“El gobernador tiene que explicar por qué no se cumple con la ley que obliga a la colocación de Cámaras de seguridad en los micros y cómo se están realizando los controles”, aseguró el diputado Martín Domínguez Yelpo, quien además propone un mapa del delito que sirve para diagramar estrategias de prevención del delito y desplegar una eficaz distribución de las fuerzas de seguridad.

“Claramente ha habido negligencia por parte del Estado”, sostuvo el diputado opositor mientras detalló que desde su bloque vienen “advirtiendo sobre el incumplimiento de la Ley que solamente fue implementada por el gobierno provincial en poco más del 10 por ciento de las unidades con el agravante de que ni siquiera están conectadas a un centro de monitoreo que sirva para brindar mayor seguridad a los trabajadores y a los pasajeros”,

Martín Domínguez Yelpo, diputado del bloque Espacio Abierto Juntos y autor de la Ley 14.897 aprobada en diciembre de 2016 y que obliga a la colocación de cámaras de seguridad en los colectivos, consideró que “los bonaerenses merecemos una provincia distinta y para que eso suceda necesitamos legislar y aplicar las leyes”.

“Si las leyes y anuncios no se traducen en hechos concretos que modifiquen la vida de los vecinos, no dejan de ser solo palabras”, consideró el necochense que tiene una militancia sindical en la UTA y aclaró que “con el proyecto que estamos presentando del mapa del delito del transporte, también estamos aportando una política para encontrar soluciones a esta problemática que tanto daño nos viene causando”.

“El mapa del delito del transporte se conformará en base a la estadística recogida a través de las denuncias efectuadas tanto en Comisarías de la Provincia de Buenos Aires como en las alertas del sistema 911, además de las radicadas por los trabajadores ante la Asociación Sindical con personería gremial en cuanto a transporte colectivo de pasajeros se refiere, durante el plazo de 1 año, a contarse desde la fecha de reglamentación de la ley”, especificó el legislador.

“En el área AMBA están habilitadas 212 líneas. En total hay unas 9.000 unidades: 5.000 corresponden a permisos otorgados por los municipios y 4.000 concedidos por el Gobierno provincial. La producción de estadísticas fiables de criminalidad es central para la formulación de políticas de seguridad pública más eficaces”, consideró Domínguez Yelpo.

Y estimó que “gracias a estos datos, es posible dimensionar el problema de la inseguridad, establecer patrones, realizar diagnósticos certeros y evaluar la efectividad de las respuestas. La premisa es medir para mejorar”.

El presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja provincial además se refirió a resientes acontecimiento en los fundamentos de la propuesta parlamentario y dijo que “después del hecho trágico sucedido en Virrey del Pino, el gobernador salió a decir que se habían otorgado subsidios para la colocación de cámaras por 2.500 millones de pesos. Claramente esa inversión no se está viendo en la calle”.

“El Estado tiene la obligación de controlar y hacer cumplir las leyes, la solución no es lavar culpas diciendo que se hizo la inversión y desentenderse del rol de contralor que debe cumplir el Estado”, agregó para finalizar el diputado Domínguez Yelpo.

Un grupo de diputados encabezados por Marcela Campagnoli (Coalición Cívica/ARI – Buenos Aires) presentó y proyecto de declaración expresando la preocupación por “la situación de angustia e incertidumbre que atraviesan los miles de argentinos varados en el exterior” a raíz del DNU que dispuso que hasta el día 9 de julio próximo haya restricciones a los vuelos y un cupo de 600 plazas diarias en vuelos de pasajeros para el reingreso al territorio nacional de argentinos y residentes que se encuentren en el exterior.

“La imprevisibilidad y arbitrariedad de la decisión del Gobierno de limitar los pasajeros que pueden ingresar por día al país, llenó de angustia e incertidumbre a cientos de argentinos a lo largo del mundo”, expresó la diputada Campagnoli al presentar su iniciativa.

Agregó la diputada que “aun cuando la gravedad de la pandemia amerita la toma de decisiones inmediatas y urgentes, nunca pueden ser ignorando nuestra Constitución”. En ese marco, sostuvo que “necesitamos certezas, contención, empatía y cuidados. Un Estado impreciso y caprichoso, no es un lujo que podamos darnos”.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto el DNU 643/2021 y arbitrar otras medidas de prevención contra el Covid-19 de manera que se adecuen a la Constitución Nacional y se garantice el ejercicio de los derechos allí contenidos.

Acompañan con sus firmas el proyecto los diputados de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Gustavo Menna, Martín Grande, Ingrid Jetter, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Alvaro De Lamadrid, Carla Carrizo, David Schlereth, Lorena Matzen, Karina Banfi, Carla Piccolomini, Hernán Berisso y Adriana Cáceres.