El senador fueguino de JxC consideró que “más allá de haber sido desvirtuadas por las propias fuerzas políticas”, estas deben llevarse a cabo.
El senador fueguino de Juntos por el Cambio Pablo Blanco se refirió al debate por la realización de las PASO, y consideró que “más allá de haber sido desvirtuadas por las propias fuerzas políticas, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias deben realizarse”.
El legislador se manifestó tras la presentación del Gobierno nacional de un proyecto que habilitó como principal novedad en el último ítem del anexo, la discusión de la Emergencia Sanitaria y Calendario Electoral 2021.
Al respecto, Blanco precisó que “no se abrió el debate de las PASO directamente, porque no hay proyecto sobre eso. Solo se incluyó la discusión del calendario electoral y cómo repercutió la emergencia sanitaria por la pandemia”.
“Mi posición personal es clara, yo creo que las PASO deben realizarse”, enfatizó y amplio que “deben hacerse porque la suspensión de las primarias era un tema que debimos debatir el año pasado y no a poco meses de realizar las elecciones”.
Así, sumó que “hay que respetar lo establecido, no podemos hacer siempre cambios sobre la marcha. Las PASO deben hacerse; que las hayan desvirtuado sin presentar candidatos y definan todo por listas de consenso no quiere decir que debamos dejar sin efecto las primarias”.
El ministro se había manifestado en contra de la iniciativa de la oposición para adeclara a la educación como “servicio público esencial”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco salió al cruce de las declaraciones del ministro Trotta quién se manifestó en contra de la iniciativa que presentó, junto a senadores de la oposición para declarar a la educación como servicio público esencial.
“El ministro Trotta reconoció que la educación es un servicio esencial. Si él lo dijo, es su responsabilidad garantizar que así sea. Las clases tienen que empezar sí o sí en tiempo y forma. Las escuelas estuvieron un año cerradas y ni se les cruzó por la cabeza hacer reformas para adaptar las aulas a las condiciones de pandemia. La verdad es que este gobierno improvisa constantemente, no sabe planificar nada”, manifestó al respecto.
“El proyecto de ley que presenté junto a un grupo de senadores de Juntos por el Cambio es para que no haya más excusas ni gubernamentales ni gremiales con respecto al inicio y dictado regular de clases. Si un ferretero es trabajador esencial desde el día uno, tal como lo dispuso el presidente Fernández en su primer discurso cuando anunció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, no veo razón para que un maestro no lo sea. Personal de la salud, repositores de supermercado, estacioneros, farmacéuticos, choferes de colectivos, todos son esenciales menos los docentes. La verdad que no se entiende semejante disparidad que atenta contra un derecho humano fundamental que es el de la educación”, continuó el legislador.
En este sentido, sostuvo que: “Lo insólito es que a esta altura del año el ministro de Educación recién esté pensando protocolos para la presencialidad y que intente descargar su propia responsabilidad con el recurso de siempre que es echarle la culpa al pasado. Su responsabilidad es bien presente y la educación representa, ni más ni menos, que el futuro del país”.
“La educación es un tema de todos. Lo falaz es esconder la propia responsabilidad mirando hacia atrás o hacia el costado. Lo falaz es no afrontar la verdad y la verdad es que la sociedad quiere que comiencen las clases con los chicos, los jóvenes, los maestros y los profesores en las aulas. El gobierno tiene que garantizar eso y, como en casi todo, viene llegando tarde”, finalizó el senador fueguino.
El senador radical Pablo Blanco, autor de un proyecto en ese sentido, consideró que “es evidente” que al Gobierno “no le interesa” la educación.
El senador Pablo Blanco (UCR) reclamó al Gobierno nacional que incorpore en el temario de sesiones extraordinarias un proyecto para declarar a la educación como “servicio público esencial”, que días atrás presentó con el acompañamiento de sus pares de Juntos por el Cambio.
“Antes de que Alberto Fernández ampliase el temario de las sesiones extraordinarias, junto a Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Pamela Verasay, Pedro Braillard Poccard, Víctor Zimmermann, Claudio Poggi, Oscar Castillo, Humberto Schiavoni, Silvia Elías de Pérez, Juan Carlos Marino, María Belén Tapia, Stella Maris Olalla y Silvia Giacoppo, presentamos un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria, en tanto derecho humano fundamental”, recordó.
Para el fueguino, “es lamentable como el Gobierno nacional no pone como prioridad a la educación, es evidente que no le interesa”.
“El regreso a las aulas debe estar en la agenda de todas las fuerzas políticas y los chicos no pueden ser rehenes de ningún apriete sindical. Se debe garantizar la vuelta a clases de manera ordenada y con los protocolos necesarios”, agregó el legislador.
Este lunes, el Ejecutivo oficializó en el Boletín Oficial la ampliación del temario de extraordinarias, con siete puntos, pero en ninguno incluye proyectos referidos a educación.
La iniciativa es de senadores de Juntos por el Cambio encabezados por el fueguino Pablo Blanco, de modo tal de garantizar la apertura de las escuelas.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó este viernes un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria en tanto derecho humano fundamental.
El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Pamela Verasay, Pedro Braillard Poccard, Víctor Zimmermann, Claudio Poggi, Oscar Castillo, Humberto Schiavoni; Silvia Elías de Pérez; Juan Carlos Marino; María Belén Tapia; Stella Maris Olalla y Silvia Giacoppo.
“La pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 -y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año- ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa. Se fueron flexibilizando actividades de toda índole, y no siempre se avanzó en un sentido económico: muchas veces primó la rentabilidad política. Para esta Presidencia no es relevante la educación. Sí la actividad de los casinos; no los docentes. Es esencial la televisión por cable, no la educación”, afirmó el senador fueguino.
“Cada día que pasa con las escuelas cerradas se consolida esta catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto. Es responsabilidad indelegable del Estado garantizar la educación, y así lo ha asumido desde la Constitución original, su reforma y la incorporación de diversos Tratados Internacionales que adquirieron jerarquía constitucional”, afirmó Blanco.
El legislador sostuvo que “esta pandemia ha develado las enormes desigualdades por lo cual se torna imperioso incluir en este proyecto los mecanismos necesarios para que la educación sea verdaderamente inclusiva: la única garantía es la presencialidad, cuanto menos en una proporción mínima. Así lo establecen las reglamentaciones sobre los restantes servicios públicos esenciales. El principio de progresividad así lo exige”.
Para Blanco, “resulta intolerable ver cómo ciertos representantes sindicales amenazan al gobierno y a todos los argentinos con que “no están dadas las condiciones” para el regreso a la presencialidad escolar mientras las playas están colmadas de gente disfrutando de sus merecidas vacaciones, los casinos están abiertos y se han fogoneado actos masivos a conveniencia del oficialismo. ¿Por qué razón un repositor de supermercado o un enfermero son considerados trabajadores esenciales y los docentes no? La respuesta es muy simple: la educación no interesa”.
Senadores de JxC presentaron un pedido de informes referido a la situación de las Islas al quedar excluidas del acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido.
El senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para solicitar por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que informe cuáles son los principales lineamientos estratégicos que seguirá nuestro país atento a las nuevas condiciones creadas para las islas Malvinas al quedar excluidas del acuerdo comercial al que llegaron el Reino Unido y la Unión Europea el pasado 24 de diciembre. De esta manera, los habitantes de las Islas pierden sus beneficios impositivos y aduaneros y tendrán que afrontar una difícil situación económica, pagando aranceles que podrían ir de entre el 6% y el 18% por los productos que quieran ingresar al mercado europeo.
El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard, Stella Maris Olalla, Alfredo De Angeli, Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Pamela Verasay, Juan Carlos Marino y Silvia del Rosario Giacoppo.
Asimismo, como miembro integrante del Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, Blanco solicita que se incluya en el temario para su próxima sesión los siguientes asuntos: la evaluación que hace el Gobierno sobre este acuerdo en términos de afectación sobre nuestras islas Malvinas, tanto en términos económicos como políticos; posibles acciones a desarrollar para favorecer la causa de nuestra soberanía sobre las Islas desde las siguientes escenarios: en el ámbito de las relaciones bilaterales con el Reino Unido; en los distintos foros internacionales en los que habitualmente nuestro país lleva adelante sus reclamos; en lo que atañe a nuestra relación directa con las Islas y sus habitantes y a los países miembros de la Unión Europea que seguirán sosteniendo vínculos comerciales con Malvinas.
“Frente a este panorama incierto es menester que nuestro país planifique y despliegue una estrategia clara que nos permita plantear con firmeza nuestro reclamo soberano y transformar esta crisis en una oportunidad. Habrá que ver si el distanciamiento de la metrópoli con respecto a las Islas se profundiza y estudiar cuáles podrían llegar a ser las reacciones comerciales y diplomáticas de los países de la Unión Europea que mantienen vínculos con las islas”, finalizó el senador fueguino.
Así lo expresó el senador Blanco en una carta que envió al presidente de la línea de bandera y al ministro de Transporte de la Nación.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco envió una carta al presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Ceriani, y al ministro de Transporte, Mario Andrés Meoni, “a fin de manifestarle mi preocupación y malestar en mi carácter de representante de la provincia de Tierra del Fuego por la pésima atención a la que se está sometiendo a los usuarios”.
“El transporte aéreo y el servicio que presta la compañía es una actividad esencial que, de manera urgente, se debe ordenar para que vuelva a funcionar como corresponde. Espero se dignen a responderme”, explicó Blanco.
Agregó que “nuestra línea de bandera, que supo ser orgullo nacional, está brindando a sus usuarios un destrato jamás visto. Todos los canales de atención al cliente no funcionan como corresponde. No se responden ni las inquietudes ni se despejan las naturales dudas de todo aquel que tiene un pasaje adquirido con anterioridad a que se decrete la ASPO. Tampoco funciona el sistema telefónico de atención al cliente que es la vía más natural de comunicación para aquellas personas adultas mayores o que tienen algún tipo de dificultad para comunicarse por internet”.
Para Blanco, “las autoridades de la empresa y del Ministerio de Transportes deben dar las respuestas que los usuarios y el país federal reclaman”.
“Es de esperar que prontamente se resuelva este asunto que hace a la conectividad y a la necesidad que tienen miles de compatriotas de trasladarse por vía aérea a sus provincias ahora que el fin de año se acerca”, finalizó el senador fueguino.
“El país necesita urgentemente recobrar la conectividad aérea. Se acercan las fiestas y no pueden ser tan irresponsables de dejar a los usuarios varados”, expresó el senador al respecto.
El senador nacional de Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto para solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre los innumerables reclamos de los pasajeros por la falta de atención y cumplimiento de la empresa Aerolíneas Argentinas, en lo que –para el legislador- constituye “una flagrante violación a los derechos que protegen a los consumidores y usuarios y al acceso a la información, así como al trato digno que la Constitución Nacional nos garantiza”.
“Aerolíneas Argentinas ha transformado a sus usuarios en rehenes. Jamás en la historia de la compañía sus clientes sufrieron tal destrato. Teléfonos mudos, WhatsApps sin contestar, e-mails que no responden y cancelaciones sin aviso. Tuvieron 5 meses para pensar la reapertura y las reprogramaciones de vuelos. Son unos incompetentes. El país necesita urgentemente recobrar la conectividad aérea. Se acercan las fiestas y no pueden ser tan irresponsables de dejar a los usuarios varados”, afirmó al respecto Blanco.
El senador solicitó información sobre qué autoridades formaron parte de la elaboración de los protocolos necesarios para habilitar el regreso y planificación de los vuelos comerciales de cabotaje e internacionales; cuál es el protocolo adoptado para el trabajo del personal administrativo y atención al cliente de la empresa Aerolíneas Argentinas, indicando porcentaje de personal que está afectado a la modalidad presencial y remoto o a distancia; los motivos por los que, en la atención al cliente, no se encuentran habilitadas las líneas telefónicas de Aerolíneas Argentinas, ni tampoco se ha dispuesto la reapertura de las oficinas comerciales de la empresa ni la atención en los mostradores de las terminales aeroportuarias, ni siquiera con guardias mínimas o asignación online de turnos u otro protocolo”.
Asimismo, el legislador de Juntos por el Cambio solicitó un detalle de los motivos por los cuales, siendo la única vía comunicacional ofrecida por la empresa Aerolíneas Argentinas la línea de WhatsApp, no se da respuesta a los clientes; explique la razón de la venta de pasajes online para rutas no disponibles (vuelos directos no autorizados), así como también constantes y repentinas reprogramaciones y cancelaciones de vuelos.
“Queremos saber si el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha tomado conocimiento de los públicos y masivos inconvenientes que sufren los pasajeros de la empresa Aerolíneas Argentinas, sin que obtengan respuesta alguna; cuáles son las estadísticas de cancelación y reprogramación de vuelos desde el mes de julio en adelante de la empresa Aerolíneas Argentinas”, concluyó el legislador.
Pablo Blanco presentó un proyecto de declaración para expresar su beneplácito por la candidatura obtenida por los excombatientes Julio Aro y Geoffrey Cardozo.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto de declaración para expresar su beneplácito por la candidatura obtenida por los excombatientes Julio Aro y Geoffrey Cardozo, para competir por el Premio Nobel de la Paz 2021, en reconocimiento a la labor humanitaria posibilitada y llevada a cabo por ambos para la identificación de los héroes de la patria sepultados en el Cementerio de Darwin de nuestras Islas Malvinas.
El proyecto fue acompañado por los senadores: Pamela Verasay; Víctor Zimmermann; Juan Carlos Marino; Claudio Poggi; Silvia Elías de Pérez; Mario Fiad; Alfredo De Angeli; Pedro Braillard Poccard; Laura Rodríguez Machado; Humberto Schiavoni; Silvia del Rosario Giacoppo y Gladys González.
“Desde el Senado de la Nación debemos reconocer la labor humanitaria que durante estos últimos años se ha venido desarrollando, así como celebrar cada nuevo avance hacia el reconocimiento e identificación de todos y cada uno de nuestros héroes caídos en las islas. Todos los argentinos y, fundamentalmente los familiares de los caídos, tienen el derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos”, afirmó el senador, miembro del Consejo Nacional de Malvinas.
“Esta candidatura es más que merecida pues tanto el veterano de Malvinas Julio Aro y el Coronel Británico Geoffrey Cardozo trabajaron duramente y sin descanso para que fuera posible la identificación de nuestros héroes en el marco del ‘Plan Proyecto Humanitario Malvinas’. Plan que cuenta con colaboración internacional, el apoyo de la Cruz Roja Internacional y de renombrados especialistas forenses argentinos y europeos”, agregó.
En este sentido, indicó que “el trabajo que han realizado estos dos veteranos debe ser interpretado como un mensaje de paz universal, respeto por las diferencias y posibilidad de convivencia efectiva entre personas que se enfrentaron por cuestiones políticas y que, a posteriori, se unieron para siempre por razones humanitarias”.
“Ellos han traído a la luz la memoria de lo sucedido con el nombre y apellido de cada uno de nuestros héroes. Les han dado a sus familias un lugar cierto donde poder llevar una flor al tiempo que les han devuelto cierta paz interior en medio de tanto dolor padecido”, finalizó el Senador Blanco.
Se trata del radical fueguino Pablo Blanco, quien fue informado este miércoles por la mañana del resultado de su testeo.
El senador radical Pablo Blanco, de la provincia de Tierra del Fuego, tiene coronavirus. El propio legislador lo confirmó este miércoles a parlamentario.com: “Ayer me hisopé y el resultado me dio positivo. Me siento bien. Y aislado junto a mi esposa. Ya avisé a mis contactos. Gracias”.
“Me confirmaron esta mañana el resultado”, contó el senador ante la consulta de este medio.
Posteriormente, el senador fueguino lo hizo público a través de su cuenta de Twitter.
Blanco no asistió de manera presencial a la sesión del jueves pasado, pero el viernes participó desde su despacho en el Senado. Esto es, no estuvo en el recinto, donde desde octubre se habilitó la posibilidad de que además de las autoridades de la Cámara puedan estar presentes cuatro senadores del oficialismo y de Juntos por el Cambio (dos de cada bancada) y representantes de los bloques más pequeños.
Este es el tercer caso de un senador contagiado de Covid. Los anteriores fueron Silvia Elías de Pérez y Humberto Schiavoni, ambos también de Juntos por el Cambio.
El legislador fueguino Pablo Blanco presentó el proyecto, e indicó que “eliminar este impuesto podría mejora la calidad de vida de los empleados, y a su vez daría un impulso a la economía y al progreso del país”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.
El legislador sostuvo que, “nuestro país está atravesando el peor momento económico de su historia, con índices de pobreza según cifras oficiales del INDEC de 40,9%, una economía que se desplomó un 19% y se perdieron tres millones y medio de puestos de trabajo”.
“El Gobierno nacional repite una y otra vez que hay que apostar al consumo interno y para ello es necesario que los trabajadores cuenten con los fondos necesarios para impulsarlo. La realidad es que un trabajador en relación de dependencia sufre este impuesto a su salario desde 1974, año en que quedó para siempre y los sucesivos gobiernos nunca la eliminaron”, continuó Blanco en su fundamentación.
En este sentido, consideró que “es un error” repetir que este impuesto no puede ser eliminado porque la caída de la recaudación haría un daño muy grande a las finanzas estatales: “Esa porción de impuesto retenido ingresaría de todos modos a las arcas del Estado, pero por otras vías como impuesto al valor agregado, como ganancias de otras categorías, a través de otros gravámenes e inclusive directamente a las provincias por ingresos brutos, ya que la población traduciría esa porción no retenida en consumo”, detallo el senador fueguino.
“El Frente de Todos sostuvo en campaña que la solución para poner en marcha al país era darle impulso al mercado interno mejorando la capacidad de consumo de la gente metiéndole plata en el bolsillo. Este proyecto le da al gobierno una herramienta importante para ayudar a levantar al país en este gravísimo contexto de crisis. Esperemos alcanzar el consenso necesario para implementar esta medida que favorecerá a 2,2 millones de personas y así contribuir a reconstruir la economía”, agregó Blanco.
Finalmente, sostuvo que “eliminar este impuesto que ha sido fuente de protestas e incansables reclamos de la gente, de sindicatos, podría traducirse en una mejora de la calidad de vida de los empleados, y por consiguiente un beneficio a su entorno y este a su vez en otros empujando la economía hacia adelante e impulsando el país al progreso”.
El proyecto fue acompañado por: Luis Naidenoff; Mario Fiad; Stella Maris Olalla; Claudio Poggi; Silvia Elías de Pérez; Pedro Braillard Poccard; Silvia del Rosario Giacoppo; María Belén Tapia; Alfredo De Angeli; Víctor Zimmermann; Juan Carlos Marino y Eduardo Costa.
Pablo Blanco presentó un proyecto manifestando su “más enérgico repudio”, e instó al Congreso a “expresar de forma contundente su posición frente a un ataque armado, dejando de lado toda ideología y política partidaria”.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto para expresar su “más enérgico repudio” por el ataque armado sufrido por el pueblo armenio de parte de la República de Azerbaiyán, el 27 de septiembre de 2020.
Asimismo, Blanco junto a un grupo de senadores de Juntos por el Cambio, insta a la República de Armenia, la República de Azerbaiyán y la Republica de Nagorno-Karabaj, “al dialogo diplomático a fin de encontrar una solución pacífica a este conflicto y solicita al Grupo de Minsk, una rápida y efectiva intervención a fin de evitar una escalada bélica mayor”.
“Nos preocupa el posible apoyo político, diplomático, militar y armamentista de otras naciones o grupos armados en favor de Azerbaiyán. Raúl Ricardo Alfonsín fue el primer presidente argentino que, el 1 de septiembre de 1987, calificó de ‘genocidio’ la masacre de un millón y medio de armenios a manos de los turcos. Luego de este posicionamiento presidencial, los otros dos poderes del Estado argentino se sumaron años más tarde al reconocimiento y el Poder Legislativo ya reconoce y condena esta masacre, con la sanción de la ley 26199, en diciembre de 2006”.
“En este contexto de violencia entre pueblos, se hace imperioso para este Parlamento Argentino expresar nuevamente de forma contundente e inequívoca su posición frente a un ataque armado, dejando de lado toda ideología y política partidaria, y solo priorizando la defensa de la paz y la vida”, manifestó el legislador.
El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia del Rosario Giacoppo; María Belén Tapia; Silvia Elías de Pérez; Laura Rodríguez Machado; Alfredo De Angeli; Pedro Braillard Poccard; Victor Zimmerman y Oscar Castillo.
Para el senador fueguino “estas medidas demuestran que no tienen intención de fomentar la Ley del Subrégimen de Promoción Industrial por más que algunos digan que sí”.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto en el que declara su “profunda preocupación” luego de que se hiciera pública la resolución 353/2020 en el Boletín Oficial que confirma que ya no se venderán celulares en cuotas con el plan Ahora 12 para evitar la salida de dólares, una medida que entrará en vigencia desde el 1º de octubre hasta el 31 de diciembre. Pide, además, acompañado por los senadores: Víctor Zimmermann, María Belén Tapia y Silvia Elías de Pérez, que se revea la medida y se reincorpore a los celulares “de manera urgente”.
En la parte de declarativa, el senador expresó que con esta medida “unilateral e inconsulta” se pone de manifiesto la “contradicción” plasmada en los considerandos del acto referido al sostener que “es prioridad para el Estado Nacional ejecutar políticas destinadas a promover el crecimiento económico y el desarrollo, incentivando la inversión productiva y la demanda” mientras, simultáneamente, advierte que se deja de lado el impacto económico que la producción de celulares representa para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, “así como para todos los argentinos que necesiten adquirir un celular financiado en cuotas”.
“El Gobierno le dio un fuerte golpe a la industria fueguina al excluir del plan Ahora 12 y Ahora 18 a los celulares fabricados en Tierra del Fuego. Esta medida atenta seriamente contra el mantenimiento de la mano de obra de nuestra provincia”, consideró Blanco.
“De esta manera, será muy difícil poder acceder a esta tecnología necesaria e imprescindible, sobre todo en esta etapa de pandemia. Una vez más, incumplen la promesa realizada en campaña sobre incentivar la actividad industrial en la provincia”, agregó.
En este sentido, expresó que tiene “serias dudas de que el Gobierno esté pensando en prorrogar el subrégimen de promoción industrial instituido por la Ley 19.640. Nos dicen que sí, pero yo creo que están ganando tiempo con dilaciones y engaños. Esto de sacar a los celulares del Plan Ahora 12 es una clara señal de que, pese a sus promesas, no están dispuestos a hacerlo”.
“Con esta decisión el golpe que reciben los fueguinos es triple: por un lado, asume la forma de una enorme decepción para quienes votaron a Fernández creyendo en sus palabras; por otro se suma una nueva dificultad al sector industrial que seguramente repercutirá tanto en las empresas como en los trabajadores y, en tercer lugar, todo el que quiera comprarse un celular tendrá que hacerlo prácticamente al contado al no tener más la financiación. Por eso pido que los celulares vuelvan al Plan Ahora 12 y Ahora 18 ya. Esta medida debe ser rápidamente revisada y corregida por el gobierno porque el daño que implica es enorme”, concluyó el legislador de Juntos por el Cambio.
El senador nacional manifestó su “profunda preocupación” ante la versión de que se sacaría el rubro celular del plan, y sostuvo que “Alberto Fernández le daría un tremendo golpe a los argentinos y a la industria fueguina”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco manifestó su “profunda preocupación” ante las versiones de que se quitaría el rubro celular del plan Ahora 12, y sostuvo que se trataría de un “tremendo mazazo”.
Para el legislador esto sería “una pésima medida que afectará no sólo a la industria fueguina sino primordialmente a millones de argentinos que necesitan celulares para estar comunicados, para trabajar y para estudiar. ¿Quién puede afrontar semejante gasto sin financiación en la Argentina de hoy?” -cuestionó-, y agregó: “La verdad que impulsar una medida como esta nada tiene que ver con la inclusión social a la que hace siempre hace referencia el presidente. Esta medida apunta a todo lo contrario: a dificultar el acceso de la gente a las comunicaciones, a transformar a los celulares en objeto de consumo solo aptos para los ricos y, de manera indirecta, a estimular los robos y el mercado negro”.
Ante la versión de que se sacaría el rubro celular del Plan Ahora 12 el senador fueguino declaró que “al presidente no se le ocurre mejor idea que sacar a los celulares del plan en plena pandemia cuando las comunicaciones se han vuelto una necesidad esencial y el precio del dólar se ha disparado. Sin la ayuda que implica Ahora 12 los celulares solo van a estar al alcance de unos pocos. Esto de progresista no tiene nada”.
El senador nacional radical manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno “insista con hechos unilaterales como la quita a CABA”.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco se manifestó preocupado por la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández de transferir recursos coparticipables de una jurisdicción a otra, “en una actitud unilateral que siembra dudas sobre un régimen que tienen estatus constitucional justamente para que sirva como certeza para la Nación y las 24 jurisdicciones subnacionales acerca de la disponibilidad de sus recursos tributarios”.
El senador radical advirtió que la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación todavía no fue constituida por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner e instó “a que su constitución se realice de manera urgente, para tratar en su seno las consecuencias que podría tener esta grave decisión”.
Asimismo, consideró que “el ministro de Interior Eduardo de Pedro debe presentarse ante el Senado, que es la casa de las provincias, para dar explicaciones claras acerca de cómo interpreta este régimen impositivo y cómo justifica en consecuencia la modificación realizada de un plumazo por el gobierno”.
Por último, el legislador manifestó su preocupación por el hecho de que su provincia Tierra del Fuego tampoco forma parte plena de la ley de coparticipación vigente y “podría correr con una suerte similar a la de la CABA, si es que el Gobierno persiste en actitudes de este tipo”.
Por ello, instó “a que se cumpla con el mandato constitucional de la cláusula transitoria sexta, vencido en enero de 1997, que obliga a sancionar un nuevo régimen de coparticipación que incluya a las 24 jurisdicciones que junto con la Nación conforman la Argentina desde la última reforma de 1994, en lugar de seguir manteniendo el régimen acordado en 1988, en el cual ni Tierra del Fuego ni la CABA participaron y por lo cual ven peligrar la integridad y estabilidad de sus recursos”.
Inquietud de senadores de Juntos por el Cambio por el accionar de cibedelincuentes que publicaron los datos secuestrados. Reclaman medidas urgentes para fortalecer la seguridad informática de los organismos del Estado.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, brinde información sobre diversas cuestiones relacionadas con el hackeo extorsivo del que fuera víctima la Dirección Nacional de Migraciones el pasado 27 de agosto, dejando al país aislado durante cuatro horas y obligando a cerrar pasos fronterizos terrestres, el aeropuerto de Ezeiza y la terminal portuaria de Buquebús.
El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Mario Fiad, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado, Víctor Zimmermann, Pedro Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, María Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pamela Verasay, Silvia del Rosario Giacoppo y Stella Maris Olalla.
El senador solicita que la Dirección Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe las medidas preventivas que se tomaron antes del ataque a la Dirección Nacional de Migraciones; cómo asistieron y están asistiendo a esta dirección, qué métricas tienen de este tipo de intentos y cómo piensan hacerlas públicas; qué planes piensan llevar adelante para que este tipo de ataques no sucedan y cuáles son las hipótesis que maneja el gobierno sobre este ciberataque en particular.
“Este hecho es un ejemplo de la vulnerabilidad que tiene el estado frente a organizaciones criminales como ésta; vulnerabilidad que debe ser superada mediante trabajos de contra inteligencia informática y blindaje de datos sensibles. Para ello, el gobierno anterior impulsó la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con presupuesto y capacidad técnica suficientes como para desarrollar planes de naturaleza preventiva”, explicó el senador por Tierra del Fuego.
Blanco concluyó: “Acuerdo completamente con la decisión del Gobierno de no dar el brazo a torcer frente a los extorsionadores pagando el rescate, pero ello no quita que llamemos la atención sobre lo sucedido: han robado, publicado y copiado datos sensibles lo que constituye un grave delito contra la seguridad pública. Deben tomarse medidas inmediatas para fortalecer la seguridad informática de los organismos del estado sin dilaciones”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un pedido de informes para solicitar al Poder Ejecutivo que, por intermedio de las dependencias que correspondan, informe acerca de asuntos vinculados con el historial de casos de robo de petróleo crudo en oleoductos empleados por la empresa estatal YPF con la valuación del daño patrimonial […]
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un pedido de informes para solicitar al Poder Ejecutivo que, por intermedio de las dependencias que correspondan, informe acerca de asuntos vinculados con el historial de casos de robo de petróleo crudo en oleoductos empleados por la empresa estatal YPF con la valuación del daño patrimonial generado, las medidas adoptadas a fin de detectar y reprimir la existencia de refinerías ilegales, el daño al medio ambiente ocasionado en dicho proceso y la comercialización ilegal de diversos subproductos.
Asimismo, solicita que se informe la disponibilidad de sistemas de monitoreo constante de flujo a través de oleoductos (upstream & downstream), el estado de actualización y mantenimiento de los mismos, su grado de integración a los sistemas generales de gestión y control de procesos y la existencia de alarmas frente a interrupciones o anomalías. Pide, además, que se detalle cuáles son las estrategias, planes y procedimientos de gestión del conocimiento en la empresa YPF S.A. y las acciones de fortalecimiento para evitar que, desde el punto de vista operativo, se vuelvan a repetir daños contra los activos físicos de la empresa.
Blanco afirmó al respecto que “si no fuera porque es una triste verdad diría que es imposible que una empresa como YPF no cuente con mecanismos de control activo y en tiempo real para evitar robos o fugas de hidrocarburos. Quiero dos cosas: que la Justicia investigue y llegue hasta las últimas consecuencias para dilucidar lo ocurrido y que el Gobierno brinde explicaciones ante esta falla de seguridad tan burda. Este tipo de robos implican una logística muy sofisticada que incluye medios de transporte, refinamiento e ingreso ilegal al mercado de combustibles. No debe ser un tema que quede perdido entre tantas noticias”.
“Una investigación preliminar indica la existencia de casos de robo de petróleo en los años 2002, 2007, 2011, 2015 y 2016. Cabe preguntarse entonces si hubo investigaciones y diagnósticos internos que permitieran identificar las falencias técnicas y de procedimientos que permitieron esos daños. En una sociedad evolucionada, en una empresa de primer nivel, sobre todo de la escala de YPF SA y en un sector tan crítico como el petrolero, el mero desconocimiento de la existencia y disponibilidad en el mercado de un recurso técnico que puede dar una solución a un daño repetitivo al patrimonio, es una causa de reproche. Tal es el caso en el robo de oleoductos. Los sensores, las comunicaciones y el software disponible hoy deberían garantizar que no se pierde una sola gota de fluido”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
Acompañaron la solicitud de informes los senadores: Luis Naidenoff; Pamela Verasay; Eduardo Costa; Laura Rodríguez Machado; Víctor Zimmermann; Claudio Poggi; Alfredo De Angeli; Stella Maris Olalla; María Belén Tapia; Silvia Elías de Pérez; Juan Carlos Marino; Oscar Castillo y Silvia del Rosario Giacoppo.
El interbloque a pleno quiere que la ministra de Seguridad brinde explicaciones sobre la situación que está sucediendo en la provincia de Río Negro.
El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio presentó este lunes un proyecto de resolución por el cual se dispone “citar a la señora ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin que informe a esta Honorable Cámara sobre distintas cuestiones relacionadas con la situación de toma de tierras en la provincia de Rio Negro”.
Pablo Daniel Blanco, autor de la iniciativa, instó además a que la ministra de Seguridad “defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada”.
“La ministra de Sabina Frederic no hace más que alentar la inseguridad con su pasividad. Quienes ocupan tierras en la Patagonia cordillerana no sólo lo hacen por la fuerza sino que, además, desconocen la jurisdicción y potestad del Estado Argentino. La ministra en vez de ponerse del lado de las víctimas está criminalizando su protesta. Yo le recomendaría que haga a un lado el zaffaronismo y defienda a quienes tiene que defender. El Ministerio de Seguridad le queda grande”, declaró el senador.
En la iniciativa, los legisladores recordaron que “con fecha 13/2/2020 en el marco del Consejo de Seguridad Interior, se firmó el Acta Acuerdo entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Seguridad, la Administración de Parques Nacionales y el INAI, para construir la Meas de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los pueblos indígenas. Mediante este acta, las partes acordaron la constitución de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”.
Consultada la ministra en oportunidad de brindar informes por ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, respondió que esta Mesa misma “tiene por objetivo intervenir en los conflictos buscando respuestas consensuadas entre los actores involucrados”.
“Dicha mesa se ha conformado en el mes de mayo en la provincia de Río Negro para intervenir en conflictos con comunidades locales de pueblos originarios a pedido del gobierno provincial con representantes de todos los sectores involucrados”.
“A casi 9 meses de asunción de este Gobierno no sólo se ha puesto de manifiesto que este mecanismo ha sido ineficiente para la resolución de la situación, sino que se nos encontramos frente a una escalada de violencia preocupante en la región contra los pobladores y que se disemina al resto del país donde la práctica de la toma de tierras se está tornando habitual”, advirtió el senador Blanco, que agregó: “Es en ese marco de ausencia del Estado que los vecinos de Mascardi convocaron a un banderazo pacifico para visibilizar la situación y para pedir el imperio del orden y de la ley”.
“Contrario a lo que la lógica haría suponer el Ministerio de Seguridad, en lugar de abocarse a la solución del conflicto procedió a la denuncia penal de los vecinos por la posible comisión de los delitos de ‘instigación a cometer delitos’, ‘apología del crimen’ y ‘asociación ilícita’, todos ellos delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 149 bis y ter, 168, 209, 210, 212, 213 y 239 del Código Penal de la Nación, desligándose así de su responsabilidad”.
Cabe recordar que la semana pasada, el senador Blanco presentó junto a los senadores Silvia Elías de Pérez; Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Alfredo De Angeli, un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales – Parque Nacional Nahuel Huapi – por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia cordillerana argentina.
“Este es un tema que nos preocupa desde siempre. No constituye novedad. Lo nuevo y alarmante es la que la ministra no haga nada o proponga mesas de diálogo con delincuentes. Con los delincuentes no se negocia”, manifestó el senador Blanco.
“Bueno sería que las autoridades dejen de apoyar por omisión a quienes están cometiendo delitos y no tienen el menor empacho en proclamar públicamente que las tomas de tierras continuarán hasta expulsar al último ‘Huinca’. Esto es francamente intolerable. Me pregunto si la Ministra tiene verdadera dimensión del cargo que ocupa y del problema que enfrenta. Sinceramente lo dudo”, finalizó el autor del proyecto.
Firmaron el proyecto para interpelar a la ministra de Seguridad los senadores Pablo Daniel Blanco, Luis Naidenoff, Martín Losteau, Esteban Bullrich, María Belén Tapia, Mario Fiad, Juan Carlos Marino, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez, Alfredo De Angeli, Laura Rodríguez Machado, Víctor Zimmermann, Silvia del Rosario Giacoppo, Julio Martínez, Roberto Basualdo, Gladys González, Stella Maris Olalla, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Guadalupe Tagliaferri, Eduardo Costa, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.
Un senador fueguino expresó su inquietud por los episodios que vienen registrándose contra la propiedad privada. “La actitud de Juan Grabois es el típico ejemplo del país que no queremos”, advirtió Pablo Blanco.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales –Parque Nacional Nahuel Huapi– por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia Cordillerana Argentina.
El senador por Tierra del Fuego solicita que se detalle y enumeren los casos de violencia, generados a lo largo de los últimos tres años, las intervenciones de Fuerzas Federales de Seguridad, las disposiciones judiciales y administrativas por parte del Estado Nacional y de los Estados provinciales involucrados; describa las acciones adoptadas para la gestión del conflicto en términos de la construcción de consensos y espacios de acción y prevención por parte del Estado; referencie presentaciones formales de reclamos por parte de las comunidades aborígenes involucradas ante los gobiernos provinciales y/o ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).
“Frente a los casos de violación de propiedad privada y pública de Parques Nacionales y los hechos de violencia que asolan a las comunidades de las zonas lacustres de las provincias de Neuquén y Río Negro, queda de manifiesto que el Gobierno nacional ha fracasado en el cumplimiento del mandato constitucional para la atención de las necesidades de los pueblos originarios a lo largo del tiempo y la actitud agresiva de ciertos sectores radicalizados pertenecientes a los pueblos originarios en la Patagonia cordillerana se ha construido sobre la base de necesidades reales y acuciantes por las condiciones paupérrimas en las cuales muchas comunidades están inmersas”, señaló Blanco.
El legislador agregó que “la manipulación por parte de oportunistas políticos que articulan los justos reclamos a consignas populistas de ideologías impulsadas por “líderes sociales”, generan el caldo de cultivo que incita a la violación a la ley como camino para el logro de sus fines”.
Para Blanco, “la actitud de Juan Grabois es el típico ejemplo del país que no queremos. Alienta la ilegalidad, es partidario de las tomas de tierras y en nombre de este tipo de reclamos se sienta con la Ministra de Seguridad para ver cómo hacen para que no se tomen medidas”.
El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia Elías de Pérez, Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Alfredo De Angeli.
“Este proyecto pretende declarar ciudadano ilustre a un ser humano excepcional, que no sólo es un gran actor sino un comprometido dirigente político”, expresó el legislador Pablo Blanco al respecto.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de resolución para declarar Ciudadano Ilustre de la Nación al actor Luis Brandoni.
“Este proyecto pretende declarar ciudadano ilustre de la Nación a un ser humano excepcional, que no sólo es un gran actor sino un comprometido dirigente político”, expresó el legislador al respecto.
En este sentido, señaló que Brandoni ya ha sido distinguido como ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2015, y de la provincia de Buenos Aires en 2019, “pero su trayectoria y su bonhomía lo hacen merecedor indiscutible del reconocimiento como ciudadano ilustre de la Nación, con la entrega de un Diploma y Medalla de Oro del Honorable Senado de la Nación. En caso de aprobarse, el reconocimiento y mención serán divulgados por la red de la Presidencia del Senado y servicios de internet a todos los medios de difusión del país”, manifestó Blanco.
Asimismo, el senador por Tierra del Fuego repudió las declaraciones del actor Raúl Rizzo que manifestó que Luis Brandoni tiene que quedar “aislado y solo”: “Estas afirmaciones no hacen más que fomentar la grieta y el odio, acusando a una persona de ‘golpista’ cuando gran parte de su vida trabajó a favor de la democracia”, expresó.
El proyecto fue acompañado por los senadores Pedro Braillard Poccard; Stella Maris Olalla; Humberto Schiavoni; Mario Fiad; Luis Naidenoff; Oscar Castillo; Juan Carlos Marino; Víctor Zimmermann; Silvia Elías de Pérez; Silvia del Rosario Giacoppo; Alfredo De Angeli y Claudio Poggi.
El senador nacional Pablo Blanco presentó un proyecto reclamando que se informe si se contrató a Thomas Shannon para llevar adelante negociaciones en representación del Gobierno argentino en Estados Unidos.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que informe si contrató a través de la empresa Arnold & Porter Kaye Scholer Thomas Shannon para llevar adelante negociaciones en representación del Gobierno argentino ante el gobierno de Estados Unidos e instituciones financieras internacionales y a cuánto ascendería el monto anual de dinero que Argentina debe pagar por sus servicios.
La incitativa fue acompañada por los senadores Silvia del Rosario Giacoppo; Víctor Zimmermann; Silvia Elías de Pérez; Claudio Poggi; Julio Martínez; Mario Fiad y Stella Maris Olalla.
Blanco solicitó que “se explique claramente” cuál es la tarea específica que debería desarrollar el contratado y los resultados esperados a los que debería arribar su gestión; si el contratado asume alguna responsabilidad por su gestión y si hay previstos pagos adicionales o extras por la obtención de resultados o gestiones efectivas que la Argentina le haya encomendado y que le produzcan al país un beneficio económico.
El senador fueguino pidió además, que se brinden razones fundadas por las cuáles no se encomendó esta tarea a la Cancillería y la Embajada Argentina en Estados Unidos. “Esta tarea –manifestó el senador– compete indudablemente a la Cancillería y a la embajada a cargo hoy del diplomático Jorge Arguello que es quien debe ocuparse de todo lo relativo a la relación de Argentina con Estados Unidos. Por eso no puede menos que sorprender esta repentina privatización de la diplomacia”.
“En medio de la crisis económica desatada por la pandemia cabe preguntarse si realmente es necesario erogar casi U$S 2.000.000 para que un equipo extranjero negocie a fin de mejorar y profundizar la relación argentina con Estados Unidos”, agregó el legislador.
En este sentido, Blanco sostuvo que “el silencio oficial respecto a esta cuestión pone más sombras al tema. Sería importante conocer cuáles son los resultados que espera la Argentina de estos profesionales de la negociación o de la presión y si estos se obligan a la concreción de algún resultado real que beneficie al país y no solo que este contrato sea una ‘obligación de medios’ por el cual recibirían casi U$S 2.000.000 sin más responsabilidades”.
“Si esta contratación tiene por objeto la futura negociación con el Fondo Monetario Internacional, habría que subrayar que, en ese caso, deberían llevar a cabo las negociaciones las máximas autoridades económicas del país”, indicó.
“Es una contradicción atacar por vía de redes sociales a la administración de Estados Unidos y luego contratar un lobista norteamericano para mejorar la relación con ellos. Parece encontrarse en toda esta situación bilateral una cuestión profundamente ideológica, que se contrapone con la realidad fáctica de tener que ir a negociar una deuda con el FMI, siendo Estados Unidos un miembro influyente en tal Organismo Internacional, no es coherente criticar y agredir y luego pedir apoyo a través de una consultoría privada para cerrar un acuerdo por la deuda”, finalizó el senador Blanco por Tierra del Fuego.
“Llama la atención que se recurra a un dirigente social para ocuparse de estas tareas, cuando existen instituciones entrenadas y consagradas por la ley para llevar adelante tal misión”, expresó el senador Blanco.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación, a fin de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Ministerio de Seguridad, el acuerdo de trabajo que anunció por Twitter el día 8 de agosto la ministra de Seguridad Sabina Frederic con Juan Grabois.
El senador fueguino solicita que se informe bajo qué marco normativo se encuadra el acuerdo anunciado con Juan Grabois y su organización a fin de trabajar en “la adecuación de acciones destinadas a la prevención del delito en los barrios populares, en qué consistirán las acciones y si ha elaborado un plan de prevención de la violencia en dichos barrios.
El proyecto fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann, Silvia del Rosario Giacoppo, Eduardo Costa, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Stella Maris Olalla, Luis Naidenoff y María Belén Tapia.
“En un escenario de ascenso de los delitos y escalada en la violencia, preocupan las erráticas e improvisadas respuestas que desde el Estado se ensayan. La ministra llegó a sostener que ‘no son muchos los robos, los medios de comunicación los hacen visibles’. Mientras todo esto ocurre, el plan de seguridad en Argentina no aparece”, afirmó el senador.
“En este contexto nos enteramos a través de declaraciones vertidas con fecha 8 de agosto en la red social Twitter de la ministra de Seguridad que acordó con Juan Grabois en ‘trabajar en la adecuación de acciones destinadas a la prevención del delito en los barrios populares’. Garantizar y mantener la paz social y la tranquilidad pública, es una finalidad y una potestad indelegable del Estado que, cuenta para cumplir dicha misión, con las fuerzas policiales y de seguridad”, agregó Blanco.
El legislador patagónico señaló que “la intervención de otro tipo de organización en este cometido no solo es el abandono de una facultad indelegable sino cumplir dicha misión con fuerzas que la ley no autoriza”.
“Grabois, quien hace un año aseguró que ‘si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño’, resulta que ahora hace acuerdos con la ministra de Seguridad. Vivimos en el reino del revés”, se quejó Blanco.
“Llama poderosamente la atención que se recurra a un dirigente representativo de movimientos sociales en tanto auxiliar de la justicia toda vez que existen instituciones especialmente entrenadas y consagradas por la ley para llevar adelante tal misión”, finalizó el senador.
Desde la oposición en el Senado quieren saber sobre el programa Potenciar Acompañamiento. Por ejemplo qué criterios se aplicarán para acceder al beneficio.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación, para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social tengan a bien remitir información sobre el recientemente anunciado programa “Potenciar Acompañamiento”.
El proyecto fue acompañado por los senadores Luis Naidenoff, Pamela Verasay, Silvia del Rosario Giacoppo, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Juan Carlos Marino, María Belén Tapia, Alfredo De Angeli, Stella Maris Olalla, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado y Silvia Elías de Pérez.
“A nadie le resulta indiferente el flagelo de la drogadicción en nuestros jóvenes. La inserción social y laboral de las personas en situaciones de consumos problemáticos resulta compleja y requiere de un abordaje integral que sea diseñado y supervisado por profesionales de la salud, especializados en la problemática”, explicó Blanco.
En el proyecto, los senadores solicitan que se informe qué entiende el Poder Ejecutivo Nacional por personas en situación de consumo problemático; cuáles son los criterios que se tendrán en cuenta a fin de determinar qué beneficiarios tendrán acceso a este programa; qué tipo de instituciones serán las encargadas de proponer o presentar a los beneficiarios en todo el país, y cuáles serán los mecanismos a implementar para evaluar a los potenciales beneficiarios certificando que los mismos se encuentran en la “última etapa” de un proceso de tratamiento de recuperación de adicciones; a qué tipo de controles médicos y de asistencia social se someterán los beneficiarios y cuáles son las posibles faltas que de cometerlas suspendan o cancelen el beneficio y si dentro de estas faltas se consideran sus responsabilidades para con sus familias y su comunidad próxima; cuál es el presupuesto asignado para este programa y por cuánto tiempo los beneficiarios recibirán el subsidio del estatal.
Asimismo, piden información sobre qué sistema de control de la inversión regirá para garantizar la transparencia del empleo de fondos; cuántas personas serán beneficiarios del subsidio; qué prestaciones llevarán a cabo los beneficiarios a cambio de recibir el subsidio y si se considera dentro del programa la revinculación social de los beneficiarios y su reincorporación en el mercado laboral; de qué manera se implementarán los controles de cumplimiento de los beneficiarios en cuanto a las tareas asignadas; y en dónde prestarán servicios; si los beneficiarios de este programa podrán cobrar en simultáneo el Ingreso Familiar de Emergencia, planes, seguros de desempleo u otras asistencias económicas por parte del Estado.
“Toda acción que se lleve a cabo con el fin de la revinculación social es meritoria; aunque requiere del máximo de los cuidados teniendo en cuenta la vulnerabilidad de sus destinatarios. Atento a ello, es que resulta de suma importancia contar con información pormenorizada de los mecanismos que se llevarán a cabo para la implementación de este programa”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, mediante la intervención del Ministerio de Seguridad aclare e informe diversas cuestiones relacionadas a las declaraciones de la ministra de Seguridad en las que afirmó que “no hay muchos robos” y que “son los […]
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, mediante la intervención del Ministerio de Seguridad aclare e informe diversas cuestiones relacionadas a las declaraciones de la ministra de Seguridad en las que afirmó que “no hay muchos robos” y que “son los medios de comunicación quienes los hacen visibles”.
El proyecto fue acompañado por los senadores Laura Rodríguez Machado, Juan Carlos Marino, Claudio Poggi, Stella Maris Olalla, Víctor Zimmernann, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, María Belén Tapia y Alfredo de Angeli.
Blanco solicita información sobre las estadísticas de los delitos; si el Ministerio de Seguridad da continuidad y mantiene el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y los Procesos de Evaluación de la Calidad Estadística del SNIC previstos en el Plan de Trabajo 2019-2022 oportunamente presentado por la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito; los procesos para garantizar el acceso público a dicha información a través de la página web oficial que el gobierno ha implementado; qué previsiones de actualización tiene el Ministerio de Seguridad para la actualización de la información prevista en la Ley 25.266, que a la fecha sólo alcanza el año 2018 y que previsiones tiene el Ministerio de Seguridad para la realización de la Encuesta de Victimización, prevista en el Sistema Nacional de Seguridad.
“La falta de actualización y acceso a las estadísticas criminales actualizadas atentan contra la confianza en el gobierno, generan sospechas de ocultamiento y afectan la imagen de nuestro país”, señaló Blanco.
“Si el mito de la ‘sensación de inseguridad’ es cierto, y se lo considera un efecto negativo para el bien público, entonces la mejor manera de combatirlo es brindando acceso a la información pública y no descargando críticas veladas sobre los medios de comunicación. Una vez más el kirchnerismo se la agarra con los medios en vez de hacer algo para modificar la realidad, en este caso, el aumento de la inseguridad”, expresó el legislador fueguino.
El senador manifestó que “las declaraciones de la ministra, además, han sido desmentidas por el propio señor jefe de Gabinete de Ministros, quien afirmó que ‘evidentemente hay más casos’ de inseguridad en relación al inicio de la pandemia. Sería de desear que este tipo de disonancias se terminen y que las estadísticas criminales fueran actualizadas de manera oficial como corresponde y que sigan siendo públicas como es debido. Estas diferencias de opinión quedarían totalmente saldadas si el gobierno publicara datos confiables”.
“Mientras los mismos no existan, todo queda en la esfera de la opinión. Y cuando las opiniones son tan divergentes en el propio seno de un gobierno, los ciudadanos quedan presa de la confusión y la indeseada “sensación de inseguridad” inevitablemente aumenta. La Argentina necesita datos duros y confiables. Los mismos son importantes tanto para planificar el abordaje de políticas criminales como para medir su éxito”, finalizó Blanco.
Un grupo de senadores de la oposición quieren que el Gobierno nacional brinde explicaciones sobre las informaciones periodísticas que dan cuenta de gente que ha recibido el beneficio sin cumplir los requisitos legales.
El senador nacional de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de comunicación, para solicitar que el Poder Ejecutivo Nacional, informe respecto a los recursos destinados al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ante la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).
El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Alfredo De Angeli, Stella Maris Olalla, María Belén Tapia, Juan Carlos Romero, Mario Fiad, Laura Rodríguez Machado, Pamela Versay, Claudio Poggi, Silvia del Rosario Giacoppo, Humberto Schiavoni, Pedro Braillard Poccard y Luis Naidenoff.
El senador fueguino recordó que “en los últimos días, varios medios de comunicación han plasmado en sus notas periodísticas información de individuos que han recibido el IFE, y que claramente no estarían cumpliendo con los requisitos legales para poder acceder a ellos. Frente a la emergencia sanitaria y económica resulta indispensable una administración de los recursos de manera organizada, supervisada, eficiente y equitativa; a fin de garantizar a todos los ciudadanos del país, un manejo de los fondos adecuado y transparente”.
“Resulta inadmisible que concejales y funcionarios públicos se hagan de estos recursos que están destinados a los ciudadanos que se encuentran en situación desesperante de pobreza o desempleo por la gravísima recesión que enfrentamos actualmente. Los recursos económicos son escasos y es responsabilidad de los gobernantes velar por una justa distribución de los mismos”, señaló Blanco.
“Es de suma importancia contar con información precisa sobre los hechos acontecidos. Qué medidas judiciales se tomarán al respecto, tener un conocimiento acabado de cómo concejales y funcionarios de diferentes localidades de la provincia de Salta pudieron acceder al IFE, misma situación con el Titular de la ANSeS de la provincia de Jujuy. Así cómo y por qué personas que se encuentran cumpliendo condena por delitos penales han recibido este mismo beneficio en la provincia de Tucumán, Salta y Chaco”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
El legislador nacional de JxC denunció además que “algunos artículos de la nueva moratoria que envió el Gobierno al Congreso fueron diseñados para beneficiar a los amigos del poder K”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de ley para reducir la tasa de intereses resarcitorios que cobra la AFIP por obligaciones tributarias vencidas, que tiene como propósito atenuar la situación económico-financiera de los contribuyentes en general, derivada del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y demás políticas públicas que, con fines sanitarios, han sido implementadas por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia Covid 19.
El proyecto fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann; Claudio Poggi; Stella Maris Olalla; Mario Fiad; Silvia Elías de Pérez; Silvia del Rosario Giacoppo ; Pamela Verasay y Eduardo Costa.
Al respecto, el legislador señaló que “los contribuyentes de nuestro fisco nacional están atravesando, casi sin excepción, una situación que, en el mejor de los casos, consume los ahorros previos para paliar la falta de trabajo y actividad. El corriente ejercicio fiscal arrojará sin dudas resultados muy magros y quebrantos en la mayoría de ellos”.
“Poniéndonos en el lugar de todos aquellos que hacen posible con sus recursos y su trabajo el sostenimiento del Estado, del cual somos sus mandatarios, tenemos el deber de alivianar su carga en esta situación tan agobiante y delicada”, agregó el diputado bonaerense.
En este sentido, manifestó que, ante esta situación, “proponemos una limitación estrictamente temporaria al procedimiento de fijación de tasas vigente hoy, que se extienda solamente durante el corriente Ejercicio Fiscal 2020, el que está absolutamente marcado por la coyuntura del ASPO. Para este período, proponemos que la tasa de los intereses resarcitorios sea la mínima tasa de interés que paga hoy el Banco Nación por sus depósitos a plazo y no más, entendiendo que la postergación de pago de las obligaciones tributarias es en este caso una necesidad imperiosa”.
Por otro lado, Blanco sostuvo que el nuevo proyecto de moratoria que envió el Gobierno al Congreso “es una medida pensada para beneficiar a los amigos del poder de Cristina Kirchner”.
“El Gobierno incluyó en la moratoria un artículo que da toda la impresión que fue hecho especialmente para que zafen de sus deudas los empresarios K procesados por defraudación al estado. Yo lo llamo el ‘artículo Cristóbal López’ que permitirá entrar en un plan de regularización de deuda a 8 años todo lo que se apropió al no pagar el impuesto a los combustibles en su empresa, donde OIL Combustibles era solo un mero agente de percepción y se quedó con el dinero del fisco. No es dinero que OIL ganó y por el que no pagó sus impuestos. Es dinero que OIL recaudó para el fisco pero nunca le transfirió. Y fueron casi 1.000 millones de dólares de entonces que se van a financiar totalmente devaluados. Sumado a esto, se agrega a la moratoria la evasión escandalosa en el negocio del juego. Y si me contestan que otros empresarios bajo proceso también resultan beneficiados, respondo que es una injusticia igual”, sentenció Blanco
El senador nacional Pablo Blanco celebró el acontecimiento, y señaló que se planea producir 1.000 respiradores mensuales que serán adquiridos, en un principio, por el Ministerio de Salud de la Nación.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto para declarar su beneplácito por la fabricación del primer respirador artificial fueguino por parte del Grupo Mirgor de Río Grande, que en conjunto con la empresa cordobesa Lesitung, producirán 1.000 respiradores mensuales que serán adquiridos, en un principio, por el Ministerio de Salud de la Nación.
“Este hecho es una muestra de la capacidad de reinvención y adaptación productiva de la industria fueguina de cara a la futura prórroga del subrégimen de promoción industrial basado en la Ley 19.640 que vence en el 2023”, manifestó el legislador al respecto.
En este sentido, destacó que el país produce 23 de los 24 productos esenciales identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar la crisis del coronavirus y los respiradores son de enorme demanda mundial.
“Esto es un verdadero hito para la industria fueguina que debemos aprovechar para fortalecer nuestra cadena de valor de insumos y equipamiento médico. Es vital para nuestra provincia y para el país que se multipliquen emprendimientos como este que generan fuentes de trabajo y diversifican la producción poniendo en el mercado productos de alta tecnología y mucho valor agregado”, finalizó Blanco.
Un grupo de radicales hicieron un planteo por el retardo de justicia en las causas por abuso que involucran al senador tucumano.
Los senadores nacionales Silvia Elías de Pérez (Tucumán), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), miembros del bloque UCR y del interbloque Juntos por el Cambio, presentaron una carta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestando preocupación “por la inactividad” de la causa conocida como “Alperovich”, en la que una sobrina y parte del equipo del senador nacional José Jorge Alperovich lo denunció por reiterados casos de abuso y violación perpetuados tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como en la provincia de Tucumán.
Como la denunciante del senador Alperovich, su sobrina (se preserva su identidad), radicó denuncias tanto en Tucumán como en Capital Federal porque sufrió abusos de parte del exgobernador tucumano en ambas jurisdicciones, “se ha producido una situación de “retardo de justicia”, indican los senadores radicales.
“Desde el momento de las presentaciones de las denuncias, el tiempo transcurrió sin la posibilidad de avanzar en las investigaciones correspondientes, cuestión que es sumamente grave. Todavía no hay certezas sobre quién ha de investigar al senador y exgobernador, y, más allá de que hubo actos investigativos tanto en la Justicia local como en la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ningún juez ordenó que el funcionario declare como imputado”.
“Queda a la vista que no se está haciendo justicia, que los expedientes se encuentran paralizados. Estas causas no pueden quedar en un limbo de competencias. Es necesario dar una respuesta rápida, justificada y responsable para que se pueda iniciar las investigaciones pertinentes. Es por ello que le manifestamos nuestra preocupación por la tardanza e inactividad y le solicitamos celeridad en el tratamiento de las causas mencionadas”, manifestaron los senadores radicales.
La presentación señala que “la apertura de procesos en dos lugares distintos desencadenó una seguidilla de resoluciones contrapuestas en materia de competencia. Finalmente, luego de una audiencia pública convocada en enero de este año, durante la vigencia de la feria judicial, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal en la provincia de Tucumán, Enrique Pedicone, determinó que los hechos acontecidos en ese distrito deben ser investigados por la justicia provincial, mientras que los producidos en la Ciudad de Buenos Aires le corresponden a la justicia porteña”.
“Sin embargo, desde la realización de esta audiencia las causas no avanzaron, estando pendiente en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la competencia de la investigación de los expedientes penales. Estamos ante un claro retardo en una resolución que implica, la indefinición de las denuncias presentadas por la víctima, la indefensión de la persona denunciante implicada, quien, además, se encuentra en una franca asimetría de poder”, expresaron Elías de Pérez, Giacoppo y Blanco.
Los senadores remarcan en las cartas dirigidas al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, que “mientras la persona acusada fue gobernador de la provincia por 12 años y es senador desde el año 2015, la denunciante se desempeñaba en su equipo, bajo sus órdenes y fue descalificada en su integridad por gente cercana al senador”.
Pablo Blanco presentó un proyecto para que los contribuyentes puedan compensar sus obligaciones fiscales con saldos a su favor en el pago de valor agregado, ganancias y bienes personales, entre otros impuestos.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de ley para que los contribuyentes o responsables puedan compensar sus obligaciones fiscales con saldos a su favor en el pago de estos impuestos: al valor agregado; a las ganancias, a los bienes personales; impuestos internos y contribuciones patronales.
Quedarían así excluidos los contribuyentes declarados en estado de quiebra, querellados o denunciados penalmente; denunciados formalmente, o querellados penalmente por delitos comunes; y personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros.
El senador por Tierra de Fuego explicó que esta ley establece las compensaciones cruzadas de impuestos, permitiendo que, en caso de tener saldos a favor en determinados impuestos, sirva para cancelar otros. “Hay muchísimas empresas y autónomos que tienen saldos favorables e inmovilizados a tasa cero en cuentas de AFIP y aun así tienen que recurrir a contraer préstamos para pagar otras obligaciones impositivas a tasas exorbitantes. De aprobarse esta ley, esto se termina. Se podrá, por ejemplo, pagar impuesto a las ganancias si uno tiene saldo a favor de IVA y viceversa, y así entre otros impuestos”, señaló.
“En este contexto de emergencia económica y sanitaria, esta ley permitirá que los recursos que se encuentran inmovilizados en una cuenta del Estado, puedan ser utilizados por sus verdaderos dueños para paliar los gastos de la pandemia. Son indispensables para el pago de salarios, gastos, servicios e insumos y todo aquello necesario para poner nuevamente de pie a los verdaderos sostenedores de nuestra Nación”, finalizó el senador Blanco.
El proyecto fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann; Juan Carlos Marino, Mario Fiad, Stella Maris Olalla, Silvia Elías de Pérez, Martín Losteau, Julio Martínez, Luis Naidenoff, Pamela Verasay, Alfredo De Angeli, Roberto Basualdo, Eduardo Costa, Silvia del Rosario Giacoppo, Pedro Braillard Poccard y Juan Carlos Romero.
Diez senadores de Juntos por el Cambio apoyan esta iniciativa: sostiene que el dinero de la corrupción “podría utilizarse para adquirir respiradores, tomógrafos, construir hospitales y salvar miles de vidas”.
El senador nacional de Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando, mediante el organismo que corresponda intervenir, junto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las cuentas públicas y la disposición completa de todos los activos -bienes muebles e inmuebles, dinero, valores negociables e instrumentos financieros, entre otros- en ejercicio de las facultades emergentes, con el objeto de contribuir a enfrentar los impactos económicos generados por la pandemia Covid 19.
El legislador advirtió que el aislamiento social implica la suspensión de las actividades no esenciales, “lo cual genera un impacto de alta severidad en la economía con consecuencias muy graves e inciertas. La crisis económica previa a la aparición de la pandemia obliga a que el Estado Nacional disponga de todos los recursos posibles para enfrentar las múltiples necesidades de obtención de medios e insumos, asistencia social para las personas y paliativos para las empresas que han visto interrumpida su cadena de valor por la emergencia”.
“Durante el período 2015-2018, las tareas de asistencia técnica y colaboración de la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados en más de 150 causas, lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes. Consideramos, como ejemplo, que estos activos expropiados a organizaciones criminales puedan usarse y ser de gran utilidad para luchar contra el Covid 19 y en beneficio de la sociedad en general”, concluyó Blanco.
Acompañan la iniciativa los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio: Oscar Castillo, Mario Fiad, Juan Carlos Marino, Silvia del Rosario Giacoppo, Víctor Zimmernann, Alfredo de Angeli, Laura Rodríguez Machado, Stella Maris Olalla, Silvia Elías de Pérez y Pedro Braillard Poccard.
Quince senadores del Interbloque de Juntos por el Cambio apoyan esta medida que apunta a “generar alivio y desahogo financiero”.
El senador nacional de Cambiemos Pablo Blanco presentó un proyecto de ley para sustituir el artículo 22 de la Ley N° 11.683, texto ordenado por el decreto 821/98, y dejar exceptuados de actuar como agentes de retención y/o percepción a las empresas PyMEs a los responsables inscriptos.
El proyecto cuenta con el respaldo de los senadores: Eduardo Costa; Silvia del Rosario Giacoppo, Pedro Braillard Poccard, Alfredo de Angeli, Juan Carlos Marino, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavone, Laura Rodríguez Machado, Roberto Basualdo, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Luis Naidenoff, María Belén Tapia y Oscar Castillo.
“Aunque esta medida parezca pequeña la juzgamos muy necesaria en los tiempos actuales, no solo porque elimina costos, sino también porque alivia la carga de los recursos humanos de las PyMEs y no la desvía de la producción; evita posibles errores en la recaudación y posibilita la utilización de sus recursos en tareas más esenciales”, manifestó el legislador al respecto.
En este sentido, Blanco advirtió que “tanto los trabajadores autónomos como las empresas PyMEs vienen reclamando con razón que no les corresponde la tarea de recaudar impuestos y que su fin es fabricar insumos, productos o brindar servicios de variada índole. Estas entidades y personas no se constituyeron para recaudar impuestos para el Estado sino para producir y generar bienes y servicios”.
“Esta medida generará alivio y desahogo financiero porque al quedar eximidos de cumplir este rol de recaudadores del fisco, podrán disminuir sus costos de administración y dedicarse plenamente a la producción”, finalizó eelsenador.
El senador nacional fueguino Pablo Blanco presentó un proyecto solicitando información sobre las políticas y programas que llevan adelante sobre la vigilancia y control de la zona Económica Exclusiva Argentina.
El senador nacional de Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que informe, mediante la intervención de los organismos que correspondan, sobre la detección, persecución, y captura del buque pesquero de bandera china “Lurong Yuan Yu 668″ y las políticas, planes y programas vinculados a la vigilancia y control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y el área adyacente a la misma.
Blanco manifestó que: “Los medios de difusión pública abundan en imágenes que ponen de manifiesto la presencia de cientos de pesqueros extranjeros que pescan legalmente en el Área Adyacente y penetran ilegalmente a la Zona Económica Exclusiva cuando la vigilancia es insuficiente”.
En este sentido, el legislador advirtió que “resulta imprescindible diagnosticar la brecha entre la vigilancia necesaria y la efectivamente realizada y saber si las acciones son coordinadas entre la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina para evitar solapamientos o vacíos y potenciar los efectos deseados”.
“Los recursos vivos del Mar Argentino ya son objeto de presión por parte de buques de países tan alejados como China y Taiwan que se concentran en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva e ingresan a la misma cuando la vigilancia se los permite. Esta pesca no regulada y no declarada tiene un efecto depredatorio en la biomasa y cuando se produce el ingreso a la ZEE es ilegal y constituye una violación a los derechos de soberanía otorgados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, señaló Blanco.
“La sustentabilidad de los recursos vivos está en grave peligro, es por eso que, exhortamos a las autoridades que informen con precisión: la detección, persecución, y captura del buque pesquero de bandera china “Lurong Yuan Yu 668″ y cuáles son las actividades permanentes de vigilancia y control de los espacios marítimos en el marco del Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada, no Reglamentada del Consejo aFederal Pesquero”, finalizó el Senador de Cambiemos.
Un senador de Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la medida que afecta los vuelos comerciales hasta el 1/09.
“Instamos al Gobierno a reconsiderar esta resolución que es arbitraria e irrazonable. La industria aeronáutica no debería tener un plazo rígido para reanudar sus actividades, sino debería estar supeditada a la evolución de la cuarentena”, expresó el senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco, a través de un pedido de informes por el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que a través de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informe cuáles han sido los criterios objetivos para el establecimiento del 1 de septiembre como fecha para la suspensión de los vuelos, en lugar de supeditarlo a la evolución del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respetando las restricciones sanitarias que oportunamente se establezcan.
Blanco se refiere a la resolución 144/20, y cuestiona por qué se ha tomado el mismo criterio de suspensión tanto para los vuelos de cabotaje como los internacionales y si esta medida ha sido informada previamente y sometida a consulta de los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Imponer una fecha determinada en especial para suspender los servicios de transporte aerocomercial de pasajeros, es una medida arbitraria, que no tiene justificación, ni se encuentra sustentada por el criterio de razonabilidad que deben cumplir los actos administrativos. No debemos permitir esta irrazonabilidad por parte del Estado”, señala el proyecto que es acompañado por los senadores Víctor Zimmermann; Juan Carlos Marino y Stella Maris Olalla.
El senador nacional Pablo Blanco advirtió que “han quedado sin asistencia en sus ingresos un conjunto de familias trabajadoras, que se desempeñan en las cosechas estacionales y el sector turístico, entre otras”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno nacional que extienda los alcances del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), establecido mediante el Decreto Nº 310 del 23 de marzo de 2020, a los trabajadores en relación de dependencia registrados en el sector privado bajo la modalidad de trabajador Permanente de Prestación Discontinua (PPD), los que al presente estarían sin ningún tipo de asistencia de ingresos, por no quedar alcanzados por ninguna de las medidas recientemente implementadas en la forma de reparaciones de las consecuencias del aislamiento social establecido por causa del Covid 19.
“A raíz de un pedido de varias familias fueguinas que se han visto afectadas por estar bajo esta modalidad contractual que solo obliga a algunas empresas a contratar a sus trabajadores por el término de cuatro meses por año, mientras que el resto del año, quedan excluidos y cesantes de asignaciones o algún tipo de ayuda social, he presentado este proyecto para que se subsane este vacío y puedan ser asistidas”, señaló Blanco.
“Varias provincias argentinas tienen una importante cantidad de trabajadores que revisten esta forma contractual. Los que se desempeñan en las cosechas estacionales y los trabajadores del sector turístico son los casos más numerosos y conocidos. Por estos trabajadores y ante su justificada preocupación es que estamos hoy presentando esta solicitud, para que, con un simple Decreto, el Poder Ejecutivo los incorpore dentro de los alcances del Decreto Nº 310 del 23 de marzo de 2020”, finalizó el Senador de Tierra del Fuego.
Acompañan la iniciativa los senadores: Víctor Zimmermann, Juan Carlos Marino y Stella Maris Olalla.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco advirtió que “hoy más que nunca, el Congreso tiene que velar por el uso correcto de los escasos recursos que tiene nuestro del país”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno nacional que brinde detalles de los recursos invertidos y las finalidades de los vuelos realizados por nuestra aerolínea de bandera a la República Popular de China.
Blanco solicita que el Gobierno nacional informe: ¿Cuántos vuelos realizó Aerolíneas Argentinas a la República Popular China; ¿Por qué el gobierno utilizó aeronaves de pasajeros y no del tipo cargo?; el costo operativo de cada uno de los viajes; si se adquirieron kits para realizar test de contagio, respiradores, barbijos, indumentaria de bioseguridad para los profesionales de la salud y un detalle de las marcas, modelos, precios y cantidades. Asimismo, solicita información sobre si se abonó algún tipo de comisión o gasto de gestión por las compras realizadas y las especificaciones de las donaciones recibidas.
El legislador señaló que “el Gobierno argentino ha instrumentado una serie de vuelos a la República Popular China realizados con aeronaves de Aerolíneas Argentinas con el fin de traer al país insumos sanitarios donados y comprados al mencionado país. Estos vuelos han sido promocionados creando una épica patriótica que llama profundamente la atención. Se llegó a esgrimir que es la primera vez que nuestra línea de bandera vuela a China cuando, en realidad, eso no era cierto. Esta promoción, sin dudas, también le ha costado dinero al país en términos de publicidad paga cuando cada centavo debe ser administrado más que nunca”.
En este sentido, Blanco sostuvo que “ya hay discrepancias en el seno del gobierno en función de lo que se sabe haber solicitado y pagado con respecto a lo que efectivamente ha llegado al país. Esto debe ser aclarado de manera inmediata para despejar toda sospecha de arbitrariedad o fraude”.
“Hoy más que nunca, el Congreso tiene que velar por el uso correcto de los escasos recursos que tiene nuestro del país”, finalizó el senador.
El proyecto cuenta con el respaldo de los senadores: Mario Fiad; Laura Rodríguez Machado; Alfredo De Angeli: Claudio Poggi; Víctor Zimmermann; Luis Petcoff Naidenoff ; Stella Maris Olalla; Humberto Schiavoni ;Gladys González; Silvia Elías de Pérez; Pedro Braillard Poccard; Silvia del Rosario Giacoppo; Oscar Castilo; Juan Carlos Marino; María Belén Tapia y Roberto Basualdo.
El senador nacional Pablo Blanco responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la paralización de la Cámara alta.
El senador nacional Pablo Daniel Blanco responsabilizó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la paralización de la Cámara alta, luego de conocerse el rechazo del procurador Eduardo Casal para que el Senado sesione por videoconferencia.
“Hemos solicitado una convocatoria a reunión de labor Parlamentaria para tratar todos los proyectos que se han ido presentando en este tiempo, pero si no hay una decisión de la presidenta de la Cámara, no podemos sesionar”, manifestó el senador por Tierra del Fuego.
En este sentido, advirtió que “luego de varios pedidos y reclamos, se constituyó la Comisión de Salud y la de Educación, pero cada paso que se da, es una pelea permanente con las autoridades de la Cámara. Su voluntad es que el Congreso esté cerrado y no sesione ni trabaje”.
“No vemos impedimento para que el Senado sesione, tenemos gente trabajando en salud, atendiendo supermercados, recogiendo la basura, y nosotros, servidores públicos, tenemos el deber de ejercer nuestras funciones. El país no funciona con un solo poder. La Justicia está semi paralizada y el Congreso también por la voluntad y el capricho de una sola persona”, manifestó.
Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que la consulta que se realizó en la Corte “es una medida dilatoria para que siga la parálisis en el Congreso. El reglamento de la Cámara lo hacen los senadores, no hay que consultar a ningún juez para poder modificarlo. El Senado está cerrado por decisión de su presidenta y es por eso que, solicitamos de forma urgente la reapertura”.
El legislador nacional radical Pablo Blanco sostiene que “resulta de vital importancia” la implementación de medidas que permitan a futuro la identificación de casos sospechosos.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Gobierno nacional, en el marco de las medidas adoptadas a raíz de la emergencia sanitaria debida al virus Covid 19, que arbitre los medios necesarios para la instalación de cámaras térmicas con sensor remoto que permitan la toma de temperatura corporal de las personas en todos los puntos de ingreso y egreso del país tales como aeropuertos, puestos fronterizos, terminales de ómnibus, estaciones de ferrocarril y puertos.
“Resulta de vital importancia la implementación de medidas complementarias que permitan a futuro la identificación de casos sospechosos mediante la toma de temperatura de las personas en los puntos de ingreso y egreso del país. De esta manera, ayudaríamos a prevenir la propagación en territorio nacional del virus Covid 19”, consideró el legislador de Juntos por el Cambio al respecto.
En los fundamentos del proyecto, Blanco señala que, en el mes de marzo, el PEN dispuso esta medida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, mediante el Ministerio del Interior, e instaló tres cámaras térmicas con sensor remoto, “lo que permitió la detección temprana a través de la toma de temperatura corporal de los pasajeros en tránsito, de forma más rápida y eficiente, y tomar las medidas necesarias con aquellos que presentaban fiebre”.
“Muchas pequeñas empresas se encuentran al borde de la quiebra”, advirtió el senador fueguino Pablo Blanco.
El senador nacional por Tierra del FuegoPablo Blanco presentó un proyecto de ley proponiendo al Gobierno Nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los organismos competentes, que suspenda el pago de anticipos del impuesto a las ganancias y a los bienes personales para las PyMEs y los responsables inscriptos por el período fiscal 2020.
“Ante esta situación de cuarentena y cierre forzado de negocios e industrias, muchas pequeñas empresas se encuentran al borde de la quiebra. Debemos llevar medidas para aliviar esta situación financiera, en un contexto donde la producción se detuvo y la cadena de pagos se encuentra totalmente colapsada”, consideró al respecto.
En este sentido, Blanco advirtió que “una empresa que tiene dificultades financieras difícilmente pueda subsistir en el tiempo, ya que se verá imposibilitada de adquirir insumos, pagar costos fijos, salarios, proveedores y cancelar total o parcialmente deudas adquiridas. No solo colapsará la organización, sino que también afectará a sus empleados y a otras empresas de las cuales adquiere insumos y servicios”.
“Esta medida aliviará la delicada situación financiera que están viviendo muchas empresas y personas independientes, que difícilmente puedan adelantar este pago. Por eso, en momentos donde la economía está detenida y que cada peso resulta fundamental para volver a poner en marcha la actividad económica y de servicios de nuestro país, solicitamos que estos fondos permanezcan en las empresas por el período fiscal 2020”, concluyó el legislador.
La iniciativa fue acompañada por los senadores: Víctor Zimmermann, Alfredo De Angeli y Silvia Beatriz Elías de Pérez.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para homenajear en el Día Mundial de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación Científica el trabajo que llevó adelante el equipo de investigadores, científicos y técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos G. […]
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para homenajear en el Día Mundial de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación Científica el trabajo que llevó adelante el equipo de investigadores, científicos y técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Doctor Carlos G. Malbrán”, que permitió la secuenciación del genoma completo del SARS-CoV-2 local y la identificación de las tres cepas diferentes de este virus, provenientes de tres pacientes argentinos distintos.
El proyecto fue acompañado por los senadores Alfredo De Angeli, Mario Fiad, Claudio Poggi, Laura Rodríguez Machado y Victor Zimmermann.
“Este proyecto tiene como fin reconocer, destacar y elogiar el trabajo profesional y comprometido de éstos argentinos que desde el anonimato, en silencio y sin descanso, lograron este importante avance, ya conocido y reconocido por la comunidad científica internacional, el cuál seguramente será el pilar fundamental para el desarrollo de una vacuna que pueda prevenir a todos nosotros de este nuevo virus”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
La medida impulsada por el senador fueguino Pablo Blanco alcanzaría a PyMEs y responsables inscriptos.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de ley solicitando al Gobierno que suspenda por 180 días la retención determinada en la ley 25.413 sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias.
“Ante la actual situación de crisis y la incertidumbre generada sobre cuando se reactivará la economía, la suspensión temporal de este impuesto, es una medida que aliviará la delicada y frágil situación financiera en la que se encuentran las pymes, productores y trabajadores independientes”, expresó el senador nacional.
Para Blanco, “resulta fundamental que el Estado pueda proteger a quienes han invertido en nuestro país y garantizarles, medidas concretas para darle un respiro a este sector tan golpeado por la emergencia sanitaria”.
Acompañaron la propuesta los senadores Pamela Verasay, Mario Fiad, Víctor Zimmermann, Humberto Schiavoni, Alfredo De Angeli, Juan Carlos Marino, Laura Rodríguez Machado, María Belén Tapia y Silvia Elías de Pérez.
El senador nacional Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al PEN el acondicionamiento “de forma urgente” del rompehielos, ante una probable demanda sanitaria en la provincia.
El senador nacional Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando que el PEN acondicione “de forme urgente” el Rompehielos ARA Almirante Irízar como buque hospital para que cumpla funciones en aguas del canal de Beagle ante una probable demanda sanitaria de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, el senador fueguino solicitó que se conforme un “puente naval” para trasladar mercaderías de primera necesidad e insumos médicos indispensables para abastecer a los fueguinos, dada su condición de aislamiento terrestre y aérea, en el marco de la emergencia sanitaria del Covid 19.
Además, la iniciativa refuerza el pedido realizado por el diputado nacional Federico Frigerio y respaldado por varios diputados y cuenta con el aval del bloque de Cambiemos de la Comisión de Defensa.
“Poner al servicio de nuestra provincia a una nave tan querida por los fueguinos, de carácter tan simbólico y que ha prestado servicio de buque hospital durante la Guerra de Malvinas, parece una medida más que acertada para llevar tranquilidad a la población y ayudar a paliar los efectos de la enfermedad en caso que se disemine”, consideró el legislador.
En este sentido, Blanco señaló que: “Consideramos prioritario que se lo equipe con todo el instrumental indispensable para transformarlo en buque hospital disponiendo camas, respiradores, quirófano, personal sanitario y todo el instrumental que las autoridades estimen necesarias para acometer el desafío que este proyecto plantea y una vez acondicionada la nave, se disponga su partida inmediata hacia el Canal de Beagle en cercanía operativa con el Puerto de Ushuaia”.
El proyecto fue acompañado por los senadores Alfredo Luis De Angeli; Luis Petcoff Naidenoff; Pamela Verasay; Oscar Castillo; Víctor Zimmermann; Mario Fiad; María Belén Tapia; Silvia Beatriz Elías de Pérez; Esteban Bullrich; Laura Rodríguez Machado; Gladys Esther González; Julio César Martínez; Silvia del Rosario Giacoppo: Claudio Poggi; Stella Maris Olalla y Humberto Schiavoni.
Por Pablo Daniel Blanco. El senador nacional sostiene que no se están tomando medidas suficientes para proteger a los trabajadores más expuestos.
Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobierno se ha encargado de ir tomando medidas graduales que, a mí entender, deberían ser más drásticas. Lo importante es frenar la expansión del virus para que el sistema de salud no se vea colapsado y, para eso, lo mejor es guardar lo que se ha dado en llamar “aislamiento social”. Desalentar la circulación de personas es, hasta el momento, la única estrategia colectiva para bajar la curva de replicación viral.
Entre las medidas que se han implementado para mantener medianamente a flote a la economía frente a esta crisis, llama la atención que se está favoreciendo a cantidad de sectores afectados por la baja de la actividad pero nada se ha anunciado para tenderles una mano solidaria a los trabajadores más expuestos. En efecto: se hace lo posible para que la gente circule menos, se le mete algo más de plata en los bolsillos, se toman medidas de emergencia para, por ejemplo, paliar la baja de la actividad de los sectores turísticos, de esparcimiento, gastronómicos y de transporte, pero nada se está haciendo para favorecer a quienes le plantan cara al virus en sanatorios, clínicas, farmacias y hospitales.
Se anunció que cada diputado podrá disponer de 100 mil pesos para repartir a su antojo en tanto subsidios que ayuden a paliar esta crisis. Esto es una barbaridad inadmisible que condeno. No se debe hacer política con la excusa de la enfermedad y, mucho menos, disponer discrecionalmente de fondos aportados por todos para que sean destinados de manera antojadiza a unos pocos.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad, de migraciones y de todo el sistema de controles sanitarios de frontera también deben ser alcanzados por estos beneficios transitorios. Ellos trabajan para brindarnos seguridad a todos y, me parece, que les debemos algo más que nuestro agradecimiento.
Suspender el pago de las obligaciones mensuales de los monotributistas mientras dure la emergencia también sería una medida acertada.
Me gustaría que el señor presidente de la Nación tome nota de esto ya que, si la patria es el otro, deberíamos velar por los que se juegan la vida por la de cada uno de nosotros. Es de esperar que el Poder Ejecutivo Nacional reflexione al respecto y actúe rápidamente en consecuencia.
El legislador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco advirtió que “volar de Buenos Aires a Río Grande tiene tarifas similares a las de un pasaje al exterior”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que informe cómo se determina el cuadro tarifario correspondiente a las rutas aéreas de la empresa Aerolíneas Argentinas desde y hacia la provincia de Tierra del Fuego.
Además, pidió que se informe cuál es el criterio que se utiliza para determinar las tarifas, que en algunos casos superan en hasta tres veces el importe de la menor, y si están estudiando medidas para solucionar esta problemática.
“Volar de Buenos Aires a Río Grande tiene tarifas similares a las de un pasaje al exterior”, advirtió el senador fueguino, y manifestó: “Nos preocupa e indigna esta política aerocomercial que discrimina y excluye a los riograndenses de la posibilidad de conectarse con el resto del país y el mundo por los precios desorbitantes que ofrecen”
En este sentido, consideró que los fueguinos “son rehenes de las tarifas que imponen las líneas aéreas. Queremos visibilizar el reclamo de los habitantes de esta isla que, muchas veces, se sienten incomunicados y aislados del continente”.
Blanco admitió que la situación del país “no es la mejor, eso es de público conocimiento”, pero señaló que no pide que la aerolínea sea deficitaria, “solo que se revisen las tarifas y que se implementen las medidas necesarias que permitan revertir esta excesiva amplitud en las mismas en los destinos desde y hacia mi provincia, así como también en todos aquellos destinos donde se produzca la misma situación”.
El legislador nacional Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación criticando lo llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando que el Ministerio de Seguridad informe las causas por las qué se suprimieron las Subsecretarías de Lucha contra el Narcotráfico y de Estadística Criminal; los lineamientos básicos para debatir la despenalización y regulación de las drogas blandas como el “canabbis”; y cómo enfrentará al crimen organizado.
“Sabina Frederic eliminó dos Subsecretarías sumamente importantes de la última gestión de gobierno: la de Lucha contra el Narcotráfico que ha batido récord en incautaciones de droga y la Subsecretaría de Estadística Criminal que puso en marcha la recuperación de las estadísticas crimínales. Estas fueron herramientas indispensables para llevar adelante una política integral de seguridad”, afirmó el senador por Tierra del Fuego.
En este sentido, indicó que solicitaron que la ministra explique “qué políticas contra el narcotráfico va a implementar, si piensa dejar de recopilar las estadísticas del delito y cómo enfrentará el gobierno a la delincuencia organizada que, con ramificaciones internacionales muchas veces está ligada al ejercicio del terrorismo”.
“Los argentinos no podemos permitir que el Ministerio de Seguridad vuelva a producir un apagón estadístico y que el narcotráfico se mueva con total impunidad en el país”, agregó el legislador.
Asimismo, Blanco presentó una batería de proyectos relacionados a la seguridad, solicitando que el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina precise las cifras de marihuana incautada por cada fuerza federal durante enero; cuántos procedimientos se han realizado durante ese período, en qué lugares y cuántos detenidos hubo en cada uno de ellos.
Finalmente, el senador manifestó preocupación por “el giro que el Gobierno está dando en materia de seguridad, nos parece nocivo y peligroso para la sociedad. Dejar sin efecto políticas de seguridad concretas y efectivas es un triste retroceso, el Ministerio debería ofrecer medidas alternativas para mejorar la vida de todos los argentinos”.
El proyecto fue acompañado por los senadores Víctor Zimmermann, Alfredo De Angeli, Pamela Verasay, Julio Martínez, María Belén Tapia, Luis Petcoff Naidenoff, Stella Maris Olalla, Laura Rodríguez Machado, Esteban Bullrich, Pedro Braillard Poccard, Silvia Giacoppo, Eduardo Costa y Juan Carlos Romero.
Un senador fueguino cuestionó que al expresidente boliviano se le conceda el cargo de doctor honoris causa.
El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco repudió la entrega del doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTdF) al expresidente de Bolivia Evo Morales, y solicita al Consejo Superior de la UNTDF dar marcha atrás con esta mención.
“La UNTdF no puede desconocer el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que hubo ‘operaciones dolosas’ e ‘irregularidades graves’ en las elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia”, y agregó que “Evo Morales no puede ser destacado por su labor como referente político latinoamericano cuando está enfrentando un proceso judicial por delitos de terrorismo y fraude electoral”.
El legislador radical concluyó considerando “una vergüenza que se premie a un hombre acusado por graves delitos de sedición, terrorismo y fraude electoral”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco rechazó el decreto 163/2020 que dispone una reducción en el aumento a los veteranos de la Guerra de Malvinas. “La discrecionalidad del presidente para fijar la movilidad jubilatoria se está llevando puesto también a los veteranos de Malvinas”, alertó el legislador fueguino. Asimismo Blanco expresó […]
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Blanco rechazó el decreto 163/2020 que dispone una reducción en el aumento a los veteranos de la Guerra de Malvinas.
“La discrecionalidad del presidente para fijar la movilidad jubilatoria se está llevando puesto también a los veteranos de Malvinas”, alertó el legislador fueguino.
Asimismo Blanco expresó su solidaridad “con nuestros héroes de la Patria que dieron su vida por las Malvinas y por todos los argentinos; y solicitamos al presidente que rectifique esta medida arbitraria y discriminatoria”.
Con críticas, un senador radical fueguino pide saber qué medidas está adoptando la cartera de Salud ante la expansión de esa enfermedad originada en China.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de comunicación solicitando que el Ministerio de Salud de la Nación informe qué medidas de control se adoptaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a fin de impedir que pasajeros afectados ingresen al país.
Asimismo, solicita que informe si el ministerio responsable solicitó una partida presupuestaria especial o la ampliación de una existente para atender, en forma local y preventiva posibles casos de coronavirus 2019-nCOV; cómo se implementaron las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud respecto de este virus, luego de ser declarado epidemia; si hay infraestructura adecuada en los hospitales nacionales para atender posibles casos en nuestro país y si el protocolo de actuación es conocido y de efectiva puesta en práctica.
Por último, requiere que se detalle si se implementó alguna campaña de información, prevención, concientización o difusión para nuestra población.
“El Gobierno hasta la fecha no tomó conciencia de lo que significa esta epidemia, ello queda demostrado en la nula campaña pública, todo lo referente a este flagelo sólo se ve reflejado en los medios de comunicación”, advirtió el legislador radical, para quien resulta “evidente que a nivel mundial este nuevo coronavirus supera a los anteriores en rapidez para propagarse, número de infectados y víctimas fatales, estando ya frente a una catástrofe sanitaria”.
“Es importante para el Senado que el Gobierno informe con la mayor celeridad, exactitud y claridad todos los puntos peticionados, tratándose esta de una epidemia a nivel mundial, a la cual el Gobierno actual parece estar ajeno”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
El senador de Juntos por el Cambio manifestó que acompañará el proyecto del Ejecutivo, pero advirtió sobre la necesidad de “crear las condiciones necesarias para que el sector privado invierta y crezca”.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco se manifestó a favor del proyecto de ley para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública externa porque “más allá de mis objeciones y reparos, la Argentina está por encima de cualquier gobierno”.
Anque, durante la sesión, Blanco advirtió que “el Ejecutivo le está pidiendo a este Senado que delegue facultades propias para renegociar la deuda con un presupuesto prorrogado y sin que nadie sepa cuál es el plan para la estabilización macroeconómica que implementará”.
“A los acreedores les conviene que la Argentina se ponga de pie y por supuesto a todos los argentinos. Por eso creo que, si bien la negociación va a ser difícil, se va a llegar a un acuerdo”, afirmó el senador del interbloque de Juntos por el Cambio.
En su intervención en el recinto, el senador Blanco llevó a cabo una revisión histórica sobre como los distintos gobiernos, de todos los colores políticos, han sido responsables de contraer deuda desde 1958, y señaló que fue Aramburu quien dio el primer paso, y tomó deuda por 1.425 millones de dólares, luego Frondizi por 375 millones, Guido por 300 millones, mientras que Arturo illia la disminuyo. Luego, advirtió que entre el 66 y el 72 la dictadura de Onganía, Levignston y Lanusse contrajo deuda por 1.524 millones, y que durante el período Cámpora, Peron, Isabel se tomaron otros 3 mil millones más, llegando a casi un total de 8 mil millones de dólares.
Luego, señaló que se dio el primer “gran salto exponencial”, dado por la última dictadura, que endeudó al país en 37 mil millones de dólares. Ya recuperada la democracia, Alfonsín tomó por 20 mil más, Menem por 56 mil, y De la Rúa por 22 mil. Luego del default, Duhalde contrajo deuda por otros 34 mil millones, cuyo gobierno fue seguido por el de Néstor Kirchner, al que Blanco le reconoce “su vocación por desendeudar al país, y haber operado un canje favorable”. Finalmente, expresó que fue continuado por dos mandatos de la actual vicepresidente, durante los cuales se tomó deuda por 64 mil millones más, y el del expresidente Mauricio Macri que en cuatro años contrajo por 70.600 millones de dólares.
Al respecto, manifestó que: “La deuda se ha transformado en una trampa perversa; en un círculo vicioso que llevará tiempo cortar. Es hora de que entre todos logremos salir de esta situación con un programa de crecimiento económico creíble que cree las condiciones necesarias para que el sector privado invierta y crezca”, finalizó el senador por Tierra del Fuego.
