La titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, firmó un acta de compromiso para la campaña “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”, que lleva adelante el Padre José María “Pepe” Di Paola, titular de la Federación Hogares de Cristo, en un encuentro que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos junto a dirigentes y representantes de asociaciones y centros que luchan contra la droga en su prevención y tratamiento de las adicciones.

Moreau expresó, refiriéndose a los representantes de las organizaciones, que “siento que tenemos una deuda enorme y pido un sincero pedido de disculpas porque la política habla de odio, de fin, ustedes hablan de principio, de amor y de oportunidades”.

El acta compromiso firmada por la presidenta de la Cámara de Diputados sostiene: “Nos comprometemos a trabajar mancomunadamente por la independencia de los y las jóvenes esclavizados por el consumo problemático en situaciones de vulnerabilidad, como una política de Estado prioritaria”.

En tanto, el Padre Pepe manifestó que “trabajar en prevención es el gran desafío que tenemos en cada lugar del país” y añadió que “hace más de 15 años que empezamos a trabajar recorriendo el país, gestionando centros barriales como son los Hogares de Cristo, una propuesta de abordaje de las adicciones en territorio”.

Por su parte, el diputado nacional Daniel Arroyo (FdT), quien apoyó la iniciativa y destacó la importancia de que exista una ley con recursos que acompañe a adictos en recuperación durante todo el tratamiento de manera permanente.

Durante el encuentro también dieron su testimonio personas recuperadas de su adicción pertenecientes a asociaciones y hogares que luchan contra las drogas, brindando un mensaje de superación, compromiso y futuro.

Estuvieron presentes: los diputados nacionales Marcela Passo, Juan Pablo Marino, Victoria Morales Gorleri, Luis Di Giácomo y Agustina Propato; y el secretario General de HCDN, Franco Mollo; entre otros.

El padre Pepe y miembros de varias Organizaciones No Gubernamentales, expusieron ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico sobre la ley de drogas, sancionada hace 30 años.

El presidente de la comisión, el senador catarmarqueño Dalmacio Mera (Frente de Todos), informó que el encuentro por videoconferencia estaba destinado a “escuchar a organizaciones no gubernamentales, que son actores que se han involucrado en este tema desde hace muchos años y tienen experiencia de campo”.

Durante la reunión, los expositores hablaron de la “necesidad” de modificar la Ley 23.737 porque en estas tres décadas “resultó un fracaso”, consideraron que se debe prestar debida atención a “los niños, niñas y adolescentes de barrios populares y sectores más vulnerables” y también se tiene que tener en cuenta “la salud de los que consumen” sustancias.

José María Di Paola, conocido popularmente como padre Pepe, afirmó que “la droga esclaviza”, recordó que “los curas nos hemos opuesto a la penalización de los jóvenes que consumen” y remarcó que “el problema existe y en los barrios populares los chicos y chicas no tienen las oportunidades que en otros lados si tienen”.

El padre Pepe se pronunció en favor de elaborar “una ley que muestre con claridad lo que le hace mal a una persona”, consideró que “bajar la imputabilidad es un atajo” y abogó para que en la elaboración de una nueva norma en la materia “tenga participación de los sectores más empobrecidos”.

Fabián Chioso, presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y representante por Argentina en la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia, hizo hincapié en la necesidad de que se observe con detenimiento el tema de salud de quienes son consumidores.

Chioso dijo que “los niños y adolescentes de barrios populares son los más perjudicados” con la actual normativa y juzgó que “debe haber una actualización adecuada que dé seriamente una respuesta al combate al narcotráfico y tratar el tema de salud de los consumidores por separado”

En tanto, Fabián Tonda, director general de la Fundación Aylén y presidente de la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas, indicó que la actual ley “es punitiva y carece de un enfoque social y de salud”.

Tonda puntualizó que en la actualidad “hay leyes de escritorio que están lejos de la gente”, destacó que “unir el narcotráfico con el tema de la salud no es bueno, ya que van por dos carriles diferentes” y pidió “sacar el consumo de la penalidad”.

La presidenta de la Fundación Convivir y del Foro del Sector Social, Mercedes Aranguren, informó que en el último tiempo “bajó la edad de inicio de consumo” de drogas, se pronunció en favor de “no criminalizar y no desproteger a las personas que consumen”.

Asimismo, Aranguren, que también ocupa el cargo de vicepresidenta de la Confederación de la Sociedad Civil, reclamó que la nueva norma que se elabore “contemple un presupuesto para poder actuar y no solo sea algo de buenas intenciones”.

A tu turno, Erika Garrido, psiquiatra forense en el servicio penitenciario de Corrientes, alertó que “el uso de estupefacientes hace estragos en la población penal” ya que “provoca violencia” entre los internos que consumen y advirtió que existe “una alta relación entre la marihuana y los delitos violentos”.

Rosana Triay, médica psiquiatra del cuerpo forense del Poder Judicial de Corrientes, dio detalles de “los efectos que causan las drogas en el cerebro, especialmente en los de los adolescentes”. “Comparándolo con una computadora, el cerebro es la CPU de una persona, ya que es el órgano más complejo del organismo y regula la actividad del cuerpo”, graficó.

En tanto, la presidenta de Intercambios Asociación Civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas, Graciela Touzé, fue contundente al enfatizar que “la ley de drogas 23.737 debe ser modificada y es una deuda de la democracia, porque criminaliza a los usuarios de sustancias psicoactivas y somete a proceso policial y penal por un delito que no debería ser tal, además de despilfarrar recursos del estado”.

Touzé se inclinó por “eliminar toda forma de criminalización de las personas que utilizan drogas” dado que a su entender “en ningún caso deben ser objetos de sanciones” y pidió “avanzar a la regulación legal del autocultivo para consumo personal”.

Mariana Souto, coordinadora del área de políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática, opinó que lo que se está debatiendo “es una discusión que nos debemos. Es una deuda de la democracia” por juzgar que la ley 23.737 “es un fracaso, es ineficaz y por ende es urgente reformarla porque no está funcionando”.

Por otra parte, Eleonora Jalile, miembro de la Asociación Civil Demos, en defensa de la infancia en la provincia de Catamarca, subrayó que actualmente “se criminaliza el consumo. Se identifica a los adictos como los marginales que ponen en riesgo la seguridad social” y dijo que “los consumidores de grupos con buen nivel de vida quedan excluidos de las políticas de drogas, que apuntan sólo a los de bajos recursos”.

Sobre el final de la reunión, el senador por Jujuy Mario Fiad (Juntos por el Cambio), presidente de la comisión de Salud, dejó abierta la posibilidad de “separar lo punitivo y lo sanitario” a la hora de la confección del nuevo marco legal para lo relacionado al tema en debate, posición con la que coincidió su par de bancada por Corrientes, Pedro Braillard Poccard.