El titular de YPF defendió el Régimen de Promoción del GNL

Ante un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se presentó Pablo González.

El presidente de YPF pidió que el proyecto de GNL sea “competitivo” y que tenga un marco regulatorio

Pablo González disertó ante un plenario de comisiones de Diputados en donde expuso sobre el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado y afirmo: “El desafío de nuestro país es monetizar las reservas de gas y ver la forma de abastecer el mercado interno”.

Un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presididas por los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller respectivamente, se reunieron este martes para recibir al presidente de YPF, Pablo González.

En el encuentro, llevado a cabo en el Anexo “C”, analizaron el proyecto para crear un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país. La iniciativa que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 29 de mayo, con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, busca declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

A través del mismo, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

Además, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El titular de la Comisión de Energía agradeció a todo al staff de YPF por “hacerse presente en un día muy importante con una clara muestra de lo que tiene el Gobierno nacional con la clara intención que tiene de impulsar este proyecto que es fundamental para el país y para cada región donde YPF tiene instalaciones y para la empresa insignia de energía del país”.

La exposición de González

Al inicio de su presentación, el santacruceño remarcó la importancia que tiene en un “escenario energético de transición, la importancia que tiene el país en cuanto a sus reservas de petróleo y gas”. Adelantó que en su disertación haría hincapié en el tema del gas y el proyecto que impulsó YPF en septiembre del año pasado sobre el gas licuado.

“El proyecto de Gas Natural Licuado es conocido en el mercado. Hace dos años que la empresa lo viene trabajando y por eso fue presentado el año pasado y, a partir de ahí, la Secretaría de la Nación empezó a trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía sobre un proyecto de Régimen de Promoción que es el que ingresó en esta Cámara”, precisó y sumó: “Es un proyecto que permite que no solamente el de YPF y Petronas sino también que otros proyectos que tienen una entidad o volumen diferente puedan ingresar”.

Además, analizó: “Teniendo en cuenta la demanda de energía que hay en el mundo, que hoy estemos acá tratando un tema que debe configurar una política de Estado es muy saludable para todos”.

Sobre el horizonte de reservas que tiene el país actualmente manifestó: “No solamente Vaca Muerta, sino el resto de las cuencas productivas. En Neuquén hay un horizonte de reservas de 16 billones de barriles de petróleo. Actualmente YPF hace dos meses ha vuelto a exportar petróleo crudo a través de OTASA Chile en una operación que no se realizaba desde el 2007. Hoy estamos arriba de unos 60 mil barriles con la posibilidad de llegar a 110.000 barriles”.

También informó que se ha licitado la ampliación del sistema de transporte petrolero y que YPF tiene un proyecto que se denomina “Vaca Muerta Sur” para poder embarcar crudo a través del Puerto Punta Colorada en la provincia de Rio Negro.

“Hay 6,6 billones de barriles de cuenca austral, Palermo Aike es un horizonte de reservas que nosotros también hemos informado oportunamente y estamos en una alianza con la Compañía General de Combustibles (CGC) que vamos a perforar en el mes de agosto. Son reservas no convencionales”, precisó González.

Sobre los 7.5 billones de barriles de la costa son los proyectos “off-shore licitados entre 2018 y 2019 que fueron objeto de algunas medidas judiciales. La justicia ya ha dictaminado poder hacer sísmica y hacer el primer pozo que se llama Argerich”.

“La producción de crudo la vamos a incrementar tanto en Vaca Muerta como en Palermo Aike y la posibilidad que tiene el país de exportar, no solamente YPF sino el resto de las compañías que ya están exportando a través de barcos”, contó.

En su exposición, González también detalló que hay “275 trillones de pies cúbicos de los muelles que está bajo. 90 y 130 de gas, se corresponden al proyecto de perforaciones con la posibilidad que brinda la cercanía de los yacimientos con esos puertos y ahí poder exportar”.

Respecto de la demanda local, informó que está en 1.8 trillones de pies cúbicos y la proyección para el 2030 da 2.4 trillones de pies cúbicos, y para el 2040 3.6 trillones de pies que “es lo que se supone que va a consumir nuestro país de acuerdo a la demanda que hoy estamos teniendo”

“Si dividimos el horizonte de reservas que tenemos en función de la Agencia de Energía de Estados Unidos en las cuencas productivas del país, tendríamos reservas a este nivel de consumo para unos 170 años. Con este nivel de consumos y de reservas, Argentina tendría 170 años de reservas en un horizonte de transición energética que no va a durar eso”, detalló.

En tanto, opinó: “El desafío de nuestro país es monetizar las reservas de gas y ver la forma de abastecer el mercado interno y después los saldos exportables y poderlos exportar a través del GNL que tiene la limitante física que la demanda regional no alcanzaría a cubrir todo ese horizonte de reservas que tenemos. Con lo cual se abre una posibilidad de exportar”.

Vaca Muerta

Al referirse a la cuenca, el funcionario brindó datos sobre la curva de aprendizaje en comparación con la Cuenca Permian de EE. UU: “La curva de aprendizaje acelerada fue bajando de 19.9 dólares por barril hasta tener una paridad de 9 dólares”.

“Las inversiones entre el 2013 y la actualidad la estamos calculando en unos 40 mil millones de dólares y en el caso de YPF unos 16 mil millones de dólares donde esa curva de aprendizaje ha determinado que nuestros trabajadores, ingenieras, técnicos hayan aprendido poder desarrollar el no convencional”, agregó.

Por otro lado, habló sobre el acuerdo de París en 2015: “Nuestro país lo suscribió y tiene obligatoriedad jurídica desde de noviembre de 2016. Son 196 países donde se han comprometido al 2050 a tener neutralidad climática eso significa tener entre el dióxido de carbono liberado y absorbido tener energías limpias que den neutralidad”.

El gas fue declarado energía de transición. Nuestro país tiene una fuerte matriz energética de gas casi por arriba del 60%”, comentó el titular de YPF.

Al hablar del consumo global de energía, detalló: “Petróleo, carbón, gas natural, hidroeléctricas, renovables y nucleares”, y estipuló que el consumo de petróleo en el mundo bajará no menos de un 16%, el carbón -36%, el gas natural aumentará un 25%, las hidroeléctricas se mantendrán, las renovables van a aumentar un 610% y la nuclear se mantendrá entre un 25 y 27%.

¿Qué es el GNL?

En otro apartado de su presentación, explicó que el Gas Natural Licuado “es un procedimiento en virtud del cual se construye un gasoducto, en este caso se van a construir tres de 36 pulgadas, el proceso es enfriar a menos de 162 grados hacerlo líquido, almacenarlo y luego transportarlo por barcos”, y ejemplificó que en Estados Unidos se viene desarrollando desde 1941 y es un mercado en constante ascenso.

“En el mercado global hay 400 millones de toneladas, y el proyecto de YPF es de 25 millones. Entre los países exportadores que tienen el 75% están Qatar, Australia, Estados Unidos, Rusia y Malasia. Hay 46 países importadores que tienen el 45% y las empresas productoras como Shell, Petronas”, sumó. Además, estimó que para el 2049 crecerá a 700 toneladas anuales la demanda de GNL.

“Vaca Muerta presenta más de 150 años de reservas. Argentina en materia de gas tiene un 3% entre gas natural y no convencional. En el mundo existen 28 trillones de pies cúbicos de recursos técnicamente recuperables, es decir, el mundo tiene gas no solamente nuestro país. Hay que establecer un régimen de promoción que nos permita a nosotros llegar a niveles competitivos que tiene una alta demanda”, avizoró.

Para González “Argentina tiene un problema logístico porque compite con otros países del mundo con una distancia mayor a los lugares de demanda. Entre las motivaciones, planteó valorizar el potencial de Vaca Muerta, aumentar la inversión extranjera y, entre los beneficios, el crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, ingresos de divisas, para que “pase de ser un país importador de GNL en invierno a ser un país exportador y poder cubrir el incremento de demanda del país”.

Petronas, el socio de YPF

Sobre la empresa socia desde el 2014, González detalló que es de Malasia, es la cuarta empresa generadora del mundo, tiene una producción con YPF de 50 mil barriles por día de petróleo. “Ha sido un buen socio en la Argentina”.

“La monetización del gas de Vaca Muerta determina que de 500 pozos de fase uno pasemos a más de 2.500 pozos en total. Este proyecto, durante el lapso de su vida, va a consumir 35 trillones de pies cúbicos que es menos del 11% que tiene Vaca Muerta en recursos. Los 3 gasoductos van a ser de 640 kilómetros”, agregó.

Así, contó que en 2024 se firmará la decisión definitiva de inversión con lo que ambas compañías, 51% YPF y 49% Petronas, empezarán a buscar las líneas de financiamiento para terminar el proyecto. “El problema que está teniendo Vaca Muerta es que tiene la potencialidad de producir más petróleo y gas del que puede transportar”, afirmó.

“Este proyecto en las tres fases va a necesitar aumentar la producción de gas natural del país en un 85%. Es una inversión que, en sus tres fases, iría a 50 mil millones de dólares y sería por las locaciones en las que hay que invertir”, planteó y solicitó: “Necesitamos una norma que vuelva competitivo el proyecto porque Argentina tendría que estar compitiendo con Estados Unidos”.

“Este marco regulatorio que, no es lo que Petronas nos estaba diciendo, pero le da estabilidad fiscal y regulatoria a futuro, se adecúa y permite que nosotros podamos viabilizar este proyecto”, destacó y opinó: “Nosotros estamos para ponernos de acuerdo en una política de estado que, por las etapas en función de los tiempos legislativos, con suerte este año podemos estar sancionando la norma y a fin de año poder licitar el primer gasoducto y estar en marzo-abril firmando la necesidad de inversión”.

A su vez, resaltó que “la acción de YPF se fue recuperando. En la Bolsa de Nueva York se recuperó un 70% e interanual por arriba del 300% en dólares. Ha habido una curva de aprendizaje y los niveles de inversión para tener un incremental de producción y produjo que los números se fortalecieron porque veníamos de una caída de producción del 11%”.

“Con números que demostraron que YPF aumentó la producción, que dejó de lado litigios que presionaban su acción, donde bajó niveles de deuda, y tiene un compromiso de los integrantes de las provincias, nos permite con este nivel de reservas y crecimiento de producción estar en condiciones venir a plantear que hace falta un marco regulatorio para poder avanzar en este y otros proyectos para que el país pase de importar a exportar gas”, cerró el titular de YPF.

A su turno, el CEO de YPF, Pablo Iuliano, contó que “hace una década venimos trabajando muy duro y con compromiso” en Vaca Muerta que produce el 45% del petróleo y el gas que se produce en el país. “YPF creció casi el 40% de su producción en Vaca Muerta durante el año pasado”, aseguró.

“Estamos en la antesala de una oportunidad que podemos capturar en el corto plazo, sabemos que no somos los únicos que tenemos gas con lo cual el proyecto tiene que ser competitivo y para eso tenemos que ponernos a la altura de nuestro principal competidor”, planteó.

Para lograr esos objetivos, explicaron que se necesita un marco general con estabilidad fiscal de 30 años; la norma tiene una redacción similar a la Ley Minera que requiere adhesión de provincias y muncipios; devolución del IVA para recuperarlo como crédito fiscal de la inversión en 3 meses; derechos de exportación variables a partir de un valor de 15 dólares con fórmulas variables por BTU; exención de los tributos a la importación; impuesto a las ganancias una alícuota del 30% que favorece al reinversión; amortización acelerada; extensión del plazo a 10 años con actualización por IPC desde el 5to año de forma retroactiva; deducción de costos financieros la norma admite la devolución de intereses.

Sobre el marco cambiario plantean una libre aplicación de exportaciones del 50%, acceso a divisas para importaciones, estabilidad cambiaria de 30 años para normas de endeudamiento financiero. En tanto el marco regulatorio propone garantías de estabilidad regulatoria y de no reducreccionamiento; concesión de transporte de gasoducto dedicado y aislado del sistema de transporte; exportación firme de GNL 365 por 30 años.

Por último, el CEO finalizó: “La industria de la energía basada en gas y petróleo y baja emisión de carbono va a ser un driver de la economía fundamental para los próximos años. Tenemos que ser competitivos”.

La palabra de los diputados

La primera en pedir la palabra fue la radical Pamela Verasay (Mendoza) quien cuestionó que los funcionarios de la empresa “vinieron a presentar el proyecto del Ejecutivo” y que “en vez de estar discutiendo política pública en materia de energía explicada por la persona responsable estamos discutiendo negocios puntuales porque no estamos hablando de un régimen de promoción para el GNL sino un proyecto de financiamiento para un proyecto de YPF-Petronas”.

En ese sentido, criticó el articulado de la iniciativa y pidió que los demás que se vean beneficiados o perjudicados expongan. “Le falta una visión estratégica y fiscal”, remarcó.

A su turno, el neuquino Pablo Cervi (Evolución Radical) remarcó la importancia que tiene el proyecto para su provincia de “ampliar las fronteras para el futuro de Vaca Muerta y del país”, pero señaló que necesario “pensar en la infraestructura de los caminos que hoy están saturadas para poder llevar adelante los desafíos de producción. Es importante la inversión en los caminos y comodidades para lograr la estabilidad social”.

Su coterráneo Rolando Figueroa destacó el tratamiento del proyecto y que “nos estamos anticipando a los problemas reales que vamos a tener si no realizamos las acciones necesarias para poder desarrollar la Argentina”. Celebró la realización del gasoducto, pero criticó que “se tuvo que haber realizado antes”.

El presidente de YPF expondrá en Diputados

Pablo González ha sido convocado para este martes ante un plenario de comisiones para exponer en torno al Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Se reactiva la actividad en la Cámara baja esta semana. Prueba de ello es que no solo habrá sesión el miércoles, sino que también han sido convocadas varias comisiones, entre ellos un plenario de Energia y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.

Es así que el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón (FdT-Chubut) convocó a una reunión para este martes a partir de las 15, en la Sala de Reuniones del 2º piso del Anexo “C”, a fin de avanzar en el estudio sobre la temática del  Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país.

Para tal fin ha sido invitado a exponer el presidente de YPF SA, Pablo González. Santacruceño y precandidato a senador nacional, González expondrá en torno a un proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 29 de mayo, con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, que busca declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

A través del mismo, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

Además, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El oficialismo nombró al diputado Pérez Araujo como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales

Es la comisión principal de la Cámara baja y estaba acéfala desde la partida de Pablo González a YPF. El nuevo titular responde al gobernador Sergio Ziliotto.

Tras dos meses de mora, el Frente de Todos nombró al nuevo presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados, la de Asuntos Constitucionales. Será el pampeano Hernán Pérez Araujo, hombre del gobernador Sergio Ziliotto, quien cubrirá el cargo que dejó vacante Pablo González tras su partida a YPF.

Pérez Araujo, de 45 años, es abogado y escribano egresado de la Universidad Nacional de La Plata, y también director técnico de fútbol. Ingresó a la Cámara baja en 2019 encabezando la lista del Frente de Todos en La Pampa, y tiene mandato hasta 2023.

Antes de acceder a la banca, el legislador ocupó varios cargos en su provincia, entre ellos como director general de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social local -entre 2007 y 2008- y procurador general de Rentas -entre 2008 y 2019-.

La Comisión de Asuntos Constitucionales estaba acéfala desde febrero debido a la renuncia de González a su banca, y el Frente de Todos nombró a su reemplazante a través de una resolución, ya que el cuerpo aún no se reunió desde el inicio del período ordinario.

De esta forma, el bloque liderado por Máximo Kirchner le encomendó a Pérez Araujo la conducción de algunos de los debates más ríspidos que le esperan a la Cámara baja, como los de los proyectos de reforma judicial y del Ministerio Público, ambos con aprobación del Senado.

La comisión también deberá abordar la eventual suspensión o postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, un tema que se dirime por estos días en diferentes reuniones.

Asumieron dos nuevos diputados en el Frente de Todos

Jorge Verón y Carlos Ortega completarán los mandatos de los renunciantes Pablo González y Magdalena Sierra, respectivamente.

En el inicio de la primera sesión del año en la Cámara de Diputados juraron dos nuevos diputados nacionales en reemplazo de legisladores que dejaron sus bancas en el bloque oficialista: Pablo González y Magdalena Sierra.

El santacruceño Pablo González presentó su renuncia a la banca para ocupar la presidencia de YPF en reemplazo de Guillermo Nielsen. En su lugar asumió y completará ese mandato hasta 2023 Jorge Verón, un hombre del PJ con trayectoria en el Municipio de Río Turbio. Fue el primer suplente de la lista de candidatos del Frente de Todos en 2019 por la cual resultaron electos González y Paola Vessvessian, bajo el lema de “Acuerdo Santacruceño”.

A la hora de jurar, lo hizo “por la memoria de mi padre”.

También presentó su renuncia Magdalena Sierra, quien a partir de que su esposo Jorge Ferraresi dejó la intendencia de Avellaneda para convertirse en ministro de Hábitat de la Nación, asumió como jefa de Gabinete de ese municipio. Y de hecho, se perfila para esa intendencia en 2023, aunque todavía falta mucho para entonces.

En su lugar asumió Carlos Ortega, quien es secretario general de Secasfpfi, el gremio de trabajadores de la ANSeS. Ocupó el puesto 24 en la lista de Unidad Ciudadana que armó Cristina Fernández de Kirchner para competir para senadora en 2017 y cuya lista para diputados encabezó la economista Fernanda Valejos. Militante kirchnerista, Ortega es además referente de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT.

El flamante diputado juró “por Néstor y Cristina”.

Quién es el posible reemplazante de Pablo González en Diputados

El santacruceño, electo en 2019, renunciaría para ocupar la presidencia de YPF en lugar de Guillermo Nielsen.

Si bien todavía no hay una renuncia formal, el diputado Pablo González dejaría su banca para ocupar la presidencia de YPF en lugar de Guillermo Nielsen, y su mandato en la Cámara baja -que vence en 2023- sería completado por Jorge Verón, un hombre del PJ con trayectoria en el Municipio de Río Turbio.

Verón fue primer suplente de la lista de candidatos del Frente de Todos en 2019, por la cual resultados electos González y Paola Vessvessian bajo el lema de “Acuerdo Santacruceño”.

Según publicó La Tecla Patagonia, Verón fue concejal, secretario de Producción y Medioambiente de Río Turbio y candidato a intendente de esa localidad en 2015 y 2019.

El reemplezante de González debería prestar juramento en la próxima sesión, siempre y cuando el futuro presidente de YPF presente su renuncia y la Cámara baja se la acepte.

Un diputado K reemplazará a Nielsen al frente de YPF

Pablo González, quien también fue senador y vicegobernador santacruceño, ocupará la presidencia de la petrolera.

pablo gonzalez

Guillermo Nielsen comenzó a tambalear en el cargo a poco de iniciada su gestión. Y en rigor de verdad, nunca logró hacer pie en la presidencia de YPF. Además, no era el que tomaba las decisiones. Esa función estaba a cargo de Sergio Affronti, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, e impulsado en el cargo por el extitular de la petrolera en tiempos de CFK, Miguel Galuccio.

Lo cierto es que, según trascendió este martes, Nielsen dejará finalmente el cargo y su lugar será ocupado nada menos que por un diputado nacional kirchnerista: Pablo González.

Será un traspié del Frente Renovador en el entramado interno del Frente de Todos, donde como se ve sigue ganando espacio el kirchnerismo.

El legislador santacruceño es en la actualidad presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, y en tiempos recientes se había pronunciado a favor de descentralizar la actividad de YPF, un objetivo que llevaría adelante al frente de la misma. Está en su objetivo crear una estructura operativa de YPF en su provincia, Santa Cruz.

González fue senador nacional entre 2011 y 2015, cuando asumió como vicegobernador de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Entre 2014 y 2015 ocupó un lugar en el Consejo de la Magistratura.

Ocupó cargos como la dirección de la distribuidora de gas Distrigas, en 1994, mientras Néstor Krichner era gobernador de su provincia. Además, entre 1999 y 2003 fue subsecretario de Recursos Tributarios de su provincia.

En 2019 asumió como diputado nacional. En caso de renunciar, su mandato será completado por el primer suplente, Jorge Guillermo Verón.

Un minuto de silencio por la pérdida de una diputada

La Cámara baja manifestó así su acompañamiento a la radical santacruceña Roxana Reyes, uno de cuyos hijos falleció el fin de semana.

Promediando la sesión preparatoria para elección de autoridades, pidió la palabra el diputado kirchnerista Pablo González, para expresar el acompañamiento de los diputados a su comprovinciana radical Roxana Reyes, quien el fin de semana pasado sufrió la irreparable pérdida de su hijo menor, Renzo Bonforte. Por eso el legislador oficialista solicitó un minuto de silencio que se cumplió al final de la sesión.

Pablo González es el contacto estrecho que puso en alerta al Frente de Todos

Varios integrantes del bloque oficialistas de Diputados, puntualmente su cúpula, debieron aislarse de manera preventiva por haber estado con el diputado nacional santacruceño.

pablo gonzalez

Uno de los discursos más esperados de la maratónica sesión del martes/miércoles era sin dudas el de Máximo Kirchner. Sucede que el titular del bloque Frente de Todos de la Cámara baja era nada menos que el impulsor de dos de los proyectos principales que se debatían, sobre todo el polémico impuesto a las grandes fortunas. Pero llamó la atención no verlo en el recinto cuando se aproximaba el momento en que iba a tocarle. Y cuando apareció de manera virtual conectado desde su despacho, él mismo se encargó de develar la incógnita: se había ido por prevención.

“Estuve en la Cámara hasta hace unas horas, hasta que me avisaron, tipo 23, que una persona con contacto estrecho había dado positivo de Covid”, explicó Máximo Kirchner al iniciar su discurso de cierre del debate sobre el aporte solidario.

No fue el único. Se supo entonces que también la vicepresidenta del bloque FdT, Cecilia Moreau, estaba en la misma situación. Ella misma lo explicó en su cuenta de Twitter: “Estuve en la Cámara hasta hace unas horas, alrededor de las 23 hs me informaron que a una persona con contacto estrecho era positivo de Covid, es por ello que decidí retirarme para no poner en peligro a nadie, esperando realizarme un hisopado”.

Recién avanzado este miércoles se supo que el contacto estrecho que puso en alerta al bloque oficialista es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González. Exvicegobernador de Alicia Kirchner y exsenador nacional también, el santacruceño estuvo con varios de sus pares por lo que además de Máximo K y Cecilia Moreau debió aislarse también de manera preventiva el diputado Rodolfo Tailhade.

Según pudo saberse, todos están bien y sin síntomas, pero cumplen con el protocolo correspondiente, e irán realizándose los testeos respectivos para verificar si se han contagiado.

Este martes, en oportunidad de presentar una cuestión de privilegio, el diputado oficialista santafesino Germán Martínez detalló que para esta sesión ese bloque tenía tres diputados enfermos de Covid: dos de Catamarca y un santiagueño. Según se sabía por ser de dominio público, la diputada Silvana Ginocchio contrajo coronavirus esta semana, mientras que está en recuperación la santiagueña Graciela Navarro.

Obtuvo luz verde la ley de capitales alternas: qué dice y cuáles son las ciudades elegidas

La Cámara de Diputados sancionó en la madrugada de este jueves el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, el cual crea el “Programa Gabinete Federal”.

El proyecto que declara 24 capitales alternas en todo el país, enviado en febrero por el Poder Ejecutivo, fue convertido en ley por la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves, con 178 votos afirmativos, 11 negativos y 36 abstenciones.

Las ciudades elegidas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja) y Guaymallén (Mendoza).

El listado se competa con Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).

Todos los votos negativos fueron de diputados de la Coalición Cívica, mientras que las abstenciones fueron del Pro y la UCR, aunque algunos representantes de esos bloques acompañaron la votación.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González, recordó que “en 1986, con el Plan Patagonia, el presidente Raúl Alfonsín decía que uno de los objetivos de trasladar la capital a Viedma era descentralizar y desburocratizar el poder económico, financiero y político que residía centralmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Esa intención no llegó a convertirse en realidad y “después de eso hubo otros antecedentes, como cuando en 1999 el gobernador (José Manuel) De la Sota declaró capital alterna a la ciudad de Río Cuarto, o cuando en 2014 Cristina Kirchner dijo que la capital se podía trasladar a Santiago del Estero”, repasó González.

El oficialista dijo que la elección de las ciudades fue consultada con cada provincia y destacó que con la ley algunas dependencias gubernamentales podrán ser relocalizadas.

En ese sentido, puso como ejemplo que “la Secretaría de Minería o la de Energía no deberían estar en la CABA”, ya que si estuvieran ubicadas en provincias dedicadas a esas actividades “sería mucho más fácil que el funcionario interactúe con el sector privado” en el territorio.

“El Gabinete Federal va a estar en el lugar que tiene que estar, que es cerca de la gente, y esto va a ayudar a resolver la situación de las provincias”, destacó el santacruceño.

En nombre de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna consideró que el proyecto “tiene un carácter testimonial, simbólico, porque nominando a 24 ciudades con el calificativo de capitales alternas no vamos a resolver el desequilibrio federal que hoy tenemos en nuestro país”.

“Hubo muchísimos proyectos a lo largo de la historia, incluso (Domingo Faustino) Sarmiento antes de la Organización Nacional había propuesto la Isla Martín García, pero hubo un presidente que puso el tema en el Congreso con mucha fuerza, Raúl Alfonsín, el padre de la democracia, quien logró que se apruebe la Ley 23.512 cediendo porciones de su territorio a emplazar una nueva capital”, recordó Menna.

“Lamentablemente -expresó el chubutense- ese sueño no se pudo concretar, pero los patagónicos seguimos bregando por eso”.

Por su parte, Sergio Casas, exgobernador riojano, opinó que “es cierto que el proyecto tiene un carácter simbólico, pero también busca ejercer la descentralización de la Administración Pública Nacional aproximando las decisiones del Gobierno al interior del país, y esto marca un hecho importantísimo”.

“Es como sacar a Dios de Buenos Aires para que atienda los problemas concretos del interior profundo”, dijo, aludiendo al refrán que dice que “Dios está en todas parte, pero atiende en Buenos Aires”.

Casas insistió en que la flamante ley “no es lo ideal, pero es un avance significativo”, y destacó que en el caso de su provincia se haya elegido a Chilecito, “el departamento que sigue en orden de habitantes después de la capital”.

El radical Fabio Quetglas consideró que “ojalá fuera así de fácil federalizar, pero la realidad es muy tozuda. Cada vez que hablamos de territorio nos vemos obligados a hablar de desarrollo, y si queremos de verdad discutir la federalización tenemos que salir de esta visión simplista. La ciudadanía nos pide mayor profundidad”.

Quetglas sostuvo que “la federalización no va a ser con capitales alternas: será dándole a nuestro territorio la posibilidad de combinar información, esfuerzos y activos territoriales para adquirir condiciones de competitividad económica y cohesión social. Es imposible federalizar diciendo ‘vamos a federalizar’ o visitando una vez cada 24 meses una provincia. No vamos a federalizar haciendo turismo ministerial”.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, titular del boque Córdoba Federal, resaltó que la sesión fue “una jornada histórica en el largo camino de construir esa Argentina federal que tantas deudas mantiene con su interior”.

Al igual que González, rememoró que “Córdoba fue la primer provincia del país en llevar una iniciativa de estas características hace 21 años”, cuando en 1991 De la Sota declaró a Río Cuarto como capital alternativa.

“Los riocuartenses sabemos que esa jornada forma parte de las efemérides más importantes de nuestra historia y cambió para siempre la forma de concebirnos como ciudad y como región”, enfatizó.

Qué dice el proyecto

En primer lugar, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros, secretarios y funcionarios de la Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas.

Asimismo, se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con una periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias, y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo sexto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

Comenzaron a debatirse en Diputados los proyectos de “ficha limpia”

Por impulso de Juntos por el Cambio, la Comisión de Asuntos Constitucionales empezó a tratar alrededor de 15 iniciativas, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a la función pública.

A pedido de Juntos por el Cambio, comenzaron a debatirse este martes en la Cámara de Diputados alrededor de 15 proyectos de ley de “ficha limpia”, que buscan que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos.

La discusión se dio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo González (Frente de Todos), donde el oficialismo rechazó las iniciativas, luego de que en 2019 fracasara el tratamiento en el recinto por falta de quórum.

Tras ese intento fallido, Juntos por el Cambio recurrió al artículo 109 del reglamento de la Cámara baja, que indica que a pedido de por lo menos tres diputados la comisión debe someter a tratamiento los temas solicitados.

Así, González se vio obligado a incluir los proyectos en el temario, pero decidió retrasar el dictamen y encomendó a los asesores de la comisión trabajar para unificar los distintos textos presentados.

Los fundamentos de la oposición

Silvia Lospennato (Pro), autora de uno de los proyectos, destacó que la ficha limpia “ha movilizado a una enorme cantidad de ciudadanos en todo el país a través de una petición en Change.org organizada por el ciudadano Gastón Marra”, que lleva más de 366.000 firmas.

Lospennato explicó que su iniciativa busca “evitar que personas que hayan cometido delitos por corrupción, que aun sin sentencia firme hayan sido revisados en segunda instancia, puedan convertirse en candidatos para cargos públicos nacionales”.

La legisladora aclaró que se trata de una “inhabilidad temporal”, desde que se dicta la condena hasta el final, o bien hasta que sea revocada en una instancia superior.

“Esta es una garantía adicional para la República y para la administración del erario público”, sostuvo Lospennato, y agregó que su proyecto “no es proscriptivo ni discrimina”.

Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal), expresó: “La experiencia brasilera me llevó a indagar sobre el tema y a corroborar que si efectivamente tenemos una Constitución que califica de ‘infames traidores a la Patria’ a quienes cometen algún tipo de delito en la función pública, no podíamos no animarnos a legislar en torno a este tema”.

Camaño cuestionó que la última vez que se trató el tema fuera en la previa de las PASO, y celebró que se haya puesto ahora a consideración, para que la ley comience a regir en la elección parlamentaria del año que viene.

En tanto, el radical Gustavo Menna advirtió que “hay un vacío legal” ya que “la legislación electoral y la de partidos políticos no establece inhibiciones para las candidaturas, sino que lo hace por la vía de la remisión al Código Electoral, que lo trata desde las inhibiciones al elector”.

“Que una persona condenada quede fuera de la competencia electoral es un vacío notorio de nuestra legislación que nos obliga a incursionar en el tema, porque además hay mandatos constitucionales y compromisos internacionales asumidos en la materia”, señaló Menna.

El artículo 36 de la Constitución Nacional establece que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

Otra radical, Brenda Austin, dijo que “no hay dudas de que el marco constitucional permite avanzar en una restricción para ser elegido a aquel que tiene una condena, aun en primera instancia” y no en segunda, como propone Lospennato.

Austin argumentó que en el caso de los delitos de lesa humanidad, “solo con un auto de procesamiento” es suficiente para inhabilitar la candidatura, y esa reforma, aprobada en 2009, “ha pasado los test de constitucionalidad”.

A su vez, la cordobesa recordó que la Ley de Empleo Público exige la presentación de un certificado de antecedentes penales, y “si la persona tiene un proceso penal abierto -no una condena- contra la Administración Pública, no puede entrar, y sin embargo aquella persona que se postula para ser su jefe sí puede”, lo que significa “una violación al principio de idoneidad y de igualdad”.

Pablo Tonelli (Pro) enfatizó, por su lado, que “existe un mandato constitucional muy claro y muy explícito para el Congreso”. “Más importancia que ésta, no puede tener un tema. No podemos desoír el mandato constitucional ni el pedido de tantos argentinos que reclaman que el Congreso trate el proyecto de ficha limpia”, insistió.

Por la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que “el Congreso ha sido refugio de delincuentes a través de los fueros”.

“Con procesos tan largos, muchos funcionarios van a permanecer con fueros en las dos Cámaras, y eso no está bien para reconciliarnos con la sociedad, en momentos donde hay tanta intolerancia sobre la política”, manifestó, y remató con un mensaje al oficialismo: “No les pido que se hagan cargo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero sí de Carlos Menem”.

El rechazo del oficialismo

Desde el Frente de Todos, Gabriela Cerruti alertó que “en Brasil la ficha limpia permitió que un juez persiguiera y encarcelara a un presidente (Lula Da Silvia) que era candidato a presidente para terminar siendo ministro de Justicia del gobierno que dio el golpe. Si hay un lugar donde no funcionó la ficha limpia, donde fue un instrumento del golpe de Estado, fue en Brasil”.

Asimismo, Martín Soria habló de “acting publicitario” de la oposición y recordó que “este proyecto ya tuvo su oportunidad en 2019, cuando cinco días antes de las PASO lo llevaron al recinto y quedaron solos despotricando y bajándole el estándar a un principio constitucional básico, como es el de la inocencia”.

“¿Será que pretenden resolver su propia interna en esta comisión?”, se preguntó el rionegrino, al apuntar que Mauricio Macri “tiene más de 114 causas penales en su contra y fue el único presidente que asumió procesado”.

Leopoldo Moreau coincidió con Cerruti en que “es muy mal ejemplo traer el caso de Brasil como antecedente: ese fue un accionar repudiable que impidió que un hombre como Lula Da Silva, que cambió la historia de Brasil, pudiera competir en una elección. Y lo hizo un juez que confesó que había condenado a Lula porque tenía la íntima convicción de que era un corrupto, por un departamento cuyo valor es equivalente al de un departamento en Caballito, y que nunca se comprobó que fuera de Lula”.

Jerarquía constitucional

Antes del debate sobre ficha limpia, la comisión también aprobó por unanimidad dos proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tratará proyectos sobre “ficha limpia”

A pedido de la oposición, las iniciativas fueron incorporadas en el temario. Por otra parte, el Frente de Todos buscará dictamen del proyecto para declarar 24 capitales alternas, con media sanción del Senado.

pablo gonzalez

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el santacruceño Pablo González (FdT), tratará este martes proyectos sobre “ficha limpia”, en relación a modificar la Ley de Partidos Políticos para prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos.

Las iniciativas corresponden a los legisladores de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato (Pro), Gustavo Menna, Luis Petri, Carla Carrizo y Brenda Austin (UCR), y fueron incorporadas en el temario a pedido precisamente de la oposición, mediante el artículo 109 del reglamento.

El año pasado, el exinterbloque Cambiemos intentó sin éxito aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados. Fue durante el mes de noviembre, antes del recambio presidencial. El oficialismo de ese momento no consiguió el quórum sin apoyo del kirchnerismo.

Pablo Tonelli (Pro), quien fue presidente de la comisión hasta diciembre de 2019, explicó que “el proyecto apunta a que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, contra el Estado y la administración pública, y que tengan condena confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos, cosa que hoy en día no ocurre”.

“Propiciamos que quienes atenten contra el sistema democrático de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional no puedan ser candidatos y desempeñarse en cargos electivos”, precisó.

Tonelli recordó que “se trata de una iniciativa ciudadana que tomamos un grupo de diputados y discutimos en profundidad en la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2018 y 2019, hasta acordar un dictamen que llevamos al recinto en una sesión especial”.

“En dicha oportunidad no se obtuvo el quórum necesario por falta de apoyo del actual oficialismo. Lamentamos esa situación y esperamos que en esta ocasión podamos llevar adelante el trámite parlamentario necesario para que este proyecto se convierta en ley y finalmente dar un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito”, resaltó el legislador.

Capitales alternas

Por otra parte, en la reunión citada para las 13 el Frente de Todos buscará el dictamen del proyecto con media sanción del Senado que declara 24 capitales alternas en todo el país, enviado por el Poder Ejecutivo.

Según el texto, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el “Programa Gabinete Federal”, destinado a realizar reuniones de trabajo en las provincias entre ministros/as, secretarios/as, funcionarios/as de Nación con autoridades locales y representantes de la sociedad civil, con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias.

Asimismo, se dispone que el jefe de Gabinete convocará las reuniones de trabajo con un periodicidad no mayor a 30 días, y considerará prioritariamente a las capitales alternas para definir el lugar de los encuentros.

De acuerdo a la iniciativa, el Ministerio del Interior de la Nación coordinará el proceso de evaluación y selección de los organismos y entidades del sector público nacional, cuyas sedes centrales o delegaciones serán relocalizadas o instaladas en territorio provincial, así como la definición de la locación específica de su asiento.

Finalizado este proceso, la cartera deberá elevar, junto con los titulares de los organismos y las autoridades provinciales y municipales, una propuesta integral a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias. Y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto.

El artículo 6 del texto se refiere a la descentralización de los organismos del Estado Nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.

Las 24 capitales alternas serán: La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), San Ramón de la Nueva Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).

Otros proyectos

También se tratarán proyectos para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Ley 24.632-; y Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptado por la 45° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además se pondrá a consideración un pedido de informes presentado por diputados de la Coalición Cívica, dirigido a los ministros Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible) y Sabina Frederic (Seguridad), en relación a “las medidas adoptadas para combatir los incendios que se producen en distintos puntos del país”.

Pablo González: “Esta ley no tiene nombre propio”

Para el legislador santacruceño, el artículo 11 “no es un traje a medida”, como insiste la oposición, y argumentó que en el caso de la empresa de Cristóbal López “no hay condena”.

El diputado nacional kirchnerista Pablo González se ocupó de defender enfáticamente en su discurso el cuestionado artículo que permite a la empresa Oil Combustible, de Cristóbal López, adherirse a un plan de pagos incluido en la moratoria debatida. Cuestionó entonces el término “traje a medida” utilizado por la oposición, y dijo: “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”.

Para González, “se parte de una mentira, como que ya hay una condena cuando no la hay, porque hay muchísimas cuestiones a resolver en esta causa, muchas de ellas que atañen a la figura de Mauricio Macri”. Y a propósito del expresidente, el exvicegobernador santacruceño se remitió a la Ley 27260, que imposibilitaba a familiares de funcionarios a acogerse al blanqueo. “Y yo aclaro: en esa Ley 27.260 no se incluyeron a familiares, los familiares se incluyeron por decreto… Y tengan la absoluta certeza que nosotros no vamos a incluir con ningún decreto a los familiares para el blanqueo. Eso se hizo en aquel momento en que la diputada Carrió dijo que no iba a acompañar un pacto de impunidad. El pacto de impunidad se convalidó en el momento en que se emitió el decreto en el que se permitió que los familiares adhirieran a la ley”.

El diputado del Frente de Todos remarcó que la norma requiere el “avenimiento”. Esto es, que el 100% de los acreedores esté de acuerdo con el plan que se le ofrece para pagar la deuda. “Avenimiento que sería bueno que también se reclame en el caso de Vicentin, que le debe a sus acreedores 99 mil millones de pesos, y en ese caso se defendía a Vicentin y se trataba a los directores como si fueran niños cantores de Viena… Y en este caso se condena anticipadamente en una causa donde todavía no hay condena, y quedan muchas cosas por resolver”, enfatizó.

Pablo González insistió en que “acá no hay condena; se quiere cumplir, que 4.600 contribuyentes puedan entrar en esta facilidad de pago, y además se dice otra mentira: que (la empresa beneficiada) no tiene nada”, cuando en realidad “la empresa tiene medios de comunicación que forman parte de la misma: tiene a C5N, Ambito Financiero”, ante lo cual se preguntó: “¿No será que se está buscando quebrar algunas empresas de medios que no piensan como los poderes hegemónicos? ¿No será que se está buscando demonizar a una empresa que lo que busca es el avenimiento del 100% de sus acreedores?”.

“De ninguna manera entiendo que estemos en camino de ponerle nombre propio. Esta ley no tiene nombre propio”, concluyó.

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, el oficialismo avaló seis DNU vinculados a la pandemia

Juntos por el Cambio cargó contra el DNU 457/20, que le otorgó mayores facultades al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, que centró sus críticas en el supuesto otorgamiento de “superpoderes” al jefe de Gabinete, el Frente de Todos logró dar dictamen favorable este lunes a seis Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a la pandemia del Covid-19.

Los decretos fueron avalados en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, con la participación del resto de los integrantes en forma remota.

El decreto más discutido fue el 457/20, que eliminó el tope del 5% establecido en 2016 en la Ley de Administración Financiera para que el jefe de Gabinete pueda reasignar partidas presupuestarias sin control del Congreso.

Adelantándose a los cuestionamientos de la oposición, el senador oficialista Pablo González aclaró que “solo se está modificando la atribución del jefe de Gabinete para los decretos que se corresponden con la atención de la pandemia, no con la generalidad del Presupuesto Nacional”.

Además, el santacruceño recordó que el Presupuesto presentado por la gestión de Cambiemos en septiembre de 2019, para entrar en vigencia el presente año, fue “un Presupuesto cartográfico” que contenía “variables económicas que ya cuando fueron presentadas no tenían nada que ver con la realidad fáctica que estaba viviendo el país”.

Por ejemplo, mencionó que ese Presupuesto establecía “una inflación de entre el 34% y el 44%, un aumento de los ingresos del 47,3%, un aumento del gasto del 35,9% y superávit primario”. Por eso, remarcó la necesidad de elaborar un nuevo Presupuesto “que tenga que ver con la realidad” y que esté supeditado al resultado de las negociaciones del Gobierno con los acreedores externos.

Sin embargo, el diputado Pablo Tonelli (Pro) advirtió que “es de toda evidencia que como no hay un límite, el jefe de Gabinete puede reestructurar todo el Presupuesto. Lo podría hacer con el fundamento de atender la pandemia, la situación sanitaria, pero lo cierto es que al no tener límites, puede reestructurar la totalidad del Presupuesto”.

Los equipos técnicos del Senado controlaron la reunión virtual (Foto: Comunicación Senado)

Esta atribución es notoriamente inconstitucional, porque viola de forma evidente el principio de división de poderes, el principio de reserva legal del Congreso, y además las normas de la Constitución referidas a la sustancia y al trámite del Presupuesto”, alertó el representante de Juntos por el Cambio.

Asimismo, consideró que “el Poder Ejecutivo no puede efectuar una delegación de semejante magnitud en el jefe de Gabinete”. “Las delegaciones están prohibidas por el artículo 76 de la Constitución, que solo las admite en casos muy especiales. Es el Congreso el que debe efectuar esa delegación”, señaló.

Tonelli sentenció: “Estamos terminando el quinto mes del año y el Gobierno sigue sin enviar el proyecto de ley de Presupuesto al Congreso. Si no les gusta el vigente, que fue prorrogado, que manden otro. No lo hacen porque esto es muy cómodo para el Ejecutivo. Pero no es republicano”.

Por su parte, Luis Naidenoff, jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, enfatizó que “el Congreso está ajeno a todo tipo de control: no tenemos Presupuesto, tenemos un Presupuesto prorrogado, y estamos ante una reestructuración muy amplia. Todas las medidas que se tomaron en los últimos 50 días tienen que ver con la pandemia, y no sabemos cuánto tiempo podrá durar. Si nosotros otorgamos estas facultades discrecionales, hay un temor fundado, que tiene que ver con la lógica discrecional con que se han manejado los recursos públicos en la Argentina”.

Al cerrar el debate sobre el polémico DNU, la senadora y vicepresidenta del bloque oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció “una puesta en escena de una oposición que está desesperada por tratar de poner en la discusión pública otros ejes, que no tienen que ver con lo que nos tiene en vilo a todos los argentinos, que es salir lo mejor parados posibles de esta pandemia”.

Los demás decretos

Los primeros decretos abordados en la reunión fueron los dos que prorrogaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el primero (408/20) hasta el 10 de mayo, y el segundo (459/20) hasta el 24 de mayo.

El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos) destacó que “esta medida extrema ha dado resultados innegables”, y precisó que en Argentina, “en base a este aislamiento tan precoz y duro, hay un total de ocho muertos por cada millón de habitantes”, mientras que en Brasil hay 77 muertos por cada millón de habitantes, y en Perú, 85 cada millón de habitantes.

“Esto demuestra a las claras la oportunidad y el buen tino de estas medidas. El aislamiento es la única herramienta que tiene el mundo para combatir este virus”, insistió el legislador tucumano, y recordó que ya son “más de 319.000 las personas fallecidas en el mundo” por el coronavirus.

Si bien Juntos por el Cambio acompañó ambos decretos, el radical Gustavo Menna consideró que las excepciones a las medidas de aislamiento no debieron estar en cabeza de los gobernadores, sino de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El decreto es una intromisión indebida del Estado federal en las autonomías provinciales”, opinó.

En cuanto al DNU 409/20, que extendió la prohibición del ingreso al país de extranjeros no residentes, el diputado Yedlin destacó la “importancia crucial” de esa medida, mientras que el senador Guillermo Snopek elogió el trabajo de la Cancillería con las personas varadas, y aclaró que las dificultades en las repatriaciones se debieron a “la falta de vuelos y de coordinación con otros países”.

En este punto, los radicales Menna y Luis Petri se mostraron muy críticos. “Han pasado 60 días en que muchos argentinos no pueden ingresar al país. A esta altura es incomprensible y desproporcionado que se encuentren argentinos varados en el exterior y que no tengan fecha de repatriación”, denunció el mendocino.

El senador Daniel Lovera (Frente de Todos) fue el encargado de defender el decreto 425/20, que prorrogó la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la inhabilitación de clientes y la aplicación de multas ante un cheque rechazado por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.

Este decreto también prohibió negar créditos bancarios a empleadores con deudas previsionales. Según Lovera, todas estas medidas demuestran “la imperiosa necesidad de dar oportuna respuesta de todos los agentes económicos afectados por la pandemia”.

El pampeano también justificó el DNU 426/20, que estableció la prórroga de la prohibición de corte de servicios por falta de pago, puntualmente los de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. Lovera recordó que el ENACOM emitió un informe técnico donde manifestó la necesidad de extender esa medida.

En este caso, Juntos por el Cambio acompañó con su firma, pero se abstuvo de firmar dictamen sobre el decreto 425, al considerar que “no es un DNU ni tampoco un decreto delegado” y por lo tanto no correspondía que fuera analizado por la bicameral.

El oficialismo firmó dictamen sobre una veintena de DNU vinculados a la pandemia

A pesar de que Juntos por el Cambio pidió esperar la aprobación del protocolo de funcionamiento virtual, el Frente de Todos decidió avanzar con los despachos.

Tras retomar el cuarto intermedio dispuesto este martes, los legisladores oficialistas que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo firmaron dictamen favorable sobre la validez de una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emanados del Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia del Covid-19.

A pesar de que Juntos por el Cambio pidió aguardar la aprobación del protocolo de funcionamiento virtual -que se estaba tratando simultáneamente en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados-, el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, informó la decisión mayoritaria de avanzar con los despachos.

Según resolvió, los legisladores que estuvieran en el Congreso firmarían los dictámenes de forma presencial, mientras que el resto lo haría a través de la firma virtual.

Al principio de la reunión por videoconferencia, el diputado de la UCR Luis Petri pidió postergar nuevamente los dictámenes, pero la propuesta fue rechazada por Petri, con lo cual Juntos por el Cambio anunció que presentaría sus disidencias en las próximas horas, con el protocolo de funcionamiento remoto ya vigente.

El diputado del Frente de Todos Pablo González salió al cruce de Juntos por el Cambio y consideró que “hay un trasfondo político” y un intento de “querer hacer aparecer como que estamos forzando el reglamento con algo que no se corresponde con la ley”.

“Debe ser difícil explicar que muchos diputados viajaron a Buenos Aires innecesariamente porque se los hace venir a Capital Federal y al día siguiente se los hace firmar digitalmente un despacho de comisión”, ironizó González.

El radical Gustavo Menna salió a responderle al santacruceño. “El pedido que estamos haciendo es de absoluta buena fe. Buscamos ser prolijos y que haya una convalidación como corresponde”, acloaró, mientras que Petri agregó que “no hay un ánimo especulativo ni dilatorio”.

Sin embargo, Cleri explicó que “la bicameral dicta su propio reglamento” según lo definen de manera mayoritaria sus integrantes, y “se estipuló su modo de funcionamiento teniendo en cuenta los avances en ambas Cámaras” en pos de la virtualidad, más allá de que no se hubiera  aprobado aun el protocolo.

En cuanto a los DNU, Juntos por el Cambio anunció su rechazo al 313/20 -que amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior-; y al 329/20, que prohibió por 60 días los despidos sin causa en el contexto de la emergencia sanitaria.

Los 20 DNU aprobados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

A pedido de la oposición, postergan el aval de los DNU firmados por la pandemia

En una reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, Juntos por el Cambio advirtió que el quórum virtual no es legal. La comisión pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, a la espera de la reforma reglamentaria en Diputados.

Por Carolina Ramos

A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó posponer un día la firma de los dictámenes sobre una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia del Covid-19.

En una reunión remota de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la oposición cuestionó la validez del quórum virtual y pidió aguardar el avance del protocolo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que se reunirá este miércoles a las 16.

Si bien el presidente de la bicameral, el diputado Marcos Cleri, aclaró que el Frente de Todos estaba en condiciones de avanzar este mismo martes con los dictámenes -por contar con mayoría numérica-, aceptó la solicitud de Juntos por el Cambio de pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 18.

Para ese entonces, tanto el oficialismo como la oposición esperan contar con el protocolo de funcionamiento de las sesiones virtuales, que será definido durante la mañana, a las 11, en la Comisión de Modernización Parlamentaria, y luego dictaminado en la de Peticiones.

Al inicio de la reunión, el senador santacruceño Pablo González (Frente de Todos) sostuvo que el reglamento del Senado “habilita a tratar los expedientes y a suscribir los dictámenes” en modo online. “Entendemos que la interpretación de los alcances del reglamento la hace la comisión, y están dadas las condiciones jurídicas para que esta reunión tenga validez”, enfatizó.

Cleri aceptó posponer un día los dictámenes sobre los DNU (Foto: Comunicación Senado)

González señaló que “el aislamiento es la única herramienta que se conoce hasta ahora para poder controlar la pandemia, y aquellos legisladores con problemas de salud tienen la obligación de respetar el DNU del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por lo cual se recurre a la modalidad online.

Sin embargo, el diputado radical Luis Petri cuestionó la validez legal de la reunión. Si bien celebró que se haya convocado, aclaró que se trata de un encuentro “informal” como los que se celebraron en las comisiones unicamerales de ambas Cámaras para escuchar a ministros del Poder Ejecutivo.

Petri consideró que “no hay una sola referencia en los reglamentos sobre la posibilidad de contabilizar el quórum de manera virtual”. “Nuestro reglamento hace mención a la presencia y no podemos validar el contabilizar el quórum de manera virtual”, insistió el legislador de Juntos por el Cambio.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) salió al cruce de Petri y recordó que “en Mendoza hace más de un mes que se está sesionando virtualmente” porque hubo un acuerdo político unánime, aunque a diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, “ningún funcionario” del gobierno del radical Rodolfo Suárez “ha ido a dar explicaciones de lo que están haciendo”.

“La Corte Suprema ya se expidió y la voluntad que estamos demostrando es tener toda la predisposición para que el Congreso funcione”, remarcó Fernández Sagasti.

En sintonía con Petri, el diputado de la UCR Gustavo Menna propuso que la comisión se aboque solo al análisis de los decretos, y sugirió postergar para este miércoles la firma de los dictámenes, con el protocolo de funcionamiento virtual ya avalado en la Comisión de Peticiones, Poderes y reglamento de Diputados.

De esa forma, Cleri aceptó limitar la reunión al mero debate sobre los DNU del temario, que fueron defendidos por el oficialismo. “La Constitución Nacional afirma en el artículo 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir Decretos de Necesidad y Urgencia en circunstancias imprevisibles, y entendemos que eso se da en las actuales circunstancias”, argumentó el senador González.

A su vez, el diputado Pablo Yedlin remarcó que “estamos viviendo una situación de gravedad que puso en vilo la salud, la vida y la economía de todo mundo”, y pidió “entender el contexto en el que estamos”. “Querer llamar a los legisladores a venir al Congreso en este momento es absolutamente innecesario”, insistió el tucumano.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) reconoció que “estamos ante una situación excepcional que efectivamente habilitaba al presidente a dictar DNU”. “No han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional. El presidente ha cumplido con los recaudos formales”, admitió.

Sin embargo, Juntos por el Cambio criticó algunos DNU, como el 313/20, por el cual se amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior a través de todos los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera.

Al respecto, Petri señaló que “el derecho a ingresar, permanecer y salir del territorio argentino está consagrado en la Constitución y en el pacto de San José de Costa Rica”, y habló de la situación que viven los varados en todo el mundo, que “son más de 21.000 y aun no tienen fecha de retorno”.

Otro de los DNU que objetó la oposición fue el 329/20, que prohibió por 60 días “los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo”.

En este caso, Tonelli consideró que “hay un exceso” y “una contradicción”, ya que “no se reconoce que esa situación de fuerza mayor también abarca a los empleadores”, que por el DNU se vieron impedidos de reducir el personal a su cargo.

Los 20 DNU tratados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.