admitió el extitular de la AFI, que a continuación aclaró que ese proyecto había sido presentado el 27 de abril pasado, atento a los hechos que acababa de denunciar el actual director del Banco Nación Claudio Lozano, impulsor de una denuncia penal por posible defraudación contra las anteriores autoridades del BNA al otorgar préstamos a Vicentin, excediendo “todos los límites posibles, agravado porque la empresa estaba ya en concurso de acreedores”.
Los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.
Oscar Parrilli
Tras recordar que entre los incumplimientos de pagos de Vicentin hay 2.500 productores a los que no les abonaron el monto de la producción del año pasado, Parrilli puntualizó que “pretendemos que esta comisión no solo investigue las posibles irregularidades registradas, no desde el punto de vista penal, cosa que corresponde a la Justicia, pero sí cuáles fueron las acciones económicas por parte del Banco Nación, cuáles los controles del Banco Central y la actitud de los directivos de la empresa, si fueron conscientes de que estaban llevando adelante una maniobra lesiva de los intereses, que perjudicaba no solo al Banco Nación, sino también a los productores”.
Parrilli habló de la posibilidad de “fuga de capitales, triangulación de exportaciones, manejo de los precios en cuanto a los productores tendientes a aumentar indiscriminadamente sus ganancias”, además de “lo que tiene que ver con posibles operaciones de encubrimiento y lavado de dinero”.
A la hora de citar antecedentes, el ex secretario general de la Presidencia mencionó la que en la década del 30 investigó la defraudación al Estado por la venta de carnes, en cuyo marco un senador fue asesinado en el Congreso de la Nación. Citó también la que en 1974 investigó las relaciones del Estado nacional con Aluar, y hasta la recientemente creada bicameral para investigar la deuda contraída durante la gestión macrista.
“Desde mi punto de vista y en el ánimo de los senadores que suscribimos este proyecto, una de las labores y responsabilidades que tenemos es velar por los intereses del Estado. La empresa ha violentado los intereses del Estado argentino”, dijo y anticipó que “si corresponde”, harán oportunamente la denuncia correspondiente.
Con relación al dictamen que a continuación pasaría a la firma y fue alcanzado, Parrilli señaló que “los senadores han tenido tiempo más que suficiente para poder analizar e investigar este proyecto y evaluar los fundamentos”.
Habló a continuación la senadora Laura Rodríguez Machado, que en nombre del interbloque anunció que habían decidido que “nuestra incorporación se va a referenciar a través de una nota que vamos a remitir oportunamente”. La misma tiene cinco puntos que leyó a continuación:
Tras la lectura de esos argumentos, Rodríguez Machado anunció que se iban a retirar por una reunión “muy importante” que tenían y pidió a las autoridades de la comisión que estuvieran atentos para que se mantuviera el quórum necesario para despachar los proyectos que estaban siendo tratados, teniendo en cuenta que por ejemplo se habían retirado los senadores catamarqueños para participar de la visita (luego suspendida) del presidente Alberto Fernández a su provincia.
Rápido de reflejos, apareció en el zoom el senador Dalmacio Mera, uno de los que se habían ido, que anticipó desde la calle que acompañaría el proyecto de la constitución de la bicameral, por ser el Legislativo “un poder independiente” que tiene “las facultades de constituir comisiones a los efectos de investigar. No tenemos jurisdicción penal, pero tenemos que saber qué pasó con una empresa que tuvo la posibilidad de tener 18 mil millones de dólares de préstamos”.
“Tenga la plena seguridad que estamos controlando permanentemente el quórum”, señaló por su parte la presidenta de la Comisión, que más tarde detalló la presencia de los senadores Alberto Weretilneck, Carlos Espínola, Nancy González, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Gerardo Montenegro, José Neder, Adolfo Rodríguez Saá, Silvia Sapag y la propia Sacnun, cuestión de no dejar margen de dudas.
La mendocina Anabel Fernández Sagasti habló luego, para cuestionar a los senadores que se habían ido: “Creo que en vista del republicanismo y la división de poderes que la senadora preopinante dice o pretende defender, este Congreso tiene las plenas facultades de ocuparse de un tema tan preocupante como es una de las mayores estafas que pudo haber sufrido el Estado nacional respecto de préstamos del Banco Nación, el BICE, el Bapro, la AFIP…”.
“Uno de los argumentos que escuché para huir del debate de esta comisión es que ya hay una causa judicial”, mencionó la senadora mendocina, que luego recordó la constitución de la Bicameral del ARA San Juan, que realizó “una investigación independiente muy profunda durante un año y medio, con cientos de testimonios; hoy la causa sigue, pero el Congreso de la Nación hizo un informe por unanimidad diciendo qué es lo que había pasado con la desaparición y el hundimiento del submarino”.
Fernández Sagasti remarcó que “ninguno de los argumentos técnicos ni políticos dan argumentos para la huida de Juntos por el Cambio de dar este debate que creo que es crucial en la Argentina”.
La senadora señaló que cuando “una pyme que va a pedir préstamos a cualquier banco le piden hasta un análisis de orina… Y el Banco Nación le otorgó 18.400 millones de pesos a una entidad sin ningún tipo de garantías. Y el 40% se lo dieron en noviembre de 2019, casi 7.000 millones en noviembre de 2019, cuando el anterior gobierno se estaba yendo… Sin decir que fueron uno de los principales aportantes de la campaña de Mauricio Macri”.
La senadora de La Cámpora señaló que “en 2018, cuando implosionó la burbuja financiera del macrismo, esta firma preparó dos empresas, en Uruguay y Paraguay, par air transfiriendo todos los bienes y acciones a paraísos fiscales. De eso estamos hablando cuando decimos que queremos investigar lo que pasó con la defraudación al Estado nacional y a todos los argentinos”.
“No vamos a ser cómplices de un gran grupo empresario en el robo al Estado”, enfatizó luego, para advertir luego: “La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.
Más tarde volvió a pedir la palabra para hacer referencia a la presentación realizada por 25 diputados encabezados por sus comprovincianos Jimena Latorre y Alfredo Cornejo, que precisamente este viernes presentaron un pedido de información al Poder Ejecutivo sobre el grupo Vicentin. “Y huyen de la discusión para que institucionalmente se investigue lo que sucedió. La verdad que la poca coordinación o la poca inteligencia que tiene Juntos por el Cambio alarma…”.
Tras una serie de discursos en los que legisladores del Frente de Todos y el rionegrino Alberto Weretilneck justificaron la necesidad de crear esa bicameral y fustigaron la actitud de Juntos por el Cambio, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, reprochó la postura de la oposición con similares argumentos a los que había dado el día anterior en el recinto. Al citar por ejemplo el tema del presunto espionaje ilegal que se le adjudica al Gobierno anterior. Y volvió a insistir en la necesidad de tratar en el Congreso todos los temas, y no, como sostiene la oposición, solo los relacionados con la pandemia, mientras las sesiones sean remotas.
La verdad que no sé qué intereses representa Juntos por el Cambio; yo sé muy bien lo que representa el Frente de Todos”.
Anabel Fernández Sagasti
En ese marco alertó sobre lo que consideró “una operación” en ciernes, en referencia a la aparición de un exespía israelí con supuestas pruebas sobre el caso Nisman. Así las cosas, habló de una “contraofensiva” planteada “justo que aparece el tema de los servicios de inteligencia”.
“Molesta mucho lo que estamos haciendo; ya apareció el grupo de apoyo, hay que tener mucha convicción para conseguir la liberación de nuestra patria”, remarcó el formoseño, y alertó que “hay que tener cuidado; la operación más grande va ahora contra la vicepresidenta”.
Y continuó: “Este espía israelí apareció ahora (…) Sé que el centro del ataque es la presidenta (del Cuerpo). Ella representa los intereses de los que no tienen derechos”.
“Todos saben lo que era Vicentin. ¿Qué van a querer una empresa testigo; ni nunca van a querer”.
Sobre el final, Mayans insistió en la existencia de “enemigos de afuera, enemigos de adentro, y también idiotas útiles. Patria y antipatria… Vamos a ver cómo se sigue manejando todo esto, no va a ser fácil, porque los operadores que tienen son muy fuertes. Esa operación que viene de Israel me hace pensar en otra cosa. Esta es la punta del ovillo”.
Será este viernes, a las 14, en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se debatirá un proyecto para la creación de una bicameral que investigue la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida por el Gobierno.
En un clima caldeado entre el oficialismo y la oposición en el Senado, este viernes, a partir de las 14, arrancará el debate sobre la intervención de Vicentin, en una antesala de lo que será la discusión por la expropiación que pretende el Gobierno nacional.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos), tratará un proyecto de ley presentado por Oscar Parrilli para crear una bicameral que investigue las presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
De acuerdo a la iniciativa, la comisión -integrada por seis senadores y seis diputados- también indagaría en conocer si hubo una posible “defraudación y estafa comercial a los acreedores”, si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
El temario de la reunión, que se realizará de manera virtual, también incluye proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015.
Además se debatirán iniciativas para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera (FdT); y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo (FdT).
El jefe de la CC-ARI en Diputados se refirió al proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli y aseguró que “es de suma gravedad política y económica”.
El jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, cargó contra la media sanción del Senado a un proyecto, impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli, para suspender la inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta creada durante el gobierno de Mauricio Macri.
En su cuenta de Twitter, el diputado consideró que la aprobación de esa iniciativa es “de suma gravedad política y económica” y que suspender las SAS “implica un ataque directo contra miles de emprendedores micro, pequeños y medianos en medio de una pandemia y crisis económica”.
“Las SAS son una herramienta para que se puedan constituir instrumentos societarios de manera más ágil, moderna, digital y baratas”, defendió y señaló que “el proyecto K busca obstaculizar, genera atraso, falta de control y arbitrariedad por parte de (Ricardo) Nissen (exapoderado de los Kirchner en Hotesur)”.
Para el legislador opositor, “los senadores que votaron este proyecto destruyen miles de puestos de trabajo y empresas” y “provocan daños irreparables y le cierran las puertas a muchos que quieren escapar de la pobreza”.
“Desde una sesión digital en el siglo XXI votaron volver al papel y burocracia del siglo XX”, finalizó.
Se trata de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una herramienta creada por ley durante la gestión anterior. Según Oscar Parrilli, autor del proyecto, algunas se utilizaron para delinquir. La oposición, en contra.
Tras la retirada de la oposición, el oficialismo logró aprobar este jueves en el Senado un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS), una herramienta que se había creado durante la gestión anterior para facilitar la creación de empresas en 24 horas a través de Internet.
Parrilli aclaró que “las SAS van a seguir” y que “no va a haber ningún perjuicio para aquellos que las constituyeron”, sino que “lo que se suspende por 180 días es el sistema de control electrónico de constitución de la SAS en la Capital Federal, Buenos Aires y Entre Ríos”, donde la inscripción se podrá hacer “por papel”, mientras que “en el resto de las provincias” el sistema “seguirá como está”.
Esto será así “hasta tanto el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) se normalice y la IGJ (Inspección General de Justicia) tenga el control de ese registro”, explicó el neuquino.
Al fundamentar la iniciativa, sostuvo que “había un Estado bobo que dejaba que aquellos que querían lavar dinero, cometer delitos o evadir responsabilidades, tuvieran un instrumento legal”.
Según el exfuncionario kirchnerista, “aparecieron en el Registro de Propiedad del Inmueble unas 20 sociedades que habían sido constituidas con el único objetivo de adquirir inmuebles, y sin saber de dónde venía la plata, en dos o tres días compraban inmuebles de 8 o 10 millones de dólares, o hasta 500.000 dólares”.
Además, señaló que “en Santa Fe aparecieron 40 SAS que fueron denunciadas por un fiscal que estaba investigando un hecho de lavado de activos”.
Si bien la oposición estuvo ausente durante este debate, senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal dejaron sus críticas durante la discusión del proyecto de educación a distancia, antes de retirarse de la sesión.
Esteban Bullrich (Pro) advirtió que “en los fundamentos” del proyecto de Parrilli “dice que de 30.000 SAS, 10 están sospechadas”. “Con esa lógica, deberíamos revisar todos los conventos porque un convento recibió un bolso con dinero mal habido, o revisar todas las sociedades de hoteles porque hay una sospechada de lavar dinero”, ironizó.
También desde el Pro, Laura Rodríguez Machado sostuvo que la iniciativa “no solo nada tiene que ver con el Covid-19, sino que además perjudica al sector productivo del país y atenta contra los casi 50.000 puestos de trabajo que se crearon bajo esta modalidad”.
“Este gobierno nombró en la IGN a Ricardo Nissen, quien escribió un libro en contra de las SAS y desde su asunción generó normativas en su contra. La Asociación de Emprendedores de Argentina presentó un amparo contra los impedimentos de Nissen, que sigue sin definirse por estas cosas que tiene la Justicia en nuestro país, que permite que los presos salgan bien rápido de las cárceles y los amparos no se resuelvan con la misma celeridad”, alertó Rodríguez Machado.
Asimismo, recordó que Nissen “fue apoderado de la familia Kirchner en la causa Hotesur, en la que se descubrió que los libros de la empresa habían sido corregidos con liquid paper, algo que sería imposible hacer con el sistema SAS, ya que toda la documentación se presenta de forma digital”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) habló de la “mediocridad de los argumentos” del proyecto de Parrilli y consideró que las menciones “a expresidentes, a empresas con nombre y apellido, son datos para una denuncia penal, no para un proyecto de ley”.
“Este proyecto va en contra de la libertad de comercio, que es tan antigua, la libertad de asociación”, señaló y reiteró que “no se legisla con nombres y apellidos, no se legisla generando inseguridad jurídica a partir de preconceptos”. “No podemos gobernar ni presentar proyectos desde el romanticismo ideológico ni desde el capricho revanchista”, añadió.
El legislador consideró que detrás de la iniciativa “hay un sesgo de voluntad de perseguir al sector privado” y apuntó que “Argentina necesita más empresas, no menos”.
Según cifras aportadas por Parrilli, “desde 2017 se han constituido alrededor de 27.000 SAS, pero en el RICE solo se inscribieron 21 instituciones, y en los tres años el aporte total fue de 168 millones de pesos. Quiere decir que de esos 168 millones, aproximadamente 50 millones de pesos fueron los que se invirtieron en capital emprendedor”.
Además, precisó que “todos los beneficios impositivos que hubo no fueron más que 31 millones de pesos en tres años” y agregó que “si tomamos todo este capital dividido en SAS, nos encontramos con no más de 6.500, 7.000 pesos por cada sociedad”.
La iniciativa fue presentada por Oscar Parrilli y se tratará este viernes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Mientras se demora el envío del proyecto de expropiación de Vicentin, el oficialismo apura en el Senado una ley paralela. Se trata de un proyecto del kirchnerista Oscar Parrilli para crear una comisión bicameral donde se investiguen presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa intervenida.
La iniciativa será tratada este viernes a las 14, de forma virtual, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Ángeles Sacnun. El objetivo del Frente de Todos es indagar en los préstamos que el Banco Nación, entonces presidido por Javier González Fraga, le otorgó a Vicentin, que está en concurso de acreedores.
Al respecto ya hay una causa en la Justicia, que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. González Fraga está imputado en esa causa por presunto fraude al Estado, al igual que los ejecutivos de la empresa agroexportadora Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Sin embargo, el oficialismo pretende ir a fondo en el Congreso.
El proyecto de Parrilli propone la creación de una bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco Nación y Vicentin, además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.
La comisión también debería indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales, advirtiendo además sobre la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Mientras tanto, el Congreso aguarda el envío, por parte del Poder Ejecutivo, del proyecto de ley para expropiar Vicentin bajo la causal de utilidad pública. La iniciativa ingresará por el Senado, donde su mentora fue la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
En la reunión de Asuntos Constitucionales también se tratarán otros proyectos, entre ellos tres iniciativas para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la OEA el 15 de junio de 2015.
También se debatirán proyectos para crear dos nuevas comisiones en el Senado: la de Discapacidad, a propuesta de los senadores María Inés Pilatti Vergara y Dalmacio Mera; y la de Juventud, impulsada por Eugenia Catalfamo.
El senador nacional por el FdT Oscar Parrilli presentó un proyecto para que se investiguen las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa intervenida.
Luego del anuncio de la intervención, y eventual expropiación de la empresa agropecuaria Vicentin, el senador nacional por el Frente de Todos Oscar Parrilli presentó un proyecto para formar una comisión para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa; además de una posible “defraudación y estafa comercial a acreedores”.
Asimismo, el proyecto indica que la Comisión Bicameral, que quedaría integrada por seis senadores y seis diputados, deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, y si evadieron tributos u otros compromisos fiscales.
En los fundamentos, Parrilli señala que ya tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10 una causa en la cual se investiga la comisión del posible delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional por parte de funcionarios del Banco de la Nación Argentina y de socios del Grupo Económico Vicentín; y que del primer informe presentado por el actual director del Banco de la Nación Argentina, Claudio Lozano, en relación a la firma Vicentín SAIC “se indican una serie de irregularidades en el otorgamiento de varios préstamos y refinanciaciones de préstamos bancarios a la entidad mencionada”.
Así, pese a la existencia de una investigación judicial en curso, el senador sostiene la necesidad que el Congreso también investigue las presuntas irregularidades, advirtiendo la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por “incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Además, sostiene que hay prueba de suficientes irregularidades como para que “se efectúe una severa y puntillosa investigación en el accionar de los funcionarios que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la firma Vicentín SAIC, y también, que se investigue el procedimiento seguido para el mismo para verificar si tomaron las directivas y lineamientos que establece y fija el Banco Central al respecto”.
El decreto firmado por Macri pasó ahora a la Cámara de Diputados para su anulación definitiva. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal se retiraron de la sesión virtual.
Por Carolina Ramos
En ausencia de la oposición, el Frente de Todos logró dar el primer paso en el Senado para anular el DNU 256/15, firmado por el expresidente Mauricio Macri, que traspasó la oficina de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, el oficialismo también rechazó el DNU 102/17, que modificó el anterior estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial estaría cargo de dos camaristas -fueron nombrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra-.
La votación se realizó sin la participación de los senadores de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, que se desconectaron de la sesión virtual para no convalidar ese tratamiento, luego de haber bloqueado, también, el debate de las leyes de alquileres y de educación a distancia.
El oficialismo solo contó con el apoyo extra de los monobloquistas Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).
Para que los decretos sean anulados definitivamente, deberán ser rechazados ahora en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos con otros bloques de la oposición.
La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, denunció que los decretos son “inconstitucionales” porque abarcan materia penal, y rechazó la crítica de la oposición acerca de que ya habían sido dictaminados -el primero el 16 de febrero de 2016, y el segundo, el 21 de marzo de 2017-.
“No existe ninguna norma expresa que impida dictaminar nuevamente sobre DNU que no han pasado por ninguna de las dos Cámaras del Congreso”, aclaró Fernández Sagasti.
Sobre la cuestión de fondo, expresó: “Venimos a saldar una deuda con la institucionalidad, a poner en orden aquello que nunca debió ser desordenado”.
“Después de que el DNU se puso en marcha -relató-, la Corte dijo que iba a hacer un sorteo para derivar el sistema de escuchas, pero antes de ese sorteo se supo quién sería el juez que iba a estar a cargo, (Martín) Irurzun”, a través de notas publicadas en los diarios Clarín y La Nación.
A partir de esto, “no solo se filtraron escuchas, sino que se pasó de un dispositivo legal que tiene que estar destinado a cuidar a los argentinos del delito organizado, a un sistema de espionaje a opositores, empresarios, y ahora nos anoticiamos que también a los propios miembros del gobierno de Macri”.
“El mismo organismo que tenía que controlar que el sistema de escuchas no violara las libertades individuales era el que estaba interviniendo los teléfonos y filtrando las escuchas en los medios”, insistió Fernández Sagasti, y aseveró: “Por medio de estos DNU volvimos a los sótanos del poder”.
Sobre la decisión de la oposición de no convalidar el debate de los decretos, expresó que “esperaba que tuvieran la valentía de estar a la altura de las circunstancias”. “Tenemos la oportunidad de saldar el desastre vergonzoso que hicieron con el sistema de libertad y de intimidad de la Argentina”, concluyó.
En tanto, el chubutense Mario Pais aseguró que el oficialismo actuó “conforme a derecho y a la Constitución” dictaminando los DNU por segunda vez y luego, llevándolos al recinto.
Además, recordó que si bien el protocolo de funcionamiento remoto del Senado indica que se tratarán temas vinculados a la pandemia, no les otorga “exclusividad”, y además señaló que por encima está el reglamento de la Cámara alta, que se dicta sus propias normas.
Oscar Parrilli, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denunció que “hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, (Gustavo) Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
El senador recordó que denunció penalmente al juez Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota ante la Corte Suprema para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo” en el que supuestamente fue electo el camarista Irurzun. “Si fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”, de las cuales él mismo fue víctima.
Antes de que Juntos por el Cambio se desconectara de la sesión virtual, el jefe del interbloque, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de llevar adelante “una hoja de ruta de la venganza”.
El senador sostuvo que las escuchas telefónicas “no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal” como era originalmente, ya que “los fiscales acusan y solicitan medidas de prueba, y son los jueces los que ordenan las medidas probatorias”.
“En Argentina se ha implementado el sistema acusatorio, donde el fiscal puede pedir pruebas, como un allanamiento, una escucha o una extracción de sangre compulsiva. No puede el Ministerio Público Fiscal tener bajo su poder semejante herramienta judicial. La Corte es el mejor órgano encargado”, consideró.
Asimismo, el legislador cuestionó el decreto de la intervención de la AFI, el 52/19, al señalar que el oficialismo “tiene el número en la Comisión de Acuerdos” para designar en ese ámbito al nuevo titular del organismo.
Naidenoff afirmó que “el espionaje es una deuda institucional que atraviesa a todos los gobiernos, de los ’90 a la fecha”, y agregó que esta actividad se aplicó en forma “grotesca, burda, infame” y que “afectó a todos” ya que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, empresarios, personalidades de la cultura y hasta el propio papa Francisco.
“Todo esto sirvió para apretar, para extorsionar, para degradar. Este es un agujero negro”, dijo,y si bien indicó que “las denuncias de espionaje se resuelven en la Justicia”, advirtió que “en materia de servicios de Inteligencia, la Justicia argentina no es parte de la solución, sino parte del problema”.
Según el senador, desde la oficina de escuchas “se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de Arribas”.
El senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli acusó al expresidente Mauricio Macri y a la “mesa judicial” que, según el kirchnerismo, se formó durante su gestión, de “llevar adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”.
Así se pronunció Parrilli al defender el rechazo a los DNU 256/15 y 102/17, sobre el traspaso de las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
El legislador recordó que “paradójicamente” el decreto original señalaba que las escuchas pasaban a la órbita de la Corte “para controlar que no se afecte la intimidad de las personas más allá del objetivo buscado, que es el de la investigación”.
Tal como informó su par Anabel Fernández Sagasti, Parrilli advirtió que en los diarios Clarín y La Nación se difundió que el juez Martín Irurzun sería el futuro titular de la oficina de escuchas, “dos días antes” de la realización del supuesto sorteo.
A raíz de eso, Parrilli denunció penalmente a Ricardo Lorenzetti y también presentó una nota para conocer “dónde están las fojas, dónde está el sorteo realizado”. “Si (Irurzun) fue designado a dedo, Lorenzetti ha incurrido en el delito de adulteramiento de documento público”, aseveró.
En tanto, alertó que “desde esa oficina se montó una Inteligencia monumental y paralela a la AFI de (Gustavo) Arribas, y desde allí comenzaron a hacer todas las pinchaduras telefónicas, algunas legales y otras ilegales”.
El propio Parrilli dijo haber sido víctima de este modus operandi y denunció que “le inventaron dos causas” vinculadas a un supuesto robo de documentación de la AFI y al encubrimiento de un narcotraficante.
“Hubo un equipo que comandaba el presidente Macri junto con personal de Inteligencia, Arribas, (Silvia) Majdalani, la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), la famosa ‘mesa judicial’, jueces y fiscales, que llevaron adelante el mecanismo más perverso de Inteligencia ilegal en Argentina”, finalizó.
Se trata del proyecto aprobado en Diputados en noviembre del año pasado. Desde el propio oficialismo sugirieron modificaciones.
El proyecto de ley de alquileres recibió este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Ana Almirón (Frente de Todos), y quedó listo para ser tratado en la próxima sesión, aunque no se descarta que reciba modificaciones.
Se trata de la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, que extiende la duración de los contratos de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual en base a una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de salarios (RIPTE).
Según este proyecto, el inquilino podrá optar por presentar como garantía un título de propiedad de inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o fiador solidario, o una garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
Si bien el texto dictaminado fue el mismo de la media sanción, hubo planteos por parte de los propios senadores oficialistas, entre ellos el chubutense Mario Pais, que apuntó al artículo 14 del proyecto, el cual establece el mecanismo de actualización de los montos.
Allí se indica que en los contratos de locación de inmuebles para vivienda “el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales”.
“Como está redactada la norma, se establece que el valor del alquiler debe mantenerse por doce meses y al año se puede actualizar. Se puede interpretar que el primer año se mantendría el valor, pero luego se permitiría establecer una cláusula gatillo mensual”, dijo Pais.
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Por otra parte, Ernesto Martínez (Pro) apuntó que “socialmente, hoy estamos bien cubiertos por los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo que evitan los desalojos” por falta de pago del alquiler.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) coincidió en que “los términos del DNU expresan la comprensión de la particular situación por la que están atravesando los inquilinos”, pero consideró que “hay que acompañar con legislación”.
La rionegrina Silvina García Larraburu, autora de un proyecto que se aprobó en el Senado en 2016 pero que la Cámara baja nunca debatió, aportó: “Es lamentable que el proyecto estuviera tanto tiempo en Diputados. Esta ley no es la ideal pero sí hay que darle dictamen para proteger a las 9 millones de personas que vienen bregando por una ley de alquileres”.
En tanto, las senadoras del Frente de Todos Eugenia Catalfamo y Beatriz Mirkin, así como la misionera Magdalena Solari Quintana, plantearon la necesidad de incluir en el Programa de Alquiler Social a los jóvenes, ya que en el proyecto se contempla solo a adultos mayores y víctimas de violencia de género.
En la reunión virtual de la Comisión de Legislación General también obtuvo dictamen favorable un proyecto de ley del oficialista Oscar Parrilli que suspende por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
La iniciativa modifica una ley aprobada durante la gestión de Mauricio Macri destinada a agilizar la conformación de empresas. El objetivo, explicó Parrilli, es “no permitir que un mecanismo de la promoción del capital emprendedor sea mal utilizado y tergiversada la voluntad del legislador”.
En el lapso de seis meses, las SAS que ya fueron creadas deberán ratificar su inscripción ante la IGJ (Inspección General de Justicia) cuya jurisdicción sigue siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el resto de las provincias tienen sus propios registros de sociedades.
El neuquino advirtió que las empresas así constituidas “tenían un capital social irrisorio, un objeto social vago y general, no había garantías de respaldo o funcionamiento, ausencia de legalidad, no tenían obligación de presentar balances ante la IGJ y hasta podían hacer oferta pública de sus acciones”.
“Lo que ocurrió desde 2017 fue una catarata de inscripciones que no tienen que ver con la actividad de los emprendedores”, expresó.
Además, aseguró que las SAS “se usaron con fines diferentes a los que decía la ley, como compra de inmuebles” y deslizó que “no sabemos si fueron para blanquear dinero porque grupos narcos habían constituido estas sociedades en la provincia de Santa Fe”.
Los senadores de Juntos por el Cambio no acompañaron el dictamen y pidieron una semana más para estudiarlo, alegando que las modificaciones anunciadas por Parrilli fueron dadas a conocer minutos antes del inicio de la videoconferencia.
