Cercano al santo padre, el diputado nacional se expresó luego de las declaraciones del papa Francisco en las que llamó a “invertir en el bien común y no esconder la plata en los paraísos fiscales”.
El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a las declaraciones del papa Francisco sobre los paraísos fiscales, en los que llamó a los empresarios a “no esconder” allí el dinero. Señaló el legislador del Frente de Todos que “Francisco dirige este mensaje hacia el empresariado: el que invierte tiene que hacerlo con un sentido social. Hay que humanizar la economía”, y agregó: “También llama la atención sobre la especulación financiera, hoy en las empresas es más importante quien dirige las finanzas que quien dirige la producción. Y eso fomenta un modelo que perjudica a todos. Francisco es un sembrador, su mensaje es para la post pandemia, vamos a tener que ser más solidarios con el prójimo”, analizó Valdés.
Respecto del contexto global, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados señaló por C5N: “Hay un mundo posible, en el que se puede conjugar el verbo compartir, más allá de quien detenta el poder económico. Cuando lo escucho a Biden veo que hay una esperanza para continuar una agenda global que habían trabajado Francisco y Obama, y que luego destruyó Trump“.
Consultado sobre la actualidad del Frente de Todos, Valdés indicó que “no le pertenece a ninguna de sus partes, es de todos. Yo soy frentetodista al palo. Cuando más frentetodismo practiquemos, mejor nos va a ir. Estando divididos, nos fue mal, tenemos que hacer un aprendizaje. El Frente de Todos tiene que representar a los que sufren. Cuando Cristina propone esta gran unidad, llevando a Alberto a la presidencia, da un enorme paso adelante. Tenemos que profundizar eso”.
Luego, Valdés se refirió al debate que hay en la Argentina sobre el accionar de la Justicia en causas de alto impacto político: “Tengo gran esperanza de que la Justicia no va a ser la de los jueces que iban a jugar al paddle con Macri y después condenaban a los opositores. Como dirigente político soy esperanzado en la posibilidad de realzar el valor de la Justicia”, aseguró el legislador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Presupuesto volverá a ser discutido el próximo martes, pero podría retrasarse el dictamen por pedidos de la oposición y el propio oficialismo. Los bloques deben informar a Sergio Massa cuántos presentes habrá en la sesión, que se haría en el recinto.
Por Carolina Ramos
Mientras el bloque oficialista analiza con el Poder Ejecutivo si acepta cambios pedidos en el proyecto Presupuesto 2021, avanzan las tratativas en la Cámara de Diputados para ultimar detalles de la próxima sesión y se encamina el acuerdo para renovar por última vez el Protocolo de Funcionamiento Remoto, que caduca el miércoles próximo.
En los despachos de los jefes de bloque ya circula un modelo de acta para revalidar el protocolo hasta el 30 de noviembre -día en que termina el período ordinario-, en los mismos términos que la última renovación, es decir, con la posibilidad de sesionar con mayoría presencial a pedido de los bloques, tomando los recaudos sanitarios necesarios.
Con la intención de marcar la cancha, Juntos por el Cambio presentó una nota a fines de septiembre solicitando formalmente al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que tanto el Presupuesto como el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -los dos temas que generan mayor discusión- se traten en modo presencial.
Lo cierto es que la posibilidad de sesionar en otro sitio que no sea el recinto es cada vez más lejana: si bien los bloques todavía no informaron a Massa cuántos diputados asistirán, fuentes consultadas aseguraron que con el acondicionamiento de las bandejas superiores bastaría para realizar la sesión en su ámbito natural.
En Juntos por el Cambio, la bancada más numerosa, estiman que concurrirán “no más de 90 diputados”; la última versión del protocolo permite a aquellos diputados que integran grupos de riesgo a participar de modo remoto, así como a aquellos que lo soliciten expresamente por razones fundadas.
La incógnita que se abrió estas horas es si el Frente de Todos terminará demorando la votación del Presupuesto: si bien la comisión presidida por Carlos Heller volverá a reunirse el martes a las 11 para retomar el debate, fuentes consultadas aseguran que el dictamen podría demorarse unos días más por el volumen de los cambios que se analizan.
Uno de los puntos que despiertan más inquietud es la distribución de subsidios al transporte, que según el proyecto será de 65.000 millones de pesos para el AMBA y 13.5000 millones para el interior, que este año, gracias a la ampliación presupuestaria sancionada a mediados de agosto, recibió 17.000 millones.
“Este es el talón de Aquiles del Presupuesto”, definió un diputado de la oposición, al señalar que los propios oficialistas hicieron este reclamo, que Heller se comprometió a analizar con el Ejecutivo. “Hay muchas dudas. Estamos a tiempo, no habría razón para apurar el dictamen”, consideró la fuente consultada.
En tanto, el aporte solidario de las grandes riquezas ya está en condiciones de ser tratado porque recibió dictamen favorable el 25 de septiembre, pero en este caso la principal preocupación del Frente de Todos es asegurarse los 129 votos necesarios para la aprobación en el recinto, por tratarse de la creación de un impuesto.
El último tema de la agenda económica es la prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en guaridas fiscales, un proyecto que fue dictaminado el último lunes tras volver a comisión, sin el apoyo de Juntos por el Cambio, que rechazó las modificaciones introducidas.
Con este escenario, el bloque encabezado por Máximo Kirchner deberá definir si finalmente unificará el debate del Presupuesto con los otros dos temas -tal como preveían en el plan original- o si desdobla el debate en función de las negociaciones, lo que tendería a descomprimir los tiempos de una posible sesión “extralarge”.
Un cambio de último momento empantanó el debate y, dado que gran parte de la oposición pedía abstenerse, Massa propuso dar marcha atrás.
Por Carolina Ramos
En medio de un clima de confusión por un cambio de último momento propuesto por el oficialismo, volvió a comisión el proyecto de ley que prohíbe que el Estado brinde ayuda económica o financiera a empresas radicadas en guaridas fiscales o con evasión fiscal probada por la AFIP.
Juntos por el Cambio estaba dispuesto a acompañar al oficialismo en la votación, pero una modificación propuesta de madrugada por Fernanda Vallejos en el artículo segundo -relativo a los sujetos alcanzados por la ley- sorprendió a los diputados conducidos por Mario Negri.
En ese artículo, el Frente de Todos buscaba incorporar que además de las personas humanas o jurídicas residentes en Argentina con cuentas offshore, eran sujetos alcanzados aquellas personas “que estén vinculadas con otras que sean titulares” de bienes en guaridas fiscales.
El radical Luis Pastori, que había trabajado en comisiones para lograr una redacción consensuada, advirtió que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le informó sobre el cambio con un tiempo escaso para poder analizarlo.
“Estamos ampliando el universo de sujetos sobre la marcha, y esto requeriría un estudio más profundo, más pormenorizado”, planteó Pastori.
El presidente de la Cámara, Sergio Massa, puso a votación el proyecto en general y en particular, y el interbloque de Mario Negri, disconforme con el giro que tomó la discusión, anunció que se abstendría.
En el mismo sentido, surgieron críticas del Interbloque Federal. “No hemos sido de los privilegiados que han sido consultados. No hemos tenido ningún tipo de consideración a la hora del cambio que se generó”, se quejó Graciela Camaño (Consenso Federal).
Otro lavagnista, Jorge Sarghini, denunció: “Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento y absoluto consenso sea cambiado minutos antes de votar porque alguien del oficialismo lo pide y no den lugar ni siquiera al análisis”. “¿Nosotros qué somos, de palo?”, cuestionó.
El proyecto resultó aprobado, pero muchos diputados de la oposición que habían votado afirmativamente pidieron dar marcha atrás y abstenerse, y aunque Heller intentó salvar los entredichos, el tema entró en un callejón sin salida.
Finalmente, y con ánimo de retomar el consenso, Massa propuso devolver el proyecto a comisión, para lo cual se votó -con dos tercios- la reconsideración de la votación anterior, que resultó aprobada.
La iniciativa, propuesta por el cordobés Pablo Carro (Frente de Todos), busca impedir que se les otorgue asistencia a empresas radicadas en guaridas fiscales “en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.
Si bien el texto original hablaba de “paraísos fiscales”, se cambió ese término por el de “guaridas fiscales”, entendidas como aquellas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
“Todos sabemos que uno de los grandes problemas de la humanidad son los miles de millones de dólares que deberían ingresar en materia de impuestos en distintos países y terminan escondidos en esos estados donde no hay ninguna tributación”, explicó Heller.
En tanto, Carro sostuvo que “en un tiempo en el que el Estado está haciendo un tremendo esfuerzo fiscal, es importante que cada peso del Presupuesto vaya adonde se necesita: a salud, educación, seguridad social, protección de puestos de trabajo y reactivación económica”.
El cordobés informó que “el 40% de las ganancias de empresas trasnacionales van a parar a estas guaridas fiscales”, y por eso consideró que esta ley es “un mensaje muy importante al mundo”.
Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, advirtió que “los delitos financieros, la fuga de capitales y el fraude fiscal son el trasfondo de este proyecto y generan enormes daños a la sociedad, aun cuando lo hacen en forma silenciosa”.
“Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen el margen del desarrollo nacional y socavan el normal financiamiento estatal”, insistió la economista, y agregó que “los sectores más vulnerables son las principales víctimas” de este accionar.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, apunta a refinanciar la deuda de las provincias con la ANSeS. Además, se tratará un proyecto que bloquea la asistencia estatal a empresas en paraísos fiscales.
Tras la renovación del protocolo de funcionamiento remoto, la Cámara de Diputados realiza una nueva sesión para aprobar el proyecto de ley que apunta a proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al modificar el modo de financiamiento de la Reparación Histórica.
La sesión, presidida por Sergio Massa, inició cerca de las 15.15, pero el debate de los proyectos se demoró por una serie de homenajes y de cuestiones de privilegio, por lo que se estima que la jornada terminará cerca de la medianoche.
La principal iniciativa del temario -que incluye otros tres temas acordados- establece, además de la modificación en la Reparación Histórica, la posibilidad de refinanciamiento de las deudas que 21 de 24 provincias mantienen con la ANSES, a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió el proyecto del Poder Ejecutivo y recordó que el FGS, al momento de su creación, “tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales.
Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.
“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.
El legislador del Frente de Todos explicó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará ahora a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.
Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que ese Fondo “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.
El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.
En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).
La Cámara baja tratará además un proyecto de Pablo Carro (Frente de Todos) que impide acceder a asistencia económica o financiera a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o situaciones de fuerza mayor.
Asimismo, se convertiría en ley la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.
Por último, se tratará en la sesión otra iniciativa que cuenta con media sanción del Senado, que regula el ejercicio profesional de la fonoaudiología.
La iniciativa de Pablo Carro recibió dictamen en la Comisión de Presupuesto, con el acompañamiento de Juntos por el Cambio.
Con acompañamiento de la oposición, obtuvo dictamen este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley de Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) para impedir que, en determinadas circunstancias, reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.
La iniciativa prohíbe que el Estado otorgue asistencia económica o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales -jurisdicciones de baja o nula tributación-, o bien sean evasores fiscales probados, en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor.
Juntos por el Cambio sugirió algunas modificaciones de redacción que fueron receptadas por el oficialismo, y de esta forma el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión.
Hacia el final de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista expuso sobre la iniciativa que tendrá dictamen el próximo lunes.
El diputado Pablo Carro (Frente de Todos-Córdoba) defendió este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda su proyecto para prohibir que reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal probada.
Tras el debate sobre el aporte solidario de las grandes fortunas, Carro dejó planteada su iniciativa y Carlos Heller, titular de la comisión, dispuso que el próximo lunes se retomará la discusión, con el objetivo de firmar dictamen.
Desde Juntos por el Cambio, Luis Pastori anticipó que acompañarán el dictamen gracias a que el texto fue mejorado en su redacción.
Carro explicó que “se busca prohibir que el Estado otorgue asistencia económica y/o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en paraísos fiscales, o bien sean evasores fiscales probados” en “casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor”.
Como asistencia económica se considera “cualquier tipo de subsidio y/o moratoria, y/o condonación, y/o préstamo con tasas subsidiadas, y/o subsidio de tasa de interés en cualquiera de sus formas de implementación resultante de una norma o decisión que establezca o haya establecido el Estado nacional o alguna empresa con participación estatal mayoritaria”.
“El problema de la evasión tributaria es uno de los principales problemas de las democracias en el mundo. Por eso me resulta un sinsentido que el Estado esté brindando ayuda en este momento a empresas que se llevan la guita fuera del país”, advirtió el diputado oficialista.
Además, informó que según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) “hay 950 cuentas no declaradas en Argentina en paraísos fiscales, de más de un millón de dólares”.
El proyecto impulsado por el diputado Pablo Carro y plantea diferenciar puntualmente a las firmas para la ayuda estatal brindada en el marco de la emergencia sanitaria.
Como consecuencia de la irrupción de la pandemia de Covid-19, el Estado nacional está debiendo salir a asistir a las empresas y a los particulares afectados por las consecuencias que del aislamiento en la economía. Las primeras recibieron ayudas tales como la ATP para completar salarios, en tanto que los otros tuvieron el IFE. Entre otras medidas de asistencia.
Para el diputado nacional del Frente de Todos Pablo Carro, debe haber una ley que “proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que habiendo cumplido con todos los tributos argentinos” para que puedan recibir asistencia financiera en el ámbito de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, respecto de “aquellas domiciliadas en ‘paraísos fiscales’ o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la AFIP”.
Por eso es que presentó un proyecto que comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda este martes, que establece regular la ayuda financiera brindada por el Estado en los casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor.
Luego de aclarar puntualmente qué se entiende por “paraísos fiscales”, la iniciativa establece en su artículo 3° que la ayuda financiera realizada excepcionalmente por el Estado y sus diferentes organismos “deberá excluir a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
De tal manera se prohíbe al Estado nacional y cualquier otro organismo dependiente de “brindar ayuda financiera a las empresas que posean domicilio a los fines tributarios en los denominados ‘paraísos fiscales’ o aquellas en las cuales se ha comprobado fehacientemente una evasión fiscal por la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
El proyecto citado lleva también las firmas de los diputados del frente de Todos Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri.
2425-D-2020