La Oficina de Políticas Informadas en Evidencia (PIE) presentó una mesa de trabajo entre los principales responsables tanto de su lanzamiento como de su fortalecimiento interno. Con la secretaria parlamentaria, Florencia Romano, como moderadora, los referentes académicos tuvieron una nueva reunión para optimizar el funcionamiento de la oficina.

Luego de encuestas, charlas y agrupaciones con los equipos de diputados y diputadas de la Legislatura, se lanzó una guía y una capacitación online para su rápida y mejor utilización para cada despacho.

Todo el recorrido transitado hasta su lanzamiento fue destacado por Romano, quien aseguró: “Arranca el desafío grande de que la Oficina trascienda nuestra gestión y que cada vez tenga más incidencia”. De esta manera, quedó inaugurada la Oficina de Políticas Informadas en Evidencia (PIE), bajo la dirección general de Pablo Riveros, licenciado en Sociología y magíster en Políticas Públicas.

El 30 de junio de cada año Naciones Unidas celebra el Día Internacional del Parlamentarismo con el objetivo de reflexionar sobre el aporte de los parlamentos a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

Una buena manera de celebrarlo en Argentina es poner en agenda la necesidad de desarrollar un enfoque de legislación de políticas informadas en evidencia, en línea con la tendencia internacional. 

En los últimos años, distintos parlamentos del mundo han estado incorporando en sus marcos jurídico e institucional incentivos para que los legisladores usen la evidencia de políticas (conocimiento científico sobre los efectos de políticas ya aplicadas) para justificar la relevancia, financiamiento y credibilidad de las políticas que proponen. 

En líneas generales, esto se ha materializado en la creación de 
servicios de asesoramiento científico, guías de evaluación prospectiva y normas que exigen justificar el impacto fiscal, ambiental o de género de los proyectos de ley. 

Pero en el Congreso argentino, pese a la creación de organismos 
parlamentarios que a menudo construyen evidencias de políticas (Auditoría General, Defensoría del Pueblo, Oficina de Presupuesto, comisiones bicamerales), el uso y apreciación de la misma es esporádico, sectorizado y suele responder al lobby de otros actores y a incentivos informales en el marco de la competencia política. 

Las causas y consecuencias de este problema son varias. 

Entre las primeras se encuentran los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados que, en comparación a los marcos jurídicos de Chile, Ecuador, México, Perú, Estados Unidos, España, Francia o Reino Unido, entre otros, confieren a los legisladores argentinos una amplia discrecionalidad en la toma de decisiones, al eximirlos de estimar el impacto de sus propuestas y justificarlas en función de la gama de alternativas que podrían existir para resolver el problema en cuestión. 

También, la opinión de que el Congreso debe ocupar un rol marginal en el diseño y evaluación de políticas; el interés por presentar proyectos para posicionarse políticamente en el corto plazo; o directamente la idea de que la evidencia de políticas no es un insumo relevante para la toma de decisiones. 

En relación a las consecuencias, generalmente se sostiene que tomar decisiones sin evidencia aumenta el riesgo de fracasar en la resolución de problemas y de pagar costos económicos y políticos derivados de ello. 

Esto lógicamente también aplica a los parlamentos que delegan en los gobiernos la capacidad de evidenciar políticas. Pero en el caso argentino se añade que el laissez faire que habilitan los reglamentos a la hora de presentar y fundamentar proyectos de ley exacerba tres tipos de grietas. 

Una es la que ocurre entre la clase política y la ciudadanía, cuando esta pierde confianza en las instituciones democráticas porque se prometen resultados difíciles de cumplir, sin fundamentación empírica y sin incorporar las evidencias de actores con poco poder de lobby. 

Otra es la que existe al interior de la política y que dificulta la búsqueda de acuerdos, al juzgarse la propuesta del otro en función de la identidad política en lugar de los efectos que tuvo o podría tener acorde a las evidencias disponibles. 

Y la tercera es la que expresa las desigualdades sociales, al perderse la oportunidad de resolverlas explorando y rindiendo cuentas de las alternativas que según las evidencias podrían ser más efectivas y eficientes. 

En suma, aunque a veces las evidencias no estén disponibles, sean de mala calidad, no sean pertinentes o no aseguren per se los resultados deseados, constituyen una buena oportunidad para que los parlamentos innoven en la formulación de políticas, repensando su relación con la ciencia y la ética de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.