El presidente de la UCR y senador nacional lanzó duras críticas a un sector de su partido con la frase: “Los radicales parecen esos que te dicen tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer”. La vice de la UCR le exigió “disculpas públicas y explicaciones” y tuvo voces a favor y en contra.
El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, avivó aún más la interna radical este miércoles tras criticar a un sector de su partido por no reaccionar ante los ataques a la figura del expresidente Raúl Alfonsín y pronunció una frase que generó polémica entre sus correligionarios.
“Tengo un amigo que mira a los radicales y ve que les putean a Alfonsín e ignoran al Congreso y me dice: ‘che, los radicales parecen esos que te dicen tenés cinco minutos para sacarle la mano del culo a mi mujer’, no?”, aseguró Lousteau en el canal de streaming Blender.
El dirigente radical apeló a esa frase por los referentes de la UCR que son más contemplativos con el Ejecutivo nacional: “Hay algunos que te dicen una cosa en privado y otra en público. Te dicen: ´El DNU es inconstitucional` y después van y lo votan. Tienen miedo. Este es un gobierno que trata de infundir temor todo el tiempo”.
“Tienen miedo a que les digan algo en las redes, de que en lugar donde viven el que te cruza en la panadería te insulte. Eso es muy malo”, planteó. En tanto, el presidente de la UCR volvió a reiterar su opinión sobre ese sector del partido: “Muchos radicales se llenan la boca con Alfonsín, pero Alfonsín tenía unos huevos así de grandes. Si te vas a llenar la boca por lo menos hónrelo en tu comportamiento cotidiano”.
Una de las primeras en criticar a Lousteau fue la propia vice de la UCR, Pamela Verasay, quien en redes sociales apuntó: “Como vicepresidenta de la UCR exijo una explicación y disculpas públicas del presidente del partido ante estas declaraciones que le faltan el respeto a todos los radicales”.
Pero el posteo le valió críticas y apoyos. La exlegisladora riojana Inés Brizuela y Doria le compartió un fragmento más completo de la entrevista: “Y aunque no me gusta el ejemplo utilizado, en muchos casos lamentablemente tiene razón el amigo de @GugaLusto”.
“¿Se imaginan si Pamela hubiera sido así de rápida para exigirle una explicación y disculpas públicas al presidente de la Nación por insultar a Alfonsín y a todos los Diputados?”, ironizó el presidente de la juventud radical de CABA, Agustín Rombolá.
El exdiputado nacional y prosecretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, también cuestionó a Verasay: “No he visto tanta predisposición y encomio de la Diputada @PameVerasay para exigirle explicaciones y rectificación al presidente Milei que insulta y descalifica en todos los idiomas posibles a la UCR, Alfonsín y lo peor las ideas y valores q nos dan sentido”.
Por el contrario, el diputado Fernando Iglesias respaldó a la mendocina: “Explicaciones? echen a ese farsante, Pamela”.
Para Pamela Verasay, esa medida “huele a capricho” y los pone del mismo lado que el kirchnerismo.
La vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR y diputada nacional Pamela Verasay sostuvo que “muchas de las reformas planteadas al DNU del Gobierno fueron trabajadas por el radicalismo”.
Por ello, Verasay entiende que “el rechazo completo huele más a capricho que a convicción. Quedarnos con el mismo discurso que el kirchnerismo, no solo es errado, sino que también va en contra de las demandas que nos plantearon nuestros votantes”.
“No vamos a realizar una oposición al DNU absoluta y superficialmente explicada”, subrayó Verasay y añadió: “Trabajaremos con diálogo en la búsqueda de los consensos necesarios para lograr las reformas que necesita la Argentina, no con discursos rupturistas de los que se oponen a todo por la confrontación misma”.
Así lo expresaron desde Cambia Mendoza y lo avalaron sus legisladores nacionales, que se reivindicaron “garantes del control republicano del Congreso”.
No tuvieron dudas los miembros del Frente Cambia Mendoza, gobernante en esa provincia, respecto de la postura a adoptar el domingo 19 de noviembre en la segunda vuelta que dirimirá quién será el próximo presidente de la Nación. Así lo anunciaron a través de un comunicado suscripto por los principales miembros de ese espacio al que adhirieron este miércoles los legisladores nacionales de Mendoza. En el mismo, aclararon que decidieron “no acompañar a ningún proyecto político de los candidatos a presidente de la Argentina”.
“Somos garantes del control republicano en el Congreso de la Nación”, expresó la diputada Pamela Verasay en representación de los legisladores del radicalismo de su provincia.
El comunicado de Cambia Mendoza aclaró que “en defensa de los intereses de los mendocinos y con el firme compromiso de cumplir el rol opositor que nos asignaron en las elecciones del pasado 22 de octubre, el gobernador actual y el electo, el vicegobernador actual y la vicegobernadora electa; y los intendentes actuales y electos de Cambia Mendoza, hemos decidido no acompañar ningún proyecto político de los candidatos a presidente de la Argentina”.
Para Cambia Mendoza, “nuestro deber no es determinar quién será el próximo mandatario, sino constituimos como una oposición con presencia territorial, dedicada a proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre”.
“Seguiremos trabajando incansablemente para erigirnos como una alternativa sólida. Nuestros senadores y diputados serán garantías del control republicano en el Congreso de la Nación, mientras que nuestros diez gobernadores de Juntos por el Cambio y los intendentes trabajarán para ser modelos de gestión eficiente en todo el país”, agregaron los mendocinos, para remar car su compromiso: “trabajar en un programa más sólido y presentar el mejor candidato presidencial en 2027, con la firme convicción de que es a través de la responsabilidad, la institucionalidad y el trabajo conjunto que construiremos un futuro promisorio para todos los argentinos”.
Firman el comunicado el gobernador Rodolfo Suárez; el vice, Mario Abed; el gobernador electo Alfredo Cornejo; su compañera de fórmula Hebe Casado; y los intendentes Ulpiano Suárez (Capital); Marcelino Iglesias (Guaymallén); Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz); Raúl Rufeil (San Martín), Héctor Ruiz (Junín) y Walther Marcolini (General Alvear); y los intendentes electos Marcos Calvente (Guaymallén); Diego Cosarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras).
Encabezados por la radical Pamela Verasay, los legisladores solicitaron explicaciones al INAI. Consideran que es “un nuevo ataque kirchnerista a Mendoza, ahora disfrazados de pueblos originarios ajenos”.
Tras la controversia por el reconocimiento, por parte del Gobierno nacional, de la ocupación de tierras por comunidades mapuches en el sur de Mendoza, la diputada Pamela Verasay (UCR), junto a sus comprovicianos Jimena Latorre, Lisando Nieri y Julio Cobos, presentaron este martes un pedido de informes. En el mismo, solicitan al Poder Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco del “Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”, brinde detalles sobre el tema y fundamentación de la medida.
“En Argentina, la Constitución Nacional y las leyes reconocen a los pueblos originarios. Pero de ahí a manipular la ley para fines populistas como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández, hay un gran diferencia. Por eso hoy estoy presentando este pedido de informes en el Congreso solicitando explicaciones”, aseveró Verasay.
La radical explicó: “Aquí hay dos cuestiones centrales, por un lado queremos saber por qué el Gobierno reconoce de manera exprés que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades y ni siquiera tienen personería jurídica. Y, por otra parte, por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina”.
Entre las consultas que la legisladora enumera, se destaca la inscripción de la comunidad Lof El Sosneado y la comunidad Lof Suyai Levfv en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En este punto se solicita el estado actual del expediente, detalles y motivos por los cuales aún no se habría procedido a la registración.
En los fundamentos de la iniciativa se apuntó que han transcurrido más de 9 años de iniciado el proceso de registración de la Comunidad Lof El Sosneado y el INAI aún no logró reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan concluir con su inscripción. “Por tal razón se requiere que se especifique los elementos concretos de probanza tenidos en cuenta y que permitieron acreditar la ocupación del territorio en forma tradicional, actual y pública por la comunidad. También los elementos probatorios considerados concretamente para localizar geográficamente en los polígonos territoriales reconocidos en propiedad comunitaria mediante Resolución INAI 36/2023”, apunta el pedido de informes.
Asimismo, se indica fundamentar cuáles son las causas por las que el INAI emitió la Resolución 36/2023, a pesar de no contar aún con los correspondientes informes catastrales.
Por su parte, Jimena Latorre opinó que “las resoluciones del INAI son una muestra cabal de los negociados del kirchnerismo y su desprecio por el orden legal y, en particular, por los intereses de los mendocinos. Procedimientos irregulares, que ellos mismos años atrás paralizaron; estudios e informes sin rigor científico sino meramente ideologizados, y una vez más vemos el avasallamiento a las autoridades locales”.
“El Gobierno que se escandaliza pidiendo independencia de poderes mientras pretende un juicio a la Corte Suprema de Justicia, pero cuando se trata de Mendoza cuestiona y desconoce, desde una oficina del Poder Ejecutivo, los fallos de la justicia mendocina”, continuó Verasay, quien consideró que “estas resoluciones viciadas, resultado de un procedimiento amañado no pueden tener ningún efecto; más el político que busca el kirchnerismo, desestabilizar y deslegitimar la ley y las instituciones”.
Legisladores nacionales y provinciales del Frente Cambia Mendoza se reunieron para analizar el tema. Al finalizar la reunión, Verasay destacó: “Expresamos gran preocupación por la falta de personería jurídica y la ausencia de intervención a la provincia de Mendoza. Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo provincial”.
“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la restitución dominial de las tierras de los pueblos originarios. Nuestra provincia no está en contra del reconocimiento de derechos, por lo contrario, somos pioneros en legislación en esta materia”, finalizó la diputada de la UCR.
“El debate urge”, expresó la diputada mendocina Pamela Verasay, al organizar en la Cámara baja una jornada sobre el tema. Destacó que el Parlamento “debe ganar tiempo” en ese tema para impulsar esa industria.
La diputada nacional por Mendoza Pamela Verasay, en colaboración con GLOBE International y la PlataformaH2 Argentina, realizaron una jornada de trabajo sobre “Hidrógeno Verde y la necesidad de un marco regulatorio nacional” en la Cámara de Diputados de la Nación.
“El Congreso puede ganar tiempo comenzando ahora el trabajo de elaborar un marco legal adecuado para impulsar la industria del hidrógeno. El compromiso de reducir las emisiones de GEI hacia el 2030 está cerca y este debate urge, debemos generar las condiciones para llegar mejor a la meta de alcanzar un desarrollo neutral en carbono para el 2050”, enfatizó la parlamentaria mendocina en la apertura de la jornada en el Congreso.
“Argentina tiene nuevas autoridades en la Secretaría de Energía, es el momento oportuno para que el Gobierno del presidente Fernández en línea con los anuncios internacionales incorpore en la agenda este tema y así poder discutir qué es necesario para brindar las herramientas que estimulen la producción y crecimiento de la industria. A meses de cumplir tres años de gobierno, aún no han logrado definir un plan en materia energética, seguimos sin rumbo, improvisando”, continuó.
El debate comenzó con el primer panel que abordó el tópico “Desarrollo de la economía del hidrógeno: ventajas y oportunidades para Argentina”, conformado por los expositores Andrea Heins, presidenta del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía – CACME; Juan Manuel Alfonsín, director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables – CADER; Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara Eólica Argentina – CEA y Gabriel Baldassarre, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina.
“Hacia un marco legal para el desarrollo del H2 Verde”, fue la temática del segundo panel, integrado por el diputado nacional (mandato cumplido) Gustavo Menna; la diputada nacional por Chubut Ana Clara Romero y Juan Carlos Villalonga, representante de PlataformaH2.
“El objetivo es sumar al debate legislativo las diferentes miradas de los actores involucrados, para avanzar hacia un nuevo marco regulatorio acorde a la experiencia adquirida y a los compromisos asumidos por la Argentina en la Conferencia de las Partes realizado en Glasgow el pasado 2021, en torno al proyecto de ley que prevé un régimen nacional de promoción del hidrógeno, el cual está llamado a ser uno de los combustibles del futuro”, aseguró legisladora de Juntos por el Cambio.
“Estamos trabajando en optimizar la regulación, consensuando una visión a largo plazo, que brinde previsibilidad al sector y mejore la posición del país para recibir inversiones en la materia. Argentina tiene la posibilidad, no solo de diversificar su matriz energética, sino también en el mercado global del hidrógeno para abastecer los centros de consumo. Definir una política clara, que, hasta ahora, como hemos visto, no tiene horizonte”, continuó Verasay.
En paralelo a la ley de hidrógeno verde, se encuentra pendiente la ley de promoción a la movilidad sustentable, formulada por el Poder Ejecutivo, y que aún no fue tratada en la Cámara baja. Dos propuestas claves para promover el desarrollo de la actividad y progresar hacia la descarbonización de la matriz energética con la incorporación de más energías renovables.
Es importante destacar que el hidrógeno, tanto como vector energético así como insumo industrial, resulta esencial para la transición energética, que es un imperativo global en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Actualmente hay más de 350 proyectos de hidrógeno en marcha a nivel mundial. Argentina está frente a una oportunidad enorme para posicionarse y dar paso a una energía limpia de mayor crecimiento, que está en pleno auge. Hace ya un tiempo que el mundo está intentando acelerar la transición hacia una economía más sustentable. Una parte fundamental de esa transición es la generación y el consumo de energía limpia. En este escenario, el hidrógeno verde se está convirtiendo rápidamente en una de las soluciones más prometedoras para reducir emisiones a nivel global.
¿Qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno es una fuente ilimitada de energía, el gas más abundante en el universo. Este puede ser obtenido de distintas maneras, unas más sustentables que otras. El origen y los métodos a través de los cuales se obtiene el hidrógeno definirá si se considera “gris, “azul” o “verde”, el más limpio.
Una forma de obtener hidrógeno es a través del proceso de electrólisis, mediante el cual se separa el hidrógeno del oxígeno. Este proceso de separación requiere de grandes cantidades de electricidad. Cuando esa electricidad proviene de fuentes renovables (esencialmente eólica o solar), al hidrógeno resultante se lo denomina “hidrógeno verde”.
El hidrógeno tiene la ventaja de que su combustión produce agua, es decir que produce cero emisiones. El hidrógeno verde tiene, además, otras ventajas: se puede almacenar y transportar, y también puede ser utilizado en muchas industrias, desde (y particularmente) el transporte marítimo y aéreo a la industria automotriz, a la generación de energía y la climatización de oficinas y casas particulares, solo por nombrar algunos ejemplos.
Es organizada por la radical Pamela Verasay. En el encuentro, que se hará desde las 16, se hablará sobre la necesidad de crear un marco regulatorio nacional.
La diputada nacional Pamela Verasay (UCR-Mendoza), en colaboración con GLOBE International y la PlataformaH2 Argentina, encabezará este martes una charla debate sobre “Hidrógeno Verde y la necesidad de un marco regulatorio nacional”. La actividad se realizará desde las 16 en el Salón Blanco de la Cámara baja.
“El objetivo es sumar al debate legislativo las diferentes miradas de los actores involucrados, para avanzar hacia un nuevo marco regulatorio acorde a la experiencia adquirida y a los compromisos asumidos por la Argentina en la Conferencia de las Partes realizado en Glasgow el pasado 2021, en torno al proyecto de ley que prevé un régimen nacional de promoción del hidrógeno, el cual está llamado a ser uno de los combustibles del futuro”, aseguró legisladora de Juntos por el Cambio.
En ese sentido, la radical señaló que están “trabajando en optimizar la regulación, consensuando una visión a largo plazo, que brinde previsibilidad al sector y mejore la posición del país para recibir inversiones en la materia. Argentina tiene la posibilidad, no solo de diversificar su matriz energética, sino también en el mercado global del hidrógeno para abastecer los centros de consumo”. Se trata de “definir una política clara, que, hasta ahora, como hemos visto, no tiene horizonte”, continuó.
En paralelo a la ley de hidrógeno verde, se encuentra pendiente la ley de promoción a la movilidad sustentable, formulada por el Poder Ejecutivo, y que aún no fue tratada en comisiones. Para la mendocina son “dos propuestas claves para promover el desarrollo de la actividad y progresar hacia la descarbonización de la matriz energética con la incorporación de más energías renovables”.
Es importante destacar que el hidrógeno, tanto como vector energético así como insumo industrial, resulta esencial para la transición energética, que es un imperativo global en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Actualmente hay más de 350 proyectos de hidrógeno en marcha a nivel mundial. Argentina está frente a una oportunidad enorme para posicionarse y dar paso a una energía limpia de mayor crecimiento, que está en pleno auge. Hace ya un tiempo que el mundo está intentando acelerar la transición hacia una economía más sustentable. Una parte fundamental de esa transición es la generación y el consumo de energía limpia. En este escenario, el hidrógeno verde se está convirtiendo rápidamente en una de las soluciones más prometedoras para reducir emisiones a nivel global.
¿Qué es el hidrógeno verde?
El hidrógeno es una fuente ilimitada de energía, el gas más abundante en el universo. Este puede ser obtenido de distintas maneras, unas más sustentables que otras. El origen y los métodos a través de los cuales se obtiene el hidrógeno definirá si se considera “gris”, “azul” o “verde”, el más limpio.
Una forma de obtener hidrógeno es a través del proceso de electrólisis, mediante el cual se separa el hidrógeno del oxígeno. Este proceso de separación requiere de grandes cantidades de electricidad. Cuando esa electricidad proviene de fuentes renovables (esencialmente eólica o solar), al hidrógeno resultante se lo denomina “hidrógeno verde”.
El hidrógeno tiene la ventaja de que su combustión produce agua, es decir que produce cero emisiones. El hidrógeno verde tiene, además, otras ventajas: se puede almacenar y transportar, y también puede ser utilizado en muchas industrias, desde (y particularmente) el transporte marítimo y aéreo a la industria automotriz, a la generación de energía y la climatización de oficinas y casas particulares, solo por nombrar algunos ejemplos.
En sintonía con un proyecto presentado por Alfredo Cornejo en el Senado, los legisladores impulsan la iniciativa que propone equidad en los fondos destinados a este fin entre todos los distritos.
Los diputados mendocinos Jimena Latorre, Pamela Verasay y Lisandro Nieri (UCR) presentaron este jueves un proyecto de ley para el “Reparto Equitativo y Federal de Subsidios Nacionales al Transporte Público de Pasajeros”, en la misma línea de la iniciativa que recientemente presentó en el Senado el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, en compañía de su par Alejandra Vigo, de Córdoba Federal.
Al respecto, Latorre consideró que “debemos eliminar la inequidad que existe entre el AMBA y el resto del país en cuanto a la distribución actual de los subsidios al transporte de pasajeros”. “Para el interior la realidad es muy diferente y dispar, los aportes nacionales cubren en promedio el 32% de los costos, los usuarios entre el 30% y el 50 %, y el resto es solventado por la jurisdicción provincial y/o municipal”, señaló.
Asimismo, la radical explicó que “los usuarios del interior del país llegan a pagar hasta un 350% más de tarifa que en el AMBA por la misma prestación. Si se toma en cuenta las tarifas de ‘arranque’ en las provincias se encuentran en el rango que va desde los $24 a los $80. En el AMBA la tarifa inicial es de $18 y no se incrementó desde el año 2019, mientras que en el resto del país se han actualizado en más de una oportunidad, sobre todo en 2021”.
Por su parte, Verasay sostuvo que “el proyecto en cuestión es una propuesta federal para que las provincias reciban un trato justo y equitativo y hecha por tierra la visión centralista del kirchnerismo”. “Nuestra provincia sostiene el sistema de transporte, los números lo demuestran: mientras que el 67% del costo del transporte público lo sostiene Mendoza con recursos propios y el 17% lo cubren los usuarios con la tarifa, solamente el 16% es cubierto por fondos nacionales, que ni siquiera se depositan a tiempo”, resaltó.
Y agregó: “Este proyecto busca federalizar la distribución de recursos sin generar nuevos impuestos, muchas provincias van a acompañarnos”.
En tanto, Nieri subrayó que “cobramos impuesto a los combustibles en todo el país para luego subsidiar el transporte del AMBA, porque el 87% del subsidio se concentra en AMBA y sólo el 13% restante va al interior del país”.
“Este proyecto avanza en federalismo y sin mayor gasto ni más impuestos plantea una distribución justa, equitativa y objetiva. Es inadmisible que el boleto en AMBA sea de $18 y se duplique o triplique en el interior”, completó el diputado.
Para Julio Cobos: “Es fundamental este proyecto porque busca corregir asimetrías e inequidades y apunta a un mayor federalismo, esto tiene que hacerse no sólo en relación al transporte sino también, por ejemplo, a los subsidios de energía. Esperemos que avance en el Congreso de la Nación”.
El proyecto fue acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace, Julio Cobos, Lidia Ascárate, Ximena García, Gabriela Lena, Gabriela Brouwer de Koning, Gustavo Bohuid, Carlos Zapata, Susana Laciar, Marcelo Orrego, Laura Rodríguez Machado, Alberto Asseff, Carolina Castets, Marcela Campagnoli y Virginia Cornejo.
Sobre el proyecto
La finalidad del programa que se crea es lograr la distribución bajo criterios equitativos de los subsidios al transporte público de pasajeros para líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial, nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que será solventado a través de un “Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina”.
El Fondo, que se creará a partir de la sanción de la ley, contará con $72.500.000.000 para el año 2022, tomando en cuenta los aportes totales realizados por el Estado Nacional durante 2021 al Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros ya existente, más los aportes totales realizados a las líneas de jurisdicción nacional.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Transporte de la Nación que dictará la normativa reglamentaria y complementaria necesaria, y se encargará de disponer la distribución y asignación de los recursos en base ciertas variables objetivas, tales como:
1. Unidades computables: aquellas habilitadas, vigentes y declaradas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por todas las jurisdicciones provinciales del país y CABA; y unidades afectadas a los servicios de jurisdicción nacional.
2. Agentes computables: cantidad de empleados activos declarados al Ministerio de Transporte de la Nación mediante el Sistema Informático de Liquidación y Administración de Subsidios (SILAS), con un máximo de tres agentes por unidad.
3. Kilómetros recorridos: cantidad de kilómetros promedio mensuales recorridos por las unidades computables en el semestre inmediato anterior.
En ningún caso podrá destinarse más del 30% de la totalidad de fondos existentes a una misma provincia y/o jurisdicción, establece la iniciativa.
Por otra parte, el proyecto también dispone el acceso equitativo de todas las provincias y/o jurisdicciones al esquema de Compensación de Precio diferencial del Gas Oil para las empresas de transporte público de pasajeros. Y establece el acceso equitativo al esquema de atributos sociales y/o tarifas diferenciales vigentes en el AMBA y a los sistemas de boleto integrado, para aquellas jurisdicciones que cuenten con sistemas de transporte multimodal.
De sancionarse y promulgarse, la propuesta estipula una fecha de entrada en vigencia a partir del 1ro. de julio de 2022.
La iniciativa de legisladores mendocinos busca beneficiar a las PyMEs, descomprimiendo la alta presión fiscal que sufren, reduciendo caras patronales en función de la cantidad de empleadores que tengan.
El senador nacional Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley que apunta a mejorar las condiciones para la creación de empleo formal, especialmente en el sector PyME. El objetivo es lograr un equilibrio en sus cuentas y que los ayude a ser más competitivos y rentables, sostuvo el autor en la presentación de la norma, junto a los legisladores radicales mendocinos.
La propuesta lleva también las firmas de Jimena Latorre, Mariana Juri, Pamela Verasay, Julio Cobos y Lisandro Nieri, y soluciona la falta de actualización en la detracción, sobre la base imponible de las contribuciones patronales.
“La alta presión fiscal, la necesidad de descomprimirla y de trabajar en la eficiencia del gasto para dejar de asfixiar al sector privado con presión impositiva, como hace la Nación en la actualidad, nos motivó a presentar esta propuesta”, puntualizó el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.
Se toma una detracción mensual de $40.000 para los empleadores del sector privado, quienes podrán deducir hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador.
Destacan los impulsores de la norma que el mecanismo de detracción tiene un impacto pleno en empleadores que tienen menos de 25 trabajadores. A partir de entonces comienza a reducir muy gradualmente su impacto, a medida que aumenta el trabajo de los empleadores. De este modo, se minimizan los efectos adversos sobre los incentivos de las empresas, cuando se pasa a una nómina mayor de trabajadores (que podría afectar las decisiones de tomar un trabajador más en el margen).
Señaló Cornejo que “en nuestro país la diferencia entre el costo laboral para el empleador y el salario neto del empleado alcanza el 34,6%, mientras que el promedio de América Latina es del 24,6%”.
Este esquema fiscal impacta sobre la capacidad que tiene el sector PyME de generar empleo registrado, precisó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado.
La norma plantea a su vez su posterior actualización automática de la detracción, por Indice de Precios al Consumidor a partir de enero de 2023.
En la agricultura, las agroindustriales, las que prestan servicios turísticos y gastronómicos, entre otras, pese a tener salarios medios bajos, el costo de la mano de obra es significativo en su estructura de costos.
Por lo tanto, el proyecto adquiere relevancia en estas empresas (en el presente ejercicio y en los futuros mediante la actualización) y es de esperar que incentive a la contratación de nuevos trabajadores, y en especial de los menos calificados, en el sector PyME.
La norma impulsada por los legisladores mendocinos, para empleadores de menos de 5 trabajadores, la propuesta actúa como una reducción de las contribuciones patronales cercana al 50%.
Entre 6 y 25 trabajadores, la caída promedia el 40%; entre 26 y 40 trabajadores, la reducción es del 28%. Entre 41 y 50, llega al 19%. Y entre 50 y 100 trabajadores, la baja promedia un 12%.
El proyecto destaa que existe un universo de poco más de 6,2 millones de trabajadores asalariados privados registrados. Si se toma un mínimo no imponible de $40.000 y se aplica hasta un máximo de 25 trabajadores por empleador, se obtiene como resultado un costo fiscal estimado de 0,3% del PBI.
El senador Alfredo Cornejo agregó: “Si nos asociamos políticos con empresarios, podemos dar mayor certidumbre. Estas medidas serían más fuertes si las blanqueara el Ejecutivo dentro de un plan económico”. “Lamentablemente van en otra dirección y están fracasando en el control de la inflación y reducción del déficit”, advirtió Cornejo, para recordar que “el Gobierno Nacional aumentó 19 impuestos, creó 6 nuevos y no ha podido bajar la inflación, tampoco aumentar el empleo registrado y mucho menos hacer crecer la economía por encima de lo que ya estaba en el 2019”.
Y concluyó: “Iniciativas como las que estamos presentando son pro sector privado, inversión, tomar empleo, y hacer crecer la economía de forma más sostenida”.
La iniciativa fue presentada por la diputada mendocina Pamela Verasay, quien aseguró que ese grupo de mujeres “merecen el reconocimiento del Estado argentino”.
La diputada nacional Pamela Verasay (UCR -Mendoza) presentó un proyecto de ley para otorgar un reconocimiento “moral e histórico” a las aspirantes navales a enfermeras que se encontraban cursando la carrera de enfermería y fueron afectadas al conflicto bélico en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.
En la iniciativa se propone otorgar el beneficio de una pensión mensual vitalicia honorífica para todas las Aspirantes Navales de la Escuela de Enfermería del Hospital Naval Puerto Belgrano, que acrediten haber prestado servicio bajo bandera en la Guerra de Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Verasay aseguró que “las tareas llevadas a cabo por jóvenes heroínas merecen el reconocimiento del Estado argentino. Es necesario correr el velo de la diferenciación por género permitiendo el acceso a la pensión a esas mujeres que con agallas dejaron todo por la patria”.
“Portando un arma o una gasa, pusieron su saber y su vida al servicio de la patria, es fundamental ponderarlas en un plano de igualdad ante la ley. Son un grupo de mujeres que se encontraron ante la negativa estatal y decidieron librar una nueva batalla, esta vez en el campo judicial. Con nuestra propuesta pretendemos acompañar esa batalla desde el ámbito legislativo”, remarcó la legisladora.
Y agregó: “Voy a insistir con esta iniciativa en la Cámara baja. El camino para lograr el reconocimiento como heroínas se ha visto plagado de injusticias e inequidades”.
Algunas de las aspirantes que llegaron a Malvinas tenían apenas 16 años. Mujeres que estaban terminando sus estudios secundarios y al mismo tiempo se capacitaban para obtener el título de enfermera. De 1.500 aspirantes solo eligieron a 45.
Las jóvenes ingresaron a la Base Naval de Puerto Belgrano, realizaban rutina militar de entrenamiento y alternaban sus clases de secundaria con las de enfermería. En noviembre de 1981 comenzaron a pintar el edificio y a poner en condiciones el hospital que recibiría a los heridos.
Eran adolescentes que venían de diferentes provincias, entre ellas, la aspirante mendocina Marisa Peiró. Estas mujeres son las que acompañaron hasta el último aliento a cada soldado argentino.
De las 56 mujeres que forman parte del listado, solo 11 se recibieron y 3 siguieron la carrera militar: Liliana Castro, Olga Lucero y Claudia González.
La iniciativa de la senadora Pamela Verasay recibió media sanción en la Cámara alta y fue girada a Diputados.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley de la legisladora Pamela Verasay (UCR) -con 44 votos a favor, una abstención y 0 en contra- el cual tiene como objetivo declarar Monumento Histórico Nacional el edificio de la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza.
Entre los fundamentos del texto, se explica que “el edificio ha sido un símbolo de la pujanza y el progreso de la sociedad mendocina”, y también “constituye el desafío de toda una generación de mendocinos que, lejos de sucumbir, levantaron la nueva ciudad de Mendoza sobre las ruinas que dejó el terremoto de 1881”.
Además, destaca que “se erige como una obra de arte por sí misma siendo parte fundamental e inescindible del paisaje de la ciudad”, y describe que tiene un “estilo renacentista español, con fuertes reminiscencia neo-plateresca, posee la línea de fachada retrocedida en la ochava, creando un espacio de alto valor urbano y funcional para la zona bancaria donde se encuentra”.
“El tratamiento ornamental es exquisito con detalles que van desde la fachada al interior del edificio, el cual fue construido incluyendo el mobiliario original, diseñado especialmente para este inmueble”, señala.
Por último, añade que “los detalles arquitectónicos y urbanísticos de cada uno de los salones, así como también, de la fachada y el mobiliario, dotan a este edificio de características únicas en la ciudad de Mendoza, lo que hace imprescindible, conservarlo y mantenerlo para las generaciones futuras”.
“Actualmente, el inmueble es considerado patrimonio histórico y cultural de la provincia de Mendoza en todos sus elementos, la construcción y su historia, representan un gran valor histórico”, concluye el texto.
“Y ahora resulta que los que dejaron vencer vacunas -contra el sarampión-, nos quieren venir a decir como hacer para comprar vacunas y manejar la pandemia”, disparó el jefe de Gabinete. Las vacunas, Pfizer y el Fondo Covax calentaron la sesión informativa.
A la hora de las respuestas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a las preguntas de los senadores nacionales de la oposición, la sesión dejó el tono formal y ocurrieron gritos y fuertes cruces entre el funcionario nacional y el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.
Cafiero mantenía un tono de voz cansino hasta que fue el turno de responder a las consultas de la senadora mendocina Pamela Verasay que previamente había solicitado mayor información sobre los giros de recursos a Mendoza al acusar al Gobierno nacional de “discriminar” a dicha provincia.
“Y ahora nos vienen a querer contar como se hace para comprar vacunas, los que abandonaron vacunas en un galpón y que por no vacunar y desfinanciar la campaña de vacunación tuvieron un nuevo brote de sarampión nos quieren venir a explicar como manejar la pandemia”.
En ese momento, consideró que el Estado nacional “no discrimina” a Mendoza porque “le giró 2.520 millones de ATN”, por lo que “decir que se discrimina al pueblo mendocino no parece un error sino que solo busca un objetivo electoral que no se condice con la información”.
Y agregó una frase que desató la polémica: “No se la discrimina y hasta se trabaja en conjunto a pesar de que incumple medidas de cuidado nacional, pero nos pide respiradores y vacunas que podría haber comprado”.
Esto molestó a la senadora Verasay que respondió desde su banca a viva voz en defensa de la gestión del gobernador Rodolfo Suárez (Juntos por el Cambio).
“La misma provincia podría haber comprado la vacuna”, insistió Cafiero, por lo que Naidenoff se paró de su banca y le espetó: “Ustedes cerraron las puertas y no dejaron comprar a nadie”.
Ante esa acusación, el jefe de Gabinete respondió con mayor vigor: “Eso es mentira”, y remató: “Ustedes votaron una ley que permitía a todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño la compra de vacunas. Lea lo que vota, senador”, fustigó en reiteradas oportunidades.
Ante los gritos del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Cafiero insistió: “Solo el presidente las pudo comprar -a las vacunas- aunque todos los gobernadores estuvieron siempre autorizados. Pero las compró el presidente, las negocio, las compró y las distribuyó el presidente”.
Más calmado, el jefe de Gabinete continuó con su discurso enfocado contra la oposición: “Hay una clara dificultad de entender lo que realmente está sucediendo en Argentina porque la lucha contra la pandemia es una lucha diaria, pero también es una lucha enfrentar la situación de como dejó el Estado destruido el Gobierno anterior”.
“El Gobierno anterior destruyó el sistema de salud y este gobierno lo tuvo que reconstruir en medio de la pandemia”, apuntó.
En esa línea, disparó: “Y ahora nos vienen a querer contar como se hace para comprar vacunas, los que abandonaron vacunas en un galpón y que por no vacunar y desfinanciar la campaña de vacunación tuvieron un nuevo brote de sarampión nos quieren venir a explicar como manejar la pandemia”.
Al finalizar este bloque de la sesión informativa en la Cámara alta, Cafiero pidió a la oposición “ser más constructiva, más objetiva y tener una mirada de país y ver donde estamos parados” al mismo tiempo que exhortó a ese sector a “tener más autocrítica”.
Anabel Fernández Sagasti la emprendió contra la gestión de Rodolfo Suárez, incluyendo palos para Alfredo Cornejo, y Pamela Verasay le atribuyó actuar con “hipocresía”.
Un clásico de los últimos tiempos se venía dando sesión tras sesión en el Senado entre los senadores formoseños; más específicamente con los jefes de los principales bloques del Cuerpo. Este jueves el choque se trasladó a otra provincia, Mendoza, y fue entre dos mujeres de la Cámara: Anabel Fernández Sagasti y Pamela Verasay.
Arrancó la senadora de La Cámpora, que planteó de manera crítica el uso del “falso apotegma de ‘cuanto peor mejor’, que viene llevando adelante hace años Juntos por el Cambio”, dijo, precisando que en Mendoza al peronismo “le toca ser oposición y le ha tocado muchas veces encontrar puntos de encuentro” con el oficialismo “y ponernos a disposición del gobernador en esta crisis”.
En ese sentido afirmó que “cuenta el gobernador con esta senadora y con el peronismo, pero no debe confundirse esta actitud de buscar puntos de encuentro, con tener complicidad para resolver la pandemia mirando encuestas mientras cientos de mendocinos pierden la vida”.
Anabel Fernández Sagasti aseguró que los mendocinos “vienen padeciendo” diversas situaciones, en el marco de esta crisis sanitaria, que dijo ver reflejadas en “largas colas de mendocinos para hacerse hisopados”, o el deambular de muchos “para buscar una cama en un hospital”.
Al respecto admitió que el gobernador Rodolfo Suárez “ha mostrado destellos de sensatez que duran hasta que su socio político y consejero principal, el presidente del radicalismo y exgobernador Alfredo Cornejo aparece en escena. Estos consejos han dejado a Mendoza en terapia intensiva, sanitaria, pero no solo eso, sino también económico y social”.
En ese sentido enumeró una serie de críticas respecto de la situación de su provincia, entre las que destacó que tiene “la segunda tasa más alta de ocupación de camas en la Argentina, 96,48% de ocupación de UTI”, y además le atribuyó a las autoridades de esa provincia tergiversar el número de vacunados. “Aparecieron 30 mil docentes vacunados que no lo estaban; hemos denunciado varias veces que se han aplicado primeras dosis de Sputnik y luego segundas dosis de Sinopharm, anunciados por el Gobierno de la provincia como ‘errores humanos’, pero cuestan vidas de los mendocinos, o a lo sumo la salud” de sus comprovincianos.
La vicepresidenta del bloque oficialista del Senado habló de una “emergencia económico y social” que vive su provincia, a la que ubicó “en la puerta de un default permanente desde que gobierna” esta gestión. “Sin posibilidades de endeudarnos debido a la gran deuda que tomó Alfredo Cornejo en dólares”, agregó.
Le atribuyó a esta gestión “el desempleo más alto de la región de Cuyo, los salarios más bajos, sin hablar de la conectividad: una de las más bajas de la República, con solo el 33%”. Y tras sumar el manejo que esta administración hace de la justicia en la provincia, afirmó que la cuestión de privilegio era por la situación en Mendoza, y pidió a las autoridades provinciales “que se hagan cargo del desastre en materia sanitaria que estamos viviendo”.
A continuación habló la senadora radical Pamela Verasay, quien admitió que si bien las cuestiones de privilegio no se contestan, ella no podía quedarse callada cuando ve aludida a su pueblo, su provincia. “Me sorprende la hipocresía que hay y que se profundiza con cada kilómetro que hay desde Mendoza a la Capital”, advirtió.
Verasay contó que este mismo jueves la ministra de Salud de su provincia se había presentado ante la Legislatura, “después de un patoteo que recibió en la Casa de Gobierno, porque a diferencia de lo que pasa en el Senado, en Mendoza se respetan las instituciones, se responden los proyectos y por sobre todas las cosas, si está pasando algo fuera de la ley se rinden cuentas”.
La legisladora de JxC consideró “increíble” el planteo de su colega del Frente de Todos, y se preguntó “cómo no hablar cuando cuestionan una gestión (provincial) y acá roban vacunas, mienten testeos y no hemos recibido una sola explicación de la gestión”.
Verasay terminó criticando al presidente Alberto Fernández, al lamentar que “cada palabra que dijo el presidente el día que asumió, se resquebraje día a día”.
¿Nace un nuevo clásico entre las damas mendocinas?
Roberto Mirabella, Pamela Verasay y Gladys González aseguraron que “no existen enfrentamientos” entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles.
Los senadores nacionales Roberto Mirabella (Frente de Todos-Santa Fe), Pamela Verasay (UCR-Mendoza) y Gladys González (Juntos por el Cambio-Buenos Aires) visitaron este miércoles la Planta Modelo de Explora S.A., una productora de biodiesel de primera y segunda generación. Aseguraron que “no existen enfrentamientos” entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles.
Allí los recibieron Hilarión Del Olmo, presidente, Axel Boerr, presidente de CAPBA (Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada) y todo su equipo .
Los representantes de las tres fuerzas, Frente de Todos, UCR y Juntos por el Cambio se mostraron preocupados por la baja del corte que intenta modificar el nuevo régimen y coincidieron en apoyar fuertemente la actividad y discutir estos puntos del proyecto cuando la media sanción llegue al Senado.
Los legisladores comentaron: “esta visita pone de manifiesto que no existen enfrentamientos entre las provincias petroleras y las productoras de biocombustibles, sino que son actividades complementarias”.
“El Estado debe brindar a esta industria seguridad jurídica para que pueda planificar su desarrollo generando políticas públicas que acompañen el crecimiento del mercado interno competitivo, potenciando las exportaciones como fuente de divisas y generando nuevos puestos de trabajo” concluyeron.
A través de un extenso documento, un grupo de legisladoras radicales mendocinas detallaron la participación femenina en lugares estratégicos de esa provincia y lo contrapusieron con las expresiones meramente discursivas.
A propósito de la conmemoración reciente del Día Internacional de la Mujer, un grupo de legisladoras mendocinas destacaron la participación femenina en la actividad pública de esa provincia. Y trazaron una gran diferencia entre la participación discursiva y la participación activa.
“El feminismo y nuestra obligación de deconstruir el lenguaje debe llevarnos a su contradicción: ‘No es solo parecerlo, sino serlo’. La hipocresía de levantar banderas discursivamente pero sin acciones que las defiendan deslegitima el relato”, señalaron a través de un comunicado las mendocinas Jimena Latorre, diputada nacional; Pamela Verasay, senadora nacional; Claudia Najul, diputada nacional; y María José Sanz, diputada provincial y vicepresidenta de la UCR Mendoza.
“El relato del parecer”, se titula el documento que recuerda que en Mendoza, durante el período gubernamental 2015/2019, se sancionó la Ley de Paridad de Género. “Sin relato, porque el feminismo se defiende con acciones”, remarcaron.
Esa gestión contó con la primera vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero. Pero también 69 mujeres accedieron a cargos jerárquicos de responsabilidad, mientras que los hombres fueron un total de 57. En ese período, la intendencia de Santa Rosa fue dirigida por la concejala del radicalismo, Norma Trigo, puntualizaron.
El documento agrega los nombres de las integrantes del gabinete provincial con rango ministerial fueron: Claudia Najul, ministra de Salud, Desarrollo y Deporte; Elizabeth Crisitelli, ministra de Salud, Desarrollo y Deporte; Paula Allasino, ministra de Hacienda; Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, y Josefina Canale, directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Los cargos que accedieron mujeres fueron los siguientes: María Julieta Espíndola, jueza de Garantía de Flagrancia; Ana Carolina Sánchez, defensora de la Quinta Defensoría; Marcela Martín, jueza del Segundo Juzgado de Familia; Olga Graciela Cola, defensora de Pobres y Ausentes; Marta Arrigoni, síndica Titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos; Hilda Noemí Crowe, miembro del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; María Nieves Completa, jueza de la Primera Cámara del Trabajo; Adriana Judit Danitz, jueza del Tribunal de Gestión Judicial Laboral; Marinés Dolores, Babugia, jueza de la Cuarta Cámara del Trabajo; Patricia Aguilera, asesora de Menores e Incapaces; Daniela Chaler Orieta, fiscal de la séptima Fiscalía de la Cámara del Crimen; María Eugenia Laigle, jueza de la Segunda Cámara del Crimen; María Paula Calafell, jueza del Décimo Juzgado Civil, y Marcela Ruíz Díaz, jueza del Tribunal de Gestión Asociada N° 2.
La lista continúa con Mariana Silvestri, defensora General del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar; Marta Liliana de Lourdes Muñoz, vocal del Tribunal de Cuentas; Cecilia Andrea Rubio, jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de San Rafael; Andrea Natalia Rossi, fiscal de la Primera Fiscalía Penal de Menores de San Rafael; María Laura Vera, jueza del Segundo Juzgado Correccional; Nadya Moreno Burgos, defensora de Pobres y Ausentes; Leticia Beatríz Martí, fiscal Penal de Menores; – Jorgelina Iérmoli Blanco, jueza del 16° Juzgado Civil, Comercial y Minas; María Inés Fernández, jueza de Familia de General Alvear; Muriel Vanesa Drot de Gourville, jueza del Segundo Juzgado Civil, Comercial y Minas; Viviana Soledad Vargas, asesora de Menores e Incapaces; Rosana Lucía Trentín, asesora de Menores e Incapaces; Jimena Hebe Latorre, presidenta del Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico; María Cecilia Aymerich, fiscal de Cámara Civil, y Roxana Livellara, jueza de Paz Letrado y Tributario de General Alvear.
Además están Carla Viviana Zanichelli, jueza De La Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria; Flavia Inés Baños, jueza de la Tercera Cámara del Trabajo; María Emilia Funes, jueza de la Quinta Cámara del Trabajo; María De Los Ángeles Hidalgo, defensora Penal y Penal de Menores de Malargüe; María Alicia Arlotta, defensora de Pobres y Ausentes Penal; Ana Julia Ponte, jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado; Gabriela Celia García, fiscal de Instrucción; Andrea Cecilia Lazo, fiscal De Instrucción; Amalia Vergara, consejera del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; Alicia Reparaz, vicepresidenta del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; Beatriz Beltrame, consejera del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; Ana Belén Del Valle Marabini, defensora de la Tercera Defensoría Penal de Menores; Claudia Alicia Ambrosini, jueza de la Tercera Cámara Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario; María Daniela Alma Sánchez, jueza de Juzgado de Familia de Luján de Cuyo; Norma Molinar, consejera del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; María Laura Abraham, consejera del Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública; Stella Maris Iñon, defensora Civil; Margarita Millán, defensora Civil, y María Jorgelina Bayon, defensora Civil.
También están en la lista Érica Patricia Sanchez, jueza Penal Colegiado; Andrea Molina, directora Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE); Nancy Alejandra Lecek, jueza del Tribunal Penal Colegiado; Eleonora Roxana Monti, jueza del Tercer Juzgado de Menores; Natalia Navarro Bravo, jueza del Primer Juzgado Penal de Menores; Romina Crisafulli, Defensora Penal de Pobres y Ausentes; Andrea Gabriela Lorente Marcheschi, Fiscal de Instrucción y Penal de Menores de Malargüe; Patricia Beatriz Canela, jueza de la Quinta Cámara Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario; Eleonora Graciela Antonieta Arenas, jueza Penal Colegiado -Tercer Cargo; Miriam Patricia Nuñez, jueza Penal Colegiado- Segundo Cargo; Andrea Marilina Funes, defensora Penal de Menores; Andrea Verónica Guevara Sisti, jueza de Paz Letrado y Contravencional de Palmira; María Paz Zabalegui, jueza de Paz Letrado, Tributario y Faltas de Malargüe; María Paula Maurano, jueza de Paz Letrado y Contravencional de La Paz; Viviana Marcela Fernández, jueza de Paz de Uspallata; Érica Del Carmen Von Zedtwitz, jueza de Paz Letrado y Contravencional de Junín; Natalia Lourdes García, jueza Civil de Rivadavia; María Delicia Ruggeri, jueza de Cámara de Familia; María Alejandra Ferrara, defensora Penal de Pobres y Ausentes, y María Paula Allasino, Contadora General de la Provincia, y Andrea Noemí Salinas, directora Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
“El acceso a cargos de poder es una de nuestras luchas feministas que se vieron reflejadas en la gestión de Alfredo Cornejo. Sin embargo, no fue la única conquista”, agrega el mensaje, que a continuación enumera:
– Por primera vez desde su creación, la Dirección de Género tuvo presupuesto propio.
– Se constituyó el cuerpo de patrocinio jurídico gratuito para casos de violencia de género.
– Se creó el Programa Nuevas Redes, con subsidios y capacitaciones para la inserción laboral de mujeres en situación de violencia.
– Se inauguró el primer refugio provincial para mujeres en situación de violencia de género. Se construyeron un total de nueve durante la gestión de Cornejo.
La nota de las diputadas nacionales Jimena Latorre y Claudia Najul, la senadora nacional Pamela Verasay y la diputada provincial María José Sanz, concluye diciendo: “En suma, todo discurso panfletario queda anulado con la demostración de acciones concretas de un gobierno que supo y quiso destacar el rol fundamental de la mujer en los espacios de poder. Sin agitar falsos demonios ni mentir a conveniencia”.
La iniciativa de legisladores radicales mendocinos busca fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.
Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, junto a la senadora nacional Pamela Verasay, elaboraron un proyecto de ley que establece un régimen de Buen Gobierno y Gestión para las empresas con participación estatal mayoritaria. El objetivo es disponer mejoras en los estándares de prácticas, procesos y estructuras a partir de los cuales se dirigen y controlan las empresas públicas del país.
La iniciativa busca fortalecer la gobernanza de las empresas estatales, incrementar su competitividad y que puedan brindar servicios más eficientes para los ciudadanos.
Se implementará a través de distintos ejes como la transparencia en el manejo de la información, la rendición de cuentas, el establecimiento de un código de conducta y la necesidad de contar con una política de sustentabilidad para elevar estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
En cuanto a los directores y gerentes, deberán cumplir con la calificación apropiada para ocupar sus cargos, no poseer condenas por delitos y se deberá cumplir con el cupo femenino mínimo de 50% para garantizar la paridad de género en el directorio, entre otras medidas.
Las empresas con participación estatal mayoritaria incluye a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
Existen en la actualidad 36 grupos empresarios donde tiene el control y una participación total o mayoritaria el Estado argentino. Según el presupuesto nacional 2021, el conjunto de estas empresas administra $829.826 millones, con un gasto estimado de $861.712 millones, arrojando un déficit financiero de $31.886 millones.
“El escenario económico, político y social actual demanda en forma permanente actualizaciones que posibiliten y acompañen transformaciones en las estructuras empresariales, permitiéndole a nuestras empresas y en consecuencia a nuestro país mejorar su competitividad aún en tiempos de crisis. Es necesario generar espacios de mayor certidumbre para potenciales inversores y para una ciudadanía ávida de creer en sus instituciones. En este sentido, las empresas públicas pueden contribuir al crecimiento del país, administradas con profesionalismo y transparencia, brindando los mejores servicios e infraestructura posibles”, destacó Jimena Latorre.
Por su parte, Alfredo Cornejo expresó: “Durante los últimos años nuestro país ha hecho un gran esfuerzo legislativo e institucional por reducir los niveles de corrupción, elevar los estándares de transparencia y control y reducir los niveles de opacidad en la administración pública. Por ello, es necesario avanzar hacia mejoras superadoras en la organización de las empresas del estado, a partir de la aprobación de una ley nacional que establezca un régimen de buen gobierno”.
El proyecto de invita a las provincias a adoptar este modelo de gestión en sus empresas.
La gestión de este tipo de empresas define un modelo de país, la transparencia y la gobernanza con la que se administren sus recursos y sus planes estratégicos impactan en la salud y las condiciones de vida de millones de argentinos.
Transparencia
El Estado es administrador de los recursos del conjunto de la sociedad, por lo que se vuelve imperativo el derecho de acceder a la información y planificación de lo que éste realiza en nombre del interés público. La transparencia posibilita a los ciudadanos la ventaja institucional de conocer cómo, por qué, dónde y cuándo las autoridades actúan para dar vida a las políticas públicas. El proyecto impulsa la aplicación de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2016.
Las empresas deberán publicar en su página web sus objetivos estratégicos, un informe anual de gestión que indique el grado de cumplimiento de tales objetivos y demás políticas y acciones ejecutadas durante el año.
Integridad
Las empresas deberán elaborar e implementar un programa de integridad consistente en el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos, en un todo coherente con la Ley de Responsabilidad Penal para las Empresas sancionada en el año 2017.
Será un código de ética o de conducta que contenga políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos
Sustentabilidad
Las empresas deberán contar con una política de sustentabilidad clara, a través de la cual se comunicará la estrategia de cumplimiento de estándares sociales, de gobernanza y ambientales. Deben resultar modelos a seguir para el resto de las empresas del país.
Se apunta a que las empresas mejoren sus procesos para lograr una mayor eficiencia energética, incorporen conceptos como el de economía circular y que logren la máxima reducción de riesgos vinculados al ambiente, al manejo de recursos y desarrollo humano, y que incorporen la responsabilidad social de la empresa de forma integrada y transversal a toda la organización, participando activamente en el desarrollo de la comunidad.
Desempeño económico
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán elaborar un plan estratégico consistente con los recursos asignados a la empresa en el presupuesto nacional.
Alta gerencia
Las empresas deberán poseer un código de requisitos previos al que deberán ajustar la designación de su presidente, los miembros del directorio y los gerentes.
El código de requisitos previos de miembros del directorio y la gerencia deberá incluir requisitos de elegibilidad del candidato de acuerdo a la experiencia, conocimientos previos en la materia y capacidad de liderazgo.
No podrán ser contratados como presidente, miembros del directorio o gerentes de las empresas con participación estatal mayoritaria, aquellas personas que tengan vínculo de parentesco, tanto en línea recta como en línea colateral, hasta el segundo grado, el cónyuge o conviviente, con: el presidente de la Nación Argentina, el vicepresidente de la Nación Argentina, el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Ministros de la Nación y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro de la Nación.
Tampoco aquellas personas que posean algún cargo de funcionario público en el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, o que hayan sido condenadas por delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y orden constitucional, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, encubrimiento, fraude en perjuicio de la administración, entre otros.
Los directorios y/u órganos de administración de las empresas con participación estatal mayoritaria, deberán estar conformados como mínimo, en un cincuenta por ciento (50%) por mujeres.
La Alta Gerencia deberá contar con un mecanismo de evaluación anual de gestión por resultados, además de otro u otros medios de evaluación que la empresa decida adoptar.
Auditoría interna
Las empresas con participación estatal mayoritaria deberán contar con un área de Auditoría Interna profesionalizada. Se encargará de monitorear el Plan de Gestión y Prevención de Riesgos aprobado por el Directorio, reportando de forma directa al Directorio, lo que le brindará mayor independencia y permitirá un mejor control de la plana gerencial.
Control interno
La empresa deberá contar con un área encargada de velar por el impulso de mejoras, el seguimiento, y cumplimiento efectivo del régimen de Buen Gobierno, asegurando el desarrollo ordenado de los procesos dispuestos en la presente ley.
Remuneraciones
Con el objeto de la eliminación de cualquier diferencia salarial existente entre varones y mujeres, toda empresa con participación estatal mayoritaria deberá respetar el derecho de toda mujer a percibir una igual remuneración por igual tarea.
Ante una consulta de la senadora mendocina Pamela Verasay, el jefe de Gabinete cuestionó el “terraplanismo político” de Juntos por el Cambio.
En una sesión sin sobresaltos destacados, el momento más picante del segundo informe de Santiago Cafiero ante el Senado se vivió cuando el jefe de Gabinete le respondió a la mendocina radical Pamela Verasay qué era lo que él pensaba sobre la oposición.
“Me parece que este es un ámbito de debate y puedo ser franco, me voy un poco de libreto, no tiene que ver con el informe de gestión, pero ya que la senadora me preguntó”, arrancó el funcionario durante el primer tramo de respuestas en la sesión de este jueves.
Cafiero disparó: “Yo creo que la oposición si no baja los decibeles, si no deja y se aleja del discurso del odio, va camino a convertirse en una ultraderecha antidemocrática y una ultraderecha minoritaria”.
“Esta suerte de terraplanismo político que están tratando de agitar no lleva a ningún lado. Este terraplanismo político que quiere debatir sobre valores democráticos, sobre libertades, y hasta incluso le discute a la ciencia cuestiones lógicas, válidas y comprobadas”, cuestionó.
Finalmente, el jefe de Gabinete consideró ese “no es el camino”.
Voces que salen al aire imprevistamente durante las sesiones son un clásico durante las mismas. Este jueves hubo momentos imperdibles.
Estos días como nunca antes estuvo en boca de todos la virtualidad como modo de sesionar para el Congreso de la Nación. Los oficialistas defendiendo el sistema enfáticamente y la oposición contándole las costillas a las sesiones remotas.
En el inicio de la sesión del Senado, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, puso como ejemplo para exponer las debilidades del sistema la situación que estaba atravesando justo en ese momento: por un corte de luz en el edificio público donde estaba sesionando, debió usar los datos móviles de su celular para tener internet.
Pero no todos sesionan en dependencias oficiales, como el protocolo del Senado había previsto originalmente y luego se cambió. Otros lo hacen directamente en sus casas… con el riesgo de sufrir “accidentes domésticos”.
Pregúntenle sino al salteño Sergio “Oso” Leavy, que estaba dando su discurso sobre el proyecto de capitales alternas justo cuando el grito desgarrador, llanto incluido, de un niño lo sacó de eje y tuvo que dar por concluida su exposición.
Pero una situación más graciosa se vivió al momento en que le tocaba decir su voto a viva voz a la radical Pamela Verasay, quien estaba sesionando desde la Legislatura mendocina, como lo hace habitualmente. Estaban repasando el voto de todos los senadores y cuando llegó su turno, antes del “abstención, secretario”, alguien más dejó el micrófono abierto y se escuchó claramente un: “¿Y la sopa que te hice?”. La presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Zamora, y el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, no pudieron ocultar la risa. Además del resto de los legisladores.
Para la senadora mendocina, con los hechos el Gobierno nacional está considerando que “un ciudadano de Buenos Aires vale más que un ciudadano mendocino, o de cualquier otra parte del país”.
La sendora nacional por Mendoza Pamela Verasay presentó un proyecto mediante el cual se solicita al Gobierno nacional el incremento del programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) hasta su valor original, teniendo en cuenta que en la última modificación de dicho programa el Estado Nacional redujo el beneficio en un 50%, en la mayoría de las provincias, incluida Mendoza. En paralelo, también presentó otra iniciativa donde reclama a la Nación abonar el tercer pago del IFE a todas las provincias. Cabe recordar que se salvaron del recorte Buenos Aires, CABA y Chaco, por ser las zonas más afectadas por la pandemia.
“El Covid-19 afecta a un pequeño porcentaje de la población, pero la cuarentena destruye una gran parte de la economía en todo el país sin distinguir fases, contagios o zonas, por ello es necesario que el presidente comprenda este concepto y lo aplique en la distribución de fondos”, destacó la legisladora radical.
Mediante la Decisión Administrativa 1133/20 el Gobierno nacional redujo la cobertura a los trabajadores de la mayor parte del país y de la mayoría de las actividades económicas, al 50% respecto de su valor original. De dicho recorte sólo se salvaron las empresas y sus trabajadores de CABA, Buenos Aires y Chaco. En este contexto, Verasay presentó una propuesta donde solicita al Poder Ejecutivo Nacional asegurar el acceso igualitario al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a los trabajadores de empresas de todo el país.
“Por este motivo estamos reclamando que por lo menos, en los meses de junio, julio y agosto se deje sin efecto dicha medida. Sería un error pensar que porque un decreto establece que una zona flexibiliza la cuarentena, pero aún permanece en ella, se puede reducir un 50% el programa, cuando la gravedad de la situación amerita darle unos meses a las pymes y a sus trabajadores para regularizar sus finanzas”, enfatizó Verasay.
“Debemos restituir la igualdad de beneficios para las pymes y trabajadores de todo el país, sin distinción de área geográfica, para acceder al salario complementario hasta un máximo de 2 salarios mínimo vital y móvil como está previsto para CABA, Buenos Aires y Chaco. No parece ser el momento de discriminar por área geográfica y favorecer más al dichas zonas por sobre el resto de las provincias”, continuó.
Por otra parte, según anunciaron las autoridades del ANSeS, el Gobierno nacional tiene previsto abonar sólo el tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en las zonas donde la cuarentena se encuentre en la fase 1, dejando al resto del país y a la población vulnerable en una situación de desprotección por falta de ingresos. Con esta arbitraria medida cerca de 357.000 mendocinos dejarían de percibir esta ayuda económica.
“En relación a ese anuncio presentamos, en paralelo a los ATP, otra iniciativa al Poder Ejecutivo Nacional para que continúe tratando igualitariamente a todos los beneficiarios del país, incluidos los de Mendoza ya que los efectos de la cuarentena perjudican gravemente a todos los sectores económicos, y en particular a monotributistas, trabajadores informales y sectores más vulnerables. El centralismo que está ejerciendo el Estado Nacional en el manejo discrecional de los recursos está perjudicando enormemente a algunas provincias, por eso presentamos este proyecto para que todos los habitantes en situación de vulnerabilidad de todas las provincias reciban los recursos que necesitan”.
La falta de estos ingresos no sólo afectaría a este sector de la población sino que también sería otro golpe a la economía porque esos ingresos se vuelcan exclusivamente al consumo local, afectando también a las provincias y sus ingresos. Asimismo, esta inversión social, frente a la crisis generada por la cuarentena, tiene muchos más beneficios que el ahorro fiscal que genera acotarla.
“Los hechos demuestran que para la Nación, un ciudadano de Buenos Aires vale más que un ciudadano mendocino o de cualquier otra parte del país. Los trabajadores mendocinos y del resto de las provincias afectadas no son ciudadanos de segunda. La crisis generada por la cuarentena y la cuarentena misma todavía no han finalizado. Ayudar a las Pymes a conservar las fuentes de trabajo y la actividad económica es un tema prioritario en todas las provincias por igual y de este modo superar el complejo y difícil momento que vivimos”, finalizó Verasay.
La senadora mendocina aseguró que no poder haberse conectado al principio de la reunión no se trató del olvido de una contraseña. El secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, le respondió leyendo el informe del equipo técnico.
La semana pasada la senadora Pamela Verasay (UCR) registró inconvenientes para conectarse en el inicio de la sesión virtual e, incluso, hubo un momento en que tuvo que manifestar su voto de manera telefónica. Por eso, este jueves la mendocina planteó una cuestión de privilegio contra la Presidencia para denunciar que la “silenciaron”.
“La sesión pasada irresponsablemente se dijo que yo me olvidé una contraseña y por eso no pude entrar al recinto virtual”, señaló, en referencia a las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el reclamo de Martín Lousteau.
Y continuó: “El problema no fue una contraseña, fue un problema de bloqueo del sistema que hasta este tiempo el equipo de informática no me ha podido responder”.
La radical rechazó las expresiones de la titular del cuerpo y parafraseó sus dichos sobre que “si no está en el recinto es porque no vino, porque no se tomó el auto para ir trabajar. No importa que no se loguee, total los votos están, los votos los tenemos”.
Verasay pidió “garantizar las formas para que cada uno de nosotros nos conectemos, podamos hablar y expresarnos” y cuestionó que “es tan endeble este sistema que ustedes a mí no me veían, pero yo estaba en el tablero dando quórum”.
“El reglamento dice que en su defecto se vota a viva voz: tuve que votar por teléfono, no sabían quién estaba del otro lado, me prestaron un usuario con una contraseña que no era Pamela Verasay”, agregó.
La legisladora añadió: “En el momento en el que me silenciaron la semana pasada, no solamente me silenciaron a mí, sino también silenciaron la representación de Mendoza”.
Cuando concluyó, el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, leyó el informe del equipo técnico, donde se sostiene que “según se pudo verificar en los registros de la plataforma” la senadora “logró una conexión exitosa a las 15.04 con el nuevo usuario que le fue otorgado en forma temporal“, e incluso se constató que “en su casilla se recibió un correo electrónico” con el nuevo usuario y contraseña.
Al comienzo de la sesión de este jueves, y antes de cantar el Himno Nacional, la vicepresidenta Cristina Kirchner le preguntó a Lousteau, quien reclamó la semana anterior por el problema de la legisladora: “Senador Lousteau, ¿está conectada la senadora Verasay?”.
Presente en el recinto, por ser autoridad, el senador entre risas le respondió que sí. Y CFK agregó: “No quiero pelearme con usted por la senadora Verasay, entonces por eso le pregunto si la tiene conectada. ¿La tiene conectada? ¿Está conectada? Bien, listo, podemos empezar entonces”.
El hecho insólito la tuvo como protagonista a la mendocina radical Pamela Verasay, quien le tuvo que transmitir su voto al prosecretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi.
Insólitamente, durante la tercera sesión virtual que se realizó este jueves en la Cámara alta, la senadora mendocina Pamela Verasay (UCR) votó telefónicamente. Fue al momento en que se estaba decidiendo sobre el habilitamiento de tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley de alquileres y de educación a distancia.
Antes de pasar a la votación electrónica, el senador Martín Lousteau (UCR) -presente en el recinto- le informó a Cristina Fernández de Kirchner que había “algunos senadores que no están pudiendo conectarse al Webex”, la plataforma para ingresar a las sesiones remotas.
“Verasay, déjenme buscarla, Verasay…”, miraba a lo largo de toda la pantalla la vicepresidenta, que expresó: “Ahora la buscamos, de cualquier manera tenemos número suficiente. Si falta un senador es como si no estuviera sentado un senador en el recinto”.
Fuera del micrófono, Lousteau siguió reclamando, a lo que Cristina enfatizó que “el problema de una señora senadora no altera el resultado, no es que no se puede votar”.
“Es que una senadora está tratando de sentarse a una sesión y no está pudiendo, son dos cosas distintas”, retrucó Lousteau. “No. La senadora informa, para que quede constancia en versión taquigráfica, que olvidó su clave”, respondió la vicepresidenta.
Entonces el radical quiso continuar, pero CFK lo cortó: “Sin diálogo, no tiene la palabra senador”.
“Reitero y para aclaración de futuros problemas, cualquier senador o senadora que olvide la clave, no podrá conectarse. No podemos estar… es como que se olvidó de tomar el auto y no pudo llegar”, ironizó la titular del cuerpo.
Luego se pasó a un cuarto intermedio y, tras 12 minutos, al retomar la sesión, Verasay todavía no había podido conectarse. “La senadora le va a informar su voto telefónicamente al prosecretario (parlamentario, Juan Pedro Tunessi)”, informó Cristina. Y, finalmente, así fue.
Según pudo saber parlamentario.com desde su entorno, la senadora registró que había “problemas del servidor del Senado y del sistema” y afirmó que ella estaba en la Legislatura mendocina donde contaba con una “óptima conexión”.
Aunque logró ingresar al recinto virtual, minutos después se desconectó, al igual que sus pares de Juntos por el Cambio, que decidieron abandonar la sesión.
La impulsa la senadora Pamela Verasay, que quiere incluir una herramienta de aplicación digital remota que ayude a reducir los contactos interpersonales sin interrumpir tratamientos médicos.
La senadora nacional por Mendoza Pamela Verasay está impulsando en el Senado de la Nación un proyecto de ley para modificar la norma que regula la actividad de los profesionales de la salud, incorporando la utilización de la receta electrónica y firma digital.
La iniciativa pretende incluir una herramienta de aplicación digital remota que ayude a reducir los contactos interpersonales sin interrumpir tratamientos médicos.
“Teniendo en cuenta la delicada situación sanitaria que estamos viviendo, resulta imprescindible modificar la norma con la finalidad de dotar al sistema de salud en su conjunto de herramientas tecnológicas que garanticen a los ciudadanos un acceso ágil y moderno al sistema. Y al mismo tiempo, facilitar la tarea de los profesionales proporcionándoles medios que les otorguen mayor fiabilidad a sus recetas y optimicen el seguimiento del paciente”, destacó la senadora del interbloque Cambiemos.
Verasay explicó que es “imperioso” poner en funcionamiento este instrumento tecnológico en el marco de la expansión de la pandemia. La prescripción electrónica genera menor riesgo de errores de legibilidad y en la administración de medicamentos. Además se evitan problemas de facturación y posibles fraudes.
“Con este proyecto estamos actualizando y modernizando la comunicación entre profesionales de la salud, pacientes y farmacias. Es esencial que el Estado incluya en sus polítícas públicas nuevas tecnologías tendientes a lograr mayor eficiencia del sistema de salud, y en consecuencia, lograr una mejora en la calidad de vida de la población”, concluyó la legisladora nacional.
En caso de aprobarse esta iniciativa, la receta será emitida en formulario electrónico con firma digital por el médico señalando la denominación o la fórmula y su prescripción, con las cantidades expresadas en letras, debiendo constar nombre, apellido y domicilio del enfermo. Para despachar estas recetas el farmacéutico deberá numerarlas, seguir el número de asiento en el libro recetario, fecharlas y firmarlas digitalmente. Este deberá remitirlo dentro de los 8 días del expendio a la autoridad sanitaria.
