En 1891, el Papa León XIII publicó la Rerum Novarum. Fue la respuesta de la Iglesia a la Revolución Industrial: un documento que reconocía que el avance tecnológico sin instituciones capaces de encauzarlo producía explotación, no prosperidad. Ciento treinta y cinco años después, el Papa León XIV firmó la encíclica Magnifica Humanitas, tomando deliberadamente ese aniversario como fecha y ese pontífice como referencia. El mensaje es explícito: estamos ante un momento equivalente. La inteligencia artificial es nuestra Revolución Industrial, y el derecho tiene que estar a la altura.

La encíclica no condena la tecnología. La interpela. León XIV advierte que las innovaciones tecnológicas “pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión”. Y frente a esa disyuntiva, es categórico: “No basta con invocar la ética de manera abstracta; se requieren marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad”. Una IA más moral, dice el Papa, no es suficiente si esa moralidad la determinan unos pocos.

Esa frase debería leerse en cada cámara legislativa del país.

Porque lo que describe el pontífice no es un escenario futuro. Es el presente de millones de ciudadanos bonaerenses. Hoy, una persona puede recibir un débito que no autorizó, ejecutado por un sistema que nadie revisó. Puede tener un contrato cancelado por un algoritmo que nadie decidió activar. Puede ser rechazada para un crédito por un criterio que ningún funcionario ni ejecutivo podría explicarle con claridad. ¿A quién reclama? Esa pregunta, hasta ahora, no tenía respuesta.

La Ley de Transparencia y Responsabilidad en Decisiones Automatizadas en Relaciones de Consumo, que presenté en la Honorable Cámara de Diputados, empieza a construirla. Es una ley integral que establece condiciones concretas de identificación, trazabilidad y responsabilidad administrativa para los sistemas de inteligencia artificial que operan en el mercado de consumo bonaerense. En términos simples: si una empresa usa un algoritmo para tomar decisiones que te afectan, tiene que poder decirte quién lo diseñó, cómo funciona y quién responde cuando algo sale mal. Ya no alcanza con decir “fue el sistema”.

Identificación significa que el ciudadano tiene derecho a saber cuándo está interactuando con un sistema automatizado y no con una persona. Trazabilidad significa que cada decisión que ese sistema tome debe poder reconstruirse: qué datos usó, qué criterio aplica, qué resultado produjo. Y responsabilidad administrativa significa que siempre hay una empresa o persona jurídica concreta que responde ante el Estado y ante el consumidor cuando este proceso falla — sin que el algoritmo pueda ser la respuesta final a ningún reclamo.

El texto incluye además un seguro obligatorio para quienes operan sistemas automatizados con impacto patrimonial sobre los usuarios, mecanismos de auditoría accesibles, y un período de adecuación de 180 días para las empresas en actividad. No es una regulación hostil a la innovación; es la condición para que la innovación llegue a todos y no solo a quienes tienen recursos para litigar cuando algo falla.

León XIV señala que el riesgo central es la concentración del poder tecnológico “en pocas manos”, donde patentes, algoritmos y datos quedan fuera del control público y definen “condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación e incluso oportunidades económicas”. Es exactamente esa asimetría la que esta ley busca corregir. No eliminando la tecnología, sino poniendo al ciudadano en igualdad de condiciones frente a ella: con derecho a saber, derecho a reclamar y alguien concreto a quien responsabilizar.

La pregunta que nadie había formulado con claridad, ¿qué pasa cuando el algoritmo se equivoca?, tiene ahora, en el plano de la ética global, la respuesta del líder religioso más influyente del mundo. Le corresponde a la política traducirla en ley. Eso es exactamente lo que estamos haciendo.

Luego de que diera la vuelta al mundo la imágen de la fumata blanca, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires opinaron respecto de la designación de Robert Prevost, quien será conocido como Papá León XIV, cómo sumo pontífice de la Iglesia.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, escribió sus emociones en las redes sociales. "Con mucha alegría celebramos la elección del nuevo Papa: León XIV. Unidos a millones de fieles en la Ciudad y en todo el mundo, saludamos su llegada al pontificado y acompañamos su misión, con la esperanza de que continúe el legado de Francisco: una Iglesia cercana, comprometida y constructora de paz entre los pueblos", afirmó.

Por su lado el legislador de Vamos por Más (VxM) Sergio Siciliano manifestó su deseo de que "la elección de un nuevo Papa de la Iglesia Católica sea una guía de esperanza y fraternidad para todo el mundo. Necesitamos liderazgos que conduzcan al encuentro y la paz. Con mucha alegría te damos la bienvenida León XIV".

Además, Claudio Romero (VxM) señaló que "la Iglesia necesita continuar el legado de Francisco: con misericordia, con paz, sin derechas ni conservadurismos. Que este nuevo tiempo reafirme el camino de una fe comprometida con los más vulnerables. El mundo necesita puentes, no muros".

Sobre esa misma línea, Hernán Reyes (VxM) remarcó que "el Papa León XIV inició su mensaje dando la paz, con fuerza. Un gesto simple pero profundo en este mundo tan caótico. Confío en que seguirá el legado de Francisco: una Iglesia misionera, abierta, que trabaje por una sociedad más justa, fraterna y tolerante".

Finalmente y en contraposición, el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Gabriel Solano concluyó planteando: "Siglo XXI, momentos de terminar con el oscurantismo clerical. Ni Papas ni reyes".