La desregulación de las telecomunicaciones representa un salto al vacío para los usuarios. Como pasó con las prepagas, la desregulación va a terminar llevando a los usuarios a una situación de mayor arbitrariedad y sometimiento.

La reciente derogación del decreto de necesidad y urgencia 690/2020 por parte del Gobierno, bajo el nuevo DNU 302/2024, ha desatado preocupación entre los usuarios y defensores de una regulación justa en el sector de las telecomunicaciones en Argentina.

La derogación del DNU 690 representa un salto al vacío en la regulación de las telecomunicaciones en nuestro país. La ausencia de una regulación inteligente que contemple las distintas modalidades de prestación del servicio (empresas corporativas, Pymes, cooperativas y emprendimientos comunitarios) deja a los usuarios a merced de la arbitrariedad de las grandes empresas. Desde hace décadas, éstas vienen demostrando su falta de transparencia y equidad en la fijación de tarifas y la prestación de servicios. La falta de una tarifa real y uniforme es evidente en nuestras calles, donde la misma manzana de un barrio puede tener diferentes precios para servicios idénticos. Además, cabe destacar que es imposible pensar en si existe un precio justo de tarifas, ya que tenemos una fuerte distorsión de los precios disfrazados en las ofertas que ofrecen las empresas, tanto para nuevos usuarios como para los viejos usuarios.

La desregulación sin rumbo solo beneficia a las grandes empresas del sector, dejando desamparados a millones de usuarios que dependen de los servicios de telecomunicaciones en su vida diaria.

Es fundamental que el Gobierno actúe con responsabilidad y proteja los derechos de los consumidores y garantice la equidad en el acceso a los servicios de comunicación. Si algo nos demostró la pandemia es que el internet es un derecho humano y esencial. No podemos especular con la conectividad de los ciudadanos.

No basta con que haya accesibilidad al servicio, sino que es necesario garantizar que se sea asequible para los bolsillos de cada familia.

Se desregula argumentando la libertad y se deja al zorro en el gallinero, eso sí, le piden que sea razonable. Es necesario que el Estado regule esa relación dentro de un mercado con precios distorsionados por la voracidad y la arbitrariedad de quienes los imponen.

Promediando la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia de Diputados que se conformó este miércoles por la mañana, un legislador del bloque Unión por la Patria hizo un llamativo pedido a la presidencia del Cuerpo para que pongan más sillas en las comisiones.

Se trata del cordobés Pablo Carro quien ponderó: “Está hermosa la modificación que se ha hecho en las salas, realmente muy lindas, las pantallas excelentes”, pero planteó: “Ahora, no veo sillas para los asesores”.

Carro explicó que “el trabajo en comisiones es un trabajo en el que los asesores hacen el grueso, nosotros más bien ponemos la cara y los asesores laburan mucho”, y planteó: “Verlos parados me produce cierta incomodidad”.

“Esta tarde tenemos otras comisiones y hagamos un esfuerzo entre todos los bloques para que se puedan colocar sillas y los asesores puedan estar un poquito más cómodos”, solicitó el cordobés lo que le valió el aplauso de sus pares.

La titular de la comisión, la fueguina Carolina Yutrovic le respondió: “La primera tarea de la comisión va a ser una nota de pedido a la presidencia de la Cámara para que se incorporen más sillas y tengan más comodidad los trabajadores de la comisión”.

Los diputados nacionales de Unión Por la Patria Pablo Carro, Itaí Hagman y Hugo Yasky, presentaron el proyecto de ley para modificar el Régimen de Economía del Conocimiento para contribuir al financiamiento de las universidades públicas,

La iniciativa busca “dotar a este Régimen de un sentido de justicia y solidaridad social, ajustando el foco para que una parte de las medidas preferenciales de las que gozan sus grandes empresas -y que hoy les garantizan ganancias y beneficios tributarios millonarios- se destine al financiamiento de las universidades nacionales”.

“Los beneficiarios de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible determinados porcentajes de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social”, establece su artículo primero y detalla: “70% para micro y pequeñas empresas, 30% para empresas medidas y 20% para grandes empresas”. Así, aclara que “las grandes empresas que hayan facturado en el año anterior un monto mayor a cinco veces el piso establecido por la autoridad de aplicación para la categoría grandes empresas, no serán beneficiarias del bono de crédito fiscal”.

Al respecto, Carro indicó: “Queremos mantener el beneficio de promoción de la ley de Economía del Conocimiento para las PyMEs y medianas que luchan por crecer y exportar. Proponemos dejar de bancar con el dinero de las y los argentinos a las grandes empresas que no necesitan beneficios fiscales”, y agregó: “Paradójicamente, algunos CEOs o propietarios de estas empresas con tanta rentabilidad aplauden políticas de ajuste, cuando son las Universidades donde ellos estudiaron, las que generan profesionales de calidad que ellos emplean”.

“Es un tiro en los pies de su propia cadena de valor, además de beneficiarse de recursos públicos como bonos fiscales y exenciones de Ganancias que estamos redefiniendo con justicia y equidad distributiva”, planteó.

Respecto del impuesto a las ganancias para los beneficiarios de la ley de Economía del Conocimiento, plantea que “tendrán una reducción de un porcentaje respecto del monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a la/s actividad/es promovida/s, determinado en cada ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema: sesenta por ciento (60%) para micro y pequeñas empresas y treinta por ciento (30%) para empresas medianas”.

Carro sostuvo: “Se trata de que el apoyo estatal acompañe el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y que este crecimiento sea más equitativo y sostenible”.

0930-D-2024 P L Carro Hagman Yasky Economia del Conocimiento Grandes Empresas y Financiamiento Educativo

Financiamiento universitario

La iniciativa propone asignar el monto equivalente al ahorro fiscal producido por las modificaciones efectuadas hacia las partidas de gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales para el ejercicio de 2024. Dichos gastos incluyen el mantenimiento de infraestructura, servicios, laboratorios, las políticas de extensión, deportes y cultura, alimentación y comedores universitarios, becas estudiantiles y de formación docente de cada Universidad.

“En definitiva, hay plata -de la que se benefician las más grandes empresas- que necesitamos para financiar el sistema universitario”, dijo Carro.

También se garantiza una inmediata actualización de las partidas presupuestarias para atender a los compromisos salariales: financiamiento de los resultados de las negociaciones paritarias y Garantía Salarial Docente del sector.

En el final, el diputado por Córdoba se refirió a los desafíos que enfrentan ambos sectores y sostuvo: “Estamos frente a un Gobierno Nacional que tiene como obsesión liquidar a las Pymes y desfinanciar la educación pública. Lo hemos visto a cada paso de esta gestión nacional. Por nuestra parte, consideramos que es urgente generar normativas como ésta, que permitan incentivarlos, pero también, protegerlos”.

Ante la decisión del Gobierno nacional de cerrar la agencia Télam, y tras este lunes amanecer la redacción vallada y la página web dada de baja, el diputado nacional Pablo Carro (UP) presentó un proyecto en el que le exige al Poder Ejecutivo Nacional el sostenimiento de Télam, “como la única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias”.

“Su tarea profesional resulta esencial para la labor informativa, en cuanto es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisuales y digitales -803 clientes totales- suscriptos a sus servicios diarios”, agregó el cordobés en un proyecto de resolución.

El legislador cuestionó que “al comenzar el 2024 asistimos a un nuevo intento por debilitar la pluralidad informativa y la posibilidad de elección ciudadana de contenidos diversos, a partir de la cuestionada intervención y el ajuste de los medios públicos -Radio Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Educ.ar S.E, Télam S.E.- y el posterior anuncio presidencial del cierre de la agencia Télam”.

“Respecto de la intervención a estos organismos dispuesta por el Decreto 117/2024, ya hemos pedido acceso al expediente del Ejecutivo para chequear la inconsistencia de los fundamentos, sólo autosustentada en las atribuciones asignadas a sí mismo por el presidente a través del ilegítimo DNU 70/2023”, remarcó.

En los argumentos, Carro recordó el anuncio que hizo Javier Milei el pasado 1ro. de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando “como único argumento para cerrar Télam, consideró que la agencia ‘ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista’, similar justificativo al que utilizó el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, cuando en 2018 se ordenaron 357 despidos en la agencia, muchos de ellos revertidos luego por la Justicia”.

“La agencia Télam tiene una larga trayectoria. En 1945 fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo de romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press. Tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo, sistemas que fueron actualizándose por los avances de la tecnología”, rememoró.

El diputado de UP advirtió que “el cierre de la Agencia Télam afectaría derechos constitucionales, además de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, garantizado por normas con jerarquía constitucional -Convención Americana de Derechos Humanos, Ley 23.054-, y el derecho a la diversidad informativa y cultural tutelado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales ratificada por Ley Nacional 26.305”.

“Los medios públicos -y concretamente la Agencia Télam- son una de las formas institucionales de lograr mayor federalismo y de aportar a la diversidad y el pluralismo informativo, en un panorama mediático con agendas fuertemente incididas por pocas empresas de comunicación y portales digitales, en general alineados a intereses particulares no siempre coincidentes con el bien común”, sostuvo.

Y sumó que “un eventual cierre de Télam se llevaría puesto no sólo a la concreta generación de material de uso diario de cientos de empresas y organizaciones periodísticas medianas y pequeñas de todo el país, sino a cientos de trabajadoras y trabajadores que con profesionalismo y años de antigüedad ejercen el periodismo. Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de eliminarse, debería fortalecerse a partir de una reorientación de esta empresa pública”.

Por su parte, el diputado Eduardo Valdés, junto a una treintena de sus pares, presentó un proyecto por el cual solicita “al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre todos los medios a su alcance para sostener el pleno funcionamiento de Télam Sociedad del Estado”.

“Es un emblema argentino, reconocida en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El Gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa”, sostuvo el diputado.

El porteño recordó que “no es la primera vez que Télam aparece bajo amenaza de liquidación, cierre o venta. Distintos gobiernos buscaron atacarla, demonizando a sus trabajadores, ocultando el invalorable aporte que su amplia red federal de corresponsalías hace a la difusión de los valores democráticos”.

“A lo largo y ancho del mundo hay agencias de noticias creadas y sostenidas por los Estados, que, lejos de cerrarlas, les destinan partidas presupuestarias que les permiten el perfeccionamiento profesional y tecnológico. Basta mencionar la BBC de Inglaterra, EFE de España o DPA de Alemania, entre muchas otras. Télam juega en esa liga, que es la Primera A de las agencias de noticias internacionales”, señaló Valdés.

Y agregó que “el derecho al acceso a una información verídica y de calidad se vería severamente afectado de cumplirse los propósitos de cierre que deja entrever el Gobierno nacional”.

Otro proyecto se sumó este lunes desde el Frente de Izquierda, quien reclamó “rechazar todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam, repudiar su cierre con vallado esta madrugada, a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con el Gobierno nacional y adherir al reclamo de su inmediata reapertura”.

También, en el proyecto de resolución denuncian que “detrás del cierre de la agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión, que ya cuenta con graves precedentes bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, como se vio durante el tratamiento de la llamada ley de ómnibus”.

Y reclamaron “el fin del operativo policial en las sedes de las calles Bolívar y Belgrano y la inmediata apertura de todas las sedes de funcionamiento, así como el cese de la suspensión a todos los trabajadores y trabajadoras, el alta de su página web y el servicio de cablera”.

Proyecto en el Senado

También presentó un proyecto, en su caso en el Senado, la rionegrina Silvina García Larraburu. Repudia el anuncio presidencial de cerrar la Agencia Nacional de Noticias Télam, como así también “el impedimento al ingreso de sus trabajadores a sus instalaciones; y el apagón informativo que supone anular su portal de noticias y cablera”.
“Estos hechos manifiestan un atropello a la libertad de expresión y la libertad de prensa, consagradas en nuestra Constitución y los Tratados Internacionales firmado por el país”, sostuvo la senadora kirchnerista, que remarcó que “Télam es la única agencia argentina con una red de corresponsales en todas las provincias, lo cual le imprime una impronta profundamente federal en dónde conviven una pluralidad de voces”, al tiempo que se solidarizó con “sus más de 700 empleados que ahora ven peligrar su fuente laboral y sufren las amenazas y atropellos del Ejecutivo”.

“La comunicación no es un negocio. Es un Derecho Humano”, cerró.

 

 

 

Ante la noticia de que el canal de la Cámara baja dejará la grilla de canales de televisión para pasar a difundirse su programación por streaming, diputados de distintos espacios políticos señalaron la diferencia entre un canal de televisión parlamentario como Diputados TV y la mera transmisión de algunas actividades por streaming. Alertaron que debe cumplirse una resolución vigente del pleno de la Cámara de Diputados, ante el cese de varias emisiones dispuesto en días pasados.

Los diputados Pablo Carro (Unión por la Patria), Germán Martínez (Unión por la Patria), Alberto Arrúa (Innovación Federal), Myriam Bregman (FIT-Unidad), Eugenia Alianiello, María Luisa Chomiak, Liliana Paponet y Brenda Vargas Matyi (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de resolución que dispone “la continuidad del servicio esencial de información pública del canal Diputados TV, tanto en la modalidad de emisión por televisión de aire como por suscripción -además de su difusión por video compartido-, garantizando el derecho de la ciudadanía a contar con información veraz, oportuna, en tiempo real, sin intermediarios ni edición, especialmente respecto de lo tratado en las sesiones plenarias y en cada una de las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación”.

Como alerta a las nuevas autoridades, las y los diputados exigen hacer cumplir la resolución votada por unanimidad (Orden del Día 1350 del 27 de noviembre de 2006) que ordena el funcionamiento de un canal de televisión permanente para transmitir las actividades de la Cámara. Textualmente, esa resolución vigente ordena que “la señal se emitirá por aire, cable, Internet y/o todo otro medio de transmisión audiovisual, teniendo el propósito de cubrir todo el territorio nacional”.

El diputado cordobés Pablo Carro valoró el “compromiso de programación plural que caracterizó a la gestión de Diputados TV” durante las sucesivas gestiones parlamentarias, recordando que “desde hace quince años se ha venido consolidando una saludable práctica democrática, tanto en la emisión sin ediciones ni editorializaciones de las sesiones plenarias y las reuniones de Comisión, como a través de una programación que ofrece una señal de 24 horas competitiva en estándares de calidad”.

Respecto de la no transmisión por la señal de televisión de las reuniones constitutivas de comisiones del pasado jueves 4 de enero, y de la falta de programación del canal en vivo, los legisladores exhortaron a los responsables de las decisiones sobre la programación de la señal Diputados TV “a cuidar el patrimonio tangible e intangible que ha venido caracterizando a las emisiones y resulta un servicio tanto para las y los diputados de todas las bancas como para su mandante, el pueblo argentino que los eligió”.

La resolución del pleno de la Cámara de Diputados refiere al funcionamiento de un canal informativo, lo cual sería incumplido si la Presidencia decidiera sólo hacer eventuales emisiones por circuitos de Internet de algunas sesiones de diputados. “No puede haber impedimentos técnicos ni presupuestarios que afecten el derecho de la ciudadanía a tener información en tiempo real por los distintos soportes disponibles en la actualidad”, señalan los diputados.

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El diputado nacional Pablo Carro (FdT) se refirió a las declaraciones del presidente electo, Javier Milei, sobre la privatización de la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, bajo el argumento de que “habrían sido tendenciosos” y realizan actividades que podrían ser reemplazadas por el sector privado.

“Aunque a Milei no le guste, los medios públicos forman parte de las democracias del mundo entero”, aseveró el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja.

A través de un comunicado, el cordobés recordó que “el sistema de medios públicos viene desempeñándose de diversas maneras durante los cuarenta años de democracia, aún cuando fue degradado durante la gestión Sofovich en ATC a un mero desempeño comercial, y aún cuando el macrismo serruchó sus capacidades y echó a trabajadores que luego la Justicia ordenó reincorporar”.

“Si a Milei no le gusta cómo funcionan los medios públicos, que mejore su desempeño haciendo cumplir el mandato por ley de garantizar contenidos educativos, información plural y actividades culturales diversas para nuestra población, especialmente cuando esto no sea un negocio empresarial”, recomendó.

Carro remarcó que “a nadie escapa la función social de las radios nacionales y la televisión pública en todo el país. Además de promover la diversidad temática, de géneros y federal, son los únicos medios que cumplen el mandato de transmitir festivales musicales masivos y dan aire a nuevos artistas, garantizan eventos deportivos para todos y emiten los propios debates electorales”.

El legislador oficialista mencionó que en su discurso del domingo pasado, el líder de La Libertad Avanza dijo que “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. “Entonces, sus proyectos deberán pasar por el Congreso”, advirtió y le recordó que “en las elecciones generales los candidatos de La Libertad Avanza lograron el 29,9% de los votos”, porcentaje bajo el que se definió la representación de su fuerza en el Parlamento.

“Respetar la democracia es que el presidente reconozca a ambas cámaras del Congreso, su funcionamiento y las diversas leyes que disponen la existencia de los medios públicos, como La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley Federal de Educación, tratados internacionales y otras normas votadas por peronistas, radicales, socialistas, algunos liberales y diversos partidos provinciales”, enfatizó.

También, el diputado apuntó que “en todo el mundo existen medios públicos, especialmente en las democracias liberales que su espacio político pregona que tienen prosperidad y progreso de capital humano”. “Las argentinas y los argentinos haremos respetar las formas de representación que velan por el cumplimiento de las leyes, la institucionalidad y los valores democráticos. Por ello, queremos mejores medios públicos, más producciones nacionales y federales en las pantallas y las radios públicas, con los mejores profesionales y técnicos a cargo de esas tareas”, defendió.

Y finalizó: “Sin dudas, los tiempos venideros implicarán coordinar acciones de fortalecimiento de la cultura y la comunicación a través de ámbitos como el Frente Federal Cultural, la Multisectorial por la Ficción Audiovisual Nacional y la Coalición por una Comunicación Democrática”.

Diputados del Frente de Todos recibieron este martes a un importante colectivo de la cultura y la comunicación nucleado para sostener y mejorar políticas públicas culturales y de comunicación federales, integrado por organizaciones, sindicatos, gestores culturales, artistas y trabajadores.

En el tercer piso de la Cámara de Diputados de la Nación, reconocidos referentes de la cultura compartieron con los legisladores las principales propuestas de política y actualización legislativa. Entre ellas, la necesidad de que tributen las plataformas de streaming extranjeras y se equilibren sus responsabilidades respecto de otros medios de comunicación, la ampliación de fuentes de financiamiento de la cultura, el audiovisual y el cine; el fortalecimiento de las bibliotecas populares, los institutos, la danza y las actividades de cultura popular, así como los sistemas de comunicación digital públicos y comunitarios.

El encuentro contó con la presencia de referentes de la Multisectorial Audiovisual, de los sindicatos SICA-APMA, SATSAID, SUTEP y Actores; de las sociedades de gestión de derechos SAGAI, DAC, DOAT y Argentores, del Espacio Audiovisual Nacional; de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, y de la Coalición por una Comunicación Democrática. Asimismo, asistieron directivos del Fondo Nacional de las Artes, de los Institutos de la Música, del Teatro y del Cine y Artes Audiovisuales, y funcionarios provinciales del sector cultural, entre otros.

Todos fueron recibidos por una comitiva de ocho diputados del oficialismo, que se reivindica como el único espacio político con posibilidades de ganar las próximas elecciones, que “no piensa ajustar la comunicación y la cultura”.

Se compartió la invitación del Frente Cultural Federal a una Jornada Federal a realizarse el martes 10 de octubre a las 16 en el Camping SATSAID de Moreno (Provincia de Buenos Aires) y en todas las plazas de las provincias, para profundizar la construcción de futuro con más políticas públicas para la cultura y la comunicación.

Afectado por unos problemas de salud que lo aquejan desde hace un tiempo, el diputado nacional Pablo Carro (FdT-Córdoba) anunció este lunes que será operado a lo largo de esta jornada, sin dar mayores datos sobre el tema.

El mismo lo contó en su cuenta de X: “Quiero contarles que estoy atravesando un momento delicado de salud. Eso me imposibilitó participar de la campaña como hubiera querido”, anunció, agregando que este lunes lo esperaba una “cirugía programada pero a la vez compleja. Soy optimista; estoy en las mejores manos”.

Y tras agradecer por “los buenos deseos”, cerró con un “nos vemos pronto”.

Consultados por parlamentario.com allegados al legislador cordobés ratificaron que se trata de “algo programado” y que en un par de semanas volverá a estar activo. Se programó todo, dijeron, con los recesos de la Cámara y su anuncio público tiene que ver con su ausencia en este tramo de la campaña electoral.

Cabe recordar que Carro estuvo ausente en la reunión del 14 de junio pasado de la Comisión de Comunicaciones e Informática que él preside. En esa oportunidad se emitió el dictamen que le faltaba al proyecto de ley sobre Violencia Digital, que ya tiene media sanción de la Cámara baja. Esa vez presidió la reunión la vicepresidenta de la comisión, la radical Karina Banfi, quien aclaró que lo hacía por encontrarse Carro de licencia médica.

Vaya desde aquí los mejores deseos de pronta recuperación del diputado Pablo Carro.

El diputado nacional Pablo Carro (FdT-Córdoba) se refirió al Presupuesto 2023 que comenzó a debatirse en el Congreso y anticipó que “habrá algunos ajustes porque hay que llegar al monto acordado para pagarle al Fondo Monetario Internacional”.

Consultado al respecto por Radio AM 530, el legislador oficialista pidió que “los ajustes no sean áreas sensibles como Educación o en Ciencia y Tecnología”.

“La semana pasada el ministro Sergio Massa se reunió con funcionarios, esta semana lo hará con los ministros de Trabajo y Ciencia revisando y trabajando en el Presupuesto para cumplir con las metas de pago al fondo”, detalló Carro, quien remarcó la importancia de financiar políticas en materias científicas y de desarrollo tecnológico en el país.

Para Pablo Carro, “el gran desafío económico en 2023 será poder cumplir con la meta inflacionaria del 60 por ciento y la generación de empleo”. A continuación, afirmó que “la democracia argentina no está resolviendo los problemas de las grandes mayorías populares”.

Respecto de la continuidad de las elecciones PASO, el diputado cordobés planteó tener una opinión dual acerca del tema. En primera instancia, Carro consideró que “son importantes por la virtud de colaborar con la emergencia de nuevos candidatos que se hacen conocer”, pero también mencionó que “en un momento de crisis económica brutal, las PASO cuestan mucha plata”.

En el final, sostuvo que “oficialmente ningún legislador ha presentado iniciativas ni lo han discutido dentro del bloque”, y concluyó: “Estos cambios estructurales deben hacerse con tiempo, para que nadie se sorprenda”.

Con el espíritu de la Ley de Medios imperante, se desarrolló en el Anexo de la Cámara baja una concurrida jornada denominada “Comunicación democrática en la era digital, desafíos y propuestas legislativas”.

El encuentro fue organizado por los diputados del Frente de Todos Florencia Lampreabe (Buenos Aires) y Pablo Carro (Córdoba). Este último en el inicio de la jornada resaltó la importancia de dar un debate dirigido a “un horizonte de democratización de las comunicaciones, debemos garantizar el pluralismo y la diversidad informativa”.

“Si no lo logramos es muy difícil que tengamos una democracia de calidad”, expresó el diputado Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática.

En el marco del encuentro se presentó una decena de proyectos relacionados a fomentar el “pluralismo y la diversidad de voces”, según resaltaron durante la jornada.

“Es imperioso revitalizar el debate por el derecho a una comunicación que contemple los desafíos de la época”, sostuvo la diputada Lampreabe.

Además de numerosos diputados del oficialismo, asistieron también la directora del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout; la directora de Radio y Televisión Argentina RTA, Cynthia Ottaviano; en representación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Paolo Petracca; el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.

Diputados del Frente de Todos, encabezados por Florencia Lampreabe y Pablo Carro, realizarán este martes a las 16, en el Anexo de la Cámara baja, una jornada sobre “Comunicación Democrática en la Era Digital. Desafíos y Propuestas Legislativas”. 

Según informaron los organizadores, no se trata de debatir sobre proyectos para regular los “discursos de odio”, un tema que estuvo en boca del oficialismo desde el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino del efectivo cumplimiento de la Ley de Medios. 

En declaraciones a AM750, Lampreabe explicó la jornada como un “puntapié para una serie de proyectos que se están trabajando para revitalizar la discusión sobre la comunicación democrática”. “Retomar el debate sobre todo por el pleno funcionamiento de la Ley de Medios y actualizar el decreto 890”, agregó. 

Sin embargo, sobre los “discursos de odio”, la camporista sostuvo: “Por supuesto creemos que hay que limitarlos. Pero es una discusión que tiene que pasar por otro canal, que no tiene que ver con generar una regulación. Las leyes que estamos proponiendo tienen otras dinámicas”.

“La intención es revitalizar la discusión por una comunicación democrática y la cuestión de los entornos digitales. La salida no es una ley para limitar los discursos de odio. Ya hay suficiente legislación para trabajar sobre eso. Pero tiene que ver con las discusiones por la concentración y que haya una diversidad de voces”, comentó.

La Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, a cargo del oficialista Pablo Carro (Córdoba) cerró la jornada de reuniones de este martes en la cual emitió dictamen favorable al proyecto de ley que modifica la norma 23.789 de Telegrama y carta documento gratuitos, que ya venía con luz verde de la Comisión de Legislación del Trabajo. 

Además, pasó a la firma otros proyectos de declaración sobre la emisión de estampillas postales con imágenes de la Empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación a cumplirse el 3 de junio de 2022. También otro proyecto sobre la emisión de estampillas postales con imágenes del Viejo Expreso Patagónico La Trochita, con motivo de conmemorarse el centenario del inicio de su construcción.

Al inicio del encuentro, Carro informó que “hay tres proyectos de ley, dos de ellos tienen que ver con estampillas, pero resulta que esa es una atribución del Poder Ejecutivo y no del Congreso, entonces en la reunión de asesores se pusieron de acuerdo para convertirlos en un proyecto de declaración”.

“La atribución de emitir estampillas es del Poder Ejecutivo, la Cámara no puede sancionar una ley para esa medida, por lo tanto, vamos a solicitar que lo haga a través de un proyecto de declaración”, aclaró la diputada Sabrina Ajmechet (Pro).

Ley de Telegrama y carta documento gratuitos

Fue el diputado oficialista Carlos Ponce (San Luis) el primero en hablar. Agradeció el tratamiento de los proyectos de su autoría de los cuales “uno de ellos tiene que ver con la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del 2021”, y explicó que “ahí se reúne la sociedad de la información y donde se premia a los países que tienen innovación, proyectos con respecto a temas de la tecnología. San Luis ha sido premiada y son pocos los países que consiguen esta premiación y la provincia lo están conseguido todos los años. Eso es raíz de la política que tiene en relación a información, la conectividad e innovación”.

“Me siento orgulloso de ser de una provincia que lleva a cabo una política de Estado en todo lo que tiene que ver con la conectividad, comunicación y que pueda ser premiada a nivel internacional junto a países que tratan esos proyectos”, manifestó.

Sobre el proyecto que propone modificar la Ley 23.789 de Telegrama y carta documento gratuitos plantea agregarle al artículo 1 un nuevo inciso que establezca: “Por los derechos habientes y/o convivientes del trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador y/o a las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) que deba efectuar vinculada con el contrato o relación de trabajo”.

“Eso tiene que ver con la gratuidad de las cartas documento o telegramas que muchas veces los trabajadores tienen, pero cuando ocurre un hecho como por ejemplo el fallecimiento del trabajador, pierde ese derecho y los familiares directos necesitan terminar trámites que, algunos de ellos, pueden ser el reclamo de la indemnización o de cualquier otra índole, y tienen que correr con los gastos porque en la práctica, entendemos, hay empleadores muy responsables en la cual acompaña al trabajador en una situación de esas características ayudándolo, pero en muchos casos hay empleadores irresponsables y terminan ocultando lo que deben abonar”, explicó Ponce y agregó: “Hay telegramas que hay que remitir y los trabajadores tienen esas dificultades”.

Además, bregó por sacar dictamen al proyecto y recordó que “tuvo tratamiento el año pasado en al cual tuvo dictamen favorable de ambas comisiones, pero no pudimos tratarlo en el recinto en sesión”.

El pedido de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) sin ser miembro de la Comisión, agradeció el tratamiento de un proyecto de su autoría que propone expresar beneplácito por el lanzamiento del primer diario ignifugo del mundo “Noticias de la Comarca” de la provincia del Chubut, como modo de concientizar acerca de la problemática de incendios forestales en la Patagonia.

Se trató de una edición especial del tradicional diario local impreso, pero cuyo papel recibió un tratamiento anti flama que evitaba ser alcanzado por el fuego. El tratamiento fue similar al que se aplica en elementos textiles o de maderas para hogares, fabricas u oficinas mediante el cual se utilizó un líquido impregnante especial que cubre el material y evita ser afectado por un eventual incendio.

Respecto del mismo, sostuvo: “Cuando hicimos este proyecto nos llamó la atención el esfuerzo de un grupo de personas que desde la Comarca Andina señalaban el drama que estaban viviendo con los incendios. Hoy, más allá de las coyunturas políticas y económicas por las que atraviesa nuestro país, lo cierto es que hay muchos ciudadanos que tiene esta misma situación que vieron en 2021 los habitantes de la Patagonia Argentina es que los efectos de la desertificación, los efectos del cambio climático, la falta de la toma de conciencia no solamente de la dirigentica en todos los referentes, sino también de la propia comunidad respecto de lo que significa, trae y nos remonta y remontará cada año estas terribles escenas de incendios como las que tenemos en el Delta del Paraná que son terribles”.

“Es terrible no poder acceder a un pedazo del territorio que el fuego se lo está comiendo, ver la desesperación de la gente, pasar por esas rutas incendiadas y ver la desesperación de un ambiente contrario a la especie humana”, expresó la legisladora que integra el interbloque Federal y señaló que “los incendios mayoritariamente se provocan por la propia acción del hombre, ya sea por una ambición productiva, por descuidos en la falta de capacidad de darse cuenta. Lo cierto es que el enorme porcentaje de los incendios que se provocan en el mundo están vinculados con la acción del hombre y hay una parte pequeña que son producidos por la naturaleza, ya sea por rayos o la sequedad”.

En ese contexto y yendo al plano local, Camaño precisó que “los incendios del sur comenzaron por cuestiones naturales, pero hubo incendios que comenzaron por la acción del descuido del hombre o la acción exprofeso de los ambiciosos. Los incendios del Delta están aún sin resolver, pero sin dudas la carencia del río, la falta de la altitud necesario para poder proveer a los humedales y ríos internos, lo que nos pasa con el cambio climático tiene mucho que ver”.

En ese sentido, disparó: “Este Congreso tiene una deuda, por sobre todo Diputados más que el Senado porque en esa Cámara si tuvo dictamen la ley de humedales que nosotros la dejamos caer en 2013 y 2016”, y agregó: “Cuando la sociedad se expresa en redes exigiéndonos el tratamiento de la ley lo hace por estas cuestiones que pasan. Cuidar el ambiente no está reñido con la producción, eso lo tenemos que entender”, y cerró con una advertencia: “Si no haceos el esfuerzo vamos a tener problemas muy serios”.

A su turno, la vicepresidenta de la Comisión, la radical Karina Banfi, solicitó el tratamiento de cinco expedientes de su autoría que tiene giro. “Durante el año pasado y este año nos hemos enterado de irregularidades alarmantes de la RTA (empresa Radio y Televisión Argentina) que es presidida por Rosario Lufrano y desde el año pasado la estamos llamando y es imposible”, explicó Banfi.

En suma, coincidió con la diputada preopinante porque “la Cámara de Diputados tiene una deuda con todos nosotros que es la habilitación de Bicamerales por lo tanto los expedientes presentados tienen giro en segunda instancia a esa Comisión”, y reclamó la conformación de la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización -Ley 27078-.

El diputado nacional Pablo Carro (FdT) habló acerca de la puja entre el Gobierno y los agroexportadores y, en referencia a la marcha de las antorchas que se realizó para recordar a Eva Perón a 70 años de muerte, consideró que “el pueblo marchó porque siente molestia con los sectores concentrados de la Argentina que quieren todas las ganancias para ellos y especulan para seguir ganando más”.

En conversación por AM 750, el secretario general de la CTA Córdoba adelantó que “las movilizaciones de ayer fueron la largada para el 17 de agosto porque hubo mucha gente autoconvocada”. “La gente sale a manifestarse porque queremos equilibrar la cancha”, agregó.

El oficialista destacó que “la gente sale a poner el lomo como lo hizo en pandemia, en medio de la guerra y con (Mauricio) Macri”, y a su vez dijo que “la gente va a seguir laburando, porque laburo hay, aunque se paga mal, pero hay esperanza y futuro de que mejore”.

Al ser consultado por las diferencias del Gobierno y el campo, el legislador acusó que “la crisis la generan ellos (agroexportadores) cuando no quieren salir a liquidar los granos de soja”. “Es una puja distributiva para una mejor distribución de la riqueza”, observó.

Respecto a la implementación del “dólar soja”, Carro dudó sobre la aceptación de los productores: “No sé si están dispuestos a aceptar lo acordado; encima te describen una realidad como si no fuese que la generan ellos”. “No quieren perder la rentabilidad que lograron con Macri, en pandemia y con la diferencia excepcional que están haciendo con la guerra”, se quejó.

Para cerrar, el sindicalista remarcó que “la movilización de este martes y la del 17 de agosto es contra los evaluadores y especuladores”, e insistió que “hay poderes mediáticos, financieros, judiciales, que responden al agro que no quieren una distribución de la riqueza más equilibrada”.

Tras aprobarse Alivio Fiscal, comenzó el debate en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto sobre extensión de asignaciones a industrias culturales y bibliotecas populares por 50 años. Fue el diputado oficialista Pablo Carro quien respaldó la iniciativa de su autoría porque busca “reparar un daño que aún no se cometió y todavía estamos a tiempo de corregir”. Además, lanzó duras críticas a la oposición que presentó un dictamen de minoría al considerar que el plazo era excesivo.

En el uso de la palabra, el diputado cordobés lo chicaneó entre risas al presidente del Cuerpo, Sergio Massa, para que lo “ayude” a que su proyecto no vuelva a comisión como le pasó otras dos veces anteriores y procedió a explicar la iniciativa que busca “reparar un daño que aún no se cometió y todavía estamos a tiempo de corregir”.

“Esta situación a la que llegamos hoy es bastante conocida”, sostuvo y relató: “En el 2017 se hizo una reforma fiscal, dentro de esa reforma se estableció con un criterio fiscalista que aquellos impuestos que tienen una asignación específica tienen que tener una fecha de caducidad y esa fecha que se determinó es el 31 de diciembre de este año”.

En ese sentido, explicó que “estamos discutiendo cómo hacemos para financiar nuestra cultura, cómo promovemos, fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, la defensoría del público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura”.

A su vez, aclaró el motivo por el cual el proyecto propone prorrogar estas asignaciones por 50 años: “He escuchado a muchos decir que 50 años es mucho y es cierto, depende para qué, en que contexto estemos ubicando estos 50 años”, por el contrario, manifestó que “la pregunta que debiéramos hacernos no es cuántos años hay que financiar a la cultura, sino discutir si pensamos si en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento para la cultura. Es decir, este financiamiento ¿es permanente o transitorio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tiene que ser permanente”.

“Me arrepiento de haber hecho un proyecto que dice 50 años, me hubiera gustado poner más un 99 para que sea más parecido a un infinito porque eso es lo que queremos para nuestra cultura, que dure para toda la vida”, precisó Carro.

Respecto a los argumentos indicó que se busca “dar un mensaje de futuro, queremos bancar la cultura por siempre. No existe país en el mundo que no financie su cultura porque entienden que es algo imprescindible”.

“Cuando pienso en cultura, también hablo de comunicación, de educación porque es la cultura en el sentido más amplio posible en que podemos pensarla”, describió.

Acto seguido apuntó contra la oposición y criticó los argumentos que dan desde dicha bancada: “El primer argumento lo llamo ‘Finlandia’ porque sostienen que no puede ser que un país que tiene tanta desocupación y pobreza le destine fondos a la cultura”, y preguntó: “¿La cultura llega después de que dejamos de ser pobres? ¿Los pobres no tienen derecho a la cultura, no les corresponden? Es un argumento sin sentido porque sabemos bien que cualquier país que quiera crecer tiene que invertir en educación, en ciencia y tecnología y en cultura eso es tan sencillo”.

“Otro argumento es una mezcla de carácter federal y carácter tributario porque sostienen que ‘tiene que tener efectivamente una fecha de caducidad’. ¿Será porque el proyecto tuvo giro a Presupuesto y ahí miran las cosas de esa manera? Porque no puedo entender que para estas leyes que se proponen financiar la cultura nos vayamos a una discusión técnica muy fina en sentido tributarista para buscarle un fin a la asignación”, cuestionó el diputado oficialista y siguió: “Cualquiera que participe de estos institutos saben que tienen consejos federase con representantes de todas las provincias y cada vez que discuten las políticas todas las provincias valen igual”.

En último lugar, criticó: “Lanzaron un argumento burocrático porque resulta que no está mal poner para la cultura, el problema es que se lo queda la burocracia y no le llega quien debe. También es un argumento absurdo porque si pensamos a la cultura como industria, cada peso que se invierte es dinero que se multiplica, pensemos en los puestos de trabajos que son alrededor de 700.000. No pasa por ahí el problema de la burocracia, el problema es el discurso conservador que nos está tapando, neoliberalm, antisistema que cree que solo lo que el mercado acepte es rentable”.

“Fue Sarmiento el que creó las bibliotecas populares. Defendemos una cultura pública, abierta, popular, democrática, federal, educativa, ambiental, la cultura es el terreno donde se despliegan nuestros sueños, abre horizontes, en la cultura están las herramientas que necesitamos transforma la realidad compleja y difícil del país y el mundo entero”, señaló Carro y cerró: “Es un derecho constitucional para todos los habitantes del país. Tiene rango internacional, está en los Pactos. Con la guita de la cultura no le vamos a pagar al FMI”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría a un proyecto de ley que tiene como objetivo el financiamiento de las industrias culturales, a través de la prórroga de ciertos impuestos con asignación específica.

La iniciativa, impulsada por el oficialista cordobés Pablo Carro, había tenido dictamen el año pasado pero no había llegado a tratarse en el recinto.

El proyecto establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

El autor de la iniciativa recordó que desde Juntos por el Cambio, con el diputado Luciano Laspina a la cabeza, se había presentado un dictamen de rechazo en noviembre pasado. Sin embargo, consideró que “hay una amplísima mayoría en esta Cámara que entiende que la cultura no es algo que nos viene como un derecho cuando tengamos la guita suficiente para poder acceder a ella; la cultura atraviesa a todo nuestro pueblo”.

El diputado detalló que en cine, radio y televisión hay “más de 700 mil puestos de trabajo” directos e indirectos, lo que representa “el 3,1% del empleo en Argentina” y “el 3,6% del PBI”, por lo que defendió que “estas asignaciones específicas son multiplicadoras del trabajo, no solo de la cultura en general”.

Para Carro, si no se prorrogan estas asignaciones, “solamente van a ser viables aquellas producciones que tengan sentido en el mercado”. “Si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura lo que perdemos es pluralidad y diversidad, lo que perdemos es democracia, y lo que nos van a quedar son discursos únicos”, alertó.

“Una cultura potente es una cultura que va a estar en mejores condiciones de mejorar el autoestima que necesita nuestro pueblo para salir adelante”, sostuvo y agregó que “negarnos al financiamiento de nuestra cultura de alguna manera es hacerle el juego a las grandes plataformas transnacionales”.

En apoyo al financiamiento específico de las bibliotecas populares, la diputada de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning señaló que éstas “cumplen una función sumamente importante”. “Hay bibliotecas de norte a sur, de este a oeste, y en los lugares más vulnerables, a las que van niños, adolescentes y adultos, y encuentran un lugar donde pueden hablar, compartir sus inquietudes, realizar diferentes actividades culturales, donde hay talleres de educación artística, de cultura, de lectura. Es un lugar donde se propaga la cultura argentina”, graficó, por eso subrayó: “Las queremos defender porque sabemos que si estas instituciones no tienen la ayuda del Estado es muy probable que terminen desapareciendo y su función también”.

Desde la Frente de Izquierda, la porteña Myriam Bregman enfatizó que este “es el reclamo de los propios trabajadores y trabajadoras de la cultura”. “Apoyamos la lucha que estos trabajadores tienen y, por eso, nos parece importante que se apruebe evitar el desfinanciamiento para la producción nacional del cine, del teatro, de la música, de los medios comunitarios y las bibliotecas populares”, expresó y consideró que “es urgente”.

Por el interbloque Federal, el cordobés Ignacio García Aresca manifestó su apoyo al proyecto y mencionó que en su provincia se “ha realizado un trabajo importantísimo en lo que significa la producción audiovisual” a partir de una ley impulsada por el gobernador Juan Schiaretti sobre beneficios impositivos al sector. “Es fundamental el acompañamiento del Estado nacional, provincial y también municipal”, dijo.

Al anunciar un dictamen de minoría, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, apuntó que los impuestos con asignación específica “suelen ser una calamidad”, aunque “esto no quiere decir que la cultura deba ser desplazada de las discusiones”. Para el macrista, estos tributos deben ser discutidos en cada Presupuesto “y no una vez cada 75 años; no tiene ninguna lógica presupuestaria”.

Además de plantear que estos impuestos “no son lo más eficiente”, el santafesino opinó que debería debatirse “cómo se van a distribuir”. Y reveló que desde el interbloque presentarían un dictamen de minoría que establezca un plazo de dos años de prórroga, al tiempo de estipular “requisitos, condiciones o topes legales a la asignación de los recursos” de manera que “el gasto en personal no supere el 10%”, como sucede en el INCAA, donde es del 27%.

Los fondos “deben ir a la cultura no a la burocracia”, apuntó Laspina, que confesó haberse reunido con trabajadores de la cultura, quienes “estaban asustados que estos recursos desaparezcan” y “no era esa la idea, la idea no es que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar”.

A su turno, el macrista Gerardo Milman se manifestó en contra de “las presidencias vitalicias” o de “financiar de manera vitalicia a un trabajador o expresión cultural” porque “la dinámica de las sociedades se va renovando”. Filoso, mencionó que el actor Pablo Echarri cumple años el mismo día que él, el 21 de septiembre, pero a diferencia de él, que tiene mandato por cuatro años, comparó: “Yo tengo 55 años y si la Constitución Nacional diría que me tendría que financiar por 50 años, sería hasta los 105 años. Pablo Echarri tiene 52 años, si aprobamos este plazo, quizás debería financiarlo hasta los 102 años”.

También desde el Pro, el diputado Hernán Lombardi señaló que con el oficialismo “como siempre hay un problema de los fines y los medios”, ya que podía estar de acuerdo en lo primero, pero no en lo segundo. Coincidió con Laspina en que la asignación específica es “una mala práctica presupuestaria”, pero “aceptamos que son necesarios en esta coyuntura”, reconoció.

El exsecretario de Medios Públicos aseveró que se “requiere una mirada profunda para que (los fondos) lleguen a donde tienen que llegar” y, en ese sentido, rechazó que se financie con “600 millones de pesos por año” a la Defensoría del Público, hoy a cargo de Miriam Lewin, que definió como “un lugar de persecución y odio”.

En una jornada maratónica en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo este miércoles en el Anexo “A” la reunión constitutiva de la Comisión de Comunicaciones e Informática que quedó presidida por el oficialista Pablo Carro, siendo elegidas en las vicepresidencias la radical Karina Banfi y Florencia Lampreabe (FdT).

Como secretarios parlamentarios fueron propuestos Florencia Klipauka Lewtak (Pro), Liliana Paponet (FdT) y Emiliano Yacobitti (Evolución radical). Aún restan por designar dos miembros de la comisión.

Como agenda de trabajo acordaron que las reuniones se realizarán todos los martes a las 17.

En el uso de la palabra, Banfi sostuvo: “Esta Comisión va a tener un trabajo importante y vamos a hacer que la dinámica sea estratégica porque cuando hablamos de desarrollo y productividad hablamos de revolución del conocimiento. Esta Comisión es clave en eso”.

“Tenemos capacidad de diálogo, hay todo un tema de plataformas y redes que son imprescindibles para tratar y tenemos que tener consenso para debatirlo. Son temas que para adelante necesitamos amplios consensos”, cerró Carro.

El diputado nacional Pablo Carro (Frente de Todos – Córdoba) presentó este martes un proyecto de ley de Aporte Solidario y Temporario para mitigar el Impacto del Endeudamiento con el FMI. Tal es la denominación de una iniciativa que tiene una decena de artículos prevé que sea abonado por las personas más ricas de la Argentina por el término de diez años.

En efecto, el legislador cordobés puntualizó al anunciar su proyecto que este aporte deberá ser pagado por 10 años las personas más ricas del país con el objetivo de aminorar la deuda con el FMI.

Esto es, sería pagado por aquellos argentinos que poseen las mayores fortunas, con patrimonios declarados superiores a 320 millones de pesos.

El dipusindical considera necesario este aporte por la necesidad de “garantizar que el peso del endeudamiento no recaiga -otra vez- sobre las y los trabajadores, sobre las y los jubilados”.

“Necesitamos que los sectores más pudientes de la Argentina sostengan un segmento de los esquemas de financiamiento público para recuperar el tejido productivo y de seguridad social en la Nación y en las provincias argentinas”, agregó Carro.

Sostiene el diputado del Frente de Todos que la solidaridad debe ser “la regla”. Y agrega: “Los que más tienen deben hacer un esfuerzo para paliar los efectos de una deuda que no tiene precedentes”.

Acompañan el proyecto los diputados María Rosa Martínez y Hugo Yasky.

El aporte alcanza a aquellos argentinos residentes en el exterior.

El producido de lo recaudado por el aporte establecido en esta ley se distribuirá de acuerdo con la Ley de Coparticipación Federal de impuestos.

Cabe recordar que Pablo Carro se abstuvo en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el viernes pasado.

LEY-DE-APORTE-SOLIDARIO-Pablo-Carro

Tras la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias, el diputado nacional Pablo Carro (FdT) destacó los pasajes del discurso en los que el mandatario afirmó que el acuerdo con el FMI no incluirá reforma previsional ni laboral.

“El peso de la deuda no puede caer sobre los jubilados y los trabajadores”, sostuvo el cordobés, que además anticipó: “En la medida en que no se alcance un consenso dentro del bloque, la postura que tomemos con el diputado Hugo Yasky se definirá también en torno a lo que decida el plenario nacional de la CTA”. Coincidiendo así con lo expresado por Yasky días atrás.

En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, Carro hizo hincapié en la necesidad de discutir de dónde saldrán los recursos para pagar la deuda. “Se trata de un compromiso que deberemos afrontar no solo con el crecimiento y la reactivación económica del país; creo que el peso de esa deuda no puede caer sobre los mismos de siempre, es decir, los trabajadores, sino que es necesario plantear otras vías”, señaló.

Y sugirió: “Estoy convencido de que los dueños de grandes fortunas en nuestro país deberían realizar un aporte específico que se mantenga durante los 10 años en los que estaremos pagando”. Al ser consultado por esto último, el oficialista indicó que es un planteo que va a profundizar en los próximos días.

Por otra parte, el legislador remarcó la importancia de algunas de las iniciativas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, como por ejemplo el “Plan Argentino de Financiamiento de Ciencia y Técnica 2030” y la ley del sistema nacional de cuidados con perspectiva de género, que va a permitir la creación de más de 200.000 puestos de trabajo para quienes realizan tareas de cuidado. También sostuvo que será “un gran avance en materia ambiental” la modificación de la Ley de Bosques Nativos.

Los diputados nacionales del Frente de Todos Pablo Carro y Carolina Moisés se reunieron con el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, quien respaldó el proyecto de ley presentado por ambos legisladores para otorgarle continuidad a los fondos de asignación específica para las industrias e instituciones culturales, luego de que con el rechazo al Presupuesto 2022 esa medida quedara en suspenso.

“En las últimas sesiones hubo una sobreactuación generalizada por parte de la oposición en relación a cualquier iniciativa oficial, pero desde nuestro bloque vamos a empujar para tratar este tema cuanto antes”, aseguró Carro.

En la misma línea, Moisés señaló que “en el último mes hemos asistido a un obstruccionismo casi sin precedentes por parte de la oposición en la Cámara de Diputados, al extremo de haber frenado iniciativas a las que ellos mismos habían prestado conformidad en los dictámenes técnicos”.

“Le aseguramos al ministro que cuando se reinicien las sesiones en marzo, el tema seguirá siendo prioritario para nuestro bloque y lo reimpulsaremos desde las comisiones de Comunicaciones y de Cultura, que Carro y yo integramos respectivamente”, añadió la legisladora jujeña.

Los diputados recordaron que en la reforma tributaria de 2017, durante el gobierno de Cambiemos, se estableció -mediante la Ley 27.432- un límite temporal a las asignaciones específicas que tienen algunos impuestos, fijándola para el 31 de diciembre de 2022.

El proyecto de los diputados Carro, Moisés y otros tuvo la intención de prorrogar ese plazo, llevándolo hasta el 2072. La iniciativa recibió dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -con la firma del oficialismo-, al tiempo que su contenido fue incluido en el Presupuesto 2022, pero el mismo fue rechazado. En el Presupuesto 2022 se estimaba el plazo por 10 años, es decir, hasta 2032.

Entre esas asignaciones específicas se cuenta un gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos, previsto en la Ley 20.630 con destino a bibliotecas populares.

También un impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados, previstos en la Ley 17.741, cuyo destino es el INCAA; y un impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley 26.522, con destino a los servicios de comunicación audiovisual.

La reunión tuvo lugar en el salón “Néstor Kirchner” del Palacio del Congreso, a donde Bauer llegó en compañía del presidente y el vicepresidente del INCAA, Luis Puenzo y Nicolás Battle, respectivamente, y del jefe de gabinete del Ministerio de Cultura, Esteban Falcón.

El primero de los apartamientos de reglamento presentados por el oficialismo correspondió al diputado kirchnerista Pablo Carro, quien propuso debatir el proyecto de ley que busca la prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales.

El legislador cordobés recordó que el proyecto tuvo dictamen unánime en comisión, llegó al recinto, donde recibió modificaciones y volvió a comisión, donde fue consensuado con un proyecto suyo, otro de Graciela Camaño y un tercero de Fernanda Vallejos. El proyecto obtuvo dictamen favorable, pero no llegó a ser tratado.

Tampoco resultó este martes, pues a la hora de votar tuvo 127 votos a favor, 77 en contra y una abstención, o sea que estuvo lejos de llegar a los ¾ de los votos de los presentes para imponer su debate.

Al proponer su tratamiento, Carro recordó que la iniciativa había sido motivada originalmente en tiempos en que estallaron los Panamá Papers, donde recordó que “había muchísimos funcionarios del Gobierno de Macri con cuentas en paraísos fiscales: Luis Caputo, Aranguren, Nicolás Caputo, el mismo Nicolás Dujovne”. Luego aparecieron los Pandora Papers “y allí nos damos cuenta de que hay 2.521 beneficiarios finales argentinos que tienen plata en guaridas fiscales; 1.448 compañías”.

Carro detalló que el primer lugar en ese sentido lo ocupa el Reino Unido; segundo está Rusia y la Argentina está en tercer lugar.

El legislador cordobés la emprendió contra el endeudamiento del Gobierno anterior e hizo hincapié en la fuga de 86 mil millones de dólares registrada.

El legislador concluyó en tono de campaña cargando contra el expresidente al señalar que “tenemos que terminar con la fuga de capitales y con empresarios como Macri, que dice que en la Argentina nadie gana dinero pagando impuestos”.

Entidades representativas del cine apoyaron este jueves el proyecto presentado por un grupo de diputados para extender hasta 2072 la ley que regula los gravámenes que conforman el Fondo de Fomento Cinematográfico.

“Apoyamos el proyecto de ley de los Diputados de la Nación Pablo Carro, Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y Carolina Moisés para extender hasta el 31 de Diciembre de 2072 la vigencia de las asignaciones específicas previstas”, señalaron Argentores, DAC, Apima y PCI en un comunicado conjunto.

En los fundamentos, explicaron que “según opiniones de especialistas tributarios -y aunque durante años no se había aplicado una fecha de vencimiento a la asignación específica de los fondos establecidos por Ley- esto debe hacerse como buena práctica fiscal, en consonancia con las reformas constitucionales de 1994. Entendemos que atento a la dinámica de las industrias culturales y su actualización, resulta criterioso extender la asignación específica de los impuestos que nutren a los respectivos Fondos de Fomento, por cincuenta años más hasta el año 2072”.

“Así como en el debate del Régimen de Fomento de la Economía del Conocimiento que actualizamos desde el Congreso el año pasado, hemos ponderado el impacto fiscal y los beneficios positivos de estos estímulos, similar correlación encontraremos prorrogando la certidumbre sobre el giro automático a los Fondos Específicos de los
recursos dispuesto por Leyes de la Nación”, concluyeron.

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El diputado cordobés Pablo Carro (Frente de Todos) consideró este viernes que “la marca de la desocupación por debajo de los 10 puntos es una buena noticia para todos y todas”.

Tras el informe del Indec que indicó que la tasa de desocupación bajó el 3,5 por ciento en relación al mismo trimestre del año anterior (13,1%) y 0,6% menor a la del trimestre anterior (10,2%) siendo ahora de 9,6%, Carro reflexionó: “Si bien es un número que sigue siendo alto, hay que tomar en cuenta que las causas de su incremento”.

En ese sentido, marcó como los orígenes del desempleo “el desastre económico que nos dejó el Gobierno de (Mauricio) Macri, sumado a la pandemia”.

Al realizar un análisis de la situación económica, manifestó que los índices muestran una “recuperación lenta, pero sostenida”.

Y apuntó también a que el índice inflacionario “viene bajando mes a mes”.

Por eso, Carro vaticinó que “este año los salarios le van a ganar a la inflación”.

“Entiendo que estamos en el camino correcto y que los datos son alentadores”, concluyó.

En una reunión virtual de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados se dio dictamen de manera unánime este viernes a tres proyectos, entre los cuales se encuentra una iniciativa para establecer la gratuidad de los telegramas y cartas documentos de trabajadores. También se aprobaron un conjunto de proyectos de declaración y resolución consensuados.

En primer lugar, la diputada nacional Silvana Ginocchio (Frente de Todos-Catamarca) anunció su proyecto para declarar el 27 de agosto de cada año como Día Nacional de la Radiodifusión y el Desarrollo Sociocultural, Plural e Inclusivo. “La radio es un medio único de comunicación”, argumentó la legisladora catamarqueña, que añadió que también es una “excelente plataforma para el discurso democrático”.

El diputado Carlos Ponce (Frente de Todos-San Luis), por su lado, presentó la iniciativa de su autoría para modificar la Ley 23.789 y así establecer la gratuidad de los telegramas y cartas documentos de trabajadores. El proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, con lo cual quedó habilitado para ser tratado en el recinto.

“Cuando se pierde un trabajador muchas veces la familia queda con toda la situación engorrosa después para resolver, y algunos empleadores muchas veces no facilitan las cosas, sino todo lo contrario, ponen muchísimas trabas para que cobren la indemnización y lo que les corresponde“, sostuvo Ponce.

Actualmente el telegrama y las cartas documentos son gratis para los trabajadores en relación de dependencia, y para jubilados y jubiladas. Esta modificación a la Ley 23.345 busca que también lo sea para los derechohabientes de los trabajadores, en caso que deban comunicar, notificar e intimar a los empleadores del trabajador fallecido y/o a su ART, para distintos tipos de situaciones que versan sobre el contrato o relación laboral. Por ejemplo, el cobro de indemnizaciones, seguros, liquidaciones, etc.

El presidente de la comisión, el diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba), expuso su proyecto para instaurar el 5 de abril de cada año como el Día de las Radios Universitarias Argentinas en conmemoración de la inauguración de la primera radio pública y universitaria del país.

“Fue un 5 de abril cuando se fundó la radio de la Universidad Nacional de La Plata”, aseguró el legislador oficialista. “El papel que cumplen las radios universitarias es muy importante en todo el país”, consideró, y concluyó: “Me parecía que este reconocimiento este año que se cumplen los cien años de la radio era oportuno”.

En la reunión se firmó dictamen para las tres iniciativas de manera unánime a través de una única votación. Además, se aprobaron un conjunto de proyectos de declaración y resolución consensuados.

Pedidos de declaración a Rosario Lufrano

La diputada Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) comenzó la reunión con una solicitud de cambio de dos expedientes de pedidos de informe a la periodista Rosario Lufrano de la Comisión de Asuntos Constitucionales a la presente Comisión de Comunicaciones e Informática.

La radical describió a los expedientes como “dos pedidos de informes orales, de citaciones, a la titular de RTA, de TV Pública, a la señora Lufrano”. Agregó que los proyectos están como cabeceras en Asuntos Constitucionales. “La Constitución no habla del sistema de medios públicos”, aseguró, y consideró todo “un error administrativo“.

La diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) propuso que el asunto sea tratado en la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnolgías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, a lo que Waldo Wolf (Pro-Buenos Aires) le recriminó: “No creo que el único ámbito para que Lufrano de explicaciones sea la Comisión Bicameral”. Argumentó que el pedido “tiene que ver con la misión y el objeto de esta comisión”.

El presidente de la Nación Alberto Fernández recibió este jueves al mediodía en la Quinta Presidencial de Olivos al senador Carlos Caserio, a la diputada nacional Gabriela Estévez y a los diputados nacionales Eduardo Fernández y Pablo Carro, representantes por la provincia de Córdoba del Frente de Todos en el Congreso.

En la reunión, que duró algo más de una hora, los legisladores cordobeses manifestaron su alegría por ser recibidos por el presidente y ratificaron su respaldo al Gobierno Nacional, así como su compromiso en acompañar desde el Congreso todas las iniciativas del Poder Ejecutivo para poner a la Argentina de pie, especialmente aquellas destinadas a proteger a las familias, a los trabajadores y a las empresas en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Durante el encuentro, el presidente se interiorizó sobre la situación social y económica de la Provincia y convocó a los legisladores a consolidar el Frente de Todos en la Provincia de Córdoba, el segundo distrito más importante del país en población y, fundamentalmente, por su enorme aporte a la economía nacional, en particular, en sectores tales como la industria, el agro y el turismo.

Todos los participantes coincidieron en la necesidad de profundizar el proyecto “nacional, popular, democrático y feminista” para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, tanto a nivel provincial como nacional.

Legisladores oficialistas de la provincia de Córdoba manifestaron su apoyo a las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández en la noche del miércoles. Aseguraron que el presidente “decide poniendo en primer lugar la vida y la salud de los argentinos y las argentinas”. En el mismo sentido, pidieron que el gobierno provincial cordobés también evalúe tomar nuevas medidas “para disminuir los contagios, atendiendo al preocupante avance de la segunda ola en la capital y otras regiones de nuestra querida provincia”.

“Momentos difíciles como el que estamos atravesando, requieren de liderazgos con la entereza para tomar las decisiones que hay que tomar”, argumentaron los legisladores del Frente de Todos. El comunicado lleva la firma de el senador nacional Carlos Caserio y los diputados nacionales Gabriela Estévez, Eduardo Fernández y Pablo Carro.

Los legisladores cordobeses sostuvieron que “cuando lo que está en juego es la vida y la salud de la gente, no puede ni debe haber ningún tipo de especulación”. Paralelamente, denunciaron una “ampaña deliberada de un sector de la oposición que, con la asistencia de algunos medios de comunicación, promueve la desinformación y el caos”.

“La situación es crítica”, remarcaron, para agregar luego que “frente a este complejo escenario el Gobierno Nacional dispuso algunas medidas puntuales para el AMBA, con el objetivo de disminuir los contagios, evitar el colapso del sistema sanitario y salvar vidas”, consideraron el senador y los diputados.

En cuanto a la provincia de Córdoba, aseguraron que “durante el año pasado, los aportes del Gobierno nacional por habitante fueron mayores que los de la provincia de Buenos Aires y prácticamente los mismos que los de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “El Gobierno nacional está presente para Córdoba en las buenas y en las malas, cuidando y acompañando a todos los cordobeses y las cordobesas”, agregaron.

“Respecto a la situación sanitaria, en Córdoba estamos en el mismo lugar que el AMBA hace 2 semanas atrás”. “Lamentablemente, la segunda ola es un hecho también en nuestra querida provincia, donde ya tenemos pintados de rojo con un nivel de transmisión alto a 7 departamentos, incluyendo la capital”, expresaron los legisladores del Frente de Todos.

En el mismo sentido, pidieron que el Gobierno provincial “evalúe tomar nuevas medidas para disminuir los contagios, atendiendo al preocupante avance de la segunda ola en la capital y otras regiones de nuestra querida provincia”.

“Siempre será mejor prevenir que curar, sobre todo, cuando los riesgos para la vida y la salud de los cordobeses y las cordobesas son tan altos”, concluyeron.

En un contexto de incrementos de casos de coronavirus, y con la noticia del último fin de semana del contagio del presidente Alberto Fernández, se sumó este lunes un nuevo diputado a la lista de legisladores que ya han cursado la enfermedad.

Se trata del cordobés oficialista Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, quien dio a conocer la noticia a través de su Twitter.

“Me acaban de confirmar el resultado positivo de #COVID19. Me encuentro aislado en mi casa y por el momento presento síntomas leves. La pandemia no terminó”, escribió el diputado del Frente de Todos.

Me acaban de confirmar el resultado positivo de #COVID19. Me encuentro aislado en mi casa y por el momento presento síntomas leves. La pandemia no terminó #SigamosCuidandonos ♥️

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) April 5, 2021

Días atrás ya se habían contagiado con Covid-19 sus pares Vanesa Siley, Carolina Gaillard, Nicolás Rodríguez Saá y Mara Brawer, todos de la bancada oficialista, quienes no pudieron participar de forma presencial en la primera sesión del año en la Cámara baja.

También, de los últimos legisladores que contrajeron la enfermedad figuran el macrista Ezequiel Fernández Langan y el radical Ricardo Buryaile.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, Pablo Carro (Frente de Todos – Córdoba), celebró la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de intimar a las empresas prestadoras de servicios TIC que realizaron aumentos superiores a los autorizados. El organismo demandó a las empresas que toda facturación superior a la autorizada sea retrotraída y reintegradas las diferencias a los usuarios.

El diputado kirchnerista advirtió que “la pulseada con los poderes fácticos y los grandes grupos de medios para cuidar el bolsillo de los argentinos será permanente. A pesar de la clara disposición de Enacom de autorizar un aumento de solo el 5%, Cablevisión aumentó un 20% sus servicios”.

Mediante la Resolución 1466/20, se reglamentó el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, en la cual se autoriza, para el mes de enero de 2021, un ajuste del 5% para ser aplicado por los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que presten servicios de acceso a Internet; de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; de telefonía fija y de comunicaciones móviles, todos con sus distintas y respectivas modalidades. Para el caso de los licenciatarios que posean menos de 100 mil accesos y que no hubieran aumentado sus precios en cualquiera de sus planes y servicios durante el año 2020, el incremento autorizado fue de hasta un 8% para el mes de enero de 2021.

La citada resolución se encuentra plenamente vigente y operativa, por lo que ENACOM, como autoridad de aplicación, procedió a intimar a las empresas a que ajusten su facturación de manera inmediata, e inició los procedimientos administrativos correspondiente para aplicar las sanciones que corresponden.

Por otra parte, la entidad anticipó que hará uso de “sus facultades como ente regulador para resguardar el cumplimiento de las normas vigentes y articulará las herramientas correspondientes que la ley le otorga, como parte de un Estado presente que asume el compromiso de garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los usuarios y usuarias a los servicios de información y comunicación”.

Luego de retomar el cuarto intermedio pedido el miércoles, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación avanzaron en la firma de un texto consensuado con la unificación de distintas iniciativas que buscan establecer el acceso a internet como un derecho humano y servicio universal.

El diputado del Frente de Todos Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, explicó que, tras acordar con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) algunos puntos contemplados en la redacción del texto, “no se harán modificaciones a la Ley de Argentina Digital, sino que ese es un debate que se deberá hacer en conjunto y en otro momento”.

“Esta norma viene a garantizar el tráfico por dispositivos móviles de acceso y navegación en los sitios educativos”, remarcó el diputado oficialista, al tiempo que añadió: “Se trata de un derecho combinado: a la educación y a la comunicación”.

Por su parte, la diputada oficialista Blanca Osuna, titular de la Comisión de Educación, celebró el proyecto y lo definió como “un aporte a la calidad de la educación y al derecho igualitario del acceso a la misma”.

Desde el Frente de izquierda y de los trabajadores, la diputada Romina del Pla manifestó que presentará un dictamen propio.

Finalmente, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) aseveró: “Esta iniciativa garantiza el derecho a la conectividad y constituye una herramienta para acortar la brecha en nuestro país”.

Con el acompañamiento parcial de bloques provinciales y el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios que le introdujo el Senado el último viernes.

El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática, y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión virtual convocada para este miércoles a las 15.

El oficialismo destacó que la nueva redacción establece, entre otras cosas, una diferenciación en la reducción del impuesto a las Ganancias, que ya no será del 60% para todas las empresas, sino del 60% para las micro y pequeñas empresas, del 40% para las medianas y del 20% para las grandes.

Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, confesó que originalmente “no lo convencía” la ley “porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes, unificaba demasiado los beneficios, que tenían que tener un escalonamiento”.

“Los cambios que incorporó el Senado vienen en la dirección de lo que a mi me dejaba insatisfecho en el planteamiento original”, expresó, y celebró que ahora “los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan”.

Los cambios

Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.

Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Otro punto destacado de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.

Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.

El debate

Por el oficialismo, Claudia Bernazza destacó la “sensatez” de los cambios, en cuanto a la “federalización de los beneficios” y el apoyo a las pequeñas empresas, y a pesar de que pasaron más de tres meses desde la aprobación en Diputados, elogió “la celeridad con la que los senadores trataron el caso y perfeccionaron la letra de la ley con el mismo espíritu”.

Por el contrario, la radical Karina Banfi advirtió que mientras los legisladores “van y vienen” con esta ley, ahora en tratamiento por tercera vez, “el sector sigue desamparado”. “Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses”, recordó.

Al referirse a los cambios, advirtió que “para tener una autoridad de aplicación con la discrecionalidad que le dan, no tiene sentido hacer una ley”, y por otra parte señaló que “no tiene mayor sentido” que el bono de crédito fiscal sea intransferible. “No se está entendiendo cómo funciona y lo que necesita este sector”, cuestionó.

En tanto, criticó la “incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este gobierno”, y se preguntó “qué seguridad jurídica le estamos dando a los inversores” con la revisión de la ley.

Banfi advirtió que la redacción del Senado “no beneficia al mercado exportador” y “los que van a crecer van a tener menos beneficios”. “Queremos apostar a que haya muchos microemprendedores que puedan usar esta ley sin tener que acarrear todos los costos que eso significa, pero no paramos de ponerle palos en la rueda a todo el sector productivo”, remató.

Luis Pastori, también del radicalismo, habló de una “grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley, introduciendo una serie de modificaciones con las cuales, en su mayoría, no estamos de acuerdo”.

Al igual que Banfi, opinó que “no hay justificativo” para que el bono de crédito fiscal sea intransferible, algo que “le daba mayor poder de movilidad al bono”. También dijo que ahora se podrá convertir en ese bono “hasta el 70%” de las contribuciones patronales pagadas, lo que tiene “olor a discrecionalidad en el manejo por parte de la autoridad de aplicación” en la reglamentación.

Pastori criticó, a su vez, que las empresas no puedan cancelar el pago de Ganancias con el bono, lo cual “le quita un gran atractivo” a la ley.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró “este tercer round donde el Senado paró la pelota y logró corregir una inequidad muy grande en el anterior proyecto”, relacionada a la rebaja del 60% de Ganancias para todas las empresas por igual.

“Los que más ganan tienen que pagar más impuestos; a los que están en el medio hay que ayudarlos para que crezcan; y a los que recién arrancan hay que potenciarlos. Eso se llama escalonamiento”, sostuvo el mendocino, y agregó: “No se puede garantizar a todos el mismo beneficio, porque sino va a seguir ocurriendo que cada vez son menos los que se apoderan de determinadas actividades económicas”.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) consideró que “por una cuestión de soberanía del conocimiento y de entender por dónde va la economía capitalista, nos guste o nos guste, Argentina tiene que convencerse de que a las empresas chicas hay que hacerlas grandes, y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales”.

El santafesino opinó que algunos cambios son positivos y otros negativos, y anunció que el Interbloque Federal, al cual pertenece, decidirá su postura final en las próximas horas.

Por su parte, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó que el Senado “pulió” el proyecto “haciendo un equilibrio en la inversión que va a hacer el Estado nacional para promover un sector de la actividad económica” con beneficios impositivos.

Casaretto aclaró que el régimen tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de este año, por lo cual “la demora de un mes más o un mes menos” en la sanción de la ley no influirá en “las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento”, mientras que “para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley”.

“No venimos al Congreso como lobbystas de un sector o de una empresa. Venimos a disponer de los recursos de todos los argentinos”, enfatizó el entrerriano.

Los diputados analizarán este martes el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 27.506, denominada Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, que vuelve con modificaciones del Senado.

El debate será a partir de las 15 en las comisiones de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro, y de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el también kirchnerista Carlos Heller.

El proyecto fue aprobado el viernes pasado ya pasada la medianoche, con modificaciones importantes aplicadas al texto proveniente de Diputados. Durante el debate, Juntos por el Cambio pidió avanzar sin cambios para no retrasar más la sanción de la norma, aunque a la hora de votar se retiró.

La idea es emitir dictamen este martes, para llevarlo al recinto al día siguiente. En eso están todos de acuerdo. La pregunta del millón es si Diputados, y fundamentalmente el oficialismo, aceptarán las modificaciones o rechazarán lo dispuesto en el Senado. La postura que vaya a adoptarse en el recinto se vislumbrará este martes.

La iniciativa establece un régimen de promoción desde el 1ro. de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, que incluye beneficios fiscales e impositivos para pequeñas, medianas y grandes empresas donde el 70% de la facturación esté vinculada a las actividades promovidas.

Según se explicó durante el debate del viernes, los cambios tienen que ver con “ampliar el universo de beneficiarios, prestando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas; y brindar un carácter más federal a los beneficios otorgados, haciendo hincapié en las zonas favorables y en las provincias con menor desarrollo relativo”.

Las empresas que ingresen al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales abonadas. En el nuevo texto se aclaró que el bono será intransferible, “para evitar maniobras poco claras de esta operatoria”.

El tiempo máximo para utilizar este bono fiscal es de 24 meses, prorrogables por otros 12, y servirá para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, pero “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

El bono será del 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres y personas trans; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

En cuanto a la reducción del impuesto a las Ganancias, “se incorporaron escalas a fin de segmentar la percepción de este incentivo”: será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes.

Otro de los cambios fue eliminar el consejo consultivo que establecía el proyecto y en cambio, establecer un “esquema más estricto de controles” a través de universidades y organismos nacionales respecto del cumplimiento del régimen.

El costo fiscal de la ley será de 9.500 millones de pesos este año.

El diputado nacional Pablo Carro se refirió este lunes a los incendios que azotan la provincia de Córdoba, donde afirmó se produjo “un cóctel explosivo”, al tiempo que señaló que “siempre está la mano humana detrás de los incendios”.

“Desde el año ’55 no teníamos un año tan seco en Córdoba, estamos esperando las lluvias de manera imperiosa. Se han perdido 200 hectáreas”, indicó el legislador, pero además de las condiciones climáticas habló de una “acción intencional” que contempla “la especulación inmobiliaria, por un lado, y la frontera sojera, por el otro, lo que hacen un combo explosivo”.

Sobre la iniciativa presentada por el titular del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, con acompañamiento de otros bloques de la oposición, Carro explicó que “el objetivo central es que las tierras no puedan cambiar de denominación” por “30 o 50 años según los casos”.

El oficialista aseguró que el gobierno de Juan Schiaretti se encontró “desbordado” por la situación “excepcional”, y analizó que “si no hay un tratamiento de detección temprana del fuego, las condiciones climáticas hacen que sea imposible contenerlo”.

“Hace falta más protección, para eso hace falta más personal, más bomberos, más puestos de control en los valles, donde la zona es más compleja, y eso no lo hay en la medida que es necesaria. Una vez desatados los incendios, no hay con qué darle”, agregó el cordobés en diálogo con Radio 10.

Y completó que “hay dos cosas que tienen que cambiar: en el corto plazo que llueva; y en el mediano plazo, una política ambiental mucho más activa, mucho más protectora del ambiente”.

Por Carolina Ramos

En medio de un clima de confusión por un cambio de último momento propuesto por el oficialismo, volvió a comisión el proyecto de ley que prohíbe que el Estado brinde ayuda económica o financiera a empresas radicadas en guaridas fiscales o con evasión fiscal probada por la AFIP.

Juntos por el Cambio estaba dispuesto a acompañar al oficialismo en la votación, pero una modificación propuesta de madrugada por Fernanda Vallejos en el artículo segundo -relativo a los sujetos alcanzados por la ley- sorprendió a los diputados conducidos por Mario Negri.

En ese artículo, el Frente de Todos buscaba incorporar que además de las personas humanas o jurídicas residentes en Argentina con cuentas offshore, eran sujetos alcanzados aquellas personas “que estén vinculadas con otras que sean titulares” de bienes en guaridas fiscales.

El radical Luis Pastori, que había trabajado en comisiones para lograr una redacción consensuada, advirtió que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le informó sobre el cambio con un tiempo escaso para poder analizarlo.

“Estamos ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, y esto requeriría un estudio más profundo, más pormenorizado”, planteó Pastori.

El presidente de la Cámara, Sergio Massa, puso a votación el proyecto en general y en particular, y el interbloque de Mario Negri, disconforme con el giro que tomó la discusión, anunció que se abstendría.

En el mismo sentido, surgieron críticas del Interbloque Federal. “No hemos sido de los privilegiados que han sido consultados. No hemos tenido ningún tipo de consideración a la hora del cambio que se generó”, se quejó Graciela Camaño (Consenso Federal).

Otro lavagnista, Jorge Sarghini, denunció: “Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento y absoluto consenso sea cambiado minutos antes de votar porque alguien del oficialismo lo pide y no den lugar ni siquiera al análisis”. “¿Nosotros qué somos, de palo?”, cuestionó.

El proyecto resultó aprobado, pero muchos diputados de la oposición que habían votado afirmativamente pidieron dar marcha atrás y abstenerse, y aunque Heller intentó salvar los entredichos, el tema entró en un callejón sin salida.

Finalmente, y con ánimo de retomar el consenso, Massa propuso devolver el proyecto a comisión, para lo cual se votó -con dos tercios- la reconsideración de la votación anterior, que resultó aprobada.

La iniciativa, propuesta por el cordobés Pablo Carro (Frente de Todos), busca impedir que se les otorgue asistencia a empresas radicadas en guaridas fiscales “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.

Si bien el texto original hablaba de “paraísos fiscales”, se cambió ese término por el de “guaridas fiscales”, entendidas como aquellas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

“Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la humanidad son los miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en distintos países y terminan escondidos en esos estados donde no hay ninguna tributación”, explicó Heller.

En tanto, Carro sostuvo que “en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal, es importante que cada peso del Presupuesto vaya adonde se necesita: a salud, educación, seguridad social, protección de puestos de trabajo y reactivación económica”.

El cordobés informó que “el 40% de las ganancias de empresas trasnacionales van a parar a estas guaridas fiscales”, y por eso consideró que esta ley es “un mensaje muy importante al mundo”.

Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, advirtió que “los delitos financieros, la fuga de capitales y el fraude fiscal son el trasfondo de este proyecto y generan enormes daños a la sociedad, aun cuando lo hacen en forma silenciosa”.

“Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen el margen del desarrollo nacional y socavan el normal financiamiento estatal”, insistió la economista, y agregó que “los sectores más vulnerables son las principales víctimas” de este accionar.

Con acompañamiento de la oposición, obtuvo dictamen este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) para impedir que, en determinadas circunstancias, reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.

Tenemos dictámen!💪
Quienes no participan de la responsabilidad que implica formar parte de la comunidad nacional a la hora de pagar los impuestos que les corresponden,no podrán sacar provecho de los recursos públicos obtenidos con el esfuerzo de la comunidad de la que reniegan🇦🇷 https://t.co/Iqbe6tNyQJ

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 21, 2020

La iniciativa prohíbe que el Estado otorgue asistencia económica o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales -jurisdicciones de baja o nula tributación-, o bien sean evasores fiscales probados, en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor.

Juntos por el Cambio sugirió algunas modificaciones de redacción que fueron receptadas por el oficialismo, y de esta forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.

El diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) defendió este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda su proyecto para prohibir que reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.

Tras el debate sobre el aporte solidario de las grandes fortunas, Carro dejó planteada su iniciativa y Carlos Heller, titular de la comisión, dispuso que el próximo lunes se retomará la discusión, con el objetivo de firmar dictamen.

Desde Juntos por el Cambio, Luis Pastori anticipó que acompañarán el dictamen gracias a que el texto fue mejorado en su redacción.

Carro explicó que “se busca prohibir que el Estado otorgue asistencia económica y/o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales, o bien sean evasores fiscales probados” en “casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.

Como asistencia económica se considera “cualquier tipo de subsidio y/o moratoria, y/o condonación, y/o préstamo con tasas subsidiadas, y/o subsidio de tasa de interés en cualquiera de sus formas de implementación resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria”.

“El problema de la evasión tributaria es uno de los principales problemas de las democracias en el mundo. Por eso me resulta un sinsentido que el Estado esté brindando ayuda en este momento a empresas que se llevan la guita fuera del país”, advirtió el diputado oficialista.

Además, informó que según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) “hay 950 cuentas no declaradas en Argentina en paraísos fiscales, de más de un millón de dólares”.

Como consecuencia de la irrupción de la pandemia de Covid-19, el Estado nacional está debiendo salir a asistir a las empresas y a los particulares afectados por las consecuencias que del aislamiento en la economía. Las primeras recibieron ayudas tales como la ATP para completar salarios, en tanto que los otros tuvieron el IFE. Entre otras medidas de asistencia.

Para el diputado nacional del Frente de Todos Pablo Carro, debe haber una ley que “proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que habiendo cumplido con todos los tributos argentinos” para que puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de “aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”.

Por eso es que presentó un proyecto que comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este martes, que establece regular la ayuda financiera brindada por el Estado en los casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor.

Luego de aclarar puntualmente qué se entiende por “paraísos fiscales”, la iniciativa establece en su artículo 3° que la ayuda financiera realizada excepcionalmente por el Estado y sus diferentes organismos “deberá excluir a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

De tal manera se prohíbe al Estado nacional y cualquier otro organismo dependiente de “brindar ayuda financiera a las empresas que posean domicilio a los fines tributarios en los denominados ‘paraísos fiscales’ o aquellas en las cuales se ha comprobado fehacientemente una evasión fiscal por la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

El proyecto citado lleva también las firmas de los diputados del frente de Todos Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri.

2425-D-2020

Representantes del sector de las nuevas tecnologías debatieron sobre “Regulación, co-regulación y responsabilidades de plataformas para una internet libre y abierta”.

Durante el encuentro, la comisión que preside el diputado Pablo Carro (Frente de Todos)  recibió las exposiciones de referentes y especialistas del sector de tecnologías.

En primer lugar, el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), Gustavo Gómez, afirmó que se trata de un tema que “exige una posición consistente con los estándares internacionales de los derechos humanos, con el régimen republicano y el estado de derecho”, y en ese sentido, planteó la necesidad de “establecer pautas de regulación pública frente al poder de las empresas privadas”.

A su turno, Gaspar Pisanu, analista de Políticas Públicas de la organización Access Now indicó que “es necesario encontrar respuestas adecuadas a los complejos fenómenos sociales como el discurso de odio o la radicalización en línea”.

Desde la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Esteban Lescano señaló: “Buscamos un régimen general que proteja los derechos de los usuarios y asegure el desarrollo de empresas de internet, sus servicios y aplicaciones”.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, Pablo Carro, defendió el DNU sobre telecomunicaciones y sostuvo que “es una decisión muy acertada” por parte del Gobierno, que “no afectará las inversiones del sector”.

“Lo que se hizo con este decreto es declarar servicios esenciales a la telefonía, el cable e internet, lo que era ley desde 2014 con la Ley Argentina Digital, que daba facultad al Estado para regular precios y tarifas”, señaló el legislador del Frente de Todos.

En esa línea, el cordobés explicó que “este decreto no será problema para las inversiones, ya que estas grandes empresas seguirán invirtiendo porque ponen plata donde tienen sus ganancias, y el resto del sistema comunicativo es de cooperativas o PyMEs que llegan a lugares donde a estas grandes empresas no les interesa”.

“Esto era ley desde 2014 y, en 2015, un decreto de (el expresidente Mauricio) Macri modificó la Ley Argentina Digital. El decreto de ahora lo que hace es reponer dos artículos de la Ley Argentina Digital que fueron anulados por Macri por decreto”, señaló en diálogo con AM750.

El oficialista manifestó que “las empresas vienen debiendo inversiones por la economía que dejó Macri; este es un sector que ha ganado este año incluso”. “Nunca dejaron de trabajar e incluso les aumentó la demanda y vienen incumpliendo los pliegos licitados en 2014”, añadió.

Por último, ante la posibilidad de que las empresas recurran ante la Justicia para cuestionar el decreto, Carro consideró que “no tiene ni pie ni cabeza”.

El viernes pasado, el Gobierno declaró -a través del DNU 690/20- “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió “cualquier aumento de precios o modificación de los mismos” hasta el 31 de diciembre próximo.

El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, y el presidente de la ENACOM, Claudio Ambrosini, destacaron las medidas tomadas en esas áreas en el contexto de la pandemia del Covid-19.

En una reunión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática, presidida por Pablo Carro (Frente de Todos), Meritello ponderó el trabajo conjunto entre los medios de comunicación públicos y el Ministerio de Educación para la difusión de contenidos sobre la materia.

“Se ha formado un ‘scrum’ muy fuerte con el Ministerio de Educación, para llevar a los medios públicos a tener una gran gesta en cuanto a la difusión de contenidos”, enfatizó Meritello, quien apuntó que se alcanzaron 14 horas de contenido diario.

A su vez, Meritello agregó que “los medios privados han tenido una recepción extraordinaria y se han puesto a disposición de ese capítulo educativo”.

El funcionario también destacó el trabajo para que todas las plataformas del programa “Seguimos Educando” sean gratuitas, con “casi cinco millones de visitas” de usuarios registradas.

Asimismo, Malcom informó sobre el desarrollo de la aplicación “Covid-19”, la cual “permite completar un autodiagnóstico” para “identificar si el usuario tiene síntomas tempranos que puedan ser compatibles” con el coronavirus.

En este sentido, habló del objetivo de “empoderar” a la ciudadanía con información oficial sobre la pandemia y mencionó la creación del portal colaborativo “Entre Todos”, que contiene recomendaciones de plataformas y herramientas sobre distintas áreas para implementar en el marco de la emergencia.

Por su parte, Ambrosini sostuvo que la “preocupación fundamental” del ENACOM tuvo que ver con “cómo iba a responder el tráfico de Internet en una pandemia”.

En ese sentido, informó sobre un convenio firmado con ARSAT, las principales compañías de Internet y telefonía y todas las cooperativas del país para que “si una red se caía”, el Estado y los privados se ayudaran mutuamente.

En cuanto a la misión de bajar el tráfico de datos, destacó que Netflix bajó el 25% de su capacidad de transmisión, y se buscó bajar la calidad en Facebook y YouTube.

También se recomendó un “uso responsable de las redes” para no congestionarlas con el envío de videos o cadenas, y se trabajó en “la conectividad de los hospitales de campaña” montados en lugares como Campo de Mayo, Tecnópolis y la República de los Niños.

Ambrosini también señaló que “se logró el no corte del servicio de cable y telefonía para los que menos tienen”.

Por otra parte, Meritello valoró positivamente que “más de 70 diarios salieron con un mensaje unificado” en sus portadas el pasado 19 de marzo, con la consigna “Al virus lo frenamos entre todos”.

Además, el secretario informó que entre marzo y abril ya llevan gastados “600 millones de pesos” en publicidad oficial en medios, y finalmente expresó su “absoluta preocupación” por despidos en ese sector.

El secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, junto a la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; y el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, expondrán este miércoles ante un grupo de diputados.

Los funcionarios participarán de una videoconferencia, desde las 17, ante la Comisión de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro (Frente de Todos).

La agenda de reuniones en la Cámara baja continuará este jueves a las 16, con el encuentro virtual de la Comisión de Comercio, donde hablará la secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español.

En tanto, el viernes será el turno de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, que a partir de las 17 escuchará al secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner.