El legislador del PO aseguró que “el aumento de tarifas es un premio para SBASE que viene haciéndose cargo de la gestión del subte, ofreciendo un servicio muy deficiente, fruto de la falta de inversión”.
En el marco del aumento escalonado que prevé llevar el servicio a los 787 pesos por pasaje, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano volvió a cuestionar los incrementos en el boleto de la red de subterráneos y aseguró que solo persiguen la lógica de “asegurar beneficios extraordinarios a la empresa concesionaria”.
De esta manera, el trotskista planteó que “el Gobierno de Jorge Macri quiere convertirse en el mejor alumno de Javier Milei aplicando un tarifazo en el subte que supera el 500%” y destacó que “SBASE, la empresa estatal propietaria de la red de subterráneos, quiere llevar la tarifa a 574 pesos en abril, 667 pesos en mayo y 787 pesos en junio”.
“Se trata de un aumento que supera ampliamente la inflación prevista en los próximos meses y que no tiene lógica económica alguna, salvo asegurar beneficios extraordinarios a la empresa concesionaria”, añadió.
Sobre esa misma línea, Solano aseguró que “el aumento de tarifas es un premio para esta empresa que viene haciéndose cargo de la gestión del subte, ofreciendo un servicio muy deficiente, fruto de la falta de inversión. Lo prueba las inundaciones de los túneles, la suspensión de los servicios, la falta de renovación del material rodante, parte del cual se encuentra contaminado con asbesto. Fruto de esta contaminación muchos trabajadores han contraído cáncer y otras enfermedades respiratorias”.
Asimismo, destacó que “el Gobierno de la Ciudad ha renunciado a la ampliación de la red de subterráneos. En el Presupuesto 2024 no hay partidas para la construcción de nuevas estaciones ni de obras de envergadura”.
“Vamos a rechazar este aumento en la audiencia pública y a participar activamente del molinetazo convocado por las asambleas populares y los centros de estudiantes”, sentenció.
La diputada del FIT-U se refirió a la sesión de este miércoles y consideró que los demás bloques opositores “en la trenza parlamentaria están negociando la movilidad como parte del tomo y daca de la ley ómnibus y el Pacto de Mayo”.
La diputada nacional Romina Del Plá (PO – Buenos Aires) se refirió a la convocatoria a sesión especial de este miércoles y afirmó que “no podemos seguir permitiendo que el 65% de los jubilados cobren por debajo de la canasta de indigencia”.
“El valor de la jubilación mínima es menos de lo que gasta el presidente en darle de comer a sus perros”, aseveró Del Plá. Asimismo, consideró que “la sesión no está garantizada. Es de público conocimiento que, en la trenza parlamentaria, que incluye a todos los bloques, están negociando la movilidad como parte del tomo y daca de la ley ómnibus y el Pacto de Mayo”.
Y siguió: “Lo hacen a espaldas de la población porque preparan un acuerdo que no recomponga lo perdido en el último periodo. Los bloques parlamentarios no pueden seguir con dilaciones frente a la penuria generalizada que viven los adultos mayores”.
“Desde el Partido Obrero en el bloque del FIT-U ya presentamos un proyecto de ley planteando la indexación de las jubilaciones sin dejar por fuera ningún mes y fijando la mínima acorde a la canasta de la Tercera Edad. El resto de los proyectos convalida de una u otra manera el ‘ajustazo’ de (Javier) Milei y el robo a las jubilaciones que se viene perpetuando con todos los gobiernos anteriores”, agregó.
Finalmente, concluyó: “Frente a este panorama, si finalmente se convoca la sesión, desde el Partido Obrero estaremos dentro del recinto para demandar que se trate nuestro proyecto, pero también estaremos presentes fuera del Congreso, junto a los trabajadores jubilados que están llamando a movilizarse para denunciar el ajuste en curso y exigir que se les sea devuelto el poder adquisitivo que se ha deteriorado enormemente los últimos años”.
A través de X, la diputada del FIT criticó la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta en la ley de Bases, y pidió que se utilicen “los aportes patronales y los impuestos a las grandes fortunas”.
La diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero – Buenos Aires) ratificó su rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y al proyecto de ley Bases y remarcó que “el artículo 383 declara la educación servicio esencial, pero no es para dotarla de más presupuesto, sino para ultralimitar el derecho de huelga de sus docentes”.
Así las cosas, Del Plá caracterizó a las correcciones del proyecto de ley ómnibus como “ataque en regla a la Educación”. De ese modo, añadió que el artículo 385 “ratifica evaluación al ingreso a la docencia (¿para qué estudiamos y obtenemos un título docente?), y evaluación periódica que será una condición y posibilitará la percepción de suplementos salariales a la actividad docente”.
“El tan rechazado salario por mérito. Las y los docentes tenemos más motivos para parar y movilizarnos mañana. ¡A las calles derrotar la Ley Ómnibus y el DNU!”, concluyó la diputada en un hilo de X, en donde ratificó su postura para el 24 de enero.
Por otro lado, la diputada también opinó respecto a la movilidad jubilatoria: “La clave del ajuste fiscal es el robo a los jubilados. Recién un aumento en marzo que rondará el 35%, cuando entre diciembre y enero la inflación rondará el 60%. Se pretende cambiar a la actualización por IPC salteando el mes de enero, desde abril”.
El tan rechazado salario por mérito.
Las y los docentes tenemos más motivos para parar y movilizarnos mañana.
¡A las calles derrotar la Ley Ómnibus y el DNU!— Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 23, 2024
“Más que nunca aumento de emergencia, 82% del salario en actividad, actualización mensual y pago de todos los juicios. ¿Cómo? Reponiendo los aportes patronales, registrando y terminando con el fraude laboral, e impuestos a las grandes rentas y fortunas”, aseveró del Plá.
La diputada del FIT sostuvo que “esta designación pretende ser un salto en la privatización y en el desmembramiento del sistema educativo, que apunta a liberar al Estado del sostenimiento de la educación pública”.
Luego de la confirmación de Carlos Torrendell a cargo de la Secretaría de Educación que formará parte del nuevo Ministerio de Capital Humano, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) lo caracterizó como “un ultradefensor del negocio privado en la educación y está contra la Educación Sexual Integral (ESI)”.
“Con la llegada de Torrendell se pretende avanzar contra la educación pública y convertirla en un negocio privado, en sintonía con las ‘escuelas váucher’ y la eliminación de la obligatoriedad de la educación que planteó (Javier) Milei en campaña”, señaló Del Plá, y agregó que “esta designación pretende ser un salto en la privatización y en el desmembramiento del sistema educativo, que apunta a liberar al Estado del sostenimiento de la educación pública”.
La diputada del Frente de Izquierda y docente señaló que el nuevo secretario “se ha pronunciado contra la aplicación efectiva de la ESI, la cual es una herramienta que allí donde se aplica, ha permitido identificar casos de abuso sexual infantil y fomentar una formación laica, científica, desprovista de prejuicios religiosos y respetuosa de la diversidad sexual y de género”.
Por último, la diputada manifestó que “los docentes, las mujeres y diversidades tenemos la tarea de reforzar la lucha como la única manera de defender lo conquistado y pelear en defensa de la educación pública, mayor presupuesto y por la aplicación efectiva de la ESI en todo el país”.
La Conferencia Electoral del PO resolvió no apoyar políticamente ni votar a Javier Milei ni a Sergio Massa.
El Partido Obrero anunció qué postura adoptarán frente a la segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre, y en ese marco proclamaron: “No apoyamos políticamente ni votamos ni a Milei ni a Massa”.
“Combatimos a Milei y llamamos a enfrentar la ‘unidad nacional’ de ajuste de Massa contra los trabajadores”, expresó la Conferencia Electoral del PO.
En efecto, el Partido Obrero anunció que no apoya políticamente ni vota a ninguno de los candidatos presentes.
“Somos conscientes de que una parte del electorado de izquierda se orienta a votar a Massa, bajo la extorsión montada. Es necesario reforzar la explicación de que la orientación que está en marcha, de un gobierno de unidad nacional con el imperialismo, buscará utilizar estos votos para reforzar una política antiobrera. Combatimos a Milei y llamamos a enfrentar la unidad nacional de ajuste de Massa contra los trabajadores”, planteó el partido de izquierda.
El mismo fue convocado por el legislador del PO Gabriel Solano y advirtió que “quieren generar las condiciones para indultar a los genocidas”.
A horas de que se lleve a cabo el acto en homenaje a las victimas del terrorismo, el presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional y legislador del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, convocó a una movilización en la Legislatura porteña en “repudio al acto negacionista de Victoria Villarruel”.
En ese sentido, el diputado planteó que “no hay dudas que el acto organizado por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei forma parte de una campaña que apuesta a crear las condiciones políticas que permitan avanzar en un indulto a los genocidas de la dictadura. En esa línea Villarruel acaba de declarar que los juicios contra los militares violaron los principios del derecho penal, lo que equivale a afirmar que no han sido legales y que las condenas dictadas son nulas. Semejante declaración es de una gravedad inusitada, pues sienta los fundamentos para avanzar en un indulto o amnistía a los genocidas”.
“Los vínculos de Victoria Villarruel con los genocidas son obscenos. Luego de que se conociese que era la organizadora de visitas a Jorge Videla, cuando este cumplía prisión domiciliaria, salió a la luz que su nombre figuraba en el cuaderno que portaba el genocida Miguel Etchecolatz durante el juicio en su contra por la desaparición de Jorge Julio López”, aseveró.
Sobre esa misma línea, Solano afirmó que “la libertad de los genocidas es un requisito necesario para avanzar en la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, un planteo que comparte Javier Milei junto a la inmensa mayoría de los candidatos y dirigentes de los partidos tradicionales”.
“El acto negacionista de Victoria Villarruel despertó una ola de repudio entre las organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos. La movilización es la única garantía para poder enfrentar e impedir que avance la impunidad para los genocidas”, completó.
La diputada del PO responsabilizó al gobernador Capitanich de “aplicar la represión y cárcel” que pregona Milei, tras la condena a tres años de dos funcionarios del SOSCh.
La diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero – Buenos Aires) presentó un proyecto en repudio a las sentencias de Daniel Rivero y a Daniel Tabares, secretario general y tesorero respectivamente del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh), quienes fueron condenados a tres años de prisión al ser considerados responsables por el delito de “instigación a cometer delitos” en el marco de un conflicto gremial por salarios adeudados.
“Crece la criminalización de la protesta en todo el país. A los gravísimos casos en Jujuy, en Santa Cruz, Chubut ahora se suma Chaco, donde (Jorge) Capitanich ya aplica la ‘represión y cárcel’ de (Javier) Milei y la derecha contra los luchadores”, expresó Del Plá.
En tal sentido, la legisladora explicó: “Recientemente la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, integrada en forma unipersonal por el juez Ernesto Azcona, condenó a dos dirigentes del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH) por considerarlos culpables de instigación a cometer delitos en el marco de un conflicto gremial por salarios adeudados, ropa de trabajo y otros reclamos, entre el sindicato y la empresa estatal de provisión de aguas Sameep”.
Del mismo modo, planteó que “se condena a estos dirigentes sindicales por haber incitado a cometer actos de violencia cuando de las pruebas y testimonios aportados a la causa se desprende exactamente lo opuesto, como ha sido demostrado durante todo el proceso penal”.
Asimismo, la diputada señaló “es claro que esta condena sin ningún tipo de asidero y sin pruebas da cuenta de una orientación común de todos los partidos patronales contra la clase trabajadora y contra los que luchan”.
“El poder judicial, en convivencia con el poder político de las provincias, condenan a quienes luchan para cuidar los intereses de los gobernadores, en este caso de Capitanich y del directorio de la empresa Sameep. Llamamos a rechazar está condena y a seguir organizándonos contra la criminalización de la protesta social en todo el país”, concluyó Del Plá.
La diputada del PO cuestionó que, mientras los precandidatos del FIT conversaban con vecinos y feriantes, el intendente de Cañuelas “estaba reunido con las patronales”.
La precandidata a senadora nacional del Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda – Unidad, Romina Del Plá, recorrió las fábricas Chemotécnica, Gilera y Molino Cañuelas en Ezeiza, junto a los precandidatos, Luis Brunetto, para intendente, y Ángel Silva, para concejal. Además, visitó la Feria La Trocha donde conversó con los feriantes y vecinos de la zona.
“Recorrimos algunas de las fábricas más importantes de la zona charlando con los trabajadores y difundiendo las propuestas del Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad que es un voto en defensa propia, de los laburantes que no llegan a fin de mes”, expresó la diputada nacional,
Además, sostuvo que “fue muy gráfico que mientras volanteábamos y conversábamos con los trabajadores en Gilera, Alejandro y Gastón Granados (intendente actual y precandidato respectivamente), estaban reunidos dentro de la fábrica con la patronal”.
Del mismo modo, agregó: “Cómo (Axel) Kicillof y todos los “barones del conurbano”, la dinastía Granados gobierna para las patronales mientras los salarios están por el piso. Igual que los Bullrich, Larreta, Milei y Massa son los voceros de los patrones. Nosotros queremos ser los voceros de los trabajadores”.
La diputada nacional añadió: “Nuestra Lista, que lleva a Gabriel Solano como candidato a presidente y a Vilma Ripoll como vice, sale a pelear el voto en las fábricas, en los barrios populares y en los lugares de estudio, porque tenemos que organizarnos para derrotar el ajuste perpetuo de los gobiernos del FMI”
Por último, Del Plá aseveró que “persiste el ataque a los bolsillos de los trabajadores mientras se engrosan las ganancias patronales”, y cerró: “Las medidas que el FMI le impuso a (Sergio) Massa ya están generando un salto inflacionario con remarcaciones de precios de alrededor del 13%, especialmente en alimentos, por el aumento del dólar maíz en favor del capital agrario”.
“La única fuerza que plantea romper con el FMI para derrotar el ajuste permanente es el Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad. Por eso llamamos a reforzar el voto hacia la izquierda que se planta y les duele a los dueños del poder”, finalizó.
Gabriel Solano (PO) se expresó con respecto a la inflación del 6% que dio a conocer el INDEC y el salario mínimo de poco más de cien mil pesos. “Massa carga con la responsabilidad de tener la inflación más alta de los últimos 30 años”, señaló.
Luego de que el INDEC diera a conocer que la inflación de junio fue del 6% y que el salario mínimo de un trabajador ronda los 105 mil pesos, el legislador del Partido Obrero (PO) y precandidato a presidente por ese mismo espacio, Gabriel Solano, analizó esos datos y apuntó con dureza contra el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.
En ese sentido, el trotskista afirmó que “con una inflación del 6% de junio y 115% interanual Massa, como ministro de economía carga con la responsabilidad de tener la inflación más alta de los últimos 30 años y los salarios más bajos de las últimas décadas” y precisó que “los que más subieron fueron los servicios donde rigen aumentos autorizados por el Gobierno, como en telecomunicaciones y medicina prepaga o directamente los servicios del Estado, como agua, luz y gas, a los que se les está aplicando los tarifazos que exige el FMI”.
“Al mismo tiempo el Consejo del Salario Mínimo consagró nuevamente un salario de hambre, que pierde olímpicamente contra la inflación llevándolo a 105 mil pesos menos de la mitad de la canasta básica que hoy mide el mismísimo gobierno. Mientras que a los banqueros se les indexan los intereses según el IPC. Esto da cuenta de que el Gobierno del Frente de Todos (FdT) gobierna para los bancos y no para los trabajadores”, señaló.
Sobre esa misma línea, Solano planteó que “el premio de Massa por ser el mejor discípulo del FMI es ser el candidato de la unidad del peronismo con la bendición de Cristina Fernández. Mientras los docentes en Jujuy siguen en lucha por aumento del salario a pesar de la represión y la persecución de Gerardo Morales, el vice de Horacio Rodríguez Larreta, las centrales sindicales no hacen más que apoyar al candidato del ajuste y del FMI, Sergio Massa”.
Además, consideró que “la CGT y CTA son un grupo de vendidos y entregadores. En cambio, el SUTNA, sindicato recuperado de la burocracia sindical, con los métodos de asamblea y medidas de lucha conquistaron paritarias históricas que superan la inflación”.
“Para terminar con el ajuste y la inflación y recomponer los salarios y las jubilaciones como primera medida urgente desde la lista del Frente de Izquierda que me toca encabezar proponemos llevar el salario mínimo a 371 mil pesos según calcula la canasta básica la junta interna del INDEC teniendo en cuenta el gasto de alquiler. Y por supuesto su indexación según inflación. La salida requiere una reorganización económica partiendo del desconocimiento de la deuda con el FMI”, cerró el legislador.
Los legisladores del Frente de Todos y el Partido Obrero aseveraron que se trató de una “sentencia histórica” y remarcaron que “marca un antes y un después para los delitos de violencia institucional”.
A dos años del asesinato de Lucas González cuando salía de entrenar del club Barracas, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 dio a conocer su fallo y determinó que nueve policías recibieron diferentes inhabilitaciones y condenas —tres de ellos, perpetua— y otros cinco integrantes de la fuerza fueron absueltos. Por lo que los legisladores del Frente de Todos (FdT) y el Partido Obrero (PO) consideraron que se trata de una “sentencia histórica”.
Los sentenciados en primera instancia a la pena máxima son el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Juan José López y el oficial Fabián Andrés Nieva, quienes fueron declarados culpables del “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad”.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), aseguró que “intentaron taparlo todo, como hicieron tantas veces. Pero después de tanta lucha la familia de Lucas puede tener Justicia”.
Mientras que Javier Andrade (FdT) señaló que “a Lucas González lo mató la policía de la Ciudad por odio racial. Una sentencia histórica condenó a perpetua a los asesinos, y a penas de entre cuatro a ocho años de prisión a los acusados por delitos de encubrimiento y tortura. Se hizo Justicia por Lucas” y consideró que “este fallo ejemplar marca un antes y un después para los delitos de violencia institucional. Gracias a la lucha de la familia y amigos, el asesinato de Lucas no quedó impune. Es una deuda de la democracia, ¡violencia institucional nunca más!”.
Además, Matías Barroetaveña (FdT) aseguró que “a Lucas González lo mataron malos policías de la Ciudad. Se hizo justicia y los culpables fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía y odio racial. Hoy se hizo justicia por Lucas. Violencia institucional nunca más”; mientras que Cecilia Segura (FdT) remarcó que “tres policías de la Ciudad condenados a perpetua por asesinar a Lucas González, en un fallo que reconoce el odio social como agravante. El modelo de gatillo fácil, encubrimiento y protección política de los malos policías se tiene que terminar. Justicia para Lucas y su familia”.
Al mismo tiempo que María Bielli (FdT) planteó que “a Lucas González lo mató la Policía de la Ciudad cuando salía de entrenar con sus amigos en el club Barracas. Aunque intentaron encubrirlo se hizo justicia y los oficiales recibieron pena perpetua. Basta de arruinarle los sueños a nuestros pibes” y consideró que “la sentencia es histórica porque pone por primera vez al racismo como agravante en un caso de violencia institucional. Pero este no es un caso aislado. El accionar de la policía no puede seguir habitando terrenos de la ilegalidad. Necesitamos urgente una ley contra la violencia institucional. Como sociedad no podemos permitir más víctimas de gatillo fácil”.
Sobre esa misma línea, Lucía Cámpora (FdT) destacó: “perpetua para Isassi, López y Nieva, los policías de la Ciudad que mataron a Lucas González en Barracas cuando salía de entrenar. ‘Violencia institucional’ y ‘odio racial’, dice la sentencia. O sea, la policía lo cazó por negro. No se puede mirar para otro lado. Necesitamos fuerzas de seguridad formadas. Insistimos en que se trate el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional en el Congreso y en la Legislatura. Nuestro abrazo a la familia de Lucas y a los tres sobrevivientes”.
A su vez Juan Pablo Modarelli (FdT) afirmó que “a Lucas González lo mató la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy sus asesinos fueron sentenciados ejemplarmente a cadena perpetua. Ojalá su familia encuentre algo de paz en esta condena. Ya no hay lugar para el odio racial ni para la violencia institucional”.
“Tras casi dos años del asesinato de Lucas se hizo justicia y hay nueve policías condenados. Este tipo de hechos tan dolorosos no pueden volver a ocurrir. Por eso, vamos a citar a la Comisión de Seguridad de la Legislatura a la Secretaria de Seguridad de la Ciudad para que explique el funcionamiento de las brigadas de la Policía de la Ciudad y si se han implementado cambios después del homicidio de Lucas. Lo pedimos cuando asesinaron a Lucas y lo volvemos a pedir ahora. Hay que abrir un debate institucional serio sobre el funcionamiento de las brigadas que se llevaron la vida de un chico de 17 años”, agregó la diputada Claudia Neira (FdT).
Por su lado, Gabriel Solano (PO) concluyó aseverando: “la condena a los asesinos de Lucas González es un acto de justicia. Pero siguen impunes los responsables políticos de la seguridad de la Ciudad. Hay que terminar con el gatillo fácil. Los discursos de ‘cárcel o bala’, de ambos lados de la grieta, refuerzan la pena de muerte de hecho contra la juventud que existe en los barrios por el accionar policial. Por él y todos los pibes asesinados gatillo fácil: Justicia”.
El legislador del PO cargó con dureza contra el ministro de Economía, Sergio Massa, por la decisión de canjear los bonos del ANSES. “Los únicos ganadores de esta situación son los bancos que compran los bonos de ANSES a precios regalados y así dolarizar sus carteras”, aseveró.
Tras el anuncio del Gobierno Nacional, el diputado del Partido Obrero (PO) y pre candidato a presidente, Gabriel Solano, cargó con dureza contra Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, por la decisión de canjear los bonos de ese organismo.
En ese sentido, el legislador aseveró que “el canje de Massa, Alberto Fernández, Raverta y todos los firmantes es un robo total a los recursos de los jubilados” y remarcó que “es una estafa contra el sistema previsional forzando a la ANSES a actuar contra sus propios intereses. No hay ninguna ganancia para el fondo de garantías sino todo lo contrario, es una enorme estafa”.
Al mismo tiempo que advirtió que “los únicos ganadores de esta situación son los bancos que compran los bonos de ANSES a precios regalados y así dolarizar sus carteras”.
“Acompañamos a los jubilados y presentamos una denuncia judicial contra Massa, Alberto y Raverta porque este vaciamiento explícito a quienes aportan toda su vida para acceder a una jubilación no se puede dejar pasar. El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo y dar marcha atrás con esta estafa”, completó.
El trotskista salió a contrarrestar las versiones que indicaban que las organizaciones sociales les piden a sus afiliados que no terminen sus estudios para no quedarse sin planes sociales.
Después de que en los medios de comunicación difundieran audios de referentes de agrupaciones sociales en donde les sugerían a los beneficiarios de planes sociales que no terminaran sus estudios para poder seguir cobrándolos, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano salió a desmentir las versiones y advirtió que “no hay nada más fuera de la realidad”.
En ese sentido, el legislador explicó que “mientras sigue con su línea de dar bajas masivas en el programa Potenciar Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social está armando un campaña diciendo que las organizaciones piqueteras independientes rechazan que sus compañeros vayan a estudia” e insistió en que “el Polo Obrero es un canal para que miles de pibes en todo el país puedan sostenerse y continuar sus estudios. En 2022, derrotamos el intento de este mismo Ministerio de dar de baja al plan a chicos que por estudiar tienen el Progresar”.
“Antes, durante la pandemia, la Unidad Piquetera se movilizó reiteradas veces al Ministerio de Educación de la Nación pidiendo notebooks, conectividad y puntos de wifi para impedir que miles de jóvenes fueran expulsados del sistema educativo”, agregó.
Sobre esa misma línea, Solano aseveró que “la Juventud del Polo viene de hacer un gran campamento de debate junto a la juventud estudiantil y levanta proyectos en común, como ocurre con el que se desarrolla entre la Facultad de Filosofía y Letras y el Polo de la 21 24 en Capital”.
“Antes, cuando se pidió como requisito la escolaridad para acceder a los planes sociales, el Polo Obrero organizó Planes Fines, para que todos los compañeros y compañeras pudieran cursar”, remarcó y concluyó señalando que “no hay que confundirse. Los que atacan el derecho a estudiar son los gobiernos del ajuste, el hambre y la miseria”.
Serán el legislador porteño Gabriel Solano y la diputada nacional Romina del Plá. “La magnitud de la crisis económica y social reclama una izquierda independiente y que se plante”, dijo el precandidato presidencial.
El plenario nacional del Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda-Unidad, proclamó la precandidatura presidencial de Gabriel Solano y de Romina del Plá a la vicepresidencia. También proclamó las candidaturas de Néstor Pitrola a gobernador de la provincia de Buenos Aires y de Vanina Biasi a la Jefatura de Gobierno de CABA.
El plenario que se realizó este sábado 11 en el microestadio de Lanús, contó con la participación de 2.500 delegados de todo el país, todos destacados compañeros y compañeras del movimiento sindical, piquetero, juveniles, ambiental, de la vivienda, de la cultura, entre otros. En él, se votó un documento político que caracteriza la situación del país, establece las tareas de los trabajadores y la izquierda y proclama las precandidaturas del Partido Obrero para las listas del Frente de Izquierda. Al respecto, Solano hizo las siguientes declaraciones.
Al respecto, Solano expresó: “Argentina atraviesa una crisis de fondo, de la cual son responsables todas las fuerzas políticas que han gobernado el país. Los Alberto Fernández, los Macri, Larreta, Cristina Fernández de Kirchner, han llevado a que más del 50% de nuestros pibes y pibas estén bajo la condición de pobreza, que los jubilados tengan haberes de indigencia y que la precarización laboral alcance a la mitad de los trabajadores. A 40 años de la vuelta de la democracia y a más de 20 de la crisis del 2001 se refuerza la necesidad de echar a todos los políticos capitalistas y luchar por un gobierno de la izquierda y los trabajadores”.
Agregó que “el ajuste que ahora está llevando adelante Massa, en acuerdo con el FMI, no solo agrava la crisis social, sino que se revela incapaz de estabilizar la economía. La suba de la inflación, el nivel del endeudamiento y los desequilibrios económicos no han alejado la posibilidad de un Rodrigazo. El peronismo se ha transformado en la correa de transmisión de la política del Fondo Monetario Internacional. Se enfrenta por ello a la posibilidad de una debacle electoral, algo que ya avizora por la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a la candidatura y a la resistencia de Massa a asumir esa responsabilidad. Se plantea la necesidad de poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas que supere definitivamente el peronismo”.
Solano concluyó señalando que “esta gran crisis interpela a la izquierda, sobre todo porque existe el peligro que el enorme y justificado descontento popular sea canalizado por una derecha reaccionaria como Milei, Espert o Patricia Bullrich. Por eso necesitamos una izquierda que se plante, que pelee, que luche, que sea independiente de los políticos del sistema, y no una izquierda ligth que se conforme con conseguir a una banca parlamentaria más. Una izquierda que exprese las aspiraciones y luchas más profundas de los explotados y agraviados por este sistema. Una izquierda absolutamente independiente tanto del macrismo como del kirchnerismo. El Frente de Izquierda-Unidad está frente a esa disyuntiva y queremos abrir un debate urgente. Insistimos por ello en que convoquemos todos juntos un Congreso Abierto del Frente de Izquierda-Unidad para que participen miles y miles de luchadores de todo el país para impulsar las luchas que se avecinan y debatir y organizar la participación en la campaña electoral, definiendo el programa y los candidatos”.
El legislador del PO Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para que el ministro y el fiscal asistan a esa Casa para dar explicaciones acerca de lo sucedido.
Tras la filtración de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron funcionarios relacionados al macrismo y miembros de la justicia, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano para que el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques, sean interpelados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
En los fundamentos de la iniciativa, el legislador explicó que “la ve intentando urdir una maniobra para ocultar, incluso mediante la tentativa de utilizar métodos mafiosos, el propósito de un cónclave que los congregó hace poco en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, ubicada cerca de Lago Escondido, puso de manifiesto el altísimo grado de podredumbre del régimen político argentino” y recordó que ”en octubre se reunieron el juez Julián Ercolini; el juez de Casación y exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA; los jueces Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Larreta; Tomas Reinke, empresario especialista en campañas digitales; el exjefe de Legales de la Side, Leo Bergroth; y elementos de peso del medio Clarín. Se trata de personalidades vinculadas al macrismo”.
Asimismo precisó que “luego de que esto trascendiera, Carlos Mahiques se contactó con la fiscal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para simular una investigación del hecho que dé lugar a un futuro posible sobreseimiento. Etchepare forma parte del elenco que protagoniza la persecución contra la lucha de la comunidad mapuche. Ercolini, por su parte, es el juez que decidió levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo” e insistió en que “el Gobierno del Frente de Todos está utilizando el escándalo para reforzar la idea de que Cristina Fernández de Kirchner es solamente una perseguida política, y no la responsable de la edificación de un entramado de corrupción de grandes magnitudes. Todo esto ocurrió en el preludio del juicio contra la vice”.
Sobre esa misma línea, Solano rememoró que “Alberto Fernández pidió en cadena nacional que el ministro de Justicia se presente ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue penalmente los hechos, en especial el financiamiento del viaje; avanzar en la realización de una pesquisa sobre ‘la conducta’ de los magistrados federales; que los legisladores porteños del Frente de Todos promuevan, ‘sí amerita’, un juicio político a los funcionarios de la Ciudad involucrados; y que el Congreso nacional trate los proyectos de reforma judicial pendientes” y destacó que “los motivos de la reunión no están claros, pero la fecha de su realización coincidió con el momento en el que el gobierno nacional desenvolvía una represión de características brutales contra los mapuches, en beneficio de elementos como Lewis”.
Además informó que “Lewis ha obtenido la estancia en la cual se desarrolló la reunión sobre la base de la expulsión de los pueblos originarios y de negociados espurios con el Estado. La ley nacional vigente no permite que un extranjero posea tierras cerca de la frontera. Sin embargo, todos los gobiernos han permitido que el magnate tenga su mansión en la región” y destacó que “el empresario es dueño del Tottenham Hotspur, el club de la liga inglesa de fútbol; es el único proveedor de energía de El Bolsón, algo que realiza mediante la empresa Patagonia Energía; y tiene acciones en importantes grupos capitalistas como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Es un reconocido evasor fiscal, estuvo en la lista de los Paradise Papers. Lewis viene de apelar contra un fallo de la justicia rionegrina que ordenó al británico abrir el paso público a Lago Escondido”.
“El hecho de que los estrados judiciales se hayan convertido en la principal arena de lucha política entre las principales facciones de la burguesía argentina es una expresión de la descomposición del régimen social vigente y de sus instituciones, cuyo telón de fondo es la crisis política, en la que la Justicia pretende arbitrar. La conspiración y la corrupción son prácticas defendidas por ambos lados de la grieta. Y los aparatos de inteligencia han sido colocados por peronistas y macristas al servicio de la pelea que los envuelve y la persecución contra los trabajadores y los activistas”, agregó y concluyó señalando que “este es el régimen que defienden los políticos capitalistas. Planteamos la elección de jueces y fiscales, una orientación totalmente resistida por todas las fuerzas políticas que usan para sí los favores palaciegos”.
Así lo alertó Gabriel Solano (PO), quien advirtió que “la condena a CFK es parte de la guerra por controlar la justicia de opositores y oficialistas”.
El legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano se refirió a la decisión de la Justicia de condenar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y consideró que dicha determinación “es parte de la guerra por controlar la justicia de opositores y oficialistas”.
En ese sentido, el diputado denunció que “la condena contra CFK forma parte de una guerra por el control de la Justicia entre el gobierno y la oposición macrista. Todos integran un régimen caracterizado por la corrupción, la manipulación del poder judicial y de los servicios de inteligencia” e indicó que “los negociados con la patria contratista tanto en Santa Cruz como en el resto de las provincias y en el Estado nacional ha sido y es común a empresarios y políticos que se mueven a ambos lados de la llamada ‘grieta’”.
Además opinó que “Cristina Fernández se victimiza frente al esquema de manipulación macrista de la justicia y los servicios. Pero no asume la propia responsabilidad de haber gobernado ella y su esposo, Néstor Kirchner, los tres mandatos con Jaime Stiuso manipulando la justicia federal de una manera abierta y ostensible”.
“Ha quedado expuesto un régimen podrido que beneficia a políticos y empresarios mientras condena a la pobreza y la indigencia a millones de personas. Necesitamos terminar con los políticos capitalistas y que se vayan todos para que gobiernen los trabajadores”, sentenció el trotskista.
Los legisladores del oficialismo celebraron la condena a la vicepresidenta de la Nación por la Causa Vialidad, desde la oposición advirtieron que se trata de una forma de “proscripción” y expresaron su solidaridad con la líder del FdT.
Luego de que la Justicia condenara a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetúa para ejercer cargos públicos, los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se cruzaron en las redes sociales y mantuvieron un fuerte contrapunto: mientras el oficialismo celebró el fallo judicial, desde la oposición denunciaron una “persecución” contra la funcionaria.
En ese sentido el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y diputado de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, aseguró que “nadie está por encima de la ley. Hoy dimos un gran paso como país, reafirmamos que la corrupción no puede quedar impune y que la justicia tiene que ser independiente” e indicó que “sigamos demostrando que no todo da lo mismo. Tenemos con qué hacerlo”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes (VJ), explicó que “14 años de impunidad empezaron a terminarse. Hay verdad y eso es lo que importa. No se condenó ni una idea ni a un gobierno. Se condenó a una persona por los delitos que cometió. Muchos años de impunidad llegan a su fin, ahora es tiempo de que devuelva lo robado” y aseguró que “es el cierre de una etapa para muchos y especialmente para Elisa Carrió y la CC ARI por haberse jugado cuando nadie creía. Hay una Nación entera que sabe la verdad porque algunos dieron el ejemplo de coraje y buena política. Ojalá que ser decentes valga la pena”.
Además opinó que “es una gran pena lo que sucedió con la Asociación Ilícita. Ojalá la Cámara lo revise. Hay quienes lo festejan como un logro judicial, pero lo cierto es que la falta de condena por asociación es producto de la incidencia ilegal del kirchnerismo durante tantos años en la justicia” y consideró que “la fragmentación de la causa de la Coalición Cívica del 2008 ha dilatado los procesos y le permite a la defensa de Cristina problematizar la asociación ilícita. Disociar el enriquecimiento, del lavado, de la facturación trucha, el cartel y las coimas es irrazonable”.
“No hay dudas de que hubo asociación. Sabemos que existió una coordinación para cartelizar la obra pública, beneficiar a empresas amigas y obtener coimas parcialmente lavadas en hoteles. Y eso está desde el día cero en la decisión de armar el ministerio de De Vido. Llegará también”, sentenció.
Por su parte la oficialista Natalia Fidel (VJ) señaló que “el fallo condenatorio es histórico para quienes luchamos por una Argentina con tolerancia 0 contra los corruptos. El relato y la mentira van cayendo. El 6 de diciembre va a ser recordado como el día en el que más de 20 años de impunidad se terminan”; mientras que Cecilia Ferrero (VJ) advirtió que “ninguna condena debe der festejada cuando un pueblo sufre las consecuencias de políticos corruptos. Hoy hay justicia y en la Argentina ya no da lo mismo hacer las cosas mal o bien. Se acabó la impunidad y la mentira”.
Sobre esa misma línea, la diputada Gimena Villafruela (VJ) remarcó que “este fallo demuestra que una Argentina libre de corrupción es posible. Era impunidad o Justicia… y se hizo Justicia” y Carolina Estebarena (VJ) opinó que “ciertamente será Justicia cuando Cristina vaya a prisión y devuelva lo robado, aunque no puedo dejar de celebrar el enorme salto de calidad institucional que mostró hoy la Justicia. ¡Basta de corrupción! CFK debería dejar su cargo ahora”.
A su vez la legisladora de VJ María Luisa González Estevarena planteó que “la condena a Cristina Kirchner es un primer paso de esperanza para terminar con la corrupción en la Argentina y con los que condenan a nuestra República al fracaso. Hoy sentimos que la justicia puede más que la impunidad”.
En tanto el diputado de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán admitió que “se acaba de dar un primer paso fundamental para terminar con la corrupción en Argentina. Hoy más que nunca hay que seguir luchando por una política honesta y al servicio de la gente donde el que las hace las paga”.
Al mismo tiempo que la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro aseveró que “se acabó el kirchnerismo, se rompe el espejo en el que se miraba Cambiemos, dos expresiones de la falsedad, dos ilusiones que se desvanecerán. Es tiempo de libertad, es la hora de Javier Milei”.
En la vereda opuesta, la diputada del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira indicó que “era justicia o persecución. Fue persecución” y remarcó que “era obvio que la quieren proscribir pero que quede claro que el año próximo Cristina podría ser candidata. Si no lo hace es porque tiene la audacia, la valentía y la grandeza de ser ella quien decida no hacerlo y enfrentar la injusticia sin fueros. Eso para mí es admirable”.
Mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (FdT), planteó que “vienen por la democracia, vienen por la Argentina. Vamos con Cristina” y que Ofelia Fernández (FdT) señaló que “la quieren presa o muerta, porque en su puta vida esta mafia berreta va a poder ganarle en grandeza. Cristina siempre”.
Por lo que el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano concluyó planteando que “la condena a CFK forma parte de la guerra judicial entre el gobierno y la oposición de derecha. Ambos bandos son parte de un régimen de corrupción, manipulación de la Justicia y de los servicios de inteligencia”.
El legislador del PO impulsó un proyecto de declaración a través del cual exigió la “inmediata restitución de la posibilidad de inscripción a dichas carreras” y expresó su descontento con el “recorte de las 200 horas de las tecnicaturas afectadas”.
El diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través el cual buscará expresar su rechazo al “cierre de las carreras de los Institutos de Formación Técnica Superior”, entre las cuales se encuentran Administración y Gestión de Políticas Culturales y la Tecnicatura Superior en Pedagogía y Educación Social con orientación en Derechos Humanos en el IFTS 28, Administración y relaciones del trabajo, y administración comercial del IFTS n°8; y la carrera en Ceremonial y protocolo en el IFTS n° 12.
Asimismo exigió “la inmediata restitución de la posibilidad de inscripción a dichas carreras” y expresó que también “rechaza el recorte de las 200 horas de las tecnicaturas afectadas”.
En los fundamentos de la iniciativa, Solano aseveró que “con argumentos abstractos vinculados a una supuesta ponderación de una diversidad de factores, situaciones y contextos, el Ministerio de Educación cierra carreras” y remarcó que “en una nueva arremetida contra la educación pública y las posibilidades en términos de oferta educativa, Horacio Rodríguez Larreta– Soledad Acuña reflotan la idea del 2018 de cerrar carreras de los centros educativos de nivel terciario”.
A su vez planteó que “naturalmente esto no es un ataque aislado, la educación pública es sabido que es un eje central de la campaña de Larreta y una oportunidad para Acuña de mostrarse dispuesta a llevar a fondo la orientación antieducativa de su gobierno y a la vez de honra de planes diseñados por organismos internacionales de crédito” y remarcó que “más aún sobre el nivel terciario, la reforma curricular de las carreras degradándolas desde el punto de vista de la eliminación de materias pero también dejando docentes sin trabajo, así mismo el recorte en las becas para los estudiantes del nivel superior a partir de una ley que establece becas sólo para carreras consideradas estratégicas por el propio ministerio que ataca la educación superior y se juega a vaciarla, y darle impulso y destinar presupuesto a la UniCABA”.
Sobre esa misma línea, el diputado del PO aseveró que “la perfidia no tiene límites para Larreta- Acuña, las comunidades de los IFTS se mantienen en estado de alerta y movilización ya que las carreras que se cierran cuentan con una importante demanda como es el caso de la tecnicatura de Pedagogía Social cuya oferta fue retirada del sistema de inscripción online sin aviso previo, los docentes de las carreras en cuestión aun no tienen conocimiento de la situación laboral en la que quedarían”.
“Poner la educación al servicio del sistema productivo ata el sistema educativo a los requerimientos de un mundo devaluado, precarizado y precarizante. A contrapelo estudiantes y docentes reclaman con medidas de visibilización y pedido de reunión a la ministra, funcionarios y legisladores de diferentes espacios políticos contra el cierre de las carreras”, sentenció.
Fue en un acto que el Partido Obrero llevó a cabo en La Matanza, en el que aseguró que “en los barrios más profundos se está desarrollando un movimiento popular nuevo”.
Tras un acto que se llevó a cabo en La Matanza, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano hizo un fuerte llamado para crear un nuevo movimiento popular con banderas socialistas y advirtió, en medio de la crisis económica que atraviesa al país, que el “peronismo está agotado”.
En ese contexto el trotskista aseguró, con la mirada puesta sobre los comicios del 2023, que el Frente de Izquierda (FIT) empezó su “campaña política en La Matanza porque suponen que es la capital del peronismo y vamos a demostrar que no” y remarcó que “en los barrios más profundos se está desarrollando un movimiento popular nuevo. Este acto viene con un planteo de fondo que es la necesidad de que en la Argentina se ponga en pie un nuevo movimiento popular con banderas socialistas”.
Sobre esa misma línea planteó que “el peronismo está agotado, y quiere descargar un nuevo fracaso sobre los trabajadores y el pueblo, con más pobreza, más indigencia” e indicó que “es por eso que necesitamos un cambio radical que tome las medidas de fondo para que la crisis no la paguen los trabajadores. Nosotros venimos luchando consecuentemente por esto en las calles, en los sindicatos, en los colegios”.
“Este movimiento ya se viene poniendo en pie y se notó también en las últimas elecciones con un creciente voto al Frente de Izquierda Unidad. Necesitamos poner en pie un paro nacional y un plan de lucha para que los trabajadores tomen la delantera y salir a luchar por sus propias reivindicaciones”, sentenció.
El legislador del PO defendió el cobró del 2% de los planes sociales a los militantes de ese espacio y consideró que los trascendidos son “una campaña repleta de mentiras y manipulaciones”.
Luego de que se conociera que el Partido Obrero (PO) le cobra el 2% de los planes sociales a sus militantes, Gabriel Solano (PO) –el legislador porteño por ese espacio- salió a defender la medida y advirtió que es una forma de sostenimiento de los comedores populares.
A través de sus redes sociales, el trotskista aseveró que se trata de una “campaña repleta de mentiras y manipulaciones” y remarcó que “el movimiento piquetero sostiene miles de comedores que necesitan el alquiler de un lugar donde hacer la olla popular, garrafas, fletes, entre otros gastos que debiera financiar el Estado. Además, sostiene medidas de lucha por trabajo genuino y todos los reclamos de los barrios”.
Sobre esa misma línea, indicó que “en función de esto, las asambleas del Polo Obrero votan un aporte voluntario del 2%, en ellas se aprueba el destino de los recursos y se rinde cuentas. Igual que un club, una sociedad de fomento, un sindicato pero con la diferencia de que no hay descuento obligatorio ni es compulsivo”.
“Atacar este sostenimiento es pretender el cierre de miles de comedores populares y prácticamente la disolución de las organizaciones que los sostienen”, continuó y concluyó señalando que “el dedo acusador debe apuntar a los responsables del hambre y la pobreza -y no a las organizaciones de los desocupados que organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios”.
El trotskista aseguró que “conseguimos la libertad de Sebastián Copello con la lucha popular” y consideró que se trató de una “detención bajo un procedimiento irregular”.
Tras seis días de detención, el legislador del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano celebró la liberación de Sebastián Copello, un militante de ese espacio que había sido detenido en Jujuy, y volvió a reclamar por la libertad de Juan Chorolque, un dirigente del MTR que se encuentra preso desde el martes.
En ese sentido el trotskista afirmó que “luego de una intensísima campaña pública que incluyó movilizaciones en varios puntos del país y el pronunciamiento de familiares y amigos, de destacadas figuras de la lucha por los derechos humanos, de reconocidos periodistas, artistas, de todos sus compañeros de militancia a lo largo y ancho del país, como también de otros sectores conquistamos la libertad de Sebastián Copello”.
Sobre esa misma línea señaló que “pasaron seis días de detención arbitraria e irregular por parte del gobierno de Gerardo Morales que no presenta ninguna garantía básica para los derechos y libertades del pueblo jujeño” y consideró que “(Gerardo) Morales intentó durante estos días armar una causa contra Sebastián y por eso los mantuvo detenidos esperando poder vincularlo a algún delito”.
“Dimos una gran batalla contra el estado policial y dictatorial que lleva Morales en Jujuy. Es evidente que la respuesta represiva por parte del gobernador es para amedrentar a la organización de los trabajadores ocupados y desocupados contra el hambre”, agregó y consideró que “lejos de eso nos preparamos para participar de una enorme movilización este miércoles 13 de abril convocada por la Unidad Piquetera que lejos de retroceder continúa a fondo su plan de lucha contra el hambre, el ajuste y el pacto con el FMI. Aún no nos han dado las razones por las que Juan Chorolque sigue detenido, pero la lucha sigue y exigimos su inmediata libertad”.
Al mismo tiempo que concluyó aseverando que “nos queda un enorme recorrido todavía en primer lugar para conquistar la libertad del compañero del MTR 12 de abril Juan Chorolque y por el desprocesamiento de Sebastián Copello. Nos queda también organizar un gran repudio nacional que ponga freno a Gerardo Morales que desde el gobierno de la provincia de Jujuy digita todos los poderes del Estado para garantizar el ajuste mediante la represión en la provincia”.
Según la legisladora de izquierda, el objetivo es “pactar con el FMI”. Al respecto, advirtió sobre un “acuerdo estratégico” entre el gobierno y Juntos por el Cambio.
En el marco de un acto del Partido Obrero realizado en Plaza de Mayo, la diputada nacional Romina Del Plá, dirigente y diputada nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, denunció que “estamos frente un operativo político para intentar disimular ante la masa del país que se está llevando a cabo un ajuste de características fenomenales e históricas, para garantizar al FMI y a los especuladores, a los bancos, a los bonistas que la deuda se le va a pagar a cualquier costo”. Según la legisladora, en eso “el oficialismo y la oposición patronal y derechista de Juntos por el Cambio tienen un acuerdo estratégico”.
El acto planteó la perspectiva política del Partido Obrero en el Frente de Izquierda para la etapa que se abre, que consideran convulsiva social, económica y políticamente. La consigna de convocatoria fue: “Ningún pacto con el FMI. Abajo el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas. Por una alternativa obrera y socialista”.
El acto, además, reclamó por la “legalización del aborto ya”, y por justicia por Facundo Castro. Denunciaron “la represión en Guernica” y repudiaron “la campaña macartista contra el PO y la izquierda por parte del Gobierno”.
“Con el proyecto de ley jubilatoria buscan establecer de forma permanente el saqueo, que con la suspensión de la movilidad le sacó 72.000 millones a los jubilados para las arcas del FMI”, afirmó Del Plá, que agregó: “En plena pandemia, el Presupuesto 2021 tiene reducciones en salud, en educación y en política social y no contempla medidas elementales en medio del aumento pavoroso de los precios, del hambre, de la desocupación y de la precarización laboral”.
En ese marco advirtió que “para ocultar o para distraer de todo esto mandan al Congreso el ‘aporte solidario’. Es una estafa completa. El 45% de lo que logren recaudar se va en subsidios patronales y a garantizar a las petroleras ganancias exorbitantes y en dólares. No vamos a ser parte de esta burda maniobra de encubrimiento del ajuste, fuego de artificio de un gobierno postrado ante el FMI”.
“Del mismo modo, en el límite de la paciencia de la ‘ola verde’, apareció el anuncio de que Alberto Fernández enviaría finalmente su proyecto de aborto legal al Congreso, otro proyecto que postergó mientras reforzó a las iglesias católica y evangélica, para finalmente usar en momentos en que arrasa con iniciativas antipopulares”.
Del Pla reclamó un paro nacional y plan de lucha a la CGT y CTA y llamó a arrancarlo desde abajo con asambleas y plenarios.
Del Plá concluyó diciendo que “los trabajadores debemos intervenir en esta situación con independencia política, para luchar por nuestra propia salida. Llamamos a todos los partidos del Frente de Izquierda Unidad a que ocupemos y ganemos el centro político y que pongamos de pie una alternativa obrera y socialista”.
Gabriel Solano juntó a dirigentes de ese partido presentaron un amparo en la Justicia para reclamar la implementación del protocolo de aborto legal tal como lo aprobó la Legislatura y denunció que los cambios propuestos por el alcalde local se deben a “presiones de la Iglesia”.
Después de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara medidas complementarias para el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que aprobó la Legislatura porteña, el diputado del PO Gabriel Solano junto a la dirigentes de ese partido Vanina Biasi y Amanda Martín presentaron un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad reclamando la nulidad de la Resolución 1723 por la cual el Gobierno de la Ciudad reglamentó la Ley 6312 de adhesión a esa normativa.
En la presentación también se solicita una medida cautelar para que se suspenda la vigencia de dicha resolución hasta tanto se resuelve sobre el amparo presentado.
A lo largo del texto que se presentó ante la Justicia, el legislador intentará demostrar que el Gobierno local “se excedió en sus atribuciones y que detrás de la reglamentación se esconde una modificación sustancial de la ley votada por la Legislatura”.
Asimismo, los denunciantes advirtieron que “estas modificaciones alcanzan puntos sustanciales, como ser el establecimiento de la objeción de conciencia institucional, para que una empresa o sector público se niegue a realizar un aborto; establece también que ‘en caso de controversias en referencia a la atención de menores, se podrá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como así también, cuando resulte necesario, al Ministerio Público Tutelar para resguardar los derechos de las niñas y adolescentes’” y recordaron que para estos últimos casos “el procedimiento a seguir debe ser evaluado por el personal de salud en base a la salud integral de la niña, que es lo que dice el protocolo ratificado”.
También alertaron acerca de que “se introducen intermediaciones interdisciplinarias que, en el marco de las resoluciones emitidas, se preparan como un obstáculo para el acceso al derecho. Y establece plazos gestacionales que no figuran ni en el código penal ni en el protocolo reafirmado por ley en la Ciudad”.
En ese contexto, Solano manifestó que “reclamamos ante la Justicia la nulidad de la reglamentación de Larreta de la ILE por modificar drásticamente su contenido siguiendo las presiones de la Iglesia” y señaló que “los puntos modificados por Larreta violentan la ley votada por la Legislatura”.
“Un repaso de las actas de la sesión muestra que esos temas fueron ampliamente debatidos y que el punto de vista sostenido por Larreta en su reglamentación quedó en clara minoría. Bajo la presión del clero Larreta está pisoteando la Legislatura y atribuyéndose facultades legislativas que no tiene”, concluyó.
Mientras que Biasi y Martín llamaron al movimiento de mujeres a movilizarse contra esta reglamentación hecha a la medida de la Iglesia y a continuar la lucha por el tratamiento inmediato del aborto legal en el Congreso Nacional, “rechazando la decisión de Alberto Fernández de postergar para un futuro incierto el envío del proyecto de ley”.
El legislador del PO cuestionó duramente las medidas que el jefe de Gobierno de la Ciudad buscará aplicar en conjunto con el nuevo protocolo sobre el aborto legal, que recientemente fue aprobado con una abrumadora mayoría en la Legislatura porteña.
Luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, impulsará una serie de medidas de acompañamiento al nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -aprobado por amplia mayoría en la Legislatura porteña-, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano advirtió que el alcalde local bajo “la presión del clero, Larreta distorsiona el protocolo de ILE”.
En ese sentido, el trotskista recordó que “los debates previos a la aprobación incluyeron propuestas como la objeción de conciencia institucional e individual, sin embargo fueron rechazadas por la mayoría del cuerpo legislativo, lo cual deja en evidencia que la reglamentación realizada por Rodríguez Larreta -al incluirla- constituye una vulneración a la decisión tomada por la Legislatura” y consideró que esto es “algo que no sólo ataca el acceso al derecho de las personas gestantes a la ILE sino que es francamente ilegal: el Ejecutivo sólo puede fijar detalles de la ley que reglamenta, pero en ningún caso pueda alterar su espíritu”.
Además alertó sobre que “esta decisión unilateral que toma Larreta está vinculada a que gran parte del empresariado de la salud de la Ciudad está integrado a fuertes sectores del clero. Ejemplo de ello son los grupos que representan el lobby empresarial de la salud, como el grupo Bazterrica y el grupo Austral, empresas que de antemano no cumplen con prácticas emanadas de una ley como los tratamientos de fertilización asistida”.
“Esta inclusión es un vínculo a esos sectores que vienen violentando derechos de mujeres y disidencias de forma sistemática”, sentenció Solano.
Se trata de una petición del legislador del PO Gabriel Solano, quien advirtió que los trabajadores de los comedores desempeñan su tarea durante 12 horas diarias sin ningún tipo de remuneración.
Debido al aumento de las personas que se acercan a estos lugares y con la intención de reconocer su labor, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano insistió en la necesidad de que se reconozca el trabajo que se desarrolla en los comedores populares como “actividad esencial”, para garantizar el pleno reconocimiento de todos los derechos laborales de un trabajador estatal de la Ciudad de planta permanente -como ART y Obra Social- y regido por la Ley 471 de la Ciudad.
Al respecto de su petición, Solano manifestó que “los trabajadores de los comedores populares día a día garantizan el alimento a decenas de miles hombres, mujeres y niños que pasan hambre en la Ciudad de Buenos Aires” e insistió en que “su tarea es indiscutiblemente esencial, sin las personas que ponen su esfuerzo y su trabajo decenas de miles se quedarían sin comer”.
Sobre esa misma línea remarcó que “su trabajo se ha multiplicado desde el comienzo de la pandemia, recibiendo cada día más personas que piden ayuda. Además, lo hacen sin recursos suficientes alimenticios ni elementos de protección que garanticen su salud” y recordó que “Ramona, militante y trabajadora de un comedor de la Villa 31, fue víctima de la política de precarización y la falta de medidas sanitarias con las que trabajan cientos de personas en los comedores de la ciudad. Es necesario que esta tarea se reconozca y se cubran sus derechos”.
Es por ello que presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que los trabajadores perciban un salario por sus tareas; es así que cada comedor podrá designar dos cocineros por turno, un trabajador cada 30 raciones de comida proporcionada y/o fracción superior a diez raciones de comida proporcionadas por cada turno.
“El proyecto que elaboramos contempla la asistencia y subsidio para todos los comedores populares que se encuentran en la Ciudad y que la misma se mantenga mientras los comedores se encuentren en funcionamiento, más allá de lo que dure la aislamiento social o las fases de la cuarentena y plantea la igualación del salario y los derechos de los trabajadores de los comedores populares con los de un trabajador del Estado de la Ciudad”, indicó Solano y precisó que “no consideramos que un bono durante la pandemia, como plantea el bloque del Frente de Todos, sea suficiente. Impulsaremos su aprobación con actividades de difusión en las villas y llamamos a adherir en apoyo al mismo”.
Además el trotskista presentó la iniciativa en una reunión online con más de 80 trabajadores de diferentes comedores de la ciudad en la que vecinas y referentes de comedores manifestaron su apoyo al proyecto y relataron la “precaria situación de los barrios: referentes de comedores de la villa 1-11-14, en Bajo Flores, mencionaron que están hasta 12 horas en el comedor, sin ningún reconocimiento salarial”.
Asimismo recortaron que “en Soldati comentan que ya antes de la pandemia mucha gente se estaba acercando al comedor por la necesidad y ven que es muy probable que eso continúe”, mientras que desde la Villa 20, en Lugano, reclamaron la necesidad de que se garantice obra social y ART frente a cualquier accidente.
