Un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda y de Justicia de Diputados emitió despacho de mayoría con amplio consenso al proyecto del Poder Ejecutivo que busca transformar el sistema judicial del país mediante la participación ciudadana en los procesos judiciales, así como también ocho iniciativas de distintos bloques parlamentarios que crea el juicio por jurados de jurisdicción federal.

El despacho de mayoría reunió más de 89 firmas con una sola en disidencia parcial. En tanto, se presentó un dictamen de minoría que lleva las firmas de los diputados del bloque Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres al manifestar un desacuerdo respecto a “las garantías constitucionales”.

El titular de la Comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar (Jujuy), expresó: “Teniendo en cuenta esta deuda histórica que tiene que ver con estos nueve proyectos que estamos tratando”.

Manuel Quintar, titular de Justicia. (Foto HCDN)

Así, afirmó que “fruto de mucho trabajo de todos los asesores de todos los diputados de los diferentes bloques, si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”.

“Ha llevado mucho trabajo y se han recetado muchas observaciones. Vamos a empezar a circular el dictamen al cual se ha llegado con mucho consenso para que lo evalúen y lo firmen”, informó Quintar.

TENEMOS DICTAMEN PARA EL JUICIO POR JURADO.

Otro proyecto de @JMilei que va camino a ser ley. Una deuda histórica que los gobiernos anteriores no habían podido saldar.

La implementación de los juicios por jurado traerá más transparencia y seguridad a las víctimas.

— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) October 23, 2024

El primer expositor fue Alberto Dalla Vía juez de la Cámara Electoral quien manifestó su “mi posición favorable al juicio por jurados como constitucionalista porque la Constitución Nacional establece tres veces el juicio por jurados en el artículo 24,75 inc. 12 y en el 118”.

“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos, porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, relató y sostuvo: “En buena hora que el derecho penal vaya al procedimiento oral que concluye con el juicio por jurados. Esa fue la idea de los constituyentes porque querían democratizar el debate público”.

Dalla Vía señaló que la primera cuestión es constitucional y “no puedo entender ninguna otra cosa que la Constitución sea suprema. En materia penal el juicio por jurados fue una decisión del constituyente del 53 ratificada después”.

“El juicio por jurados es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso, establece las reglas y dicta sentencia. El jurado toma una decisión política, no es una decisión jurídica, es una decisión libre de convicciones. Incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”, destacó y cerró: “La normativa que van a discutir es un paso adelante”.

Alberto Dalla Vía, a favor del juicio por jurados. (Foto HCDN)

De forma virtual expuso el abogado Esteban Yanguez Papagenadio comparó que “el juicio por jurado clásico no es el juicio por jurado en el modelo estadounidense o anglosajón. Hay 2.500 años de juicios por jurados acá en Atenas y es distinto porque, estamos todos de acuerdo en que debe imponerse el juicio por jurado y es necesario dar este paso, pero debe olvidar estas circunstancias de cuál es el mejor modelo porque esta discusión ya se tuvo en 1860”.

“Las provincias originarias son independientes en el sentido de poder instaurar su propio sistema de jurados que deseen. A nivel federal esto falta”, indicó y remarcó que no hay “ningún modelo específico”, al tiempo que consideró que “hay que tener en cuenta las particularidades de cada provincia porque hay circunstancias que deben ser debatidas por el número de jurados y se deben amparar a la cantidad de población de cada provincia”.

El abogado también pidió que haya respeto de las minorías, la irrecurrabilidad del veredicto y cerró: “Se puede mejorar, tenemos que realizar una ley de jurados, pero estos puntos tienen que ser debatidos en la sesión”.

A su turno, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, consideró que cada proyecto de ley depende de la capacitación exhaustiva de los operadores porque “en la práctica necesitan una asistencia que lo lleven a la implementación en audiencias preliminares que son difíciles porque hay cambios de reglas y para eso se necesita que el proyecto guarde consonancia con las reglas procesales”.

“Debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares, en las audiencias de selección de jurados que representan serias dificultades”, reiteró. También manifestó la necesidad de tener las oficinas judiciales que se encarguen de realizar todo lo que es la administración y sorteo de jurados “hay que dotarlas de recursos”.

En tanto, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE. UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”, y opinó que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.

Mientras que el abogado Víctor Vélez, informó que “Córdoba fue la primera provincia que inició el juicio por jurado”, y que -enfatizó- “la participación ciudadana es necesaria y da buenos resultados”.

En tanto, el diputado Fernando Carbajal (UCR) destacó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia".

La diputada Paula Oliveto Lago (CC) expresó su acompañamiento al dictamen de mayoría; mientras que su par Rodolfo Tailhade (UP) indicó: "Nuestro bloque va a respaldar este proyecto que es fundamental para nuestra democracia".

Con la intención de fomentar la participación de los vecinos, el legislador de Vamos por Más (VxM) Emmanuel Ferrario presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tres proyectos de ley que tienen por objetivo implementar mecanismos para asegurar que la opinión de los porteños vecinos sea “considerada en la toma de decisiones públicas y restaurar la confianza en las instituciones”.

El primer proyecto se basa en la creación de Asambleas Ciudadanas, que son espacios de participación donde los vecinos se reúnen para discutir planes, políticas públicas y proyectos de ley relacionados con el desarrollo local y otros temas de interés.

Según sostiene el documento recientemente presentado, se trata de un formato novedoso que consiste en reuniones de ciudadanos elegidos aleatoriamente, representativos de cada barrio, edad, ingresos y experiencias, que son llamados a discutir un tema y ofrecer una recomendación a la Legislatura de la Ciudad.

Para asegurar un nivel equitativo de información para todos los participantes, se organiza una primera etapa de presentación del tema junto a expertos. Le sigue el debate en general, donde cada persona ofrece su visión y, finalmente, un espacio de definición de las recomendaciones. Este formato persigue una lógica que permite destrabar debates sobre asuntos determinantes para la ciudadanía.

En tanto el segundo texto busca avanzar con la reforma de las Iniciativas Populares: un formato de democracia directa, a través del cual las personas pueden presentar proyectos de ley ante la Legislatura sin tener un cargo en Diputados, y sin que un legislador deba “hacer propio” su proyecto.

Por medio de este proyecto, Ferrario busca introducir una serie de modificaciones a la Ley de Procedimiento de Iniciativa Popular, con el fin de incorporar herramientas tecnológicas y de recoger la experiencia reciente de la Ciudad en la tramitación de las mismas.

Cabe señalar que el procedimiento de Iniciativa Popular consta de tres instancias principales: la presentación del proyecto, la recolección de firmas y la verificación de las mismas. Una vez concluidas estas etapas, la iniciativa queda formalmente ingresada como un proyecto de ley y el recinto deberá tratarlas en el transcurso de un año.

Con la modificación que presenta el proyecto de ley, se introducen modificaciones en cada etapa para que la Iniciativa Popular sea una herramienta más accesible para los porteños.

Por último, el tercer proyecto de ley presentado por Ferrario establece un marco para las iniciativas de Gobierno Abierto en la Ciudad. La propuesta define las responsabilidades y obligaciones de todos sus integrantes, institucionalizando iniciativas más allá del gobierno de turno y promoviendo la rendición de cuentas en todos los niveles.

“Es determinante introducir normativas que amplíen lo plasmado en las leyes existentes sobre acceso a la información pública, transparencia y divulgación de datos, así como la participación y cooperación civil en los asuntos públicos”, aseveró el legislador y concluyó planteando que “el objetivo es uno sólo: cerrar la brecha entre la gente y la política dándole más poder a la primera y exigiéndole más rendición de cuentas a la segunda”.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC) Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca establecer un “presupuesto participativo”, a fin de que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre la asignación de recursos públicos en intervenciones y microintervenciones que beneficien a sus barrios.

De acuerdo al texto recientemente presentado, la implementación de dicho presupuesto se basará en la participación “activa y responsable” de los ciudadanos, quienes podrán presentar propuestas para mejorar sus barrios.  La selección de los proyectos financiados será realizada por los propios ciudadanos a través de votación. “La intervención de la Administración se limitará a la factibilidad y razonabilidad de las propuestas en preservación de los recursos públicos y en estricto cumplimiento con los principios rectores de la presente ley”, sostiene el documento.

Asimismo, se establece que el presupuesto participativo se implementará anualmente y el monto destinado a este fin será fijado por la Legislatura porteña al momento de la sanción de la Ley de Presupuesto, no pudiendo ser inferior al 0,5% de la recaudación fiscal del ejercicio correspondiente.

Por otra parte, la iniciativa plantea la creación de la plataforma digital de Presupuesto Participativo BA, la cual deberá contar con un lenguaje simple, claro y preciso respecto del procedimiento de participación en la formulación del presupuesto en las instancias de presentación de proyectos, de trabajo respecto de los proyectos y de la votación para la priorización de los proyectos presentados.

En los fundamentos de la iniciativa, los oficialistas explicaron que “el presupuesto participativo es una herramienta que se implementa con éxito en miles de ciudades del mundo, siendo la de Porto Alegre la más conocida, tanto por abrir el camino como experiencia innovadora, así como por el éxito en sus resultados: en tiempos de crisis social y económica, comenzó su elaboración en el año 1988, y su modelo de presupuesto participativo logró transformarse en un sistema de deliberación ascendente, con plena responsabilidad impulsado por las necesidades reales de los ciudadanos”.

“Actualmente, grandes ciudades del mundo desarrollan sus distintos sistemas de presupuesto participativo, en las cuales podemos mencionar Paris Budget Participatif (en Paris), donde los parisinos pueden presentar sus proyectos en una plataforma digital, y luego votar entre sus favoritos entre una selección de proyectos estudiados por los servicios de la ciudad; o en Madrid, con la iniciativa Decide Madrid (que influenció la creación de BA Elige), donde el 30% del presupuesto asignado se destina a proyectos que afectan toda la ciudad, y el 70% a proyectos que beneficien a distritos específicos del Ayuntamiento”, indicaron y precisaron que “en nuestro país, Rosario fue la primera ciudad en implementar el presupuesto participativo, en medio de una crisis socio-económica. Hoy en día, hay decenas de iniciativas de ese tipo, sobre todo a nivel municipal, con diseños y metodologías diferentes”.

Por lo que concluyeron señalando que su “compromiso está en una democracia participativa, y por eso trabajamos en la creación del presupuesto participativo como una gran herramienta a disposición para que el ciudadano pueda presentar propuestas, debatir temas y votar sobre cuestiones importantes que puedan afectar a la ciudad”.

Durante la sesión ordinaria de esta jueves, la Legislatura porteña sancionó con 39 votos a favor y 21 en contra una Ley de Participación Ciudadana, que tiene por objeto propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad y afianzar los principios para desarrollar y fortalecer la toma de decisiones relacionadas a las políticas y acciones de Gobierno.

La medida contó con el acompañamiento de los bloques VJ, UCR-Ev, PS, GEN y CF; y el rechazo del FdT, FIT, PTS y AyL.

El texto recientemente aprobado, que fue impulsado por Lucía Romano (VJ), busca promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad; favorecer la  eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva; mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía; facilitar a las personas y organismos de participación ciudadana el ejercicio de procesos de deliberación participativa; entre otras cuestiones.

Para fomentar esta participación, el Gobierno podrá implementar: programas de formación para la ciudadanía; para el personal al servicio de la Administración Pública; y medidas de concientización y difusión.

En los fundamentos de la medida, la oficialista había explicado que “la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se asimismo se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, republicana, semidirecta y federal, como lo establece la Constitución de la Ciudad” e insistió en que “el compromiso de la Administración pública es permitir a los ciudadanos expresarse, crear e intervenir en los procesos sobre todo aquello que es esencial y relevante en sus vidas”.

Asimismo indicó que “la finalidad última de los procesos de participación ciudadana es llegar a conseguir las condiciones sociales para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos” y remarcó que “este papel relevante se puede y debe reforzar un modelo de gobierno que promueva el diálogo de calidad con la ciudadanía, facilitando su participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia de su actuación, y diseñando sus estrategias en un marco de administración gubernamental idóneo”.

“La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos participen en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueve y garantiza respetar y crear políticas más participativas y que, por tanto, el pueblo se sienta parte de un todo”, sentenció.

El debate en el recinto

La encargada de abrir el debate fue la autora de la iniciativa, la oficialista Lucía Romano (VJ), quien explicó que “la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos se involucren en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueven políticas más participativas”.

“La finalidad última de la participación es propiciar condiciones para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de opinar, expresar y dar a conocer su perspectiva en los asuntos públicos, en condiciones de igualdad. Facilitando su participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia de su actuación, y diseñando estrategias en un marco de administración gubernamental idóneo”, manifestó.

En contraposición el diputado del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro afirmó que “este proyecto podría ser una declaración porque, si bien todos coincidimos en que tiene que haber una herramienta de este tipo, hay que dar debate en la forma en la que se garantizará esa participación” y aseveró que “tenemos que empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de su participación ciudadana, para esto se necesita voluntad política por parte del Gobierno y las prácticas de este Gobierno están lejos de esto”.

Sobre esa misma línea la legisladora Marta Martínez (AyL) precisó que “desde AyL votamos en contra de este proyecto porque rechazamos la concepción que tienen estas instituciones, nosotros peleamos para que el pueblo trabajador sea el que tome las decisiones; ahora, con esto, se le da participación pero es el Gobierno quien decide finalmente… es decir, participar podría no servir de nada si hay intereses que van más allá” y se preguntó si “¿se escuchó a los que rechazaban la UNICABA? ¿Se escuchó a los enfermeros que pedían ser incorporados a la carrera profesional?”.

A su vez Sergio Abrevaya (GEN) aseguró que solo acompañó la iniciativa porque se trata de un avance pero que “nosotros le debemos a la Ciudad una ley de participación ciudadana, históricamente la política le restó importancia a este tema, la clase política tiene un problemita con el tema de la participación ciudadana”.

En tanto el radical Martín Ocampo (UCR-Ev) señaló que “esta ley tiene dos puntos importantes a resaltar ya que muestran la forma en la que tenemos que trabajar: el primero es el de la interpretación dinámica de la Constitución, la cual tiene que ir en función del tiempo histórico en que estamos y esta Ley moderniza los mecanismos de participación ciudadana” y detalló que “el otro de los aspectos es el de la incorporación de la tecnología como parte del proceso en la toma de decisiones”. Por su parte el diputado del FIT Pablo Almeida aclaró que “no acompañamos este proyecto,  que nos resulta llamativo que una Legislatura que, en medio de la crisis sanitaria que se vive en nuestra Ciudad, esté debatiendo sobre participación ciudadana cuando no avanzó con ninguna medida que asista a las familias que están atravesando muchas dificultades económicas” e insistió que “nos dicen que tenemos que esto es un avance y que tenemos que apoyarlo, cuando sabemos que todo los proyectos nunca se debaten con el pueblo trabajador”.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se reúne desde las 12.04 para analizar un proyecto de ley impulsado por la oficialista Lucía Romano (VJ) acerca de la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. El texto había sido analizado previamente en las comisiones de Descentralización y Participación Ciudadana (preside Leandro Santoro – FdT) y de Asuntos Constitucionales (Hernán Reyes – VJ).

El objetivo del proyecto es “propiciar y fomentar el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en el ámbito de la Ciudad y afianzar los principios para desarrollar y fortalecer la toma de decisiones relacionadas a las políticas y acciones de gobierno”.

A tales fines, la ley que se propone dispone la organización de foros, cursos y otras modalidades de formación cívica y nuevas herramientas para el acceso a la información pública con lenguaje claro, comprensible y permitiendo el uso de las variables tecnológica que la gente utiliza habitualmente.

Otro de los temas agendados para tratar en sesión es la ratificación de un acuerdo tripartito suscripto por el Gobierno de la CABA con la administración nacional y la Provincia de Buenos Aires, referido al sistema de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana.

El entendimiento deja sin efecto la descentralización dispuesta por el gobierno anterior y nunca concretada y vuelve a instituir a la Nación como autoridad de aplicación de la concesión del servicio eléctrico que tienen asignadas las compañías privadas Edenor y Edesur. A su vez, resuelve la creación de un ente regulador de dicho servicio de carácter tripartito (Nación, Provincia, Ciudad).

La convalidación de otro decreto de necesidad y urgencia de la Jefatura de Gobierno de la CABA (el Nº 7/2021) también se pondrá a votación mañana en la Legislatura porteña. Esa norma prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la emergencia sanitaria “con la finalidad de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-19), contemplando el funcionamiento de las actividades autorizadas en el marco de los protocolos aprobados para cada caso”.

Con el objetivo de garantizar que se escuche la voz de los vecinos en la toma de decisiones, los diputados de Vamos Juntos y UCR-Ev presentaron en la Legislatura porteña un proyecto que busca establecer una “Ley Orgánica de Participación Ciudadana”, mediante la cual se busca  sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa en la toma de decisiones que surjan como políticas y acciones de gobierno.

De esta manera, el texto busca “promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la cultura participativa en el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad”, “favorecer la mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la construcción colectiva”, “mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía, “facilitar a las personas y a las entidades de participación ciudadana el ejercicio de procesos de deliberación participativa”, entre otras cuestiones.

La propuesta del oficialismo sostiene que tienen derecho a la participación ciudadana a través de los mecanismos constitucionales preexistentes “todos los ciudadanos residentes en la Ciudad y las personas extranjeras que cuenten con la residencia permanente otorgada por la autoridad competente”, “las entidades privadas sin fines de lucro”, “las entidades representativas de intereses colectivos” y las “agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica”.

Entre otros puntos, el proyecto prevé que se brinden programas de formación para la ciudadanía y para el personal al servicio de la administración pública; y, medidas de fomento en los centros educativos.

En los fundamentos del texto, los legisladores explicaron que “la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, republicana, semidirecta y federal, como lo establece la Constitución de la Nación Argentina” y consideró que “el compromiso de la Administración Pública de la Ciudad es ofrecer canales y métodos de participación ciudadana que permitan a los ciudadanos expresarse, crear e intervenir en los procesos sobre todo aquello que es esencial y relevante en sus vidas”.

“La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es el objetivo primordial propuesto por la presente Ley. No se pueden hacer políticas pensando en los ciudadanos sino se deja que ellos mismos participen en el proceso. Es por eso que mediante esta Ley se promueve y garantiza respetar y crear políticas más participativas y que, por tanto, el pueblo se sienta parte de un todo”, concluyeron.

La medida lleva la firma Lucía Romano, Jorge Apreda, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Esteban Garrido, Hernán Reyes, Guillermo Suarez (VJ) y Diego Weck (UCR-Ev).