El senador del Frente de Todos Mariano Recalde tildó este miércoles al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de haber tenido una actitud “marketinera y ventajera” al anunciar en su momento la continuidad de las clases presenciales, contrariamente a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en el resto de los conglomerados urbanos para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

Durante la sesión en el Senado a la hora de hacer el discurso de cierre del debate del último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con restricciones por la pandemia, Recalde cuestionó la actitud de Rodríguez Larreta por perseguir “fines electoralistas” y de “agravar” la situación sanitaria de la ciudad de Buenos Aires.

El senador del Frente de Todos sostuvo que la Ciudad “es el distrito que tiene los peores indicadores, al que peor le fue”, durante la pandemia que afecta al país desde marzo del año pasado.

El legislador porteño responsabilizó a Larreta por haber iniciado prematuramente la campaña electoral y de adoptar normas contrarias a las del Poder Ejecutivo para “quedar bien, dijo, con los antivacunas y los anticuarentena”.

“El jefe de gobierno empezó a hacerse el más flexibilizador creyendo que con esto iba a rendir mejor electoralmente, separándose de la estrategia común que llevan adelante la mayoría de las jurisdicciones”, remarcó, y calificó como “un anuncio marketinero y ventajero” la decisión de no suspender las clases presenciales.

También criticó la última disposición del jefe de Gobierno no invertir en infraestructura escolar y de disminuir los fondos del Presupuesto destinados a la educación.

En respuesta, la senadora de Juntos por el Cambio Guadalupe Tagliaferri dijo que se sentía “orgullosa” de que para su espacio político “cada día cuente en la educación” y negó que el Presupuesto local para el sector haya disminuido.

También remarcó “el daño psicológico” causado a niños y adolescentes por la extensión de la suspensión de clases y afirmó que el gobierno de Rodríguez Larreta construyó 54 escuelas nuevas en cinco años y aumentó a más de 10 mil las vacantes en los establecimientos escolares.

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Andrés De Leo, se expresó sobre la decisión “rudimentaria básica” de la cuarentena estricta del año pasado y resaltó que “nunca se convocó a una mesa interdisciplinaria”, desde el gobierno provincial.

“Ha sido una mala gestión de la pandemia y en el proceso de vacunas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se alineó con el gobierno nacional en una estrategia que ha fracasado en todos los frentes. En su momento, erróneamente creían que priorizaban la salud cerrando y haciendo un confinamiento hiper estricto que en algún momento parecía eterno”, dijo De Leo.

En ese sentido, continuó: “advertimos que era una estrategia rudimentaria básica que podía durar un tiempo limitado y que había que trabajar en otros aspectos de la pandemia en los que no hubiera resistencias económicas, ni sociales ni psíquicas. Nunca se convocó a una mesa interdisciplinaria y se apostó al confinamiento y a la vacuna”.

“Los resultados han sido los que tenemos ahora, los números en materia sanitaria son devastadores y los costos que se han pagado y que se van a seguir pagando desde el punto de vista económico, sanitario y social son extremadamente elevados”, sostuvo mientras que aseveró “nosotros advertimos que había que trabajar en todos los frentes y se fracasó en todos los frentes; hoy el gobierno no puede mostrar ni un solo resultado positivo ni en materia de salud ni sanitario ni educativo”.

“Esto no es poner palos en la rueda ni alentar ninguna cuestión, simplemente una descripción de la realidad”, resaltó De Leo.

Por otra parte, el legislador bahiense se refirió al proyecto de Axel Kicillof que busca construir una Casa de la Provincia en cada uno de los distritos bonaerenses.

El presidente de la Coalición Cívica ARI de la provincia de Buenos Aires expresó que el proyecto de las “mini gobernaciones” es un “despilfarro de recursos y dinero” que busca “crear puestos para la militancia”.

“Es un proyecto que está fuera de la realidad y de la agenda. En otro contexto podría tener algún sentido. Yo creo que la descentralización y la federalización es más que la construcción de burocracia, que muchas veces después no termina siendo más que lugares para crear puestos para la militancia”, manifestó.

“En el medio de este contexto avanzar en ese proyecto me parece un despilfarro de recursos y de dinero, cuando bien podrían ponerse a disposición de otras necesidades más urgentes que tiene la provincia de Buenos Aires”, sostuvo De Leo.

Finalmente, también opinó sobre la decisión del Jefe de Gobierno porteño de continuar con las clases presenciales, desoyendo el decreto impulsado por Alberto Fernández.

“Después de más de un año de experiencia y, habiéndose priorizado en el Gobierno provincial y nacional la vacunación a los docentes, que lo primero que se cierre sean las escuelas es una contradicción y es una muy mala señal porque los costos desde el punto de vista educativo y los demás trastornos que esto trae son muy elevados”, apuntó.

En ese sentido, De Leo enfatizó: “con los cuidados debidos y con los protocolos que se llevan adelante se pudo continuar, no digo con una agenda normal, pero sí priorizando la presencialidad”.

“Evidentemente el Gobierno nacional y provincial ha querido buscar chivos expiatorios por el fracaso sanitario para responsabilizar en aquellas jurisdicciones donde hay responsabilidad para llevar adelante actividades, entre ellas la educación que estuvo parada prácticamente un año”, agregó.

“Decir que la educación se puede reemplazar con virtualidad me parece que es una simplificación porque, si esto fuera así, qué sentido va a tener en el futuro seguir adelante con la presencialidad. Es un error de parte del Gobierno nacional confrontar con estas cuestiones”, concluyó el Senador.

Bajo el slogan “prioridad para salud y protección para la economía local”, más de 70 jefes comunales radicales de Córdoba se reunieron -en forma virtual- para analizar la situación epidemiológica de la provincia. Luego de escuchar la opinión de los alcaldes, presidentes comunales, el Foro de Intendentes Radicales emitió un comunicado, resaltando su acompañamiento a las medidas que tome el Gobierno provincial como herramientas de prevención.  

El texto de los intendentes radicales plantea que “se debe buscar un equilibrio entre cuidar la salud de los vecinos y proteger también las pequeñas economías locales”. Por eso se solicitarán la posibilidad de “mantener abiertos comercios esenciales y no esenciales, y permitir el trabajo de quienes ejercen distintos oficios, siempre bajo protocolos sanitarios y en horarios determinados”. 

El foro que nuclea a los gobiernos locales UCR afirma que está de acuerdo con el grave diagnóstico que tiene hoy el sistema sanitario de la provincia de Córdoba, “en el límite para dar respuesta a miles de contagios diarios. Sin embargo, también es cierto que las economías locales no soportarían otro cierre prolongado de su actividad, que ya lleva más de 14 meses de limitaciones, hundiendo a familias completas en la angustia y la incertidumbre total”. 

El comunicado difundido lleva las firmas de las máximas autoridades de la institución: Oscar Saliba, presidente; Ariel Grich, vicepresidente ejecutivo; Gustavo Bottasso, secretario general y Néstor Cuello, tesorero. 

El Senado debatirá nuevamente un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo nacional que reglamenta diferentes medidas sanitarias para mitigar la segunda ola de contagios, por lo que se descuenta que sea aprobado por la mayoría que cuenta el oficialismo, pero la oposición votará en contra.

Una vez más, los senadores del Frente para Todos y de Juntos por el Cambio deberán poner todo su ingenio para no repetir el discurso de los tratamientos de los anteriores DNU y cuando se aprobó la ley de Emergencia Covid-19.

Con énfasis, el oficialismo defenderá lo realizado por el Gobierno nacional durante la pandemia y acusará como responsable de la situación socioeconómica al gobierno de Mauricio Macri y al rol de sectores opositores que alientan a la desobediencia desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Por parte de la oposición, los vacunados vip y las negociaciones del Gobierno para adquirir vacunas será uno de los principales ejes del rechazo a las medidas del Ejecutivo, que tendrá otro frente de disputa con las clases presenciales y las autonomías de las provincias en decidir qué políticas aplican según la situación.

Así las cosas, el decreto 334/21, que prorroga el 287/21 hasta el 11 de junio, sobre medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Fundamentos

En el texto del decreto, que obtendrá el aval del Senado, se señala que “todas las actividades que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas o sin respetar las medidas de distanciamiento y uso adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de transmisión de SARS-CoV-2”.

“Ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, evaluando las particularidades de cada partido o departamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo”, agrega.

Y continúa: “Como se viene señalando, y ante el acelerado aumento de casos, se deben implementar medidas temporarias e intensivas”.

“Con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en nuestro país, se deben adoptar concomitantemente las medidas sanitarias y de prevención destinadas a mitigar la transmisión, así como el proceso de vacunación de la población”, se sostiene en el fundamento.

En una crítica a algunos gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, en el DNU se reafirma que “resulta fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimiento de las medidas establecidas a nivel nacional y de aquellas implementadas específicamente en cada jurisdicción”.

Tras varias semanas sin sesiones, la Legislatura de la Ciudad se reunirá este jueves a partir de las 11 para debatir una serie de proyectos impulsados por legisladores de Vamos Juntos y sus aliados políticos, a través de los cuales se buscará establecer un alivio fiscal para todos aquellos comercios no esenciales que vieron afectadas sus actividades a causa de la pandemia del Covid-19.

Una de las iniciativas que se pondrán en consideración del cuerpo fue propuesta por Matías López y Agustín Forchieri (VJ), la cual busca eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los comercios que brinden servicios de acondicionamiento físico y gimnasios. La exención regirá para los meses de junio y julio del presente año. 

Otro de los textos fue propuesto por el radical Martín Ocampo (UCR-Evolución) y el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidieron que se deje “sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los periodos de junio, julio y agosto del año 2021 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los establecimientos donde se realicen eventos y/o fiestas de celebración privadas”.

Además se tratará un proyecto del socialista Roy Cortina (PS) para dejar sin efecto el pago del ABL durante junio, julio y agosto a los comercios que funcionen como cine, teatro, locales de baile clase C, centros culturales y academias de danza.

En otro orden de cuestiones, la Legislatura de la Ciudad también debatirá un texto impulsado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, mediante el cual prevé obtener la habilitación correspondiente para poder salir a negociar la compra de más vacunas para inmunizar a la población contra el Covid 19.

A raíz de la crisis económica que atraviesan los comercios de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de los distintos espacios que integran la Legislatura porteña impulsaron proyectos de ley que buscan establecer un alivio fiscal para todos aquellos comercios no esenciales que vieron afectadas sus actividades a causa de la pandemia del Covid-19. 

Es así que los diputados de Vamos Juntos (VJ) Matías López y Agustín Forchieri presentaron una iniciativa de ley que busca eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) a los comercios que brinden servicios de acondicionamiento físico y gimnasios. La exención regirá para los meses de junio y julio del presente año.  

Por su parte el radical Martín Ocampo (UCR-Evolución) y el presidente del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidieron que se deje “sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los periodos de junio, julio y agosto del año 2021 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los establecimientos donde se realicen eventos y/o fiestas de celebración privadas”.

Sobre esa misma línea, el socialista Roy Cortina (PS) propuso que se deje sin efecto el pago del ABL durante junio, julio y agosto a los comercios que funcionen como cine, teatro, locales de baile clase C, centros culturales y academias de danza. 

Mientras que la peronista Claudia Neira (FdT) pidió que se brinde una ayuda económica excepcional equivalente al 75% de la canasta básica alimentaria a la actividad ferial.  Serían beneficiarios de dicha ayuda económica feriantes que se encuentren inscriptos en el Registro de Ferias y Mercados de la Ciudad; y feriantes no inscriptos en el Registro de Ferias y Mercados que no tengan trabajo registrado; acrediten, mediante documentación adjunta, que se dedica a la actividad en cuestión, y tengan domicilio en el distrito capitalino. 

El enfrentamiento político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la presencialidad en las escuelas, que hasta incluyó un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se trasladó a una comisión de la Cámara baja, pero desde otro ángulo con la visión de pedagógos y en salud infantil que expusieron sus puntos de vista sobre la educación en tiempos de pandemia y el futuro.

Bajo la consigna “Los efectos de la pandemia en la niñez y juventudes y desafíos post pandemia”, la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de Diputados, presidida por la radical santacruceña Roxana Reyes, convocó a este debate realizado por videoconferencia a Luisa Brumana, representante de Unicef en Argentina; Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación y Especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo (FLACSO); y Alejandro Castro Santander, docente, investigador y escritor Psicopedagogo Institucional por argentinos por la Educación.

También participaron María Eugenia Cobas, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría; Delia Méndez, coordinadora Nacional del programa de inclusión educativa ‘ACOMPAÑAR’ Puentes de Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación; Ianina Tuñon, coordinadora e investigadora responsable del Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, entre otros.

Al respecto, Brumana sostuvo que “en varios países, según los datos obtenidos, la reapertura escolar con protocolo de protección no conduce a una amplia transmisión del virus”.

Tras una presentación, a modo de conclusión, Brumana dijo que “para Unicef, la escuela presencial no aumenta el riesgo para la salud de los niños cuando hay protocolos de cuidado”.

“Las escuelas no impulsan la transmisión en la comunidad, sino que reflejan la tasa de la comunidad; el cierre de las escuelas tiene un impacto negativo significativo en la salud y en el bienestar de los niños”, señaló la representante de Unicef, que concluyó: “Las escuelas deberían ser las primeras en cerrar y cuando hay cierres, las primeras en abrir”.

Por su parte, el licenciado en Educación, Gabriel Bremer, sostuvo que “no se puede exigir normalidad a la escuela cuando estamos en un periodo de excepcionalidad por la pandemia, porque eso casi roza con un principio de negacionismo”.

“No es salud o economía. En tiempos de excepción, tampoco es presencialidad o no presencialidad. Otra de las falsas antinomias binarias es escuela cerrada o abierta, pero las escuelas nunca cierran. Es una falsa opción binaria”, sentenció.

Para la licenciada en Ciencias de la Educación con Especialización en Nivel Inicial y Primario, Delia Méndez aseveró que “poner en discusión o en tensión salud versus educación sería reducir lo que la pandemia nos está demostrando” porque “hablar de la presencialidad como la única manera de asistir a la escuela como edificio escolar reduce también la categoría que deberíamos estar analizando”.

En ese sentido, planteó que el análisis correcto sería: “La escuela es solo el edificio escolar. En ese sentido, la no presencia en el edificio escolar, no significa que no se esté dando el desarrollo de los procesos educativos”

“Debemos plantearnos seriamente si la bimodalidad -presencial y virtual- llegaron para quedarse. La epidemia viene a marcar que hay procesos de transformaciones en lo pedagógico que se deben llevar a cabo”, finalizó.

A su turno, la pediatra María Eugenia Cobas, coincidió con la presentación de la representante de Unicef porque “la experiencia en nuestro país es que el porcentaje de niños enfermos de Covid es bajo y aún más bajo en los enfermos graves”.

“Según los datos de otros países con más testeos, han determinado que la posibilidad de infectarse en la escuela es baja, casi del 1 por ciento”, remarcó al mismo tiempo que planteó que “los pediatras estamos preocupados por la pandemia oculta en niños y adolescentes”, ya que “ha aumentado las consultas por trastornos de conductas y alimenticios”.

Durante su exposición Castro Santander marcó que “existe una deuda con las familias de barrios populares que no se pueden conectar” mientras que la psicóloga Barbara Abadi señaló que “la pérdida de lazos con maestros, compañeros en edades en la que se está armando el aparato psíquico tiene efectos difíciles de pronosticar, pero de seguro preocupantes”.

Luego, Ianina Tuñon puso el énfasis en que “el 20 por ciento de los niños se encuentran en la pobreza extrema y no tienen ningún tipo de continuidad educativa, como está ocurriendo en los secundarios del conurbano bonaerense donde las desigualdades se profundizaron muchísimo”.

En tanto, el coordinador del Centro de Educación Popular y Pedagogías críticas de la Fundación La Salle Argentina, Gustavo Galli, afirmó que “por supuesto que la no presencialidad afecta a la educación, ya que todos los que somos docentes queremos volver a la escuela ya. Pero me parece que no podemos dejar de ver que esto ocurrirá en la medida que la epidemiología lo permita”.

Asimismo, la licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales con orientación en Antropología (UNLP), Mariana Cháves, manifestó: “Necesitamos construir un espacio para el relato del cuidado colectivo. Una apuesta importante tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones estatales, los lazos sociales y comunitarios y la redistribución de la riqueza”, apuntó.

Al finalizar, el licenciado en Ciencias de la Educación, Gustavo Iaies, sostuvo que “el mundo adulto necesita construir alguna certidumbre, los pibes no pueden vivir con adultos que dudan todo el día. Alguien dirá que no tenemos la certidumbre, pero debemos trabajar en construirla”, concluyó.

Con mayoría asegurada en la Bicameral de Trámite Legislativo, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de validez del DNU 334/21, que dispuso un nuevo confinamiento en las zonas del país con más alto riesgo epidemiológico a causa de la pandemia de Covid.

Los legisladores de Juntos por el Cambio, presentes en la reunión de este miércoles, a diferencia del último encuentro, manifestaron su rechazo y cuestionaron el uso de DNU’s por parte del Gobierno nacional.

Además, los opositores aseguraron que el decreto atenta contra el federalismo de concertación, al igual que el proyecto de ley sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, que comenzará su tratamiento en breve en la Cámara baja.

En el comienzo del debate, la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) ratificó la importancia del funcionamiento de la bicameral y se refirió al proyecto de ley votado en el Senado la semana pasada para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios.

“En pandemia a diario se deben tomar diferentes decisiones”, expresó la oficialista y defendió esa iniciativa del Poder Ejecutivo -que ahora deberá tratar la Cámara baja- ya que “es central porque se ha cuestionado mucho el uso de DNU”, y esa ley “le va a permitir a nuestro presidente y a nuestros gobernadores tomar la medidas necesarias”.

En una exposición sostenida con varios gráficos sobre los datos de la pandemia, el diputado tucumano Pablo Yedlin (FdT) señaló que “llegamos a este DNU cursando una enorme cantidad de casos”, en la cual se duplicó “la cantidad de casos de la primera ola en el país”, por lo que hay “una situación muy crítica, con áreas muy congestionadas”.

Durante su intervención, el oficialista insistió que “en algunos medios hay una tendencia a sobrevalorar cómo se gestionó la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires”, pero “es una pena que eso no esté acompañado por los números”, ya que el distrito porteño tiene “la peor mortalidad por lejos”.

Yedlin destacó que en el país “se aumentó la capacidad de testeos” y “las vacunas están mostrando efectividad y resultados en la población real”.

“Quizás este sea el último DNU de estas características que tengamos que debatir en esta bicameral, porque viene la ley que muchas veces se reclamó desde la oposición”, dijo y remarcó que estamos en el momento de “la gravedad más grande que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia”.

En contra del DNU, el diputado porteño Pablo Tonelli (Pro) argumentó el rechazo de Juntos por el Cambio al indicar que el decreto “reproduce un proyecto de ley que el presidente ya ha enviado al Congreso”, el cual “está funcionando”, por lo que “no se justifica que el presidente recurra a este instrumento”.

“La improcedencia del DNU se agrava por el hecho de que el presidente ya ha mandado un proyecto de ley al Congreso”, reiteró, y opinó que esto es “claramente una interferencia en la tarea del Congreso, totalmente injustificada”.

Además, el macrista consideró que “no hay ninguna razón de urgencia y necesidad” porque “nada de lo que está ocurriendo en materia sanitaria es imprevisto”. “La pandemia se instaló en Argentina en marzo del año pasado. Nada de lo que está ocurriendo es novedoso, más allá de que los casos puedan aumentar o disminuir”, manifestó.

El legislador cuestionó que en el DNU se establece un “facultamiento a los gobernadores”, algo que “es un despropósito, un disparate que no tiene cabida en la Constitución Nacional. Las provincias son autónomas, tienen sus propias atribuciones y no necesitan que el Gobierno nacional las faculte a nada“.

Tonelli criticó también que el decreto carece de los argumentos del último fallo de la Corte Suprema -sobre el DNU 241/21 cuestionado desde CABA- , y va en contra del federalismo de concertación. En ese sentido, el opositor enfatizó que el Gobierno debería “respetar la Constitución, respetar los fallos de la Corte, y buscar coordinar y concertar con las provincias”.

Luego, el senador pampeano Daniel Lovera (FdT) subrayó que “no se pueden tener 24 estrategias sanitarias distintas, no se puede fragmentar la gestión de la pandemia”. Y aseveró que la situación actual “nos exige más que nunca sensatez, conciencia colectiva y responsabilidad política en lo que hacemos y también en lo que decimos; ojalá que podamos dar desde este Congreso una muestra de grandeza y esfuerzo conjunto sin especulación política”.

Por su parte, el diputado chubutense Gustavo Menna (UCR) afirmó que “esta estructura jurídica está al margen de la ley”, porque el DNU 334/21 hace referencia al decreto 260/20 y sus modificatorios, mediante el cual se amplió la emergencia que había dispuesto la Ley de Solidaridad Social, que “está caduca”. “Es una cuestión grave”, apuntó.

El radical cuestionó el uso de DNU’s por parte del Gobierno, que “lo que ha hecho es transformar en regla la excepción”, y recordó que “de los 98 Decretos de Necesidad y Urgencia, solo se han tratado 40” en la comisión. “Emergencia claramente la hay, pero no hay una cuestión novedosa que impida seguir el trámite para las leyes”, dijo, en consonancia con su par Tonelli.

“He escuchado que el Poder Ejecutivo se toma atribuciones inconsultas con las provincias. Quiero decir que, previo al dictado de este DNU, como de los anteriores, el presidente ha tenido reuniones con los gobernadores, precisamente interiorizándose sobre las problemáticas de todas las provincias. Diálogo hubo y en exceso“, destacó la senadora formoseña María Teresa González (FdT).

Por último, y ya con los legisladores de la oposición desconectados de la reunión, el senador porteño Mariano Recalde (FdT) sostuvo que “estamos en el peor momento desde el comienzo de la pandemia, un momento de verdadera urgencia donde se necesitan medidas drásticas mientras se espera la llegada de lo que creemos la verdadera salida y libertad, que es la vacunación”.

El kirchnerista criticó a la oposición que “desde hace un tiempo viene modificando su postura”, cuando en un principio de la pandemia acompañaron al Gobierno incluso con “medidas más drásticas y la evolución de la pandemia que no era tan grave como ahora”.

El legislador fustigó que este “cambio” se da por el año electoral, en el que desde Juntos por el Cambio “empezaron con todo tipo de estrategias de diferenciación y de obstrucción a las medidas que lleva a cabo el Gobierno”. Y resaltó que en sus fundamentos para oponerse “omiten la cantidad de muertes, de contagios y del sistema sanitario”.

“Si esta no es una situación de necesidad y urgencia, no se me ocurre otro ejemplo más claro”, agregó, y completó: “Es un decreto dictado en una situación nueva que hizo que hasta algunos opositores a estas medidas terminen aplicándolas en sus distritos”.

El DNU 334/21 prorrogó hasta el 11 de junio los alcances de DNU 287/21, al tiempo que sumó medidas “preventivas adicionales” para los puntos del país con alto riesgo o alarma epidemiológica. En ese sentido, del 22 al 31 de mayo y durante el fin de semana del 5 y 6 de junio, habrá un confinamiento más estricto en esos lugares.

Entre las restricciones, se suspendieron completamente las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial; se habilitó solamente la apertura de los comercios considerados esenciales, mientras que el resto puede funcionar con envío a domicilio o entrega en puerta; y se dispuso que las personas puedan circular en las cercanías de su domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas; entre otras.

El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia, Maxi Abad, cruzó con dureza al jefe de Gabinete Carlos Bianco, quien responsabilizó a la oposición y a los medios de comunicación de “haber influido en la cantidad de muertos” durante la pandemia.

“¿Hasta dónde el gobernador y el jefe de Gabinete van a llevar la mirada ideológica en un tema que no admite ninguna ideología? El viernes Kicillof en la conferencia dijo que no había que enloquecer a la gente con discusiones que distraen del problema central, y que no hay que politizar la pandemia, pero dos días después su jefe deGabinete lo contradice con esta declaración irresponsable”, afirmó Abad.

“(Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Elisa) Carrió pusieron palos en la rueda todo el tiempo”, disparó el funcionario de la gestión de Axel kicillof.

Para Abad, “Hay que recordarle a Bianco que los vacunatorios VIP, las falsas promesas, los incumplimientos, las impericias, la falta de gestión, los funcionarios que no funcionan y la incapacidad son los principales responsables de las muertes, contagios y del encierro de los argentinos. El problema que tiene es que los bonaerenses saben perfectamente cómo es la situación y Bianco no puede disimular la falta de gestión, aunque le eche la culpa a cualquiera”.

El jefe de la bancada volvió a insistir en el pedido de que “el Gobierno tiene que empezar a gobernar, y dejar de buscar culpables afuera. Tienen que mirar hacia adentro para explicar por qué hoy estamos como estamos”.

Finalmente, Abad sostuvo que “culpar a los medios de comunicación y a la oposición por el fracaso estrepitoso que los gobiernos nacional y provincial han tenido en relación a la pandemia es poco menos que ridículo y no resiste el menor análisis. Esa visión suena a excusa, o a fomentar un clima de confrontación que disimule la falta de gestión”-

El presidente del interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó la “falta de autocrítica” del Gobierno nacional frente al recrudecimiento de la segunda ola de coronavirus.

“El presidente habló por cadena nacional con un tono en el que se podía pensar que iba a reconstruir el diálogo había destruido, pero a los dos minutos estaba recriminándole a los ciudadanos. Muchos se han contagiado ahora por la mala praxis del Gobierno por no hacer las cosas que correspondía hacer, como testear más y conseguir las vacunas que se prometieron. La mejor defensa después de la primera ola eran las vacunas y terminó siendo la peor gestión”.

“Estamos en el peor momento. La sociedad está más estresada que hace un año y tenemos la economía pulverizada”, continúo Negri. “No sé si el Gobierno toma dimensión de la fatiga social. Dictaron 14 DNU durante la pandemia y ahora mandan una ley que pide más facultades. ¿Para qué piden más facultades si quien tuvo todo el poder tiene toda la responsabilidad del fracaso? En todo caso, cambien el método, escuche otras voces”, manifestó el legislador cordobés en declaraciones al programa radial Magdalena y la noticia deseada.

“En un acto de humildad, el Gobierno debería hacer un repaso de la terapia que usó durante un año. Aplicó siete meses y medio de cuarentena y anduvo mal ese tratamiento”, agregó. “El presidente debe cambiar la terapia. Ver bien el orden de prioridades. Tiene que escuchar un comité asesor interdisciplinario diez veces más amplio. Porque arrancó mal en la segunda ola. En vez de decir ´cometí errores, vamos a dar un salto cualitativo, sigue sin explicar por qué fallaron con las vacunas’. Acá hay culpas que aluden a ideología, a incompetencia, a negocios, a corrupción. Le ha dicho al mundo que hay inmoralidad con las vacunas y no condenó el vacunatorio VIP”.

Negri agregó que “el Gobierno tiene la obligación de cambiar porque se trata de la vida. Llamen, escuchen, no griten, no se enojen. Si no, parece que todo estuvo bien, que no hubo mala gestión. Parece que están con una venda en los ojos y no ven los errores. No se puede ser negacionista”.

Para el jefe del interbloque JxC de la Cámara baja “estamos mal porque no hay brújula en la economía y en la salud, solo la tienen en lo institucional para avanzar en la Justicia. Todos los países en la segunda ola le van encontrando la vuelta, pero a nosotros se nos cayó 10 puntos el PBI, la pobreza creció al 50 por ciento, al ministro de Economía le hacen zancadillas en el propio gobierno. No hay forma de cambiar las prioridades si el Presidente no está orientado. Acá no sabemos dónde está el piloto”.

El expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación y dirigente de Juntos por el Cambio Emilio Monzó confirmó su candidatura a gobernador bonaerense y admitió los “errores” que se cometieron durante la gestión de Cambiemos.

Entrevistado por Radio Provincia, señaló que “me arrepiento de las cosas que no hago y aprendo de los errores. Cometimos muchos errores en lo político y en lo económico y hoy tenemos la autocrítica de aprender. El error inicial fue no ir a fondo con las reformas estructurales que necesita la Argentina. El gradualismo fue un error y hoy continuamos con un gobierno que sigue administrando la impotencia de gobernar la Argentina”.

Monzó agregó que “voy a mantener la identidad y prefiero hacer este aporte para el país y la Provincia. Tengo muchas ganas de ser Gobernador porque me considero un apasionado de la Provincia, caminador de la Provincia” y dijo que en las elecciones legislativas será candidato a diputado de la Nación como trampolín hacia la gobernación.

En torno a la interna de Juntos por el Cambio afirmó que “si a tus adversarios los querés expulsar, nunca vas a poder lograr ganar; me parece que ese fue un error cuando fuimos gobierno si no tratamos bien a la gente que está adentro menos va a querer venir la gente de afuera”.

En cuanto al manejo de la pandemia desde el Gobierno nacional, Monzó indicó que “en el mundo hay tres parámetros que ayudan para ver de qué manera se trabaja: la experiencia que la mayoría del mundo no tenía, la capacidad instalada del sistema sanitario y el punto más subjetivo que tiene que ver con la confianza social”.

En ese marco, destacó que “al inicio fue muy bueno, la mesa de Fernández – Kicillof – Rodríguez Larreta, porque dio confianza a la gente pero duró 3 o 4 meses y comenzaron a confrontar y el Gobierno falla como es característico del kirchnerismo más en la forma que en el fondo. Es decir, si tengo que criticar algo es más la forma que el fondo, lo cual es una característica del Gobierno kirchnerista y por ello la figura de Rodríguez Larreta, con su forma termina siendo el personaje a observar”.

“Es parte de lo que venimos viviendo los argentinos desde la 125, la década de la polarización improductiva donde es mucho más redituable el antagonismo que el centro para dialogar y transformar la realidad”, finalizó Monzó.

Tal como vaticinaban tanto la experiencia europea, como las advertencias de los principales referentes sanitarios de nuestro país y el mundo, más que una segunda ola de la pandemia, nos enfrentamos a un auténtico tsunami.

El mensaje y la panorámica con los principales referentes del Frente de Todos en la localidad de Ensenada, demostraron ser un claro mensaje de unidad y respaldo a las medidas tomadas por el presidente Alberto Fernández. 

Quienes encabezan una oposición desestabilizadora y a contramano del reclamo social,  lejos de alinearse a los tiempos de unidad en pos del cuidado de la vida, parece querer todo lo contrario, primando el cinismo y la mentira como formas de hacer política.

Cuando Alberto dice que es momento de “hacer aquello que se debe, en el momento apropiado”, va en sintonía con la toma de decisiones de los  principales líderes mundiales. No hace mucho y en virtud de la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, el  Papa Francisco destacó  que vivimos en “un momento en que la grave crisis que enfrenta nuestra familia humana reclama respuestas unitarias y visionarias,  guiadas por la preocupación de construir una sociedad marcada por verdadera justicia y libertad, junto al respeto por los derechos y la dignidad de cada persona, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz”.

Si bien estamos pasando momento dificilísimos, la reconstrucción argentina no es un slogan, ni una pieza de marketing. Es una realidad que aún en medio de esta cruenta Pandemia, se refleja en la realidad de las y los argentinos.

El Gobierno Nacional espera un crecimiento del Producto Bruto Interno del 7% como base para 2021, a partir de los indicadores que ratifican una consolidación de la recuperación de la actividad, el empleo, y el fortalecimiento de las cuentas públicas.  En sintonía y según estimaciones del   Fondo Monetario Internacional la economía argentina crecerá un 6% en 2021 estimando que la economía del país se recuperará este año un poco más de la mitad de lo perdido durante el 2020  a raíz de la pandemia y de la crisis, y verá incrementado el balance de su cuenta corriente externa en 2,3%.

Por su parte, el Banco Mundial mejoró la perspectiva de crecimiento para la Argentina en 2021 y prevé un rebote de 6,4%. En sintonía, En lo que refiere a la salud de los argentinos, las vacunas no dejan de arribar y los acuerdos con los principales laboratorios del mundo, junto a la liberación de las patentes auguran un futuro prometedor.

La exitosa gira del presidente donde cosechó los apoyos de los gobiernos europeos tan importantes en tiempos de crisis y renegociación de la deuda externa, son  también una señal de los buenos tiempos que se avecinan luego de tanto sacrificio por parte de la sociedad toda.

La producción local y el aceleramiento del plan de vacunación, los incentivos para quienes nuevamente deberán bajar su producción o cerrar durante algunas semanas sus fuentes de ingresos, son los últimos esfuerzos que todas y todos como sociedad tenemos la obligación de hacer.

No podemos pensar de manera individual ni dejar que un año electoral empañe nuestro objetivo principal que es salvar vidas sin detener el aparato productivo del país y continuar la reconstrucción Nacional de cara a un futuro de felicidad y justicia social para todas y todos los argentinos.

HTG es Subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de las Nación   y Presidente de Partido del Trabajo y la Equidad de la provincia de Buenos Aires.

A causa del recrudecimiento de la segunda ola del Covid 19, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta,  anunció que el distrito capitalino también adoptará las medidas de restricción dispuestas por el presidente Alberto Fernández, con la intención de reducir la circulación.

No obstante, el alcalde local volvió a diferenciarse de Nación en cuanto a las clases: decidió suspender por tres días el dictado de clases e indicó que el calendario escolar será modificado de forma tal que los mismos sean recuperados de manera presencial en diciembre próximo.

En ese sentido afirmó que luego de los feriados del 24 y 25 de mayo, “los días miércoles, jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases presenciales ni virtuales” y precisó que “a partir del lunes 31 de mayo se volverá a la situación actual”, con lo cual adelantó que “la Ciudad lo primero que va a abrir son las escuelas”.

Asimismo indicó que están “convencidos que en este momento de tanta angustia es importante llevar tranquilidad trabajando de manera coordinada con el Gobierno nacional y las provincias” y remarcó que “la situación sanitaria es muy preocupante y se ha visto en los últimos días que aumentaron los casos de coronavirus en la Ciudad. Eso demanda un enorme compromiso y responsabilidad, y poner el esfuerzo en seguir cuidándonos”.

Mientras que en relación a la disparada de casos, Larreta recordó que los casos estaban en 2.100 reportes diarios, mientras que “hace una semana volvieron a subir con un promedio de 2.500, con días por arriba de los tres mil, lo que implica un R, una tasa de contagiosidad, mayor a 1, exactamente a 1,07” y manifestó que “esto nos preocupa mucho, porque además se suma al aumento en la ocupación de camas de terapia intensiva del 83% en el sector público”.

Las medidas comenzarán a regir el sábado a la hora 0 y contemplan una limitación a la actividad comercial no esencial y a los locales de gastronomía, al tiempo que se cerrarán 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de los 127 que la conectan con municipios bonaerenses, los que estarán controlados por fuerzas de seguridad.

De esta manera, los comercios esenciales podrán seguir abiertos con los protocolos vigentes, mientras que los locales considerados no esenciales estarán autorizados a funcionar, pero con la atención desde la puerta; en tanto que la actividad del sector gastronómico será bajo la modalidad de delivery o retiro en el local, indicó. Mientras que los clubes no podrán abrir sus puertas y quedan prohibidas las ceremonias religiosas; en tanto que en las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales, explicó el mandatario porteño.

El jefe de bloque del Frente de Todos de la Cámara alta, José Mayans, afirmó este jueves que el país está con “una situación extrema” debido a la cifra de contagios de Covid-19 y la cantidad de fallecimientos y “hay una oposición salvaje que no entendió que estamos en una pandemia”.

Durante el cierre del debate sobre la ley del Poder Ejecutivo para establecer parámetros epidemiológicos para administrar la pandemia, Mayans cargó contra la oposición: “Nosotros estamos en estrategia sanitaria, pero ellos están en una estrategia electoral. Ahí está la diferencia”.

Fiel a su estilo, aseveró: “El diálogo que quiere la oposición es todo verso porque ya sabemos lo que hicieron cuando fueron gobierno. Todo mentira porque destruyeron la institucionalidad en la Argentina”.

Previo a que se aprobase la media sanción que pasó a Diputados por 38 votos a favor y 26 negativos, el senador formoseño manifestó: “En esta batalla estamos nosotros con el pueblo solos porque de la oposición no se puede esperar nada”.

“Hablan de que quieren dialogo y es mentira porque hasta después de las elecciones no va haber dialogo”, remarcó.

Al finalizar su discurso, el senador oficialista fustigó: “Nadie tiene la capacidad de destrucción que tiene Cambiemos porque primero destruyeron el país y luego destruyeron la estrategia sanitaria de Formosa atacando, mintiendo con el apoyo de los medios”.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” recibió este jueves media sanción del Senado.

La iniciativa apunta a otorgar facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de coronavirus.

Su objetivo es “establecer medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de contagios por Covid-19 que se aplicarán en todo el país”.

Con la misión de ganar respaldo, el oficialismo en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones al texto. Uno de los cambios es que se incorporó que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. La versión original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido cuando el proyecto ingresó al Senado.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. La ausencia de un plazo en la norma era otro de los planteos que se cuestionaron.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determinó la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -el texto inicial decía 20 en lugar de 19- para los aglomerados de más de 300 mil habitantes y que estén en alarma epidemiológica; y se agregó que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Asimismo, se sumó que quedará “autorizado el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”.

“En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la citada ciudad, según corresponda. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado, por parte del o de la acompañante”, añade el artículo.

Uno de los puntos que logró el cambio de postura del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) es la aclaración de que, en los casos de “alto riesgo”, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán “disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales” en zonas que presenten parámetros diferentes al resto del distrito.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”. Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Otros puntos

Para el Ejecutivo Nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Para las zonas más “calientes” en cuanto a cantidad de casos, “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar” y “dichas medidas podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos”.

Además, se prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

Por Melisa Jofré

El Frente de Todos en el Senado, con el acompañamiento de aliados, dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores puedan tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos.

La votación cosechó 38 votos a favor, del oficialismo y el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); y 26 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

La aprobación se dio luego de un extenso debate, en el que Juntos por el Cambio ratificó su rotundo rechazo a la iniciativa por asegurar que es inconstitucional, además de anticipar que reclamará ante la Justicia.

El proyecto se votó minutos después del anuncio de Alberto Fernández -por cadena nacional- sobre un nuevo confinamiento, a causa de la fuertísima suba de casos -con cifras de más de 35 mil por día- y fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia en Argentina, allá por el 3 de marzo de 2020.

Desde la firma del dictamen hasta su llegada a la sesión, el texto sufrió una serie de modificaciones, con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en la Cámara de Diputados, donde los votos se prevén ajustados.

Dado el rechazo que tuvo la iniciativa desde un principio, y los tiempos que se retrasaron por las consultas con la Casa Rosada y el plazo que maneja el Senado para tratar los dictámenes en el recinto, la ley no pudo lograrse antes de este viernes 21 de mayo, día en que vence el último DNU dictado por el Gobierno.

Al abrir el debate, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun señaló que “mucho se ha dicho de los supuestos superpoderes que esta ley significaría para el presidente de la Nación. Nosotros entendemos que por el contrario, el presidente a través de esta ley lo que está haciendo es justamente autolimitarse en sus facultades”.

La santafesina cuestionó a la oposición por cambiar de postura debido al año electoral y lamentó que “seguimos padeciendo un alto nivel de contagiosidad y seguimos teniendo más muertos en Argentina”. “Yo creo que es un momento para que construyamos puentes, diálogo y consensos”, opinó.

En defensa del presidente, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales afirmó que “celebra” que Alberto Fernández “gobierne no mirando las encuestas, sino tomando las decisiones que tiene que tomar, que muchas de ellas son muy pocas simpáticas para la población, no me cabe duda de ello”.

De la vereda de enfrente, el radical Mario Fiad consideró que esta ley “es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo”.

El presidente de la Comisión de Salud rechazó que mediante esta norma “el Congreso les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias” cuando éstos “ya saben lo que pueden hacer en sus provincias, lo saben desde que tenemos una Constitución”.

Para el legislador jujeño, la “estrategia sanitaria” que se debe encarar es la de “acceder a las vacunas en cantidad suficiente para inmunizar a la población”. “Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia”, manifestó, en alusión a las medidas adoptadas por Nación.

Luego, el porteño Martín Lousteau observó que “el oficialismo cuando hay un obstáculo, algo en el sistema que le impide hacer exactamente lo que quiere, instala una ficción de debate y una ficción de acuerdo, como si el consenso fuese cumplir el trámite de que algo pasa por el Parlamento, en lugar de abocarnos a una real deliberación y a ponernos de acuerdo”.

“Este proyecto podría haber sido el proyecto más importante del año, y si hubiésemos sido capaces de resolver esto en el Congreso hubiese mostrado un gran esfuerzo de democracia representativa y de esfuerzo colaborativo para armonizar todos los derechos e intereses que están en juego; porque todo tiene su costo, cerrar tiene costo, no cerrar tiene costo, si hubiésemos tomado decisiones con mas rigurosidad y evidencia, quizás hubiésemos podido reducir los costos generales en las múltiples dimensiones”, analizó el radical, que aseveró que “a pesar de las declamaciones” del oficialismo “no hay ánimo de acordar y de dialogar colectivamente para abordar esta enorme crisis que estamos atravesando”.

En respuesta a las críticas, el senador del Frente de Todos Dalmacio Mera manifestó: “Estamos viviendo una situación dramática y las especulaciones políticas están a la orden del día. Las internas de los partidos políticos se mezclan a la hora de tomar decisiones y eso es lamentable porque este es un tema estrictamente sanitario que vive la Argentina y el mundo, pero ahí están las especulaciones con una falta total de sentido común. Me parece lamentable y dejamos mucho que desear”.

“Tenemos más de 70 mil muertos. Hay un virus que infecta a muchos dirigentes políticos que vino muy fuerte con la segunda ola y es el virus de la encuestitis”, lanzó el catamarqueño, quien agregó que “ahora que hay que tomar decisiones, esa misma dirigencia ha quedado presa de ese odio que ha sembrado”.

En ese sentido, el legislador dijo que “quieren preservar la imagen propia y por eso miran siempre las encuestas antes de tomar una decisión, y también quieren mantener la imagen para el núcleo duro de su partido y especulan si acompañar o no, para no ser acusados por los halcones que son una parte de la dirigencia que siembra el odio sobre los otros”, dijo en referencia a la interna de Juntos por el Cambio.

Avanzado el debate habló la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien resaltó que “Argentina no está solamente de luto por los fallecidos de Covid. Hoy el Senado está de luto porque los senadores, que tenemos que defender los derechos de las provincias, vamos a enterrar el federalismo que establece nuestra Constitución y las leyes”.

La senadora del Pro sostuvo que esta ley “va a convertir a un presidente en un emperador, le va a dar la suma del poder público y se va a arrogar facultades que le pertenecen a las provincias”, tales como sus competencias en “salud, educación, tránsito interno, cuándo cerrar o abrir un negocio”.

“Una ley no puede venir a tomar esas facultades”, insistió Rodríguez Machado, que anticipó que la oposición recurrirá a la vía judicial. “Los gobernadores no son delegados del presidente, no pueden avalar esta ley que les impide ejercer sus funciones”, añadió.

Recogió el guante el oficialista Oscar Parrilli, que remarcó: “La verdad que me llamó mucho la atención que hablan de emperador y hablan de dictadura, de golpe de Estado, y cuando uno los escucha, pareciera que nunca gobernaron en Argentina. ¿Ustedes se olvidan que hace poquito terminaron de gobernar por cuatro años sin ninguna pandemia? ¿Se olvidaron de cómo dejaron a la Argentina?”.

“¿Ya se olvidaron de las atrocidades que hicieron desde el punto de vista educativo; de la salud, con cinco hospitales sin terminar en la provincia de Buenos Aires porque solo habían sido hechos por la gestión de Cristina Kirchner?”, fustigó el kirchnerista, y continuó diciendo que “hablan de emperador y se olvidan de los 80 Decretos de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente (Mauricio) Macri y todas las atrocidades que hicieron; que comenzaron queriendo nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto”. “Hablan de dictadura y ustedes me espiaron el teléfono durante ocho meses violando mi intimidad”, apuntó.

En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck celebró que “el Gobierno nacional ha acertado en aceptar algunas modificaciones a esta ley, y esta norma echa una luz” al manejo de la pandemia, por lo que “es preferible a los DNU”. “Quiero agradecer la predisposición -del oficialismo- por haber aceptado las modificaciones que hemos presentado”, dijo.

El exgobernador rionegrino destacó que, en el contexto actual, “se retomó el diálogo entre el presidente y los gobernadores antes de tomar una decisión, lo que es una normalidad institucionalidad”. “Hasta ahora no ha habido ningún gobernador ni gobernadora que públicamente rechazare esta ley”, mencionó.

Mientras el presidente Alberto Fernández brindaba su mensaje por cadena nacional, Weretilneck indicó: “Seguramente las medidas que se están anunciando ahora son todas compartidas por los gobernadores. No ha habido alguna voz altisonante o de rechazo a lo que el presidente le planteó a los gobernadores”.

Completamente en contra del proyecto, el jefe del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, consideró que “con esta ley estamos generando un precedente nefasto respecto al federalismo, porque se va a pasar por arriba violentamente sobre las autonomías provinciales”. Y acusó a los gobernadores por “el silencio cómplice con el que fueron domesticados con promesas” para “este golpe artero al federalismo”.

“Nosotros no negamos la pandemia, aunque hay unos efectos internos en el manejo de la pandemia, y por eso hay que diferenciar a la pandemia de la cuarentena y sus efectos, ya que hubiese tenido otros efectos con un mejor seguimiento, con menos malas praxis, con mayor detección, con un aislamiento focalizado y luego con una mayor vacunación”, reclamó el salteño.

En esa línea, enfatizó: “Por la mala praxis del Gobierno en el manejo de la pandemia se ha agravado la caída de la actividad económica, con una inflación que va a generar una crisis muy grave para el año próximo”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “a las 21.06, estamos tratando una ley que aborda los parámetros epidemiológicos según las urgencias del Poder Ejecutivo Nacional”, pero “a las 20.35, con el mensaje grabado del presidente -transmitido por cadena nacional- y sus decisiones, echa por tierra todo marco de legalidad y legitimidad del contenido de la norma que hoy sancionamos”.

Efusivo, el senador formoseño opinó que “es importante hacerse cargo en política. La palabra ausente en el oficialismo es autocrítica, porque nadie explicó por qué estamos cómo estamos”. “Para nosotros, el Gobierno cometió dos grandes errores: el primero, se subestimó la pandemia cuando inició y eso tuvo costo; y el otro error fue la sobreestimación de la única herramienta que exhibió el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia como fue la cuarentena”, cuestionó.

El radical aseguró que el Gobierno “no escucho, se aisló y no tuvo un plan. No nos pueden acusar que no hubo voluntad de acompañamiento”. “Si queremos retomar el camino de la normalidad, vamos a hacer el acuerdo que quieran, pero le vamos a exigir una sola cosa al Gobierno: gestione vacunas, vacunas para la sociedad, para los trabajadores esenciales. Vacunas y testeos. Vacunas para encontrar la salida porque hay un hartazgo social”, completó.

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, advirtió que “estamos con una situación extrema y con una oposición salvaje”, y acusó a Juntos por el Cambio de “tener una estrategia electoral”. “Es mentira que buscan el diálogo”, expresó.

“Nosotros estamos en estrategia sanitaria, pero ellos están en una estrategia electoral. Ahí está la diferencia”, cargó el formoseño que, fiel a su estilo, aseveró: “El diálogo que quiere la oposición es todo verso, porque ya sabemos lo que hicieron cuando fueron gobierno. Todo mentira, porque destruyeron la institucionalidad en la Argentina”.

En su discurso, el oficialista fustigó que “nadie tiene la capacidad de destrucción que tiene Cambiemos, porque primero destruyeron el país y luego destruyeron la estrategia sanitaria de Formosa atacando, mintiendo con el apoyo de los medios”, al mencionar el incremento de casos en su provincia.

Por Melisa Jofré

En la sesión de este jueves, el oficialismo en el Senado buscará alzarse con la media sanción del proyecto de ley enviado por el Gobierno para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19”.

Tras las propuestas que se hicieron llegar a Casa Rosada, y con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en Diputados, donde los votos se prevén ajustados, el Frente de Todos en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones a la versión original.

La bancada de Juntos por el Cambio -y en sintonía el interbloque Parlamentario Federal- ya anticipó su rotundo rechazo a la iniciativa de facultades especiales para disponer restricciones sanitarias, al considerarla inconstitucional y en contra de la línea que marcó la Corte Suprema de Justicia a través del fallo sobre las clases presenciales. Pero también dijo que no votará a favor el rionegrino Alberto Weretilneck, quien suele acompañar al oficialismo en las votaciones.

Uno de los cambios incorporados al proyecto, al que accedió parlamentario.com, es que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. El texto original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. El plazo de la norma era otro de los planteos.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determina la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -la versión inicial decía 20 en lugar de 19-; y se agrega que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”.

Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Sobre el final del debate por la postergación del cronograma electoral se agregó al listado Mario Negri, que a priori no estaba anotado. Y al darle la palabra el diputado Marcelo Casaretto, que presidía en ese momento la sesión, lo presentó así: “Se ha anotado como orador individual el presidente del interbloque, Mario Negri, provincia de Córdoba. Señor presidente, tiene la palabra”.

“Nacido en Entre Ríos, cerca del pueblo donde vive usted, a quienes le ganamos siempre jugando al fútbol”, precisó Negri al arrancar. Y al concluir su discurso, Casaretto expresó sonriendo: “En mérito a su investidura como presidente del ineterbloque, le dimos unos minutos más… Y por ser nacido en Entre Ríos, sobre todo”.

Pero hubo más de entrerrianos. Varios oficialistas se anotaron también para hablar en el cierre, igual que Negri. Entre ellos Carolina Gaillard, de quien luego de presentarla Marcelo Casaretto resaltó también su condición de entrerriana. Y ella, al arrancar, destacó que era “un gusto que un entrerriano esté presidiendo la sesión”, reivindicándolo por el federalismo que ello demostraba.

“Diputada, se ganó dos minutos más”, concedió Casaretto.

Fiel a su estilo confrontativo, el diputado nacional oficialista Aldo Leiva la emprendió con dureza contra la principal oposición, a la que sobre el final de su discurso se refirió irónicamente, simulando un error, como “Frente por el Odio”.

En esta oportunidad y en su intervención durante el debate sobre la postergación del cronograma electoral, el diputado chaqueño cruzó un límite al parangonar a JxC con la dictadura, para atribuirles las consecuencias de la crisis sanitaria. Fue cuando una y otra vez reclamó a la oposición que “dejen de mentir”.

“Dejen de mentir, porque todo lo que tiene que ver con las cuarentenas que hemos tenido fue producto del desastre que hicieron ustedes en los hospitales que administraron durante 4 años. Dejen de mentir cuando dicen que administraron solamente 4 años este país, cuando todos sabemos que fueron cómplices de la dictadura”.

Y concluyó: “Dejen de mentir cuando dicen que no hay un plan… Dejen de mentir cuando en todo momento tratan de descalificar y de que al país le vaya mal”.

¿Quien le contestó? Fernando Iglesias, quien habló más tarde y arrancó advirtiendo que “no puedo dejar pasar esto de cómplices de la dictadura, hay un diputado ahí del chaco que busca cómplices de la dictadura. Yo le paso algunos: Horacio Verbitsky, Raúl Zaffaroni, Héctor Timermann, Alicia Kirchner… Avísenos diputado, cuando encuentre uno nuestro. Ahí tiene cuatro. Funcionarios y cómplices de la dictadura”.

La Cámara de Diputados sancionará este miércoles la iniciativa que busca dar una solución a la regularización de los partidos políticos en el marco de la pandemia y en un año electoral.

En el mismo debate sobre la postergación de las fechas de las elecciones legislativas en común acuerdo entre el oficialismo y la oposición, se trató también la media sanción del Senado sobre la suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos, que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo que todos puedan participar este año del proceso electoral.

Este tema se votará por separado, aunque se debatirá en forma conjunta con la postergación de las fechas de las PASO y de los comicios generales para el mes de septiembre y noviembre, según informaron fuentes parlamentarias.

Rumbo a ser ley

El proyecto apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19.

A partir de una incorporación en el Senado, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.

Además, el proyecto establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenderán las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.

El tratamiento en comisión

El presidente de la comisión, Hernán Pérez Araujo (FdT), detalló los puntos del proyecto de ley, y resaltó que “el tiempo es oportuno, atento al proceso electoral que se viene” y a “garantizar la participación de todos los sectores políticos, los grandes y pequeños; y garantizar la oferta electoral a la ciudadanía”.

Por su parte, el chubutense Gustavo Mena (UCR) señaló que “estamos ante un proyecto de ley de emergencia”, y eso “demuestra que las emergencias no están por arriba de la Constitución”.

Por su parte, la bonaerense Graciela Camaño (Consenso Federal) manifestó que “no hay objeciones formales y de fondo para realizarle al proyecto” y además sostuvo que la iniciativa “procura ofrecer una solución más que adecuada para el proceso electoral que vamos a atravesar”.

“Las razones de oportunidad, mérito y conveniencia son las que nos llevan a apoyar el proyecto”, completó la legisladora bonaerense.

A su turno, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) coincidió que “frente a un nuevo proceso electoral es muy importante que todos los partidos tengan las garantías”. Pero advirtió que “con esto claramente no alcanza para organizar el proceso electoral de este año”.

En la reunión también habló el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien destacó que el proyecto apunta a “garantizar la mayor participación en el proceso electoral de este año”. “Los partidos políticos para toda la doctrina son instrumentos indispensables de las democracias liberales”, agregó.

La diputada Carla Carrizo (UCR) opinó que además de las garantías a los partidos, “tenemos que garantizar el derecho a los votantes”.

“Esta es una ley de blanqueo, estamos blanqueando a los partidos por no haber cumplido con la ley, obviamente en un marco en que era difícil ese cumplimiento”, expresó.

En el tramo final, la mendocina Marisa Uceda (FdT) opinó que “es una ley que viene en coche, viene con consenso del Senado”. “Es una ley que permite garantizar la vigencia y la representatividad que implican los partidos políticos, porque es una obligación también del Estado Nacional”, manifestó.

El bloque de senadores del Frente de Todos, presidido por José Mayans, acordó este lunes introducirle varios cambios al proyecto de ley del Poder Ejecutivo a fin de definir criterios básicos epidemiológicos para establecer las medidas sanitarias que mitiguen la pandemia de coronavirus.

Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.

Desde la bancada oficialista afirmaron que los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones.

Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.

Allí, el abogado había sugerido modificar el artículo 21 del proyecto, que hace mención a la suspensión de la actividad escolar en forma presencial cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases presenciales y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida.

La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.

El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá “mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19”.

El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un “plazo cierto” hasta el 31 de diciembre de este año.

“Desde el punto de vista constitucional ese podía ser un problema”, destacaron los voceros.

También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como “delegados” del Ejecutivo nacional y se los considerará como “agentes del Gobierno federal”.

Por otro lado, se descartó la posibilidad de incluir un artículo que permitiría a las provincias “adherir” a la ley, en lugar de que estén obligadas a acatarla.

La propuesta había sido sugerida por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el radical Mario Fiad, en consonancia con su gobernador, Gerardo Morales, y la postura de otros mandatarios de Juntos por el Cambio.

Desde el oficialismo afirmaron que la oposición no elevó ninguna propuesta y que esa idea era una “locura”, porque dejaba en la cabeza de las provincias si toman o no decisiones para combatir la pandemia.

El proyecto, en principio, será llevado al recinto de sesiones este jueves 20 de mayo en una sesión especial que se prevé muy extensa.

El plan es que, una vez aprobado, el proyecto sea girado a la Cámara de Diputados para una rápida sanción, ya que debería comenzar a regir antes del 22 de mayo, cuando pierde vigencia el último Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Alberto Fernández, que estableció nuevas restricciones para todo el país en las últimas tres semanas.

El Frente de Todos tiene los votos suficientes para aprobarla y ya sabe que no contará con el apoyo de Juntos por el Cambio ni de algunos aliados del oficialismo, como Juntos Somos Río Negro.

En medio del recrudecimiento de la pandemia del Covid 19, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual buscarán homenajear a los trabajadores esenciales que fallecieron en el ejercicio de sus funciones a causa del coronavirus.

De esta manera, pidieron que se emplace un monumento en la Plaza República Federativa del Brasil ubicada en la Comuna 2, el cual homenajeará al personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza); el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos y promotores comunitarios que presten servicio o residan en la Ciudad.

El texto establece que el monumento deberá contar con una placa que sostenga: “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rinde su homenaje a los trabajadores y las trabajadoras esenciales fallecidos por Covid 19” y establece que el mismo deberá ser realizado por cooperativas o colectivos artísticos vinculados al trabajo social.

En los fundamentos de la iniciativa los legisladores recordaron que “a principios de 2020 mediante la el decreto N°294/20 del Poder Ejecutivo Nacional se dispuso el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio con motivo de las medidas de prevención y lucha contra el Covid 19, en casi todas las actividades hubo modificaciones en los regímenes laborales, algunos fueron suspendidos, otros adaptados de modo tal de poder trabajar a distancia y hubo otros, los esenciales, que no pudieron salir del frente de exposición al virus”.

Al mismo tiempo que precisaron que “en el transcurso del 2020 quienes desempeñaron tareas esenciales, por lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 714/20, demostraron un valor y compromiso sin igual para cumplir con las tareas preventivas y de acción directa sobre el coronavirus” y remarcaron que “en nuestra ciudad esta vocación demostrada por todos los servidores públicos, merece un reconocimiento y consideración especial”.

“Nada fue impedimento para el cumplimiento del deber, el incremento de las horas de trabajo, la imposibilidad de estar en contacto debido de la alta exposición, con sus familias y seres queridos, la reducción de las horas de descanso, la suspensión de las licencias y también lo más temido, aunque esperado, comenzaron las infecciones, luego las internaciones. Lamentablemente muchas de las personas que estaban afectadas a tareas esenciales de cuidado de la población, fallecieron en el cumplimiento de sus deberes”, añadieron.

Al mismo tiempo que indicaron que “con profunda tristeza por esta situación, consideramos que este proyecto de ley intenta de alguna manera homenajear desde el Estado a todos aquellos que fueron parte fundamental del sostenimiento de la vida en los últimos meses” y concluyeron señalando que “nada será suficiente para reconocer a aquellos y aquellas que dieron su vida para morigerar las consecuencias de la pandemia, pero creemos que resulta apropiado contar con un Monumento representativo, que permita a la ciudadanía en general y a sus familiares conmemorar, honrar y destacar la actuación de estos hombres y mujeres”.

La iniciativa lleva la firma de Juan Manuel Valdés, Matías Barroetaveña, Claudio Ferreño, Lorena Pokoik, Victoria Montenegro, Santiago Roberto y Laura Velasco (FdT).

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados este jueves, por unanimidad, con 59 votos a favor, la creación de un “Programa Nacional de Asistencia, Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en Situaciones de Crisis y Emergencias”, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Sin cruces entre los distintos sectores políticos, el oficialismo y la oposición elogiaron un proyecto de ley consensuado entre las propuestas de las senadoras Silvia Elías de Pérez (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que fue denominado “un proyecto para cuidar a quienes nos cuidan”.

Fernández Sagasti sostuvo que “como representantes de los argentinos y argentinas nos tenemos que poner de acuerdo, sin discusiones partidarias y poniendo sobre la mesa la calidad humana para salvar las vidas que estamos perdiendo por esta pandemia”.

En tanto, Elías de Pérez manifestó: “Para todos nosotros es muy importante hacernos cargo de la situación que está viviendo el personal de la salud, se trata de cuidar a los que nos cuidan, en los momentos como el que estamos pasando son los que están en la primera línea de batalla”.

Media sanción

El objetivo del programa es “brindar contención emocional, psicológica y física integral a todo el personal de salud, en todos los niveles de atención, que trabaje en establecimientos públicos y privados en situación de crisis y emergencias”.

Se busca entre otras cosas “promover y preservar el más alto grado de bienestar físico, mental y social” de estos trabajadores, e “identificar tempranamente y controlar los riesgos derivados del lugar y de las características del trabajo que pueden poner en riesgo la salud y el bienestar del personal”.

Otra de las metas es “establecer una red nacional de contención, asistencia y capacitación confiable, accesible y gratuita que atienda las demandas del personal de salud y brinde herramientas para la gestión de emociones y el cuidado psicofísico, personal y colectivo”.

Los principios del futuro programa serán los de protección de la vida, salud e integridad del personal de salud; prevención de riesgos laborales; abordaje integral interdisciplinario; accesibilidad; cooperación; confidencialidad; educación y capacitación; y no discriminación.

La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional de atención temprana y establecer el plan operativo anual para la efectiva implementación de la ley en todo el país; identificar los dispositivos más adecuados para cumplir con ese fin; y diseñar estrategias de abordaje integral.

También tendrá que brindar al personal de salud oportunidades de capacitación en cuanto a la salud psicofísica, la resiliencia y gestión socio-emocional en contextos de crisis y emergencias; y planificar campañas de comunicación que difundan los alcances y beneficios del programa.

Por Melisa Jofré

El Frente de Todos en el Senado ratificó este jueves tres Decretos de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández, relacionados con las medidas sanitarias impuestas para contener la segunda ola de contagios de Covid, en una votación que resultó con 39 votos positivos y 27 negativos.

El oficialismo contó con el respaldo de Alberto Weretilneck, mientras que encabezaron el rechazo los legisladores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

El debate fue una antesala de la discusión que se dará la semana que viene cuando, tal como aspira el Frente de Todos, el pleno vote el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones por la pandemia, iniciativa que desde la oposición afirman que otorga “superpoderes” al presidente.

Fuertes cruce entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

Arrancó explosiva la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien enfatizó que “los argentinos esperan de nosotros que nos pongamos de acuerdo”, y que “quienes tenemos responsabilidades políticas y de representación, en este caso, estemos del mismo lado combatiendo la pandemia que a todo el mundo lo tiene en vilo y angustiado”.

“Se nota en la mayoría de los dirigentes de la oposición una total falta de empatía”, cargó la vicejefa del bloque oficialista, y criticó que “en campaña, muchos de Juntos por el Cambio, entienden que todo vale”.

En ese sentido, opinó que la pandemia y la angustia que genera “lamentablemente es usada de manera burda por la oposición, que no aporta una sola idea propositiva, y no solo promueven el odio sino que la ciudadanía no respete las medidas de cuidado individual y colectivo”.

La senadora calificó a esa actitud como una “patética y errática forma de hacer política”, y señaló que lo que cambió respecto al 2020 es que este es un año electoral, donde “la oposición vio un veta de que podían generar mayor malestar en la sociedad con el lema de decir ‘mientras peor, mejor'”.

Sobre los DNU, Fernández Sagasti aseguró que cumplen “con todos los parámetros formales” y “la materia sustancial está sobradamente argumentada”.

Con cuestionamientos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la kirchnerista fustigó que “decidieron judicializar la política” cuando “estamos hablando de DNU’s muchos menos restrictivos a los del año pasado”. También disparó contra la Corte Suprema, al sostener que el fallo a favor de la Ciudad fue “un fallo político”.

Luego fue el turno de la macrista Guadalupe Tagliaferri, que apuntó que “el oficialismo va a aprobar un decreto que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema”, pese a que el máximo tribunal no se expresó sobre la constitucionalidad del decreto, dado que ya había caducado a la hora del fallo.

La senadora del Pro rechazó que la Cámara alta pretenda “reinterpretar la Constitución y un fallo de la Corte Suprema, que es el mayor órgano de interpretación”. “Pero así son ustedes, creen que están por encima de las provincias, de la Constitución Nacional y de la Corte Suprema”, lanzó.

Tagliaferri dijo que el año pasado las medidas se apoyaban “porque se buscaron consensos, porque no se violentaban las autonomías”, pero hoy día el Gobierno nacional “rompió un acuerdo federal” porque “no pueden controlar a la provincia de Buenos Aires con las plazas llenas, las ferias a cielo abierto, la gente sin barbijo”, consideró.

“Estoy orgullosa de estar en un espacio y pertenecer a la Ciudad de Buenos Aires donde el jefe de Gobierno hace política con la educación, porque entiende que la educación es la única herramienta de transformación y la única herramienta igualatoria para cada uno de los chicos de nuestro país. Hacer política es abrir las escuelas, no cerrarlas. Para ustedes, hacer política es liberar a violadores y presos con la excusa de la pandemia”, enfatizó.

Desde el Frente de Todos intervino después Oscar Parrilli, que recordó que Juntos por el Cambio gobernó cuatro años a nivel nacional y “allí fue donde mostraron lo que piensan y hacen” respecto a la educación. Entre los hechos que enumeró, el neuquino mencionó “la promesa de que la plata del Fútbol para Todos iba para hacer 3.000 jardines de infantes, y se hicieron 90”, además de que “se discontinuaron las netbooks.

El oficialista afirmó que la oposición “hace campaña con la pandemia” y lo muestra el discurso de Tagliaferri, opinó, “en el que claramente se ve una propaganda a favor del jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta. Están pensando en el 2023, en vez de pensar en la vida de los argentinos”. También señaló sobre “el abuso que hicieron de los DNU, la falta de respeto al federalismo y la Constitución y el atropello a las instituciones” durante la gestión de Mauricio Macri.

Para el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, el Senado no puede “aprobar y avalar un Decreto de Necesidad y Urgencia que, no fue declarado inconstitucional porque su materia ya era abstracta, en virtud que ya había vencido el plazo -aclaró-, pero sus fundamentos fueron declarados inconstitucional por el máximo intérprete de la Constitución que es la Corte Suprema”, en referencia al DNU 241/21.

El macrista indicó que el DNU 287/21 “está en la misma línea, tiene los mismos fundamentos” al igual que “el proyecto de ley que ha ingresado” por parte del Poder Ejecutivo.

“Nuestro federalismo es de concertación”, sostuvo el misionero, al hacer énfasis en las autonomías de las provincias; y diferenció que el “cambio en la actitud lo tuvo el presidente”, que ahora pide “una mayor concentración de poder para hacer lo mismo que estamos haciendo hace un año y medio”. Y culpó al Gobierno que “subestimó la pandemia, no hizo los testeos correspondientes, y no consiguió en tiempo y forma las vacunas”.

En el tramo de los cierres, el rionegrino Alberto Weretilneck reconoció que a lo largo del año pasado “en nuestro país hubo una coordinación”, y observó que “es muy prematuro aventurar resultados de las distintas estrategias que los gobernantes llevamos adelante”.

Para el senador de Juntos Somos Río Negro, a más de un año de pandemia “obviamente que tiene que cambiar la forma de decidir y la forma de combatir el virus por parte del Estado”. Por eso, llamó a “la unidad de toda la dirigencia en un punto de vista único de esta etapa de la pandemia”. “Necesitamos imperiosamente un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, una nueva convivencia”, insistió.

Al manifestar que cree que “a partir del fallo de la Corte hay cosas que han cambiado”, Weretilneck anticipó que acompañaría los DNU, pero sin apoyar los artículos referidos a la suspensión de las clases presenciales.

A su turno, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, cuestionó los dictámenes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, al reclamar que la convocatoria estuvo “viciada”, porque se encontraba vencido el Protocolo de Funcionamiento Remoto de la Cámara de Diputados, además de criticar que hacia ocho meses que no se reunía la comisión y, en ese tiempo, no se trataron “94 Decretos de Necesidad y Urgencia”.

Para el radical, el presidente “cambió lo que hoy quieren responsabilizar a la oposición, cambió la mirada electoral”, y eso se evidenció con “la suspensión de clases de prepo” cuando “todo lo que tenga que ver con materia educativa es competencia de las provincias como de la Ciudad de Buenos Aires”.

“¿A quién se le ocurre meter una discusión estéril?”, se preguntó el formoseño, que aseguró que “el Gobierno está empecinado en generar un conflicto mirando al AMBA”.

Respecto al DNU 241/21, Naidenoff aseveró que aunque la Corte no lo declaró inconstitucional, “lo destrozó y pulverizó desde el punto de vista jurídico”, al sostener que “no hay decreto ni ley que pueda estar por encima del federalismo y el respeto de las autonomías de las provincias”.

“La emergencia no es un cheque en blanco como pretende el Gobierno”, remarcó el senador y apuntó que “el federalismo de concertación para las primeras medidas mutó en federalismo de imposición”.

Por último, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, justificó que los decretos son “por la emergencia, no son para siempre” y en el contexto de “una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud”. “La evidencia científica es que hay más de tres millones de argentinos afectados por este virus y casi 70 mil muertos en el país. ¿Hace falta más evidencia que esto?”.

“Esto no es un problema político, es un problema biológico”, argumentó y agregó que “el principal de todos los derechos humanos es la vida, y esta es la visión central que tiene el Gobierno”. “El Gobierno nacional está teniendo una estrategia sanitaria, y otra cosa es estar en campaña y tener una estrategia política”, resaltó el senador oficialista.

Luego cruzó a su comprovinciano Naidenoff, al recordar “250 muertos tuvimos en Formosa, Luis, ustedes no se hacen cargo de eso”. “Hicieron un desastre y no se hacen cargo”, replicó el radical, a lo que Mayans no le concedió que lo interrumpiera en el discurso.

“¡Dejaron el país quebrado, en default! Y eso no hace posible sostener políticas públicas en Argentina, cuesta mucho hacerlo, y más en una pandemia”, completó Mayans.

Los DNU ratificados

Uno de los DNU que quedó ratificado -ya que la sola aprobación de una cámara alcanza para que así sea- es el 235/21, del 15 de abril pasado, que estableció el teletrabajo en el sector público, prohibió los viajes de egresados y de contingentes, y limitó las reuniones sociales, entre otros puntos.

El otro es el 241/21, objetado por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema, que suspendió las clases presenciales en el AMBA, además de imponer la restricción de circulación nocturna entre las 20 hasta las 6 del día siguiente, disponer el cierre de los comercios a las 19 y prohibir las reuniones sociales en lugares cerrados, entre otras medidas.

El tercer DNU es el 287/21, que tiene vigencia hasta el próximo 21 de mayo, el cual además de prorrogar todas las restricciones anteriores, estableció los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

El Poder Ejecutivo tiene especial prisa en lograr la aprobación del proyecto de ley de emergencia Covid, que otorga facultades especiales al Gobierno, de modo tal de poder evitar reveses judiciales como el que se generó en la Corte Suprema de Justicia a partir de la presentación hecha por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de las clases presenciales. El objetivo oficial -difícil, por cierto- es conseguir su aprobación antes de que venza el decreto vigente, el próximo 21 de mayo. Así lo expresó el presidente Alberto Fernández antes de partir a Europa, pero está claro que los tiempos están demasiado acotados para lograr tal objetivo.

Por eso es que el oficialismo le dio un tratamiento “súper exprés” al proyecto este miércoles en el Senado, convocando a funcionarios y especialistas y firmando el dictamen en el plenario correspondiente, todo en el mismo día. El tema es que la mayoría con la que cuenta en el Senado le garantiza al oficialismo poder hacer esas cosas; no es el panorama que se presenta en cambio en Diputados.

Muy por el contrario, será complicado para el Gobierno forzar un tratamiento similar al de la Cámara alta la próxima semana. Eso implicaría el debate y segura aprobación del proyecto de ley el miércoles que viene, un eventual tratamiento en comisión al día siguiente y, dictamen en mano, llevarlo al recinto el viernes. Amén de la posibilidad demasiado hipotética de poder llevar adelante semejante tratamiento acelerado, la pregunta del millón es si el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar ese proyecto de ley. Los interrogantes se irán resolviendo con el correr de los días.

Pero la búsqueda de esos votos arrancó mal para el Gobierno, habida cuenta de que los cuatro votos que corresponden al bloque Córdoba Federal no están, según anticiparon desde esa bancada este jueves. Esos votos son clave para toda ley que se proponga aprobar el oficialismo en una votación ajustada.

Pasa que con el previsible rechazo anticipado por Juntos por el Cambio, la suerte de esta ley queda en manos -como tantísimas otras veces- del universo intermedio compuesto por 21 diputados. Esto es, los diputados ajenos al Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y a los dos de la izquierda, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano.

El oficialismo suele apostar al interbloque Federal, integrado por 11 miembros, pero el mismo no suele mostrarse homogéneo. Sí en general el interbloque de 6 denominado Unidad Federal para el Desarrollo. También conocido como “los Ramones”, por ser conducido por el mendocino José Luis Ramón. Pero en esta oportunidad hay un dato que preocupa al Gobierno: de los tres sectores que componen este interbloque, el rionegrino Luis Di Giácomo, que tiene una bancada unipersonal, votaría en contra. Esa presunción surge de la postura expuesta el miércoles por el senador Alberto Weretilneck durante el debate en el Senado. En el plenario que analizó el proyecto, el exgobernador rionegrino advirtió su rechazo por considerar que el proyecto “no resuelve nada”, por lo que sugirió “volver al camino de los consensos entre el presidente y los gobernadores”.

Así las cosas, los apoyos del bloque de los Ramones se reducirían a 5 -Ramón, Juan Ansaloni, y los tres del Frente de la Concordia Misionero-.

El oficialismo confía en contar con el voto de dos exCambiemos que hoy componen el bloque Acción Federal, el riojano Felipe Alvarez y el santacruceño Antonio José Carambia, mas no se ilusiona con otra exCambiemos que suele alinearse con el voto opositor, razón por la cual se despegó hace tiempo de Unidad Federal para el Desarrollo, la tucumana Beatriz Avila.

Sí cuenta el oficialismo con la neuquina Alma Sapag, y con eso estaría sumando 125 voluntades. Le restaría conseguir 4 votos más, que debería encontrar dentro del ya citado interbloque Federal, que -repetimos- tiene 11 miembros.

Si no puede contar  con los 4 de Córdoba Federal y ya los 3 de Consenso Federal anticiparon su rechazo, quedan solo 4 votos en los que, como se ve, se juega el todo por el todo. Descuenta el Frente de Todos que puede contar con los dos del bloque Justicialista –Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos-. No es seguro en cambio con los dos santafesinos restantes: Luis Contigiani y el socialista Enrique Estévez.

Como están las cosas, el oficialismo necesitaría “sí o sí” contar con esos cuatro votos para aprobar, con lo justo, esa ley en Diputados.

A menos que durante la semana que resta hasta el tratamiento del proyecto en el Senado, se produzcan modificaciones que alteren el escenario que a priori se presenta. Esto es, que se le abra el juego al rionegrino Weretilneck para que cambie su postura, como sucedió el año pasado con el tema del aborto, cuando le garantizaron modificaciones en la reglamentación para que votara afirmativamente como hizo, luego de adelantar reparos en el último debate en comisión. Desde el Frente de Todos mostraron disposición en ese sentido.

En el oficialismo piensan en los radicales que responden a sus gobernadores. Particularmente el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad, que responde al gobernador jujeño Gerardo Morales, hizo conocer su posición durante el debate en el plenario del miércoles, en el que señaló que “esta ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”. Es lo que expresaron oportunamente los gobernadores Morales y Rodolfo Suárez, de Mendoza. Con todo, no es lo que en principio estaría dispuesto a ceder al Gobierno.

Más probable es que avancen con la negociación de “cambios” que habiliten consensos. Consultado al respecto el diputado Enrique Estévez, uno de esos cuatro de los que depende la suerte del Gobierno, fuentes cercanas al legislador santafesinos señalaron a parlamentario.com que “estamos dispuestos a trabajar para encontrar acuerdos dentro de los límites que establece la Constitución”.

No acompañaré la ley enviada por Alberto Fernández al Senado. Lo propuesto por el presidente no difiere en general a lo dispuesto por los Decretos de Emergencia que se han dictado hasta ahora, pero esta vez van contra la opinión y el derecho a decidir de las provincias.

Es aquí donde se ataca el federalismo, ya que los gobernadores, intendentes y jefes comunales no tendrán ni voz ni voto, y el Estado Nacional dispondrá de forma unilateral cómo y cuándo se pueden realizar los cierres, esto incluye desde escuelas hasta comercios e industrias. Los parámetros epidemiológicos para tomar estas decisiones son débiles e inentendibles ya que pueden modificarlos cuando quieran, de la manera que consideren sin criterio alguno. Viviremos en una permanente incertidumbre.

El Gobierno nacional sostiene que lo hace para “cuidar a los argentinos” frente a la pandemia del Covid-19, pero en realidad no quiere explicar el por qué los descuidó, ya que no se cumplió con los objetivos de inmunización, tampoco se testeó ni se testea como corresponde. A su vez, nuestro país está entre las primeras 15 naciones con casos de Covid-19 a Nivel Mundial; esto es un fiel reflejo de que solamente la improvisación es lo que caracteriza al Presidente y todo su equipo.

Con esto vemos de forma explícita que al gobierno de Alberto Fernández le importa poco y nada respetar las decisiones judiciales, ya que no se está cumpliendo las autonomías de las provincias que se dejaron bien claras en el fallo de la Corte Suprema la semana pasada.

Deciden imponer con la fuerza del número, restricciones discrecionales, muchas de las cuales no están escritas en el texto,sino que la ley delega que puedan hacerlo en cualquier momento, incluso suspender las elecciones. No hay ningún justificativo que respalde este escándalo.

Tomando las palabras del presidente del gobierno español en marco de la visita de Alberto Fernández: “Una ley ordinaria no va a sustituir nunca a la Constitución”, estaría bueno que nuestro primer mandatario siguiera los pasos de su “amigo”.

Tenían la responsabilidad moral de traer vacunas e inmunizar, pero lo que hicieron fue liberar presos, sub testear y vacunar a sus amigos.
Es así como esta ley inconstitucional va a convertir a Alberto Fernández de Presidente a Emperador y a nuestra república en un Estado Absolutista.

Tras un mes sin actividad en el recinto, el Senado volverá a sesionar este jueves desde las 14 para tratar un amplio temario que incluye los últimos tres Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

La conducción de la sesión estará a cargo de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, dado que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a Europa.

Al comienzo de la sesión, el pleno deberá refrendar el decreto 7/21, firmado por Cristina el pasado 3 de mayo, que prorroga una vez más el sistema de funcionamiento virtual por el término de 60 días.

También se votará otro decreto de la titular del Senado que establece que los aumentos en las remuneraciones de los senadores y autoridades de la Cámara sean destinados a instituciones de salud pública para colaborar ante la emergencia sanitaria.

El plato fuerte de la sesión serán los dictámenes de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para ratificar la validez de los DNU 235/21, 241/21 (el cuestionado por la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte, que dispuso la suspensión de clases presenciales en el AMBA) y 287/21.

La aprobación de una sola cámara del Congreso basta para convalidar los DNU del Poder Ejecutivo, por eso el Frente de Todos siempre los votó en el Senado, donde cuenta con mayoría propia para aprobarlos sin inconvenientes.

Otro punto del temario es un proyecto de rechazo al fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los decretos presidenciales que dispusieron las medidas sanitarias para el AMBA.

El fallo fue criticado por Cristina a través de Twitter y al día siguiente el oficialismo avanzó con la declaración de rechazo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde Juntos por el Cambio pidió, sin éxito, archivar el tema.

Por otra parte, también se debatirá en la sesión un proyecto de declaración impulsado por Oscar Parrilli en el que se le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que el giro del FMI que recibirá Argentina en agosto -estimado el 4.350 millones de dólares- sea utilizado para los gastos de la pandemia y no para pagar deuda.

También por iniciativa de Parrilli, la Cámara alta votará otro proyecto para declarar el 10 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Reestructuración Soberana de la Deuda de los Estados”, en homenaje al excanciller Héctor Timerman.

En el temario figura además la propuesta de creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná, de autoría de la santafesina María de los Ángeles Sacnun.

Asimismo, se discutirá un proyecto consensuado entre propuestas de Silvia Elías de Pérez (UCR) y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) para crear el Programa Nacional de Asistencia, Acompañamiento y Cuidado Integral del Personal de Salud en Situaciones de Crisis y Emergencias.

La sesión continuará con un proyecto para otorgarle jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, para lo cual se requerirán los dos tercios del Senado, es decir 48 votos.

Por último, se tratará la declaración del Día de Desagravio al Pueblo Tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966; y se sancionará la ley de educación ambiental integral, bautizada como “ley Pino” en homenaje al dirigente fallecido Fernando “Pino” Solanas.

El proyecto de ley que busca que el Congreso delegue facultades en el Poder Ejecutivo para administrar la pandemia comenzará a ser tratado este miércoles en el Senado y el oficialismo buscará firmar dictamen para aprobarlo en el recinto lo más pronto posible, con mayoría propia.

El debate arrancará a las 10 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara alta, presididas respectivamente por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y Mario Fiad (UCR).

El proyecto, que ya fue rechazado por Juntos por el Cambio, será defendido en la reunión virtual por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La iniciativa comenzará a regir desde el 22 de mayo -el día siguiente al vencimiento del último DNU de restricciones, el 287/21- y tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria -en principio, hasta fin de año-.

Se establecen una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

En las zonas de “alto” riesgo o de “alarma”, se faculta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a tomar medidas adicionales a las previstas en la ley en caso de que los indicadores sanitarios no arrojen mejoras.

Pero para poder tomar esas medidas adicionales, se fijan tres condiciones: el Poder Ejecutivo deberá consultarlo previamente con el gobernador que corresponda, o bien con el jefe de Gobierno porteño; el Ministerio de Salud nacional deberá fundamentar las medidas, que deben ser “razonables” y “proporcionadas”; y las mismas tendrán una duración de 21 días corridos.

El Ejecutivo también podrá morigerar o suspender las restricciones, y a su vez el Ministerio de Salud nacional también podrá modificar los parámetros epidemiológicos y sanitarios enumerados en la ley, en consulta con los ministerios provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.

El interbloque Juntos por el Cambio -que mantendrá este martes una reunión virtual- ya anticipó su rechazo al proyecto por considerar que viola las autonomías provinciales y, por ende, el gobierno federal que establece la Constitución Nacional.

El diputado nacional Luciano Laspina (Pro) se refirió al proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre las facultades especiales para regular las restricciones por la pandemia y opinó que “es un avasallamiento sobre las autonomías provinciales”.

“Dado que el DNU (241/21) fue cuestionado por el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno ahora dice ‘queremos redoblar la apuesta y vamos a hacerlo por un proyecto de ley'”, señaló el macrista, que pronosticó que en caso de aprobarse la norma habrá presentaciones judiciales.

Respecto al tratamiento de la iniciativa en la Cámara baja, luego que llegue de parte del Senado, el legislador de Juntos por el Cambio anticipó: “Vamos a tratar de llevar este debate de una manera lo suficientemente contundente en los argumentos, de modo tal de poder quebrar las alianzas que el kirchnerismo necesita, al menos en la Cámara de Diputados, para llegar al quórum y a la mayoría simple”.

En ese sentido, Laspina recordó que el interbloque que conduce el mendocino José Luis Ramón y una parte del Interbloque Federal -como son los diputados Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos- suelen acompañar al oficialismo en las votaciones.

Para el diputado, el proyecto “parte de dos supuestos implícitos que nosotros no compartimos”. “Uno es desconfiar de la autoridad o de la responsabilidad de los gobernadores e intendentes en el manejo de la crisis sanitaria en sus distritos. Intervenir en la cuestión sanitaria según algunos parámetros objetivos, que además se autodelega la capacidad de ir modificándolos según considere la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud”.

El otro aspecto es que plantea que “las clases presenciales son parte del problema y no parte de la solución” cuando “no ha habido hasta ahora ninguna estadística de que haya más riesgo de contagio de los chicos en las aulas con protocolos muy estrictos, respecto a que se queden en sus casas y en la mayoría de los casos probablemente saliendo y juntándose en las casas de sus amigos sin protocolos, o jugando en la calle”.

“Además de delegarse facultades vuelve a invadir de alguna forma la autonomía de las provincias y genera un precedente bastante peligroso, más allá de lo sanitario y la excepcionalidad”, insistió el santafesino, que opinó que de aprobarse la ley habrá “presentaciones que van a volver a llevar el conflicto a la Corte, y presentaciones de las propias provincias”.

En declaraciones a radio CNN, Laspina agregó que al proyecto lo ve “como un capricho” por parte del Poder Ejecutivo, algo “bastante parecido a lo que nos tiene acostumbrados Cristina Kirchner”.

Por otra parte, el legislador del Pro aseguró que ve “muy golpeado” al ministro de Economía, Martín Guzmán, “por esta tensión que se generó respecto a las tarifas”. “Me preocupa porque Argentina está en una situación muy vulnerable. Justo ahora estamos atravesando la mejor etapa del año, con un precio récord de la soja que genera una liquidación histórica en dólares para el campo argentino, pero después viene un largo segundo semestre donde ya los dólares no van a abundar”, observó.

Y manifestó la preocupación por “un presidente débil” al que se le suma “un ministro de Economía que no puede tomar decisiones”. “Creo que Guzmán está tratando de tomar aire para ver si se puede recuperar, pero va a ser muy difícil si él no trata de volver a imponer su palabra”, expresó y, en esa línea, hizo alusión a las negociaciones por la deuda con el FMI. “Hay un sector muy duro del kirchnerismo que se prepara para ir a una confrontación durísima con el Fondo y eventualmente a romper con el Fondo”, advirtió el economista.

El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, afirmó que este miércoles el oficialismo buscará el dictamen del proyecto de ley enviado por el Gobierno para gestionar la pandemia según criterios epidemiológicos.

En diálogo con Radio 10, el formoseño reveló que luego de recibir a funcionarios, en un plenario que deberán convocar las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud, la bancada que conduce pasará a la firma el despacho para que pueda ser tratado la próxima semana en el recinto.

“El proyecto está basado en los criterios que han tenido otros países, como el caso de Alemania”, ejemplificó y justificó la propuesta en el marco de “una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina tenemos casi 70 mil muertos, tenemos más de tres millones de personas afectadas por este virus”.

Para el legislador, “la misión que tiene el Gobierno es conservar y preservar la salud de los ciudadanos, y fundamentalmente cuidar la vida, que es un derecho humano fundamental”. “El Gobierno tiene obligaciones que son constitucionales y de tratados internacionales”, agregó.

Además, Mayans sostuvo que “de ninguna manera” el proyecto se trata de otorgarle facultades extraordinarias al presidente.

Consultado por el rechazo anticipado de Juntos por el Cambio al proyecto, el senador fustigó: “El gobierno de Macri fue tan malo que ellos quedaron prácticamente con una confianza muy baja por parte del pueblo argentino, y vieron la oportunidad en la pandemia para discutir todo, estar en desacuerdo con todo”.

“Macri le mintió al país en todo su gobierno y esto es lo que hizo con la vacuna ahora, él había dicho que ‘hasta que no se vacune el último argentino’ no lo iba a hacer”, dijo y completó que la oposición toma a la pandemia “con la misma irresponsabilidad”.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, enviara al Congreso un proyecto para que le deleguen facultades especiales para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, el diputado del GEN Sergio Abrevaya criticó con dureza la iniciativa y advirtió que “pide superpoderes para repetir la mala experiencia”.

En ese sentido, el legislador manifestó que “es una locura darle al Ejecutivo Nacional superpoderes inconstitucionales. Las provincias ya saben manejarse con el virus más que la Nación y son las que tienen herramientas para decidir ejecutar políticas en salud, educación, aperturas y cierres de comercios o circulación” y remarcó que “en 14 meses de pandemia el Ejecutivo demostró que tiene menos razones para intervenir, es bastante ineficiente y prolonga cuarentenas inexplicablemente”.

Asimismo indicó que “los picos de casos del virus mostraron que las políticas que intenta tomar Alberto Fernández son equivocadas, como sucedió con la presencialidad en CABA, que no colapsó y hoy registra baja de contagios. Mejor que se ocupe de comprar vacunas que no hay siquiera segundas dosis para ya vacunados”.

“El Gobierno fundió y enloqueció a medio país con la cuarentena más larga del mundo, fracasó en la compra de vacunas, defendió a sus vacunados VIP, llegando a la misma cantidad de muertos que quiso evitar. Ahora pide superpoderes para repetir la mala experiencia”, sentenció Abrevaya.

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, advirtió este lunes que “el Poder Ejecutivo quiere actuar como si fuéramos un país unitario”, al referirse al proyecto de ley enviado al Senado que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios para la implementación de restricciones.

“Somos un país federal, donde deben convivir armónicamente las provincias autónomas, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Y la Constitución Nacional les da la obligación a los gobernadores de cuidar esa autonomía y a sus gobernados. Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si éste fuera un país unitario”, avisó Negri. 

El cordobés recordó que el artículo 128 de la Constitución nacional dice que “los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”.

“Dice mucho este artículo corto de nuestra Carta Magna: los gobernadores no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo. La Constitución los faculta, los empodera, para velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Sobre todo, y antes que nada, para hacer respetar la forma de gobierno del artículo primero, que es representativa, republicana y federal”, analizó.

Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si éste fuera un país unitario.
Los gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo que ingresó al Senado.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 10, 2021

Negri alertó que “una vez más el Ejecutivo cree que el Congreso es una escribanía, que va a votar a libro cerrado lo que proponga. Las facultades que el presidente pretende que se le deleguen son facultades legislativas. Corresponde al Poder Legislativo, entonces, determinar si se las delega y por cuanto tiempo lo hará. Somos una República y cada rama de la administración tiene sus funciones delimitadas. No corresponde que el Ejecutivo pretenda apropiarse de una de ellas”.

Además, cuestionó que el proyecto de ley pide una delegación de facultades sin plazo determinado, cuando la Constitución exige en el artículo 76 que toda delegación de facultades debe tener un “plazo fijado para su ejercicio”.

En este sentido, el diputado observó que “el artículo cuarto del proyecto establece que la duración de la delegación de facultades será igual a la duración de la emergencia sanitaria. Pero, curiosamente, la duración de la emergencia sanitaria la viene definiendo el propio Ejecutivo por DNU. Así, la delegación de facultades no terminará hasta que el Ejecutivo no haya determinado la finalización de la emergencia sanitaria. Esto es completamente contrario del espíritu del artículo 76 de la Constitución nacional”.

Negri finalizó con una dura advertencia a los bloques minoritarios de la oposición en la Cámara de Diputados: “Ojalá el resto de la oposición no caiga en la tentación centralista del kirchnerismo. La sociedad los castigará en las urnas”.

El Poder Ejecutivo envió este lunes al Congreso, tal como estaba previsto, el proyecto de ley de delegación de facultades especiales al presidente Alberto Fernández para administrar la pandemia del coronavirus en base a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios.

La iniciativa ingresó cerca de las 18 por el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría propia para definir los tiempos del debate y avanzar con la rápida aprobación a pesar del rechazo anticipado de Juntos por el Cambio, la principal bancada de la oposición.

El debate será en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, presididas respectivamente por la oficialista María de los Ángeles Sacnun y el radical Mario Fiad.

El texto, que consta de 34 artículos, lleva las firmas de Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; de Educación, Nicolás Trotta; y de Seguridad, Sabina Frederic.

Independientemente de la fecha de su sanción en el Congreso, la futura ley entrará en vigencia el 22 de mayo, es decir, el día siguiente al vencimiento de las disposiciones del último DNU de medidas sanitarias, el 287/21.

En qué consiste el proyecto

El proyecto tiene como objetivo “establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por Covid-19”.

A su vez, se busca que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según el caso, “adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios con el fin de mitigar la propagación del virus Sars-Cov-2 para prevenir y contener su impacto sanitario”.

Para eso, se establecen una serie de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

De todos modos, el proyecto faculta al Ministerio de Salud nacional a modificar esos parámetros “en forma fundada” de acuerdo a la evolución de la pandemia, y previa consulta con los ministros provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud.

En el artículo cuarto se indica que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “dictarán las medidas necesarias” para implementar la ley “como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional”, pero “sin perjuicio de las medidas que deban adoptar las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios en ejercicio de sus competencias propias”.

Para el Ejecutivo nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 20 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

Además, se fomenta el teletrabajo; se ratifica la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas indicadas en las distintas resoluciones del Ministerio de Trabajo; y se limita el uso del transporte público al personal calificado como esencial.

Para las zonas de riesgo “alto”, se agregan las suspensiones ya vigentes de reuniones sociales en domicilios particulares; reuniones de más de diez personas en espacios públicos; práctica de deportes y eventos de cualquier tipo en lugares cerrados; y apertura de bingos, discotecas, salones de fiesta, cines, teatros, clubes y gimnasios, entre otros.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Los gobernadores podrán aplicar medidas adicionales y focalizadas por un plazo máximo de 21 días corridos, y si no hay una evolución favorable de los parámetros, el Poder Ejecutivo Nacional estará facultado para adoptar restricciones “adicionales, proporcionadas y razonables”, siempre de manera fundada y con previa consulta a los mandatarios provinciales.

Otra de las claves del proyecto está en el artículo 21, que suspende las clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en las zonas de “alarma epidemiológica”, tal como dispuso el Poder Ejecutivo Nacional en el AMBA a través de dos DNU, de los cuales el primero fue objetado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires.

En este aspecto, se faculta al Ejecutivo Nacional, previa consulta con el gobernador correspondiente, a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión (de las clases presenciales) en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”.

En el proyecto también se establecen como disposiciones generales para todo el país el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias; el acompañamiento de pacientes internados por Covid u otras enfermedades “en sus últimos días de vida”; y los controles se seguridad en la vía pública y accesos.

Además, prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

El proyecto

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El diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos) se refirió este lunes al proyecto que el Gobierno nacional enviará al Congreso para establecer criterios sobre las restricciones que se tomen en el marco de la pandemia, y aseguró que es una iniciativa que “va a dar mucha claridad y tranquilidad a todos”.

El titular de la Comisión de Salud sostuvo que se tratará de imponer un “sistema común” para “medir la evolución de la pandemia de la misma manera” en todo el país y, de esa forma, “la gente podrá saber por qué en un momento en algún lugar de Argentina se toman medidas un poquito más duras que en otros”.

Sobre el debate que se anticipa, el oficialista señaló que si se guía “por lo que pasó con el DNU anterior, o por lo que pasó en la reunión del Consejo Federal de Educación, da la sensación de que no va a ser una decisión unánime o fácil”.

“Creo que es un tema complejo, ojalá que haya acuerdo”, agregó el legislador, y se mostró a favor de dar la discusión, pero remarcó: “Muchos países del mundo tomaron esta decisión y es lo que se reclama, la claridad en la toma de decisiones”. “Este año lamentablemente habrá restricciones, en algunos lugares más, en otros menos”, resaltó.

Respecto al debate por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el tucumano expresó que “es una autonomía progresiva, porque no es una provincia, porque no ha nacido como ellas, pero eso no está en discusión en este proyecto. Lo que se discute es si frente a situaciones sanitarias extremas, cuáles son los mecanismos que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para poder tomar medidas excepcionales”.

“La autonomía existe, como en la educación, en la cuestión sanitaria, pero hay circunstancias particulares como esta pandemia que requieren un enfoque rápido y uniforme del sistema de salud, no podemos permitir que cada jurisdicción haga lo que quiera”, enfatizó Yedlin en diálogo con FM La Patriada.

Y cargó contra la gestión porteña: “Hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene la peor mortalidad por Covid de Argentina”. “La Ciudad tuvo valores que triplicaron los de cualquier ciudad populosa de Argentina. Ahora está bajando y ojalá siga así, pero hay consecuencias como pacientes que no deberían haber muerto”, añadió.

“Lo que están haciendo algunas jurisdicciones es arriesgarse en forma indebida a tener un aumento de los casos y la mortalidad injustificadamente”, opinó.

Por otro lado, sobre la postergación de las PASO, el diputado -que había propuesto su suspensión-, aseguró que se debe “encontrar un consenso, porque en la mayoría de los lugares de Argentina se eligen los candidatos de otras formas”. “Lo que me parece prudente es pasar el cuello de botella y tener más población vacunada”, dijo.

Además, se refirió a la ley de etiquetado frontal de alimentos y consideró que el proyecto que viene del Senado “necesita ajustes, como ver qué pasará con el etiquetado en el Mercosur”. No obstante, garantizó que “los argentinos vamos camino a tener ley de etiquetado frontal en los próximos meses”.

También, el tucumano habló sobre la ampliación de la tarjeta Alimentar, y celebró “la medida de aumentar el valor e incorporar a chicos más grandes. Es una decisión muy valiente en este momento de crisis, es lo que la gente votó, un Gobierno que ayude”.

Una semana después de anunciarlo a través del mensaje en el que anticipó las últimas medidas dispuestas para esta etapa de la pandemia, el presidente Alberto Fernández confirmó durante un acto en el que participó a través de Zoom que antes de emprender su gira europea estaba dedicado a repasar y pulir el proyecto de ley que enviará su Gobierno al Congreso. El objetivo del mismo es otorgarle más facultades al presidente en este marco de pandemia y, como dijo este viernes, evitar que “sigamos teniendo los vaivenes a los que nos somete la Justicia con su peculiar modo de ver las cosas”.

En efecto, el proyecto surge como respuesta al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires respecto del decreto sobre la presencialidad en las clases, y buscará facultar al presidente de la Nación y a los gobernadores a dictar medidas de cuidado de la población, con el fin de evitar la judicialización de las mismas.

Así las cosas, el presidente Fernández quería irse de viaje habiendo dado un vistazo definitivo al proyecto de ley que fue elaborado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y es también analizado por la Jefatura de Gabinete antes de ser remitido este lunes al Congreso de la Nación, según deslizaron fuentes oficiales.

Alberto Fernández anticipó el pasado 30 de abril que enviaría al Congreso un proyecto de ley que le permita tener más facultades a la hora de tomar medidas para contener la pandemia. “En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos, claros y precisos, se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”, dijo en su discurso.

El mandatario afirmó entonces que “de este modo estoy ratificando mi vocación de diálogo. La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos”.

“Esto es mi responsabilidad y es nuestra tarea colectiva. Los convoco a todos y todas a que sigamos redoblando unidas y unidos los cuidados y la vacunación en las próximas semanas”, pidió.

Fernández argumentó que las medidas adoptadas “son las que se han tomado en todo el mundo. Con el virus, es imposible negociar. Frente al virus, tenemos que tomar medidas firmes”.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio luz verde a la continuidad de las clases presenciales, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual le solicita al Gobierno local que brinde información sobre determinados puntos relacionados al seguimiento epidemiológico en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad, según el “Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021”.

La iniciativa surgió a partir de la aparición de casos de Covid 19 en familias donde los niños y adolescentes, al no testearse, quedan por fuera de la estadística de casos de la Ciudad de Buenos Aires.  Es por ello que el texto presentado indaga acerca de los criterios utilizados según el protocolo vigente para proceder tanto al testeo como al aislamiento de las burbujas con casos que resulten contacto estrecho de coronavirus.

En ese sentido, la peronista manifestó que “tomamos conocimiento de muchas familias donde aparecen síntomas en los adultos y los niños y niñas son aislados sin indicación de testearse” y remarcó que “lo cierto es que el diagnóstico de Covid 19, y la definición de cuándo es necesario testear, es diferente en los niños y niñas, lo cual hace que la construcción de los datos sea más compleja”.

Asimismo sostuvo que “el otro supuesto que nos preocupa es que en los casos donde los niños y niñas no se testean pero sus adultos convivientes están cursando Covid 19, al tratarse de contactos de contactos estrechos, no se pincha la burbuja ni se aísla al resto de los niños y niñas, aún cuando existen posibilidades de que ese niño o niña esté cursando la enfermedad de forma asintomática”.

“La idea de una presencialidad administrada en base a los criterios epidemiológicos establecidos implica la necesidad de conocer en forma detallada los datos de la situación actual y la experiencia recabada estos meses para planificar e implementar las mejores políticas públicas posibles”, sentenció Neira.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Carlos Caserio, tratará este jueves a las 14 un proyecto del oficialista Oscar Parrilli para que el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), estimado en 4.350 millones de dólares, se utilice para atender la pandemia del coronavirus y no para pagar deuda.

Se trata de un proyecto de declaración que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que esos fondos no se vuelquen “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”.

En cambio, Parrilli pide que los recursos “se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo, entre otros”.

El FMI se apresta a emitir este año el equivalente en Derechos Especiales de Giro (DEG) a 650.000 millones de dólares, y de acuerdo a la participación de la Argentina en ese organismo (0,67% del total) le correspondería a nuestro país una suma cercana a los 4.350 millones de dólares, que podrían estar disponibles en agosto próximo.

“Según declaraciones públicas de Geoffrey Okamoto, vicedirector Ejecutivo del FMI, esos fondos tendrán el objetivo de ser utilizados en temas de ‘salud y vacunación contra el Covid’. Si esa será la condición, la Argentina no podría utilizar esos fondos para saldar vencimientos previstos para septiembre y diciembre de este año con el FMI”, explicó Parrilli.

En los fundamentos de su proyecto, señaló que “se han manifestado algunas voces en la Argentina que indican que el Gobierno Nacional debería analizar la posibilidad de destinar la parte que le corresponde de esta nueva emisión de DEG para el pago de los vencimientos que la Argentina tiene con el FMI y con el Club de París en concepto de capital e intereses y con vencimiento en el corriente año”.

“A nuestro entender, esta decisión configuraría un grave error económico, social y político y no se cumpliría con el principal objetivo que dicen tener dichos fondos, ya que a través del pago de deuda el dinero volvería a los países ricos, aumentando la desigualdad e inequidad”, advirtió el legislador.

La iniciativa fue suscripta, además de Parrilli, por el jefe del bloque oficialista, José Mayans, y sus pares Caserio, Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana.

Senadores del Frente de Todos firmaron dictamen este miércoles, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre un proyecto de rechazo al reciente fallo judicial que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU presidenciales que dispusieron medidas sanitarias.

Se trata de la resolución que recibió críticas por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, suscrita por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Los magistrados hicieron lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21, que impusieron distintas restricciones ante el crecimiento de casos de coronavirus en el AMBA.

En su fallo, los jueces advirtieron sobre un supuesto abuso de DNU por parte del presidente Alberto Fernández y conminaron al Congreso a dictar una ley específica fijando parámetros sanitarios para aplicar las medidas de cuidado.

El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 4, 2021

“Rechazamos este exhorto al Senado intimando a que en un plazo perentorio de 15 días el Poder Ejecutivo y el Legislativo procedamos a sancionar un proyecto de ley, y que además nos manifiesten cuáles son los parámetros de ese proyecto de ley que debiéramos sancionar”, advirtió la senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión y autora del proyecto.

La iniciativa, además de repudiar el fallo, notifica sobre el tema al Consejo de la Magistratura y reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación”.

Sacnun señaló que los jueces, con su resolución, “han modificado el proceso de formación y sanción de las leyes a través de una sentencia”, y lanzó: “Cabe preguntarse si han aprobado las materias de primer año de la Facultad de Derecho”.

La legisladora santafesina volvió a cuestionar la “intromisión sobre dos poderes del Estado” y que “además de eso, lo hagan a través de un hábeas corpus”, un recurso que -recordó- remite a los años de gobiernos de facto.

Desde Juntos por el Cambio, el cordobés Ernesto Martínez pidió archivar el tema, al sostener que “no merece que el Senado entre en esta polémica” porque de esa forma “se degrada institucionalmente”.

“Si se quiere publicitar el fallo, ponerlo a la luz pública, que se propague por los medios, bueno… pero va a contrapelo de la jerarquía y de la institucionalidad que el Senado debe guardar”, consideró Martínez.

En ese sentido, sostuvo que “lo que corresponde es archivar este exhorto, ignorarlo, porque no merece ni siquiera un comentario, y evitar que sigamos deshilachando las instituciones argentinas prestándole atención a cosas que no merecen ni un renglón”.

La radical Silvia Giacoppo coincidió: “Esta resolución no merece ni siquiera una respuesta, porque es un exceso por parte de los jueces, pero debo decir que tampoco se encuentra en las atribuciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales revisar sentencias de jueces de ninguna instancia”.

Ante este planteo, Sacnun aclaró que su proyecto “de ninguna manera implica revisar una sentencia judicial, es simplemente un rechazo enfático a la ‘orden’ que nos llega mediante oficio al Senado, porque están intimando al Poder Legislativo”.

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, explicó que los jueces “se han extralimitado en lo que han hecho con su sentencia, que es violar la división de poderes y el sistema republicano, representativo y federal”.

“No estoy de acuerdo en que esto no lo tengamos que discutir y que el Senado no tenga que emitir su opinión, porque este tipo de aberraciones jurídicas -y me atrevería a decir políticas- no las debemos dejar pasar, porque corremos el peligro de que haya un ‘efecto contagio’ en algunos jueces que entiendan que la Constitución les da la posibilidad de indicarle al Congreso qué leyes debe sancionar, cuándo y cómo”, opinó.

Desde el mismo bloque, Jorge Taiana reconoció que el planteo de Martínez de archivar el tema “es un buen argumento, pero dadas las características y la situación en que nos encontramos, lo procedente es responder y que el Senado se exprese ante esto”.

“No podemos hacer como que esto no significa nada, porque corremos el riesgo de ‘el que calla otorga’”, interpretó el excanciller, a la vez que su par Martín Doñate sentenció que el fallo “daría para risa, pero la verdad que da vergüenza”.

Laura Rodríguez Machado (Pro) insistió con la postura de archivar el caso y enfatizó que los fallos judiciales “no son revisables, y no pueden ser celebrados ni rechazados”. “El archivo también es una respuesta por no corresponder el tratamiento”, abundó.

El rionegrino Alberto Weretilneck acompañó al Frente de Todos. “No me molesta que me intimen -para quienes estamos en la función pública es una cuestión normal- pero sí los argumentos planteados”, dijo, y agregó: “Más que un fallo, suena a un mensaje o a una posición pseudopolítica-ideológica de esta Cámara “.

El proyecto dictaminado, de cuatro artículos, reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación, en cuyo ejercicio irrestricto corresponde la regulación sobre el cuidado de la población en torno al derecho humano a la salud y las posibles restricciones que pudieran razonablemente imponerse en su salvaguarda”.

También se ratifica la vigencia de la Ley 26.122, reglamentaria del procedimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, conforme el segundo y tercer párrafo del inciso 3, artículo 99 de la Constitución Nacional.

El Frente de Todos en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dictaminó a favor de la validez del DNU 287/21, por el cual el presidente Alberto Fernández dispuso restricciones sanitarias hasta el 21 de mayo por la pandemia de Covid.

Fue en una reunión en la que los miembros de Juntos por el Cambio estuvieron ausentes, luego de avisar por nota al presidente de la comisión, el diputado Marcos Cleri, que impugnarán la convocatoria. El argumento es que el pasado 30 de abril venció el Protocolo de Funcionamiento Remoto de la Cámara baja.

“Es vergonzoso”, sostuvo la diputada oficialista Carolina Gaillard, quien justificó que “esta comisión debe funcionar aún en receso de la cámara, así lo establece la Ley 26.122 y el reglamento interno de esta comisión”. “No es una comisión más del Congreso, controla facultades extraordinarias y excepcionales del presidente”, continuó.

En alusión a uno de los argumentos de la nota de Juntos por el Cambio, la entrerriana opinó que “es un atropello institucional no venir a sesionar a esta comisión porque están yendo en contra de la Constitución”.

“El artilugio de no venir a la comisión por parte de la oposición realmente no resiste el menor análisis”, arrancó el diputado Pablo Yedlin, que además cuestionó que mes a mes haya que negociar en la Cámara baja la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, algo que representa “una medida absolutamente inconstitucional, porque impide el desarrollo de una de las instituciones más fuertes que tiene la república”.

El tucumano, de profesión médico, repasó que el país ya superó los tres millones de casos de Covid y hay alrededor de 64.200 muertos. “Hay un ritmo en esta pandemia que empieza por las zonas más pobladas y se distribuye luego a todas las provincias”, argumentó y cargó: “La peor jurisdicción de la Argentina en mortalidad por lejos es CABA”.

El legislador del Frente de Todos apuntó que la Ciudad de Buenos Aires tiene “la mortalidad más alta de todo el país”, con “357 muertos por cada 100.000 habitantes”. Y, aunque aclaró que en letalidad se encuentra en el noveno puesto a nivel nacional, eso sucede igual cuando “tiene por lejos el mejor sistema sanitario de Argentina y toda la región, y la mayor concentración de personal de salud”.

Yedlin mencionó también que la ocupación total de camas en CABA está en 95,79%, “por lejos la peor”, indicó, y puntualizó que en Mendoza es de 95,74%.

“Cuando escuchamos que la Corte dice que el AMBA no es una jurisdicción, desde el punto de vista sanitario sí lo es”, enfatizó y agregó: “Las camas de terapia intensivas de estos dos lugares se comparten. A mí me parece muy interesante que la Ciudad de Buenos Aires cuando tiene que hablar de subsidios al transporte, se siente parte del AMBA; cuando tiene que hablar de que paguen menos tarifa eléctrica, también; pero cuando tenemos que hablar de generar restricciones con el objetivo de cuidar a los ciudadanos, ahí de pronto la Corte Suprema decide que no existe el AMBA”.

En su intervención, el diputado subrayó que de los internados por Covid, “solamente un 5% ha recibido alguna dosis de vacunas”, lo que “quiere decir que el 95% son pacientes aún no vacunados”. “Quiere decir que las vacunas que ponemos en Argentina están funcionando”, destacó.

“Un informe del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) dice que cuando la circulación medida en 14 días acumulados de casos está por arriba de 400, o de 200 en siete días, las medidas de restricción a la circulación son fundamentales”, manifestó, por lo tanto observó que “cuando la Corte Suprema dice que no hay datos suficientes, eso es falso”. Y completó diciendo que bajo estos mismos indicadores, países como “Uruguay, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, España, Italia” suspendieron las clases presenciales.

Luego fue el turno de la diputada Lucía Corpacci, quien dijo “no deja de asombrarme la actitud de la oposición en circunstancias tan difíciles”, y criticó “las ganas de no colaborar, de no ayudar, de no poner el hombro”. “No se puede creer tanta mezquindad en medio de tamaña crisis que tenemos”, expresó.

Según números obtenidos de la página del Gobierno de la Ciudad, la oficialista detalló que en el distrito porteño hay una ocupación de camas de terapia intensiva del 83,04%, por lo cual “está en la peor catástrofe que se pueda estar, como si estuviera en una guerra”.

“Tenemos una crisis enorme y las medidas que tomó el presidente no fueron capricho”, defendió, al tiempo que remarcó: “Nunca se dijo que los chicos no tengan clases, los chicos siguen teniendo clases, como estamos trabajando nosotros y como está funcionando la Justicia. Muchísimos miembros de la Justicia trabajan desde su casa”.

También fustigó a la oposición la senadora Teresa González, quien aseguró que la actitud de Juntos por el Cambio “indica por sobre todas las cosas una falta real de compromiso con respecto al pueblo, que son ellos los que hicieron que nosotros hoy estemos ocupando el lugar que nos dieron”.

“Es obligación del gobierno federal velar por la vida de todos los habitantes de Argentina”, sostuvo la formoseña, que argumentó que las medidas son necesarias “para la estabilización del sistema de salud y evitar el colapso”, al tiempo de “amesetar la cantidad de casos”.

La legisladora señaló que el AMBA “es la región de mayor concentración y de mayor densidad poblacional y, por ende, de mayor circulación del virus”, además de contar con “superposición de innumerables líneas de transporte, que cruzan de norte a sur, de este a oeste, toda la zona del AMBA”, y precisamente la reducción de circulación es “una recomendación que hacen los médicos sanitaristas”.

A su turno, el senador Guillermo Snopek cuestionó la gestión de la pandemia por parte del gobernador jujeño Gerardo Morales, al resaltar que “Jujuy es la provincia con mayor letalidad”, ya que sobre “25 mil casos hay 1.000 muertos”, mientras que por ejemplo Santiago del Estero “tiene 31 mil casos y apenas 300 muertes”.

El oficialista criticó el “doble discurso” del gobierno provincial y lo acusó de “esconder los indicadores”. “La gravedad que estamos viviendo, que es una pandemia, no hay parámetros para manejarla y cualquier medida que se tome es insuficiente”, advirtió.

El senador porteño Mariano Recalde aseveró que “la necesidad de tomar medidas más restrictivas en el AMBA está dada con suficiente evidencia científica y con una urgencia que es más que perentoria”.

El oficialista afirmó que, según la comparación de estadísticas de los últimos 15 días de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad, “se encuentra una curva distinta, un resultado distinto, particularmente en los (casos) de menores de 0 a 11 años ,y precisamente en el rango de 6 a 11 años”. “En Ciudad de Buenos Aires continuó creciendo de manera exponencial y estos son datos objetivos. Hay evidencia científica”, sentenció.

Recalde remarcó que está a favor de la educación presencial, pero “hay que cortar y suspender por un período para después recuperarnos”. “Defendemos la vida, defendemos la salud y también defendemos la educación pública en todos los sentidos”, resumió y agregó que el DNU 287/21 “ni siquiera fue cuestionado judicialmente, por lo que no habría ninguna razón para que la Ciudad no lo cumpliera”.

Antes de pasar al último orador, Cleri sintetizó la posición del bloque a favor del DNU, que “en análisis y en concordancia con cada uno y todos los decretos anteriores” conlleva “a no perder de vista las decisiones con la proporcionalidad y razonabilidad que debemos tomar atento al riesgo sanitario” que genera el Covid. “Está fundado en nuestra Constitución Nacional y también en tratados internacionales”, completó.

Aunque no forma parte de la bicameral, participó del encuentro y cerró la discusión el jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, quien apuntó que estamos en un año electoral y “tras el discurso del presidente, Larreta que es prácticamente el intendente de la Capital Federal, sale a contradecir al presidente, diferenciándose”. “Esto no es un problema con respecto a las modalidades, esto es un problema político”, analizó y acusó a la oposición de “atacar con todo lo que tienen” porque les conviene “cuanto más dañado llegue el país”.

Respecto a la Justicia, un día después que la Corte Suprema falle a favor de la Ciudad, el formoseño recordó que el 16 de marzo de 2020, el máximo tribunal “reconoció que la autoridad en materia sanitaria le corresponde al Gobierno nacional”. Y denunció que “prácticamente el Poder Judicial no está funcionando en todo el país”.

En esa línea, habló de la “incoherencia” de dictar el fallo sobre las clases presenciales de forma remota y propuso “que toda la Corte vaya a trabajar a la escuela, ya que en la escuela no se contagia nadie, pero que trabajen en forma presencial, que toda la Corte vaya a trabajar una vez por semana a un escuela porteña, que se saquen la escafandra”.

En referencia a su provincia, el senador oficialista lamentó: “Ayer tuvimos 700 casos, estamos llegando a 200 muertos. Estas son muertes evitables. Pero acá nos atacaron con todo, primero fallos judiciales, después los medios nacionales”.

Y disparó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que “ahora ya no aparecen en Formosa, ni Patricia Bullrich, ni la diputada que se vistió de presa (Mónica Frade), ni (Alfredo) Cornejo, que lamentablemente ahora está enfermo de Covid, yo no deseo a nadie eso, ojalá se recupere prontamente”. “La oposición tuvo éxito acá en Formosa; demostraron que su plan da resultado”, añadió.

La nota de Juntos por el Cambio

En la nota dirigida al presidente de la bicameral, los integrantes de Juntos por el Cambio consideraron a la convocatoria como “manifiestamente inválida e improcedente”, al “haber vencido la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto el 30/04/21”. Y argumentaron que para la bicameral “rige el reglamento de la Cámara de Diputados” al ser el diputado Cleri su presidente.

Para los opositores, en ese contexto, “las reuniones deben ser presenciales, siendo inválida una reunión remota en ausencia de Protocolo vigente”. “Solicitamos se cite nueva reunión, una vez prorrogado el Protocolo o bien que la reunión se haga de forma presencial en el lugar que indique”, pidieron.

Además, opinaron que “resulta un atropello institucional llevar adelante esta reunión e intentar dictaminar sobre la eventual validez de un DNU cuyo contenido viola las autonomías provinciales como ya advirtió el intérprete final de la Constitución Nacional”.

En alusión al reciente fallo de la Corte sobre el DNU 241/21, señalaron que “este precedente resulta de plena aplicación al Decreto de Necesidad y Urgencia 287/21, contenido en el temario de convocatoria, el cual extiende la suspensión de clases presenciales a todo aglomerado urbano mayor de 300.000 habitantes en situación de alarma epidemiológica, violando la autonomía ya no sólo de la CABA sino también de las provincias en las que se encuentren estas ciudades”.

Finalmente, aseguran que impugnarán la reunión y “todo acto jurídico que de allí surja, teniendo especialmente vedado la eventual suscripción de dictámenes de los temas en tratamiento”.

La Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado oficialista Marcos Cleri, se reunirá este miércoles a partir de las 9 para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 287/2021, mediante el cual el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta el próximo 21 de mayo las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19.

Al igual que ocurrió hace casi dos semanas atrás con el DNU que suspendió las clases presenciales en el AMBA, se estima que el Frente de Todos imponga su mayoría en la comisión y dictamine a favor de la validez del decreto.

Las nuevas medidas fueron anunciadas por el presidente el viernes pasado, en un mensaje en el que además habló de enviar un proyecto al Congreso para que se le otorguen facultades a él y a los gobernadores para tomar decisiones en el contexto de emergencia sanitaria. El anuncio despertó la alarma en la oposición, que rechazó cualquier iniciativa de “superpoderes”.

El nuevo DNU establece los parámetros para la clasificación de las zonas del país, según el número de casos de Covid-19, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, como es el caso del AMBA, se suspenden las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; y las clases presenciales en todos los niveles, una medida a la que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió, ratificando así su postura.

Hasta el 21 de mayo, seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados.

Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 19 horas, aunque podrán continuar con el servicio de delivery hasta las 23 horas. Durante el horario establecido, sólo podrán atender en espacios al aire libre.

También continuarán cerrados centros comerciales, shoppings, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.

Además, seguirán prohibidos en todo el país los viajes de egresados y de contingentes; y las reuniones en lugares privados con más de 10 personas; entre otros puntos.

Debido a la profunda crisis económica que atraviesa la Ciudad a raíz de la pandemia del Covid 19, los legisladores de Vamos Juntos (VJ) y la Unión Cívica Radical-Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que buscan eximir del pago de los Ingresos Brutos a centros médicos que presten servicios de internación para pacientes con coronavirus y para locales gastronómicos.

La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.

En los fundamentos de la medida, la diputada explicó que “la norma proyectada contempla que la exención aludida, alcanza exclusivamente a contribuyentes y/o responsables que cuenten con establecimientos donde se brinde el servicio de internación a pacientes afectados con coronavirus y por los ingresos provenientes de la actividad precedentemente mencionada, por lo que, si el contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo aplicará respecto de aquella correspondiente a los servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental”.

“Atento al inminente incremento de casos de Covid 19 resulta imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos adversos de la actual emergencia sanitaria, evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el coronavirus”, añadió.

Mientras que el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev) presentó otro proyecto que también busca eximir del pago de los Ingresos Brutos de mayo y julio a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.

Las iniciativas también lleva la firma de Roy Cortina (PS), Diego García Vilas, Claudio Romero, Facundo Del Gaiso, Agustín Forchieri, Matías López (VJ) y Patricia Vischi (UCR-Ev).

El rebrote de la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a este situación ha provocado que el mercado y diversos analistas coincidan en que el objetivo de llegar a cerrar el año con un déficit fiscal del 4,5 por ciento del PBI resulta muy difícil de alcanzar, al tiempo que se prevé que habrá un incremento en la emisión monetaria.

Este tema es motivo de evaluación entre los funcionarios del gabinete económico y los funcionarios técnicos del Fondo Monetario Internacional, en las conversaciones que siguen manteniendo para arribar a un acuerdo de facilidades extendidas.

El dato no es menor, ya que la situación fiscal, que mostró una mejora considerable en los últimos tres meses, comienza a evidenciar un cierto deterioro nuevamente y en especial si se proyecta el panorama de corto plazo.

Precisamente, en el Presupuesto para este año, el Gobierno fijó una pauta de déficit del 4,5% del PBI, complementado por un crecimiento económico del 5,5 por ciento.

El panorama venía bastante a favor de los objetivos del Gobierno y particularmente las metas establecidas por el Ministerio de Economía, pero las restricciones que se implementaron en abril y que continuarán ponen en de nuevo una gran dosis de incertidumbre sobre la evolución de la economía local.

En concreto, los especialistas esperan una clara desaceleración de la mejora económica, que se observaría con más nitidez a partir de mayo y junio, con lo cual se va a erosionar la recaudación impositiva.

De esta manera, con una menor recaudación impositiva sumado a la mayor asistencia que tendrá que hacer el Estado a distintos sectores económicos se percibe que la meta de reducción del déficit para este año no se cumplirá, al tiempo que se espera un aumento de la emisión monetaria, lo cual impactaría en el mediano plazo en la cotización del dólar y en la inflación.

Por otra parte, diversas entidades y especialistas vienen advirtiendo por el fuerte aumento de la deuda remunerada del Banco Central, lo que incide en el déficit cuasifiscal.

La deuda remunerada del Banco Central en concepto de letras de liquidez (leliq) y pases pasivos representa el 124% de la base monetaria, casi el doble del 63% del 10 de diciembre de 2019.

El cálculo fue dado a conocer por la Fundación Libertad y Progreso, en un informe en el que alertó que “el monto de deuda remunerada representa un pago de intereses mensual de casi $100.000 millones”, una “bola de nieve” que, además, es “equivalente a emisión futura” en la medida que no hay otros recursos para hacer frente a sus vencimientos.

La misma Fundación remarcó que la actual gestión del BCRA duplicó la deuda remunerada.

“La magnitud de dichos pasivos es tan grande que incluso supera a la base monetaria exactamente en 1,24 veces. Todo esto en un contexto donde el último dato de inflación fue un elevadísimo 4,8% mensual para marzo y enciende las alertas para los próximos meses”, añadió el informe.

Al respecto, el economista jefe de la fundación, Iván Cachanosky, advirtió que “el principal problema de la deuda remunerada es que es equivalente a emisión futura”.

“Es muy simple, los depósitos de la gente están respaldados hoy en gran medida por las Leliqs y no por pesos. Por lo tanto, si las personas comienzan a demandar esos pesos, los bancos tendrán que devolverle las Leliqs al BCRA y la entidad se verá obligada a emitir”, indicó.

En ese sentido, alertó sobre el “círculo vicioso” que se genera cuando “la bola de nieve de la deuda remunerada crece tanto”.

Al anunciar este viernes la extensión de restricciones hasta el 21 de mayo para frenar los casos de coronavirus, el presidente Alberto Fernández anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley que le permita tener más facultades a la hora de tomar medidas para contener la pandemia.

“En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que, en función de criterios científicos, claros y precisos, se faculte al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”, dijo en el final de su discurso que comenzó pasadas las 9.

El mandatario afirmó: “De este modo estoy ratificando mi vocación de diálogo. La pandemia nos exige una inmensa responsabilidad. Y es la política quien debe tomar las decisiones y encontrar las respuestas al desafío que enfrentamos”.

“Esto es mi responsabilidad y es nuestra tarea colectiva. Los convoco a todos y todas a que sigamos redoblando unidas y unidos los cuidados y la vacunación en las próximas semanas”, pidió.

Fernández argumentó que las medidas adoptadas “son las que se han tomado en todo el mundo. Con el virus, es imposible negociar. Frente al virus, tenemos que tomar medidas firmes”.

En ese sentido, sostuvo que todas las decisiones que tomó y tomará son “sin ninguna especulación política”. “Es imposible especular electoralmente y al mismo tiempo cuidar a la gente. Cualquier especulación que se haga terminará ayudando al virus y agravando el problema”, lanzó.

“Las medidas ante la pandemia son estrictamente para salvar vidas. Las normas que establecemos debemos cumplirlas todos por igual”, insistió y agregó: “Yo tengo un único enemigo: el virus. Lucho junto a ustedes contra una pandemia que provoca inmenso dolor. No tengo otros enemigos de ningún tipo. No tengo rencores“.

El jefe de Estado defendió las medidas tomadas días atrás, las cuales “están mostrando buenos resultados porque hemos contenido el crecimiento exponencial en el AMBA y otros lugares del país. Si no lo hubiéramos hecho, seguramente la curva hubiera seguido creciendo y el sistema de salud estaría mucho más complicado de lo que está”.

Sin embargo, resaltó que “la situación no se encuentra de ninguna manera resuelta. La cantidad de casos es realmente muy elevada”. “La situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria”, continuó.

Fernández expresó que “el virus contagia las 24 horas, el virus circula todo el día”, por eso rogó a la ciudadanía que “hay que quedarse en casa a la noche. De día, salir sólo si es imprescindible. Y cuando es necesario salir, hay que extremar los cuidados”.

“Estamos en las puertas del comienzo de las bajas temperaturas y del invierno. Debemos hacer un nuevo esfuerzo para bajar la circulación y disminuir los contagios, y descomprimir lo más que se pueda nuestro sistema de salud”, señaló.

Ante el vencimiento del DNU 241/21, que fue votado la semana pasada por la Bicameral de Trámite Legislativo, el presidente anticipó los alcances de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia. En ese sentido, dijo que las medidas se extenderán hasta el próximo 21 de mayo, y se clasificarán las zonas del país, según el número de casos, en cuatro categorías: de bajo riesgo, de medio riesgo, de alto riesgo, y de situación de alarma epidemiológica y sanitaria.

Para las zonas clasificadas en la cuarta categoría, como es el caso del AMBA, continuarán suspendidas las clases presenciales en todos los niveles; y las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados.

Seguirá la prohibición de la circulación entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. En tanto, el transporte público será para los trabajadores esenciales y autorizados.

Los bares y restaurantes deberán cerrar a las 19 horas, aunque podrán continuar con el servicio de delivery hasta las 23 horas. Durante el horario establecido, sólo podrán atender en espacios al aire libre.

También continuarán cerrados centros comerciales, shoppings, casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.

Por José Angel Di Mauro

Observadora nacional e internacional de elecciones en todo el continente, Silvana Yazbek es palabra autorizada a la hora de analizar las particularidades que ofrece la modalidad de votar en tiempos de pandemia. Un tema que a los argentinos nos interesa especialmente, en momentos en que ya se ha puesto en marcha la cuenta regresiva para las elecciones legislativas previstas, a priori, para los meses de agosto y octubre.

¿De qué manera impactó la pandemia en el mundo a nivel electoral? ¿Disminuyó la concurrencia a las urnas? ¿La pandemia puede llegar a favorecer a los gobiernos?

Sobre esas cuestiones habló con parlamentario.com la fundadora y directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), quien ha desarrollado tareas de observación electoral en Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

– ¿En qué medida afecta la pandemia a las elecciones?

– Desde la declaración de estado de pandemia, sus efectos fueron inmediatos en la realización de elecciones para quienes ya las tenían convocadas o debían hacerlo en 2020. Algunos países pudieron celebrarlas en las fechas originales, otros decidieron postergarlas un tiempo, e incluso aplazarlas significativamente. Tal es el caso de las elecciones locales en Paraguay, originalmente programadas para el 8 de noviembre de 2020, que se trasladaron al 10 de octubre de 2021.

En Argentina, el primer caso se presentó con las elecciones para intendente y concejales de Río Cuarto, programadas inicialmente para el 20 de marzo, y realizadas finalmente el 29 de noviembre de 2020, las cuales he acompañado como observadora electoral. También las presidenciales de Bolivia, Ecuador y la primera vuelta en Perú que en IDEMOE acompañamos como observadores internacionales del voto de sus residentes en nuestro país.

– ¿Cuál es su experiencia en cuanto a elecciones en este marco de pandemia?

– Todas las elecciones realizadas en la región durante la pandemia nos están dejando aprendizajes. Entre ellos, la importancia de analizar con la mayor anticipación posible los pasos a seguir, el dictado de protocolos preventivos del contagio del Covid para cada actor del proceso electoral y sus etapas, la actualización de padrones y DNI, la ampliación de centros de votación, la información oportuna de esos cambios. Asimismo advertimos la prioridad de asegurar la presencia de autoridades de mesa capacitadas y de nuevos auxiliares sanitarios; las reglas de campañas en escenario pandémico y virtual, las posibilidades de fiscalizar y observar las jornadas electorales, el control de los escrutinios e integridad en la entrega de los resultados. En este marco se requiere también considerar que la realización de elecciones sea imprescindible, dado que el contexto exige financiamiento de mayores recursos materiales y humanos para organizarlas, más los riesgos que todo movimiento y reunión social conlleva.

– ¿Existe predisposición en la gente para ir a votar igual?

– En la región a la gente le gusta ir a votar, aunque puede haber desinterés si hay disconformidad con la propuesta electoral

– ¿Ha bajado la concurrencia en este contexto?

– Ligeramente. En general, la concurrencia se ha mantenido y en algunos casos la participación electoral aumentó, como en las presidenciales de Bolivia. Excepcionalmente, se vieron abstencionismos significativos, que a veces tienen que ver con la obligatoriedad -o no- de concurrir a votar. En Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, marcó una participación histórica, debido, tal vez, a la incorporación de la opción del “voto por correo”, que tuvo un rol determinante y por tratarse de una elección presidencial trascendente. En Perú recientemente, las clases altas que pueden pagar las multas por omisos, prefirieron no votar, mientras las clases con bajos recursos sufragaron, para evitar principalmente para evitar las sanciones pecuniarias. Salvo casos puntuales, los promedios de participación históricos no se modificaron en razón de la pandemia.

– Mencionaba el caso del “voto por correo” y el rol que tuvo en las elecciones norteamericanas. Acá el Gobierno acaba de derogar el decreto que habilitó su utilización en las elecciones de 2019. ¿Cree que eso es un retroceso en materia electoral?

– Cuando se habilitó la posibilidad de voto por correo postal para electores en el exterior que estuvieran lejos de embajadas y consulados, no se trató en el Congreso, entonces este decreto, además de cuestionable por su validez y legalidad electoral, precisamente fue una estrategia política, dado que se especulaba con que se ampliaba derechos a votantes del oficialismo, y eso quedó demostrado en los resultados de 2019, donde casi en su totalidad votaron a Juntos por el Cambio. Y en esa interpretación, a la inversa, se entiende también la derogación por parte del actual Gobierno del Frente de Todos. El voto en el exterior existe por ley desde 1991, y está garantizado para las elecciones 2021 como siempre, con boleta única. No es obligatorio; en la última elección votaron 13% , antes votaban menos del 9% del padrón de argentinos residentes en exterior. La cifra de participación es mínima en relación a los costos y garantías de inclusión. Dar mayores posibilidades de votar, es inclusión electoral y desde IDEMOE la promovemos, también con una mirada federal. En Argentina existen más de 500 mil residentes en una distrito distinto al que tienen en su domicilio real, trabajadores transitorios, estudiantes, personas con tratamientos… Sin embargo, nunca se otorgó la posibilidad de ampliación de derechos para que estos electores puedan ejercer el derecho a sufragar y sí la obligación de justificar su falta al deber de votar en las comisarías, donde en cada jornada vemos largas filas de gente que quiere votar y no tuvo cómo.

– ¿Ustedes promueven entonces que el voto postal se implemente a nivel local?

– Nosotros venimos propiciando esta propuesta a nivel legislativo. Luego de derogar este decreto, tal vez sería interesante dar el debate en el Congreso, con estas iniciativas, es decir la posibilidad del garantizar el voto por correo postal, u otro instrumento de votación, para ambos tipos de residentes -del interior y exterior- puedan votar. Las normas electorales que amplían derechos hay que perfeccionarlas, y no restringirlas o eliminarlas, porque desde la mirada política, que condiciona a quienes proponen reformas electorales por conveniencias coyunturales, terminan, en siguientes procesos electorales, tal vez perjudicando sus propios intereses. Por eso, siempre sostengo que los efectos de las leyes electorales tienen, en su mayoría, la particularidad de desprenderse rápidamente de quienes quisieron dictarlas en su provecho y beneficiar a quienes se opusieron a sancionarlas.

– ¿Ha habido aprovechamiento de parte de los gobiernos para sacar partido de la situación?

– La efectividad de especulaciones políticas de los gobiernos -y oposiciones-, en los casos que pudo ser percibida y comprobada incluso con acciones concretas vinculadas al Covid, se fueron diluyendo en tanto más cerca estaba la realización de las elecciones. A la inversa, situaciones de emergencia como ésta pueden desfavorecer a los oficialismos en gestión, y aprovechadas políticamente porque no están en gestión. Sabemos que en los países de la región bajó el índice de confianza en la dirigencia política e instituciones públicas. A pesar de eso, se vienen celebrando elecciones regulares, organizadas por autoridades electorales que en general gozan de legitimidad, y que han podido garantizar el desarrollo normal de procesos electorales y sus resultados, más allá de la aceptabilidad de los mismos por parte de quienes no resultan beneficiados.

– ¿Cómo se han llevado adelante las medidas de control del voto, en este contexto?

– Como siempre, con protocolos de seguridad, que limitan el número de fiscales partidarios, por ejemplo.

– ¿Qué cuestiones deben tenerse en cuenta o puede recomendar para la realización de elecciones en pandemia?

– Antes que nada, es esencial el consenso político, que además represente las demandas de los electores y electoras, en cada decisión que se tome.

Desde lo formal, es clave imaginar que las elecciones fueran hoy y que debemos organizarlas como lo hicimos hasta ahora, sabiendo que existen deficiencias en el padrón electoral, una importante deserción de autoridades de mesa, escuelas con demasiadas mesas receptoras, y en muchos casos, exceso de fiscales con derecho a participar, y que éstos actores no están todos vacunados a la fecha. También proyectar las cuestiones de logística, que nadie ve. Tal el caso del Comando Electoral que debe realizar desplazamientos. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca no hay unidades de Fuerzas Armadas; todos los militares que trabajan en las elecciones se trasladan desde Córdoba, y se alojan juntos en una misma sede.

Respecto a la vacunación de quienes cumplen funciones en la jornada electorales, tal como lo solicitó la Cámara Nacional Electoral de Argentina, tenemos el caso de Chile, que habiendo vacunando a todo el personal actuante, igualmente aplazó sus elecciones por el agravamiento de la pandemia.

– ¿Qué opina sobre la celebración de PASO?

– Las elecciones PASO tienen adeptos, también cuestionamientos de fondo y forma, que han sido planteados en 2019 por sectores que hoy las defienden. Hace 10 años no existían. En las circunstancias extraordinarias e inciertas que atravesamos, sería conveniente no sobreactuar la eficacia democrática en la selección de candidaturas mediante este mecanismo y revisar cómo mejoramos éste sistema de selección de precandidaturas.

Desde la mirada ciudadana, la pregunta es: ¿para qué y a quienes beneficiamos con su realización? El interés del electorado no se ve reflejado, entonces ante cualquier otra valoración, hoy pone más el ojo en los costos de los comicios -que algunos subestimamos en relación a los parámetros del sostenimiento del sistema democrático-.

A nivel nacional y provincial, la clave es cuántas jornadas electorales podemos realizar en este escenario excepcional, respetando la ecuación democracia y salud, manteniendo el equilibrio de la decisión de extremar cuidados para evitar contagios, restringir eventos públicos, exigir distanciamiento y, a la vez, realizar elecciones que es esencialmente un momento de alta movilidad social, reunión de personas y manipulación de material electoral.

Tras una reunión virtual, el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires difundió una carta abierta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para que la Ciudad tome medidas sanitarias más estrictas frente al aumento de contagios de Covid-19 y el “inminente colapso” del sistema sanitario porteño. “Es hora de tomar medidas más drásticas, no se puede esperar más”, consideraron los dirigentes.

Legisladores nacionales y porteños del Frente de Todos expresaron que “el panorama es desolador” y que “no es tiempo de confrontaciones partidarias, es hora de acompañar al personal de salud y escuchar sus demandas desesperadas”.

Luego de un Zoom, donde analizaron la situación sanitaria del distrito, le pidieron a Rodríguez Larreta que “elija el camino de los cuidados”, porque aunque “se gane la crítica de algunos sectores de su partido, seguir por este camino le terminará siendo más costoso”.

Asimismo, pusieron a disposición “sus propuestas para cuidar la salud, la economía y la educación”, y su compromiso de “apoyar las medidas que se tomen en esa dirección aunque seamos opositores a su gobierno”.

Participaron del encuentro el senador nacional Mariano Recalde; los diputados nacionales Paula Penacca, Itaí Hagman, Mara Brawer y Eduardo Valdés; y los legisladores porteños María Rosa Muiños, Claudio Ferreño, Javier Andrade, Claudia Neira, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco y Manuel Socías.

En el marco de un ciclo de consultas a especialistas en materia de salud, la presidenta de la Comisión de Salud y legisladora de la UCR-Evolución, María Patricia Vischi, expresó su preocupación por la disparada de casos positivos de Covid 19 y advirtió que “bajar la curva de contagios es una responsabilidad como sociedad”.

Durante el encuentro fue tema común y prioritario de los especialistas presentes, la alarmante situación de la ocupación de camas en terapia intensiva y en salas de internación, en las clínicas y hospitales del sector privado como público y la imperiosa necesidad de bajar la curva de contagios para evitar un próximo colapso del sistema sanitario en su conjunto. Como así también la falta de personal médico suficiente para afrontar una crisis de esa magnitud.

En ese sentido Vischi indicó que “la responsabilidad social de todos es fundamental para resolver esta situación” y remarcó que “no debemos agotar las campañas de concientización para evitar las aglomeraciones y las reuniones sociales, las fiestas y todo lo que implica la multiplicación de contagios, usar correctamente el tapabocas y mantener la distancia social”.

“Escuchar las voces directas de quienes trabajan en el territorio completa nuestra mirada. No es un tema político ni es momento de profundizar las grietas, es momento de tomar con seriedad y responsabilidad  y que el mensaje sea tomado de esta manera por los más jóvenes, que son actualmente los más contagiados en esta guerra contra el virus”, sentenció.

En la reunión que se realizó de manera virtual participaron los integrantes de la Lista 33 de Graduados de todas las profesiones la Facultad de Medicina de la UBA; profesionales independientes y representantes del Sector Privado de la Salud; el Dr. Mario Lugones, presidente de la  Fundación Sanatorio Güemes; el concejal de Escobar Diego Castagnaro; el Dr. Adrián Gindin; secretario de Tecnología Educativa de la facultad de Medicina (UBA) y los doctores Ariel Biain y Miguel Lafuente.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos instó a adoptar disposiciones más severas para detener la segunda ola de contagios, complementadas por medidas económicas para los sectores sociales y productivos afectados. Y pidió que la circulación quede limitada a las actividades estrictamente necesarias. “Se trata de evitar una tragedia mayor y salvar todas las vidas cuya pérdida podamos evitar”, enfatizó.

Frente a la segunda ola de la pandemia y la incesante ocupación de camas de cuidados intensivos, la diputada Fernanda Vallejos abogó por medidas más estrictas para evitar mayores contagios y muertes. “Los datos de la realidad hablan por sí solos, tornando ocioso cualquier debate. Hay que actuar, antes de que sea demasiado tarde. Medidas de cuidado, restrictivas y estrictas, que impongan una cuarentena de carácter general, son imperiosas”, reclamó la legisladora.

Este viernes vence el DNU que estableció las medidas que rigen para frenar el acelerado ritmo de contagios. Desde que Alberto Fernández anunció la segunda ola, el 7 de abril, hasta hoy murieron 5.255 personas (total 62.087), se confirmaron 429.609 nuevos casos y la ocupación de camas de cuidados intensivos en el país subió del 58,1% al 67,7%, y en el AMBA -la zona más afectada- del 64,5% al 76,2%.

Otro dato de la segunda ola es que afecta con mayor virulencia que el año pasado a niños y adolescentes. Por caso, en la CABA, en el grupo de 0 a 19 años desde el 1º de marzo hasta mediados de abril hubo un aumento del 450% en los contagios, puntualizó María Rosa Bologna, jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital Garrahan.

En este marco, Vallejos sostuvo que “la circulación debería quedar limitada a aquellas actividades que resulten estrictamente necesarias para la reproducción de la vida de la comunidad”. Y remarcó la necesidad de “extremar los protocolos y su control y cumplimiento en los ámbitos donde sea imprescindible mantener la presencialidad”.

Entre estas medidas, resaltó la virtualidad en la educación, el cierre de fronteras terrestres, excepto el transporte de mercancías e insumos indispensables, con la debida protocolización y exigencia de testeo para quienes entren o salgan, así como la suspensión de vuelos.

Su postura va en sintonía con las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien enfatizó que la situación en el AMBA es “crítica”. “Necesitamos medidas drásticas, de 15 días por lo menos, con un cierre muy fuerte de la circulación de personas y, por lo tanto, del virus”, resaltó. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof afirmó que “el número de contagios está creciendo a un nivel que satura la capacidad de respuesta de muchos hospitales públicos y privados”. Y pidió extremar los cuidados mientras avanza el plan de vacunación.

De la mano con disposiciones más rigurosas, Vallejos subrayó que resulta imperioso acompañarlas con “medidas económicas necesarias para garantizar el sostenimiento de los sectores sociales y productivos afectados en sus ingresos y nivel de actividad, durante el tiempo que deban sostenerse las medidas”.

Hace dos semanas, para sostener el apoyo del Estado a los sectores más afectados por la pandemia, la economista había planteado dar la discusión en torno a generar una “política redistributiva drástica en materia tributaria”, donde sean las corporaciones y las élites económicas quienes hagan un mayor esfuerzo.

En otro orden, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, afirmó este lunes que “el sistema de salud está tensionado, con instituciones que tienen el 100% de sus camas (de cuidados intensivos) ocupadas y otras que todavía tienen un margen de ocupación del 17 al 30”. Las advertencias de científicos y del sector privado de la salud también apuntaron en esa sintonía. “Si necesitás una cama ahora, tenés una cola de espera en el sistema privado”, alertó Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

“Se trata de evitar una tragedia mayor y salvar todas las vidas cuya pérdida podamos evitar. No hay costos -políticos, económicos ni de ninguna otra naturaleza- equiparables a la pérdida de vidas humanas”, concluyó Vallejos.

A pesar del rechazo cerrado de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos logró firmar este viernes el dictamen de validez sobre los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) dictados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones por la pandemia, que incluyeron la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

En una reunión virtual de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde fue ratificado como presidente el diputado Marcos Cleri, el oficialismo ratificó el DNU 235/21, que limitó las reuniones sociales y prohibió los viajes de egresados, entre otras medidas; y el DNU 241/21, que canceló la presencialidad en las escuelas y restringió la circulación entre las 20 pm y las 6 am.

Ese DNU también ordenó a los bares, restaurantes y locales comerciales en general cerrar sus puertas a las 19; y prohibió la apertura de shoppings y centros comerciales, así como la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

Juntos por el Cambio intentó impedir la firma del dictamen con un planteo reglamentario, formulado por el diputado del Pro Omar De Marchi, pero el Frente de Todos impuso su mayoría en la bicameral para avalar los dos decretos, que ahora serían aprobados en el Senado, también con votos propios.

El debate

El encargado de defender en primer lugar los DNU fue el diputado y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, quien explicó que “hoy el mundo tiene tres respuestas para dar” frente a la pandemia: los testeos, las vacunas y las restricciones.

“Hoy no estamos donde hubiéramos querido estar, y tampoco donde hemos contratado para estar. La industria farmacéutica le falló al mundo en su capacidad de aumentar exponencialmente la producción. A pesar de tener contratadas muchas más vacunas de las que tenemos, vamos a estar llegando a las nueve millones de dosis”,  afirmó.

De todos modos, advirtió que “el mundo ha demostrado que solamente con testeos y con vacunas, aun los países que más vacunaron necesitaron tomar medidas de restricción a la circulación, porque este es un virus que lamentablemente es muy contagioso”.

Para Yedlin, con los DNU el presidente “tomó la decisión de no volver a especular políticamente con este tema” y a su vez “reconoce las lecciones aprendidas de la primera ola, y una de ellas es que la realidad epidemiológica en el país no es uniforme: no es lo mismo lo que pasa en el AMBA, en Catamarca, en Formosa o en Tucumán”.

El diputado dijo que está demostrado que “los cierres cortos e intensos suelen ser los más efectivos”, y a su vez “no hay muchas dudas de que en todos los países del mundo durante la segunda ola, y en lo que se pudo de la primera, se aprendió cuán importante es, dentro de las medidas de restricción, el cierre de las escuelas, que por supuesto son un valor importante”.

Yedlin mostró gráficos que muestran que “el cierre de escuelas es la segunda medida más efectiva demostrada en el mundo para poder reducir la circulación”. “Es verdad que en situaciones de baja circulación comunitaria las escuelas no son un lugar de alto contagio, pero cuando la circulación comunitaria es muy alta, está demostrado que suspender las clases baja la curva epidemiológica”, sostuvo.

El legislador agregó que “el objetivo es intentar que nuestro sistema sanitario sostenga a los pacientes graves” y evitar que “el riesgo es que la letalidad se eleve bruscamente” por la falta de camas. Finalmente, destacó la decisión del presidente de “pagar él el costo político de tomar una medida no popular”.

Por el Pro, el diputado De Marchi planteó que la comisión “no está en condiciones de dictaminar en forma virtual” porque, según su criterio, se rige subsidiariamente por el reglamento de Diputados y el Protocolo de Funcionamiento Remoto de esa Cámara.

Ese protocolo, recordó De Marchi, establece que para que las comisiones puedan dictaminar de manera virtual es necesario el consenso entre el presidente y el vicepresidente, y  “no ha existido en forma expresa el consentimiento del vicepresidente de la comisión”, el senador Luis Naidenoff.

Desde el oficialismo, la diputada Carolina Gaillard -que se incorporó a la bicameral en reemplazo del renunciante Pablo González– defendió el rol de control del Congreso sobre los DNU dado que son medidas excepcionales, y pidió tener una “interpretación amplia” de los reglamentos para “empoderar” al Parlamento.

El diputado Pablo Tonelli (Pro) se puso al hombro el rechazo de los DNU, al advertir que “constituyen severas restricciones a los derechos individuales de los argentinos, que solo pueden ser dispuestas por ley del Congreso”.

Tonelli consideró que “a partir de que el Congreso comenzó a funcionar” en la pandemia con la incorporación de la virtualidad, “cesó la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo utilizara de manera legítima esa herramienta tan excepcional”.

“El Congreso hace muchos meses que está funcionando, y muy bien. Está cumpliendo el rol que le asigna la Constitución. Y si el Congreso está cumpliendo con el rol que le asigna la Constitución, no existe razón alguna para que el Ejecutivo sustituya al Congreso”, opinó.

El legislador dedicó un párrafo aparte al DNU 241/21, y apuntó que “si hay una facultad que es propia de las provincias y que define su autonomía es la posibilidad de regular todo lo relativo a la educación, y sobre todo la educación primaria “.

“Lo que ha hecho el Ejecutivo con la suspensión de clases en el AMBA es un ejercicio del poder de policía”, que según su interpretación “está en cabeza de las provincias”. “Todas las demás provincias quedan autorizadas por sí mismas a decidir si suspenden o no las clases, la única que no puede ejercer su propia autonomía es la Ciudad de Buenos Aires. La desigualdad, la discriminación en la que incurre el decreto 241/21 no puede ser más evidente”, sentenció.

La oficialista Lucía Corpacci habló de la urgencia a la hora de tomar este tipo de medidas. “La cantidad de casos en nuestro país en la semana epidemiológica 9 a 10 aumentó un 5%; de la 10 a la 11 aumentó un 11%; de la 11 a la 12, un 30%… pasamos de duplicar en una semana la cantidad de casos, y lo más llamativo es que en el AMBA aumentó un 40%. Eso no da tiempo a que nosotros llamemos al Congreso. La urgencia en las cuestiones de salud es una realidad”, analizó.

Respecto de las clases, coincidió con Yedlin en que “en las escuelas no se producen contagios, el tema es cuando en la comunidad aumenta la cantidad de virus circulante y ese virus, por la mutación de las cepas, es mucho más infectante que las cepas anteriores, y la posibilidad de contagios se exacerba en el transporte público”.

Corpacci aprovechó para salir en defensa del ministro de Educación, Nicolás Trotta, tras haber dicho que las escuelas no eran lugares de riesgo pocas horas antes de que se decidiera el cierre. “Esto es dinámico: hoy se puede decir que los chicos vayan a la escuela, y mañana la situación epidemiológica nos obliga a decir que hay que cerrar. Nadie lo hace graciosamente”.

Por la UCR, el diputado Gustavo Menna se quejó de que “el país está siendo gobernado por decreto” y en ese sentido precisó que desde el 10 de diciembre de 2019 Alberto Fernández firmó 134 decretos, de los cuales 96 son DNU y 38 son ejercicio de una atribución delegada. “No podemos permitir naturalizar esta práctica”, dijo, y recordó también que esta gestión arrancó con la sanción de la Ley de Solidaridad Social, que declaró nueve emergencias.

El chubutense añadió que la bicameral no se reunía desde el 24 de agosto del año pasado para tratar los decretos presidenciales, y a eso se suma que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no concurrió todavía este año al Congreso a brindar su informe de gestión. Por último, denunció que los decretos en tratamiento están “viciados de nulidad e inconstitucionalidad”.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde señaló que el cierre de escuelas “no es una medida local, es una medida de neto carácter federal que tiene que ver con el cuidado de la salud”, y cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Decir que no hay evidencia científica para tomar esta decisión es desconocer y negar una realidad evidente: que la situación sanitaria está desbordando por la cantidad de contagios”.

En un discurso muy crítico para con Horacio Rodríguez Larreta, el excandidato a jefe de Gobierno porteño no dudó en emparentarlo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a quienes deliberadamente caracterizó como “sus jefes políticos”. Señaló en ese sentido que el jefe de Gobierno sigue los designios de ambos “de una manera brutal”. Y lo acusó de “hacer política electoralista queriendo diferenciarse del Gobierno nacional, empezando las clases una semana antes, flexibilizando más que el resto y queriendo sacar un rédito político”.

El último en intervenir fue el presidente del bloque oficialista del Senado, José Mayans (Frente de Todos-Formosa), quien comenzó su discurso con una advertencia sobre el agravamiento de la pandemia: “Esto no mejora, empeora”. Algunos de sus argumentos fueron el aumento de los jóvenes contagiados, la escasez de personal médico y el incremento de la mortalidad.  En el mismo sentido, defendió las nuevas restricciones anunciadas por Alberto Fernández, pero criticó la falta de respuesta rápida del Congreso: “Inmediatamente debería haberse reunido el Parlamento y por sugerencia también de la oposición”.

“No estamos hablando de una medida permanente, es hasta el 30 de abril, son catorce días”, relativizó el formoseño. Luego, se dirigió a la oposición: “En este tema tenemos que buscar la coincidencia, no se puede actuar con esta mezquindad”. “No sean tan duros de corazón, ayúdennos un poquito”, le pidió a Juntos por el Cambio. Por último, celebró el apoyo de la oposición a la postergación de las PASO.

En el marco de una fuerte disparada de los casos de Covid 19 y de las nuevas medidas de contingencia establecidas por el Gobierno de Alberto Fernández, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración reclamando al Ejecutivo porteño el refuerzo de los controles en comercios, restaurantes, bares, locales de oferta gastronómica y eventos de distinta índole, para dar cumplimiento a las medidas de contención y prevención de la pandemia según lo establecido por el DNU N° 241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional.

La presentación hecha por la diputada ante la Legislatura porteña llegó  en el mismo sentido de las denuncias recibidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación en la Línea 134, sobre comercios abiertos fuera del horario habilitado, personas consumiendo en el interior de locales gastronómicos y la realización de fiestas clandestinas.

Es por esto que la peronista consideró que “es imprescindible que el Gobierno de la Ciudad intervenga a través de los distintos componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública para incrementar los controles” y remarcó que “estos incumplimientos, además de infringir la normativa vigente, no sólo pueden retrasar el regreso a la apertura, sino que también generan una política muy desigual respecto a los bares y restaurantes que están acatando la medida y que se ven perjudicados por aquellos que se niegan a hacerlo”.

“El Estado porteño debe intervenir ante estas asimetrías y establecer un trato igualitario frente a las medidas”, agregó.

Con ese objetivo, la legisladora presentó además un pedido de informes ante la Legislatura para que el Ejecutivo de la Ciudad informe qué medidas concretas se adoptarán para dar cumplimiento al refuerzo de los controles requeridos por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y detalle las que ya se han implementado para garantizar el cumplimiento del decreto presidencial en el distrito. Especificando cuáles son los cuerpos de seguridad abocados a los operativos de control, la cantidad de locales que fueron inspeccionados desde la entrada en vigencia del decreto – detallando aquellos que registraron incumplimiento de las medidas sanitarias; las multas o sanciones aplicadas en cada caso – y las zonas de la Ciudad que consideran prioritarias relevar.

Al mismo tiempo que remarcó que “diversos dirigentes políticos del partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires han convocado deliberadamente al incumpliendo de la normativa presidencial. Estos hechos socavan el objetivo de reducir la curva de contagios que en las últimas semanas se incrementó de manera vertiginosa” y concluyó aseverando que “es alarmante el llamado de desobediencia civil realizado por representantes del partido oficialista de la Ciudad, provocando caos y desorden en una situación de extrema delicadeza”.

En un contexto de pandemia, en donde la segunda ola presenta un crecimiento exponencial diarios de contagios, Argentina, como Brasil, Uruguay, México, Chile, Paraguay, Francia o Alemania tomaron las mismas medidas: suspender las clases presenciales para evitar la circulación de personas y por ende los contagios y muertes. Quienes durante este año han perdido familiares y amigos o han transitado la enfermedad en forma compleja saben de qué hablamos cuando hablamos de Coronavirus. Esta pandemia no discrimina y sólo cuidándonos vamos a poder sobrellevarla de la mejor forma posible.

El año pasado los argentinos y las argentinas han tenido el compromiso necesario para que, entre todos/as, frenemos la inminente llegada de la pandemia. El esfuerzo realizado ha permitido a los gobiernos nacional, provinciales y municipales adecuar el sistema sanitario y evitar la foto que nos mostraba Europa con pacientes que no tenían camas para ser tratados o a médicos/as eligiendo a quién prestarle servicio porque no se llegaba a cubrir la demanda.

Este año nos toca atravesar la segunda ola y quienes vivimos en el AMBA sabemos que el aglomeramiento y la circulación nos pone en una zona de mayor riesgo. Es así que nuestro presidente, Alberto Fernández ha tomado la decisión por medio del DNU 241/2021 de aumentar restricciones para que por 15 días se limite la circulación y con ello los contagios.

Lamentablemente a veces la mezquindad política nos lleva por caminos sinuosos. Caminos que ponen en riesgo a la población que decimos representar. Tal es el caso de la decisión implementada por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de oponerse a lo dictaminado en un Decreto de Necesidad y Urgencia sin contemplar el estado de situación que atraviesa el sistema sanitario y encontrando en una “justicia a la carta” el relato necesario para imponerse políticamente.

Nos encontramos frente a un escándalo jurídico sin precedentes que genera no solo desconcierto ante madres, padres y comunidad educativa, sino que también genera un riesgo a la salud pública en el marco de una pandemia.

El presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la salud de millones de argentinas y argentinos.

Con estas acciones la oposición pretende instalar el falso postulado que las medidas sanitarias implementadas van en desmedro de la educación. Así como el año pasado plantearon la dicotomía salud versus economía. El punto pareciera ir contra todo, incluso con el bienestar de la población.

Todos creemos que la presencialidad es vital para la educación. Así como lo sostuvimos en el 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraban escuelas y programas educativos. Hoy lo seguimos sosteniendo. Por ello, bregamos para que las clases presenciales sean retomadas apenas se supere el pico de contagios que atravesamos.

En un nuevo intento de judicializar la política, el Gobierno de la Ciudad se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del DNU, pese a que la autonomía que nuestra Carta Magna le otorga a la Ciudad Autónoma difiere del carácter federal de las provincias.

Por otro lado, la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas presentó un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires. El juez de grado se declaró incompetente para impugnar una norma federal y denegó la cautelar.

La Fundación apeló y el juez de primera instancia también denegó la apelación por “falta de competencia”. Frente a ello la peticionante plantea un recurso de queja por apelación denegada y logra que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, no solo resuelve la queja por apelación denegada considerando con competencia para entender sobre la aplicación de una norma federal, sino que resuelve la medida de fondo, otorgando a la fundación la medida cautelar, sin darle intervención al órgano que dictó la medida.

Esta medida que afecta de manera directa la garantía constitucional de defensa en juicio no contempla la opinión de expertos sanitarios en el marco de una pandemia.

Es decir, un fuero que tiene intervención y competencia sobre cuestiones de la ciudad y que solo puede hacer control de constitucionalidad sobre los dictados por el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad, resuelve sobre el alcance y constitucionalidad de una norma federal.  Esto podría generar un precedente para que el día de mañana se produzca algo tan insólito como que un ciudadano de CABA se presente a impugnar tanto un decreto como una Ley Nacional.

Quienes se arrogan ser los “defensores de las instituciones” utilizan todo lo que tengan a su alcance para defender sus intereses mezquinos de una disputa política poniendo en juego nada más ni nada menos que la salud de los argentinos y las argentinas.

El DNU 241/2021 no legisla sobre política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia y con el solo objetivo de preservar a la ciudadanía y evitar que, en un colapso sanitario, los/as trabajadores de salud tengan que elegir a qué paciente atender. Seamos responsables, cuidemos la salud de nuestro pueblo.

* Diputada Nacional del Frente de Todos – Buenos Aires

Después de que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires autorizara la continuidad de las clases presenciales en el distrito, los diputados porteños mantuvieron un fuerte cruce de palabras en las redes sociales al respecto de esta decisión judicial, ya que mientras el oficialismo celebró la medida, la oposición aseguró que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “especula” con la pandemia.

El diputado de Vamos Juntos Claudio Romero manifestó que “nadie discute las facultades del presidente, pero una vez más viola la Constitución Nacional, la que establece que la educación es jurisdicción de las provincias. Otra aberración jurídica es crear por decreto un nuevo territorio, el AMBA, que puede ser una descripción geográfica pero no es institucional” e indicó que “el abuelo Cafiero, que algo sabía de esto, en su ley de traspaso de atribuciones ya en 1995 dispuso que la ciudad maneje su educación”.

Asimismo señaló que “la ciencia y la evidencia dicen que las escuelas no son fuente de contagio, porque datos precisos es igual a decisiones correctas. Una vez más los 7 millones argentinos que vivimos y transitamos la ciudad pagamos la ineptitud de Axel Kicillof. Nos sacaron la coparticipación por su mal manejo de la seguridad y ahora nuestros chicos se quedan sin ir a la escuela, los quieren más analfabetos” y recordó que es cierto que “hay países con toque de queda. En Francia es de 18 a 06, ahora los científicos avalan las escuelas abiertas porque son un ámbito de contención emocional. Vacunas si, encierro no”.

Por su parte Lucía Romano (VJ) consideró que “la Justicia le recuerda al presidente Alberto Fernández que Buenos Aires es una Ciudad Autónoma y que no puede avasallar sus competencias cual monarca absolutista”; mientras que Gimena Villafruela (VJ) explicó que “mantener las aulas abiertas es fundamental para la educación y el bienestar integral de los chicos. Es importante que los vecinos sepan que las escuelas son lugares seguros, así lo demuestran los datos. Sigamos cuidándonos para que continúe la presencialidad”.

Sobre esa misma línea, Sergio Abrevaya (GEN) celebró “el fallo de la Cámara de Apelaciones que protege los derechos de los alumnos a tener clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y que el Gobierno de la Ciudad lo acate” e insistió en que “el presidente tiene que escuchar tanto al sistema educativo como al de salud.  Y aprender. Debemos garantizar la educación en la Ciudad, las escuelas deberían ser lo último en cerrar ya que sus estadísticas de contagio son casi nulas. No deben jugar con el futuro”.

A su vez el legislador de Consenso Federal (CF) Eugenio Casielles aseveró que la “disputa entre el GCBA y Nación, colegios que abren, colegios que cierran, paro de docentes… no nos olvidemos que en el medio se encuentran los chicos.  La incertidumbre solo da lugar al caos” y remarcó que “necesitamos claridad y decisión, aún más en medio de una pandemia. Basta de discusiones políticas que lo único que generan es desorden. Espero que los nuevos controles funcionen y garanticen la seguridad de todos”.

En tanto el peronista Santiago Roberto (FdT) señaló que “la salud y la educación deben ser cuidadas como así también la justicia, este mamarracho jurídico que sucedió debido a la presión de la oposición es lo peor que puede pasar en un momento tan sensible como este” y destacó que “hace poco en otro fallo decían que el Gobierno de la Ciudad no era garante del acceso a la educación. El gobierno de la ciudad y quienes lleven esto adelante deberían pagar por semejante aberración”.

“La irresponsabilidad y el partidismo de la cámara porteña resultan evidentes cuando hace pocas semanas decían en otro fallo, que el Gobierno de la Ciudad no era garante del acceso a la educación”, aseveró.

Mientras que Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó que “la interna partidaria de la oposición nos está costando caro. Si a la crisis económica y sanitaria había algo que no había que agregarle era un conflicto institucional producto de la especulación electoral: Larreta lo hizo” y lanzó: “de manual: Larreta y sus testaferros judiciales buscan minar de causas los tribunales hasta conseguir un fallo favorable. Están saturadas las guardias y las camas en la Ciudad, no podemos especular cuando está en riesgo la salud de los porteños y porteñas”.

Al mismo tiempo que consideró que “es increíble que estemos en esta situación, pero Larreta decidió que a la crisis económica y sanitaria se sume también una disputa institucional. Hacer electoralismo en una pandemia con los chicos de por medio. No tiene precedentes”.

Además el opositor Manuel Socías (FdT) subrayó que “es tan ridículo el fallo judicial de la Cámara de Apelaciones que no vale la pena discutirlo.  En esta realidad sanitaria gravísima, es lamentable el cinismo de Larreta y su falta de empatía con las miles de familias que ayer a última hora no sabían qué hacer con sus hijos” y precisó que “especular políticamente con la pandemia, se cuenta en muertes. Aprovechar un momento de incertidumbre, confusión y angustia para sacar una ventaja es inaceptable”.

“La presencialidad en las escuelas debe ser debatida seriamente, asumiendo que nadie tiene certezas absolutas y que la realidad es dinámica y requiere estrategias flexibles. Pero lo que no se puede hacer ni aceptar es promover la desobediencia civil”.

También destacaron la medida judicial los diputados Daniel Del Sol, Diego García Vilas, Cristina García, Natalia Fidel, Matías López, Facundo Del Gaiso, Ana María Bou Pérez, Cecilia Ferrero, Victoria Roldán Méndez, Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Claudio Cingolani, Hernán Reyes, Paola Michielotto, María Luisa González Estevarena, Gonzalo Straface, (VJ), Manuela Thourte, Leandro Halperín, Ariel Álvarez Palma, Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia y María Inés Gorbea (UCR-Ev); mientras que Cecilia Segura, Claudio Morresi, María Bielli, Victoria Montenegro, Lucía Cámpora, Claudia Neira, Javier Andrade, Laura Velasco, Lorena Pokoik, María Rosa Muiños (FdT), Alejadrina Barry (FIT) y Myriam Bregman (PTS) la rechazaron.

Luego de que la Justicia porteña habilitara las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, legisladores nacionales y porteños cuestionaron la medida y salieron con los tapones de punta contra el fallo y el Gobierno de Rodríguez Larreta.

La legisladora porteña del Frente de Todos Lorena Pokoik habló de “Fórum shopping al palo”, y lo calificó de “lamentable”. “Dejen de politizar y judicializar la pandemia y háganse cargo de ser parte de la solución y no del problema”, reclamó.

Luego sostuvo que “los jueces Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini hicieron lugar al amparo presentado por dos ONGs ligadas al macrismo. Antes habían rechazado la recusación de Macchiavelli, hermana del secretario de Ambiente de CABA”, y remató: “⚠️Un tribunal local, por tanto incompetente, ordena que se suspenda una medida federal con fuerza de ley. Además de ser una aberracion juridica es una resolución hecha a medida de Larreta y su mundo paralelo que niega la pandemia”.

1. La suspensión de clases presenciales es inconstitucional. 2. El fuero Contencioso de la CABA es incompetente para tramitar un proceso que cuestiona la validez de una norma federal como el DNU 241/2021. 3. El fuero competente es el contencioso federal.

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) April 18, 2021

La diputada porteña Victoria Montenegro también protestó: “La oposición apuesta al caos, no les importa nada”.

A su vez, el diputado nacional Leopoldo Moreau dijo que “mientras Larreta y los empleados macristas de la justicia porteña están emperrados en no frenar la circulación del virus, el gobierno nacional sigue trayendo vacunas. Qué autoridad medica y científica tienen estos camaristas para tomar express esta decisión? Son irresponsables”.

Por su parte, el senador misionero Maurice Closs dijo que “en este caso, de las clases en CABA, es el corazón de un DNU que se deja sin efecto. Y lo hace una Cámara y ante el recurso de grupos de padres. Insisto, no es una posición acerca de este tema, es la advertencia del peligro de que toda ley tiene vida corta ante cualquier fallo”.

El diputado porteño Leandro Santoro tuiteó por su parte: “Cuando pase el tiempo y se estudie lo q ocurrió en esta época, la historia será implacable con “los políticos” q actuaron sin medir el CONTEXTO DE PANDEMIA. Podrán manipular la justicia e incluso tratar de hacer lo propio con la opinión pública, pero esta mancha es indeleble”.

A su vez, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy recogió declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria, quien señaló que “utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos”. “Objetivo: generar confusión y mayor desgaste en el pueblo en lugar de preservarlo ante una situación de pandemia. #LasLeyesSeCumplen”, tuiteó el senador salteño.

Desde la izquierda, la legisladora porteña Myriam Bregman también cuestionó el fallo diciendo: “La misma Cámara de Apelaciones que desde agosto 2019 no resuelve la apelación con la que el Gobierno de CABA logró frenar la aplicación de la sentencia que obtuvimos y que obliga a construir escuelas, ahora se expresa en tiempo récord cuando Larreta lo necesita ¡Qué sorpresa!”.

En el pico más alto de pandemia de Covid-19, la ingrata  actitud del jefe de Gobierno de la ciudad que más contagios tiene en todo el país, junto a un acto encabezado por la presidenta de la principal fuerza opositora frente a la residencia de Olivos que roza con la sedición,  pinta de cuerpo entero el malsano modo de operar de algunos sectores.  Reaccionarios y  desestabilizadores, demuestran estar dispuestos a cualquier cosa en pos de llevar agua a su molino; aún a riesgo de la muerte de las y los argentinos.

En las antípodas, nuestro presidente Alberto Fernández  -que  otra vez se pone al frente de la batalla-  sabe que estamos a metros de la costa, y que nos falta un último esfuerzo para salir de este tremendo momento que afecta a todo el planeta.

La sensatez, la cordura, pero sobre todo la ferra convicción y firmeza que demuestra hoy,  son  virtudes del Alberto que conocemos quienes, junto a un grupo de compañeras y compañeros fundáramos el Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE) hace casi 10 años. Entonces, sabíamos que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas acciones, puede modificar realidades.

Por eso, no es extraño que gracias a la visión y gestiones del presidente, pero también a los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad, Argentina está dentro de los 25 países del mundo en lo que refiere a la campaña de vacunación. Eso, junto con sistema sanitario fortalecido, nos permite mantener abierta la economía preservando la salud. Pero hace falta un esfuerzo más.

Sin especular y de manera incondicional, el presidente hace lo que se debe hacer y la sociedad se lo agradece acatando las medidas, pese a la construcción virtual y a las estrategias de comunicación malignas llevadas adelante por dirigentes  que tarde o temprano, deberán rendir cuenta ante la sociedad por sus dichos y actos.

La vida de las y los argentinos es la prioridad de nuestro presidente, consciente de que no se puede poner un freno de mano a las actividades sociales, pero sí generar las condiciones adecuadas que permita preservar la salud de nuestro pueblo.

HTG es Subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del MDSN y presidente de Partido del Trabajo y la Equidad de la provincia de Buenos Aires.

“El daño a los chicos más pobres de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires es irreparable”, expresó este sábado la Coalición Cívica – ARI a través de un comunicado titulado “La vicepresidenta no tiene poder, pero sí una actitud y capacidad de daño inconmensurable”.

Allí señalan que “frente a las reiteradas medidas injustas e inconstitucionales decretadas, advertimos que muchos argentinos angustiados ven en la desobediencia civil el camino para defender la educación de sus hijos y sus fuentes de trabajo”.

Para la Coalición Cívica “es válido, justo y debe ser pacífico”, y exhortan a que “transitemos este difícil momento en paz y sin violencia, tomando todos los recaudos de cuidados personales (distanciamiento y barbijos)”.

La CC – ARI expresa que “es un derecho implícito en la Constitución y es un derecho humano inalienable en las sociedades democráticas y plurales, al menos hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia”.

El comunicado concluye apuntando que “como ya lo hemos manifestado, creemos que en estos tiempos tan difíciles es necesaria mucha lucidez y serenidad para preservar la Nación”.

Los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) lanzaron un duro comunicado en contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por sus críticas al Ejecutivo Nacional por sus últimos anuncios de restricciones por la pandemia y aseguraron que especula políticamente con el problema sanitario que atraviesa al país y el mundo.

Es así que los opositores afirmaron que “en medio de la segunda ola de la pandemia, los porteños y porteñas tuvimos que ser testigos de una nueva puesta en escena de Horacio Rodríguez Larreta, que parece estar más preocupado por su campaña presidencial de 2023 que por cuidar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires” y remarcaron que “el presidente de la Nación, Alberto Fernández, comunicó al pueblo argentino las medidas para afrontar el momento más crítico de la pandemia. Como lo ha hecho desde que empezó a circular el virus en el país, puso por delante la vida de los argentinos haciendo el máximo esfuerzo, también, para proteger la producción, el trabajo y la educación”.

Al mismo tiempo que explicaron que “en el marco de la segunda ola, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más afectado: tiene la tasa más alta de contagios del país y una de las más altas de la región. Es inadmisible y nos preocupa que Horacio Rodríguez Larreta continúe utilizando la pandemia como plataforma electoral, tergiversando datos, ocultando información y judicializando las medidas que el Gobierno Nacional toma con absoluta legitimidad”.

“Las acciones del GCBA distan mucho de lo que dice Horacio Rodríguez Larreta en sus puestas en escena comunicacionales: CABA es el distrito que más vacunas recibió en proporción a sus habitantes, sumado a eso, tiene a disposición la colaboración del PAMI. Además, parece ignorar la escasez de vacunas a nivel mundial, cuyas consecuencias padecen prácticamente todos los países del mundo”, advirtieron en el comunicado y señalaron que “el jefe de Gobierno dice una cosa, y hace lo contrario: dice que prioriza la salud y la educación pero recortó el presupuesto en las dos áreas de cara al 2021. Tampoco invirtió en tecnología y conectividad para garantizar la virtualidad ni en infraestructura escolar. ¿Falta de presupuesto? No, la CABA es el distrito más rico del país”.

Al mismo tiempo que alertaron que “en lugar de hacer cumplir las restricciones anunciadas la semana pasada, que fueron acordadas entre la Nación y la Ciudad, Larreta decidió manifestarse públicamente en contra y no garantizó su cumplimiento. ¿Y ahora pide reuniones por televisión? Necesitamos más seriedad y compromiso en esta etapa” y precisaron que “no vamos a hacernos los distraídos: sabemos perfectamente que a Horacio Rodríguez Larreta no le interesa la educación ni la salud”.

Además señalaron que “es parte de un proyecto político que cuando tuvo que gobernar el país desfinanció la educación pública, recortó salarios, reprimió a enfermeros, enfermeras y docentes y eliminó el Ministerio de Salud. En la Ciudad de Buenos Aires ese es el modelo que gobierna hace 14 años. Primero con Macri y ahora con Larreta” y resaltaron que “tampoco vamos a permitir que confundan a la sociedad: nuestro proyecto político tiene un compromiso inquebrantable con la vida, el trabajo y la educación. Por eso se tomaron medidas como el IFE, el ATP, el Bono Salud, el REPRO, la modificación del Impuesto a las Ganancias y ahora el bono de 15 mil para seguir paliando las consecuencias económicas de la pandemia”.

“El Gobierno de la Ciudad no tuvo ninguna iniciativa para aliviar el golpe de la pandemia a los porteños y las porteñas. Tal cual como hicieron cuando les tocó gobernar a nivel nacional: desamparan a la población”, añadieron y concluyeron aseverando que “estamos viviendo un momento muy duro: necesitamos la responsabilidad de todos y todas para frenar la segunda ola. Necesitamos medidas claras y concretas para cuidar la vida. No es tiempo de especulaciones electorales ni judiciales, y tampoco de sacar ventajas políticas irresponsablemente”.

Bajo el título “Medidas generales de prevención”, se publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece nuevas restricciones para evitar contagios de coronavirus, tal como había anunciado el miércoles el presidente Alberto Fernández.

El DNU, que lleva el número 241/21, comenzó a regir desde este viernes y Horacio Rodríguez Larreta ya adelantó que presentará un amparo en rechazo a la suspensión de clases presenciales, una decisión que, según advirtió el jefe de Gobierno porteño, se tomó de manera inconsulta.

En el decreto, que lleva las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y todos los ministros, señala que “el aumento de casos se registra en casi todas las jurisdicciones del territorio nacional y más del 50% de los nuevos casos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

Asimismo, se agrega que la velocidad de contagio en esta zona “es considerablemente mayor a la que se venía registrando y a la que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico y sanitario del país, lo que genera una importante tensión en el sistema de salud en todos sus niveles, así como el riesgo de su saturación y, a causa de ello, un previsible incremento en la mortalidad, si no se adoptan medidas para prevenir estas consecuencias”.

Por eso, “se hace necesario incrementar las medidas ya adoptadas” a pesar de que se cumplió apenas una semana del dictado del anterior DNU, el 235/21, con vigencia hasta el próximo 30 de abril.

El decreto “se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de Covid-19 con el objeto de preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria”, indica en los considerandos.

Las nuevas medidas

• Se amplía el horario de restricción de la circulación de personas en el AMBA desde las 20 hasta las 6 del día siguiente.

• Los bares, restaurantes y locales comerciales en general deberán cerrar sus puertas a las 19, “con el objetivo de que las personas que se encuentran en ellos puedan llegar a sus hogares antes del horario previsto”.

• El DNU agrega otra medida que no había sido anunciada por Fernández: en el horario autorizado para su funcionamiento, los locales gastronómicos podrán atender a sus clientes solamente en espacios habilitados al aire libre.

• Luego de las 19, se autoriza a los bares y restaurantes a realizar entregas a domicilio o retiros en el local (“take away”).

• Se prohíbe la apertura de shoppings y centros comerciales, y la realización de actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en ámbitos cerrados.

• Se suspenden las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril inclusive, en todos los niveles y en todas sus modalidades y las actividades educativas no escolares presenciales.

• Los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño tendrán “el deber” de “dictar las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto (…) sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar en ejercicio de sus competencias propias”.

El DNU

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El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó que “hay dirigentes diciendo lo que algunos quieren escuchar pero no te están cuidando. Los que te están cuidando son otros que hoy dicen cosas que caen antipáticas”, y enfatizó: “Hagan política con lo que quieran, con la pandemia no”.

En declaraciones televisivas, Cafiero destacó que “el Gobierno sabe que cuando toma estas medidas crea dificultades, pero no es un gobierno que se dedica a describir las dificultades sino a atacarlas: nosotros no le soltamos la mano a la gente” y en esa línea puntualizó: “la velocidad de la segunda ola hace que no haya tiempo para más evaluaciones. De todas maneras vamos a seguir buscando la cooperación de la ciudad y de los municipios.”

Con respecto a la reunión que mantendrán este viernes el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Cafiero remarcó: “Espero que el jefe de Gobierno recapacite y ponga en valor el trabajo que el gobierno nacional está haciendo, así como también la colaboración que recibió en infraestructura y vacunación”, y subrayó: “Acá no hay tiempo para egos ni rencores personales. La segunda ola está llevando al extremo al sistema sanitario. No es una tertulia, es tiempo de tomar decisiones”.

El ministro coordinador dijo además: “En las últimas medidas que se tomaron, el gobierno de la Ciudad rompió la confianza, corriendo horarios y omitiendo ejercer los controles correspondientes. El COVID no te da tiempo” y recalcó: “Lo que buscó el Jefe de Gobierno es un efecto político. Nosotros siempre estamos dispuestos a coordinar políticas, pero la coordinación tiene que estar con hechos concretos que en CABA no se estaban cumpliendo”.

“Estas son políticas estrictamente sanitarias, apuntadas a salvar vidas. Políticas que se aplican en el mundo en lugares que se admiran desde los medios dominantes”, finalizó el jefe de Gabinete.

La vicejefa del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, sostuvo este jueves que el presidente Alberto Fernández “gobierna para todos los argentinos y argentinas, y no existe en su decisión especulación alguna, sino la priorización de la salud de la población”.

En cuanto a las medidas que buscan disminuir la circulación en el Área Metropolitana y en la Capital Federal, Moreau afirmó que “está claro y es irrefutable que desde que comenzaron las clases presenciales la movilidad aumentó y hemos visto un incremento  sostenido de casos en toda la Argentina, especialmente en el AMBA”.

Este jueves se registraron 24.999 contagios de coronavirus, de los cuales más del 60% se concentran en la zona donde se tomaron medidas específicas hasta el 30 de abril.

“Durante el aislamiento del año pasado el Gobierno Nacional pudo pasar de 8.500 a 12.500 camas de terapia. Hablamos de casi el 50% de incremento en camas UTI. No hubo una cuarentena eterna, hubo decisiones políticas que priorizaron la salud en un mundo que está ante una situación de incertidumbre, las cepas nuevas del Reino Unido  y Manaos nos ponen frente a nuevos desafíos”, advirtió Moreau.

En declaraciones al canal C5N, la legisladora cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por rechazar el cierre de escuelas: “Si de verdad hubiera de parte del Gobierno porteño preocupación por las pibas y los pibes, hubiesen previsto más vacantes, construido más jardines, hubiesen ampliado la  capacidad de escuelas”.

.@ceciliamoreauok: "Tengo la sensación que por alguna razón Larreta le tiene miedo a Macri. Después de lo que vimos con la mesa judicial, con las escuchas, la verdad que es lógico que así sea de alguna manera. Nos preocupa mucho la vara con la que el macrismo toma las decisiones" pic.twitter.com/cFr8EPoe6W

— C5N (@C5N) April 15, 2021

“La salud es prioritaria y los casos aumentan con la circulación. Tenemos que bajar la circulación, pero no descuidamos la economía como buscan instalar desde algunos sectores”, agregó la diputada, en alusión al bono anunciado por el Gobierno para monotributistas y beneficiarios de la AUH.

A su vez, afirmó que “hay que tener mucha empatía, mucha calma y dejar de lado las cuestiones partidarias. Necesitamos parar con la cadena de contagios. Vienen meses con bajas temperaturas, donde las patologías respiratorias se manifiestas y debemos seguir vacunando a nuestra población”.

“Argentina es uno de los pocos países que en un contexto de escases de vacunas está avanzando en un plan de vacunación”, manifestó Moreau, y recordó que el domingo llegarán 864.000 nuevas dosis de vacunas de Astrazeneca, que se suman a las más de 7.000.000 ya distribuidas.

La tensión entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires se acrecienta cada vez más, es por ello que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, arremetió contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por la suspensión de las clases presenciales hasta fines de abril y aseguró que presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido el alcalde afirmó que “el Gobierno nacional decidió romper el mecanismo del diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año. Quiero ser muy claro: no fuimos consultados sobre ninguna de las medidas que se tomaron” e insistió en que “es inexplicable que haya sido así, más cuando veníamos teniendo reuniones constantes para hablar de las medidas para frenar la suba de casos. Una pandemia como esta no admite la posibilidad de que un Presidente no coordine las acciones con un jefe de Gobierno o un Gobernador”.

“Esta no es la mejor manera de cuidar la salud y no alivia la angustia ni la incertidumbre, sino todo lo contrario. Creemos en el diálogo, en la cooperación de buena fe y en la planificación conjunta. Siempre van a contar conmigo y con nuestro equipo para eso”, explicó durante una conferencia de prensa que brindó este martes.

En lo que respecta a la permanencia de los alumnos en las aulas, Larreta aseguró que está “totalmente en desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional de cerrar las escuelas por dos semanas en esta situación epidemiológica. Sabemos el daño que producen las escuelas cerradas” e informó que desde que comenzó la pandemia 15 mil chicos abandonaron o están en riesgo de abandono, en la secundaria la mitad de los chicos estaba en condiciones de repetir y advirtió que estudiantes de primer ciclo de primaria no diferencian letras de otros símbolos y no pueden escribir su nombre.

También señaló que “más del 70% de los chicos empezaron a manifestar síntomas de soledad, ansiedad y depresión, lo demuestran diversos estudios que realizaron UNICEF, Fundación INECO y organismos de la Ciudad” y recordó que “el año pasado, el Ministerio de Educación de la Nación junto con UNICEF, relevó que el 85% de quienes asumieron el rol de cuidado de los chicos fueron las mujeres: ¿van a volver a ser ellas las que tengan que dejar de lado su trabajo, corriendo el riesgo de perderlo, para quedarse en casa?”.

A la vez que argumentó “no hay razón sanitaria que justifique, en este momento, suspender las clases presenciales por dos semanas. En una medición que hicimos entre el 17 de marzo y el 12 de abril, lo confirmamos: menos del 1% del total de las personas que asisten a las escuelas dieron positivo” y subrayó que “antes del lunes, tres días para tener el diálogo que no pudimos tener. Por eso, le propongo al Presidente reunirnos esta misma tarde para discutir, con la evidencia y con las recomendaciones de los expertos, cómo hacer para que los chicos el lunes estén en las aulas”.

“Vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema. Mi responsabilidad es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar las clases presenciales. No podemos hipotecar el futuro de los chicos. Las aulas más peligrosas son las aulas cerradas”, lanzó y resaltó que “somos conscientes de la gravedad de la situación sanitaria pero no es el miedo lo que nos va a hacer cambiar nuestras conductas, sino la información, la confianza en la acción colectiva y la visión compartida de que juntos podemos salir adelante”.

Duras críticas a Fernández

En relación al avance de la pandemia, Rodríguez Larreta aseveró que “estamos preocupados por la situación actual y cuanto más preocupados estemos, más rigurosos tenemos que ser con las medidas y más tenemos que planificar con responsabilidad” y recordó que “hace solo 6 días, en base a nuestros indicadores, consensuamos con el Gobierno nacional una serie de medidas que apuntaban a cuidar la salud, el trabajo, la educación, los deportes, los cultos y el resto de las actividades. Y armamos toda una planificación en función de eso”.

Sobre esa misma línea añadió que “a esta altura de la pandemia ya todos sabemos que las medidas hay que evaluarlas, como mínimo, por 10 días, que es el período de evolución del contagio. Por eso hace más de un año que las medidas se analizan por lo menos 10 días después de ser tomadas” e insistió en que el pasado miércoles “la Ministra de Salud de la Nación dijo que era pronto para evaluar el impacto de las decisiones del 9 de abril. No pasó ni una semana y quieren tirar por la borda la planificación que armamos en función de esas medidas que al día de hoy se están cumpliendo, en su mayoría”.

“Esto no se resuelve tomando decisiones sorpresivas e inconsultas, sino fortaleciendo el sistema de salud como hicimos desde el primer día. Con el sector privado estamos avanzando en la reprogramación de cirugías no urgentes para contar con la mayor cantidad de camas disponibles”, agregó y manifestó que “no se resuelve con decisiones sorpresivas e inconsultas, sino avanzando con un plan de vacunación rápido y transparente, siguiendo estrictamente el orden de grupos de riesgo para que a todos les llegue su vacuna en el momento en el que corresponde, sin privilegios”.

No obstante advirtió que “en la Ciudad contamos con vacunas solo hasta mañana. El Gobierno nacional decide tomar medidas restrictivas, entre otras cosas, porque no cumplió con la cantidad que prometió. Y ahora que no pueden cumplir, decidieron cambiar la estrategia de compra” y concluyó señalando que “las posibilidades de que cualquier jurisdicción consiga vacunas en el corto plazo son muy escasas, ya que los laboratorios, desde hace varios meses, tienen vendida toda su producción del 2021. Quiero ser claro: con las vacunas nunca vamos a hacer política”.

La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR/JxC) se refirió a los anuncios de nuevas restricciones anunciadas, al señalar que “es muy llamativa la decisión del presidente Alberto Fernández de cerrar las aulas. Su ministro de Educación estuvo todo el día de ayer diciendo que ‘no podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas’. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, que ‘el lugar en el que se están generando contagios es en el ámbito social, no en fábricas o en aulas’”.

“La improvisación una vez más queda expuesta”, agregó. “Y la sufren los chicos, que padecieron un año sin poder compartir la escuela con sus compañeros a pesar de las evidencias de que allí no estaba el peligro de contagios. El costo de ese año fue muy alto para repetirlo. Y el miedo no es, tampoco, la mejor opción”.

“El presidente ha perdido la moderación con la que inició su gestión de la pandemia. Es triste ver que algunos dirigentes gremiales decidan el futuro de la educación en nuestro país”, señaló la senadora.

El gobernador Gerardo Morales destacó que, en el caso de la provincia, “la posición del Gobierno de Jujuy es mantener las escuelas abiertas” y que “cuando se llegue una situación compleja tomarán las medidas necesarias”.

“No hay argumentos sólidos para la suspensión de clases. Aulas cerradas y canchas de fútbol abiertas. Las prioridades trastocadas de un gobierno que ha perdido el norte. Por eso, le pido señor presidente, que revea esa decisión. Otra vez aulas cerradas, no”, concluyó Giacoppo.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio señaló que “el presidente y la improvisación de su Gobierno empuja a los alumnos nuevamente a una tragedia educativa  y a los comercios a la quiebra”.

“Las medidas anunciadas por el señor presidente de la Nación para hacer frente al crecimiento de los casos de Covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejan en evidencia una profunda improvisación, falta de conducción política y el divorcio respecto de la realidad que viven millones de familias que habitan en la región”, agregaron.

El bloque de diputados opositores agregó que “la gravedad del cuadro en el que cada argentino y cada argentina se encuentra a raíz de la pandemia exige un Gobierno Nacional que contemple adecuadamente las decisiones y actúe con criterio riguroso, sin interpretaciones erróneas, con autoridad moral y legitimidad. Sólo de esa forma sus acciones podrán ser acompañadas por el pueblo, como lo demostró hace un año cuando se desató esta tragedia en el país”.

A partir de las decisiones anunciadas este miércoles por la noche, el interbloque  considera que “la decisión de suspender temporalmente el dictado de clases en el AMBA afecta particularmente a los sectores más vulnerables que habitan en la región y que se encuentran sumidos en una pobreza acuciante. Muchos de esos niños y niñas dejarán definitivamente sus escuelas y pasarán a engrosar las listas de quienes las abandonaron el año último: es el drama de la Argentina que viene”.

“Esta medida choca a todas luces con el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que ha demostrado la comunidad educativa en un proceso de adaptación sobrehumano a la dinámica de protocolos destinados a preservar la salud de estudiantes, maestros y personal no docente”, añadieron.

El comunicado de Juntos por el Cambio puntualiza que “nuevamente la palabra presidencial mostró signos de devaluación y deterioro alarmantes y, consecuentemente, esto repercute en su autoridad. En pocas horas, la promesa del Ministro de Educación de garantizar la presencialidad en las aulas ante el Consejo Federal de Educación fue pulverizada por el propio Jefe del Estado con el anuncio de la suspensión de las clases presenciales”.

Recordaron que “las cifras de contagios en los establecimientos educativos exhiben la precariedad del relato presidencial. El ministro de Educación informó hace sólo 9 días que las estadísticas de contagios en colegios indican que sólo un 0.16 % de los alumnos y un 1,03 % del cuerpo de directivos, docentes y auxiliares se contagiaron desde que comenzaron las clases presenciales”.

“Es tan grave el cuadro de situación devenido de la pandemia del virus que lo único imprescindible que podemos exigir es una conducción política que establezca horizontes de certidumbre. ´¿Cuál es el plan?´, es la pregunta que subyace detrás de cada anuncio que, por reiterado, van perdiendo toda eficacia”, sostuvieron desde el interbloque de diputados de JxC.

“Lamentamos el cuadro de improvisación al que han llevado al pueblo argentino. Nadie puede culpar al Gobierno Nacional de la irrupción de la pandemia en la Argentina, pero sobran las razones para señalar y exigir capacidad, transparencia y seriedad a la hora de establecer las verdaderas prioridades que requiere nuestro país”, concluyeron.

Tras las medidas de restricción anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, debido al recrudecimiento de la pandemia del coronavirus, los legisladores de Vamos Juntos y del Frente de Todos se cruzaron con dureza en las redes sociales, ya que el oficialismo exigió que las escuelas permanezcan abiertas y la renuncia del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. No obstante la oposición consideró que las medidas fueron acertadas.

Tan es así que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, aseguró que “una vez más, el gobierno nacional improvisa soluciones mágicas que solo agravan la crisis social por la pandemia” y consideró que “avanza nueva y peligrosamente sobre la autonomía de la Ciudad. No queremos amenazas de militarización, queremos que se respete la Constitución”.

Al mismo tiempo que el presidente de la Comisión de Educación, Gonzalo Straface (VJ), explicó que “la lógica indicaría la renuncia inmediata del ministro. Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a seguir defendiendo junto a toda la sociedad el derecho a la educación de nuestros niños y niñas con las escuelas abiertas”.

A su vez el oficialista Claudio Romero (VJ) remarcó que “el único presidente del mundo que con dos dosis de vacuna se contagió nos quiere enseñar a cuidarnos. No solo que no tiene autoridad moral, sino que en la Ciudad Autónoma no lo elegimos para que nos gobierne” y precisó que “estamos convencidos que la educación es esencial. El bienestar integral es la conjunción del cuidado de la salud física y emocional”.

“Difícilmente la educación, el trabajo y el esparcimiento cuidado y responsable no sea tenido en cuenta. Más aún, en el único distrito que tiene una estrategia sanitaria, la muestra es que somos solidarios con los testeos y aislamientos de los bonaerenses. Controlen el descontrol de la provincia”, aseveró.

Además Claudio Cingolani (VJ) recordó que “hace 24 hs el ministro de Educación defendía la presencialidad en las aulas. ¡Hoy su gobierno pandémico nos encierra a todos otra vez! ¡Volverán las prórrogas cada 15 días para tener más pobreza y menos libertad. La salud les importa, tanto que inventaron los vacunas vip para ellos!”; mientras que Hernán Reyes (VJ) manifestó que “suspender las clases no tiene ninguna justificación. Tenemos un presidente servil a los intereses mezquinos de un grupo de sindicalistas. Les importa nada los chicos y los docentes”.

Sobre esa misma línea el diputado de la UCR-Evolución Ariel Álvarez Palma aseguró que “una vez más, la inoperancia de un gobierno que no supo manejar la peor crisis sanitaria del país y que deja al descubierto su constante improvisación, afecta a los establecimientos escolares y a la comunidad educativa con el cierre  de sus puertas” y remarcó que “no quedan dudas que las contradicciones entre el ministro Trotta, quien manifestó abiertamente su oposición al cierre, y las medidas adoptadas tienen que ver más con una lucha de poder entre la posición de la Provincia y sectores sindicales afines al Gobierno”.

Asimismo Manuela Thourte (VJ) recordó que algunos días atrás Trotta había asegurado que las escuelas permanecerían abiertas. “Contradictoria y desacertada la decisión del gobierno nacional de suspender las clases presenciales. Una medida que podía esperar, cuando los números demuestran que la escuela no es un foco de contagio”, afirmó y destacó que “durante el 2020 quedó en evidencia que la presencialidad no se puede reemplazar. Hoy también quedó demostrado (una vez más) que la Educación no es una prioridad del Gobierno”.

En contraposición la opositora Lucía Cámpora (FdT) le agradeció al presidente por sus anuncios: “todo nuestro apoyo a las medidas que buscan cuidar la salud de todos. Ahora es fundamental que el Gobierno porteño también se haga cargo de cuidar a los porteños y las porteñas. Estamos en uno de los mayores focos de contagio y el sistema de salud privado ya colapsó”, argumentó.

Mientras que el peronista Santiago Roberto (FdT) aseveró que “es un momento crítico de la pandemia en el mundo, en el país y en la ciudad. Acompañamos al presidente y las medidas para cuidar y proteger a todos los argentinos y argentinas. Necesitamos de la reflexión colectiva. Tenemos que estar más unidos que nunca” y que María Bielli (FdT) sentenció que “tenemos un presidente que no especula y está a la altura del momento histórico”.

También se sumaron al repudio contra las medidas del Gobierno Nacional Guillermo González Heredia, Lucía Romano, Facundo Del Gaiso, Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena (VJ), Leandro Halperín, Diego Weck (UCR-Evolución), Sergio Abrevaya (GEN), Alejandrina Barry (FIT) ; mientras que Leandro Santoro, Juan Manuel Valdés, Claudio Morresi, Laura Velasco y Claudia Neira (FdT) las avalaron.

Legisladores nacionales y distritales salieron a bancar este miércoles los anuncios hechos por el presidente de la Nación, en los que dispuso restringir durante dos semanas la circulación en el AMBA, entre las 20 y las 6 del día siguiente; suspender las clases presenciales y limitar las actividades comerciales, entre otras medidas, para mitigar la circulación del coronavirus.

La vicepresidenta del bloque oficialista de la Cámara baja, Cecilia Moreau, le agradeció al presidente Alberto Fernández “por seguir cuidando la vida de todos y todas”, y reflotó el hashtag #QuedateEnCasa.

A su vez, la diputada nacional Gabriela Cerruti expresó en su cuenta de Twitter: “Nadie se salva solo. #GraciasAlberto”.

Para la jujeña Carolina Moisés, “es lo correcto. Difícil de aceptar, pero lo que necesitamos todos. Nadie se salva sólo, nos necesitamos entre todos”.

El diputado Leonardo Grosso le agradeció también a Alberto Fernández “por estar a la altura de este momento histórico que nos toca atravesar y por cuidar la salud de lxs argentinxs. La vacunación avanza. No nos relajemos, seamos responsables que falta menos”.

Claudia Bernazza fue escueta: “Una única tarea: MILITAR EL CUIDADO #COVID19”, en tanto que el senador nacional rionegrino Martin Doñate se dirigió a la gobernadora de su provincia, Arabela Carreras, pidiéndole “que adhiera a las decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernández hoy y que sean efectivamente aplicadas en la provincia. En Río Negro los casos aumentan y es imperioso tomar medidas urgentes en consonancia con nuestro gobierno nacional”.

A través de las redes sociales el diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá directamente salió a cuestionar el mensaje de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich sobre las medidas tomadas por el Presidente, Alberto Fernández. Desde Twitter Bullrich, aseguró: “Presidente: decide en contra de los que trabajan, de los padres que llevan sus hijos a la escuela, de los comercios que se funden. Decide por los que tienen la vida resuelta contra los que trabajan. Esa es la grieta que usted ha generado. Ganó la oligarquía de los burócratas”. Rodríguez Saá la cruzó y dijo: “Patricia Bullrich Luro Pueyrredón dándonos clase de oligarquía burócrata, la misma que ocupa lugares en el estado hace más de 20 años. Menos cinismo y más responsabilidad señora”.

“A la altura del momento histórico, gracias Presidente!”, tuiteó la legisladora porteña Victoria Montenegro, en tanto que su compañera de bancada María Bielli expresó: “Tenemos un presidente que no especula y está a la altura del momento histórico. Gracias Alberto Fernández por cuidar a lxs porteñxs”.

Después de que trascendiera que la ocupación de la terapia intesiva se encontraba con una ocupación del 90% y de que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, asegurara que no era cierto, el diputado del GEN Sergio Abrevaya advirtió que si bien el crecimiento de los casos de Covid 19 es real, el sistema sanitario no se encuentra al borde del colapso.

En ese sentido, el legislador explicó que “el crecimiento del número de contagios es real, pero no lo es el colapso; es preocupante la insistencia de que no hay más camas en CABA” y compartió un gráfico del Ministerio de Salud porteño en el que se puede ver algunos de los datos de la situación sanitaria: en lo que respecta a la ocupación de camas de terapia intensiva, la misma es del 49,5% (es decir, 223 camas sobre un total de 450), en los casos moderados es del 33,8% y en los leves es del 9,7%.

Al mismo tiempo que advirtió que la situación sanitaria está “lejos del pánico que están sembrando para cerrar todo antes de tiempo” y concluyó advirtiendo que “el Gobierno Nacional perdió la oportunidad de vacunar antes de la segunda ola, además un millón de vacunas distribuidas y no aplicadas. Inutiles e irresponsables que siembran pánico mintiendo. El sistema público está a la mitad, hay que plantarse con tranquilidad”.

El gráfico del Ministerio de Salud además informó que en el Ciudad se realizaron 2.059.544 test de detección del Covid 19 desde que comenzó la pandemia, lo que acumuló un total de 24,1% de positivos. 

La diputada Fernanda Vallejos suele expresar el pensamiento vivo de los sectores más duros del kirchnerismo, como así también las medidas en las que ese espacio piensa. Por eso al hablar ella este lunes de cerrar “sectores críticos” 15 días o un mes, dejó claro cuál es el deseo en esos sectores, como así también, si se quiere, la estrategia de responsabilizar al jefe de Gobierno porteño de lo que pueda llegar a suceder: “Parece que Larreta hasta que no se muera la mitad de la Argentina no va a “aceptar restricciones”, se quejó la legisladora.

Ante ello, el diputado nacional del Pro Alvaro González reaccionó a través de las redes sociales, donde cruzó a su colega diciendo: “Son de manual, siempre queriendo cargar culpas sobre la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, @horaciorlarreta adhirió a todas las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y la Ciudad intensificó los controles y la estrategia sanitaria”.

Son de manual, siempre queriendo cargar culpas sobre la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno, @horaciorlarreta adhirió a todas las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y la Ciudad intensificó los controles y la estrategia sanitaria. #LibertadConResponsabilidad https://t.co/kk3ycZ4Szf

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) April 13, 2021

“Como diputada, @fvallejoss no puede ser tan desbocada e irresponsable en sus declaraciones. Sería más útil si nos explicara dónde están las 12 millones de dosis que el Presidente dijo que iban a estar para enero y febrero”, replicó el legislador, que fue más lejos al agregar: “Y ya que representa a los bonaerenses, no estaría mal que le pida explicaciones a su gobernador sobre porqué en PBA nunca se adoptó la estrategia de rastrear, testear y aislar como mecanismo para contener la propagación del virus, recomendada por la OMS, como sí hizo CABA”.

En ese sentido, Álvaro González remarcó que “en lo que va de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires lleva 666.632 testeos por millón de habitantes, cuatro veces más que la Provincia que realizó 162.076 testeos por millón de habitantes, aún por debajo del promedio nacional. #DatoMataRelato

#TestearEsCuidar”.

La diputada nacional Ximena García presentó un proyecto por el que promueve que el Poder Ejecutivo reconozca como “actividades esenciales” a las prácticas físicas y deportivas desarrolladas en gimnasios, natatorios y clubes, por ser fundamentales para el goce pleno del derecho a la salud.

“Estamos hablando de espacios en los que se realizan actividades deportivas, se promueven hábitos saludables, se previenen enfermedades, se fomentan los lazos sociales, muchos de los componentes que contribuyen al desarrollo de una vida plena”, explica García, quien recordó que dichas actividades encuadran en la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que determina que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La iniciativa busca mantener abiertas las puertas de los más de 7900 gimnasios y clubes deportivos que dan trabajo a 80.000 personas en relación de dependencia, y emplean a más de 180.000 profesores de educación física e instructores de diversas disciplinas.

Al respecto la legisladora puntualizó: “Estamos muy preocupados por esta situación, comprendemos la gravedad del panorama que atraviesa el país con una segunda ola de infecciones, pero esta vez nos encontramos mejor preparados para enfrentarla, los protocolos de higiene y distanciamiento llevan un año ya, desde su implementación y tanto la ciudadanía como los dueños y dueñas de establecimientos han aprendido a convivir en esta nueva normalidad, aceptando las pautas de cuidado”.

Cabe destacar que en algunos casos la actividad deportiva en gimnasios de algunas de algunas provincias jamás se retomó desde hace más de un año, y en aquellas que si lo hicieron, estos estuvieron sujetos a los vaivenes propios de las coyunturas, donde ante la aparición de un caso positivo de COVID-19 se ha vuelto atrás en varias ocasiones.

“Esta situación, solo profundiza la crisis económica que atraviesan las PyMEs y los monotributistas en nuestro país, y vemos caer una industria que hoy ayuda a miles de personas a sobrevivir. Por ello, solicitamos que se reconozca de una vez por todas, a la actividad deportiva como esencial e intrínseca a la salud humana”, concluyó la diputada radical.

En 2020 la diputada García ya había presentado un proyecto con una serie de medidas en apoyo al sector, en los difíciles meses que atravesaba a mediados de la cuarentena.

Como consecuencia del récord de casos de coronavirus -este martes se registraron 27.001 contagios, empujados por cifras alarmantes en provincia y Ciudad de Buenos Aires-, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se analiza la posibilidad de no volver a sesionar hasta el mes de mayo y limitar la actividad al ámbito de las comisiones, con reuniones informativas y el tratamiento de algunos proyectos de ley.

Como sucede desde el inicio de la pandemia, ambas cámaras adhirieron a las disposiciones del DNU 235/2021, por el cual el Poder Ejecutivo ordenó nuevas medidas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).  En ese sentido, tanto en Diputados como en el Senado se volvió a fomentar el teletrabajo y se limitó la presencialidad a los trabajadores de áreas esenciales.

Sin embargo, ante el riesgo que conlleva la realización de sesiones bajo la modalidad mixta -es decir, con parte de los legisladores presentes, sumados al personal legislativo-, fuentes parlamentarias de ambas cámaras deslizaron que en lo que resta del mes ya no habría actividad en los recintos.

El Senado sancionó en su última sesión los proyectos de reforma del impuesto a las Ganancias y del monotributo, que formaban parte de la agenda prioritaria del oficialismo. Por eso, en el bloque presidido por José Mayans apuntan a darle exclusividad a las comisiones, que se reúnen de modo plenamente virtual.

Por caso, para este miércoles a las 14 fue convocado un plenario de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda, para comenzar a tratar un proyecto de educación ambiental, que ya cuenta con aprobación de Diputados. Participarán los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Ambiente, Juan Cabandié.

En la Cámara alta rige el decreto 5/21, firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que prorrogó hasta el 24 de abril las sesiones mediante videoconferencia, con la participación de un número acotado de senadores en el recinto.

En Diputados, en tanto, el Protocolo de Funcionamiento Remoto vence el 30 de este mismo mes, y la agenda más inmediata tiene que ver con la postergación de las PASO y de las elecciones generales, aunque hasta ahora hay apenas un borrador del Poder Ejecutivo y las negociaciones continúan.

La cámara presidida por Sergio Massa también tiene previsto comenzar a tratar en la Comisión de Presupuesto la iniciativa para modificar las alícuotas del impuesto a las Ganancias en sociedades, pero el encuentro todavía no tiene fecha. Para lo que resta de la semana fueron convocadas dos reuniones informativas, en las comisiones de Defensa Nacional y Educación, con la presencia de funcionarios.

Leandro Santoro, diputado del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, aseveró este sábado que si la curva de contagios de Covid sigue creciendo, “todos somos conscientes de que se tendrán que tomar medidas más drásticas” para detener la expansión de la segunda ola.

“No hablo por el Gobierno sino mirando el panorama mundial”, afirmó el asesor “ad honorem”, según aclaró, del presidente Alberto Fernández. ”Intuyo que todos debemos estar preocupados por los aumentos exponenciales de contagios en los últimos cinco días”, agregó. El asesor presidencial señaló por CNN Radio que “países desarrollados toman medidas restrictivas” frente al avance del virus y sus nuevas variantes, a lo que se suma la dificultad de acceso a las vacunas.

Según Santoro, Alberto Fernández “no les dijo ‘miserables’ e ‘imbéciles’ a los ciudadanos sino a las personas que dijeron que es un dictador. Incluso nos denunciaron por envenenar a la gente. Yo hablo de oficialismos importantes que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes o Jujuy. También hay situaciones de desbordes emocionales ante determinadas circunstancias. Que el gobernador de Corrientes (Gustavo Valdés) haya firmado el documento de Juntos por el Cambio sobre que la política sanitaria era un fracaso y que el mismo día haya establecido restricciones en su propio distrito me llama la atención”.

Los contrapuntos sobre la posibilidad de que las provincias compren sus vacunas representan “una discusión mentirosa. Para los laboratorios es mejor negocio venderle a un Estado. Pero si algún distrito puede conseguir dosis por cuestiones geopolíticas, yo estaría de acuerdo”.

En otro orden, Santoro consideró que “la agenda judicial no es del Gobierno, es de la realidad”, sopesó. Y cuando se le preguntó sobre las causas de Cristina Kirchner, replicó que “casi todos los dirigentes políticos tienen causas en la Justicia”, para luego mencionar a Mauricio Macri, quien, enfatizó, “asumió estando procesado”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, presentó un proyecto de ley para crear una comisión de expertos “más amplia y plural” que asesore al presidente en la lucha contra la pandemia.

“Durante la primera ola de Covid-19, el Gobierno nacional convocó a un comité de expertos dominado por médicos infectólogos. Este comité ofreció una mirada parcial y limitada del fenómeno complejo que supone la pandemia”, consideró el radical.

Para el cordobés, “es evidente, entonces, que si no cambiamos el proceso, si no aprendemos de los errores, no podemos esperar resultados diferentes de cara a esta segunda ola, que pareciera querer golpear más fuerte que la primera”.

“Es hora de que la pandemia sea abordada como lo que es: un problema multidimensional, sistémico y que no distingue banderas políticas. Es por eso que se necesita un comité de expertos independientes que asesore al Gobierno desde diferentes aristas”, señaló.

La iniciativa propicia la creación de una “Comisión Asesora para el Abordaje de la Pandemia del Virus SARS-COV2, con carácter consultivo, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación”. Según indica el artículo 4°, “la misma será integrada por expertos académicamente prestigiosos y con reconocida e intachable trayectoria dentro del ámbito de su sapiencia. Deberá respetarse en su conformación la representación federal y la paridad de género”.

Las áreas de trabajo deberán dividirse en equipos a efectos de contemplar las siguientes temáticas: expertos infectólogos, epidemiólogos y sanitaristas, como así también médicos de distintas especialidades (salud); expertos especialistas en infancia, adolescencia, pedagogía, educación y docencia (educación); expertos en políticas laborales, relaciones laborales y sindicales, política impositiva, economía empresarial, además de representantes de las diferentes industrias y sectores (economía y trabajo); expertos en comunicación social, marketing y publicidad (comunicación); expertos en psicología, psiquiatría y neurociencias (psicología); expertos en sociología, filosofía, antropología, derecho, derechos humanos, ciencia política, economía, trabajo social y estadística (ciencias sociales); expertos en tecnologías de información y comunicación y modelos matemáticos y epidemiológicos (tecnología y ciencia de los datos).

Críticas al enfoque y abordaje del Gobierno durante la primera ola

“Si bien nuestro sistema de salud no colapsó durante la primera ola del modo en que vimos caer a los sistemas de Europa, Estados Unidos o Brasil, y pudo prepararse en los primeros meses de la cuarentena, el profundo déficit en la implementación de políticas activas de testeo, rastreo, y aislamiento de casos hizo imposible ganarle la pulseada a la pandemia y doblegar la curva”, opinó Negri.

El legislador opositor dijo que “las altas tasas de positividad de los testeos son indicadores de una baja detección de casos, por lo que podemos inferir que la cantidad real de infectados por Covid-19 en nuestro país supera en varias veces los casos detectados”.

En los fundamentos de su proyecto, el diputado de Juntos por el Cambio cuestionó que “el único instrumento al que se apeló fue la implementación de una cuarentena exageradamente prolongada que, si bien contó con alto acompañamiento social al inicio de la pandemia, se quebró cuando la sociedad no resistió más”.

“Los últimos números publicados por el INDEC indican que el 42% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y más de 10% por debajo de la línea de indigencia. Estos índices han aumentado dramáticamente como consecuencia de la pandemia, pero también por la cuarentena plana y las restricciones y prohibiciones a lo largo de 2020”, agregó.

Por último, el jefe de la bancada opositora sostuvo que “si la política es una herramienta para transformar la sociedad, es hora de dejar de lado las mezquindades y la arrogancia y de comprender que nadie se salva solo. Para ganar esta regata se necesitan todos los brazos”.

En un nuevo día de récord de casos de Covid-19 en Argentina, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, anunció que se propiciará en el Congreso la creación de una comisión de seguimiento de la pandemia.

“Entendemos que la segunda ola tiene que tener mayor participación no solo de los epidemiólogos, del Poder Ejecutivo y los gobernadores, sino de todas las fuerzas políticas”, señaló el funcionario, que reafirmó la “voluntad” del presidente Alberto Fernández en este sentido.

En conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos, tras la reunión en la que conversó con los referentes de Juntos por el Cambio sobre la situación sanitaria y el calendario electoral, De Pedro sostuvo: “Estamos ante mucha incertidumbre y cuanto más consenso se tenga en la dirigencia, va a ser mucho más permeable para que la sociedad entienda que todos las medidas que se toman tienen que ver con la salud de la gente”.

La noticia de la puesta en marcha de esta comisión se conoce en medio de las nuevas restricciones que impuso el Gobierno nacional para frenar los contagios en todo el país, y tras las críticas que esas medidas provocaron en la oposición, sumado a la respuesta del propio Fernández, que tildó de “imbéciles” y “miserables” a quienes cuestionaron la nueva etapa.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, destacó “la posibilidad que desde el Parlamento trabajemos oficialismo y oposición en una articulación de seguimiento de la pandemia, que autorice o habilite a las distintas fuerzas políticas a participar en el proceso de control de distribución de vacunas, de control de mortalidad”.

El oficialista indicó que se tratará de “un esquema muy activo en el que pretendemos que las distintas fuerzas políticas tengamos, en el marco de esta segunda ola, la responsabilidad de trabajar todos juntos en la preocupación que todos debemos tener, que es la situación sanitaria de todos los argentinos”.

Con la segunda ola del Covid 19 golpeando fuertemente a la Argentina, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este jueves a través de una conferencia de prensa las nuevas medidas y restricciones que se aplicarán en el distrito capitalino, al mismo tiempo que volvió a poner el foco sobre las responsabilidades individuales.

En ese sentido, el alcalde explicó que “gracias a todo lo que hicimos el año pasado, estamos mejor preparados. Y sobre esas bases tenemos que enfrentar la segunda ola con planificación y responsabilidad” e indicó que “durante el año pasado sumamos nuevas camas en todos los niveles de complejidad, incorporamos casi 6.000 trabajadores de la salud, compramos nuevas ambulancias y armamos 22 Unidades Febriles de Urgencia”.

Al mismo tiempo que señaló que “de cara a este aumento de casos vamos a profundizar este camino: junto al sector privado, estamos reorganizando las cirugías programadas no urgentes para contar con la mayor cantidad de recursos hospitalarios disponibles y destinarlos al tratamiento del Covid” y recordó que se están “haciendo alrededor de 15 mil testeos por día y, en total, llevamos más de 2.800.000 realizados a personas con síntomas, contactos estrechos, convivientes, turistas, residentes que vuelven de un viaje y personal docente y no docente”.

“Quiero contarles que decidimos que los centros de La Rural y de Costa Salguero, que hoy son solo para turistas y docentes y donde ya triplicamos la cantidad de testeos que veníamos haciendo, van a funcionar para todos los que sean contactos estrechos asintomáticos”, manifestó y destacó que “los que sí tengan síntomas, pueden recurrir a las UFU: ampliamos el horario desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Tenemos que ser muy responsables y si tenemos síntomas, si estuvimos en contacto estrecho con algún contagiado o si volvimos de viaje, hagámonos el test”.

Mientras que en lo que respecta a la vacunación, Larreta aseveró que “de las más de 520 mil dosis que nos enviaron, ya aplicamos casi el 90%. Vacunamos a todos los mayores de 80 que se anotaron y, si se cumplen las entregas comprometidas, para el fin de la semana que viene vamos a terminar de vacunar a los mayores de 70 empadronados” e insistió en la necesidad de “seguir usando el tapaboca, mantener la distancia social, lavarnos frecuentemente las manos, evitar los espacios cerrados y mal ventilados y cumplir con los protocolos específicos de cada actividad. Esto es fundamental para convivir con el virus”.

Sobre esa misma línea destacó que se tomarán “algunas medidas para seguir fortaleciendo los cuidados individuales y cuidar así también el bienestar integral de todas las personas que viven y vienen a la Ciudad todos los días” y precisó que como Gobierno porteño “nos sentarnos a la mesa con todos los sectores para ver cómo equilibramos las necesidades de todos mientras nos cuidamos colectivamente. A partir del viernes a las 00 horas, lo anunciado por el Gobierno Nacional lo vamos a implementar así: en cuanto a la nocturnidad, n los bares, restaurantes, cines y teatros se van a cerrar las puertas a las 23 horas y, aquellos que para esa hora todavía estén adentro, pueden quedarse hasta no más tarde de las 00 horas”.

“Respecto a la restricción a la circulación: no estamos de acuerdo. Pero como toda norma la vamos a respetar. La medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial”, añadió y destacó que “para escalonar la movilidad de la mañana y que no se genere congestión entre trabajadores, estudiantes y docentes, aquellos que tienen comercios no esenciales van a abrir a partir de las 10 de la mañana”.

A su vez sostuvo que “los  espectáculos masivos, como manifestó el Gobierno nacional, se van a reprogramar y los casinos y bingos van a cerrar. Y también vamos a impulsar nuevamente el teletrabajo a quien pueda realizar sus tareas desde su casa” y agregó: “vamos a liberar el estacionamiento en la Ciudad para que todos aquellos que sí deban movilizarse puedan hacerlo en auto, evitando el transporte público, que es sólo para esenciales”.

También informó que se reforzarán “los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas y en el transporte público para garantizar el cumplimiento de los protocolos y que las distintas actividades puedan seguir funcionando de manera segura”.

Debido a la delicada situación que atraviesan los comerciantes de la Ciudad, Larreta les envió un mensaje: “a todos los sectores económicos de la Ciudad, en especial a los gastronómicos y a la cultura que le dan trabajo a muchísimas personas: quiero agradecerles por el esfuerzo y el compromiso que demostraron en la preparación y el cumplimiento de los protocolos”, afirmó y subrayó que “vamos a seguir monitoreando la situación día a día con responsabilidad para que, siempre que la situación sanitaria lo permita, podamos tomar medidas que afecten lo menos posible su trabajo”.

Mientras que lo que respecta a la continuidad de las clases en medio de la suba de casos, el jefe de Gobierno porteño argumentó que “no podemos permitirnos tener otro año sin clases presenciales. Por eso, quiero llevar tranquilidad a los chicos, chicas y a sus familias porque, tal como nos comprometimos, vamos a sostener la presencialidad, que es fundamental para el desarrollo en esta etapa de sus vidas”.

“Vamos a seguir poniendo en funcionamiento todos los recursos del Estado para informar, prevenir, testear, controlar, y vacunar en la medida en que lleguen más dosis. Pero también necesitamos de la responsabilidad individual de cada uno”, destacó y concluyó aseverando que “la cuestión entre salud, trabajo, educación y deporte no se resuelve eligiendo una u otra, sino trabajando juntos, confiando en el de al lado y consensuando las medidas para salir adelante. Por eso, les pido por favor que se cuiden ustedes y sigan cuidando al resto”.

Tras los anuncios presidenciales sobre restricciones a la circulación, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, afirmó este jueves que “nadie quiere cerrar nada, es una situación inédita. Nosotros reivindicamos el consumo interno, la producción, pero la situación es muy mala”.

En diálogo con FM La Patriada, planteó diferencias respecto de la oposición en cuanto a las medidas adoptadas y en ese sentido sostuvo que “la foto de (Mauricio) Macri con (Alex) Campbell es todo lo que no hay que hacer. Estaban todos amuchados, uno al lado de otro, sin barbijo. Lo hicieron a propósito”. Recordemos que el expresidente participó esta semana de un evento junto al legislador bonaerense y otros dirigentes del distrito, y luego de conocerse el hisopado positivo de Campbell debió aislarse.

También se refirió a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que reaparecerá este mes con la promoción de su libro. Otermín dijo que

“Vidal no apareció nunca más en la provincia de Buenos Aires”.

En cuanto al principal desafío que encaran en este momento sostuvo que buscan “vacunar a la población de riesgo, personas mayores de 60 y con problemas preexistentes. En eso venimos muy bien, se han aplicado un millón 900 mil vacunas”.

Sobre el mismo eje, planteó: “Hay una complejidad respecto a las vacunas, que tiene que ver con las patentes, con que no quede concentración en los países con mayor poder adquisitivo”.

Consultado respecto dela posibilidad de liberar los derechos de producción, sostuvo: “Desde una mirada política y de justicia social, estamos hablando de la vida de las personas. Hay un esfuerzo de nuestro gobierno de poder conseguir las vacunas”.

Respecto a la postergación de las PASO, Otermín indicó: “Las declaraciones de (Eduardo) ‘Wado’ De Pedro fueron muy responsables, es importante la idea de postergación de las paso a septiembre”. En la misma línea, sumó: “Una buena salida, en consenso con todas las fuerzas políticas, no se modifican las leyes, no se suspenden sino postergan. Es una muy buena alternativa”.

Durante la entrevista, el legislador bonaerense también se refirió a la postura que tomó la oposición frente a las restricciones previstas por el Gobierno nacional: “Creo que no lo hacen sin darse cuenta, lo hacen a propósito, hay fotos que son el manual de lo que no hay que hacer. Lo muestran para interpelar a un sector”.

“Esa doble vara es constitutiva. Buscan agradar a los grandes medios y sectores de poder y por otro lado, los que gobiernan territorio no comen vidrio”, concluyó.

En medio del avance sostenido y acelerado de casos de Covid-19, la diputada nacional Fernanda Vallejos fijó posición en pos de “diseñar estrategias que tengan en su base el principio precautorio y la prioridad de salvar vidas”.  A través de su cuenta de Twitter, agregó que “si vamos al terreno de lo económico, es evidente que mayores restricciones exigen una política económica que se subordine a la política sanitaria”, señalando como un obstáculo a superar “la resistencia de los sectores que tienen más espalda para contribuir con el conjunto de la comunidad nacional”.

Vallejos afirmó que, para sostener un cierre estricto por, al menos, 15 días o un mes, en sectores críticos, con restricciones al transporte público y que clausure la nocturnidad, “la asistencia económica del Estado a los sectores que se verían perjudicados, es ineludible”. En ese sentido, y frente a las restricciones que presenta el frente presupuestario llamó a “observar cómo se comportaron los países desarrollados para reconstruir sus economías y sus sociedades a la salida de las grandes guerras”. Y agregó que “entre las respuestas más comunes estuvieron los elevadísimos impuestos sobre las riquezas y sobre las ganancias extraordinarias (de las empresas) que recayeron sobre los sectores más privilegiados”.

De acuerdo con el citado estudio de la Universidad Nacional de Quilmes, acerca de qué tipo de medidas debería adoptar el gobierno ante la suba de casos, el 40% de los encuestados opinó que las medidas deberían ser muy estrictas y otro 23% avaló los aislamientos intermitentes. Asimismo, el 55% estuvo de acuerdo con volver a las restricciones de abril y otro 35%, aun en desacuerdo manifestó que las respetaría. Sólo un 10% afirmó que no estaría dispuesto a respetar las medidas de cuidado dispuestas por las autoridades públicas.

“Es decir que la mirada, tan difundida, de que ‘la gente está harta…’ no expresa la mirada de la mayoría, sino de una minoría, probablemente intensa y, sin dudas, sobredimensionada por y sobrerrepresentada en los grandes medios de comunicación”, puntualizó la diputada.

Vallejos agregó que esos medios “tienden a expresar la mirada interesada de quienes desean sostener y aun incrementar su rentabilidad y para eso necesitan que todo siga como si nada, con cada trabajador y trabajadora en su puesto y, como condición necesaria, con los chicos y chicas en las escuelas”.

Desde el Gobierno bonaerense, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, informó que están trabajando, junto con las autoridades nacionales y porteñas, frente a “la situación epidemiológica en el AMBA”, para tomar “medidas concretas para reducir la circulación y la cantidad de contagios”. Por su parte, Nicolás Kreplak, el segundo del ministerio de Salud bonaerense remarcó que “estamos frente a una situación muy preocupante” y reclamó “no salgamos de casa: hagamos sólo lo esencial”. Vallejos respaldó a Axel Kicillof, de quien dijo que “valora la vida y está dispuesto a tomar las medidas necesarias para protegerla. Pero también conoce la economía argentina y las cuentas públicas y, por lo tanto, su mirada vale doble”.

Las advertencias también provinieron de expertos en salud del sistema privado. El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, sostuvo que en ese sector “la ocupación de terapia intensiva es del 90%”. Y advirtió: “No estamos logrando transmitir la gravedad de lo que está pasando”.

Ante este cuadro de situación, Vallejos pidió “organizar la economía, la producción y el trabajo, partiendo del principio fundamental de que la vida es el bien más preciado a proteger” y abogó por “apelar al teletrabajo tanto como sea posible y, en el mismo sentido, con todas las actividades donde la presencialidad pueda ser suplantada por otros formatos (como la educación)”, además de “ser muy estrictos con los protocolos sanitarios en los establecimientos productivos donde el teletrabajo no es una opción”. Consideró fundamental “proteger a los más vulnerables, para lo que la respuesta del Estado es indelegable” y abogó por políticas para que, además de hacer uso de la soberanía monetaria, haya mayor contribución de “los sectores que tienen más espalda”.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó este martes, tras una reunión presencial, un “cambio de reglas del juego” en el año electoral, y espera conocer la propuesta concreta del Poder Ejecutivo respecto de la viabilidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en pleno aumento de casos de Covid-19.

Del encuentro, que se realizó en Galpón Milagros (Gorriti al 5.000), participaron el expresidente Mauricio Macri; la titular del Pro, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el auditor general Miguel Pichetto; y los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes).

También estuvieron el titular de la UCR y diputado Alfredo Cornejo; los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Cristian Ritondo; los senadores Luis Naidenoff, Martín Lousteau y Humberto Schiavoni; y la diputada provincial Maricel Etchecoin.

“Frente a la situación que estamos atravesando nos parece inoportuno estar discutiendo sobre cuestiones electorales en lugar de enfocarnos en la evolución de la situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas cotidianos que sufrimos los argentinos por falta de empleo, el cierre de negocios y la caída de la actividad económica”, advirtió la plana mayor de Juntos por el Cambio.

En un comunicado posterior a la reunión, los dirigentes expresaron: “Estamos en contra del cambio de las reglas del juego. Las reglas electorales son sagradas en una democracia. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección”.

Si bien el tópico principal del encuentro fue la situación sanitaria, sobre el final se abordó la cuestión de las PASO y en ese sentido hubo críticas a la diversidad de opiniones que afloraron en el oficialismo, desde Sergio Massa reclamando una postergación o la unión con las elecciones generales hasta la propuesta de Máximo Kirchner de solo posponerlas un mes cada una.

Tanto Negri como Ritondo y López esperan todavía la convocatoria formal por parte del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, para dialogar sobre el tema este miércoles en el Congreso, como estaba previsto desde la semana pasada. Los legisladores de la UCR, el Pro y la Coalición Cívica confirmaron que participarán de esa reunión, pero esperan una propuesta concreta con formato de proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Fuentes del interbloque confiaron que la preocupación principal de Juntos por el Cambio es que un corrimiento de fechas termine abriendo la posibilidad de que se suspendan las PASO, algo que la coalición rechaza de plano.

Respecto del avance de la pandemia del Covid-19, y en momentos donde se analizan nuevas medidas, la Mesa Nacional de la alianza consideró “preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

“Sobre la base de la experiencia de la cuarentena, estamos convencidos de que debemos defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales”, aseguraron los dirigentes.

Ante la inminente llegada de la segunda ola del Covid 19, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, analizó la situación impuesta por la pandemia y las medidas de contingencia que se aplicarían en el distrito capitalino en caso de que se incrementen la cantidad de casos positivos.

En ese sentido, Santilli aseguró que el objetivo es “no discutir si hay que darle la cama a uno a otro” en caso de que suban muchos los contagios y se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien había señalado que no habría nuevas restricciones. “Yo sería muy precavido. Uno mira distintas variables: la tasa de ocupación de terapia intensiva, el R (ritmo reproductivo del virus), el sistema privado también. Si esas variables se disparan, el objetivo nuestro es no discutir si hay que darle la cama a uno u otro”, aseguró en diálogo con A24.

Sobre esa misma línea indicó que “hoy tenés dos cepas más contagiosas de las que teníamos. Además, el otoño empieza a llegar. Hay que tener mucho cuidado, mirarlo día a día y trabajar en conjunto” y remarcó que no se atreve “a decir que nada va a pasar ni que todo va a pasar. Esta semana va a ser clave y hay que mirarlo día a día”.

Por otra parte, el vicejefe de Gobierno indicó que ya hubo diálogos con el sector gastronómico para seguir manteniendo las restricciones: “esta semana tuvimos seis clausuras. Estamos siendo inflexibles, sobre todo con los que organizan”, señaló.

“Vamos a tener mucho testeo en La Rural. Para nosotros testear es importantísimo. Para que los que viajaron se testeen para evitar contagiar a otros. Cuánto más testeás, más casos encontrás”, aseveró.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que se priorizará el mantenimiento de las clases presenciales. “La escuela es prioridad. La regla debe ser la presencialidad, pero todo va a depender de la evolución de las próximas semanas”, y que Horacio Rodríguez Larreta habló del tema con Alberto Fernández”, sentenció.

Por José Angel Di Mauro

No por previsible dejó de ser una mala noticia. No por conocerla de antemano -el INDEC, con todos los gobiernos, remite a la Rosada ese tipo de datos con cierta antelación- causó menos impacto. El 42% de pobreza que confirmó el organismo que encabeza Marco Lavagna está en el orden de lo que manejaban especialistas y el propio Gobierno, pero significó un motivo más de preocupación en el seno de una administración ávida de brindar buenas noticias.

Y sobre todo llevó al presidente a advertir que una vez más lo torturarían en las redes sociales y “medios hegemónicos” con sus dichos del pasado. Un pasado reciente en este caso, pues no hay que remontarse a los tiempos en que Alberto Fernández transitaba el llano, bien lejos de Cristina Kirchner y hablando pestes de ella; ahora alcanza con ir a la cuarentena: “Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina, porque de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve”, dijo entonces.

El 42% confirmado por el INDEC representa aproximadamente 19 millones de argentinos pobres y corresponde al segundo semestre del año de la pandemia; esto es, los especialistas advierten que ese número hoy está en por lo menos el 45%. La inflación vigente, que anualizada representa el ritmo del último año de Macri en el poder, contribuye a elevar ese  porcentaje.

Si bien no podría hablarse de una peor noticia que la pobreza, el presidente ni se imaginaba que terminaría la semana con la novedad de tener Covid. Justo el día de su cumpleaños, el mandatario confirmó en las redes sociales pasada medianoche que se había contagiado. A pesar de haberse dado las dos dosis de la Sputnik V. Justo en la semana en que el Gobierno anunció que distanciará la primera de una segunda dosis ahora en veremos… 

No debe haberle caído bien a la autoestima presidencial escuchar el fin de semana a infectólogos aclarando que la posibilidad de contagio teniendo las dos dosis es ínfima, aunque probable, pero le queda al presidente la certeza de haber hecho un aporte a la campaña de difusión, para tener en cuenta que aun habiendo completado el ciclo de vacunación, la posibilidad de contraer la enfermedad y contagiar sigue vigente. Vale el dato para entender qué es lo que puede estar sucediéndoles por ejemplo a nuestros vecinos chilenos, cuya campaña de vacunación avanza de manera acelerada, pero los casos siguen siendo elevados. El peor enemigo en esta lucha contra el Covid-19 es la relajación.

El contagio presidencial se conoció justo en días en que las autoridades debaten cómo afrontar la segunda ola, y solo queda hacer lo posible para aplanar la curva. El equipo de epidemiólogos que ha reaparecido en Olivos insiste en la necesidad de adoptar medidas drásticas, aunque sea por tiempo limitado. Sin embargo, y como ya hemos dicho y repetido aquí, si algo admite el Gobierno es que no tiene margen para volver a una cuarentena como la dispuesta hace exactamente un año. Hay tres razones contundentes para sostener esta postura: no hay margen social que garantice que la gente acate medidas extremas (Formosa vale como ejemplo); las arcas oficiales no pueden brindar la asistencia económica que se dio el año pasado (IFE y ATP); y por último, y no menos importante (más bien lo contrario), este es un año electoral.

Así y todo se barajan alternativas, en función de los datos preocupantes que manejan las autoridades. Los mismos hablan de un crecimiento exponencial de casos y de una curva que tiene el pico en el segmento etario que va entre los 20 y 40 años. Está verificado también que los contagios no se dan en el ámbito laboral ni en las escuelas, quedando circunscriptos a las reuniones sociales.

“Tenemos que hacer algo”, dijo este sábado el presidente, sin mayores precisiones. Entre esas alternativas se sabe que en la provincia de Buenos Aires se habla de extremar las medidas por espacio de 9 días, cuestión de generar un efecto shock. Las medidas chocan con la postura de la Ciudad de Buenos Aires de no cerrar nada, a lo sumo rever horarios de atención. Mientras se vislumbra a la brevedad un revival de los choques por las responsabilidades en el AMBA, las autoridades bonaerenses se ocupan también de contradecir a las nacionales. Como el viceministro Nicolás Kreplak cuestionando el desfile de turistas rumbo a la costa atlántica cuando el ministro de Turismo nacional acababa de alentarlo. A nadie sorprenden ya las distintas visiones que conviven y se expresan dentro del Frente de Todos.

Es el día con más casos de #coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de #MarDelPlata me encuentro con esta imagen. ¡Por favor! Reforcemos al máximo los cuidados. Los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento. El sistema de salud tiene un límite pic.twitter.com/xD7FyzKyda

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 31, 2021

En lo que sí llegaron a coincidencias en el Gobierno es respecto del cronograma electoral. No todos, claro; el deseo de los gobernadores peronistas de suspender las PASO no va a prosperar, pues no hay manera de que la oposición le brinde los votos en el Congreso para concretar semejante medida. Sí convencieron a Máximo Kirchner respecto de la conveniencia de atrasar los comicios y el propio jefe del bloque de diputados nacionales oficialistas se ha puesto en la primera línea de esa negociación. Lo del martes pasado en la Rosada fue una avanzada preliminar. Allí fueron convocados el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López y jefe del Pro bonaerense, Jorge Macri. La excusa era la firma de unos convenios para hacer obras, pero bien debía imaginar al menos Ritondo que su convocatoria iba más allá. Algo le debe haber adelantado su amigo Sergio Massa, presente también en el encuentro. Máximo K también prefiere al exministro de Seguridad de Vidal como interlocutor, en lugar de Mario Negri, el jefe del interbloque JxC, con el que directamente no se lleva. Se le nota un poco cuando le toca cerrar un debate e inexorablemente se refiere a algo que haya dicho el cordobés al antecederlo.

Lo cierto es que inmediata y deliberadamente después de ese encuentro desde el Gobierno deslizaron que habían encontrado buen eco respecto de postergar las PASO y las elecciones generales. El título posterior que algunos difundieron respecto a que “habría consenso” en esa materia cumplió el objetivo de meterle ruido a la propia interna de Juntos por el Cambio. Los jefes de los otros partidos no tardaron en reaccionar planteando el rechazo, y en el propio Pro se escucharon voces críticas. Jorge Macri y Ritondo tuvieron que apresurarse a aclarar que se habían limitado a señalar que la propuesta debían hacerla a todo el espacio y ellos debían hablarlo también puertas adentro.

En el Frente de Todos disfrutan cualquier esbozo de discordia que se observe en la principal oposición. Pasó con el inédito elogio que el 25 de marzo Cristina Kirchner le dedicó a Horacio Rodríguez Larreta -tras la entrevista en que contó la vez que secuestraron a su padre-, diferenciándolo de Mauricio Macri.

Es el día con más casos de #coronavirus desde que empezó la pandemia y volviendo de #MarDelPlata me encuentro con esta imagen. ¡Por favor! Reforcemos al máximo los cuidados. Los casos escalan a una velocidad nunca vista hasta el momento. El sistema de salud tiene un límite pic.twitter.com/xD7FyzKyda

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 31, 2021

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, hizo saber al día siguiente que estaba dispuesto a ir al Congreso para dialogar sobre el tema con los jefes de la oposición, particularmente los de Juntos por el Cambio. Desde este sector no recibieron aún una invitación formal, ni del Gobierno, ni de la Cámara baja, y solo se manejan por lo que trasciende en la prensa. A priori, la reunión sería este martes, aunque ese día Juntos por el Cambio tiene prevista una reunión de su Mesa Nacional, la primera que se hará de manera presencial en trece meses. De allí saldría una postura unificada que habilitaría a los jefes parlamentarios del espacio, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López, a reunirse con De Pedro llevando una respuesta.

Esta foto se vio en todos lados. Lo que no se dijo fue el motivo de la reunión: la creación de un fondo de 5 mil millones de pesos para llevar más pavimento, cloacas y energía a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Los ejecutará cada municipio, generando empleo. pic.twitter.com/j3kjw3CkbH

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 31, 2021

Por ese motivo es que, a modo de gesto, trascendió este sábado que Wado De Pedro postergaría su visita al Congreso para el miércoles. Si algo no querían los diputados de JxC era ir a ver al ministro sin contar con un aval de la Mesa Nacional.

Fuentes legislativas de la oposición confiaron a este medio que en principio la idea de una postergación por un mes, tanto de las PASO como de las elecciones generales, parecía encaminada, pero cayó muy mal en ese sector la actitud oficial del lunes pasado, y ahora podría imponerse en la interna de JxC la postura de los “halcones”: las leyes electorales no se tocan en un año electoral.

Nada bien tomó la principal oposición que hubieran deslizado ese día que había un acuerdo y se difundiera como prueba la foto del Patio de las Palmeras. Hasta los moderados estarían ahora molestos: “¿Con quién vamos a acordar si mienten y hacen operaciones?”, expresó una fuente consultada muy molesta fundamentalmente con el jefe de Gabinete, al que atribuyó lo que consideró “una maniobra”.

Al encuentro asistirán el expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Miguel Angel Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores radicales, los tres presidentes de los partidos y los titulares de los bloques legislativos. Habrá una foto de familia y se difundirá un comunicado, pero guardarán bajo siete llaves la sede del encuentro.

El diputado italo argentino Eugenio Sangregorio (USEI) aseguró que “ya se ve la luz al final del túnel, y tanto Italia como Argentina renacerán tras la demoledoras consecuencias que trajo el coronavirus”.

“Argentina y su potencia exportadora, la gran cantidad de recursos, tanto naturales como humanos, le permitirán levantarse y renacer. Por su parte Italia renacerá por su tradición industrial y por la industria sin chimeneas qué representa el turismo”.

Y agregó: “En estas pascuas debemos tener los italianos y los argentinos esperanza, fe y la convicción de que todo lo que vendrá será mejor”,

En estas pascuas diputado Sangregorio anticipa que “Argentina e Italia renacerán”.

Ante la llegada de la segunda ola de contagios de Covid-19 en Argentina -que este lunes registró la cifra más alta de casos desde octubre pasado-, la diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para establecer multas económicas a quienes propaguen la enfermedad.

La iniciativa, a la que accedió parlamentario.com, consiste modificar tres artículos del Código Penal, referidos al capítulo de delitos contra la salud pública, donde no se cambian los plazos de las penas, sino que se incorporan sanciones pecuniarias, tomando como medida el Salario Mínimo, Vital y Móvil -que actualmente es de 21.600 pesos-.

Se propone que el artículo 202 del Código Penal quede redactado: “Será reprimido con prisión de 3 a 15 años y multa entre 15 y 600 Salarios Mínimo Vital y Móvil, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas“.

En tanto, el nuevo artículo 203 sería “Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil; si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años.

Mientras que el artículo 205 establecería que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia“.

“Las sanciones establecidas -en el párrafo anterior- se duplicarán si la violación se produce en el marco de una Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud o de una Emergencia Sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional”, agrega.

En los fundamentos del proyecto, Vallejos destacó que “en nuestro país se realizaron grandes esfuerzos en pos del bienestar y la salud de todo el pueblo argentino, especialmente con la intervención de la ANMAT, que ha autorizado diversas vacunas contra la Covid-19 y se ha iniciado exitosamente la vacunación de forma simultánea en las 24 jurisdicciones del país, que actualmente se encuentra en proceso”.

“No obstante, se visualizan individuos que no respetan las medidas de protección en materia de salud pública, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de la población en su conjunto“, remarcó la legisladora del Frente de Todos.

Entre sus argumentos, ejemplificó países donde se han establecido multas económicas en este sentido, y enumeró los casos de Perú, Colombia, Honduras, Bolivia, El Salvador, Panamá, Chile, España e Italia.

“Considero imperioso y urgente el tratamiento del presente proyecto ante la amenaza y el riesgo sanitario sin precedentes que enfrenta nuestro país, especialmente ante el ingreso de las variantes del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil, Reino Unido y África y el notable aumento de casos en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, a efectos de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional en esta pandemia”, sostuvo.

El Senado sesionará este jueves desde las 14 para tratar un proyecto del Poder Ejecutivo que suspende dos de las causales de caducidad de los partidos políticos debido a la pandemia del Covid-19, y una serie de acuerdos internacionales y declaraciones no conflictivas.

La sesión, que será mixta -presencial y virtual- fue convocada este martes por la vicepresidenta Cristina Kirchner y será la segunda del período ordinario.

La principal iniciativa a tratar busca suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con mínimo de afiliaciones debido a la pandemia.

El proyecto también propone que en aquellos partidos donde por razones sanitarias excepcionales no se pudieron renovar autoridades, se les otorgue continuidad de ejercicio hasta fin de año a las últimas autoridades informadas ante la Justicia Federal con competencia electoral.

Por último, se suspenden las sanciones por incumplimiento de la obligación de capacitación con el fin de que puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar capacitaciones de manera digital, reservando las sumas no ejecutadas en 2020 para el ejercicio 2021 con el mismo destino.

En la sesión también se tratarán otros dos proyectos del Ejecutivo para aprobar un Tratado de Extradición con la República Checa y una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.

A continuación, se votarán numerosos proyectos de declaración impulsados por distintos senadores, entre ellos uno para manifestar pesar por el fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez.

También figura en el temario una declaración de beneplácito por los 30 años de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur; y otra por el octavo aniversario de la consagración del papa Francisco.

La ley de regulación del teletrabajo, que el Congreso sancionó en julio del año pasado, no regirá para aquellos trabajadores que se hayan tenido que volcar a la modalidad home office debido a la pandemia del Covid-19, hasta tanto finalicen las restricciones sanitarias.

Así lo dispuso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que dirige Claudio Moroni, a través de la Resolución 142/21, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En el texto se considera que dado que las medidas de distanciamiento social continúan vigentes, el hecho de que muchos trabajadores hayan tenido que adoptar la modalidad de teletrabajo “no podrá sustituir el acuerdo de voluntad de las partes en los términos del artículo 7 de la Ley 27.555”.

En otras palabras, la situación de los empleados que no retornaron a sus puestos de trabajo habituales no podrá encuadrarse en el principio de “voluntariedad” establecido en la norma, y por eso recién podrán acogerse a los beneficios de la misma cuando finalicen las restricciones.

La resolución indica que “a partir del inicio de la vigencia de la Ley N 27.555 y mientras se mantengan las restricciones y/o recomendaciones sanitarias dictadas por las autoridades nacionales, provinciales o locales, la circunstancia de que los trabajadores y las trabajadoras se vean impedidos de cumplir con el deber de asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de lo dispuesto por el Decreto 260 del 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, y la Resolución 207 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del 17 de marzo de 2020 y sus modificatorias, o de las medidas que el empleador hubiera decidido implementar en forma preventiva para minimizar los riesgos de contagio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo escrito que exige el artículo 7 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión de voluntad de las partes”.