En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, y garantizar que quienes atraviesen esta situación reciban atención profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en la elaboración el duelo.

La iniciativa, conocida como Ley Johanna, por el caso de Johana Piferrer, quien en 2014 padeció un hecho de violencia obstétrica tras sufrir un caso de muerte perinatal, establece dotar a las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto y postparto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas personas y familias que sufren esta situación y posibilitar que puedan atravesar la pérdida en un ambiente de contención, con el acompañamiento de especialistas.

En los argumentos del proyecto, se remarcó que la muerte perinatal, aquella que se produce luego de la semana 22 de gestación, tiende a ser negada por la sociedad, por lo que las mujeres y personas gestantes que atraviesan esta trágica situación lo hacen en soledad y sin el acompañamiento necesario por parte de las instituciones. Las cifras no son bajas: en todo el mundo hay más de 6,3 millones de muertes perinatales al año.

En este sentido, Álvarez Rodríguez señaló que “tenemos que humanizar el parto, tenemos que humanizar una tragedia como es una muerte perinatal”, y detalló que “no existe en nuestro país un protocolo de actuación que informe a los/as profesionales de la salud cómo desenvolverse ante la situación concreta de la muerte perinatal. Esto resulta ser traumático para quienes lo sufren y por eso es indispensable que exista un marco de asistencia y ayuda profesional para acompañar a las mujeres, personas gestantes y sus familias”.

El proyecto busca también facilitar el acceso a la información necesaria acerca de las opciones terapéuticas, gestiones a realizar, y consultas sucesivas, a fin de que puedan decidir las alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las/os profesionales durante todo el proceso. Además, se solicita que las instituciones de salud garanticen espacios específicos de internación para los casos de muerte perinatal, diferenciados de los espacios o salas de maternidad.

La propuesta, que tiene como antecedente el proyecto presentado por la exdiputada Magdalena Sierra, cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (AboFem), la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), y la Red de Salud Mental Perinatal, entre otras.

El proyecto fue acompañado con las firmas del presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin; y las diputadas Paula Penacca, Florencia Lampreabe, Mónica Macha, Paola Vessvessian, Mara Brawer, Jimena López, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Romina Uhrig, Claudia Ormachea y Gabriela Estévez.

Juntos por el Cambio propone modificar la ley actual

Por su parte, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Gisela Scaglia (Pro), presentaron una iniciativa para modificar la Ley 25.929. Aseguraron que, a seis años de su reglamentación, “ya se puede comprobar que es ineficiente y que no consigue cumplir con dos de sus principales objetivos: reducir la violencia obstétrica y la tasa de nacimientos por cesárea”.

Además, los legisladores advirtieron que, en el marco de la pandemia de Covid-19, “la ley fue vulnerada a lo largo y ancho de todo el país”. “Hoy los derechos consagrados en esta ley se incumplen en muchísimas instituciones tanto públicas como privadas; la pandemia supuso un retroceso en cuanto a la garantía de derechos. Debemos redoblar los esfuerzos para enmendarlo”, explicó Scaglia.

El proyecto incorpora varios artículos e incisos a la legislación vigente con tres objetivos. Por un lado, garantizar el derecho de acceso a la información que permita que las mujeres puedan efectivamente tomar con autonomía las decisiones respecto al proceso de gestación, parto y postparto. Por el otro, hacerle saber a la mujer que gesta que tiene derecho a crear su propio plan de parto y que el mismo debe ser respetado. Y, por último, garantizar que la persona nacida sepa cómo fue su proceso de nacimiento y con ello generar un centro único de datos y estadísticas de partos que nuclee a los sub-sectores público y privado de toda la Argentina.

“Hoy no tenemos cifras oficiales, tanto a nivel público como privado, sobre los índices de medicalización e intervención que se realizan en los nacimientos y el trato deshumanizado que muchas mujeres gestantes reciben diariamente. Esto no permite dimensionar el alcance y las consecuencias de este flagelo, mucho menos generar mecanismos y políticas públicas oportunas y eficientes para erradicar la violencia obstétrica. Por eso creemos que una de las modificaciones más urgentes es conseguir que la información del proceso de parto quede registrada en la partida de nacimiento de todas las personas”, argumentó la diputada santafesina.

Este año el lema de la Semana Mundial de Parto Respetado es “Respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación”. “Hoy en la Argentina este derecho se ve vulnerado diariamente y más allá de contar con legislación de avanzada no se logra que la misma se cumpla. Hay desconocimiento entre las mujeres y falta de planificación del momento del nacimiento. Las modificaciones a la ley proponen subsanar estas falencias obligando al ANSeS a entregar información sobre los derechos con los que cuentan las familias durante el proceso de nacimiento y a su vez incorpora el derecho a entregar un ‘plan de parto’”, agregan los fundamentos.

Por último, Scaglia sostuvo que “algunas familias ya están empezando a presentar este documento que explicita los principios de atención y las condiciones en que desean que transcurra el trabajo de parto, parto-nacimiento y postparto. Sin embargo nos encontramos con la dificultad de que no sólo son muy pocos quienes conocen esta herramienta, sino que además muchas instituciones aún no la respetan o aceptan”.

El proyecto de ley fue acompañado por los diputados Natalia Villa, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Gonzalo Del Cerro, Graciela Ocaña, Ruben Manzi y Lidia Ascarate.

Durante la sesión ordinaria de este jueves,  la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que tiene por objeto regular los mecanismos y las condiciones necesarias para asegurar el parto respetado con el fin de garantizar los derechos de las personas gestantes, antes, durante y después del parto al igual que un nacimiento digno.

De esta manera el texto establece que el parto respetado es “aquel que garantiza el respeto de las decisiones de las personas gestantes en relación a cómo, con quién y en donde parir, y el acompañamiento necesario para la toma de decisiones autónomas, seguras e informadas antes, durante y después del parto, incluso en el periodo de puerperio; así como también el respeto del cuerpo y del transcurrir fisiológico del parto, expresado en un trato digno, en atención adecuada en tiempo y forma, sin intervenciones y/o medicalización innecesarias, a no ser por pedido expreso de la persona gestante, y sin patologización del proceso reproductivo”.

Es así que sostiene que las personas gestantes puedan desarrollar su propio “plan de parto”, el cual prevé cómo será el trabajo colaborativo entre el médico, el obstetra, la embarazada y su familia.

Mientras que para los recién nacidos el texto plantea que tienen derecho a ser tratados “en forma respetuosa y digna” y a “no ser sometida a ningún examen o intervención médica cuyo propósito sea de investigación o docencia salvo consentimiento manifestado por escrito otorgado por la persona gestante y luego de que se hayan explicado las implicancias de dichos procedimientos a la persona que otorga el consentimiento”. Además de acceder a una correcta e inequívoca identificación y filiación.

Por otro lado, la iniciativa prevé que todo hospital o sanatorio que preste servicios de maternidad deberá garantizar la presencia de puericultoras para acompañar en el proceso de lactancia materna del recién nacido durante las 24 horas todos los días del año.

Asimismo establece que cuando no fuera posible que la persona gestante lacte de forma directa al recién nacido, sea por razones personales, físicas o psíquicas de la misma o por cuestiones relativas a la persona recién nacida, “se debe posibilitar la lactancia mediante biberón y, de no ser ello posible, la alimentación mixta o con formula, previo consentimiento expreso de la gestante”. No obstante, también prevé un protocolo para cuando la parturienta haya fallecido o se encuentre sin acompañante.

En el marco de una de las últimas sesiones ordinaria del año, la Legislatura porteña se reúne desde las 12.38 para analizar la “Ley Yolanda”, que tiene por objeto establecer una capacitación integral en materia ambiental y promoción del desarrollo sostenible a los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Los diputados también debatirán la creación de un régimen promocional de la economía popular y social a fin de generar unidades productivas en barrios y sectores desfavorecidos; una propuesta de incentivo a la agricultura urbana y otra norma de fomento de la competencia. Otra de las propuestas que se someterán a consideración es una ley de parto respetado y otro texto que concierne al uso de lenguaje claro y fácilmente comprensible en todos los documentos o comunicaciones oficiales.

En lo referido al ámbito de la Justicia, la comisión que preside Martín Ocampo (UCR) despacho un proyecto de modificación al Código en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA para legislar la obligatoria intervención del Ministerio Público Fiscal en las causas que afecten el interés público. Por otra parte, la Legislatura resolverá mañana el nombramiento de jueces para cubrir cargos vacantes de primera instancia en los Contravencional y de Faltas.

Las distintas bancadas, además, harán sus propuestas para declarar ciudadanos ilustres de la Ciudad de Buenos Aires a personas de gran trayectoria. Se postula, entre otros, al entrenador de fútbol Carlos Bilardo, el cineasta Pino Solanas (post mortem), la artista Marta Minujín y la cantante Sandra Mihanovich.

Con la intención de avanzar con la implementación de una Ley que rige a nivel nacional, las diputadas de la UCR-Evolución María Inés Gorbea y Manuela Thourte (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto que tiene por objeto regular los mecanismos y las condiciones necesarias para asegurar el parto respetado con el fin de garantizar los derechos de las personas gestantes, antes, durante y después del parto al igual que un nacimiento digno.

De esta manera el texto establece que el parto respetado es “aquel que garantiza el respeto de las decisiones de las personas gestantes en relación a cómo, con quién y en donde parir, y el acompañamiento necesario para la toma de decisiones autónomas, seguras e informadas antes, durante y después del parto, incluso en el periodo de puerperio; así como también el respeto del cuerpo y del transcurrir fisiológico del parto, expresado en un trato digno, en atención adecuada en tiempo y forma, sin intervenciones y/o medicalización innecesarias, a no ser por pedido expreso de la persona gestante, y sin patologización del proceso reproductivo”.

Es así que el texto establece que las personas gestantes puedan desarrollar su propio “plan de parto”, el cual prevé cómo será el trabajo colaborativo entre el médico, el obstetra, la embarazada y su familia.

Mientras que para los recién nacidos el texto plantea que tienen derecho a ser tratados “en forma respetuosa y digna” y a “no ser sometida a ningún examen o intervención médica cuyo propósito sea de investigación o docencia salvo consentimiento manifestado por escrito otorgado por la persona gestante y luego de que se hayan explicado las implicancias de dichos procedimientos a la persona que otorga el consentimiento”. Además de acceder a una correcta e inequívoca identificación y filiación.

Por otro lado, la iniciativa prevé que todo hospital o sanatorio que preste servicios de maternidad deberá garantizar la presencia de puericultoras para acompañar en el proceso de lactancia materna del recién nacido durante las 24 horas todos los días del año.

Asimismo establece que cuando no fuera posible que la persona gestante lacte de forma directa al recién nacido, sea por razones personales, físicas o psíquicas de la misma o por cuestiones relativas a la persona recién nacida, “se debe posibilitar la lactancia mediante biberón y, de no ser ello posible, la alimentación mixta o con formula, previo consentimiento expreso de la gestante”. No obstante, también prevé un protocolo para cuando la parturienta haya fallecido o se encuentre sin acompañante.

En los fundamentos de la medida, las radicales explicaron que la misma responde “a la necesidad de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales de las personas gestantes -antes, durante y después del parto- y de las personas nacientes y sus familias; así como también, para promover la transparencia y la seguridad en todo el proceso de parto/nacimiento” y remarcaron que el mismo establece que “la persona gestante sea trata con respeto, de modo individual y personalizado garantizando el derecho a la intimida durante todo el proceso, respeto por sus pautas culturales y recibir toda la información necesaria a fin de tomar sus propias decisiones de forma autónoma”.

A su vez esta Ley nacional incorpora el concepto de “violencia obstétrica” como la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales. “Esta es una forma de maltrato todavía naturalizada, invisibilizada y constituye uno de los problemas de salud pública menos difundido y atendido en el mundo actual”, advirtieron Gorbea y Thourte.

“La lucha por el ‘Parto Respetado’ se ha convertido en las últimas décadas en un movimiento mundial que poco a poco va creciendo, obteniendo el reconocimiento de cada vez más personas y ganando espacio entre los organismos internacionales de derechos humanos y los organismos estatales relacionados con la salud”, señalaron y sentenciaron: “su reclamo es claro: buscan un cambio de paradigma en el modelo de atención del proceso perinatal, que respete los derechos humanos de las personas y que garantice un parto y una bienvenida amorosa a las nuevas personas que llegan al mundo”.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual y la Cámara de Diputados provincial organizaron el primer Foro Regional, que se desarrollará en todas las regiones sanitarias bonaerenses, para trabajar en la implementación de la Ley Nacional 25.929 y el proyecto de creación de un “Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado”. La actividad se realizó de forma virtual con los equipos de Salud de la Región Sanitaria II en donde se analizaron las fortalezas y debilidades del distrito. 

La jornada comenzó con los saludos virtuales del ministro y vice de Salud bonaerense, Daniel Gollan y Nicolas Kreplak, junto con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Diaz. Los funcionarios celebraron la puesta en marcha de los foros para trabajar la importancia de la implementación y adhesión a la Ley nacional desde los equipos de Salud y la Comunidad. También saludaron la iniciativa la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, María Laura Ramírez, y el presidente de la Comisión de Salud del Senado provincial, Gustavo Traverso. 

El Foro Regional estuvo encabezado por la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucia Portos; la directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña; y la diputada del Frente de Todos, Mariana Larroque, quien es la autora del proyecto de adhesión provincial a la Ley Nacional que ya tiene media sanción, e impulsora del proyecto de creación del Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado. 

Durante el encuentro, la directora Sabrina Balaña reflexionó sobre las prácticas de los equipos de Salud: “Tenemos que trabajar fuertemente en conjunto con los equipos y la comunidad, en la implementación de la Ley en toda la provincia y en la transformación del modelo de atención del embarazo y el parto”.  

Balaña analizó el índice de cesarías en la Región Sanitaria II que se encuentra en promedio entre un 55 y 60%: “Este índice es uno de los que muestra las consecuencias dañinas para la salud que tiene la sobre intervención de los cuerpos de las mujeres y personas gestantes: necesitamos comprender nuestro rol de acompañamiento como equipo de salud y respetar la toma de decisiones de las mujeres y personas gestantes desde el deseo y la autonomía, teniendo en cuenta su derecho de estar acompañada e informada antes, durante y después del embarazo”.  

La iniciativa propone un cambio en el modelo de atención que “garantice que se respeten los tiempos subjetivos de la mujer y persona gestante, que no exista discriminación ni malos tratos, que se considere su intimidad y la posibilidad de elegir a la persona que la acompañe durante el proceso con información necesaria sobre su propio estado y el de la persona recién nacida”. Uno de los objetivos de la actividad fue conformar una mesa intersectorial con la participación de la comunidad para trabajar en los obstáculos y problemas priorizados en el encuentro, para avanzar en la implementación de la Ley en todos los establecimientos de salud de la región. 

Del intercambio virtual participaron los trabajadores de salud que se desempeñan en hospitales provinciales, municipales y del primer nivel de atención de los municipios que componen la región sanitaria II: Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliquelló, Trenque Lauquen, Tres Lomas. 

Estuvieron presentes las voces de integrantes de organizaciones sociales que militan por los derechos de las mujeres durante el parto, así como representantes de sociedades científicas como la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la provincia de Buenos Aires.  

También participaron de forma remota los diputados Micaela Olivetto, Valeria Arata, Alexis Guerrera y las senadoras provinciales Ayelén Duran y Maria Elena Defunchio. Además, la actividad contó con la coordinación del director ejecutivo de la región sanitaria II, Pedro Hernández. 

La diputada nacional Lucila Masin busca modificar la Ley de Parto Respetado (25.929) para garantizar más inclusión de las poblaciones originarias y de las personas con discapacidad.    

El proyecto de ley plantea que para asegurar la “accesibilidad comunicacional” de las personas de comunidades indígenas, es necesario que haya intérpretes al momento del trabajo de parto y post parto. 

Además, con el fin de asegurar la accesibilidad para las personas con discapacidad, también propone generar instancias de asistencia mediante guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas.  

Otras adaptaciones consisten en contar con señalización en braille y en formato de fácil lectura y comprensión o facilitándose la disponibilidad de tecnologías de información y comunicación. 

Entre las modificaciones complementarias y que se relacionan con las expresiones se alienta el uso de “progenitores” en lugar de “padres” o “madres”, siguiendo la terminología expresada en el Código Civil y Comercial que rige en la Argentina.  

Además de la armonización legislativa, el objetivo de los cambios es “incluir a todas las familias, sea cual sea la manera en la que están conformadas”. 

“Estas modificaciones son necesarias para darle a la ley de Parto Respetado una mirada más inclusiva y actualizada, para dar respuesta a nuevos paradigmas”, manifestó la legisladora por el Chaco al respecto. 

Precisamente en 2004, en Argentina, se sancionó la Ley nacional N° 25.929 que establece que las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto.

De esta forma, las mujeres como usuarias del sistema de salud tienen derecho al cuidado, al respeto y al acceso a la información médica, así como a decidir libremente la forma y la posición en el momento del parto.

Esta normativa, además, hace fuerte hincapié en los deseos, las necesidades y el vínculo del binomio madre-hijo/a, atendiendo al rol de la familia y del padre en todo el proceso.

En la actualidad, hay sólo tres provincias argentinas que no han adherido a la norma nacional, entre ellas, la provincia de Buenos Aires.

Este ha sido una demanda importante del movimiento de mujeres para avanzar en la conquista y consagración de sus derechos en el territorio bonaerense.

Por ello, en el marco de la semana mundial de Parto Respetado que se inició el pasado lunes 17, el bloque de senadores provinciales del Frente de Todos propuso reconocer la importancia de esta Ley Nacional.

La iniciativa fue presentada por legislador Francisco “Paco” Durañona, que explicó “la trascendencia de este asunto, especialmente al ver que la provincia de Buenos Aires, para el 2018, tuvo una Tasa Bruta de Natalidad de 14,6 (por mil habitantes) y se produjeron cerca de 250.000 nacimientos.

Contar con una ley que garantice el trato digno, el cuidado y respeto a las mujeres y personas gestantes en un momento tan importante como es el parto y el posparto, se vuelve una exigencia”.

En ese sentido agregó que “nuestra voluntad política es generar las herramientas que garanticen los derechos de las mujeres, sus decisiones y los de sus hijos o hijas en todo momento, evitando prácticas invasivas y asegurando su libertad de elección”.