El candidato a presidente de UP reiteró que “los salarios altos aparezcan como exceptuados por una disposición de ellos mismos suena como un cachetazo a la sociedad”.
Luego del fallo del juez Pablo Cayssials respecto a declarar inconstitucional a la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, el ministro/candidato a presidente Sergio Massa -impulsor de la reforma- consideró este martes que la decisión del magistrado “es un muy mal mensaje a la sociedad”.
“Es un muy mal mensaje a la sociedad, en un momento en el que los argentinos entienden que el esfuerzo de los que más tienen y de los que más ganan tiene que ser por encima del esfuerzo de los que menos”, cargó Massa contra el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°9.
El magistrado rechazó la modificación a la Ley 27.346 respecto al artículo 1, punto 5 respecto dirigido a aquellas que desde el 1ero. de enero de 2017 ingresaron al Poder Judicial tributaban el impuesto.
En tal sentido, planteó: “Cuando le sacamos el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, cuando le estamos devolviendo el IVA a los jubilados, a los monotributistas, que los salarios altos aparezcan como exceptuados por una disposición de ellos mismos suena como un cachetazo a la sociedad”.
A partir de un reclamo del fiscal Agüero Iturbe, el juez Cayssials consideró que “el principio de igualdad no sólo exige la creación de categorías tributarias razonables, sino que también veda la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que son distintas”.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Cayssials, declaró la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, respecto a la norma que establece las cargas impositivas a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.
La demanda fue presentada por el fiscal general adjunto, José Luis Agüero Iturbe, a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad en la que explicó que “fue nombrado en el 2018 y manifestó que durante todo el proceso de designación como fiscal, en ningún momento se le hizo firmar documento alguno referido al impuesto a las ganancias”.
El magistrado rechazó la modificación a la Ley 27.346 respecto al artículo 1, punto 5 respecto dirigido a aquellas que desde el 1ero. de enero de 2017 ingresaron al Poder Judicial tributaban el impuesto.
Del mismo modo, planteó que la Acordada 20 /96 de la Corte Suprema de Justicia y la Resolución de la PGN 13/96 -de intangibilidad de las remuneraciones-, se encuentran vigentes y se aplican a todos los magistrados.
En tal sentido, Cayssials citó jurisprudencia de la Corte Suprema y explicó que el Máximo Tribunal tiene dicho que “el principio de igualdad no sólo exige la creación de categorías tributarias razonables, sino que también veda, en términos generales, la posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones que en la realidad son distintas“.
Así las cosas, Cayssials explicó: “En efecto, desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que en ciertas circunstancias, puede ser tan injusto imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación, como también gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios”.
“El Tribunal Cimero ha establecido que aquella garantía no constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración”, añadió el magistrado.
También, sostuvo que “lo que estatuye ese principio es la obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por un impuesto dentro de la categoría, grupo o clasificación que le corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas”.
Para Cayssials, “tal hostilidad se presenta a todas luces en el presente caso, en la medida que se advierte que por identidad de tareas y responsabilidades, se descuenta el impuesto a las ganancias a ciertos sujetos por una mera cuestión temporal, como lo es haber sido designado en un cargo con posterioridad al año 2017”.
Además, remarcó que “la norma citada permite distinguir -en los hechos- tres categorías de jueces y fiscales, integradas por aquéllos amparados por la Acordada N° 20/96, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, beneficiados con la intangibilidad de sus remuneraciones; jueces no sujetos al pago del tributo por el legislador (magistrados que ascendieron a magistrados de otra instancia) y jueces grabados por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, por haber sido designados luego del 1/1/17”.
Para finalizar, el juez Cayssials consideró que los jueces grabados por el impuesto a las ganancias de cuarta categoría designados posteriormente al 1ero. de enero del 2017 “ven reducidos sus ingresos por el sólo hecho de haber sido designados con posterioridad a la fecha mencionada, pese a que detentan el mismo cargo y poseen idénticas responsabilidades que los otros que forman parte de los restantes, y que no ven reducidos sus haberes por aplicación del impuesto a las ganancias”.
La vicepresidenta publicó una nota en sus cuentas en la que insiste en hablar de mafias y “medios hegemónicos”. En ese marco, vuelve a mencionar la renuncia de Alejandra Gils Carbó, que atribuye a los medios.
“De Hijos, Hijas y Mafias”, es el título elegido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para denunciar este sábado un intento de “meter presa” a su hija Florencia. Le atribuye eso al diario La Nación, al que emparenta con las mafias, y vuelve a emprenderla contra el diario Clarín.
Arranca citando este párrafo de la nota del periodista Claudio Jacquelin: “Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre”.
Señala Cristina Kirchner: “Lo que acabás de leer es un fragmento de la nota que bajo el título “Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista” (sic) publica hoy el diario La Nación, en la que hasta inclusive se pone en duda que haya dado positiva de Covid: ‘Se permiten sospechar de la veracidad de ese diagnóstico’ (sic) en fin…”.
Aclara la vicepresidenta que el fragmento reseñado de la nota se refiere a “las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadío, el juez sicario, y concluidas por Julián Ercolini, el juez mutante que devino en juez viajero. En esas causas, que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito”.
Para CFK, “si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla”.
En su artículo, la vicepresidenta puntualiza que “en estos días que corren en la República, ya nada ni nadie sorprende a la ciudadanía: nos acabamos de enterar de puño y letra (literalmente) a través de un chat del juez Pablo Cayssials, que la causa que dicho magistrado llevó adelante contra la procuradora fiscal Gils Carbó (ultima procuradora designada constitucionalmente) le fue solicitada por el director del diario (léase Julio César Saguier) conforme se desprende del propio texto del chat publicado en la web el pasado fin de semana”, y allí reproduce Cristina partes de los chats obtenidos de manera irregular.
En los mismos se le adjudica al juez Pablo Cayssials decir: “Decile a Paz de parte mía que lo de Gils Carbó vino a pedírmelo su jefe Julio y no lo que escribió su amiguito en el libro ‘a raíz’ iaaaa”.
Otro de los chats señala: “Son terribles con los ‘ruidos’ esta gente” y por último: “Tengo“un testigo privilegiado que viajó con nosotros iaaaa”.
“Para desprevenidos o desinformados: la persona que aparece en dicho chat llamada Paz corresponde a una periodista del mismo diario y ‘su amiguito en el libro ‘a raíz’ (en realidad es La Raíz de todos los males) se trata de otro colega que se nota que contaba con una versión diferente sobre el episodio mafioso y dramático que vivió la entonces procuradora”, señala CFK.
“Nobleza obliga a reconocer que en dicha oportunidad Julio César Saguier y La Nación no estuvieron solos en el acoso y derribo de Alejandra Gils Carbó”, advierte la vicepresidenta, para agregar luego: “Héctor Magnetto ordenó publicar en el diario Clarín el número de teléfono de una de sus dos hijas, a quienes también les habían armado una causa. Y ya que hablamos de mafias e hijos e hijas, viene al caso recordar que Gils Carbó fue la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín”.
Luego señala que “el fiscal de Cámara Gabriel de Vedia declaró que Pepín Rodríguez Simón (asesor presidencial de Mauricio Macri que permanece prófugo hace dos años en Uruguay) fue el encargado de hacerle saber personalmente que debía renunciar, si no quería ir presa ella y sus dos hijas. Finalmente, como es de público y notorio, la procuradora constitucional renunció”.
Sobre el final, la exmandataria reconoce que el fragmento de la nota en cuestión “no nos trae ninguna originalidad, sino la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante”. Y concluye: “Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 39 años de haber derrotado a la dictadura, no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”.
El senador cordobés presentó una apelación contra el fallo del juez Pablo Cayssials del sábado pasado.
Sigue la pelea en torno a las designaciones de representantes del Congreso en el seno del Consejo de la Magistratura. Y así es que este lunes a última hora el senador cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez presentó una apelación contra el fallo que el sábado pasado firmó el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials desestimando el reclamo del cordobés contra la designación del rionegrino kirchnerista Martín Doñate.
Juez pide así la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que “la sentencia nos genera un gravamen irreparable, toda vez que, en caso de quedar firme, se completaría el Consejo de la Magistratura con un tercer senador oficialista sobre el total de 4 que la ley prevé para integrar el órgano por parte del H. Senado de la Nación, ello en violación al derecho adquirido por la segunda minoría (Bloque Frente Pro), a integrar el Consejo en ese carácter”.
El planteo fue formulado por Juez y quien figura como consejero suplente, el senador del Pro Humberto Schiavoni.
El juez Pablo Cayssials falló en contra del amparo impulsado por el senador de JxC y el presidente del bloque Pro de la Cámara alta.
En un extenso fallo emitido este sábado, último día del mes de abril, el juez Pablo Cayssials rechazó el amparo presentado por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni destinado a impedir la asunción en el Consejo de la Magistratura del senador kirchnerista Martín Doñate.
El eje del argumento utilizado por el magistrado fue que proceder según el pedido de los legisladores de JxC significaría una intromisión de poderes.
En el amparo se reclamara proceder al nombramiento de Luis Alfredo Juez como consejero titular y Humberto Luis Schiavoni como consejero suplente, propuestos por la que entienden representa la segunda minoría.
Sin embargo, el juez Cayssials interpretó que hacer lugar al amparo “pondría en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal- el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos”. Por tal motivo concluyó que “los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades”.
Para el magistrado, “no puede más que concluirse que el rechazo de la demanda se impone por exceder el marco de conocimiento del Poder Judicial de la Nación”.
