El Frente de Todos intentará avanzar con el proyecto de “ley pandemia”, que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos que sirvan al Gobierno nacional y a las provincias para gestionar las restricciones, en una carrera contrarreloj, dado que el próximo viernes vence el último DNU emitido por el presidente Alberto Fernández.

El oficialismo convocó para este jueves, a partir de las 10, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde -sin obstáculos con los números- se alzaría con el dictamen de mayoría de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. La reunión será en el recinto.

Horas después, se estima que a las 15, el proyecto se lleve a la sesión, en la que el otro tema central será el proyecto para rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, incorporando varias localidades de distintas provincias al beneficio que ya tiene la Patagonia.

El tratamiento en la Cámara baja de la ley reclamada por el Poder Ejecutivo estuvo retrasado debido al alto rechazo de la oposición, esto es no solamente desde Juntos por el Cambio, sino también de Consenso Federal, Córdoba Federal, el Frente de Izquierda, la tucumana Beatriz Ávila y la frecuente aliada del oficialismo Alma Sapag.

Por eso, todos los ojos estarán puestos a la hora del quórum, para el cual se necesitan 129 diputados y el Frente de Todos cuenta -con asistencia perfecta- con 117. Se sabe que tendrá el apoyo de los seis legisladores que conforman el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que comanda el mendocino José Luis Ramón. Aún así le faltan seis. Pero también acompañarían el riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, de Acción Federal.

La clave será lo que hagan los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca -quien anteriormente se manifestó a favor de una ley de estas características- y Andrés Zottos; y los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Contigiani (Partido Socialista). Los cuatro son parte del Interbloque Federal, donde los tres lavagnistas y los cuatro cordobeses schiarettistas se oponen.

Cabe señalar que en el proyecto de ley de “zonas frías” se introdujeron modificaciones y se sumaron a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la “ley pandemia”.

El diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos) se refirió a la polémica por la frustrada negociación con Pfizer, y aseguró que “no hay cosa rara en esto, a pesar de todo el ruido que hace la oposición”.

“El contrato con Pfizer no lo tenemos porque nunca se firmó”, aclaró el oficialista y consideró que si Argentina hubiera recibido dosis por parte de este laboratorio, “no nos hubiera cambiado en nada” el plan de vacunación contra el Covid-19.

En diálogo con radio Milenium, el tucumano dijo: “Si hubiéramos firmado con Pfizer como firmó Chile, Brasil, Colombia, Pfizer no tuvo disponibilidad de vacunas como para cambiarles la curva de vacunación”. Por lo cual, opinó que no es algo “tan problemático como que plantea en general en todos los medios”.

El presidente de la Comisión de Salud explicó la cuestión con la letra de la ley para los contratos -en específico con la palabra “negligencia”-, y sostuvo: “Cambiar una ley para decir que a nosotros nos parecía que aunque fueran negligentes le íbamos a pagar la indemnización… y, es medio duro desde el punto de vista de soberanía nacional”.

En ese sentido, el legislador afirmó que la ley se podría haber modificado si se daba la situación de que “si no teníamos esta vacuna, no íbamos a tener vacunas; pero no para que te garanticen dos o tres vacunas más, que en el fondo no iban a cambiar el plan de vacunación, como a ningún país de la región”. Y se preguntó: “¿Por qué todos los otros laboratorios aceptaron sin ningún problema?”.

El oficialista señaló que “obviamente hubiéramos preferido que lleguen a un ritmo mayor” las vacunas, pero destacó que “estamos vacunando en casi todas las provincias a pacientes mayores de 50” y está descendiendo la mortalidad en la población ya vacunada. “Empiezan a caerse mitos”, añadió.

Además, informó que a las comisiones de Salud de Diputados y del Senado ya “llegaron todos los contratos firmados. Todavía no nos llegó el de CanSino, que es el último que se está negociando”. Y sumó que todo hasta ahora “se ha cumplido perfectamente”. “No se ha pagado una indemnización a nadie por estas vacunas en el mundo todavía”, completó.

Proyecto sobre parámetros epidemiológicos

Consultado por el proyecto del Gobierno para establecer parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, Yedlin anticipó que el próximo lunes 7 el oficialismo buscará el dictamen en un plenario que se realizará de manera presencial, para llevarlo al recinto esa misma semana.

“Queremos tratarlo el lunes que viene en una reunión conjunta con Asuntos Constitucionales. Creemos que tenemos los números para darle dictamen, obviamente Juntos por el Cambio no nos va a acompañar. Lo haremos presencial”, dijo.

El diputado defendió que “es una ley sumamente necesaria para que el presidente tenga que dejar de hacer DNU’s casi 15 o 20 días por lo mismo” y “le da todo el poder y autoridad a los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad”.

La iniciativa, además de contar con el rechazo de Juntos por el Cambio -principal bancada opositora-, no tiene el aval de los bloques Consenso Federal y Córdoba Federal, ambos dentro del Interbloque Federal. Tampoco del Frente de Izquierda, de la neuquina Alma Sapag -frecuente aliada del oficialismo- y de la tucumana Beatriz Ávila.

El Frente de Todos sí tiene el respaldo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, con seis diputados. Restan conocerse las posturas de los cuatro legisladores restantes del Interbloque Federal -que preside Eduardo “Bali” Bucca- y de los dos diputados de Acción Federal, Felipe Álvarez y Antonio Carambia.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre “parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” recibió este jueves media sanción del Senado.

La iniciativa apunta a otorgar facultades especiales al presidente y los gobernadores para tomar medidas de acuerdo a la situación sanitaria, determinada por el número de casos de coronavirus.

Su objetivo es “establecer medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de contagios por Covid-19 que se aplicarán en todo el país”.

Con la misión de ganar respaldo, el oficialismo en la Cámara alta introdujo una serie de modificaciones al texto. Uno de los cambios es que se incorporó que el Ministerio de Salud de la Nación podrá modificar los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la evolución de los casos y “previa aprobación por mayoría simple del Consejo Federal de Salud”. La versión original planteaba “previa consulta” con los ministros y ministras del país.

La iniciativa habla de criterios para definir si la situación es de “bajo”, “mediano” o “alto” riesgo en los aglomerados, departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes; o bien de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como actualmente se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los parámetros tienen que ver con el aumento de casos de los últimos 14 días; la incidencia -es decir, la cantidad de casos sobre la población total del distrito- y, en el caso de las zonas de “alarma epidemiológica y sanitaria”, se tendrá en cuenta que la ocupación de camas de terapia intensiva supere el 80%.

Por otra parte, se indica que los gobernadores y gobernadoras dictarán las medidas necesarias, “como agentes naturales del gobierno federal”, en lugar de “delegados o delegadas del gobierno federal”, un término que había hecho bastante ruido cuando el proyecto ingresó al Senado.

También se agregó al artículo 34 que la ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2021. La ausencia de un plazo en la norma era otro de los planteos que se cuestionaron.

Además, se eliminó la “invitación” al Poder Legislativo y al Poder Judicial de promover la modalidad de teletrabajo; se determinó la restricción de circular desde las 19 hasta las 6 del día siguiente -el texto inicial decía 20 en lugar de 19- para los aglomerados de más de 300 mil habitantes y que estén en alarma epidemiológica; y se agregó que el transporte público lo podrán utilizar también quienes concurran a asistir a un familiar.

En un nuevo artículo, se prevé que “las autoridades de los establecimientos sanitarios de gestión pública o privada deberán actualizar diariamente, en el sistema que establezca el Ministerio de Salud de la Nación, los datos que indique la autoridad sanitaria nacional, para el seguimiento, en tiempo real, de los ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación”.

El reporte será “obligatorio” para todos los establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, independientemente de su fuente de financiamiento, garantizando la protección de datos personales de conformidad con la Ley 25.326.

Asimismo, se sumó que quedará “autorizado el acompañamiento de los y las pacientes en estado terminal con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento”.

“En tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la citada ciudad, según corresponda. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado, por parte del o de la acompañante”, añade el artículo.

Uno de los puntos que logró el cambio de postura del aliado Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) es la aclaración de que, en los casos de “alto riesgo”, los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán “disponer restricciones temporarias y focalizadas adicionales” en zonas que presenten parámetros diferentes al resto del distrito.

Clases presenciales

En la iniciativa se incorporó que “se mantendrán las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas en la presente ley o que se dispongan dando efectivo cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas por el Consejo Federal de Educación”.

“En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes”, reza el texto, que establece además que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño “podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente”. “Solo en caso de haber dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí su reinicio, según la evaluación de riesgo”, se señala.

Sin embargo, se mantiene que “en los aglomerados, departamentos o partidos que se encuentren en situación de ‘Alarma Epidemiológica y Sanitaria’ queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades”. Y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a “morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida” en virtud “de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma”. Del artículo se sacó que lo hará “previa consulta” con los gobernadores o el jefe de Gobierno porteño.

Otros puntos

Para el Ejecutivo Nacional, las bases de la delegación de facultades serán dos: la “adopción de medidas razonables, temporarias y oportunas para proteger la vida y la salud pública en relación con la pandemia”; y la “creación de condiciones para el acceso a la atención y asistencia médica adecuada de las personas afectadas”.

Luego se enumeran siete medidas sanitarias de prevención para todo el país: distancia mínima de dos metros; uso de tapabocas; ventilación de ambientes; higiene de manos; la obligación de toser y estornudar con el pliegue del codo; cumplimiento de los protocolos de cada actividad; y prohibición de circulación para personas contagiadas, sus contactos estrechos y casos sospechosos.

Como quedó establecido en los últimos Decretos de Necesidad y Urgencia, se suspenden en todo el país -con excepción de las zonas de riesgo “bajo”- los viajes de egresados, estudiantiles y de jubilados, y las reuniones sociales de más de 10 personas en domicilios particulares.

En tanto, las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas y recreativas podrán realizarse en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria que corresponda.

En los locales gastronómicos se mantienen los horarios vigentes y el aforo del 30% en relación con la capacidad máxima habilitada; y se prohíbe la circulación nocturna entre las 0 y las 6 horas, aunque los gobernadores podrán ampliar el rango horario, “siempre que el plazo de restricción de circular no supere el máximo de diez horas”.

Por último, para los aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, como el caso del AMBA, se suma la suspensión de centros comerciales y ferias en lugares abiertos o cerrados y el cierre de los locales comerciales a las 19 horas.

Para las zonas más “calientes” en cuanto a cantidad de casos, “si los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario no hubieren presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para adoptar restricciones adicionales, proporcionadas y razonables, siempre que cuente con la intervención de la autoridad sanitaria nacional que fundamente la razonabilidad de la medida sanitaria a adoptar” y “dichas medidas podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos”.

Además, se prohíbe el ingreso al país de extranjeros no residentes en Argentina por el término de 30 días corridos, con algunas excepciones, como las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios.

Por Melisa Jofré

El Frente de Todos en el Senado, con el acompañamiento de aliados, dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores puedan tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos.

La votación cosechó 38 votos a favor, del oficialismo y el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); y 26 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

La aprobación se dio luego de un extenso debate, en el que Juntos por el Cambio ratificó su rotundo rechazo a la iniciativa por asegurar que es inconstitucional, además de anticipar que reclamará ante la Justicia.

El proyecto se votó minutos después del anuncio de Alberto Fernández -por cadena nacional- sobre un nuevo confinamiento, a causa de la fuertísima suba de casos -con cifras de más de 35 mil por día- y fallecimientos registrados desde el inicio de la pandemia en Argentina, allá por el 3 de marzo de 2020.

Desde la firma del dictamen hasta su llegada a la sesión, el texto sufrió una serie de modificaciones, con el objetivo de ganar respaldo de algunos bloques minoritarios en la Cámara de Diputados, donde los votos se prevén ajustados.

Dado el rechazo que tuvo la iniciativa desde un principio, y los tiempos que se retrasaron por las consultas con la Casa Rosada y el plazo que maneja el Senado para tratar los dictámenes en el recinto, la ley no pudo lograrse antes de este viernes 21 de mayo, día en que vence el último DNU dictado por el Gobierno.

Al abrir el debate, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun señaló que “mucho se ha dicho de los supuestos superpoderes que esta ley significaría para el presidente de la Nación. Nosotros entendemos que por el contrario, el presidente a través de esta ley lo que está haciendo es justamente autolimitarse en sus facultades”.

La santafesina cuestionó a la oposición por cambiar de postura debido al año electoral y lamentó que “seguimos padeciendo un alto nivel de contagiosidad y seguimos teniendo más muertos en Argentina”. “Yo creo que es un momento para que construyamos puentes, diálogo y consensos”, opinó.

En defensa del presidente, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales afirmó que “celebra” que Alberto Fernández “gobierne no mirando las encuestas, sino tomando las decisiones que tiene que tomar, que muchas de ellas son muy pocas simpáticas para la población, no me cabe duda de ello”.

De la vereda de enfrente, el radical Mario Fiad consideró que esta ley “es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo”.

El presidente de la Comisión de Salud rechazó que mediante esta norma “el Congreso les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias” cuando éstos “ya saben lo que pueden hacer en sus provincias, lo saben desde que tenemos una Constitución”.

Para el legislador jujeño, la “estrategia sanitaria” que se debe encarar es la de “acceder a las vacunas en cantidad suficiente para inmunizar a la población”. “Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia”, manifestó, en alusión a las medidas adoptadas por Nación.

Luego, el porteño Martín Lousteau observó que “el oficialismo cuando hay un obstáculo, algo en el sistema que le impide hacer exactamente lo que quiere, instala una ficción de debate y una ficción de acuerdo, como si el consenso fuese cumplir el trámite de que algo pasa por el Parlamento, en lugar de abocarnos a una real deliberación y a ponernos de acuerdo”.

“Este proyecto podría haber sido el proyecto más importante del año, y si hubiésemos sido capaces de resolver esto en el Congreso hubiese mostrado un gran esfuerzo de democracia representativa y de esfuerzo colaborativo para armonizar todos los derechos e intereses que están en juego; porque todo tiene su costo, cerrar tiene costo, no cerrar tiene costo, si hubiésemos tomado decisiones con mas rigurosidad y evidencia, quizás hubiésemos podido reducir los costos generales en las múltiples dimensiones”, analizó el radical, que aseveró que “a pesar de las declamaciones” del oficialismo “no hay ánimo de acordar y de dialogar colectivamente para abordar esta enorme crisis que estamos atravesando”.

En respuesta a las críticas, el senador del Frente de Todos Dalmacio Mera manifestó: “Estamos viviendo una situación dramática y las especulaciones políticas están a la orden del día. Las internas de los partidos políticos se mezclan a la hora de tomar decisiones y eso es lamentable porque este es un tema estrictamente sanitario que vive la Argentina y el mundo, pero ahí están las especulaciones con una falta total de sentido común. Me parece lamentable y dejamos mucho que desear”.

“Tenemos más de 70 mil muertos. Hay un virus que infecta a muchos dirigentes políticos que vino muy fuerte con la segunda ola y es el virus de la encuestitis”, lanzó el catamarqueño, quien agregó que “ahora que hay que tomar decisiones, esa misma dirigencia ha quedado presa de ese odio que ha sembrado”.

En ese sentido, el legislador dijo que “quieren preservar la imagen propia y por eso miran siempre las encuestas antes de tomar una decisión, y también quieren mantener la imagen para el núcleo duro de su partido y especulan si acompañar o no, para no ser acusados por los halcones que son una parte de la dirigencia que siembra el odio sobre los otros”, dijo en referencia a la interna de Juntos por el Cambio.

Avanzado el debate habló la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien resaltó que “Argentina no está solamente de luto por los fallecidos de Covid. Hoy el Senado está de luto porque los senadores, que tenemos que defender los derechos de las provincias, vamos a enterrar el federalismo que establece nuestra Constitución y las leyes”.

La senadora del Pro sostuvo que esta ley “va a convertir a un presidente en un emperador, le va a dar la suma del poder público y se va a arrogar facultades que le pertenecen a las provincias”, tales como sus competencias en “salud, educación, tránsito interno, cuándo cerrar o abrir un negocio”.

“Una ley no puede venir a tomar esas facultades”, insistió Rodríguez Machado, que anticipó que la oposición recurrirá a la vía judicial. “Los gobernadores no son delegados del presidente, no pueden avalar esta ley que les impide ejercer sus funciones”, añadió.

Recogió el guante el oficialista Oscar Parrilli, que remarcó: “La verdad que me llamó mucho la atención que hablan de emperador y hablan de dictadura, de golpe de Estado, y cuando uno los escucha, pareciera que nunca gobernaron en Argentina. ¿Ustedes se olvidan que hace poquito terminaron de gobernar por cuatro años sin ninguna pandemia? ¿Se olvidaron de cómo dejaron a la Argentina?”.

“¿Ya se olvidaron de las atrocidades que hicieron desde el punto de vista educativo; de la salud, con cinco hospitales sin terminar en la provincia de Buenos Aires porque solo habían sido hechos por la gestión de Cristina Kirchner?”, fustigó el kirchnerista, y continuó diciendo que “hablan de emperador y se olvidan de los 80 Decretos de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente (Mauricio) Macri y todas las atrocidades que hicieron; que comenzaron queriendo nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto”. “Hablan de dictadura y ustedes me espiaron el teléfono durante ocho meses violando mi intimidad”, apuntó.

En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck celebró que “el Gobierno nacional ha acertado en aceptar algunas modificaciones a esta ley, y esta norma echa una luz” al manejo de la pandemia, por lo que “es preferible a los DNU”. “Quiero agradecer la predisposición -del oficialismo- por haber aceptado las modificaciones que hemos presentado”, dijo.

El exgobernador rionegrino destacó que, en el contexto actual, “se retomó el diálogo entre el presidente y los gobernadores antes de tomar una decisión, lo que es una normalidad institucionalidad”. “Hasta ahora no ha habido ningún gobernador ni gobernadora que públicamente rechazare esta ley”, mencionó.

Mientras el presidente Alberto Fernández brindaba su mensaje por cadena nacional, Weretilneck indicó: “Seguramente las medidas que se están anunciando ahora son todas compartidas por los gobernadores. No ha habido alguna voz altisonante o de rechazo a lo que el presidente le planteó a los gobernadores”.

Completamente en contra del proyecto, el jefe del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, consideró que “con esta ley estamos generando un precedente nefasto respecto al federalismo, porque se va a pasar por arriba violentamente sobre las autonomías provinciales”. Y acusó a los gobernadores por “el silencio cómplice con el que fueron domesticados con promesas” para “este golpe artero al federalismo”.

“Nosotros no negamos la pandemia, aunque hay unos efectos internos en el manejo de la pandemia, y por eso hay que diferenciar a la pandemia de la cuarentena y sus efectos, ya que hubiese tenido otros efectos con un mejor seguimiento, con menos malas praxis, con mayor detección, con un aislamiento focalizado y luego con una mayor vacunación”, reclamó el salteño.

En esa línea, enfatizó: “Por la mala praxis del Gobierno en el manejo de la pandemia se ha agravado la caída de la actividad económica, con una inflación que va a generar una crisis muy grave para el año próximo”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, señaló que “a las 21.06, estamos tratando una ley que aborda los parámetros epidemiológicos según las urgencias del Poder Ejecutivo Nacional”, pero “a las 20.35, con el mensaje grabado del presidente -transmitido por cadena nacional- y sus decisiones, echa por tierra todo marco de legalidad y legitimidad del contenido de la norma que hoy sancionamos”.

Efusivo, el senador formoseño opinó que “es importante hacerse cargo en política. La palabra ausente en el oficialismo es autocrítica, porque nadie explicó por qué estamos cómo estamos”. “Para nosotros, el Gobierno cometió dos grandes errores: el primero, se subestimó la pandemia cuando inició y eso tuvo costo; y el otro error fue la sobreestimación de la única herramienta que exhibió el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia como fue la cuarentena”, cuestionó.

El radical aseguró que el Gobierno “no escucho, se aisló y no tuvo un plan. No nos pueden acusar que no hubo voluntad de acompañamiento”. “Si queremos retomar el camino de la normalidad, vamos a hacer el acuerdo que quieran, pero le vamos a exigir una sola cosa al Gobierno: gestione vacunas, vacunas para la sociedad, para los trabajadores esenciales. Vacunas y testeos. Vacunas para encontrar la salida porque hay un hartazgo social”, completó.

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, advirtió que “estamos con una situación extrema y con una oposición salvaje”, y acusó a Juntos por el Cambio de “tener una estrategia electoral”. “Es mentira que buscan el diálogo”, expresó.

“Nosotros estamos en estrategia sanitaria, pero ellos están en una estrategia electoral. Ahí está la diferencia”, cargó el formoseño que, fiel a su estilo, aseveró: “El diálogo que quiere la oposición es todo verso, porque ya sabemos lo que hicieron cuando fueron gobierno. Todo mentira, porque destruyeron la institucionalidad en la Argentina”.

En su discurso, el oficialista fustigó que “nadie tiene la capacidad de destrucción que tiene Cambiemos, porque primero destruyeron el país y luego destruyeron la estrategia sanitaria de Formosa atacando, mintiendo con el apoyo de los medios”, al mencionar el incremento de casos en su provincia.

El titular de la Comisión de Salud, el senador radical Mario Fiad, criticó el proyecto del Gobierno para establecer parámetros epidemiológicos por la pandemia y lanzó: “Es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional, para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo”.

Si bien destacó que el Poder Ejecutivo recurriera al Congreso “a más de un año y después de incontables Decretos de Necesidad y Urgencia”, lamentó que las atribuciones del Parlamento “han sido sistemáticamente afectadas desde el inicio de la pandemia”.

El legislador jujeño, de profesión médico, explicó que “los parámetros están sujetos al número de casos y el número de casos depende de la cantidad de los testeos”. En ese sentido, observó la poca falta de testeos en el país, y se preguntó “por qué no se usa como parámetro el número de muertes, como se hacen en otros países”. Por eso, consideró que la clasificación de cuatro zonas está “sesgada en su origen”.

Por otra parte, Fiad rechazó que mediante esta ley “el Congreso les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias” cuando éstos “ya saben lo que pueden hacer en sus provincias, lo saben desde que tenemos una Constitución”.

Sobre la palabra “delegados” en alusión a los mandatarios provinciales, que se cambió en la redacción por “agentes naturales”, el senador de Juntos por el Cambio analizó: “La palabra delegados quizás fue un acto fallido del Ejecutivo en esta voluntad permanente de practicar un federalismo paternalista de subordinación de las jurisdicciones”.

Para el radical, la “estrategia sanitaria” que se debe encarar es la de “acceder a las vacunas en cantidad suficiente para inmunizar a la población”. “Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia”, manifestó, en alusión a las restricciones.

Por último, remarcó que “la pandemia y la emergencia no son un permiso para poder vulnerar derechos”, y alertó que “la verdadera emergencia” es “la progresiva y creciente acumulación de funciones en cabeza del Poder Ejecutivo”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun, abrió el debate de este jueves en el Senado sobre el proyecto del Gobierno para determinar parámetros epidemiológicos y sanitarios, al tiempo de regular las restricciones por la pandemia, y defendió la iniciativa al afirmar que apunta a que “no colapse el sistema sanitario”.

“Mucho se ha dicho de los supuestos superpoderes que esta ley significaría para el presidente de la Nación. Nosotros entendemos que por el contrario, el presidente a través de esta ley lo que está haciendo es justamente autolimitarse en sus facultades”, sostuvo.

La santafesina señaló que Alberto Fernández “podría haber avanzando en el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia”, pero dada la prolongación de la pandemia -que en este momento pega más fuerte que nunca en el país-, optó por mandar “este proyecto con parámetros epidemiológicos claros” porque la situación “amerita el dictado de una legislación, como ha pasado en otros países del mundo”.

“Más republicano y democrático no puede haber”, consideró la legisladora, que mencionó los aportes de abogados constitucionalistas que pasaron por la comisión, entre ellos los de Andrés Gil Domínguez, quien dijo que el proyecto “cumplía con el modelo federal argentino en el ámbito de la Constitución Nacional”.

Durante su discurso, Sacnun recordó el apoyo de la oposición al Gobierno en el comienzo de la pandemia y se preguntó “¿qué pasó en Argentina para que en un año y tres meses, un núcleo muy duro de la oposición se opone a esta normativa?”. “¿Se habrá iniciado el año electoral y se están utilizando electoralmente las más de 70 mil muertes?”, continuó.

La senadora lamentó que “seguimos padeciendo un alto nivel de contagiosidad y seguimos teniendo más muertos en Argentina. Yo creo que es un momento para que construyamos puentes, diálogo y consensos”.

Y celebró que el presidente “gobierne no mirando las encuestas, sino tomando las decisiones que tiene que tomar, que muchas de ellas son muy pocas simpáticas para la población, no me cabe duda de ello”.

“El presidente está haciendo lo que debe hacer, que es nada más y nada menos que preservar el bienestar general de todo el pueblo argentino”, completó.