Inmediatamente después de la polémica votación en el Senado de este jueves, en la que los senadores se aumentaron los sueldos, el presidente Javier Milei publicó un tuit en el que aclaraba que “ha habido otros senadores que también han votado en contra dentro del bloque de JxC”, pero le salió al cruce una autoridad en materia de reglamentos, como es la exdiputada nacional Graciela Camaño, quien tras señalarle al mandatario que fue diputado, le sugiere recordar que “cuando se vota a mano alzada, quien no está de acuerdo debe expresarlo a viva voz, y quien se abstiene pedir autorización al Cuerpo antes de la votación. Hoy todos los senadores presentes votaron afirmativamente el aumento de dieta. Solo la verdad nos hará libres”.

Una de las protagonistas de esa votación es la senadora Juliana di Tullio, quien también en la red social X confirmó los dichos de Camaño, señalando que “todos los senadores y senadoras de la Nación de todos los bloques políticos que estuvimos presentes votamos a favor de la actualización de las dietas, incluso los que dicen que no lo hicieron o ahora quieren rechazarlo”.

El reglamento del Senado establece en su artículo 205 que “todo proyecto de ley se vota, tanto en general como en particular, por medios electromecánicos o nominalmente a fin de permitir registrar la forma en que ha votado cada senador. La Cámara puede resolver por mayoría absoluta de sus miembros presentes obviar este procedimiento cuando existe dictamen de comisión unánime o no se han planteado disidencias”.

Esto es, cuando existe acuerdo para evitar ese procedimiento se puede votar a mano alzada, que es lo que sucedió este jueves. Sin que nadie aclarara su posición contraria o pidiera permiso para ausentarse. Sin embargo, hay que precisar dos cosas: ni este era un proyecto de ley, ni deja claro el reglamento qué establece o no una mano que no se alza.

Veamos qué dice el artículo 212: “El voto será por la afirmativa o por la negativa. El senador presente, con autorización del Cuerpo, puede abstenerse de votar. En este caso, el cálculo del quórum y el cómputo de la votación, se hará sobre la cantidad de votos que se emitan. Ningún senador puede protestar contra la resolución de la Cámara, pero tiene derecho a pedir la consignación de su voto en el acta y en el Diario de Sesiones”.

Volvamos al artículo 205, que señala que “los proyectos de decreto, resolución, comunicación o declaración pueden votarse: 1) Por signos, que consisten en ponerse de pie o en levantar la mano”.

No se aclara que no hacer eso signifique lo contrario, pero tampoco que uno esté a favor. En ese sentido, otra autoridad en materia de reglamentos, también exdiputado, Pablo Tonelli, dijo no coincidir con su excolega Graciela Camaño. “No me parece, dijo”.

En su caso, no levantar la mano bien puede ser tomado como un voto en contra. “O una abstención, pero nunca como voto a favor”, cerró el exlegislador.

Javier Milei lo anunció en el primer reportaje que concedió tras asumir como presidente de la Nación: el proyecto de ley que mandaría al Congreso para tratar en extraordinarias incluiría medidas aún más profundas que las consignadas en el mega decreto de necesidad y urgencia presentado una semana antes.

La iniciativa conocida el último miércoles no defraudó en ese sentido. Por el contrario, impresionó no solo la cantidad de artículos (664), sino la diversidad de temas. El oficialismo propone un debate que breve, por la magnitud de semejantes reformas: entre 15 y 20 días, sugirió el flamante presidente del oficialismo en la Cámara baja, Oscar Zago, que especula con la llegada del proyecto al recinto el 20 o 25 de enero.

Tiempos muy urgentes para la magnitud de semejante proyecto, pero no será la primera vez que se le pide premura al Parlamento.

Por lo pronto, se deben constituir las comisiones. La pregunta obligada es cuántas serán asignadas para tratar semejante proyecto. El oficialismo desea que sean cuatro, y se habló de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores. Pero desde la oposición advirtieron que tienen que ser más, por el tenor de los temas incluidos en el proyecto de ley.

De hecho, el presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, reconoció que se habían preparado para trabajar con esas cuatro comisiones, pero al conocer en detalle el proyecto aceptó que podrían tener que incorporar más. Así lo reclama la oposición.

En diálogo con parlamentario.com, el diputado nacional (MC) Pablo Tonelli advirtió que, por las características del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, tendrían que convocar al menos a una decena de comisiones. “Como mínimo”, observó quien es uno de los que mejor conoce el reglamento de la Cámara baja.

La realidad es que si bien se anticipaba desde el oficialismo con que este jueves estarían listas las cuatro comisiones (que además quiere presidir La Libertad Avanza, o bien dejar en manos de aliados confiables), no hubo acuerdo y este viernes continuarán negociando.

¿Cuáles deberían ser las comisiones que tendrían que conformarse para analizar la cantidad de temas incluidos en el mega proyecto de ley? 1) Presupuesto y Hacienda; 2) Legislación General; 3) Asuntos Constitucionales; 4) Legislación Penal; 5) Justicia; 6) Turismo; 7) Economías Regionales; 8) Legislación del Trabajo; 9) Energía; 10) Finanzas; 11) Transportes; 12) Educación…

Habría que sumar también a Salud y Seguridad Interior… “Menos Juicio Político, casi todas”, sugirió un diputado de lo que fue Juntos por el Cambio.

Si bien desde el oficialismo admitieron discutir que puedan ser incluidas más comisiones en este debate, insistirán en que no sean más de cuatro. Cinco, como máximo. Que deberán trabajar en el marco de plenarios que comenzarán a reunirse a partir de la semana próxima, con la visita de funcionarios que expondrán sobre el área que los involucre y esté incluida en el proyecto.

Como sea, es potestad del presidente de la Cámara baja determinar cuántas y cuáles serán las comisiones a las que se adjudique trabajar el mega proyecto. Y cuál es la comisión cabecera (sería Legislación General). Martín Menem hará lo posible para limitar el número de comisiones que analizarán el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. Por una cuestión de operatividad y manejo del debate previo a la llegada al recinto.

Esa ya es una parte de la áspera pelea que deberá librar el oficialismo para hacer avanzar el mega proyecto hasta el recinto. Recuérdese que solo la emergencia pública determinada por la iniciativa incluye temas económicos, financieros, fiscales, previsionales, de seguridad, defensa, tarifas, energía, sanitaria, administrativa y social.

Los miembros de Juntos por el Cambio en la Bicameral de Trámite Legislativo reclamaron al presidente de esa comisión, Marcos Cleri, reactivar esa comisión que lleva años sin funcionar, a pesar de haber un centenar de decretos sin tratar.

Encabezados por el diputado del Pro Pablo Tonelli, los legisladores advirtieron que esta es la segunda nota de ese tenor que presentan. Una referida a 66 decretos, esta a 34. Son 100 los decretos que no han sido tratados, remarcaron los legisladores.

Esa comisión presidida por el diputado camporista tiene pendiente tratar DNU, decretos delegados y vetos parciales de leyes del Congreso.

Temas de todo tipo están pendientes, advierten los diputados Tonelli, Soledad Carrizo, Hernán Lombardi y Omar De Marchi, y los senadores Silvia Gicoppo y Luis Naidenoff: Canje de deuda pública, suba del mínimo no imponible de ganancias, fondo estabilizador del trigo, modificación a la norma de ingresos brutos, modificación de la ley de ministerios, acuerdos de precios, modificaciones presupuestarias, modificaciones al régimen de jubilaciones, entre otros.

Lo cierto es que la comisión no se reúne desde el 6 de julio de 2021 para tratar expedientes. Solo hubo una reunión constitutiva el 30 de junio de 2022 de 10 minutos solo para nombrar autoridades.

Nota-a-Comisión-Bicameral-22-11-23

El juez federal de Mendoza Walter Bento fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado que el magistrado incurrió en “mal desempeño” de sus funciones. Tras la decisión del Consejo, por 6 votos a favor de la destitución contra uno, Bento quedó detenido, tras perder la inmunidad de arresto.

En el fallo del jurado se advierte que a partir de haber conocido el inicio de la investigación, el juez “realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación”.

El jurado fue integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (Pro); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Pro); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.

Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza escoltado por dos policías federales. Tras la lectura del veredicto, fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo, trámite que se llevó a cabo a continuación.

Miembro informante y autor del dictamen acusatorio, el diputado nacional del Pro Pablo Tonelli señaló que “el ex juez Bento por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones. Me tocó hacer la investigación previa en el Consejo de la Magistratura, y hoy el Tribunal de Enjuiciamiento se pronunció a favor de destituirlo en base a nuestro dictamen acusatorio”.

El legislador destacó que, a pesar de los intentos en contrario, “Bento no es más juez federal y dejará de ‘impartir justicia’ llevando una gran tranquilidad a la gente y ratificando que las instituciones funcionan”.

A favor de la postura de Mauricio Macri y Patricia Bullrich de apoyar en el balotaje a Javier Milei, el diputado del Pro Pablo Tonelli cuestionó al presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien fue muy crítico de la decisión tomada por el expresidente y la excandidata.

"Gerardo Morales nunca quiso estar en Juntos, nunca le interesó, él desde aquella famosa Convención de Gualeguaychú que venía propiciando un acuerdo con (Sergio) Massa", lanzó el macrista.

Para el legislador, "Massa sabemos que es pobreza, inflación, corrupción, desgobierno, lo tenemos a la vista. El peor gobierno en muchos años", mientras que "Milei hasta ahora genera una expectativa de posible gobierno más sensato y razonable, sobre todo si nosotros acordamos con él algunos puntos que nos parecen determinantes para el futuro gobierno" tales como garantizar "la educación pública" y "la existencia del Banco Central, que consideramos que es necesaria".

En declaraciones a radio Futurock, el porteño minimizó la crisis de la coalición desatada después de la dura derrota electoral y la posterior decisión de Bullrich: "No es la primera vez que dentro de la alianza tenemos diferentes opiniones".

"No es la primera vez que dentro de Juntos tenemos posiciones distintas, en el Congreso muchas veces hemos votado de forma diferente", insistió, aunque afirmó que espera que "no se disuelva Juntos por el Cambio, fue una alianza muy exitosa en muchos aspectos, que tiene mucho para ofrecerle al país".

A raíz de la situación de la camarista Ana María Figueroa, los diputados del Pro Pablo Tonelli y Álvaro González presentaron un proyecto de ley sobre el cese de los magistrados a los 75 años, reglamentando así lo establecido por el artículo 99 -inciso 4, tercer párrafo- de la Constitución Nacional.

Dicho artículo dispone que los jueces del Poder Judicial de la Nación cesan en sus cargos al cumplir 75 años de edad, salvo que sean previa y nuevamente designados. El nuevo nombramiento requiere el acuerdo del Senado y no puede extenderse por más de cinco años.

La iniciativa de los legisladores de Juntos por el Cambio busca establecer que "los jueces cesarán automáticamente en sus cargos el día que cumplan 75 años de edad o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación; salvo que antes de alcanzar esa edad o de llegada esa fecha hayan sido nuevamente designados por el Poder Ejecutivo con previo acuerdo del Senado". Además, indica que el cese no estará sujeto a decisión o condición.

Al respecto, Tonelli sostuvo que “evidentemente no basta con lo dispuesto por la Constitución Nacional, ni con el sentido común y la decencia. Hace falta reglamentar el cese de los magistrados a los 75 años para que quede claro que no pueden continuar en funciones luego de cumplir esa edad, salvo trámite completo y previo de prolongación de su designación".

"Para que quede claro: deben cesar en sus funciones, no deben cobrar más su sueldo, no deben ocupar más sus oficinas, y deben dejar todos los privilegios de jueces en actividad”, remarcó el diputado porteño.

En este sentido, la iniciativa determina en su artículo 3° que el mismo día que el juez cumpla 75 años o el día del vencimiento en el caso de haberse prolongado la designación, si previamente no ha sido nuevamente designado, perderá su condición de magistrado y dejará de percibir la remuneración correspondiente a su cargo. Asimismo, deberá dejar la oficina que utilice y perderá todos los derechos inherentes a su condición de juez en actividad.

Por su parte, González dijo que “este proyecto viene a dejar de forma clara lo que expresa nuestra Constitución en el artículo 99, inciso 4. Queremos con este proyecto evitar interpretaciones especulativas según la conveniencia. Y que, el precepto constitucional, se interprete tal cual fue su espíritu. Es decir, los jueces que cumplen 75 años de edad cesan en sus funciones ese mismo día, salvo que hayan obtenido el acuerdo de Senado para una nueva designación por cinco años más”.

Según los fundamentos del proyecto, los autores consideran imprescindible que la norma prevea que solo el trámite completo de nueva designación, que culmine con el necesario decreto de nombramiento emitido por el presidente de la Nación, permite al juez involucrado continuar desempeñando su cargo.

De manera que quede establecido que la mera petición de acuerdo o aun el otorgamiento de ese acuerdo no bastan si la nueva designación no concluye con el decreto de rigor y el magistrado debe cesar en su cargo de manera automática al cumplir la edad prevista en la Constitución Nacional. También se propicia que, una vez producida la vacante automática, el Consejo de la Magistratura deba convocar de inmediato al concurso de oposición y antecedentes destinado a cubrir esa vacante, a fin de que esta sea cubierta en el menor lapso posible.

La polémica se abrió a raíz de la situación de la jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa -con voto clave en causas que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner-, quien cumplió 75 años el pasado 9 de agosto, pero hasta ahora el oficialismo en el Senado no ha tenido el número para poder aprobar su pliego enviado por el Poder Ejecutivo, que busca prorrogar su cargo por cinco años más.

El día de su cumpleaños, la magistrada informó a sus pares que dejaba la presidencia de la Cámara y que no firmaría más resoluciones, pero que no se tomaría licencia a la espera del trámite parlamentario -hasta diciembre-, amparada según su criterio en una resolución de 2017 del Consejo de la Magistratura sobre la continuidad de los jueces mayores de 75 años.

Convocada a último momento del martes, se reunió este miércoles por la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para tratar sendos oficios judiciales enviados por la jueza María Eugenia Capuchetti para solicitar el secuestro del celular o los celulares del diputado nacional Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires), mientras que en el segundo caso se notificaba que el legislador había adjuntado un teléfono y solicitaba a la Cámara que se le diera la autorización pertinente a proceder con la apertura del celular.

“Los oficios llegaron esta semana y entendimos que era atinado tratarlos de manera rápida y aprovechando la presencia de todos los diputados, por la sesión convocada por la oposición”, aclaró el presidente de la comisión, Hérnán Pérez Araujo (FdT – La Pampa), abriendo el paraguas ante los reproches que pudiera haber de parte de la oposición por la rapidez con la que había sido convocado la reunión.

El pedido encontró disposición de parte de todos para proceder con el pedido formulado por la justicia y se firmó entonces el dictamen correspondiente.

Poco después de la reunión, el presidente del bloque oficialista, Gerardo Martínez, celebró a través de X la autorización brindada por la comisión para acceder a información y/o comunicaciones contenidas en el celular de Milman, de acuerdo al requerimiento judicial, y anunció que el oficialismo pediría que se apruebe en la sesión de este miércoles.

Así lo expuso de parte de Juntos por el Cambio el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien aclaró que el primer oficio devenía en abstracto, pues Milman ya había entregado el celular. “Queda pendiente la autorización que nos pide la jueza”, comentó el legislador, recordando que quedaba pendiente la autorización solicitada, atento a la Ley de Fueros que obliga a que ese procedimiento deba ser autorizado por la Cámara. “Estamos totalmente de acuerdo con esa autorización, vamos a votar favorablemente”, confirmó Tonelli, aunque aclaró que harían un par de salvedades, pues la cuestión había sido apelada por la defensa de Milman. “La Cámara Federal ha fijado ciertos términos que deberíamos respetar y deberían constar en nuestra resolución”, señaló el legislador, que aclaró que la extracción del celular debería limitarse a analizar los hechos investigados, preservándose toda información que no guarde relación con el caso. Dijo entonces que votarían a favor, pero pidió que la efectiva apertura quedara supeditada a los términos de la Cámara Federal.

Fiel a su conocida postura, la diputada Graciela Camaño se mostró dispuesta a no darle “ningún tipo de impunidad” a los legisladores respecto de la presentación ante la justicia y máxime frente a un hecho probatorio, y hasta pidió eliminar el artículo 1° de la Ley de Fueros, porque “es una trampa que le hemos dado a la ley”, dijo. A su criterio, no se debe obstaculizar de ninguna manera el accionar de la justicia cuando se trata de un diputado nacional. “No podemos objetar absolutamente nada, no tenemos que poner ningún tipo de restricción en el tema”, y se manifestó contra la postura expuesta por la defensa del legislador respecto de que la verificación del celular se hiciera al momento de que hubiera un fallo final. “Es una argucia que va a seguir llevándonos al fondo de la cuestión –dijo-. En algún momento debemos sentarnos a derogar ese infine que excede las atribuciones que la Constitución nos da cuando tenemos que definir fueros”.

A continuación, Pérez Araujo rechazó la observación de Pablo Tonelli respecto de que se tornara el primer oficio “abstracto”, pues si bien Gerardo Milman había entregado uno, bien podía haber más de un celular. Y el oficio habla del “celular o celulares”, enfatizó, y aclaró que el oficio mismo decía estar “conforme a los términos fijados por el Ministerio Público Fiscal, que es lo que dice la resolución de los jueces Bruglia y Bertuzzi”.

Finalmente intervino el diputado oficialista Rodolfo Tailhade, quien manifestó el obvio acompañamiento al pedido de autorización dela jueza Capuchetti, aunque cuestionó que “esto se debería haber resuelto mucho tiempo antes, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado”.

Además, Tailhade criticó a su colega, diciendo que “ha demostrado una actitud absolutamente impropia de su condición. Me parece demasiado tiempo que ha transcurrido para que el diputado Milman ponga a disposición del juzgado este elemento de prueba”. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de investigar si  había más celulares que le pertenecieran al legislador, para ser peritados también.

“Tampoco podemos hacer silencio respecto de algunos antecedentes que tiene esta situación. En particular un hecho gravísimo que está siendo investigado, como la eliminación de todos los datos que tenían los teléfonos de Milman y dos asesoras, en una sede de una fundación que hasta hace poco presidía la candidata presidencial Patricia Bullrich”, apuntó el legislador camporista, que concluyó quejándose de una investigación judicial del atentado que definió como “bochorno”, por cuanto “estamos a diez días de cumplirse un año del intento de asesinato y estamos dando vueltas con el secuestro de un celular de alguien que apareció involucrado al mes del hecho”.

Referentes históricos de sus respectivos bloques, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, culminarán sus mandatos el próximo 10 de diciembre y dejarán el Congreso, dado que no competirán en ninguna de las listas en estas elecciones.

Uno de los casos más salientes es el del cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad.

El radical, que comandó la bancada de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Cambiemos, decidió no presentarse este año en disconformidad con que no haya lista de unidad para legisladores nacionales, producto de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ambos le ofrecieron ser parte de sus nóminas en el distrito, Negri no aceptó por no sentirse cómodo con la “balcanización” del interbloque.

Otra referente histórica que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. Pero, en total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, otra de las bajas significativas de Juntos por el Cambio será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora. Ya en diciembre pasado, cuando decidió no renovar su lugar en el Consejo de la Magistratura, había resuelto que no sería candidato en las elecciones de este año.

Por el lado del Frente de Todos, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad.

Más legisladores destacados que no renuevan

En el oficialismo, entre los legisladores a quienes se les vencen sus mandatos y no figuran en las listas aparecen el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; y el bonaerense Federico Fagioli, uno de los tres diputados referenciados en Juan Grabois -sus otros dos compañeros sí están anotados por la renovación-.

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019.

Por el lado de Juntos por el Cambio tampoco irá por un nuevo mandato el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja que peleará contra Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza; María Luján Rey, parte del bloque macrista, y quien se encuentra atravesando una dura enfermedad; y Federico Angelini, presidente del partido Pro -en reemplazo de Patricia Bullrich-.

La lista incluye al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas, que ha actuado como aliado del oficialismo en la Cámara de Diputados; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal.

Senado

En lo que respecta al Senado, donde ocho provincias renuevan a sus representantes, hay varios anotados por la reelección o algunos en listas de diputados nacionales, pero entre los que no figuran en ninguna nómina está el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005.

Tampoco será candidata su comprovinciana María Eugenia Catalfamo, del riñón de Alberto Rodríguez Saá, una de las senadoras que abandonó el Frente de Todos en febrero de este año.

La tanda se completa con los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, del Pro; y la sanjuanina Cristina López Valverde del oficialismo.

Impulsor del proyecto de ley de Código Aeronáutico, el diputado nacional Pablo Tonelli presentará el mismo el próximo martes en el Congreso de la Nación.

Será en el marco de un encuentro en el que participará el autor de la iniciativa, Mario O. Foichi, quien es presidente de la Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA).

El evento, que se realizará este martes 15 de agosto a partir de las 18, en el Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación (Rivadavia 1841, primer subsuelo, del Anexo A), contará como expositores con Diego Chami, profesor titular de Derecho Aeronáutico de la UBA; Giselle Javurek, profesora titular de Derecho Aeronáutico, de la Universidad Nacional de Córdoba; Francisco Losada, profesor titular de Derecho Aeronáutico de la Universidad Nacional de Cuyo; y Emilio Romualdi, director del Doctorado de la Universidad Kennedy y secretario general de ALADA.

La entrada del evento es libre y gratuita y por mayor información se puede consultar al 6075-2712, o al mail [email protected].

Luego de que la carta del jefe de bancada de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara baja, Juan Manuel López, reavivará la interna de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) salió este miércoles a bajar los decibeles, pero advirtió: “La veo a Patricia Bullrich con más carácter y determinación para evitar los excesos del kirchnerismo”.

Además, el jurista del Pro se mostró tranquilo y afirmó que “las invocaciones a la prudencia siempre son buenas”. Del mismo modo, se refirió a la elección del candidato en Santa Fé y opinó: “Las declaraciones (acusaba vínculos narcos de su competidor) de Carolina Losada son responsabilidad de ella, no de Patricia. (Maximiliano) Pullaro dijo que es un tema superado. Terminó la interna y empezamos de cero”.

En diálogo con Radio 10, Tonelli manifestó que está encolumnado detrás de la precandidatura presidencial de Patricia Bullrich “porque tiene más carácter y determinación para evitar los excesos del kirchnerismo”. No obstante, aclaró que “Horacio Rodríguez Larreta es más conciliador”, en una clara alusión al episodio en el que el jefe de Gobierno buscó sumar a Juan Schiaretti.

Por otro lado, diferenció al actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, por no postularse en las próximas elecciones, del exjefe de Estado Mauricio Macri, a pesar de la derrota en 2019: “Una cosa es que Mauricio haya fracasado en su reelección y otra cosa es que su gobierno haya sido un fracaso que, para mí, no lo fue”.

Respecto a las diferencias entre los precandidatos de Juntos por el Cambio, Tonelli señaló que “no advierto diferencias entre Horacio y Patricia respecto al Poder Judicial porque ambos son respetuosos”. De ese modo, diferenció a toda la oposición del oficialismo: “Tenemos un modo de seleccionar a los jueces de forma más idóneos y el kirchnerismo busca poner jueces afines y militantes”.

“Los jueces militantes son aquellos que se basan mas en su ideología que en la ley”, definió el diputado Pro. Para cerrar, fue consultado sobre sí el miembro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, no era afín a Cambiemos, y respondió que “no fue así porque es un excelente juez”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) se refirió a la definición del nuevo Congreso, a partir de las elecciones de este año, y dijo que desde Juntos por el Cambio tienen "una expectativa muy fuerte de que podamos tener mayoría en las dos cámaras". "Además, como somos propensos al diálogo y lo fomentamos, el Congreso va a volver a funcionar normalmente", expresó.

El legislador, que dejará su banca en diciembre, señaló que "el Congreso va a tener una importancia mayúscula en el próximo gobierno, particularmente en los primeros tiempos".

Al diferenciarse del oficialismo, el macrista criticó que "con el kirchnerismo es muy difícil dialogar, no les interesa la búsqueda de acuerdos y consensos, ellos solo entienden la política como una imposición". En ese sentido, acusó al Frente de Todos de que "no sesionemos porque no pueden resolver lo que les gusta".

Sobre el juicio político que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema, el porteño consideró que "es un embate más del kirchnerismo contra la Justicia". "El kirchnerismo nunca se llevó bien con la Justicia, hizo intentos para cooptarla y dominarla, como en esa ley pomposa de la democratización de la Justicia, que era una verdadera calamidad y por suerte la Corte frenó y declaró inconstitucional", recordó.

"La Justicia tiene que ser independiente para controlar a los otros dos poderes", resaltó y auguró: "Todos estos embates contra la Corte Suprema en particular, y contra el Poder Judicial en general, se van a terminar a partir del 10 de diciembre cuando asuma un nuevo gobierno de Juntos por el Cambio".

Consultado en CNN Radio sobre cómo cree que sería la relación de Sergio Massa y la Justicia en un eventual gobierno, Tonelli observó que el líder del Frente Renovador "tiene algunas diferencias con el kirchnerismo puro y duro, pero si uno se atiene a las idas y vueltas que ha tenido Massa en su trayectoria se hace muy difícil pronosticar cuál podría ser el rumbo de una gestión eventualmente encabezada por él. Por suerte creo que no va a ocurrir".

Además, cuestionó al ministro de Economía por ser precandidato sin haber renunciado a su cargo. "La tradición democrática y republicana indica que quien aspira a un cargo electivo, cuando llega el momento de la campaña, renuncia al cargo y se dedica a la campaña y compite en igualdad de condiciones. Pero sabemos que con el kirchnerismo lo ideal es una utopía", manifestó.

Por último, el diputado del Pro se refirió a la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: "Entiendo que haya quejas por el tono elevado, pero no hay que darle tanta importancia. Estamos en un interna, hay dos candidatos que compiten y es lógico que intenten diferenciarse. En el país hemos tenido pocas internas de este tipo".

"No hay que asustarse y hay que dejar que los candidatos sigan exponiendo sus propuestas, programas e ideas y después, cuando uno de ellos quede consagrado, no tengo dudas que todo Juntos se alineará detrás del ganador ", cerró.

Referentes históricos de sus respectivos bloques, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, culminarán sus mandatos el próximo 10 de diciembre y dejarán el Congreso, según se desprende del último cierre de listas que los dejó afuera, aunque varios de ellos han asegurado que se trató de una decisión personal. 

Uno de los casos más salientes es el del cordobés Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, quien cumplirá en diciembre 24 años como diputado nacional, cargo que desempeñó de 1993 a 2001, de 2003 a 2007 y de 2011 a la actualidad. 

El radical, que comandó la bancada de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Cambiemos, decidió no presentarse este año en disconformidad con que no haya lista de unidad para legisladores nacionales, producto de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Si bien ambos le ofrecieron ser parte de sus nóminas en el distrito, Negri no aceptó por no sentirse cómodo con la “balcanización” del interbloque. 

Otra referente histórica que se irá el 10 de diciembre será Graciela Camaño, actualmente diputada por el bloque Identidad Bonaerense, quien ocupa una banca en la Cámara baja de forma ininterrumpida desde hace 20 años, es decir, ha ejercido cinco mandatos desde 2003. Este año, tras la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo, ratificó: “Yo me voy a ir del Congreso, eso lo tengo decidido”. En total, fue legisladora por 28 años, ya que antes de 2003 tuvo dos mandatos de 1989 a 1993 y de 1997 a 2001.

Con tres mandatos completos y uno que ejerció por la mitad, otra de las bajas significativas de Juntos por el Cambio será el macrista Pablo Tonelli. Fue diputado de 2005 a 2007 y ocupa una banca desde 2011 hasta ahora. Ya en diciembre pasado, cuando decidió no renovar su lugar en el Consejo de la Magistratura, había resuelto que no sería candidato en las elecciones de este año. 

Por el lado del Frente de Todos, se retirará el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, quien está anotado en la pelea por la gobernación en San Juan, cargo que ocupó de 2003 a 2015. El paso del dirigente peronista por el Congreso fue como diputado nacional de 1991 a 1995; senador nacional de 1995 a 2003 -siendo presidente provisional de la Cámara alta de diciembre de 2002 a mayo de 2003-; y nuevamente diputado nacional desde 2015 a la actualidad. 

Más legisladores destacados que no renuevan

En el oficialismo, entre los legisladores a quienes se les vencen sus mandatos y quedaron sin lugar en las listas aparecen el entrerriano Marcelo Casaretto, presidente de la Comisión de Industria y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; el pampeano Hernán Pérez Araujo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el bonaerense massista Carlos Selva; la porteña Mara Brawer; y el bonaerense Federico Fagioli, uno de los tres diputados referenciados en Juan Grabois -sus otros dos compañeros sí están anotados por la renovación-. 

También la fueguina Rosana Bertone, quien se desempeñó como diputada nacional de 2001 a 2013, como senadora nacional de 2013 a 2015, y nuevamente en la Cámara baja desde 2019. 

Por el lado de Juntos por el Cambio tampoco irá por un nuevo mandato el radical Miguel Bazze, quien juró por primera vez como diputado nacional en 2011 y desde entonces no se movió de ese ámbito; el legislador del Pro Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara baja que peleará contra Alfredo Cornejo por la gobernación de Mendoza; María Luján Rey, parte del bloque macrista, y quien se encuentra atravesando una dura enfermedad; y Federico Angelini, presidente del partido Pro -en reemplazo de Patricia Bullrich-, que competirá en Santa Fe como precandidato a vicegobernador de Carolina Losada. 

La lista incluye al misionero Diego Sartori, integrante del interbloque Provincias Unidas, que ha actuado como aliado del oficialismo en la Cámara de Diputados; y al socialista Enrique Estévez, dentro del interbloque Federal, que competirá en las elecciones provinciales como precandidato a intendente de Rosario. 

Senado 

En lo que respecta al Senado, donde ocho provincias renuevan a sus representantes, hay varios anotados por la reelección o algunos en listas de diputados nacionales, pero entre los que no figuran en ninguna nómina está el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la Cámara alta hace 18 años, desde 2005. Anteriormente había sido diputado de 2003 a 2005. 

Tampoco será candidata su comprovinciana María Eugenia Catalfamo, del riñón de Alberto Rodríguez Saá, una de las senadoras que abandonó el Frente de Todos en febrero de este año. 

La tanda se completa con los bonaerenses del Pro Gladys González y José Torello; la riojana aliada del oficialismo Clara Vega; los misioneros Maurice Closs, Magdalena Solari Quintana -ambos que habían ingresado en 2017 por el oficialismo provincial, aunque el primero forma parte hoy del FdT- y Humberto Schiavoni, del Pro; y la sanjuanina Cristina López Valverde del oficialismo. 

Gane o pierda en las próximas elecciones, una sensible baja que experimentará Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre de 2023 será sin lugar a dudas la del diputado nacional Pablo Tonelli, quien es siempre la voz autorizada en el recinto para intervenir cuando de temas jurídicos se trata.

No solo en el recinto, claro está. Quedó claro en la última reunión de la Comisión de Juicio Político, en la que tuvo un rol central, al intervenir dos veces en representación de la oposición. En el marco del debate del enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema, lo hizo particularmente al rechazar las imputaciones que el oficialismo hacía contra el juez Juan Carlos Maqueda por su papel referido a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Tonelli intervino para señalar que “las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país”, e ironizó que si se convocaran a “personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”.

Más tarde volvería a hacerlo para referirse al tema de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de diciembre, ya no estará más en la Cámara baja por decisión personal, pues -según confiaron a parlamentario.com allegados al legislador del Pro- cuando en octubre pasado decidió no ir por otro mandato en el Consejo de la Magistratura, también resolvió no renovar en Diputados este año. Por eso no figurará en las listas de diputados por la Ciudad de Buenos Aires en el cierre previsto para este fin de semana.

Tonelli ocupa una banca desde 2011, por lo que está cumpliendo su tercer mandato consecutivo. En rigor, fue diputado nacional 14 años, pues entre 2005 y 2007 también había sido diputado nacional, renunciando a la mitad de su mandato para asumir como procurador general de la Ciudad de buenos Aires.

Durante la gestión de Cambiemos como oficialismo, fue central el rol de Tonelli como titular de una de las comisiones más importantes, Asuntos Constitucionales. Por eso llamó la atención que en 2019 se lo ubicara en el puesto 7 de la lista de JxC en la Ciudad, cuando en 2015 había estado en el segundo lugar. Así y todo no le fue mal a Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la Ciudad, donde ingresaron 8 diputados nacionales.

Durante su trayectoria como legislador nacional, presentó 151 proyectos, 89 de ellos de ley. Seguramente el futuro lo encontrará, en el caso de llegar Juntos por el Cambio a la presidencia, en un lugar en el Ejecutivo.

Legisladores de Juntos por el Cambio, que también son consejeros, celebraron el avance contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, quien quedó a un paso del juicio político por mal desempeño en sus funciones y delitos graves.

"Celebro que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura haya aprobado finalmente mi dictamen contra el corrupto juez Bento. Confío en que pronto lo apruebe el plenario y ese magistrado sea enjuiciado por el jurado de enjuiciamiento y suspendido de sus funciones", expresó este miércoles el diputado del Pro Pablo Tonelli.

Además, en alusión a la abstención de los representantes del oficialismo, el macrista apuntó: "Los consejeros que responden al kirchnerismo deberían explicar por qué, luego de más de dos años de investigación, defienden jueces corruptos".

Por su parte, la legisladora radical Roxana Reyes escribió en su Twitter: "Hace instantes, en la reunión de Acusación, aprobamos el dictamen que propone la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión en sus funciones de Walter Ricardo Bento, juez titular del juzgado federal Nro. 1 de Mendoza. La justicia debe ser ejemplar o no es justicia".

En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura el dictamen se aprobó con cuatro votos a favor que originalmente había dado el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y ahora sostuvieron Eduardo Vischi, Roxana Reyes, Miguel Piedecasas y Álvaro González. Mientras que los oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Héctor Recalde se abstuvieron.

El dictamen acusatorio pasará al plenario del Consejo previsto para el próximo 31 de mayo, donde necesitará de los dos tercios de los votos -13, con asistencia plena- para la suspensión automática y el pase a la etapa de jury.

Bento está siendo investigado por mal desempeño de sus funciones y delitos graves, como sobornos, enriquecimiento y protección a personas que estaban bajo su proceso en su tribunal. De hecho, el próximo 26 de junio comenzará un juicio oral en su contra.

Los consejeros que responden al Kichnerismo deberían explicar por qué, luego de más de dos años de investigación, defienden jueces corruptos.

— Pablo Tonelli (@PabloTonelli) May 17, 2023

"En el dictamen está suficientemente propuesto cuáles son las circunstancias por las cuales se va a trabajar en esta acusación. Vengo en representación de los senadores de la UCR para trabajar por una Justicia que tenga cercanía, sea federal y tenga compromiso de mejorar las herramientas para hacer un instrumento para solucionar conflictos", sostuvo el senador Vischi.

Por otro lado, el diputado kirchnerista Tailhade consideró: "No estamos en presencia de una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el jurado de enjuiciamiento. Si se aprueba en el marco de mayorías va a ser difícil en el marco del juicio político considerar probadas todas y cada una de las imputaciones".

"Si su conducta es tan reprochable no tendríamos que tener necesidad a la resolución de la causa penal y deberían ser cuestiones autónomas. Es básicamente una expresión de deseo lo que hay en el dictamen, todo su desarrollo da cuenta de que estamos supeditados a lo que va a pasar en la causa penal porque ahí se va a definir si existieron los hechos", señaló el oficialista y anunció la abstención.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) opinó este martes acerca de la posibilidad de que el Gobierno anuncie sobre una posible derogación de la Ley de Alquileres y expresó: “Derogar la ley de alquileres sería un gran paso adelante y ayudaría a normalizar el mercado”.

En esa línea, Tonelli afirmó que “esa ley alteró el mercado de los alquileres”, y agregó: “Ha habido una retracción de la oferta porque los propietarios no ven con claridad el futuro de los alquileres”.

En declaraciones a Radio 770, el jurista del Pro recordó que no votó la aprobación del proyecto en noviembre del 2019. Del mismo modo, expresó: “Nunca me gustó, y no la voté. La actualización de precios de una vez por año es muy poco respecto a la inflación”.

Por otro lado, añadió que “soy partidario de que el Estado de incentivos fiscales a los propietarios” y “que no paguen impuesto a las ganancias por la renta”. “Mejoraría la situación del mercado y el negocio volvería a hacer rentable, y con más ofertas habría mejores precios”, señaló.

En relacion al tema, amplió: “Perjudicar a una de las partes, siempre altera el mercado y termina perjudicando a las dos”, y manifestó: “La mejor regla de alquileres es la que no existe y le da libertad a las partes de negociar”.

En el final, remarcó que “en Argentina hay una larga tradición de no respetar los contratos”, y cerró: “Tengo la tranquilidad de que lo que estoy diciendo ahora, lo dije cuando me opuse a la ley. Es hora de volver a poner equilibrio en la relacion inquilino y propietario”.

A unas semanas de iniciado un nuevo período legislativo, las comisiones aún no se ponen en marcha. Tal es así que los diputados nacionales Pablo Tonelli (Pro) y María Soledad Carrizo (UCR) presentaron una nota denunciando la falta de actividad de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La misiva fue dirigida al diputado kirchnerista Marcos Cleri -titular de la comisión- en la que le remarcaron que la misión de la misma es “dictaminar acerca de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos dictados en ejercicio de una delegación legislativa y de los decretos de promulgación parcial de leyes que emita el Poder Ejecutivo”.

En ese sentido denunciaron que “en la actualidad son 66 decretos pendientes de revisión” que fueron dictados por el presidente de la Nación y que “ningún tratamiento ha tenido ni mucho menos se ha expedido despacho al respecto”.

A su vez, le dejaron un listado de los decretos más relevantes pendientes de dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo:

• 805/21 Prórroga de la emergencia de las tierras indígenas.
• 867/21 Prórroga de la emergencia sanitaria.
• 131/22 Suba de retenciones a la exportación de aceite de soja y harinas.
• 132/22 Creación de fondo fiduciario para el trigo.
• 277/22 Régimen de acceso a divisas para la producción de petróleo.
• 729/22 Creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
• 765/22 Avales crediticios para ENARSA.
• 863/22 Ampliación de la emergencia sanitaria.
• 809/21, 88/22, 331/22, 712/22 t 829/22 Modificaciones presupuestarias.

Nota-presentada-a-la-Comisión-Bicameral-de-Trámite-Legislativo-15-03-23-1

Los diputados nacionales Pablo Tonelli (Pro), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI) denunciaron este miércoles ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla por "mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples y reiteradas por haber ofrecido un testimonio objetivamente falso" ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

La denuncia se presentó luego que en la última reunión de la comisión el oficialismo impusiera su mayoría para rechazar el planteo de la oposición contra el magistrado.

"Se deja aclarado que no se plantea aquí que la conducta haya sido necesariamente dolosa, es decir, netamente subsumible al tipo previsto en el artículo 275 del Código Penal. Ello será materia de dilucidación, en su caso, por ante la justicia criminal. No obstante, no cabe duda de que el magistrado fue por lo menos gravemente negligente en su declaración, que resulta objetivamente falsa, y que fue formulada en circunstancias que exigían un altísimo grado de prudencia", sostuvieron en el escrito.

Asimismo, los legisladores de Juntos por el Cambio consideraron que "en la misma audiencia testimonial" del pasado 23 de febrero, "el magistrado realizó manifestaciones que constituyen una clara falta a la consideración y respeto debidos a otros magistrados, así como un supuesto de falta de mesura y decoro en su función judicial".

Y subrayaron que "de comprobarse las conductas" que detallaron, se proceda a "la destitución del magistrado o, al menos, la aplicación de una sanción disciplinaria".

En la denuncia, los opositores cuestionaron que el juez "mencionó de forma reiterada al diputado Pablo G. Tonelli, y le atribuyó conductas que jamás existieron". "Comenzó el testigo por afirmar que tuvo 'un juicio político abierto durante dos años', lo cual no es cierto", señalaron.

En ese sentido, recordaron que la investigación contra Ramos Padilla "comenzó el 15 de marzo de 2019 y concluyó el 5 de junio de 2020, por lo que duró sólo un año y tres meses. Y como la denuncia fue desestimada, tanto por la comisión como por el pleno del Consejo de la Magistratura, nunca hubo ni declaración de admisibilidad o imputación en el ámbito de la comisión, ni acusación formal ni un mucho menos un verdadero 'juicio', 'juicio político', o 'enjuiciamiento' a los que se refieren la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes".

Junto a @PabloTonelli y @JuanmaLopezAR presentamos una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien asistió a la Comisión de Juicio Político para incurrir en mentiras y falso testimonio. Debe ser sancionado y evaluarse su remoción. pic.twitter.com/5eq4nFt7gG

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 15, 2023

Además, resaltaron que "lo que es especialmente falso" es que "el diputado Tonelli haya impulsado esa denuncia, investigación o proceso. Y como es obvio, una falsedad mucho más grave es, entonces, afirmar que ese inexistente impulso haya tenido fundamento en las 'escuchas' o 'conversaciones telefónicas'".

"La única participación del Dr. Tonelli en el expediente en cuestión fue en su carácter de consejero instructor, como resultado del sorteo realizado en la Comisión de Disciplina y Acusación", aclararon.
El documento menciona que "el testigo afirmó categóricamente, bajo juramento de decir verdad, una supuesta participación del diputado Tonelli en una también supuesta filtración de escuchas telefónicas, que jamás existió y sobre la cual no existe prueba alguna".

"En el expediente tramitado ante este Consejo jamás se presentó siquiera un proyecto de citación en los términos del artículo 20 del Reglamento, y por lo tanto, el testigo no estuvo ni acusado, ni sometido a 'juicio político' alguno, y no hubo la menor 'utilización' de escucha alguna", insistieron.

Al repasar fragmentos de la declaración del juez, se recordó que Ramos Padilla sostuvo: "Si lo que se discute es la validez de las escuchas en un juicio político, está claro que está la 'doctrina Oliveto' o la 'doctrina Tonelli' que consideran que, en estos casos, son válidas las escuchas”.

"Otra afirmación que no sólo es falsa, sino que demuestra que el juez formuló expresiones con absoluta ligereza y falta de decoro, impropias de su investidura judicial", subrayaron Tonelli, Negri y López. También hicieron referencia a su expresión sobre "presos políticos".

Ramos-Padilla-denuncia-Consejo

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) habló sobre la séptima reunión de Comisión de Juicio Político y se refirió a la ausencia del fiscal Carlos Stornelli: “Al oficialismo le importa hostigarlo para contribuir al show, si no le mandaran las preguntas por escrito”.

Además, el jurista del Pro expresó: “El reglamento de la comisión tiene una jerarquía normativa similar a la de un club de barrio”, y agregó: “La jerarquía normativa de una ley está mucho más por encima del reglamento. Es un invento que hay rango constitucional. Es un disparate, me hacen reír”.

En declaraciones a FM La Patriada, el diputado opositor amplió: “El oficialismo cita gente para contribuir al espectáculo”. Así también, advirtió: “Soy crítico y no lo veo nada bien, se citan testigos sin saber para qué. Citaron testigos por ser parientes del presidente del Colegio de Abogados”.

Al respecto, recordó lo dicho por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre la cantidad de testigos a declarar y explicó: “Hay 131 testigos, a cuatro o cinco por semana, vamos a tardar años”. “Estos testigos no aportan nada”, señaló.

En la misma línea, manifestó que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “es un ejercicio de distracción para entretenernos con esto y no hablar de inflación, inseguridad y el narcotráfico”. “Este juicio político no apunta a reformar nada, solo apunta a perseguir a los jueces de la Corte”, enfatizó.

A su vez, relató que este miércoles será presentada la denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla. “Hoy se presenta la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez porque según el oficialismo mintió bajo juramento”.

En el cierre, expresó: “Nadie explicó, ni probó nada sobre el tráfico de influencias”, y cerró: “El oficialismo está llevando esto sin rumbo definido”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) opinó acerca del discurso del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa y sostuvo que “fue una puesta en escena para defenderse”.

En esa línea, agregó: “Intentó ocultar la decadencia y el fracaso del gobierno, la falta de rumbo y la ruptura interna de la coalición gobernante del Frente de Todos”. Del mismo modo, manifestó: “Mostró una preocupante desconexión con la realidad”.

Además, Tonelli sostuvo que Alberto Fernández “perdió la oportunidad de anunciar los propósitos, las metas y los objetivos del gobierno para lo que le queda de mandato y se dedicó a echarle la culpa de la crisis que vivimos los argentinos a la oposición, la Justicia y los medios de comunicación”.

“Se burló del federalismo y de la ley, porque a pesar de sus palabras, sigue sin cumplir un fallo de la Corte Suprema que puso un límite a la discrecionalidad en el manejo de los fondos coparticipables”, señaló.

En tal sentido, aseveró que “decidió no cumplirlo y armar un circo para intentar llevar adelante el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y enfatizó: “Un intento carente de fundamentos y enfocado a menoscabar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.

Por otro lado, afirmó: “Mintió cuando habló de las vacantes en el Poder Judicial, específicamente en Santa Fé, donde es urgente cubrir esas vacantes en la justicia federal para luchar contra el narcotráfico”. “Le echó la culpa al Consejo de la Magistratura pese a que la realidad es que, de un total de nueve vacantes, solo tres se encuentran en concurso en el ámbito del Consejo, y seis dependen de la decisión del oficialismo. Cuatro designaciones están cajoneadas en el Senado y dos en el Poder Ejecutivo”, siguió.

“Comenzó autoelogiando su "moderación" y terminó exaltado y desencajado, atacando al Poder Judicial y a la oposición, y buscando congraciarse con la vicepresidente”, explicó.

Por último, sostuvo que “es una muestra más del fracaso del populismo gobernante en nuestro país: atacan a las instituciones y no proponen soluciones a los problemas de los argentinos”.

El eje del discurso del diputado del Pro Pablo Tonelli en la Comisión de Juicio Político pasó por el rechazo a juzgar a los integrantes del Tribunal Superior por el contenido de sus fallos.

“No se puede juzgar a los jueces por el contenido de las sentencias -remarcó-. Si tuviéramos la atribución de hacerlo, se acaba la independencia judicial. Los jueces ya no podrían tener la libertad de decidir las causas según su leal interpretación de la ley y la Constitución, sino que estarían pensando o calculando cuál es el criterio del gobernante o el poderoso de turno para adecuarse a ese criterio y se acaba la independencia judicial”.

En otro pasaje, el especialista en cuestiones judiciales aclaró que la independencia judicial beneficia a los más débiles, y concluyó contando una historia que le servía como ejemplo ideal: la del rey Federico de Prusia y el molinero.

“A mediados del siglo XVIII, reinaba Federico, que solía pasar mucho tiempo en las afueras de Berlín -comenzó-. Y lo único que alteraba su tranquilidad era un molino cercano que en el momento de la molienda hacía mucho ruido. Entonces Federico lo mandó llamar al molinero, le dijo que le compraba el molino, pero el molinero le dijo que no. Que ese molino él lo había heredado de su padre, y su padre de su abuelo, y su abuelo de su bisabuelo, y no estaba en venta”.

Ante esto, el rey le dijo: “Pero yo soy el rey, soy poderoso, puedo en encontrar el modo de obligarte a venderme el molino”… Y el molinero siguió diciendo que no. “El rey entonces le dijo: ‘¿Pero no tenés miedo de mi poder? Y el molinero le dijo que no, ‘porque en Berlín hay jueces’”. “Claro, jueces independientes, jueces que iban a fallar de acuerdo con la ley, la Constitución, sin temor a la reacción del poderoso”, concluyó Tonelli, que agregó que “Federico entendió el valor que tenía esta convicción del molinero y lo dejó tranquilo y se olvidó del molino… Porque para eso está la independencia de la justicia: para proteger a los humildes, a los ciudadanos de a pie, para evitar las arbitrariedades”.  

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – Ciudad de Buenos Aires) consideró que el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema que impulsa el Poder Ejecutivo es "una desmesura", así como también afirmó que "quiebra las reglas de convivencia entre los tres poderes del Estado".

El integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja denunció que "parte de las imputaciones que el presidente (Alberto Fernández) hace a los jueces están fundadas en pruebas obtenidas ilegalmente".

En declaraciones radiales, el dirigente del Pro aseguró que "este pedido de juicio político es una desmesura y es algo que quiebra las reglas de convivencia entre los tres poderes del Estado".

Al ser consultado sobre qué actitud tomará el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Tonelli subrayó: "No vamos a prestarnos a ningún acuerdo que no respete la Constitución, por eso en la Comisión de Juicio Político vamos a rechazar el pedido que promueve el Ejecutivo y lo mismo haremos en el pleno si avanza".

"Hay que respetar la independencia de la Justicia, hay que cumplir con las decisiones de los Tribunales", señaló el diputado opositor, en alusión al fallo de la Corte Suprema favorable a la Ciudad de Buenos Aires en la demanda por fondos coparticipables.

Finalmente, el abogado advirtió que ante este enfrentamiento entre el Gobierno y el máximo tribunal los inversores "salen espantados". "Genera un daño muy grande a la Argentina", concluyó.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) opinó este martes sobre el anuncio presidencial respecto del pago con bonos a la Ciudad por la coparticipación y expresó: “Pagar con bonos -que es una burla y una 'tomada de pelos'- no cumple con el fallo de la Corte Suprema”.

Del mismo modo, el diputado consideró que “alguien convenció” al presidente de dar un giro en su decisión respecto al fallo de la Corte Suprema. “No tengo dudas que desde Estados Unidos llamaron al ministro de Economía, Sergio Massa, para explicarle que se olviden de cualquier negociación con el Fondo Monetario Internacional si Alberto Fernández no acataba el fallo”.

Entrevistado por Radio Milenium, explicó que la única forma de cumplir con el fallo de la Justicia “es transfiriendo cada tarde desde el Banco Central el 2,95 por ciento de la recaudación de impuestos, en vez del 1,40 como se viene haciendo”. Del mismo modo, agregó: “La transferencia debe ser en billete y no con papeles de colores”.

“No es serio pagar con bonos si vos recaudás en efectivo todos los días”, señalo Tonelli. Además, manifestó: “Otra vez quedó en evidencia que el presidente no sabe cuál es su rol ni lo que significa la Constitución Nacional”.

Por otro lado, el diputado opositor afirmó que, a pesar de los tiempos extensos, Ciudad debe exigirle a la Corte que haga cumplir el fallo “como corresponde”.

“Acá hay una cuestión de cumplir con la Constitución Nacional y cumplir con el fallo”, siguió.

Consultado por un pedido de juicio político contra el jefe de Estado, Tonelli advirtió que el presidente se torna “pasible” de un proceso judicial. Además, explicó: “Es equivocado creer que pagar con bonos es cumplir con el fallo”.

En el cierre, agregó que coincide con la postura de Patricia Bullrich, presidenta del Pro, sobre “suspender la denuncia por sedición mientras se mantenga dentro del Estado constitucional”, y remarcó que “el presidente se pone al margen de la ley y le ‘toma el pelo’ a la Ciudad”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – Buenos Aires) se refirió este miércoles a la designación del senador Luis Juez como miembro del Consejo de la Magistratura y sostuvo que “fue una buena decisión de la Corte Suprema de Justicia para evitar la consolidación de un fraude por parte de Cristina Kirchner”.

Además, agregó que “de acuerdo con la ley, corresponden dentro del Consejo, cuatro diputados y cuatro senadores, dos designados de la primera mayoría, uno de la primera minoría y uno de la segunda minoría, por lo que la designación de Luis Juez es legítima”.

Entrevistado en Radio Delta, Tonelli afirmó que “Cristina Kirchner hizo una maniobra para dividir su bloque entre el Frente de Todos y Unidad Ciudadana y así, hacerse con un legislador oficialista más dentro del Consejo”, y explicó: “Dos iban por el FdT, uno por la UCR y el tercero le correspondía al Pro”.

A su vez, Tonelli, quien forma parte del Consejo de la Magistratura desde el 2016, expresó que “dependiendo lo que suceda en las elecciones del 2023, no será la única ‘embestida’ del oficialismo hacia el Consejo”.

“Hay que recordar lo que ocurrió en diciembre del año pasado cuando la CSJ declaro inconstitucional la vigente Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura y pasó de tener 13 integrantes a tener 20”, indicó Tonelli con relación a la revocación que expresa que el senador del Frente de Todos Martín Doñate no representa a la segunda minoría.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) reafirmó este martes durante el debate del Presupuesto 2023 su rechazo al proyecto y apuntó: “Es difícil encontrar un mamarracho más grande que este y, encima es una ofensa a la idea de República”.

Y no se refería solamente al tema de la eliminación de la exención del pago de Ganancias en el Poder Judicial, cosa que había adelantado ya el viernes pasado. En el inicio de su exposición, Tonelli dijo que el proyecto “está lleno de normas inconstitucionales, ilegales e inconvenientes”, e hizo referencia a dos en particular: la aplicación del impuesto a las ganancias a todos los jueces (artículo 100 del proyecto del Presupuesto 2023) y la modificación a la Ley de Administración de Recursos Públicos (artículo 18).

“El proyecto llegó en tiempo y forma, y era razonablemente aceptable, armónico y consensuado. El ministro de Economía Sergio Massa vino al recinto, lo presentó y respondió todas las preguntas a los diputados, pero resulta que al terminar el debate todo eso se diluyó”, relató Tonelli, quien además, afirmó: “Se agregaron una multiplicidad de artículos que nunca se trataron y lo convirtieron (al proyecto de presupuesto) en un bodrio”.

El legislador opositor afirmó que “el tema de ganancias y jueces está resuelto desde el 2016” al mencionar a la ley que reglamenta que aquellos jueces y magistrados que hayan sido designados a partir del primero de enero de 2017 debían pagar el impuesto a las ganancias. “Eso ocurrió porque hay 180 de 780 magistrados en actividad que pagan el impuesto en la actualidad”, subrayó.

En esa línea, agregó que “hay una valla que es el artículo 110 de la Constitución que impide reducir remuneraciones a jueces”, y explicó que hablaba de “la llamada intangibilidad de las remuneraciones”. Del mismo modo, Tonelli sostuvo que la norma está pensada “en beneficio de los litigantes para que ningún gobierno pudiera manipular las remuneraciones de los jueces y, así, disponer de la voluntad de los jueces”.

Respecto a la ley sancionada en 2016, el legislador afirmó que “el efecto surgirá en unos años cuando ya, todos los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial estén pagando el impuesto a las ganancias en el marco de la ley”.

El segundo aspecto que Tonelli mencionó es el artículo 18 del proyecto del presupuesto que propone dejar sin efecto dos artículos de la Ley 25.152 (Administración de Recursos Públicos) que propone que “el Poder Ejecutivo no gaste por encima del Presupuesto”. Tonelli consideró que “es una forma de no cumplirlo o en el peor de los casos, gastar por encima de lo aprobado”.

“El proyecto está totalmente desnaturalizado con estas cuestiones agregadas entre ‘gallos y medianoches’. No sólo no vamos a apoyar este presupuesto, sino que también vamos a votar explícitamente en contra de estos dos aspectos anticonstitucionales e ilegales”, sentenció Tonelli.

El diputado del Pro Pablo Tonelli anticipó este viernes su voto en contra al artículo -impulsado por el Frente de Todos- para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias. Igualmente, aclaró que el tema todavía no se habló dentro del bloque, sino que se trataba de su postura personal.

Entrevistado en DiputadosTV, el macrista recordó que en 2016 fue el impulsor de la ley por la cual se estableció que los jueces y funcionarios que ingresaran al Poder Judicial a partir de enero de 2017 pagaran el impuesto a las Ganancias, y por esa norma hoy "son bastantes" quienes tributan.

El legislador explicó que en esa reforma no se incluyeron a los magistrados nombrados anteriormente porque "el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces deben recibir por sus servicios una remuneración fijada por la ley, y agrega: 'la que no puede ser disminuida de manera alguna durante el desempeño de esos servicios'".

"Más allá de la justicia o injusticia de que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces" implicaría " una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110", señaló.

Por eso, defendió que en ese momento se optó "por una solución que no era novedosa, era probada, se aplicó en Estados Unidos", donde en la década del '30 del siglo pasado se implementó y, "al cabo de unos cuantos años, hoy en día todos los jueces de Estados Unidos pagan impuesto a las Ganancias". "Aunque sea más lenta, aunque a algunos le pueda parecer injusta, es la solución que se ajusta al artículo 110", dijo.

"Soy partidario de seguir con esa fórmula, no innovar", afirmó Tonelli y confirmó su voto en contra al artículo incorporado al proyecto de Presupuesto 2023, de modo de ser "coherente con lo que voté en 2016" y atento a "la interpretación correcta y saludable del artículo 110 de la Constitución".

Además, el opositor consideró que esta propuesta "es un nuevo embate contra la Justicia". "El oficialismo está peleado con la Justicia, la quiere dominar, la quiere someter, esto lo hemos visto con muchas iniciativas", cuestionó e insistió: "Lo que el kirchnerismo quiere y busca es someter la Justicia, doblegar a los jueces para que los jueces resuelvan de la manera que ellos desean, y fundamentalmente en las múltiples causas de corrupción".

"Si tanto les preocupa el funcionamiento de la Justicia, ¿por qué el presidente lleva un año sin proponer a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema?", se preguntó.

El diputado del Pro Pablo Tonelli anticipó este viernes su voto en contra al artículo -impulsado por el Frente de Todos- para que los jueces y funcionarios del Poder Judicial comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias. Igualmente, aclaró que el tema todavía no se habló dentro del bloque, sino que se trataba de su postura personal.

Entrevistado en DiputadosTV, el macrista recordó que en 2016 fue el impulsor de la ley por la cual se estableció que los jueces y funcionarios que ingresaran al Poder Judicial a partir de enero de 2017 pagaran el impuesto a las Ganancias, y por esa norma hoy "son bastantes" quienes tributan.

El legislador explicó que en esa reforma no se incluyeron a los magistrados nombrados anteriormente porque "el artículo 110 de la Constitución Nacional dice que los jueces deben recibir por sus servicios una remuneración fijada por la ley, y agrega: 'la que no puede ser disminuida de manera alguna durante el desempeño de esos servicios'".

"Más allá de la justicia o injusticia de que los jueces paguen Ganancias, yo creo que es muy justo que paguen, siempre se ha considerado que empezar a aplicarle el impuesto a jueces" implicaría " una disminución en la remuneración que iría en contra del artículo 110", señaló.

Por eso, defendió que en ese momento se optó "por una solución que no era novedosa, era probada, se aplicó en Estados Unidos", donde en la década del '30 del siglo pasado se implementó y, "al cabo de unos cuantos años, hoy en día todos los jueces de Estados Unidos pagan impuesto a las Ganancias". "Aunque sea más lenta, aunque a algunos le pueda parecer injusta, es la solución que se ajusta al artículo 110", dijo.

"Soy partidario de seguir con esa fórmula, no innovar", afirmó Tonelli y confirmó su voto en contra al artículo incorporado al proyecto de Presupuesto 2023, de modo de ser "coherente con lo que voté en 2016" y atento a "la interpretación correcta y saludable del artículo 110 de la Constitución".

Además, el opositor consideró que esta propuesta "es un nuevo embate contra la Justicia". "El oficialismo está peleado con la Justicia, la quiere dominar, la quiere someter, esto lo hemos visto con muchas iniciativas", cuestionó e insistió: "Lo que el kirchnerismo quiere y busca es someter la Justicia, doblegar a los jueces para que los jueces resuelvan de la manera que ellos desean, y fundamentalmente en las múltiples causas de corrupción".

"Si tanto les preocupa el funcionamiento de la Justicia, ¿por qué el presidente lleva un año sin proponer a la reemplazante de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema?", se preguntó.

Por José Angel Di Mauro

Impulsadas en 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota sufrida en las elecciones del 28 de junio de 2009, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nunca despertaron el mayor interés de parte del kirchnerismo.

En eso ha sido constante ese espacio, cuyo creador, Néstor Kirchner,fue el mentor de las primarias tras sufrir en carne propia la citada derrota. Hasta entonces mucho se hablaba de las primarias y la posibilidad y conveniencia de adoptarlas en nuestro medio, mas sin convicción de adoptar una modalidad que sin ir más lejos era implementada desde hacía una década en Uruguay.

De hecho, por entonces se solía analizar la experiencia uruguaya como posibilidad de adoptar aquí, mas nunca avanzó esa alternativa hasta que en 2009 el kirchnerismo gobernante impulsó nuestra versión autóctona de las primarias.

Cómo son en Uruguay

Veamos entonces cómo funciona el sistema en la otra orilla. La reforma electoral se implementó en Uruguay en 1997, luego de la reforma constitucional realizada un año antes. La norma aprobada obliga desde entonces a los partidos a presentar una candidatura única para presidente y vicepresidente, y terminó con el doble voto simultáneo para la elección presidencial. Dicho sistema permitía que los partidos presentaran en las elecciones más de una fórmula presidencial, de forma tal que los electores podían votar por un partido y luego seleccionar una de las fórmulas presidenciales que ese partido presentaba.

Según detalla un exhaustivo informe elaborado por Daniel Buquet y Rafael Piñeiro, hasta entonces la fórmula electa era la más votada dentro del partido más votado. En la práctica, esta era una suerte de ley de lemas que servía para que en un mismo acto electoral actuaran de manera simultánea las internas partidarias y la elección presidencial.

Ese sistema de “doble voto simultáneo” dejó de existir con la reforma de 1997, que estableció las elecciones primarias abiertas y simultáneas para todos los partidos, para elegir candidatos presidenciales. En rigor, el sistema de “sublemas” sigue funcionando en Uruguay para otros cargos, menos para presidente.

La particularidad del nuevo sistema, cuentan Buquet y Piñeiro, radica en que los partidos están obligados a realizar estas elecciones de manera simultánea cuatro meses antes de la elección nacional. En esas primarias resultan electos dentro de cada partido aquellos candidatos que obtienen la mayoría absoluta de los votos dentro de su partido, o un 40% y al menos 10 puntos porcentuales de diferencia con quien entre en segundo lugar.

Si ningún candidato alcanza alguno de estos dos requisitos, la nominación queda en manos de un colegio elector nacional elegido en la misma instancia.

El sistema ha ido reduciendo en los partidos el número de candidatos, reduciéndolos en general a dos competidores. Y a diferencia del sistema argentino, en Uruguay las fórmulas se arman después de las primarias. Con eso se observa una regularidad estratégica: los partidos con internas competitivas entre dos candidatos principales tienden a armar su fórmula presidencial con el ganador como presidente y el segundo como vicepresidente. Una estrategia que Buquet y Piñeiro atribuyen a la necesidad de evitar, por un lado, que las críticas realizadas por el perdedor de la primaria puedan ser utilizadas por los rivales y, por otro lado, que sus votantes deserten del partido como consecuencia de la derrota.

El sistema en la Argentina

Como dijimos, la reforma política de 2009 creó un sistema cerrado de primarias, de modo tal que para los cargos ejecutivos el perdedor queda invalidado para participar en las elecciones generales. En rigor, el objetivo de Néstor Kirchner al impulsar esa ley que como ministro del Interior implementó el hoy diputado nacional Florencio Randazzo fue evitar fugas internas: que los “heridos” por el cierre de listas se sumaran a otras fuerzas.

En la práctica está dicho que el kirchnerismo en general no ha hecho uso de su invención. Y cuando lo hizo, la experiencia le dejó magullones, como en 2015 la interna traumática que protagonizaron Aníbal Fernández y Julián Domínguez para la gobernación bonaerense.

Hay también una explicación que justifica esta modalidad: los oficialismos suelen ser refractarios a las PASO. Tiene sentido, pues en todo oficialismo ordenado que se precie, la lapicera queda en manos del presidente y ninguno es partidario del “libre albedrío”.

Así las cosas, de las seis experiencias de elecciones primarias que ha habido desde 2011 al presente, en cuatro de ellas el kirchnerismo fue oficialismo. Cuando a Cambiemos le tocó ser oficialismo, solo implementó las primarias en contadísimos distritos.

De hecho, el 27 de septiembre de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, impulsó un proyecto para “dejar sin efecto las llamadas PASO”. Esa iniciativa de quien nunca estuvo de acuerdo con la Ley 26.571 que creó ese sistema establecía que las internas de los partidos políticos se realizaran a partir de la derogación de esa norma tal como ocurría antes: de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.

“Los motivos que me llevan a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la Ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional (reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar”.

“La segunda consideración es que las PASO han desnaturalizado su concepción inicial y que en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una elección general”, planteaba el diputado del Pro que presentó esa iniciativa luego de las PASO en las que el Gobierno de Cambiemos experimentó una severa derrota que por su magnitud presagiaba el resultado irremontable de octubre. De tal manera, las primarias dejaron herido de muerte al gobierno de Mauricio Macri cuatro meses antes del recambio presidencial, más allá de la remontada que tuvo en octubre.

Cambios sugeridos al sistema

La de Tonelli no es la única iniciativa que se ha presentado desde 2009 sobre las PASO. Ni tampoco la única que propone eliminarlas.  Veamos cuáles son las presentadas durante los últimos tres años en ambas cámaras, muchas de ellas todavía con estado parlamentario.

La más reciente es del 18 de marzo pasado y fue presentada por la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo, precisamente para evitar su suspensión.En rigor, reproduce el texto de un proyecto similar presentado cuando se rumoreaba la posibilidad de suspensión de las elecciones de 2021, el cual obviamente perdió estado parlamentario.

La iniciativa introduce un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley 26.571 que expresa lo siguiente: “Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias rigen para seleccionar los cargos públicos electivos de todas las agrupaciones políticas y como parte integrante del proceso electoral y del sistema electoral argentino no pueden ser suspendidas para ninguna categoría de cargos públicos electivos nacionales”.

Asimismo el proyecto de Carrizo modifica la fecha de las primarias, estableciendo que “deben celebrarse el segundo domingo de septiembre del año en que se celebren las elecciones generales”.

“La suspensión de las reglas electorales es una práctica que no sólo genera incertidumbre, sino mayores males públicos como una merma de la calidad del régimen democrático”, plantea en su iniciativa, en la que también aclara que “las leyes no se suspenden; pueden mejorarse o derogarse, pero nunca suspender un derecho”.

Admite la iniciativa de Carrizo que hay dos críticas adicionales a las PASO: que la ciudadanía ocupa gran parte del año en procesos electorales, y que no se usan por parte de las alianzas y partidos políticos. La diputada piensa que esos dos puntos pueden regularse mejor, de ahí que proponga “garantizar la permanencia de las PASO declarándolas no susceptibles de ser suspendidas, para generar certidumbre e institucionalización de las reglas”.

También sugiere, con el cambio de fecha de las primarias, acortar el tiempo entre las mismas y las generales, “con el objetivo de evitar que las campañas políticas y los procesos electorales ocupen gran parte del año”.

El proyecto propone también disminuir los topes de gastos de campaña, y que el orden de los candidatos y candidatas respete los votos y la paridad de género por lista interna a la hora de la conformación de las listas para la elección general.

La diputada del Pro Mercedes Joury presentó en marzo de este año un proyecto para modificar las leyes 26.571 y 19.945 para excluir de las PASO la selección del candidato a vicepresidente, habilitando a que los candidatos a presidente resulten proclamados en dichos comicios puedan seleccionar a quien lo acompañe en la fórmula.

“Buscamos fortalecer el esquema de alianzas electorales y promover la competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, algo que no se ha logrado desde la sanción de la Ley 26.571, a pesar de haber sido uno de los objetivos prioritarios de dicha reforma”.

El proyecto que acompañaron Cristian Ritondo, María Luján Rey, Alvaro González, María Eugenia Vidal, Pablo Tonelli, Graciela Ocaña y Omar De Marchi, reconoce que “las PASO no han logrado cumplir con uno de sus objetivos prioritarios que era el de promover una mayor competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, y en el caso particular de la categoría presidente y vicepresidente esto ha sido muy notorio. De hecho, en los años 2011 y 2019 la totalidad de las agrupaciones políticas que participaron de las PASO oficializaron listas únicas de precandidatos en dicha categoría”.

“Sólo en el año 2015 hubo competencia interna en la categoría presidente y vicepresidente en 3 agrupaciones políticas (Cambiemos, UNA y FIT), aunque se trataron de internas poco competitivas”, comenta el proyecto que advierte entonces que “la falta de competencia en las elecciones primarias ha ocasionado que desde su implementación las PASO funcionen más como una gran y costosísima encuesta nacional que en un mecanismo eficaz para la selección de candidaturas”. Pero advierte además que “en el caso de las elecciones presidenciales, esta circunstancia ha provocado que sus resultados sean asimilados a una primera vuelta electoral, pero efectuada cuatro meses antes de la finalización del período presidencial. Así, en caso de un resultado adverso del oficialismo podría impactar negativamente sobre la legitimidad del gobierno y vulnerar el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que justamente buscó evitar largos períodos de transición”.

A tal fin sugiere el proyecto consagrar “la modalidad de fórmula presidencial abierta, otorgando la posibilidad a quien resulte proclamado como candidato a presidente de la Nación de elegir al candidato a vice que lo va a acompañar en la fórmula presidencial. De esta manera, a través del incentivo que implica la posibilidad de que aún en caso de derrota puedan integrar la fórmula presidencial, se promueve la competencia dentro de las agrupaciones políticas y permite el surgimiento de diversas candidaturas dentro de un mismo espacio político”.

El proyecto compara con el régimen vigente en CABA, donde el candidato a jefe de Gobierno de cada agrupación política tiene la posibilidad de elegir su compañero de fórmula dentro de las 48 horas de recibida la notificación de su proclamación. Y dentro de la experiencia comparada, menciona el caso de Estados Unidos, donde con un sistema electoral distinto y elecciones primarias que no son similares, se coincide con el espíritu de la reforma que buscan implementar.

Con todo, se deja claro que la selección del candidato a vicepresidente no puede recaer en ciudadanos que hubieran participado de esas primarias como precandidatos de otra agrupación política, excepto que formaran parte del mismo acuerdo electoral.

Otro proyecto sobre las PASO es el que presentó el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, acompañado por sus compañeros del bloque Encuentro Federal: Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. El proyecto elimina el carácter obligatorio del voto y establece la participación opcional de las agrupaciones políticas que hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría.

Asimismo y para que la agrupación política pueda ejercer la opción de no participar en las elecciones, pasando directamente a las generales, el proyecto contempla que las mismas deberán haber obtenido, en la elección general próximo pasada, el mínimo de votos igual o superior al 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito que se trate para la respectiva categoría.

Este proyecto también propone la posibilidad de que el candidato presidencial pueda seleccionar al candidato a vicepresidente que lo acompañará en la fórmula.

También la diputada del Pro Silvia Lospennato presentó en marzo pasado un proyecto para cambiar el carácter obligatorio del voto en las PASO. “Entendemos que forzar a todos y cada uno de los votantes a inmiscuirse en la vida interna de los partidos mediante la participación compulsiva en sus elecciones internas resulta, como mínimo, desacertado y, por consiguiente, se impone cambiar la condición de obligatoriedad del sumario”, expresa el proyecto de solo tres artículos.

La diputada Carla Carrizo presentó también otro proyecto sobre el tema, en este caso para que los argentinos residentes en el exterior puedan participar de las PASO, cosa que en la actualidad la ley no contempla.

El 30 agosto de 2021 el entonces diputado del Pro José Luis Patiño presentó un proyecto que modifica el Código Electoral en lo referente a la obligatoriedad de debates electorales. La norma extiende esa obligatoriedad a los precandidatos no solo presidenciales, sino también de uno de los dos precandidatos a senadores de la Nación y uno de los dos primeros precandidatos a diputados nacionales de las listas oficializadas de las agrupaciones políticas que presenten más de una lista en las PASO.

El proyecto de Patiño pretende reparar una omisión que entiende existió en la Ley 27.337 de Debate Presidencial Obligatorio con los legisladores nacionales. Y además, plantea que “con el objetivo de revalorizar las PASO se propone que los precandidatos de una misma agrupación política participen de debate público, similar al presidencial, en la provincia donde serán electos”.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano presentó el 15 de abril de 2021 un proyecto para eliminar las PASO. Más allá de considerar “una mentira total” el objetivo promovido de crear las PASO para “transparentar la política”, plantean que la obligatoriedad a participar en las mismas supone “una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos”. Pero además repudia el proyecto las PASO por el piso del 1,5% fijado como filtro para todas las fuerzas políticas.

“No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa”, plantea el proyecto.

También plantea derogar las PASO el proyecto de la diputada nacional (MC) Alma Sapag (MPN) presentado el 30 de marzo de 2021, que considera entre otras cosas que “desde su implementación, los partidos políticos no dirimen su interna en ellas, ya que por lo general, prefieren evitar la competencia presentando listas únicas; por lo que no resultaron ser un mecanismo razonable para garantizar la democratización de los partidos políticos y devinieron en un elemento imprevisto de inestabilidad política y por lo tanto económica y social”.

Y llegamos a una oficialista que presentó un proyecto sobre el tema: la sanjuanina Graciela Caselles, que lo presentó el 18 de marzo de 2021, y no contempla eliminarlas. Por el contrario, considera a las primarias “necesarias” y “sanas para la democracia”, como así también considera “un avance” que el Estado las garantice. Lo que para la autora “no tiene ningún sentido es que cuando en algún espacio político se hayan consensuado las listas de candidatos, se los obligue a participar de esa interna y tampoco lo tiene que se obligue a los electores independientes o a los no interesados a elegir la propuesta electoral de algún espacio político, tal cual establece la legislación vigente”.

Por eso pretende que las PASO pasen a ser no obligatorias, manteniendo simultaneidad para todas las fuerzas políticas que decidan elegir sus candidatos con este instrumento.

Un bonus track de esta diputada oficialista: la iniciativa propone también la implantación de la boleta única de sufragio en papel. Entre otros argumentos, porque “con la boleta única también se garantiza al votante que encontrará todas las opciones de candidatos, y garantiza a todos los espacios políticos que sus candidaturas estarán disponibles para los votantes. Es decir garantiza una oferta electoral completa y el derecho a elegir y ser elegido”.

En el Senado también han presentado iniciativas que tienen que ver con las PASO. Como la que la neuquina Lucila Crexell presentó el 17 de marzo de 2021 un proyecto bien distinto a los que hemos citado hasta aquí. Ella propuso regular la necesidad de que los partidos políticos o alianzas electorales, al momento de oficializar la lista de precandidatos y candidatos a presidente y vicepresidente en elecciones primarias o generales nacionales, publiquen junto con su plataforma electoral un presupuesto plurianual de al menos cuatro  años, de manera que los ciudadanos, las organizaciones civiles y demás interesados accedan a dicha información con anterioridad a la elección.

En cambio su par oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro) presentó en el Senado el 2 de marzo de 2021 un proyecto bien concreto, de apenas dos artículos, uno de ellos de forma, que plantea directamente la derogación del título II de la Ley 26.571 sobre las PASO. Ello es debido a que “este mecanismo es poco utilizado por los partidos políticos, no tienen sentido y, en tales condiciones, el gasto para la ciudadanía resulta exorbitante”, plantea.

Ya sin estado parlamentario, pero solo para conocer el espíritu de legisladores que actuaron durante esta gestión como una suerte de “satélites” del oficialismo, el diputado (MC) José Luis Ramón (Mendoza) había presentado el 27 de octubre de 2020 la suspensión de las elecciones primarias de 2021 “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Recordemos que en ese mismo sentido el entonces diputado tucumano Pablo Yedlin presentó más tarde, el 11 de diciembre de 2020 un proyecto también para suspender las PASO venideras con un argumento similar y a pedido de los gobernadores peronistas: “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Una iniciativa que por un acuerdo político entre la oposición y el Gobierno no alcanzó siquiera a ser debatida.

A esta lista de 14 iniciativas podría sumarse en los próximos días, según ha dicho su propio autor, un proyecto del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), con el fin de derogarlas, tal cual ha anticipado. Sería después de la aprobación del Presupuesto en la Cámara baja y, de llegar a tratarse, podría ser el golpe definitivo para un sistema impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace 13 años y que, como vemos, siempre despertó adhesión y rechazos, según el lugar desde donde la viera el observador.

Por José Angel Di Mauro

No sorprendió que fuera el diputado rionegrino Luis Di Giacomo quien tomara el estandarte de la eliminación de las PASO. Presidente del interbloque Provincias Unidas (4 diputados) que suele ser afín al Gobierno, pareció ser una jugada “de manual” la emprendida por el diputado de Juntos Somos Río Negro: que no fuera alguien del oficialismo el que se ocupara de encabezar esa movida cada vez más previsible y deseada por el Frente de Todos, sino un supuesto “neutral”, que además cuenta con antecedentes en la materia.

Es que ya Di Giacomo mostró ese objetivo hace casi dos años, cuando el 11 de noviembre de 2020 presentó una moción de apartamiento de reglamento en plena sesión para tratar un proyecto en ese sentido. No uno propio, sino del diputado del Pro Pablo Tonelli, que un año antes había presentado una iniciativa para derogar las elecciones primarias. El influyente diputado del partido amarillo -palabra autorizada en cuestiones judiciales y reglamentarias- nunca estuvo a favor de las PASO y en 2019 impulsó una iniciativa para eliminarlas luego de que el resultado del 11 de agosto de ese año definiera prematuramente la suerte del gobierno de Mauricio Macri. Si bien a Cambiemos le fue en octubre mejor que en agosto, todo el mundo sabía ya desde las elecciones primarias que el próximo presidente sería Alberto Fernández,y ese resultado adelantado generó la última gran devaluación de la gestión macrista.

Esa vez, la moción de Di Giacomo no prosperó: ante el peligro de que la sesión se desmadrara, la entonces vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, pidió un cuarto intermedio y con el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, lo convencieron al rionegrino de retirar la moción.

Cuentan que algo parecido habría sucedido ahora. Que a Sergio Massa, que a pesar de ya no encabezar la Cámara de Diputados sigue manejando esos hilos, no le habría gustado el anuncio del rionegrino; que “se cortó solo”. Otros sugieren que “se fue de boca”, cuando anticipó en el canal Diputados TV que impulsaría una iniciativa en ese sentido. Ya se verá si esta semana Di Giacomo presenta como dicen finalmente ese proyecto, que replicaría bastante del texto del de Tonelli. Dicen también que lo presentaría de manera conjunta con los diputados de Schiaretti, que fueron los que pusieron en agenda el tema al anunciar su disposición a dejar de lado las PASO.

Estaba cantado. Aliados del kirchnerismo presentarán un proyecto para eliminar las PASO. Para el oficialismo nacional y sus amigos de siempre el derecho de los ciudadanos a elegir a quienes serán candidatos es sólo un insumo. Martingalas de los que le temen a la voz del pueblo. pic.twitter.com/AZKQLDhO8J

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) September 27, 2022

El argumento que esgrimen los que las denuestan es que “nadie las usa”. Es erróneo; la verdad es que la ley impulsada en 2009 durante la gestión de Cristina Kirchner, a instancias de su esposo Néstor, suele favorecer a la oposición. Al menos, a la principal oposición, léase Juntos por el Cambio o peronismo. Los partidos intermedios suelen ser víctimas de la polarización que deviene tras las primarias, de ahí que resulten ser los más refractarios al sistema.

La verdad es que al oficialismo decididamente le conviene dejarlas de lado al menos para esta elección, pero no hay una decisión unánime en ese sentido, sobre todo porque una derogación no tendría vuelta atrás. Muchos en La Cámpora se preguntan si no sería una mala medida que obture su objetivo mediato de ir desplazando al pejotismo de sus cargos. Pero está claro que afectaría fuertemente a un Juntos por el Cambio que sin las PASO se las vería de figurillas para dirimir sus múltiples internas.

En ese espacio ya está decidido que el plan B si se levantan las PASO será una elección interna abierta. Han sugerido en ese caso que quienes vayan a votar se inscriban previamente, pero al tratarse de algo muy engorroso que desalentaría la elección, otros lo descartan. Como el diputado Luciano Laspina, integrante de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, que piensa que “habrá que correr el riesgo”. Y el riesgo es que el peronismo mande a votar al candidato “más conveniente”, en desmedro de otros más taquilleros.

También podría resolverle un problema a la principal oposición, donde referentes como Miguel Pichetto no se cansan de repetir que lo mejor sería tener para fin de año resuelto el liderazgo en JxC, de modo tal de garantizar el triunfo en 2023. Como sea, en caso de que en lo que resta del año se dejen de lado las PASO, una eventual elección interna en ese espacio no se podría hacer sino en marzo o abril.

Y en tren de analizar pros y contras de ambos lados, la pregunta es: ¿soportaría el Gobierno, en caso de que la crisis no se estabilice, tener enfrente a un líder que tal vez pueda ser visto como el seguro sucesor, a ocho meses de la entrega del poder? Sucedería entonces que el probablemente futuro presidente se dedicaría a armar un gabinete y el síndrome del pato rengo expondría de manera dramática a Alberto Fernández. Una tentación para que en una espiralización de la crisis se sugiriera un adelantamiento de las elecciones y una entrega anticipada del poder, cosa en la que ya tenemos bastante experiencia.

También es cierto que evitar las PASO le conviene muchísimo a Javier Milei, cuyo voto será decisivo si la cuestión se dirime en el recinto. El líder libertario se muestra misterioso en la materia, a partir de la convicción de que su bloque decide. Nada dirá entonces hasta el momento de la votación, por lo que la pregunta es si se atreverá a quedar alineado aunque sea en ese tema al kirchnerismo, por más que el fin lo beneficie tanto. Mientras que el oficialismo también corre el riesgo de llegar al momento de la votación ignorando el resultado final, cosa desaconsejable para cualquier gobierno.

Un oficialismo que avanza hacia un año electoral con la necesidad de ajustar. El presupuesto enviado por Sergio Massa al Congreso da señales en ese sentido. Las puso en duda el viernes el diputado macrista Pablo Torello, al recordar que “el único presidente que ajustó en un año de elecciones fue Macri”. Y así le fue.

Como sea, Massa se fue del Congreso el miércoles pasado con la convicción de que no tendrá problemas en lograr la aprobación del presupuesto que acababa de presentar ese día. Por el tenor de las preguntas que le hicieron, y el tono utilizado, se descuenta que la ley de leyes tendrá una aprobación por amplio margen. Admitió el karma de haber sido el único presidente de Cámara al que le rechazaron el Presupuesto, y también sobreactuó un poco al asegurar que sentía estar dando las últimas pisadas de su vida política. “Lo dijo para que se pongan a hablar de eso y no del presupuesto mismo”, interpretaba un diputado del Frente de Todos al día siguiente. No es descabellado pensar que el ministro de Economía postergue su ambición presidencial guardándose en la próxima elección, pero su obsesión sigue intacta y será candidato en 2023 si no le va mal en sus funciones y tiene alguna chance.

El mismo día que presentó el Presupuesto se conocieron los datos de la pobreza, y en ese contexto Cristina Kirchner volvió a opinar de economía, cosa que no hacía desde la salida de Martín Guzmán, limitándose a hablar de sus causas y de la justicia. Le contestó el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que también volvió ese día a tuitear. A diferencia de los dichos de la vicepresidenta, negó que las empresas tuvieran culpa de la crisis y asumió las propias del Gobierno. Pero aclaró que no le contestaba a nadie, sino que repetía lo que había dicho en el Congreso el día anterior. Sí admitió “márgenes empresariales más altos que los normales”. Es lo que dijo la vicepresidenta y parece ser una obsesión del oficialismo: las “ganancias extraordinarias” de las que habló por ejemplo “Cachorro” Godoy, líder sindical de un gremio estatal.

Cristina Kirchner está inquieta, ya no solo por el atentado que la tuvo como destinataria, sino por el desborde en las calles. La izquierda aún celebra como un gran triunfo el acuerdo alcanzado por el gremio del neumático, pero sobre todo la difusión que tuvo y el efecto expansivo que pueda lograr. En el Gobierno temen eso y le recriminan a Claudio Moroni el papel que tuvo en ese conflicto. Cada vez es más solitario el apoyo que le sigue dispensando el presidente Alberto Fernández.

Exministra de Trabajo entre 2002 y 2003 -tiempos conflictivos si los hay-, Graciela Camaño se mostró muy sorprendida por lo que definió como “una falta de compromiso de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en la solución del problema”. “Cuando usted ve que el tema se le pone difícil, una autoridad superior del ministerio tiene que estar presente” en la negociación. “Me da la impresión que eso no está sucediendo”, señaló por radio Mitre cuando todavía el conflicto no había sido resuelto.

En ese contexto de conflictividad creciente, el kirchnerismo hizo su aporte con el fin de distribuir caos, motorizando la toma de decenas de colegios en el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. Por aquello de la mejor manera de esconder un elefante en la calle…

Por José Angel Di Mauro

Hace varias semanas se encendieron las luces de alarma en el seno de la oposición respecto de la posibilidad de que el Gobierno nacional arruine la estrategia opositora para dirimir sus liderazgos de cara a las presidenciales de 2023. Igual que el año pasado, cuando el factor ordenador de las internas de los partidos que integran Juntos por el Cambio estuvo en riesgo por la posibilidad de que con el argumento de la pandemia pudieran suspenderse las elecciones primarias de agosto. Al cabo, esa posibilidad quedó de lado a partir de negociaciones soterradas que el oficialismo estuvo tentado de utilizar para dinamitar desde adentro a Juntos por el Cambio, aunque finalmente eso no sucedió.

En una reunión celebrada en el mes de marzo en la Casa de Gobierno, de la que circunstancialmente tomaron parte el intendente de Vicente López Jorge Macri y el jefe del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, rubricada con una foto en el Patio de las Palmeras, nació el germen que finalmente desembocó en un acuerdo con Eduardo “Wado” De Pedro para que las PASO se mantuvieran, aunque con la postergación de un mes acordada para ambas citas electorales de ese mismo año.

Cierto es también que ese acuerdo que se tradujo en una ley, la 27.631, establecía en su artículo 6° una suerte de pacto de caballeros que este fin de semana el presidente del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, recordó a modo de advertencia: “La presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional”.

Para defender las PASO, recuerdan el compromiso de 2021 #PASO@JuanmaLopezAR https://t.co/V04xUZkWc4

— Parlamentario (@elparlamentario) September 17, 2022

Alguno desde el propio JxC advertirá también que ya hubo un acuerdo que se dejó de lado: aquel que tenía que ver con la manera de votar. Cuando le pidieron al ministro del Interior avanzar en esa elección con la boleta única en papel, el influyente dirigente camporista aclaró que no daban los tiempos para esa elección, y se mostró dispuesto a postergar tal posibilidad para los comicios venideros. Ya se sabe que este año la oposición en su conjunto logró forzar el tratamiento del tema y su aprobación en la Cámara baja, más hoy el proyecto duerme el sueño de los justos en el Senado.

La posibilidad de una suspensión o derogación del sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias existe y como siempre es motorizada por los gobernadores. Fueron ellos los que en 2020 trataron de influir sobre el presidente de la Nación para forzar la suspensión, aunque fuera por una única vez. El primero en hablar de eso fue quien acaba de hacerlo en su provincia, donde avanza además con la Ley de Lemas: el sanjuanino Sergio Uñac, que el 2 de noviembre de 2020 lo justificó con razones sanitarias y pidió elaborar un proyecto de ley en ese sentido. El salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Juan Schiaretti se mostrarían luego en la misma sintonía, razón por la cual JxC emitió un comunicado el 5 de noviembre titulado “Las decisiones electorales no pueden ser unilaterales”.

Luego se sumaría a la movida el gobernador tucumano Juan Manzur, de ahí que un diputado que le respondía como Pablo Yedlin terminó presentando un proyecto para suspenderlas. “El Gobierno nacional está haciendo gatopardismo; por un lado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dice que no está en los planes del Ejecutivo suspender las PASO, pero, por otro lado, gobernadores del PJ salen a proponerlo”, señalaba por esos días Mario Negri.

Las luces de alarma se encendieron para algunos recién el viernes pasado cuando la esposa del propio gobernador cordobés, Alejandra Vigo, dejó clara en Twitter la posición del cordobesismo, “Queremos ser claros: desde nuestro espacio político nunca estuvimos a favor de las PASO y al respecto, siempre mantuvimos la misma posición. Desde que fueron creadas nos expresamos en contra por considerar que las PASO son un gastadero de plata y obliga a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece”.

Y concluyó: “Por eso nunca las impulsamos en Córdoba y no somos nosotros los que ahora cambiamos la posición, son otros los que por conveniencia, ahora las están reclamando. Son los mismos que en 2017 decían que había que eliminarlas. Así de claro”.

QUEREMOS SER CLAROS:

Desde nuestro espacio político nunca estuvimos a favor de las #PASO y al respecto, siempre mantuvimos la misma posición. @SenadoArgentina @DiputadosAR

— Alejandra Vigo (@alevigo) September 16, 2022

Tan cierto es que en la provincia mediterránea no comulgan con las PASO, que allí no existen. En efecto, ese distrito es de los que nunca adhirieron a la ley nacional y de hecho es el factor que afectó fuertemente a la oposición, que por eso llegó a dividirse en 2019, al no existir las primarias como elemento ordenador. Perdieron las elecciones provinciales, algo previsible, pero también la capital cordobesa.

Con todo, a nadie dejó de llamarle la atención que el anuncio (confirmación) de la posición cordobesa en el Congreso de la Nación se expresara inmediatamente después de las elecciones perdidas por el oficialismo provincial en Marcos Juárez. Pero no se falta a la verdad si se expresa también que justamente en ese municipio el intendente local de Juntos por el Cambio, Pedro Delarossa, había suspendido las PASO este año. Razón por la cual, dicho sea de paso, el oficialismo local se dividió y las dos candidatas presidenciales desea elección terminaron siendo del Pro.

Tampoco faltan a la verdad los cordobeses cuando recuerdan que en 2017 los que hoy defienden las PASO eran quienes sugerían dejarlas de lado. Es lo que pasa en general: esas elecciones suelen ordenar a la oposición; cualquier oficialismo, a partir del verticalismo natural que suele imperar, es un poco refractario al sistema PASO.

De hecho, el apego de Cambiemos al sistema impuesto por el propio kirchnerismo en 2009 no ha sido constante. Botón de muestra, cuando en 2019 las PASO terminaron siendo catastróficas para el Gobierno de Mauricio Macri, en el entonces oficialismo comenzaron a hablar de la inconveniencia de mantenerlas.

Fue así que el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Pablo Tonelli, presentó un proyecto de ley ya no para suspenderlas, sino para derogar las primarias. El proyecto del diputado del Pro establecía la derogación del título II de la Ley 26.571 que introdujo las PASO, y que las internas de los partidos políticos se realizaran tal cual ocurría hasta antes de la sanción de dicha norma: de acuerdo con lo que establecen sus respectivas cartas orgánicas.

Nobleza obliga, hay que decir que Tonelli siempre fue crítico de las PASO, al punto tal de calificarlas de “inconstitucionales”. Sus críticas hacia las primarias no surgieron a partir de la derrota de Cambiemos en agosto de 2019, que fueron el tiro de gracia para el Gobierno de Macri, sino que ya a principios de ese año las había calificado de inconstitucionales por violar “la autonomía de los partidos políticos, que deben tener libertad para organizarse y poder elegir sus candidatos”.

“Si se eliminan, yo feliz y contento”, dijo entonces en el programa “El hecho maldito”, de Futuröck.

En los fundamentos de su iniciativa sobre las primarias, Tonelli planteaba: “El presente proyecto de ley que pongo a consideración de la Cámara, tiene la finalidad de dejar sin efecto las llamadas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) creadas por la Ley 26.571, y establecer que las internas de los partidos políticos se realicen, tal como ocurría hasta entonces, de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas”.

Y agregaba: “Los motivos que me llevan a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la Ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional (reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los sesenta días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar”.

En esa línea, un encumbrado miembro del oficialismo señalaba a este medio que “si eventualmente se toma la decisión de avanzar, a partir de que haya un consenso alrededor de este tema” en cuanto a la suspensión de las PASO, “¿para qué inventar proyectos si está el de Tonelli?”.

Convengamos que el proyecto ya perdió estado parlamentario.

Un antecedente de 2020

¿El oficialismo tiene el número para suspender -parcial o definitivamente- las PASO? Por estos días corre el rumor en el Congreso de que el oficialismo tiene el número para lograrlo. No habría que estar tan seguros, pero para comenzar a hacer cálculos vale recordar lo que pasó en la sesión del 11 de noviembre de 2020.

Tiempos de pandemia y de presencialidad menguada en el recinto, el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo solicitó ese día un pedido de apartamiento de reglamento para pedir tratar el proyecto de Pablo Tonelli para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

El legislador mencionó que en los últimos días se habían suscitado “diversas especulaciones” respecto de la realización o no de las elecciones primarias. En su experiencia como exministro de Gobierno en Río Negro, Di Giacomo contó ese día que por lo visto “no solo en nuestra provincia, sino en el plano nacional” las PASO “no terminaron cumpliendo con el objetivo y la idea de democratización y participación masiva de la ciudadanía”.

En síntesis, expresó que a su juicio no le parecía “lo más oportuno ni lo más correcto” que en una situación de crisis como la que planteaba la pandemia se fueran a gastar “entre 12 mil y 14 mil millones de pesos en unas elecciones que terminan siendo una encuesta previa” a los comicios generales.

Tomó el guante el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, que aclaró que ese era un tema muy opinable, hacia adentro y hacia afuera de los partidos; que ellos tenían su posición, pero no le parecía que fuera el momento para debatirlo. “Justamente eran las cosas que queríamos evitar”, en una sesión en la que “tenemos un 100 por ciento de acuerdos en las cosas que vamos a tratar”, completó.

Intervino entonces quien era la vicejefa del bloque FdT, Cecilia Moreau, que le pidió a Di Giacomo retirar su moción, porque no estaba dentro de lo acordado, y ahí el titular delCuerpo, Sergio Massa, pidió entonces un breve cuarto intermedio en el que junto a Di Giacomo, Ritondo y Moreau resolvieron que se retirara ese pedido.

En ese breve debate intervino también Graciela Camaño, cuyo voto puede ser clave en la actualidad. Ella reivindicó esa vez “para el Congreso la decisión electoral”. “Es de las competencias que la Constitución descansa en nosotros”, subrayó y sostuvo que “no es un tema menor, es un tema importante, máxime cuando uno advierte que hay gobernadores que están solicitando que las elecciones PASO no se realicen”.

“Es un tema que lo tenemos que tratar nosotros”, insistió y añadió: “Es cierto que no lo podemos tratar en esta sesión, pero deberíamos empezar seriamente a pensar en conformar una comisión para conversar sobre este tema”.

El dato vale a la hora de calcular cuál puede ser la postura de cada sector ante un eventual debate del tema, si es que el Frente de Todos decide llevarlo al recinto. Ya vemos cuál es la postura de Juntos Somos Río Negro, que junto a sus pares misioneros plantearía el alineamiento del interbloque Provincias Unidas (4 diputados) junto al oficialismo ante un eventual pedido de suspensión de las PASO.

Y vemos que Camaño, del estratégico interbloque Federal (8 diputados) se muestra interesada en debatir la cuestión.

Al respecto parlamentario.com consultó al presidente de ese interbloque, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien confió a parlamentario.com que ya en la campaña de 2019 “veníamos planteando que las PASO debían ser eliminadas, porque no habían dado el resultado que se esperaba de ellas: servir para seleccionar candidaturas. Salvo 2015, los presidentes y vices se han elegido sin competencia”.

“Pero aunque ese siga siendo mi pensamiento, la decisión tiene que estar en sintonía con el contexto que uno toma su decisión, y el contexto es que si uno hoy decide eliminar las primarias y beneficia claramente al otro, no tiene efecto neutro”, admitió “Topo” Rodríguez. Ante ello, dejó claro que “yo hoy no votaría la eliminación de las primarias. Sigo sosteniendo que son malas, pero quiero tomar la decisión que no signifique afectar a una de las partes. Si hay una ventaja evidente, no estaría siendo neutral”.

Para este legislador, teniendo en cuenta que “solo por excepción” el sistema ha permitido seleccionar candidatos presidenciales, en tanto que en general no ha habido competencia, “la esencia del instrumento se ha perdido”.

Así y todo, tras reiterar que prefieren postergar este debate para después de las elecciones, Rodríguez le pasa una factura a Juntos por el Cambio, al reclamarle por activar el tema de la boleta única de papel en el Senado. Si bien allí manda el kirchnerismo, también es cierto que no se ve una especial preocupación por forzar su tratamiento, y lo atribuye a la sensación de que a JxC no le conviene el nuevo sistema para la próxima elección.

Lo cual es precisamente lo que insisten convencidos en no querer hacer ellos en esta elección.

“Poroteo” a full

Está claro que el interbloque Federal es clave por su cantidad de integrantes. Y también que la opinión de su presidente no implica unanimidad, pues los cordobeses adelantaron ya que no están a favor de las PASO. Así las cosas, sus tres integrantes, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, votarían contra la continuidad de las primarias.

Alineados como “Topo” Rodríguez en Identidad Bonaerense, Graciela Camaño y Florencio Randazzo estarían más cerca de la postura del titular del bloque, que de los cordobeses. Se infiere además que Randazzo, por haber sido en 2009 impulsor de las PASO desde el Ministerio del Interior, lejos estaría de proponer su eliminación.

Completan el interbloque Federal los santafesinos Mónica Fein y Enrique Estévez. Por ser de una provincia precursora del sistema de las elecciones primarias, no sorprendió la respuesta de Estevez ante la consulta de parlamentario.com: “El socialismo está en contra de la derogación de las PASO”.

Así las cosas, un eventual proyecto oficialista en ese sentido solo tendría de ese estratégico interbloque los votos seguros de los cordobeses (3).

Porque convengamos que, como bien decía Graciela Camaño, cualquier decisión en ese sentido corresponderá al Congreso. Fue lo que dijo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su presentación ante la Cámara de Diputados, ante la consulta del diputado sanjuanino Marcelo Orrego.

“No hay ningún proyecto en el Poder Ejecutivo para llevar adelante la eliminación de las PASO. Además, y esto también hay que decirlo, ello sería imposible, porque no está dentro de los cánones normales de la legislación vigente; esto no se puede hacer ni por DNU, como me preguntaron. Esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo, en el cual estamos en este momento y del cual depende que una iniciativa de este tipo pueda llevarse adelante”, señaló el miércoles el funcionario tucumano.

El conteo de cara a una votación sobre las PASO contemplaría 118 votos del Frente de Todos, por cuanto en este caso sí vota la presidenta del Cuerpo. Pasa que al tratarse de un tema que requiere mayoría absoluta (129 votos), puede contarse con ese voto. Lo autoriza el artículo 41° del reglamento, para “todos los asuntos respecto de los cuales la Constitución Nacional exige mayoría absoluta o especial. En tal caso, deberá informar al cuerpo su determinación antes de la votación”.

A los 118 votos hay que sumar los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, y los 3 cordobeses, con lo cual llegamos a 125.

Muchos se tientan a sumar a los 4 de la izquierda, que siempre tuvieron reparos sobre la ley de las PASO por la cuestión del piso electoral que plantea. Sin embargo, integrantes de ese sector aclararon a parlamentario.com que no se alinearán en este caso con una postura a favor de la suspensión.

Sí podría contar el oficialismo con el voto del neuquino Rolando Figueroa (MPN), y tal vez el santacruceño Claudio Vidal, mas no con el compañero del interbloque SER de este último, el riojano Felipe Alvarez, pues ambos suelen diferenciarse en estos temas que dividen sustancialmente a oficialismo y oposición.

Así las cosas, el voto contra las PASO se estacionaría en 127. Llegaría a los 129 con los dos votos de La Libertad Avanza, cuyo líder Javier Milei ha eludido pronunciarse sobre el tema, pero está claro que a su sector no le convienen las PASO. Aunque nadie ve al líder libertario, ni mucho menos a José Luis Espert y su compañera de bancada Carolina Piparo alineándose en este tema con el Frente de Todos.

Con lo cual, de momento, la aprobación de un impasse con las PASO está lejos de ser una realidad concreta en la cámara más adversa para el oficialismo.

Palabra autorizada por ser uno de los cerebros jurídicos que el partido gobernante en la Ciudad de Buenos Aires tiene allí, el diputado nacional Pablo Tonelli fue enfático respecto de los dichos expresados por Cristina Fernández de Kirchner este martes en el Senado, ante diputados y senadores oficialistas, respecto de la autonomía porteña.

Consultado por parlamentario.com al respecto, el diputado que además es integrante del Consejo de la Magistratura, atribuyó las expresiones de la vicepresidenta a que la Ciudad siempre fue un distrito que “le fue adverso”.

- ¿Cómo le cayeron las expresiones de Cristina Kirchner de ayer en el Senado, respecto de la Ciudad de Buenos Aires?

- La afirmación de la vicepresidente en el sentido de que la Constitución no menciona la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es falsa. El artículo 129 de la Constitución, como sabemos introducido por la reforma de 1994, textualmente dice que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo. De modo que está muy claro; inclusive le agrega que “ese régimen de gobierno autónomo lo será con facultades propias de legislación y jurisdicción”. De modo que insisto: la afirmación de la vicepresidente es falsa.

- ¿Qué representa eso de “replantear el funcionamiento jurisdiccional de la Ciudad y el rol del Gobierno federal ante ella”?

- Se explica el encono de la vicepresidente respecto de la Ciudad Autónoma en que es un distrito que siempre le fue adverso, que es un distrito que en general vota a candidatos de la alianza opositora al Gobierno, de Juntos por el Cambio, y esto claramente genera el fastidio de la vicepresidente. Y a ese fastidio se deben sus declaraciones. demás es una línea que ya tiene otros hitos en el pasado, que empezó cuando le sacaron los depósitos judiciales al Banco Ciudad, y llegó hasta que últimamente y de manera más reciente se le disminuyó de manera arbitraria y absolutamente inconstitucional la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Hay alguna posibilidad de que el Gobierno nacional avance de alguna manera en ese sentido, a nivel institucional?

- En esto de la autonomía no va a tener suerte la vicepresidente, porque para modificar o reducir, o atenuar o eliminar esa autonomía, habría que modificar la Constitución Nacional, y esto no lo veo posible en las actuales circunstancias.

- ¿Cuál debería ser la reacción de la oposición para no quedarse en meras expresiones de rechazo?

- Está muy claro que desde Juntos por el Cambio vamos a defender la autonomía de la Ciudad, la autonomía del Gobierno y vamos a resistir cualquier embate que el oficialismo, que el kirchnerismo quiera hacer contra la Ciudad.  

En los últimos días comenzó a circular fuerte la posible intención del oficialismo de forzar la suspensión de las PASO, una jugada que podría resultar fatal para Juntos por el Cambio, por cuanto la principal oposición apuesta todo a esas elecciones que le permitirán ordenar de manera natural su interna.

En rigor de verdad, son muchas las voces que alertan sobre la necesidad de definir liderazgos con tiempo. Figuras tales como Miguel Angel Pichetto hablan de los riesgos de tener que esperar recién hasta agosto del año que viene para elegir un candidato; lo contrario, piensa el peronista en consonancia con muchos otros de la principal oposición, les garantizaría prácticamente la victoria el próximo año.

Pero como esa posibilidad no está disponible, se sigue apostando a las PASO, que han sido siempre para Juntos por el Cambio y antes Cambiemos, un elemento muy beneficioso.

La eliminación de las elecciones primarias sería un duro golpe para la unidad de la principal oposición, por cuanto deberían encontrar otra manera de dirimir candidaturas. Del tema ya se está hablando en la Mesa Nacional de ese espacio, donde algunos ya comenzaron a barajar alternativas, pensando por ejemplo en la experiencia de 1998, cuando la Alianza eligió a su candidato presidencial a través de una interna abierta en la que se enfrentaron Fernando de la Rúa (UCR) y Graciela Fernández Meijide (FrePaSo), imponiéndose el primero por el 63,78%, contra el 36,38% de quien a la postre sería candidata a gobernadora bonaerense. Participaron de esa elección celebrada el 29 de noviembre 2.397.909 ciudadanos.

Esa experiencia puede resultar refractaria dentro del Pro, a propósito de la gran territorialidad y experiencia en internas que tienen sus socios/rivales radicales. Pero también existe el temor a la eventual participación de “terceros” en esa interna, con la intención de alterar el resultado según les pueda convenir. Son en este último caso las “avivadas” que una elección simultánea pretende evitar y de hecho lo hace.

El uso de las PASO

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se implementaron por primera vez en las elecciones de 2011 y surgieron a partir de lo resuelto en la reforma política impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner luego de perder las elecciones de 2009. Elecciones que, dicho sea de paso, el Gobierno de aquel momento adelantó al 28 de junio de ese año, previendo un agravamiento de la situación.

La excusa utilizada en ese entonces fue la crisis económica global, cuyos efectos sociales se presumía serían más intensos en el segundo semestre del año. Pero la razón más contundente era la pérdida del caudal electoral del oficialismo, que ya se verificaba en la primera cita del calendario electoral de ese año, en Catamarca, donde el peronismo había perdido por 10 puntos, cuando un año y medio antes CFK se había alzado con el 58%.

Además, y sobre todo, se buscaba impedir que la oposición se unificara en la provincia de Buenos Aires. Con el diario del lunes recordaremos que al Gobierno la movida no le dio el resultado esperado, pues la oposición se unió igual en la Provincia, y el Gobierno terminó perdiendo esas elecciones.

Las PASO fueron incorporadas por la Ley 26.571, conocida como “Ley de Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”, sancionada el 2 de diciembre de 2009. Fueron aplicadas por primera vez en los comicios de 2011, y nadie las utilizó. Así y todo, el gran beneficiado fue el oficialismo, pues las primarias terminaron convirtiéndose en una gran encuesta nacional que anticipó el resultado definitivo de las generales. Se estableció a partir de ahí una regla básica que vale para la política: si al favorito le va muy bien en las PASO, en las elecciones posteriores el resultado no hará más que potenciarse.

Fue lo que sucedió en esa elección, en la que la fórmula Cristina Kirchner – Amado Boudou alcanzó 50,24% en las PASO y trepó al 54% en las generales. ¿La razón? En agosto, Ricardo Alfonsín había cosechado solo el 12,20%; Eduardo Duhalde apenas 8 décimas menos y Hermes Binner 10,18%. Así, al ver el electorado opositor que la victoria de CFK estaba asegurada, las elecciones de octubre perdieron interés, hasta a nivel fiscalización. Alfonsín y Duhalde se derrumbaron y terminó resultando segundo el socialista Binner. Cristina cosechó por su parte ese emblemático 54%.

Recién comenzaron a utilizarse en serio las PASO en 2013, cuando nació UNEN a nivel porteño, y buena parte de la oposición se unificó en una misma interna que terminaron ganando Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas.

La utilización de las primarias se fue potenciando hasta que en las últimas, ganadas por Juntos por el Cambio, esta fuerza las utilizó en 17 de los 24 distritos del país.

No así el kirchnerismo, creador del sistema pero siempre refractario a su utilización. Pero a pesar de que la oposición se haya aferrado al sistema y lo esté sobre todo en la actualidad, cabe recordar que cuando Cambiemos estuvo en el poder especuló también con un eventual pase a mejor vida del sistema.

Los amagues de 2021

Pandemia mediante, mucho se especuló con la posibilidad de suspender “por única vez” el sistema de las PASO en las elecciones legislativas del año pasado. El tema entró en vías de definiciones a partir de una reunión realizada en la Casa Rosada en la que participaron Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, Eduardo “Wado” De Pedro, Cristian Ritondo y Jorge Macri, cuya fotografía en el Patio de las Palmeras puso los pelos de punta en la principal oposición, ante la certeza de que allí se había hablado de la eventual suspensión de las PASO.

Después todo se encaminó por los carriles oficiales y lo que terminó resolviéndose fue una postergación de un mes en el calendario electoral. Pero el primero que había hablado de suspenderlas fue quien hoy habla de aplicar la Ley de Lemas en su provincia, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, que el 2 de noviembre de 2020 lo justificó en razones sanitarias y pidió elaborar un proyecto de ley en ese sentido. El salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Juan Schiaretti se mostrarían luego en la misma sintonía, razón por la cual JxC emitió un comunicado el 5 de noviembre titulado “Las decisiones electorales no pueden ser unilaterales”.

Luego se sumaría a la movida el gobernador tucumano Juan Manzur, de ahí que un diputado que le respondía como Pablo Yedlin terminó presentando un proyecto para suspenderlas. “El Gobierno nacional está haciendo gatopardismo; por un lado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dice que no está en los planes del Ejecutivo suspender las PASO, pero, por otro lado, gobernadores del PJ salen a proponerlo”, señalaba por esos días Mario Negri.

Desde la otra vereda le contestaban así: “Es muy difícil para Juntos por el Cambio oponerse, con el proyecto de (Pablo) Tonelli de suspensión de las PASO con estado parlamentario. Porque en realidad si la mayoría de los gobernadores toma la decisión, es simplemente tratar el proyecto Tonelli… Dictaminarlo y entrarlo al recinto”.

Pasa que como hemos dicho, el “amor” actual por las elecciones primarias no ha sido eterno en Cambiemos. Botón de prueba, las PASO de 2019 fueron lapidarias para el gobierno de Mauricio Macri, al punto tal que generaron un cataclismo en la economía de esos días, devaluación incluida. Ese resultado motivó que el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, presentara un proyecto de ley para directamente derogar las primarias. El proyecto del diputado del Pro establecía la derogación del título II de la Ley 26.571 que introdujo las PASO, y que las internas de los partidos políticos se realizaran tal cual ocurría hasta entonces: de acuerdo con lo que establecen sus respectivas cartas orgánicas.

Vale aclarar que el diputado Tonelli siempre fue crítico de las PASO, al punto tal de calificarlas de “inconstitucionales”. Pero sus críticas hacia las primarias no surgieron a partir de la derrota de Cambiemos en agosto de 2019, sino que ya a principios de ese año las había calificado de inconstitucionales por violar “la autonomía de los partidos políticos, que deben tener libertad para organizarse y poder elegir sus candidatos”.

“Si se eliminan, yo feliz y contento”, dijo entonces en el programa “El hecho maldito”, de Futurock.

En los fundamentos de su iniciativa sobre las primarias, Tonelli planteaba: “El presente proyecto de ley que pongo a consideración de la Cámara, tiene la finalidad de dejar sin efecto las llamadas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) creadas por la Ley 26.571, y establecer que las internas de los partidos políticos se realicen, tal como ocurría hasta entonces, de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas”.

Y agregaba: “Los motivos que me llevan a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la Ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional (reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los sesenta días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar”.

En esa línea, un encumbrado miembro del oficialismo señalaba a este medio que “si eventualmente se toma la decisión de avanzar, a partir de que haya un consenso alrededor de este tema” en cuanto a la suspensión de las PASO, “¿para qué inventar proyectos si está el de Tonelli?”.

Convengamos que el proyecto ya perdió estado parlamentario.

Qué puede pasar ahora

¿El oficialismo tiene el número para suspender -parcial o definitivamente- las PASO? A priori, Juntos por el Cambio descuenta que no, pero no se confía. Para hacer cálculos le alcanza con pensar en lo que sucedió, sin ir más lejos, en la sesión del 11 de noviembre de 2020.

Tiempos de pandemia y de presencialidad menguada en el recinto, el diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo solicitó ese día un pedido de apartamiento de reglamento para pedir tratar el proyecto de Pablo Tonelli para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

El legislador mencionó que en los últimos días se habían suscitado “diversas especulaciones” respecto de la realización o no de las elecciones primarias. En su experiencia como exministro de Gobierno en Río Negro, Di Giacomo contó ese día que por lo visto “no solo en nuestra provincia, sino en el plano nacional” las PASO “no terminaron cumpliendo con el objetivo y la idea de democratización y participación masiva de la ciudadanía”.

En síntesis, expresó que a su juicio no le parecía “lo más oportuno ni lo más correcto” que en una situación de crisis como la que planteaba la pandemia se fueran a gastar “entre 12 mil y 14 mil millones de pesos en unas elecciones que terminan siendo una encuesta previa” a los comicios generales.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, le aclaró que ese era un tema muy opinable, hacia adentro y hacia afuera de los partidos; que ellos tenían su posición, pero no le parecía que fuera el momento para debatirlo. “Justamente eran las cosas que queríamos evitar”, en una sesión en la que “tenemos un 100 por ciento de acuerdos en las cosas que vamos a tratar”, completó.

Habló entonces quien era la vicejefa del bloque FdT, Cecilia Moreau, que le pidió a Di Giacomo retirar su moción, porque no estaba dentro de lo acordado, y ahí Sergio Massa pidió entonces un breve cuarto intermedio en el que junto a Di Giacomo, Ritondo y Moreau resolvieron que se retirara ese pedido.

En ese breve debate intervino también Graciela Camaño, quien reivindicó “para el Congreso la decisión electoral”. “Es de las competencias que la Constitución descansa en nosotros”, subrayó y sostuvo que “no es un tema menor, es un tema importante, máxime cuando uno advierte que hay gobernadores que están solicitando que las elecciones PASO no se realicen”.

“Es un tema que lo tenemos que tratar nosotros”, insistió y añadió: “Es cierto que no lo podemos tratar en esta sesión, pero deberíamos empezar seriamente a pensar en conformar una comisión para conversar sobre este tema”.

El dato vale a la hora de calcular cuál puede ser la postura de cada sector ante un eventual debate del tema, si es que el Frente de Todos decide llevarlo al recinto. Ya vemos cuál es la postura de Juntos Somos Río Negro, que junto a sus pares misioneros plantearía el alineamiento del interbloque Provincias Unidas (4 diputados) junto al oficialismo ante un eventual pedido de suspensión de las PASO.

Y vemos que Camaño, del estratégico interbloque Federal (8 diputados) se muestra interesada en debatir la cuestión.

Al respecto parlamentario.com consultó al presidente de ese interbloque, Alejandro “Topo” Rodríguez, quien confió que ya en la campaña de 2019 “veníamos planteando que las PASO debían ser eliminadas, porque no habían dado el resultado que se esperaba de ellas: servir para seleccionar candidaturas. Salvo 2015, los presidentes y vices se han elegido sin competencia”.

“Pero aunque ese siga siendo mi pensamiento, la decisión tiene que estar en sintonía con el contexto que uno toma su decisión, y el contexto es que si uno hoy decide eliminar las primarias y beneficia claramente al otro, no tiene efecto neutro”, admitió “Topo” Rodríguez. Ante ello, dejó claro que “yo hoy no votaría la eliminación de las primarias. Sigo sosteniendo que son malas, pero quiero tomar la decisión que no signifique afectar a una de las partes. Si hay una ventaja evidente, no estaría siendo neutral”.

Para este legislador, teniendo en cuenta que “solo por excepción” el sistema ha permitido seleccionar candidatos presidenciales, en tanto que en general no ha habido competencia, “la esencia del instrumento se ha perdido”.

Así y todo, tras reiterar que prefieren postergar este debate para después de las elecciones, Rodríguez le pasa una factura a Juntos por el Cambio, al reclamarle por activar el tema de la boleta única de papel en el Senado. Si bien allí manda el kirchnerismo, también es cierto que no se ve una especial preocupación por forzar su tratamiento, y lo atribuye a la sensación de que a JxC no le conviene el nuevo sistema para la próxima elección.

Lo cual es precisamente lo que insisten convencidos en no querer hacer ellos en esta elección.

Más allá de estas vicisitudes, un poroteo respecto de un eventual intento de suspensión de las PASO muestra números inquietantes. A los 117 votos que tiene el oficialismo, podría sumar a los 4 de Provincias Unidas, más quizá los 4 de la izquierda, que no ha expresado postura, pero se sabe que rechaza el sistema vigente por el piso electoral que plantea.

Podría contar con otros dos votos de parte del neuquino Rolando Figueroa (MPN) y tal vez el santacruceño Claudio Vidal (SER). Con todos esos sumaría 127 votos. Insuficientes aún, pues se necesitan 129 votos por tratarse de una “mayoría absoluta”. En el Senado tendría que conseguir 37, que ya los tiene.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – Ciudad de Buenos Aires) repudió el ataque de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema y aseguró que se trata de "una defensa propia para mejorar su situación en las causas judiciales que enfrenta", y que está “plagado de inexactitudes, verdades a medias y falsedades". Además, alertó que “no hay que perder de vista que hace 20 días abrieron declaraciones juradas de los jueces”.

“Lo que hizo Cristina fue un acto de defensa de ella con el que intenta mejorar su situación en las causas judiciales que enfrenta, particularmente que es la de Vialidad", expresó el legislador en diálogo por la AM550.

En la misma línea, indicó que el video publicado en las redes sociales de la exmandataria contiene "inexactitudes, verdades a medias y falsedades", e insistió que el mensaje debe tomarse como “un acto de defensa. No es otra cosa. No es una clase acerca de la independencia de la Justicia”.

Asimismo, pidió estar alerta a ese tipo de manifestaciones al tiempo que denunció la apertura de declaraciones juradas a jueces de semanas atrás. “Hay que estar alerta ante este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando se dicen tales inexactitudes. No hay que perder de vista que hace 20 días tuvimos una intrusión en las que manos anónimas abrieron declaraciones juradas de los jueces”, planteó el diputado.

Por otro lado, Tonelli cuestionó el aumento salarial del 60% para empleados legislativos anunciado por la titular del Senado y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, al aclarar que “las dietas deben actualizarse al ritmo de las de los empleados del Congreso”.

"No sé cómo va a ser el mecanismo, no hay nada concreto por el momento. Tendremos que pensar qué hacemos. No me parece un procedimiento correcto ni adecuado. Lo normal es que las dietas de los legisladores se vayan actualizando al mismo ritmo que las dietas de los empleados del Congreso”, declaró.

Por último, el legislador habló de la realidad de la principal coalición opositora, a la que calificó de "estar más junta y unida que nunca", y reflexionó sobre la situación económica y social: “Compartimos la preocupación por la muy grave situación que atraviesa el país en materia económica y social”, concluyó.

Por José Di Mauro

Nadie debería haberse sorprendido de que la resolución del conflicto en torno a la reforma del Consejo de la Magistratura se empantanara. Así debió preverse a partir de la demora del Senado en iniciar el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre todo las expresiones que durante todo el tiempo que medió hasta el inicio de la discusión se escucharon de parte de referentes judiciales del kirchnerismo más duro.

Hombre clave en ese esquema, Rodolfo Tailhade se mostraba por esos días más cuestionador de la decisión adoptada por la Corte Suprema, que por encontrar caminos superadores que llevaran a una resolución del conflicto.

Ni bien se aprobó el proyecto en el Senado, el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, le apuntó también a la Corte Suprema supuestamente para forzar una extensión de los plazos. Por eso habló de los 1.577 días que el Tribunal Supremo se tomó para emitir el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, a instancias de la hoy vicepresidenta de la Nación, para contrastarlos con los exiguos 120 que le dio al Congreso de plazo.

Era de prever que el Tribunal Supremo no habilitara dilaciones, a partir de otro hecho: el proyecto del Ejecutivo ingresó al Senado el 7 de diciembre pasado y recién comenzó a ser tratado el 22 de marzo último. Esto es, si bien el plazo de 120 días otorgado por la CSJN para aprobar una nueva ley de reforma para el Consejo de la Magistratura puede considerarse reducido, también es cierto que 106 días demoró el Senado el inicio del tratamiento del proyecto. Dicho en términos porcentuales, el 88% del tiempo otorgado por la Corte Suprema.

El proyecto fue deliberadamente enviado al Senado y no a Diputados, donde podía complicarse su tratamiento. Pero tratándose de la Cámara alta, está claro que los tiempos los impondría el cristinismo, y fue lo que hizo. El área judicial es de especial atención para ese sector del Frente de Todos y allí se iniciaron todos los proyectos que luego se atascaron en la Cámara baja: reforma judicial, reforma del Ministerio Público y ahora el Consejo de la Magistratura. Todos tuvieron media sanción del Senado y no pasaron el filtro de la Cámara baja. Sin contar el pliego de Daniel Rafecas para procurador, todavía sin tratamiento en la Cámara alta.

Dadas las circunstancias, siempre fue más factible que el Consejo de la Magistratura se recompusiera solo hasta llegar a la composición que establecía la ley de 1997, de 20 miembros. Lo que daría lugar -como ha dado- a que el oficialismo echara dudas respecto de la medida adoptada por la Corte, por cuanto se ve al Tribunal Supremo arrogándose facultades legislativas.

Como sea, ahora la vuelta a la composición original se encuentra empantanada a partir de un fallo judicial impulsado por un juez federal de Entre Ríos (Daniel Alonso), a instancias de un diputado oficialista (Marcelo Casaretto), para que los presidentes de ambas cámaras se abstengan de designar a los dos legisladores que deberían conformar el nuevo Consejo, según su vieja composición.

El fallo del juez entrerriano es cuanto menos polémico, porque implica que una instancia inferior pueda modificar la decisión de nada menos que el Máximo Tribunal del país. Por eso es que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de nulidad de esa precautelar, considerando que se trata de “un alzamiento inadmisible” contra un fallo de la Corte. Y le pide el Colegio directamente a la Corte avocarse a ese tratamiento “por la gravedad institucional del caso”.

Seguramente esa discusión se definirá en el transcurso de esta semana, pero lo cierto es que mientras tanto la designación de esos dos legisladores es el punto con el que el oficialismo buscará demorar la vuelta al Consejo anterior.

Un antecedente a tener en cuenta

No es la primera vez que la elección de legisladores para el Consejo genera polémica y hasta la intervención de la Corte. Sucedió en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Ese Gobierno tenía minoría en ambas cámaras y poca influencia en el Consejo de la Magistratura. Por eso es que mientras atendía la situación imperante en Diputados y el Senado, que terminaría resolviendo en el transcurso del verano, planteó un audaz desafío hacia el kirchnerismo. A las dos semanas de gestión de Mauricio Macri le ganó al Frente para la Victoria una pulseada gracias a un acuerdo parlamentario que le permitió arrebatarle al kirchnerismo un lugar y designar a Pablo Tonelli (Pro).

Para eso reunió una cantidad de diputados superior al kirchnerismo para cubrir un cargo vacante. Para entender la historia completa hay que remontarse a 2014, cuando los diputados designados por el FpV-PJ eran Eduardo “Wado” De Pedro y Rodolfo Tailhade. Al irse el primero al Poder Ejecutivo, para asumir como secretario general de la Presidencia-en tiempos de Cristina Kirchner-, asumió su suplente: la entonces diputada Anabel Fernández Sagasti. Un año después la mendocina sería elegida senadora nacional, por lo que se generó una vacante en el Consejo de la Magistratura, ya que el Frente para la Victoria no había designado suplente cuando la mendocina asumió en lugar de Wado De Pedro. Entonces no lo consideraron necesario, pues no imaginaban lo que les pasaría.

El ideólogo de la movida que le permitió a Cambiemos quedarse con ese lugar en el Consejo fue el entonces presidente del bloque Pro, Nicolás Massot, quien elaboró un acuerdo con el Frente Renovador de Sergio Massa por el que sumaron 110 diputados con los cuales formaron una nueva mayoría para la ocasión.

Massot había estudiado el tema con su equipo jurídico y vio la debilidad de la estructura de la ley. A su juicio, la norma escrita tiene “muchas lagunas y mucha ambigüedad”. Así las cosas, ellos le dieron a la ley una interpretación que considera “correcta”, sobre todo a partir de que la Corte Suprema terminó avalando lo sucedido al señalar que así como los fueros son de la Cámara, los cargos que representan al Congreso también son de la Cámara y no de los partidos. Por lo tanto, la interpretación de la mayoría debía ser dinámica y la Cámara podía modificar las mayorías que resultaron de una elección.

 “Creo que fue uno de los principales golpes por los cuales entendieron (los kirchneristas) que nosotros veníamos a pisar fuerte acá y no a ser espectadores”, explica Nicolás Massot en el libro Gobernar en Minoría (Ediciones Corregidor, 2019), y allí agrega: “Lo nuestro fue una estrategia para que un gobierno que no tenía mayoría por las urnas, la pudiera conformar, que es lo que en general hacen los oficialismos del mundo. Esta herramienta fue una interpretación para que no fuera el resultado electoral estático el que determinara lugares, sino una mayoría dinámica, que el oficialismo siempre está en condiciones de generar”.

Esa estrategia se le terminaría volviendo en contra. Ya lo veremos.

Para el año 2018, el gobierno de Mauricio Macri se las había arreglado para tener mayoría en el Consejo de la Magistratura, y tras los resultados de las elecciones del año anterior y la nueva composición legislativa se aprestaba a conseguir los dos tercios: el número necesario para imponer y destituir jueces. A esa cantidad esperaba llegar a partir de ser ahora primera minoría en el Senado, dato que había surgido de las elecciones de 2017.

Para impedirlo, el jefe de la principal oposición en el Senado, Miguel Pichetto, venía trabajando silenciosamente desde hacía semanas para sumar miembros a su interbloque, de modo tal de superar a los de Cambiemos y así conservar los dos senadores por la mayoría. No le resultaba posible: habían avanzado las negociaciones con el gobernador santiagueño Gerardo Zamora para incorporar a sus  dos senadores al interbloque Argentina Federal, pero cuando ya lo tenía resuelto, se le volvió a complicar al rionegrino al sufrir en vísperas del debate del Presupuesto 2019 la salida de los dos peronistas tucumanos: José Alperovich y Beatriz Mirkin, lo que lo dejaba en el mismo lugar de antes.

Finalmente, pocas horas después de haberle dado una gran mano al Gobierno de Cambiemos con la aprobación del Presupuesto, Pichetto difundió un comunicado en el que anunciaba haberse adjudicado los dos senadores por la mayoría, por ser el bloque con mayor número de integrantes: 18. Esto es, no tomaron en cuenta a los interbloques. Fin de la historia.

El propio Pichetto se quedó con uno de esos dos lugares para la mayoría y el otro fue para una senadora santiagueña que respondía a Zamora, parte del acuerdo. No hubo protestas de Cambiemos, que siempre priorizó cultivar una buena relación con los aliados indispensables del Senado. Pero no esperaba el baldazo que llegó inmediatamente después desde la otra cámara.

Utilizando en este caso la doctrina a la que había echado manos Cambiemos en 2015 para arrebatarle un lugar al kirchnerismo, la oposición se unió en 2018 para sacarle al oficialismo uno de los dos lugares que reclamaba para sí.

El FpV-PJ negoció con el Frente Renovador para alcanzar una mayoría circunstancial. Sergio Massa pidió entonces que le aportaran nombres, aclarando que el de Rodolfo Tailhade (entonces consejero) no era viable, y le propusieron a Eduardo “Wado” De Pedro. Y el FR podría poner a su jefa de bloque: Graciela Camaño.

La movida contó con la anuencia del bloque Justicialista, que respondía a los gobernadores y cuyo titular, Pablo Kosiner, rechazaba acordar con el kirchnerismo. Sin embargo se impuso en su espacio el criterio de la mayoría del interbloque Federal y la adhesión fue firmada por su vice, Sergio Ziliotto, un hombre del gobernador pampeano Carlos Verna, en pie de guerra con el Gobierno de Cambiemos.

Advertido por Emilio Monzó de lo que venía, el propio presidente Macri llamó a su amigo Juan Schiaretti para pedirle que sus cuatro diputados no se sumaran a la movida, pero el gobernador cordobés ya había arreglado con Massa, quien le había garantizado que su vicegobernador en uso de licencia, Martín Llaryora, sería el suplente de Graciela Camaño, a quien se le vencía el mandato en 2019 y entonces asumiría Llaryora en el Consejo. No fue así porque el cordobés terminó siendo elegido intendente de la capital de su provincia y Camaño al final fue candidata para otro período y hoy sigue en el Consejo.

Como en tantas otras cosas, Cambiemos entonces se confiaba en presunciones y en este caso jugaba su suerte a que el massismo no se arriesgara a quedar expuesto en un acuerdo con los K en un tema tan sensible como el manejo judicial. Pero debió resignarse ante su propia medicina.

Así las cosas, de 9 miembros que esperaba tener en el Consejo, Cambiemos quedó reducido a 7 sobre 13. Siguió teniendo mayoría, podía elegir al presidente, pero debería consensuar para conseguir los votos para remover o designar jueces o fiscales. Y también aquí volvería a depender de Miguel Pichetto.

Consultado sobre si la estrategia elegida se les había vuelto en contra, Nicolás Massot respondió con inusual sinceridad: “Lo que se nos volvió en contra es lo inédito de que haya un oficialismo que pierda mayorías. No es que se nos volvió en contra la herramienta. Y el oficialismo perdió las mayorías no solamente en el Consejo de la Magistratura, las perdimos con los DNU y con las leyes en general. Desde mediados de 2017 ese Gobierno dejó de tener mayorías en el Congreso”.

La controversia actual

Y así llegamos a la composición actual y una nueva polémica que se plantea. Los representantes del Congreso en la Magistratura son tres diputados de distintos sectores: Vanesa Siley (Frente de Todos), Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) y Graciela Camaño (interbloque Federal). Y tres senadores que representan la relación de fuerzas en la Cámara alta: María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos), Mariano Recalde (Frente de Todos) y Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio).

Con la ampliación que se viene a partir de la vuelta al Consejo de 20 miembros, Juntos por el Cambio considera que le corresponden los dos lugares asignados al Poder Legislativo, por ser segunda minoría. Por eso elevó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, el nombre del cordobés Luis Juez por el Pro, y a Sergio Massa el de la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR).

Pero más allá del freno que un juez entrerriano le puso a la designación de representantes legislativos, el oficialismo opina lo contrario: dice que las segundas minorías no son las actuales, sino las de 2018, cuando se integró el actual Consejo de la Magistratura. Si así fuera, en 2018 el segundo bloque con más miembros del Senado era Unidad Ciudadana, y razonan que en Diputados sería la izquierda.

Si prevaleciera la postura del actual oficialismo, los designados entonces podrían ser el senador nacional Oscar Parrilli y la diputada nacional Myriam Bregman.

Esto se resolverá -o no- en las próximas semanas, si es que el Consejo de la Magistratura puede así reactivarse a partir de la vigencia de la ley de 1997.

Por José Angel Di Mauro

Aprobado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado, no hay tiempo formal para que la modificación sea ley antes de que venza el plazo perentorio dado por la Corte Suprema de Justicia. Por más buena voluntad que ponga la Cámara baja, es imposible que el tema esté resuelto para el 15 de abril, fecha límite impuesta en el fallo de la CSJN que en diciembre pasado dictó la inconstitucionalidad de la norma vigente.

La pregunta es si existe buena voluntad de parte del oficialismo y si la Corte Suprema la percibe para en todo caso ampliar esta semana el plazo, para evitar la situación conflictiva que impondría la parálisis del Consejo de la Magistratura vigente.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, deberá lidiar con esta situación complicada, una de las tantas heredadas a partir de la renuncia -el 31 de enero pasado- de su antecesor en el cargo, Máximo Kirchner. Y ni bien el proyecto del Ejecutivo tuvo media sanción en el Senado, el santafesino dejó claras las dificultades al hacer hincapié en el tiempo exiguo que queda para el vencimiento del plazo: 4 días hábiles. Se refería al viernes 8 de abril, el lunes 11, martes 12 y miércoles 13. Después arranca Semana Santa, pero si no hubiera estado el feriado, tampoco hubiera alcanzado el tiempo con dos días más.

Más tarde Germán Martínez escribió otro tuit que incluía una suerte de pase de factura al Tribunal Superior: “El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017. El fallo salió el 16/12/2021. 1.577 días de análisis”, enumeró el santafesino.

Así las cosas, concluyó Martínez, “Diputados tiene solo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”.

Consejo de la Magistratura.

El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017.

El fallo salió el 16/12/2021.

1.577 días de análisis.

Diputados tiene sólo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte.

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 8, 2022

Tan ciertos son los datos del jefe del bloque oficialista, como que el Frente de Todos demoró en el Senado 106 días para comenzar a discutir el proyecto que el Poder Ejecutivo ingresó por Mesa de Entradas de esa Cámara el 7 de diciembre de 2021, en vísperas del fallo de la Corte Suprema.

Si bien el presidente incluyó la cuestión en el temario para sesiones extraordinarias, el tratamiento en el Senado recién comenzó el 22 de marzo de 2022. Ahí están los 106 días de demora: 15 semanas, para más datos.

Lo cierto es que más allá de los tiempos tan acotados, en la Cámara baja el oficialismo tampoco ha mostrado premura para avanzar con el debate del proyecto proveniente del Senado. Ni siquiera han convocado aún a constituir las comisiones que deberán ocuparse del tratamiento: Asuntos Constitucionales y Justicia. La primera era presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el pampeano Hernán Pérez Araujo, y la segunda por el diputado de La Cámpora Rodolfo Tailhade, quienes todavía no han sido ratificados desde el propio oficialismo sobre si mantendrán esos cargos.  

Más allá del debate interno que atraviesa el Frente de Todos desde la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque y las dudas respecto de si le será respetado el lugar que ocupaba a Rodolfo Tailhade, un verdadero halcón judicial del kirchnerismo duro, la oposición tiene sus propias dudas.

Amén de los proyectos diversos que varios de sus miembros presentaron en el último tiempo para reformar el Consejo de la Magistratura, en Juntos por el Cambio está alineados con la iniciativa que habían unificado en el Senado para tener un organismo integrado por 20 miembros, presidido por alguien de la Corte Suprema de Justicia. Este último detalle es resistido con pasión desde el oficialismo, al que no le alcanzan los votos en la Cámara baja para imponer la sanción del proyecto aprobado en el Senado.

Por eso dependerá de “los bloques del medio”, donde el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos. Precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.

Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 integrantes, donde Graciela Camaño -quien integra además actualmente el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo, mas no presidiéndolo.

Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en Diputados para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.

Fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el FdT a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por un Senado que a los miembros de JxC no le dan mayores garantías.

- Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó parlamentario.com.

- Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.

Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.

“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.

En línea con la opinión de su presidente, Gerardo Morales, el radicalismo viene mostrando cierta disposición a favor de apoyar el acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Similar posición anticipa también la Coalición Cívica, a partir de la línea que ha bajado su líder, Elisa Carrió. Faltaba conocer la postura del Pro, algunos de cuyos referentes han puesto ciertos reparos, comenzando por el expresidente Mauricio Macri y siguiendo por la titular del partido, Patricia Bullrich, que deslizó incluso que si el oficialismo se divide a la hora de votar, debería optarse por la derogación de la ley impulsada justamente por este Gobierno hace exactamente un año y que dispuso que el acuerdo por la deuda pase por el Congreso.

Para analizar seriamente qué decisión llevarán al seno de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles el bloque de diputados nacionales del Pro. El temario era concreto y atendiendo las dos cuestiones legislativas más perentorias: el Consejo de la Magistratura y el acuerdo con el FMI.

El encuentro se celebró a partir de las 14 en el Anexo C de la Cámara baja y durante las deliberaciones, la bancada presidida por Cristian Ritondo coincidió por unanimidad en que resulta “imprescindible” conocer los detalles del acuerdo con el Fondo para poder consensuar luego una postura en el bloque y en Juntos por el Cambio.

De esta manera se diferenció de los otros dos socios principales de la principal oposición, y esa será la postura que llevará al seno del encuentro que mantendrá este jueves la Mesa Nacional de JxC.

Desde el bloque Pro destacaron la importancia de no caer en default y de avanzar hacia un acuerdo razonable que le permita a la Argentina mantener una relación madura con el mundo.

“Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”, subrayó Ritondo.

Y agregó el jefe de la bancada Pro: “Queremos que sea un país normal y no un Estado rehén del relato populista que atrasa y nos hunde en la pobreza y el aislamiento”.

El primer tema a analizar fue el del Consejo de la Magistratura, que se extendió hasta las 16. Sobre esa cuestión hubo coincidencia unánime para que el instituto creado por la reforma constitucional de 1994 sea presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia. 

Autor de uno de los proyectos de reforma y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli (Pro – CABA) aclaró que “la solución más republicana es que el Congreso dicte una nueva ley orgánica. Los principales puntos que debe contener la ley incluyen que la Corte, a través de uno de sus miembros, integre el Consejo y lo presida, mejorar el procedimiento de los concursos y la gestión presupuestaria, e incrementar las auditorías y controles de gestión del Poder Judicial”.

A su turno, el exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari sostuvo que “la conformación del Consejo de la Magistratura, por la exigencia constitucional, es el garante de la independencia judicial. Según como se elijan a los jueces es cómo vamos a tener el modelo de Justicia que el país merece y con una administración lógica hacia las necesidades de los ciudadanos”. Finalmente, concluyó que “la Argentina necesita una Justicia independiente”.

Entretanto, Diego Marías, integrante del Consejo de la Magistratura, explicó que este órgano multisectorial “es importante porque es lo que la Constitución prevé para designar y/o remover a los jueces de todo el país y otra función es administrar el Poder Judicial”. De ahí la necesidad de acatar el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley de reforma de 2006 y que ordena volver a un Consejo de 20 miembros con el presidente de la Corte a la cabeza.

La letra chica del acuerdo

Pasadas las 16 el debate rumbeó, como dijimos, hacia la cuestión con el Fondo. Ahí habló el referente económico legislativo Luciano Laspina (Santa Fe), quien insistió en que “todavía no conocemos la letra del acuerdo. Lo que sabemos es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo, pero al menos le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el Gobierno”.

También participó e hizo uso de la palabra el exministro de Economía Hernán Lacunza. Para el último jefe del Palacio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, del acuerdo solo se conoce una hoja de ruta. “Por ahora -dijo- se evitó el default, lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos”.

Asimismo, el economista de Pro objetó que se proponga bajar el déficit fiscal sin dar pautas de cómo hacerlo, “porque, paralelo a ello, afirman que van a aumentar el gasto público”. 

Participaron del encuentro denominado “Agenda Parlamentaria, Análisis y Debate”,  efectuado en el Anexo C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los bloques Frente Pro, Avanzar San Luis, CREO, Ahora Patria, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, y Republicanos Unidos.

Mientras sigue dilatándose la convocatoria a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, van acortándose los tiempos para una cuestión clave como es resolver el tema del Consejo de la Magistratura. Y no es algo menor, ya que mientras el tiempo pasa va corriendo la cuenta regresiva puesta en marcha el 16 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma implementada en 2006 y dio un plazo perentorio para la nueva conformación del Consejo.

Esto es, el Tribunal Supremo de la Nación impulso a mediados de diciembre pasado un plazo de 120 días corridos para la elección de 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura, al establecer inconstitucional la reforma realizada en 2006 que achicó de 20 a 13 los miembros del mismo.

El fallo establece que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes. Así las cosas, el plazo para la nueva composición del Consejo vence el 14 de abril de 2022, fecha a partir de la cual, en caso de no cumplirse lo decidido por la Corte, “los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos”.

La composición actual es de tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores por la mayoría, dos por la minoría, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que interpreta la Corte y que la llevó a tomar tal resolución? Que el Consejo en la actualidad tiene siete representantes de la política, lo que le da quórum propio y mayoría absoluta a ese estamento. El resto tiene seis y por lo tanto no está equiparada esa mayoría que ostenta la política.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El proyecto del Ejecutivo

Anticipándose al fallo de la Corte, el Gobierno envió al Congreso unos días antes del 16 de diciembre un proyecto que amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico.

Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

El proyecto ingresó a través del Senado, donde el oficialismo ya no tiene mayoría, pero puede alcanzarla con mayor facilidad que en la Cámara baja.

En caso de aprobarse la iniciativa del Poder Ejecutivo, así quedaría el Consejo de la Magistratura según el proyecto del PEN: cuatro jueces (ahora son 2); seis legisladores (3 por Cámara, 2 por cada bloque mayoritario y uno por la primera minoría); cuatro abogados (ahora son 3); un representante del Poder Ejecutivo; dos académicos y/o científicos.

¿Es posible que el Consejo de la Magistratura tenga 17 miembros como sugiere el proyecto del Gobierno, en lugar de 20, como dispuso la Corte Suprema? Sí, pues lo que el Tribunal Supremo estableció es una solución coyuntural, hasta tanto no salga una nueva ley. Si la ley sale antes del 14 de abril, perfecto. En tanto y en cuanto no vuelva a ser invalidada por la Justicia.

Los proyectos de la oposición

No es el único proyecto que hoy está en el Congreso para resolver el entuerto planteado en torno al Consejo de la Magistratura. Hay otros dos, que corresponden a legisladores de Juntos por el Cambio.

Exintegrante del Consejo de la Magistratura hasta 2018, cuando un acuerdo opositor le birló al entonces oficialismo uno de los lugares que le hubiera correspondido por ser primera minoría, Mario Negri presentó ahora un proyecto propio que propone volver a la antigua composición de 20 miembros, con el titular de la Corte presidiendo el Consejo.

Según la iniciativa, el Consejo quedaría con un representante del PEN; cuatro senadores nacionales (2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y 1 por la tercera); cuatro diputados (2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y 1 por la tercera); cuatro representantes de los abogados (2 por CABA y 2 del interior); cuatro jueces (2 por CABA y 2 por el interior) y dos representantes del sector académico.

En todos los casos respetando la paridad de género.

Asimismo la iniciativa reduce de tres a un año el plazo máximo para tramitar una denuncia contra un juez. Esto es, si la Comisión de Disciplina no logra avanzar en un año, el pleno debe tratarlo directamente.

El restante proyecto corresponde al diputado del Pro Pablo Tonelli, quien continúa siendo miembro del Consejo de la Magistratura. Su iniciativa propone solo elevar a 14 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, sumando a un representante de la Corte Suprema.

El proyecto del diputado Tonelli incorpora como novedad la posibilidad para cada estamento representantes que no formen parte del mismo. Asimismo establece que el representante electo por el estamento desempeñará exclusivamente ese cargo público sin superponerse con otra función.

Por otra parte, los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden tener otra profesión que la de abogados. Actualmente la ley requiere para ser consejeros las condiciones exigidas para ser diputado de la Nación. Tonelli quiere que se exijan las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia: ser argentino, abogado graduado en universidad nacional, tener 4 años de ejercicio de la profesión y 25 años de edad.

Como dijimos, el proyecto ya ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, y es de los pocos de los que se mencionan para ser tratados en extraordinarias cuyo texto ya se conoce. En caso de imponerse el oficialismo en la discusión del Senado, es muy probable que la oposición fuerce modificaciones en la otra Cámara y los tiempos no darían para que haya una ley dentro del plazo previsto por la CSJN.

Habrá que ver qué se resuelve entonces en ese caso.

Autor de uno de los proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura tal cual ordenó la Corte Suprema recientemente, el diputado del Pro Pablo Tonelli reconoce que es “breve” el plazo otorgado por el Tribunal para que el Congreso dicte una nueva ley o que complete su composición de 20 miembros.

También es muy crítico de la marcha convocada contra la Corte Suprema, pero sobre todo que el Gobierno acompañe de alguna manera la misma. Considera “grave” que el Poder Ejecutivo a través del presidente de la Nación “se sume a una marcha en contra de la Corte para promover la salida de sus jueces por una vía no constitucional. Esto sí es una violación a la división de los poderes”.

Entrevistado por La Nación, el diputado sostiene que “el presidente no puede inmiscuirse en las causas judiciales”, por cuanto lo tiene prohibido por el artículo 109 de la Constitución. A su juicio, “resulta paradójico que el presidente enfrente a la Corte y diga que tiene un serio problema de funcionamiento cuando él, que lleva las riendas del Gobierno, tiene un pésimo manejo del Poder Ejecutivo”.

Con relación al cambio en el Consejo de la Magistratura, Tonelli adelantó que JxC hará lo posible para que haya una ley, lo cual considera que es “la decisión más republicana y democrática”. Pero si eso no sucede en los plazos previstos, deberían integrarse a mediados de abril 7 nuevos consejeros: un juez de la Corte, dos abogados, dos legisladores, un representante de los jueces y un académico.

Al respecto se manifestó a favor de uno de los temas más discutidos: si un juez de la Corte debe integrar o no el Consejo. Para él está bien, porque sería “beneficioso por una cuestión presupuestaria”. Pasa que el Consejo de la Magistratura hoy tiene “un presupuesto que apenas si le alcanza para pagar los sueldos del Poder Judicial. No cuenta con partidas suficientes para atender los problemas de infraestructura de la Justicia, que son muchos”.

“Por contrapartida, la Corte Suprema es rica, cuenta con miles de millones depositados en plazos fijos que están ociosos. Creo que si la Corte presidiera el Consejo podría ser una solución a este desequilibrio presupuestario”, apuntó Tonelli, quien piensa que también podría servir para “morigerar los conflictos internos entre los distintos estamentos. No pensaba lo mismo años atrás, pero ahora creo que sería beneficioso que un juez de la Corte presida el Consejo. Podría ayudar a atenuar las pujas políticas y a concentrarnos en nuestra labor específica”.

Por otra parte consideró “razonable” el proyecto del Poder Ejecutivo, que propone un consejo de 17 miembros, ya que “cumple con el mandato constitucional y con el fallo de la Corte”. Con todo, admitió dos discrepancias: que no contempla la representación de la Corte, y con el modo de elección de los dos académicos, pues el oficialismo propone dos representantes elegidos por los decanos de las facultades de Derecho y por el Consejo Interuniversitario Nacional, respectivamente, y él piensa que deben ser elegidos por todos los académicos.

Consultado sobre las vacantes no cubiertas por el Poder Ejecutivo en la Justicia: la del procurador general de la Nación y la de Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema, Tonelli consideró que “cuanto antes sean cubiertas estas vacantes mucho mejor”, aunque aclaro que “esto requiere diálogo y consenso”, pero se quejó porque “hasta ahora el oficialismo poco y nada hizo al respecto”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) salió en defensa del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, luego del pedido de juicio político en su contra presentado por legisladores provinciales del Frente de Todos.

"Es una persecución política claramente. Julio Conte Grand es un funcionario excelente, un hombre decente, recto, bien intencionado, con una buena formación jurídica, que siempre actúa de acuerdo con las normas, respetando las leyes", sostuvo el macrista.

En declaraciones a radio Futurock, el legislador consideró que "el kirchnerismo quiere sacarlo para poner allí un procurador adicto, un procurador propio" y "todo lo que se dice (en su contra) es falso y motivado por cuestiones políticas", consideró.

Además, el porteño enfatizó que Conte Grand "nunca ha sido dirigente de Juntos por el Cambio, nunca ha sido autoridad partidaria ni nada que se le parezca… ahora, posiblemente sí vote por Juntos por el Cambio, ¿y qué? Los kirchneristas votan por el kirchnerismo".

Consultado por el vídeo en el que exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI aparecen conversando sobre una causa a impulsar contra el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina, y precisamente sobre la frase del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sobre que si fuera por él tendría una "gestapo" contra los gremios, Tonelli expresó: "Es una frase extremadamente desafortunada e inapropiada".

"Me parece bien que la Justicia investigue si hubo allí o no algún delito. Nada en ese episodio es normal, ni el supuesto tenor de la conversación, ni el hecho de que esa reunión haya sido filmada, ni que el vídeo aparezca años después", observó el diputado.

Sobre eso, agregó que "todo es anormal y todo llama la atención" y "hay que averiguar quién la filmó, por qué, si hubo una orden, por qué aparece ahora".

No obstante, negó que haya existido "un entramado de espionaje ilegal" durante el gobierno de Mauricio Macri. "Eso no es cierto", respondió, y recordó el fallo de la Cámara Federal que revocó los procesamientos de los exjefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En alusión a esa decisión judicial, el macrista apuntó que se determinó que hubo "actividades de espionaje ilegal llevadas a cabo de manera individual" por agentes que "lo hicieron por su cuenta, por iniciativa propia".

Justo en momentos en que la Corte Suprema se dispondría a fallar declarando la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por el kirchnerismo, el Gobierno de Alberto Fernández anunció que remitirá en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley para cambiar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con el objetivo de garantizar la independencia judicial y recuperar la confianza pública en la Justicia.

Desde la oposición, el diputado nacional Pablo Tonelli presentó una iniciativa propia que propone establecer un número de 14 miembros para restablecer el equilibrio entre los estamentos políticos (poderes Ejecutivo y Legislativo) y técnicos (abogados, jueces y académicos).

“Presenté este proyecto en 2018 para despolitizar el Consejo de la Magistratura, despejar la inseguridad jurídica en torno a su funcionamiento y para que sea un órgano independiente, eficiente y ágil. En su oportunidad, fue consensuado con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia.  Al no prosperar, lo he vuelto a presentar confiando en un pronto debate en el Congreso”,  sostuvo Pablo Tonelli, quien como diputado nacional es además miembro del Consejo de la Magistratura.

La composición que se propone además subsana la inconstitucionalidad que generó la Ley 26.080, mantenida en la reforma de la ley 26.588, que suprimió la representación de la Corte Suprema en el estamento de los jueces. El artículo 114 es claro cuando dice que en el Consejo de la Magistratura debe haber representantes "de los jueces de todas las instancias", por ello en nuestro proyecto se prevé la presencia de un representante de la Corte Suprema.

Se propone también incorporar un novedoso sistema, admisible constitucionalmente, por el cual cada estamento elija como su representante a una persona que no forme parte del mismo. Es decir, que el representante electo por el estamento desempeñe exclusiva y específicamente esa función pública, sin acumularla con otra.

“La importante misión que la Constitución asigna al Consejo de la Magistratura justifica que sus miembros se dediquen plenamente a la función de consejeros”, afirma Tonelli en los fundamentos del proyecto.

La composición propuesta de 14 miembros quedaría establecida de la siguiente forma: un representante de la Corte Suprema, tres representantes de los jueces del Poder Judicial de la Nación, cuatro representantes del Congreso de la Nación, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.

Por otro lado, el proyecto establece que para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requieran las mismas condiciones exigidas para ser juez de primera instancia de la Nación: ser ciudadano argentino, abogado graduado en universidad nacional, tener cuatro años de ejercicio de la profesión y veinticinco años de edad. Actualmente, la ley 24.937, según la modificación introducida por la ley 26.855, requiere para ser consejero las condiciones exigidas para ser diputado de la Nación. “Nos parece necesario y coherente, que quienes integran un órgano que tiene a su cargo la selección de jueces, como mínimo, tengan calidades similares a la de los postulantes que van a evaluar y posteriormente elegir para una terna”, sostuvo Tonelli.

En cuanto a la presidencia del Consejo, se propone modificar el artículo 10 de la ley 24.937, a fin de que ese cargo sea ejercido por el representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esa manera, se vuelve al criterio originario de la citada ley, con la diferencia de que en nuestro proyecto la presidencia no la ejerce el presidente de la Corte, sino un representante de ese tribunal.

Sobre el funcionamiento de las comisiones, el proyecto propone que las reuniones de comisión sean públicas y que no podrán tener una frecuencia menor de una vez a la semana.

Por último, se introduce en forma explícita la atribución del plenario de decidir la suspensión de jueces titulares, subrogantes y jubilados convocados de acuerdo con el artículo 16 de la ley 24.018, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación. Y decidir la apertura del procedimiento de remoción de los mismos magistrados, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, formular la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento y ordenar, en su caso, la suspensión del magistrado. En ambos supuestos se requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

Según los fundamentos del proyecto, “el Congreso de la Nación se encuentra en deuda con la Constitución y con la sociedad. Por un lado, porque la ley 24.937, con las modificaciones incorporadas por las leyes 24.939 y 26.080, establece un régimen orgánico del Consejo de la Magistratura de dudosa constitucionalidad. Por el otro, porque luego del caso "Rizzo", la ley 26.855 fue declara inaplicable, pero sigue vigente, lo cual genera un enorme estado de incertidumbre”.

Y continúa: “En ese estado de cosas, este Poder Legislativo debe proveer al Poder Judicial y a la sociedad en general, de leyes que propendan al funcionamiento eficiente de las instituciones y aseguren la administración de justicia. Es cierto que sólo con leyes no se modifican las realidades, pues sin personas virtuosas y honestas que las apliquen no son más que meras declaraciones de buena voluntad. Pero los hechos demuestran que el deber, en este momento, lo tiene el Congreso, y por esa razón se propicia el presente proyecto de ley”.

Antes del recambio parlamentario, el Frente de Todos en la Bicameral de Trámite Legislativo aprobó este jueves la validez de 116 decretos -de los cuales 70 son de necesidad y urgencia- firmados por el presidente Alberto Fernández durante 2019, 2020 y 2021, y que estaban pendientes de discusión.

Ahora, el paquete quedó en condiciones de ser tratado por una de las dos cámaras, y se prevé que vayan a ser sometidos a votación en el Senado, como sucedió en estos casi dos años, y donde el oficialismo ostenta ser mayoría hasta el próximo 10 de diciembre.

Con superioridad numérica en la comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri, los legisladores del Frente de Todos defendieron cada una de las medidas durante la reunión que se desarrolló por dos horas.

En el arranque, los diputados opositores Pablo Tonelli y Gustavo Menna dejaron sentado el rechazo de Juntos por el Cambio, y luego se retiraron del encuentro. Anteriormente, los referentes de la oposición habían brindado una conferencia de prensa.

Luego que Cleri abriera la reunión, Tonelli señaló que "no vamos a tratar todos" los decretos, porque justamente este jueves se publicó en el Boletín Oficial "un DNU particularmente trascendente" como es la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas (26.160).

"No estamos de acuerdo con la metodología propuesta", aseveró, y explicó que este tratamiento en paquete de los decretos "no se ajusta a la legislación vigente". "Lo que los constituyentes han querido es que el tratamiento que la comisión y el Congreso deban hacer de esos decretos sea inmediato, sea rápido", remarcó.

Además, el legislador de Juntos por el Cambio indicó que en la Ley 26.122 se establece que cuando "la comisión no se expida dentro del plazo de 10 días, las Cámaras quedan habilitadas y deben considerar de manera inmediata y expresa los decretos" de modo de darle "seguridad jurídica y certeza a la vigencia de esas normas".

"Este tratamiento demorado, y para peor conjunto, está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley", resumió, y dejó en claro que desde la oposición impugnaron la convocatoria y el tratamiento en conjunto de los 116 decretos.

Después fue el turno del radical Gustavo Menna, el segundo y último legislador de la oposición que hizo uso de la palabra en el comienzo de la reunión. Para el diputado, lo que está en discusión es "si la atribución de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o lo vamos a trasladar al Ejecutivo".

"El hecho de que sean 116 los decretos de contenido legislativo en consideración es una desmesura, de una exorbitancia tal, que habla a las claras que en estos casi dos años de Alberto Fernández se ha legislado por decreto. El Poder Legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada", cuestionó sobre el uso de esta herramienta.

En esa línea, el chubutense consideró que "se está tergiversando esta práctica de los DNU" y subrayó que "el artículo 99 de Constitución, inciso 3, no es una habilitación a dictar DNU festivamente", sino solamente cuando "no es posible por circunstancias excepcionales seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes".

"No hay precedente desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos años, y esto es como consecuencia directa de los decretos, muchos de los cuales se van a buscar convalidar", enfatizó.

Menna mencionó datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que revelan que desde marzo hasta agosto de 2020 hubo "531 denuncias de abusos policiales" y "25 muertes" por casos de violencia institucional, 10 de ellos ocurridos en comisarías, además de "dos medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la provincia de Formosa, y una de ellas sigue vigente". Entonces, vinculó que esta "violencia institucional fue generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU".

"Estamos asistiendo a una suerte de operación de blanqueo. Como ustedes han perdido a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Senado, lo que se pretende es apurar la convalidación, la ratificación de estos decretos, que no les importó tratarlos en todo este tiempo en esta comisión", completó.

Tras ello, los diputados Tonelli, Menna, Luis Petri (UCR) y Leonor Martínez Villada (CC-ARI) se levantaron para salir del Salón Eva Perón, donde se desarrolló la reunión, pero la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti les pidió que se quedaran para escucharla.

La vicejefa del Frente de Todos resaltó que los 116 decretos "son muy importantes para la institucionalidad de la Argentina" y defendió que "esta comisión ha trabajado arduamente durante la pandemia", etapa que fue "un contexto excepcional, de necesidad y urgencia, que nos obligaba a abocarnos a los decretos".

"La oposición tiende a tener una memoria selectiva", los cruzó y recordó el DNU 27 firmado por el expresidente Mauricio Macri durante el verano del 2018, que "en un solo decreto se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 leyes, con la excusa de desburocratizar el Estado".

Entonces, la mendocina les reprochó a los opositores "la pretendida institucionalidad y argumento de las formas" y "venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación que está viviendo la Argentina es excepcional". "En pandemia, como nunca antes han estado los DNU más justificados en cuanto a su necesidad y urgencia", continuó.

También, la senadora sostuvo: "No vamos a permitir que una vez más se nos señale desde la oposición al oficialismo como que nosotros somos los que cotidianamente estamos afrentando a la institucionalidad. No es así, e incluso cuando ustedes gobernaron la Argentina, y no había pandemia, en un solo decreto se cargaron 19 leyes y modificaron otras 150".

Sin responder, los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del salón y, acto seguido, contestó sobre los dichos de Formosa la senadora Teresa González.

"La provincia de Formosa durante toda la pandemia ha mantenido una política sanitaria excelente, ponderada por sanitaristas nacionales y también internacionales", dijo, y acusó a la oposición de haber convocado "actos masivos tanto en Clorinda como en la ciudad de Formosa", tras lo que "hubo un repunte impresionante de contagios y fallecidos". "Seguimos soportando y enfrentando la terrible ofensa y el terrible vandalismo que viene cometiendo la oposición desde 2020 contra la provincia de Formosa", añadió.

Cuando la oposición se retiró, todos los miembros del oficialismo se encargaron de argumentar a favor de la validez de las medidas. Previamente, Cleri destacó que la comisión realizó "12 sesiones de manera remota" y "tratamos 54 DNU". "Con los que vamos a tratar ahora van a ser el 100% de los emitidos en 2019, 2020 y este año".

Y detalló que se tratarían por bloque, separados de acuerdo a los temas "ASPO, DISPO y medidas generales de prevención; trabajo y producción; beneficios sociales; transformaciones institucionales; economía; y promulgación parcial de leyes, que son 7".

En defensa de los decretos que dispusieron medidas restrictivas durante la pandemia, el diputado Pablo Yedlin subrayó la "enorme excepcionalidad que Argentina y el mundo han vivido en estos dos años tan terribles", en lo que "5.300.000 argentinos se han contagiado de esta enfermedad y 116.222 argentinos y argentinas han fallecido por esta enfermedad".

"Si en algún momento un profesor de derecho constitucional tuviera que elegir un período más justificado para dictar decretos de necesidad y urgencia, no tengo dudas que tomará la pandemia como un ejemplo", expresó el senador electo.

Otro de los que tomó la palabra fue el senador Mariano Recalde, quien afirmó que "el trámite constitucional y parlamentario de los decretos están cumplidos", pero "tal vez lo que les molesta (a la oposición) y por lo que se oponen a estos DNU es por el fondo. No les gusta lo que se decidió".

"Lo que se hizo con estos DNU en medio de una pandemia fue proteger el trabajo y la producción", señaló el porteño y fustigó: "Claro que les molesta la doble indemnización, si quieren eliminar la simple". "Lo que les espanta es la prohibición de despidos o los aumentos salariales", sumó.

Dentro del paquete de decretos -entre los de necesidad y urgencia, los de facultades delegadas y los de promulgación parcial de leyes- se encontraban las medidas referidas a la cuarentena, la doble indemnización, aumento de salarios, ampliaciones presupuestarias, prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Cambiemos, y prohibición de despidos, entre otros temas.

En una conferencia de prensa celebrada antes del inicio de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo, convocada para tratar más de un centenar de decretos, los presidentes de los interbloques de ambas cámaras de Juntos por el Cambio e integrantes de dicha comisión fijaron su posición contraria frente a lo que definieron como una noticia que “irrumpió en el medio de lo que el Gobierno consideró que era un triunfo”.

“De pronto hay 112 decretos de distinta naturaleza que se van a tratar y aprobar hoy en la Comisión Bicameral”, advirtió el diputado Mario Negri, para quien “procuran hacerlo rápido porque quieren sacarle jugo a la mayoría automática del Senado que han tenido en el último tiempo, antes que cambie la composición de las cámaras el 10 de diciembre”.

A su lado, el titular del interbloque del Senado, Luis Naidenoff, aseguró que “en ninguna oportunidad hemos asistido a una situación tan escandalosa, bochornosa, como la que se va a dar en el día de la fecha”.

Agregó: “Esta situación es escandalosa porque se acumularon durante 8 meses estos 116 decretos por decisión del oficialismo de tener paralizada la Bicameral, a pesar de que el Congreso funcionó y hasta sancionó más de 70 leyes. Están apretando el acelerador porque perdieron las elecciones y ya no tendrán quórum en el Senado”.

El formoseño sostuvo que “en reiteradas oportunidades hemos insistido en el tratamiento de más de 100 decretos que estaban pendientes en la comisión, que fueron dictados en el 2019, 2020 y 2021. Entonces la pregunta es por qué lo hacen ahora, por qué de prepo, sin metodología, sin orden y sin debate. Bueno, es muy simple: porque a partir del resultado (electoral) perdieron el quórum”.

Consultado respecto de la movilización del miércoles y el discurso presidencial, Naidenoff agregó que “el presidente está totalmente desorientado: llevar a cabo un acto para celebrar un triunfo que no ha existido y con el único propósito de tratar de saldar las diferencias internas en el marco de la coalición, nos marca a las claras que la Argentina no tiene rumbo, que el Gobierno ha hecho una pésima lectura de la realidad y que es un presidente aislado y totalmente devaluado”.

Integrante de la bicameral, Pablo Tonelli (Pro-CABA) pidió a continuación “tener en cuenta que la Constitución nacional si bien autoriza a dictar este tipo de decretos, dispone que en el plazo de diez días posteriores los tiene que enviar a la comisión bicameral, que tiene 10 días desde que los recibe para tratarlos. Y en este caso nos están haciendo tratar algunos decretos que datan de diciembre de 2019, otros de todo el año 2020 y muchos de 2021. Todos los plazos están absolutamente vencidos, por eso es que en más de una oportunidad hemos planteado por escrito la necesidad de que la comisión se reuniera para tratar los decretos en tiempo y forma. Porque no es posible pensar un tratamiento de ciento y pico de decretos en una sola sesión y cuando han pasado dos años desde que fueron dictados”.

“Por lo tanto rechazamos la convocatoria y en la obligación de tener que dictaminar, nos vemos obligados a dictaminar la invalidez de todos esos decretos”, concluyó.

A su turno, el diputado radical chubutense Gustavo Menna consideró que “ha habido acá una concentración de poder”, advirtiendo que “los decretos de necesidad y urgencia son una excepción y este presidente ha batido todos los récords: entre DNU, decretos delegados y de promulgación parcial, lleva al día de hoy, con el que dictó anoche, 171 decretos de contenido legislativo”.

Para comparar, señaló que “Carlos Menem en diez años dictó poco más de 500. 50 por año. Acá tenemos prácticamente 80 por año. Dictados incluso antes de la pandemia, y con la ley de las 9 emergencias, que fue la delegación de competencias del Congreso más amplia de toda la historia constitucional argentina, que implicó también el dictado de todos los decretos delegados. Ha habido una hiperconcentración de poder en el Poder Ejecutivo, que ha pasado todos los límites, sin control, sin que funcione la bicameral”.

El titular del bloque Pro de Diputados, Cristian Ritondo, señaló que “la aprobación exprés, de más de cien decretos de necesidad y urgencia, sin debate parlamentario, es una pésima respuesta del Gobierno al mensaje de las urnas. Si creen que, pisoteando institucionalidad, llevándose por delante al Congreso, van a dar una señal de fortaleza política, se equivocan, porque con salidas autoritarias profundizarán la actual crisis económica y social repudiada por 2 de cada 3 argentinos hace menos de una semana”.

Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC agregó que “con la poca fuerza que le queda vienen a cubrirse en el Congreso de muchas cosas, desde cómo fue que por decreto suspendieron la movilidad provisional un año o derogaron una agencia de testigos protegido independiente creada por Cambiemos”.

A su turno, el titular del bloque Pro del Senado, Humberto Schiavoni, exprsó: “La falsedad del diálogo institucional al que llaman desde el Gobierno está a la vista porque hoy meten, de prepo, 116 decretos de necesidad y urgencia”.

Un proyecto de ley del diputado porteño Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) prevé la incorporación del estamento de los abogados en la composición de la comisión de selección y escuela judicial del Consejo de la Magistratura.

Dicha comisión de la Magistratura pasará, de ser aprobado el proyecto del diputado de Juntos por el Cambio, a estar integrada por tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo, un abogado representante de la matrícula federal y el representante del ámbito académico y científico.

Este proyecto es promovido por los representantes del estamento de abogados de la matrícula que actualmente integran el Consejo de la Magistratura de la Nación: los consejeros Diego Marías y Carlos Matterson, según informaron desde Juntos por el Cambio.

Tal como se establece en los fundamentos , la regulación legal actualmente vigente (ley 24.937 y sus modificatorias) dispone que el Consejo de la Magistratura se dividirá en cuatro comisiones: de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de Disciplina y Acusación, de Administración y Financiera y de Reglamentación.

La citada norma es el resultado de la modificación dispuesta por la ley N° 26.080 y establece, también, la integración de cada comisión.

La de Selección de Magistrados y Escuela Judicial se integra por ocho miembros, pero la representación de los abogados de la matrícula federal "ha sido excluida, sin razón ni fundamento alguno".

Además de "carecer de sustento, la exclusión de los abogados en la integración de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial es contraria a la letra y el espíritu del artículo 114 de la Constitución Nacional", argumentan en el proyecto de ley.

La creación e integración de comisiones que dispone la ley no puede, de ninguna manera, menoscabar las competencias asignadas al Consejo en su integración plena, que incluye, por supuesto, a los abogados de la matrícula a través de sus representantes.

Resulta "arbitrario e ilegítimo" que uno de los estamentos que integran el Consejo por mandato constitucional se vea impedido de ser parte de la comisión que va a intervenir en una de las atribuciones del órgano: la selección de los futuros magistrados y la formación de los actuales y futuros.

Por otro lado, los abogados de la matrícula —a través de sus representantes en el Consejo— están en condiciones de realizar un importante aporte a la tan necesaria mejora del Poder Judicial de la Nación. El objetivo es reparar una exclusión inconstitucional y arbitraria que lleva casi 15 años, y así avanzar en el restablecimiento del equilibrio en el Consejo de la Magistratura, apunta el texto.

Cabe destacar que actualmente se encuentra en la Cámara Contenciosa Administrativa una acción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24.937 interpuesta por los consejeros Carlos Matterson y Diego Marías, por la cual solicitan la inclusión de los abogados en la comisión de selección de magistrados.

El diputado del Pro Pablo Tonelli advirtió este sábado que “la agenda judicial del kirchnerismo avanza a paso redoblado”, pero “hasta ahora no tiene los votos” necesarios para alcanzar sus objetivos.

Consultado en CNN Radio sobre las facultades especiales que el presidente Alberto Fernández anticipó que pedirá al congreso en el marco de esta pandemia, Tonelli consideró que “no están dadas las condiciones” para que obtenga “facultades extraordinarias” por parte del Congreso.

“En teoría, el artículo 76 de la Constitución Nacional permite que el Congreso delegue facultades a un presidente frente a una situación de emergencia por determinado tiempo”, indicó Tonelli entrevistado en el programa “Hora 10”.

“La pandemia ya lleva mucho tiempo y el Congreso funciona normalmente”, remarcó el legislador de Juntos por el Cambio, que pidió “tener cuidado con las facultades excepcionales a un presidente”.

“Este presidente y este gobierno han mostrado una marcada ineptitud para enfrentar la pandemia. No sabe qué hacer con las atribuciones que tiene y pide más…”, expuso, estimando sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe la ley solicitada por Fernández que “depende del alcance de la ley. Si pide delegación limitada, a lo mejor es posible. Si aspira a que el Congreso delegue una parte importante de atribuciones, es más difícil”.

Con relación a la discusión entre Nación y CABA por las clases presenciales, Tonelli sostuvo que “la educación primaria es competencia de las provincias” y que el DNU que cierra las escuelas es “discriminatorio” con la Capital Federal y “viola su autonomía”.

“Sería bueno que la Corte resolviera la demanda de la Ciudad. No está cumpliendo su rol”, cerró Tonelli.

Hombre de consulta adecuado a la hora de analizar desde el Congreso la constitucionalidad de las leyes, el diputado nacional Pablo Tonelli fue entrevistado por este medio para analizar el anuncio de Alberto Fernández respecto del envío de un proyecto de ley para contar con más facultades en el marco de esta crisis sanitaria.

- ¿Qué opina respecto del proyecto de ley que va a mandar el presidente para tener facultades especiales en esta emergencia y qué posibilidades le ve de prosperar en el Congreso?

- Mucho no puedo decir, porque no dio detalles el presidente. Tal vez esté pensando en algo como las facultades esas que le concedimos en diciembre de 2019… Pero esta vez va a ser más difícil, porque no es lo mismo otorgarle facultades especiales a un presidente que está iniciando su mandato, que a un presidente que va por la mitad del mandato y que ha demostrado reiteradamente una ineficacia mayúscula… Y encima, una discriminación muy evidente en perjuicio de la Ciudad de Buenos Aires. De modo que las posibilidades de que, nosotros al menos, votemos favorablemente una ley de superpoderes son mucho menores.

- ¿Habilitaría por ejemplo al presidente a cosas del tipo de corregir lo que dice la Ley de Vacunas y que habría obturado el acuerdo con Pfizer, como se ha dicho?

- No veo modo de que esa ley lo faculte al presidente a corregir la Ley de Vacunas… En todo caso la Ley de Vacunas la podríamos corregir nosotros directamente en el Congreso. Nosotros se lo hemos ofrecido al Gobierno hace ya un mes y medio, o dos.

Para enfrentar la pandemia necesitamos más Constitución, en lugar de menos Constitución como propone el presidente. Los tres poderes ejerciendo cada uno sus facultades propias y las provincias con el pleno ejercicio de sus autonomías. Con diálogo y cooperación institucional.

— Pablo Tonelli (@PabloTonelli) April 30, 2021

- Si el proyecto, que todavía no conocemos, concede facultades especiales al presidente y a los gobernadores, ¿no puede resultar que lo que el presidente decida vaya a ser revertido por un gobernador?

- No, no veo posible que los gobernadores reviertan o modifiquen algo resuelto por el presidente. Pero todo esto es muy teórico, tenemos que esperar el proyecto de ley, hay que conocer la redacción de ese proyecto, y ahí vendrá la oportunidad de opinar de manera certera y apropiada.

El diputado del Pro Pablo Tonelli presentó, junto a los diputados Cristian Ritondo y Álvaro González, un proyecto de ley para crear un régimen de promoción para alquiler de viviendas con destino habitacional.  

El proyecto establece beneficios impositivos para quienes construyan o incorporen inmuebles con características de viviendas destinados a la locación habitacional.  El régimen es de adhesión voluntaria, el valor locativo surgirá de la libre negociación entre las partes y solo regirá para alquileres con fines de vivienda permanente.

El régimen promocional alcanza al impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales, sobre el Patrimonio Neto y al Valor Agregado.  Además, los contratos de locación sobre dichos inmuebles estarían exentos de abonar el impuesto de sellos que habitualmente recae sobre ellos.

“El proyecto parte de la idea de que el mejor estímulo para incentivar la oferta de inmuebles para alquiler habitacional es de índole fiscal, como ya lo demostró, hace años, la ley 23.091 sancionada durante la gestión de Raúl Alfonsín en 1984.  La promesa de exenciones impositivas es un efectivo y probado aliciente para que los inversores construyan viviendas y los propietarios las ofrezcan en alquiler.  Y lo mejor es que no hace falta demostrarlo porque el sistema ya ha mostrado su eficacia” sostuvo Tonelli.

“La situación crítica del mercado inmobiliario afecta considerablemente el derecho de acceso a la vivienda de todos aquellos a quienes se les hace casi imposible adquirir una propia, y se ve agravada además por la ausencia de créditos para la adquisición de inmuebles.  Pese a las buenas intenciones, la sanción de la ley 27.551 no mejoró la oferta de viviendas para locación habitacional y el Congreso Nacional debe tomar cartas en el asunto” continuó Tonelli.

Por otro lado, el proyecto propone la existencia obligatoria de un seguro de garantía, cuya prima abonarán siempre los locadores, que sirva para cubrir el riesgo por incumplimientos de los locatarios, daños a la propiedad ocasionados por éstos e indemnizaciones por ocupaciones indebidas.

Los beneficios impositivos señalados en el proyecto durarían un período de once años —susceptibles de prórroga— contados a partir de la reglamentación de la ley. La forma de acreditar que las viviendas se destinan a la finalidad indicada, sería a través de los contratos de locación que se celebren con los eventuales inquilinos.

El mantenimiento de estos beneficios impositivos estaría condicionado a que los inmuebles incorporados al régimen, mantengan una ocupación efectiva de inquilinos a título de locación habitacional efectiva y permanente por un período mínimo de 100 meses consecutivos o alternados dentro del término de 10 años, contados a partir de la formalización del primer contrato de locación de cada unidad; debiéndose formalizar el primer contrato de locación dentro de los 120 días posteriores a aquél en que los inmuebles estén en condiciones de habitabilidad o, en su caso, al de la compra de los mismos, excepto en el supuesto de inmuebles ocupados, en cuyo caso el plazo se computaría desde el momento de su efectiva desocupación.

Cualquier incumplimiento por parte de los propietarios de estos inmuebles, de los requisitos necesarios para alcanzar los beneficios impositivos referidos, los obligará a reintegrar los importes ahorrados con su debida actualización.

Durante el debate en comisión realizado el viernes pasado en torno a la cuestión del recorte de fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado nacional del Pro Alvaro González adelantó que suscribiría un proyecto de su par Pablo Tonelli “un proyecto para tratar una nueva Ley de Coparticipación, y vamos a empezar a ver cómo son las cosas. Vamos a ver las provincias que viven con el 95% de la coparticipación y la Ciudad de Buenos Aires que tiene el 75% de los ingresos propios”.

El proyecto fue presentado este martes y, en efecto lleva las firmas de Tonelli y González, y modifica en primer lugar el artículo 10° de la Ley 23.548, de Coparticipación, incluyendo en el mismo a la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no figura en la norma original, que data de 1988, cuando el distrito autónomo todavía no existía como tal. “Ratifícase la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, la que estará constituida por un representante de la Nación y uno por cada provincia adherida y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se le agrega al texto original. En el mismo párrafo se incluye a CABA donde se indica que “asimismo la Nación, las provincias y la Ciudad autónoma de Buenos Aires designarán cada una de ellas un representante suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares”.

Y al final de dicho artículo se incluye este párrafo completo: “El término ‘provincias’ utilizado en la presente ley comprende a todas las provincias creadas o a crearse y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en absoluta igualdad de condiciones”.

El proyecto de Tonelli no se limita a la incorporación de CABA al texto, señala en su artículo 2°: “Encomiéndase a la Comisión Federal de Impuestos la elaboración y redacción de un nuevo régimen de coparticipación federal que reemplace al actual vigente por imperio de la Ley 23.548 y que deberá ser remitido al Congreso de la Nación para su aprobación”. El texto agrega que el nuevo régimen deberá formularse “de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, inciso 2°, párrafo tercero, de la Constitución nacional y dentro del plazo de seis meses”.

En los fundamentos refiere el texto que originalmente la ley establece en el citado artículo que si bien se estableció un plazo determinado de dos años para cumplir con ese objetivo, el mismo continúa vigente después de 32 años.

Se recuerda entonces que “esa ley ha quedado superada por el paso del tiempo, los desparejos desarrollos provinciales y las previsiones que luego adoptó la Constitución nacional”, ante lo cual resulta imperativo modificarla para adecuarla a la Constitución. Por ejemplo, se indica que al sancionarse la Ley 23.548 “la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur era aún un territorio nacional, y que la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía, era un municipio sometido a la autoridad del Gobierno federal, aunque con un régimen municipal especial por ser la capital federal del país”.

Así las cosas, “la distribución secundaria que se realiza entre las provincias no incluye a la ciudad de Buenos Aires ni a la actual provincia de Tierra del Fuego. Por ende, los fondos que esas actuales dos unidades federativas reciben, provienen de la parte que, realizada la partición primaria, corresponde al Gobierno nacional. Y lo que es peor, están sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno”.

Recuerdan los diputados del Pro en el proyecto que esa fue la razón por la cual fue necesario formalizar convenios bilaterales entre CABA y el Gobierno nacional, cinco en total desde 2002 a 2019, a medida que la Ciudad iba recibiendo y asumiendo la prestación de nuevos servicios y funciones.

Si bien la necesidad de reformular y actualizar la actual Ley de Coparticipación Federal se planteó en el Acuerdo para un Nuevo Federalismo suscripto el 18 de mayo de 2016 entre la Nación y las provincias, que disponía “consensuar una nueva ley de coparticipación federal”, ese objetivo no se cumplió y en ese marco “se producen situaciones arbitrarias como por ejemplo el dictado del decreto 735/2020 mediante el cual el presidente de la Nación, en forma inconsulta y unilateral, decidió quitar a la Ciudad de Buenos Aires más de u n punto de la coparticipación que por convenios bilaterales le correspondía”.

Por José Angel Di Mauro

El primero fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Después fueron sumándose otros mandatarios, con mayor o menor énfasis, pero todos  con el mismo objetivo final: generar masa crítica para que el año que viene no se realicen las elecciones primarias que dispone una ley sancionada en 2009.

Este viernes fue el turno del gobernador tucumano Juan Manzur, y eso generó la reacción del presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien cuestionó la iniciativa impulsada por sectores del peronismo de suspender en 2021 las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). “El Gobierno nacional está haciendo gatopardismo. Por un lado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dice que no está en los planes del Ejecutivo suspender las PASO, pero, por otro lado, gobernadores del PJ salen a proponerlo”, señaló Negri.

“Mientras en países hermanos como Bolivia o Chile los ciudadanos fueron a elecciones en medio de la pandemia, acá en Argentina los dirigentes del PJ piden suspender nueve meses antes las PASO con la excusa de la peste”, dijo el diputado cordobés.

En su cuenta de Twitter, Negri se hizo eco de las declaraciones del gobernador de Tucumán, quien este viernes pidió la suspensión de las PASO por "el difícil momento sanitario y económico". https://twitter.com/marioraulnegri/status/1324836396062920706?s=20

Desde el Gobierno nacional se muestran ajenos a una eventual movida en ese sentido, aunque algunos dan señales inocultables de cierta anuencia hacia la suspensión de las primarias al relativizar su importancia, sobre todo para una elección legislativa, que es cuando son menos los que buscan competir en el seno de los partidos. “Hay que ver si están de acuerdo con gastar 13.000 millones de pesos en lo que no es más que una gran encuesta nacional”, deslizó este viernes una fuente legislativa consultada. Con todo, ese mismo legislador oficialista consultado aclaró que el pedido no estaba viniendo desde el Ejecutivo, sino que hay ya “catorce o quince gobernadores que piden suspenderlas, como así también algunos legisladores”. Citaron los casos del mendocino José Luis Ramón, el cordobés Carlos Gutiérrez y el rionegrino Luis Di Giácomo, más la mendocina Claudia Najul, la única voz en ese sentido proveniente de Juntos por el Cambio.

“Pero no hay ningún proyecto presentado”, recalcó el legislador. Desde el Poder Ejecutivo, mientras tanto, surge la siempre la misma respuesta ante cada consulta en ese sentido: cualquier decisión sobre ese tema debe tomarla el Congreso de la Nación.

En este marco, eso sí, desde la Cámara Nacional Electoral ya vino una señal, con un fallo en el que básicamente se adelanta que no llegan a cumplir con el cronograma electoral, producto del impacto de la pandemia. Es el elemento del que llegado el momento se agarrarán algunos gobernadores para suspender las PASO provinciales. “Habrá que ver qué piensan los gobernadores de Juntos por el Cambio”, razonó un dirigente oficialista a la espera de que sean ellos los que terminen imponiéndole al principal bloque opositor una mirada crítica hacia las primarias.

“También es cierto que es muy difícil para Juntos por el Cambio oponerse, con el proyecto de (Pablo) Tonelli de suspensión de las PASO con estado parlamentario. Porque en realidad si la mayoría de los gobernadores toma la decisión, es simplemente tratar el proyecto Tonelli… Dictaminarlo y entrarlo al recinto”, advirtió ante parlamentario.com una calificada fuente legislativa del oficialismo.

En efecto, en octubre del año pasado -ya pasadas las PASO que fueron lapidarias para la suerte de Cambiemos-, el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja presentó un proyecto de ley para directamente derogar las primarias. El proyecto del diputado del Pro establece la derogación del título II de la Ley 26.571 que introdujo las PASO, y que las internas de los partidos políticos se realicen tal cual ocurría hasta entonces: de acuerdo con lo que establecen sus respectivas cartas orgánicas.

Vale aclarar que el diputado Tonelli siempre fue crítico de las PASO, al punto tal de calificarlas de “inconstitucionales”. Pero sus críticas hacia las primarias no surgieron a partir de la derrota de Cambiemos en agosto de 2019, sino que ya a principios de ese año las había calificado de inconstitucionales por violar “la autonomía de los partidos políticos, que deben tener libertad para organizarse y poder elegir sus candidatos”.

“Si se eliminan, yo feliz y contento”, dijo entonces en el programa “El hecho maldito”, de Futurock.

En esa línea, un encumbrado miembro del oficialismo señaló a este medio que “si eventualmente se toma la decisión de avanzar, a partir de que haya un consenso alrededor de este tema” en cuanto a la suspensión de las PASO, “¿para qué inventar proyectos si está el de Tonelli?”.

En caso de apelar a esa jugada, el Frente de Todos podría adoptar con las PASO la misma medida que el kirchnerismo está usando en el Senado con el tema del procurador general de la Nación: recogiendo un proyecto de la oposición para sacar provecho propio.

La fiscal de la causa sobre el Correo Argentino, Gabriela Boquín, denunció este miércoles que su oficina recibió “coacciones” y distintas presiones por parte de la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

La funcionaria comenzó su exposición negando las acusaciones por presunto maltrato laboral, luego de que la semana pasada Casal la notificara sobre la apertura de un sumario administrativo.

Boquín, en respuesta a las afirmaciones del diputado Cristian Ritondo (Pro) -mediante una nota que se leyó en el comienzo-, aseguró que "no fueron ocho agentes que describieron una situación de maltrato laboral".

"Hay dos presentaciones originales, que la Procuración toma como denuncia, y luego hay seis declaraciones, de las cuales solo cuatro alegan maltrato laboral", señaló.

La fiscal indicó que el Consejo Evaluador se expidió dos veces, y la primera vez "dijo que yo aporté las pruebas que respaldaban mis dichos que, por supuesto, eran negando" las acusaciones, remarcó. En ese sentido, sostuvo que se pidieron declaraciones de otros empleados "a los fines de no dejar dudas".

"Por mi Fiscalía pasaron 34 personas", apuntó y enfatizó que "no es cierto que numerosas personas pidieron traslados". "Las que lo pidieron fue una de la denunciantes y una de las testigos que no denunció, es más, negó el hostigamiento", agregó.

Insistió entonces que "de 34 personas, en realidad muchos se fueron porque tenían otro trabajo que les pagaba mejor". "Por ejemplo, una empleada que dicen que lloraba en mi dependencia… el día que la vieron llorando, su padre estaba en coma, y yo la había estaba consolando. ¿Y saben qué? Luego se retiró de la Fiscalía porque consiguió ser directora de una obra social ganando un sueldo que triplicaba el del Ministerio Público Fiscal", relató.

"De una de las testigos, el pedido lo hice yo, por falta de confianza. ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino le entregaba documentación al diputado Pablo Tonelli. Y esa documentación que le pasaba, y que además le iba comunicando los pasos del expediente, estaba relacionada con al propia vinculación del diputado Pablo Tonelli en la causa", reveló.

La funcionaria recordó que cuando ella denunció "el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino".

Dijo que en ese momento le solicitó a Casal que "necesitaba que la transfiriera", que "la mandaran a su lugar de origen y para que no hubiera un problema en su legajo, simplemente solicitaba el paso". "Tardaron nueve meses en trasladarla. Siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible".

"Era insostenible porque (esta secretaria) tenía una comunicación asidua con el diputado Tonelli, porque aparte estaba concursando para ser camarista", continuó.

La funcionaria judicial expuso durante más de tres horas, durante las cuales dijo haber denunciado un delito: “Denuncié que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por la Procuración para brindar su testimonio. De esto hay testigos que ofrecí. Hay prueba evidente de que esto fue así. No se tomó ningún testimonio de los que solicité", afirmó.

La fiscal aseguró que “los testigos que se tuvieron en cuenta” en las actuaciones del Comité Evaluador de la Procuración fueron elegidos “arbitrariamente”. También denunció que a poco de recibir las actuaciones del caso Correo Argentino fue víctima de un extraño robo, en el que sustrajeron de su automóvil papeles importantes sin llevarse ningún objeto de valor. "En la filmación se observa que los ladrones se pusieron guantes y hasta eligieron los papeles, los que se llevaron en una carpeta sin importancia, dejando maletines más costosos". dijo. Afirmó que esa denuncia quedó radicada en la fiscalía de José María Campagnoli.

Ante una intervención del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristian Ritondo (PRO) que la calificó como "persecutora" de la familia Macri, la fiscal respondió que "yo no hablo de familia Macri, digo Causa Correo Argentino. Le quiero decir que en el mismo sentido de mi dictamen se pronunció el fiscal Gerardo Pollicita en el fuero penal, así como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas".

Luego de la fiscal se presentaron ante la Bicameral; Hernán Mirasole de la Asociación Civil Nace un Derecho; Gastón Carrere y Rodolfo Parisi de la asociación ADEJUDD.

Mirasole inició su presentación diciendo que desde su agrupación "no tenemos ningún incordio personal contra el doctor Eduardo Casal. Es un hombre de derecho y no estamos frente a una persecución ni mucho menos. Queremos que se activen los protocolos constitucionales de juicio político". Sostuvo que en principio al criterio de "buena fe" con Casal consideraban que "fue obligado a la genuflexión con el poder político" por una serie de procedimientos a los que calificaron de "oscuros".

Gastón Carrere solicitó "el juicio político contra el doctor Casal por mal desempeño en el sumario contra el doctor Carlos Stornelli que permaneció siete meses en rebeldía con la Justicia". Subrayó que la causa por la que se citaba a Stornelli "era de suma gravedad". Carrere calificó el comportamiento de Casal en el sumario que la Procuración le siguió a Stornelli como "encubrimiento".

Al comienzo de la videoconferencia, el secretario de la Bicameral dio lectura a numerosas notas ingresadas en las que se solicitó la presencia, entre otros, de "los empleados de la fiscalía de la fiscal Boquín" y del "fiscal federal Carlos Stornelli".

Santafesino y por lo tanto conocedor del caso Vicentin e interesado particularmente en el mismo, el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado Marcos Cleri, no dejó oportunidad de hacerlo durante el debate de este lunes en el que se analizó el decreto 636 que deroga la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo. En ese marco se sucedió un fuerte contrapunto que alteró el debate.

Fue cuando el diputado del Pro Pablo Tonelli concluyó su alocución ponderando la actuación del juez interviniente en el concurso de acreedores de Vicentin y señaló que “lo que el presidente debió haber hecho es decir: ‘Qué bueno, en la Argentina hay jueces honestos que respetan la división de poderes’”.

Antes de darle la palabra a María Teresa González, Cleri no perdió la oportunidad para hacerle una aclaración a Tonelli, señalándole que estaba discutida la competencia del juez de la ciudad de Reconquista: “Le diría que todos y cada uno de los acreedores están pidiendo que el juzgado de Rosario o jueces de la ciudad de San Lorenzo lleven adelante el concurso y quiebra por la imparcialidad (SIC) que demuestra el juez de Reconquista, atento a que cuando era abogado del Banco Nación habilitó la posibilidad de los créditos al grupo Vicentin, y había dado lugar a la intervención, y después los puso como veedores con una medida autoparticipativa que no está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y tampoco lo podía haber brindado. Fue una intervención jurisprudencial que hizo para beneficiar a los que en algún otro momento habían sido sus empleadores, con lo cual hay una incompatibilidad ética”.

Tonelli le contestó que el hecho de que estuviera discutida la competencia del juez “en nada afecta sus decisiones, porque está establecido en la jurisprudencia de todos los tribunales del país que los jueces, aun en el caso de ser declarados incompetentes, todas las decisiones que hayan adoptado hasta el momento de la declaración de incompetencia son válidas. De modo que no hay ninguna duda respecto de la decisión del juez, que en ningún momento convalidó la intervención (…) Tenemos que respetar las decisiones de los jueces, nos guste o no nos guste”. Por otra parte le aclaró al presidente de la bicameral que no correspondía que en el ámbito de esa comisión se criticaran las decisiones del magistrado, y sobre todo “de una manera ligera que a mi modo de ver ha hecho usted, señor presidente”.

El diputado camporista insistió en que muchos acreedores se habían sentido vulnerados “por la arbitrariedad del juez”, cosa que recogió el presidente de la Nación en los argumentos expuestos en el DNU en debate. Tonelli pidió contestarle, cosa que Cleri le concedió, diciendo amablemente que “esto es un ida y vuelta”, pero cuando Tonelli arrancó intervino la senadora Anabel Fernández Sagasti para adviertir que “esto no es una charla personal, presidente, dé usted la palabra”, a lo que el diputado del Pro, que había empezado a hablar, replicó: “Dígale a la senadora Fernández Sagasti que se calle, por favor”.

“¿¿¿Quéee???”, reaccionó la senadora mendocina. “No, no, no, espere, espere, espere, diputado Tonelli”, comenzó Cleri, mientras Fernández Sagasti se quejaba: “Esto no es una charla personal, ¿por qué esa agresión? Ay, Dios mío, ya empezamos mal…”.

Cleri le dio la palabra a Tonelli, quien dijo que “así como los acreedores pueden cuestionar al juez, también hubo mucha gente en la provincia de Santa Fe, y en muchas provincias…”, pero la situación estaba desmadrada y el senador Guillermo Snopek reclamó que se respetara la palabra de la presidencia.

“La presidencia tiene que respetarme a mí”, repuso Tonelli, y Marcos Cleri volvió a hablar: “Pensé que iba a pedir el uso de la palabra para pedirle disculpas a la senadora Fernández Sagasti y al resto de los senadores integrantes de la comisión… Pensé que iba a usar la palabra para pedirle disculpas de los modos que usted se expresó”.

“Yo no le voy a pedir disculpas a nadie; yo lo único que defiendo es mi derecho a hablar”, cerró el legislador del Pro.

Petri reprendió a Cleri

Más adelante, la intervención de la diputada del Frente de Todos Lucía Corpacci quedó interrumpida porque -luego explicó la propia catamarqueña-  se cortó la luz en su casa. La exgobernadora estaba cuestionando la posibilidad de que el Estado termine “estatizando una deuda de privados, como sucedió durante años…”. Y el presidente de la comisión quiso completar lo que pensó que Corpacci iba a decir: “Se interrumpió… Creo que estaba terminando su argumentación, justo estaba por mencionar la estatización de los privados en la dictadura. Parece que quería mencionar al grupo Macri... Justo tuvo mala conectividad. Perdió conexión justo en ese momento, cuando estaba argumentando lo que sucedió en otros momentos de la Argentina, y cómo el mismo grupo Vicentin se beneficiói también de una estatización durante la dictadura, como lo hizo la familia Macri. Cuando recuperemos, si quiere terminar su argumentación, se la daremos”, señaló Marcos Cleri, dándole la palabra al radical Luis Petri.

Pero antes de referirse al decreto 636, el legislador de Juntos por el Cambio cuestionó al presidente de la comisión al señalarle que, según el reglamento, no podía dar opinión desde su asiento sobre el asunto en discusión, “pero tendrá derecho a tomar parte del debate “invitando a ocupar la presidencia a su vicepresidente”. Ante lo cual, le señaló que “si usted quiere debatir, señor presidente, y está en todo su derecho de hacerlo, no lo haga mientras ejerce la presidencia. Porque se genera un efecto de cancha inclinada, porque usted, cuando quiere contradecir, cuando quiere desdecir, cuando quiere opinar, lo hace como acaba de completar el discurso de la diputada Corpacci… Y usted está ejerciendo la presidencia. Usted tiene que dar la palabra, tiene que ordenar el debate, y si quiere intervenir, y está en todo su derecho, ceda la presidencia y desde una banca dé las apreciaciones”.

El diputado macrista Pablo Tonelli consideró este lunes que "lo que realmente quiere hacer" el Gobierno es "someter a la Justicia, aislar a los jueces autónomos y conseguir impunidad para todos los funcionarios que están presos o procesados”.

Luego que se conociera el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío inminente del proyecto de reforma judicial, el legislador de Juntos por el Cambio advirtió que "hasta ahora todos los gestos concretos que ha hecho el Gobierno con la Justicia son para perjudicarla, no para beneficiarla".

"No soy muy optimista respecto a esa reforma judicial", sostuvo en declaraciones a radio Mitre. Además, opinó que “si el Poder Ejecutivo tiene preocupación realmente por la Justicia, lo primero que tendría que hacer es mandar al Senado los 200 pliegos que tiene pendientes”.

En ese sentido, Tonelli recordó que este Gobierno “retiró doscientos y pico de pliegos del Senado, pasaron seis meses y no los volvieron a mandar”. Así las cosas, insistió en que “si el Poder Ejecutivo tuviera una preocupación sincera y real, lo primero que tendría que hacer es mandar esos pliegos al Senado, donde tiene mayoría” para aprobarlos.

El diputado del Pro, integrante del Consejo de la Magistratura, cuestionó también el informe sobre traslados de jueces durante la gestión anterior, realizado por el representante del Poder Ejecutivo en en el órgano judicial, Gerónimo Ustarroz.

“Todos esos traslados en la Justicia fueron realizados por decretos del Poder Ejecutivo, que solo pueden ser anulados después del juicio que declare nulos esos decretos. Y el Consejo no tiene atribuciones para dar de baja esos decretos del Poder Ejecutivo, así que va a terminar siendo una discusión ociosa”, señaló.

Finalmente, completó: "Empiezan con esas cosas de revisar traslados, quieren ahora promover el juicio político a (el procurador general, Eduardo) Casal… lo que realmente quiere hacer el Ejecutivo es someter a la justicia, aislar a los jueces autónomos y conseguir impunidad para todos los funcionarios que están presos y procesados”.

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, que centró sus críticas en el supuesto otorgamiento de “superpoderes” al jefe de Gabinete, el Frente de Todos logró dar dictamen favorable este lunes a seis Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculados a la pandemia del Covid-19.

Los decretos fueron avalados en una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) desde el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, con la participación del resto de los integrantes en forma remota.

El decreto más discutido fue el 457/20, que eliminó el tope del 5% establecido en 2016 en la Ley de Administración Financiera para que el jefe de Gabinete pueda reasignar partidas presupuestarias sin control del Congreso.

Adelantándose a los cuestionamientos de la oposición, el senador oficialista Pablo González aclaró que “solo se está modificando la atribución del jefe de Gabinete para los decretos que se corresponden con la atención de la pandemia, no con la generalidad del Presupuesto Nacional”.

Además, el santacruceño recordó que el Presupuesto presentado por la gestión de Cambiemos en septiembre de 2019, para entrar en vigencia el presente año, fue “un Presupuesto cartográfico” que contenía “variables económicas que ya cuando fueron presentadas no tenían nada que ver con la realidad fáctica que estaba viviendo el país”.

Por ejemplo, mencionó que ese Presupuesto establecía “una inflación de entre el 34% y el 44%, un aumento de los ingresos del 47,3%, un aumento del gasto del 35,9% y superávit primario”. Por eso, remarcó la necesidad de elaborar un nuevo Presupuesto “que tenga que ver con la realidad” y que esté supeditado al resultado de las negociaciones del Gobierno con los acreedores externos.

Sin embargo, el diputado Pablo Tonelli (Pro) advirtió que “es de toda evidencia que como no hay un límite, el jefe de Gabinete puede reestructurar todo el Presupuesto. Lo podría hacer con el fundamento de atender la pandemia, la situación sanitaria, pero lo cierto es que al no tener límites, puede reestructurar la totalidad del Presupuesto”.

“Esta atribución es notoriamente inconstitucional, porque viola de forma evidente el principio de división de poderes, el principio de reserva legal del Congreso, y además las normas de la Constitución referidas a la sustancia y al trámite del Presupuesto”, alertó el representante de Juntos por el Cambio.

Asimismo, consideró que “el Poder Ejecutivo no puede efectuar una delegación de semejante magnitud en el jefe de Gabinete”. “Las delegaciones están prohibidas por el artículo 76 de la Constitución, que solo las admite en casos muy especiales. Es el Congreso el que debe efectuar esa delegación”, señaló.

Tonelli sentenció: “Estamos terminando el quinto mes del año y el Gobierno sigue sin enviar el proyecto de ley de Presupuesto al Congreso. Si no les gusta el vigente, que fue prorrogado, que manden otro. No lo hacen porque esto es muy cómodo para el Ejecutivo. Pero no es republicano”.

Por su parte, Luis Naidenoff, jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, enfatizó que “el Congreso está ajeno a todo tipo de control: no tenemos Presupuesto, tenemos un Presupuesto prorrogado, y estamos ante una reestructuración muy amplia. Todas las medidas que se tomaron en los últimos 50 días tienen que ver con la pandemia, y no sabemos cuánto tiempo podrá durar. Si nosotros otorgamos estas facultades discrecionales, hay un temor fundado, que tiene que ver con la lógica discrecional con que se han manejado los recursos públicos en la Argentina”.

Al cerrar el debate sobre el polémico DNU, la senadora y vicepresidenta del bloque oficialista Anabel Fernández Sagasti denunció “una puesta en escena de una oposición que está desesperada por tratar de poner en la discusión pública otros ejes, que no tienen que ver con lo que nos tiene en vilo a todos los argentinos, que es salir lo mejor parados posibles de esta pandemia”.

Los demás decretos

Los primeros decretos abordados en la reunión fueron los dos que prorrogaron el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el primero (408/20) hasta el 10 de mayo, y el segundo (459/20) hasta el 24 de mayo.

El diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos) destacó que “esta medida extrema ha dado resultados innegables”, y precisó que en Argentina, “en base a este aislamiento tan precoz y duro, hay un total de ocho muertos por cada millón de habitantes”, mientras que en Brasil hay 77 muertos por cada millón de habitantes, y en Perú, 85 cada millón de habitantes.

“Esto demuestra a las claras la oportunidad y el buen tino de estas medidas. El aislamiento es la única herramienta que tiene el mundo para combatir este virus”, insistió el legislador tucumano, y recordó que ya son “más de 319.000 las personas fallecidas en el mundo” por el coronavirus.

Si bien Juntos por el Cambio acompañó ambos decretos, el radical Gustavo Menna consideró que las excepciones a las medidas de aislamiento no debieron estar en cabeza de los gobernadores, sino de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “El decreto es una intromisión indebida del Estado federal en las autonomías provinciales”, opinó.

En cuanto al DNU 409/20, que extendió la prohibición del ingreso al país de extranjeros no residentes, el diputado Yedlin destacó la “importancia crucial” de esa medida, mientras que el senador Guillermo Snopek elogió el trabajo de la Cancillería con las personas varadas, y aclaró que las dificultades en las repatriaciones se debieron a “la falta de vuelos y de coordinación con otros países”.

En este punto, los radicales Menna y Luis Petri se mostraron muy críticos. “Han pasado 60 días en que muchos argentinos no pueden ingresar al país. A esta altura es incomprensible y desproporcionado que se encuentren argentinos varados en el exterior y que no tengan fecha de repatriación”, denunció el mendocino.

El senador Daniel Lovera (Frente de Todos) fue el encargado de defender el decreto 425/20, que prorrogó la suspensión del cierre de cuentas bancarias, la inhabilitación de clientes y la aplicación de multas ante un cheque rechazado por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.

Este decreto también prohibió negar créditos bancarios a empleadores con deudas previsionales. Según Lovera, todas estas medidas demuestran “la imperiosa necesidad de dar oportuna respuesta de todos los agentes económicos afectados por la pandemia”.

El pampeano también justificó el DNU 426/20, que estableció la prórroga de la prohibición de corte de servicios por falta de pago, puntualmente los de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. Lovera recordó que el ENACOM emitió un informe técnico donde manifestó la necesidad de extender esa medida.

En este caso, Juntos por el Cambio acompañó con su firma, pero se abstuvo de firmar dictamen sobre el decreto 425, al considerar que “no es un DNU ni tampoco un decreto delegado” y por lo tanto no correspondía que fuera analizado por la bicameral.

Por Carolina Ramos

A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo aceptó posponer un día la firma de los dictámenes sobre una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández en el marco de la pandemia del Covid-19.

En una reunión remota de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la oposición cuestionó la validez del quórum virtual y pidió aguardar el avance del protocolo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, que se reunirá este miércoles a las 16.

Si bien el presidente de la bicameral, el diputado Marcos Cleri, aclaró que el Frente de Todos estaba en condiciones de avanzar este mismo martes con los dictámenes -por contar con mayoría numérica-, aceptó la solicitud de Juntos por el Cambio de pasar a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 18.

Para ese entonces, tanto el oficialismo como la oposición esperan contar con el protocolo de funcionamiento de las sesiones virtuales, que será definido durante la mañana, a las 11, en la Comisión de Modernización Parlamentaria, y luego dictaminado en la de Peticiones.

Al inicio de la reunión, el senador santacruceño Pablo González (Frente de Todos) sostuvo que el reglamento del Senado “habilita a tratar los expedientes y a suscribir los dictámenes” en modo online. “Entendemos que la interpretación de los alcances del reglamento la hace la comisión, y están dadas las condiciones jurídicas para que esta reunión tenga validez”, enfatizó.

González señaló que “el aislamiento es la única herramienta que se conoce hasta ahora para poder controlar la pandemia, y aquellos legisladores con problemas de salud tienen la obligación de respetar el DNU del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por lo cual se recurre a la modalidad online.

Sin embargo, el diputado radical Luis Petri cuestionó la validez legal de la reunión. Si bien celebró que se haya convocado, aclaró que se trata de un encuentro “informal” como los que se celebraron en las comisiones unicamerales de ambas Cámaras para escuchar a ministros del Poder Ejecutivo.

Petri consideró que “no hay una sola referencia en los reglamentos sobre la posibilidad de contabilizar el quórum de manera virtual”. “Nuestro reglamento hace mención a la presencia y no podemos validar el contabilizar el quórum de manera virtual”, insistió el legislador de Juntos por el Cambio.

La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) salió al cruce de Petri y recordó que “en Mendoza hace más de un mes que se está sesionando virtualmente” porque hubo un acuerdo político unánime, aunque a diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, “ningún funcionario” del gobierno del radical Rodolfo Suárez “ha ido a dar explicaciones de lo que están haciendo”.

“La Corte Suprema ya se expidió y la voluntad que estamos demostrando es tener toda la predisposición para que el Congreso funcione”, remarcó Fernández Sagasti.

En sintonía con Petri, el diputado de la UCR Gustavo Menna propuso que la comisión se aboque solo al análisis de los decretos, y sugirió postergar para este miércoles la firma de los dictámenes, con el protocolo de funcionamiento virtual ya avalado en la Comisión de Peticiones, Poderes y reglamento de Diputados.

De esa forma, Cleri aceptó limitar la reunión al mero debate sobre los DNU del temario, que fueron defendidos por el oficialismo. “La Constitución Nacional afirma en el artículo 99, inciso 3, que el Poder Ejecutivo Nacional puede emitir Decretos de Necesidad y Urgencia en circunstancias imprevisibles, y entendemos que eso se da en las actuales circunstancias”, argumentó el senador González.

A su vez, el diputado Pablo Yedlin remarcó que “estamos viviendo una situación de gravedad que puso en vilo la salud, la vida y la economía de todo mundo”, y pidió “entender el contexto en el que estamos”. “Querer llamar a los legisladores a venir al Congreso en este momento es absolutamente innecesario”, insistió el tucumano.

Por su parte, el diputado Pablo Tonelli (Pro) reconoció que “estamos ante una situación excepcional que efectivamente habilitaba al presidente a dictar DNU”. “No han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional. El presidente ha cumplido con los recaudos formales”, admitió.

Sin embargo, Juntos por el Cambio criticó algunos DNU, como el 313/20, por el cual se amplió el cierre de fronteras a las personas residentes en el país y argentinos residentes en el exterior a través de todos los pasos internacionales, puertos, aeropuertos y centros de frontera.

Al respecto, Petri señaló que “el derecho a ingresar, permanecer y salir del territorio argentino está consagrado en la Constitución y en el pacto de San José de Costa Rica”, y habló de la situación que viven los varados en todo el mundo, que “son más de 21.000 y aun no tienen fecha de retorno”.

Otro de los DNU que objetó la oposición fue el 329/20, que prohibió por 60 días “los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo”.

En este caso, Tonelli consideró que “hay un exceso” y “una contradicción”, ya que “no se reconoce que esa situación de fuerza mayor también abarca a los empleadores”, que por el DNU se vieron impedidos de reducir el personal a su cargo.

Los 20 DNU tratados

DNU 260/20, del 12 de marzo de 2020, sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 274/20, del 16 de marzo de 2020, por el cual se establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.

DNU 287/20, del 17 de marzo de 2020, por el cual se modifica el Decreto 260/20 sobre ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus Covid-19 por el plazo de un año.

DNU 297/20, del 19 de marzo de 2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los términos indicados en el presente decreto, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

DNU 311/20, del 24 de marzo de 2020, mediante el cual se establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión.

DNU 312/20, del 24 de marzo del 2020, mediante el cual se suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también la aplicación de las multas previstas en dicha norma.

DNU 313/20, del 26 de marzo de 2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso dispuesto por el decreto 274 del 16 de marzo de 2020, esta ampliación estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.

DNU 316/20, del 28 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8 de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización establecido en el Título IV de esa ley.

DNU 319/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.

DNU 320/20, del 29 de marzo del 2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9 y el congelamiento de precios de alquileres.

DNU 325/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20 con las modificaciones previstas en el presente decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

DNU 326/20, del 31 de marzo de 2020, por medio del cual se instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8 de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica, con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES.

DNU 329/20, del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.

DNU 331/20, del 1º de abril de 2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del decreto 274/20 (prohibición de ingreso al territorio nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.

DNU 332/20, del 1º de abril de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la emergencia sanitaria.

DNU 347/20, del 5 de abril del 2020, por el cual se crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

DNU 355/20, del 11 de abril del 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 297/20, prorrogado a su vez por el decreto 325/20 sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 365/20, del 11 de abril de 2020, por el cual se prorroga la vigencia del decreto 274/20, prorrogado a su vez por el decreto 331/20, sobre el cierre de fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.

DNU 367/20, del 13 de abril de 2020, sobre considerar la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-COV-2, presuntivamente, una enfermedad de carácter profesional (no listada) en los términos del apartado 2 Inciso B) del artículo 6 de la Ley Nº 24.557.

DNU 376/20, del 19 de abril de 2020, sobre la ampliación del decreto 332/20, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio se refirieron este martes al dictamen del procurador general de la Nación adjunto, Eduardo Casal, quien rechazó la competencia de la Corte Suprema de Justicia para validar un mecanismo de sesiones virtuales en el Senado.

En este sentido, el presidente del bloque UCR y del interbloque de JxC, Mario Negri (UCR-Córdoba) sostuvo: “Tal como era previsible el Procurador aconsejó desestimar el planteo de Cristina Kirchner sobre la legalidad de las sesiones virtuales. Como ya dije, se trata de una sobreactuación de la titular del Senado. Sólo el Legislativo puede establecer cómo sesionar”.

Por su lado, el diputado del Pro Pablo Tonelli (Pro-CABA) señaló a parlamentario.com que “la presentación de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte es un mamarracho”, y consideró que el dictamen del procurador general es correctísimo y refleja la invariable e inveterada doctrina de la Corte Suprema”.

“Clarísimo el procurador rechazando la acción de Cristina Fernández de Kirchner. No hay cuestión judicial. La potestad de decidir cuándo y cómo sesionar es del Senado. Y algo elemental para quien haya leído el artículo 117 de la Constitución: no hay competencia originaria de la Corte”, expresó por su parte el diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut), vicepresidente 1° de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

A su vez, Álvaro de Lamadrid (UCR-CABA) declaró que “la única certeza es que la Vicepresidenta quiere mantener cerrado el Congreso y se tiró un piletazo a ver si la Corte pisa el palito. Es preocupante que el Congreso esté cerrado y quieran hacer de esto algo permanente”.

Por su parte, la diputada Carla Carrizo (UCR-CABA) señaló que “a un mes y medio de la emergencia, con 21 DNU y decenas de proyectos para aportar y debatir; no hay razones para que los legisladores no sesionen”.

Por su parte, el legislador Gonzalo del Cerro (UCR-Santa Fe) citó un fragmento del dictamen de Casal para reafirmar la división de poderes. “Cuando se refiere al examen de las actividades ejecutiva y legislativa, es imperioso respetar para la preservación del principio de división de poderes”.

Por último, el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza) expresó: “En épocas de emergencias, poderes exorbitantes y facultades extraordinarias, debe ser la Justicia quien corrija los desvíos de poder y, el Congreso, quien fiscalice el ejercicio de la inmensa cantidad de facultades delegadas al Gobierno”.

El diputado nacional del Pro Pablo Tonelli presentó un proyecto de ley que propone declarar la existencia de un estado generalizado de fuerza mayor durante el cual se congelen las obligaciones de dar dinero por parte de los particulares.

“Las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo tuvieron efectos positivos, pero también generaron impactos negativos y generalizados en las actividades comerciales y en los intercambios de bienes y servicios de los particulares. Este proyecto pretende brindar alivio a los sectores no alcanzados aún por medida alguna, congelando y prorrogando el pago de cuotas y créditos a cambio de garantizar el futuro cumplimiento de la obligación”, explicó Tonelli. 

El proyecto propone declarar la existencia de un estado generalizado de fuerza mayor que regirá desde el 12 de marzo de 2020 hasta los 60 días posteriores al fin de la emergencia sanitaria, dentro del cual prevé una prórroga general para el cumplimiento de las obligaciones de dar sumas de dinero contempladas en el artículo 765 del Código Civil y Comercial, incluidas las obligaciones en moneda extranjera, con origen en contratos de mutuo o equivalentes, y títulos valores que no sean en serie y que no sean negociables en mercados de valores o de capitales, entre particulares (personas humanas o personas jurídicas privadas) y entre particulares con entidades financieras o vinculadas al sistema financiero. 

Se excluyen de la prórroga las obligaciones de origen o naturaleza laboral, previsional, de salud, alimentarias o vinculadas con los derechos humanos fundamentales de las personas.

Para que la prórroga de estas obligaciones se concrete, el deudor deberá solicitarlo de manera fehaciente y, en caso de no haber otorgado una garantía al momento de contraer la obligación, deberá garantizar el futuro cumplimiento mediante la entrega de un título valor de los previstos en el artículo 1815 del Código Civil y Comercial.

Durante la vigencia de la prórroga no se devengarán intereses ni se podrán aplicar las penalidades previstas legal o contractualmente.

Por otro lado, se establece la suspensión, durante el plazo que dure el estado de fuerza mayor, del derecho de rescindir unilateralmente o resolver los contratos comprendidos en el proyecto (artículos 1078, 1090 y 1091 del Código Civil y Comercial), pero no se impide la rescisión bilateral ni la reestructuración o readecuación voluntariamente acordada por las partes. 

Asimismo, durante el mismo lapso se propone suspender el derecho de pedir la propia quiebra o la de un tercero; y a la vez, se estipula que tampoco será exigible el aporte de elementos probatorios previsto en el artículo 99 de la ley 24.013 y bastará la simple solicitud del empleador para dar inicio al procedimiento preventivo de crisis, que no podrá implicar despidos por parte del empleador.

En los fundamentos del proyecto se afirma que todas estas previsiones -que serán de orden público- “tratarán de morigerar, aunque sea en parte, las secuelas sociales y económicas generadas por las diversas medidas dispuestas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia en curso”.

El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales Carla Piccolomini, Pablo Torello, Julio Sahad, Jorge Enríquez, Sofía Brambilla, Fernando Iglesias y Alicia Fregonese, todos del Pro.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) advirtió por un “éxodo” y “vaciamiento” en la Justicia, en caso que avance el proyecto de ley enviado por el Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones de jueces y diplomáticos.

“En términos generales estamos de acuerdo que hay que hacer modificaciones en las jubilaciones de los jueces y diplomáticos, aunque no estamos de acuerdo con la totalidad de las modificaciones que propone el Ejecutivo”, señaló el legislador.

El macrista advirtió: “Nos preocupa que se genere un éxodo, un vaciamiento, y queden muchísimos cargos vacantes y que la Justicia entre en un modo de colapso”.

En ese sentido, el opositor propuso “incluir (a la iniciativa) una cláusula transitoria que diga que los magistrados que hoy reúnen las condiciones para jubilarse, según la ley vigente, pueden conservar la posibilidad de jubilarse bajo este régimen aunque se mantengan en el cargo unos años más”. Agregó además que este cambio “evitaría” la litigiosidad.

De modo contrario, pronosticó que “los jueces se van a jubilar de manera inmediata porque el nuevo régimen les disminuye sensiblemente la jubilación”.

Para Tonelli, esta ley “paralizaría juicios” y “olvidémonos de que avancen las causas de corrupción”. En declaraciones a radio La Red, el diputado analizó que este proyecto se da en medio de “el vídeo del presidente hablando del lawfare, que fue un espanto; el proyecto de ley para intervenir la justicia de Jujuy; el proyecto de ley para regular las prisiones preventivas si los medios de comunicación hacen referencia al caso; y la desarticulación de programa de testigos protegidos”.

“Yo no sé si detrás de todo esto hay una búsqueda de impunidad, respecto de sus propios funcionarios procesados y en algunos casos ya condenados. O una suerte de advertencia diciendo ‘no nos investiguen, quédense tranquilos, aquí mandamos nosotros’. A mí me preocupa el panorama general”, agregó.

Por Carolina Ramos

El diputado del Pro Pablo Tonelli, quien además integra el Consejo de la Magistratura y presidió durante la gestión de Cambiemos la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró que el proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen previsional de jueces es “contradictorio”.

“Hay una contradicción que hay que resolver: o se les mantiene el modo de calcular el haber jubilatorio y la movilidad; o se bajan los aportes y se les pone un tope”, explicó Tonelli en diálogo con parlamentario.com, y sostuvo que de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia “claramente el proyecto sería inconstitucional”, tal como advirtió la Asociación de Magistrados.

-¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del Poder Ejecutivo?

-El proyecto que mandó el Ejecutivo es contradictorio, porque por un lado eleva el aporte a una cifra muy alta, como es el 18%, y mantiene la falta de tope para aplicar ese aporte; pero al mismo tiempo reduce el haber jubilatorio a una retribución que es el promedio de los últimos diez años, es decir, igual que en el régimen general; y además le quitan la movilidad en relación con los sueldos del Poder Judicial y aplican la movilidad general de todo el sistema jubilatorio. Lo cual es contradictorio, porque ese aporte tan alto y la falta de tope se corresponden con un régimen jubilatorio especial, pero lo otro es propio del régimen general. Ahí hay una contradicción que hay que resolver: o se les mantiene el modo de calcular el haber jubilatorio y la movilidad; o se bajan los aportes y se les pone un tope. El proyecto en sus fundamentos reconoce que se trata de un régimen jubilatorio especial por las características especiales que tiene la actividad de los judiciales. Sin embargo, a la hora de resolver de manera concreta los detalles del régimen, en estos aspectos lo equipara al régimen general.

-¿Usted también sostiene, como la Asociación de Magistrados, que el proyecto es inconstitucional?

-Si uno se atiene a lo que la Corte ha dicho en algunos casos respecto de la jubilación de los jueces, la Corte ha dicho que el haber jubilatorio integra también esa garantía de intangibilidad en la remuneración que tienen los jueces, y que tiene que ser adecuadamente proporcional con el sueldo que se percibe en actividad. De acuerdo con esa doctrina de la Corte, sí, claramente el proyecto sería inconstitucional.

-¿Estaría dispuesto a votar a favor?

-Yo no lo votaría así como viene, promovería cambios. Sí estoy de acuerdo con aumentar la edad jubilatoria a 65 años, algo que me parece razonable. Pero los demás puntos no los acompañaría.