La diputada cordobesa volvió a criticar al Gobierno nacional y explicó que “el Estado no puede desentenderse de las obligaciones económicas necesarias para asegurar la plena vigencia de dichos derechos".
Después de haber cruzado al Gobierno a través de X, la diputada cordobesa Natalia De La Sota presentó un proyecto de ley para derogar la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte que recortó los subsidios del Estado a las empresas de larga distancia para la gratuidad del pasaje de personas con discapacidad.
La medida fue publicada este martes 26 de mayo en el Boletín Oficial. Firmada por Mariano Plencovich, actual secretario de Transporte, el Poder Ejecutivo eliminó el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas, y en lista de espera para recibir un trasplante.
En los fundamentos, la diputada de Defendamos Córdoba consideró que "representa mayores obstáculos para el acceso al transporte por parte de sectores especialmente vulnerables, dificultando la obtención de pasajes, incrementando conflictos administrativos y profundizando situaciones de discriminación indirecta contra personas con discapacidad y otros grupos protegidos por la legislación vigente".
Luego, destacó que “el acceso al transporte constituye una herramienta esencial para garantizar derechos fundamentales tales como la salud, la educación, el trabajo, la rehabilitación y la integración social”. También explicó que “el Estado no puede desentenderse de las obligaciones económicas necesarias para asegurar la plena vigencia de dichos derechos, especialmente respecto de colectivos que cuentan con tutela constitucional y convencional”.
Luego, destacó que “el acceso al transporte constituye una herramienta esencial para garantizar derechos fundamentales tales como la salud, la educación, el trabajo, la rehabilitación y la integración social”. También explicó que “el Estado no puede desentenderse de las obligaciones económicas necesarias para asegurar la plena vigencia de dichos derechos, especialmente respecto de colectivos que cuentan con tutela constitucional y convencional”.
Del mismo modo, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional, a quien le atribuyó la resolución 28/26 “en un contexto de fuertes incrementos tarifarios y reducción de subsidios al transporte público”. En ese sentido, cargó que la situación “impacta de manera desproporcionada sobre los sectores de menores recursos y constituye un nuevo golpe sobre las personas con discapacidad, quienes aún esperan que el gobierno el presidente Javier Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
El proyecto impulsado por Natalia de la Sota tiene giro a las comisiones de Transportes, presidida por el jujeño de Provincias Unidas Jorge Rizzotti, y de Asuntos Constitucionales, a cargo del libertario Nicolás Mayoraz.
El diputado salteño rechazó la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios a empresas de larga distancia por pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes oncológicos. Advirtió que la medida podría afectar el acceso a tratamientos y pidió garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos por ley.
El diputado nacional por Salta Bernardo Biella salió al cruce del Gobierno de Javier Milei por la eliminación del régimen de compensaciones económicas a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La medida, oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deja sin efecto el esquema que el Estado venía aplicando para subsidiar a las compañías que debían garantizar esos pasajes en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Desde el entorno del legislador advirtieron que la decisión podría generar dificultades operativas en el sistema de transporte, con impacto directo en quienes dependen de este beneficio para acceder a tratamientos médicos, controles periódicos y atención especializada, muchas veces lejos de sus lugares de residencia.
“Las políticas públicas deben tener sensibilidad social y contemplar especialmente a quienes enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad”, sostuvo Biella, integrante del bloque Innovación Federal. En ese sentido, manifestó su preocupación por el impacto que la medida podría tener en la prestación efectiva del servicio.
El diputado remarcó además la necesidad de que el Estado garantice mecanismos de control para asegurar que las empresas sigan cumpliendo con la entrega de pasajes gratuitos, tal como lo establece la normativa vigente. Según advirtió, la eliminación de compensaciones no puede derivar en un deterioro del acceso a esos derechos.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, justificaron la decisión en el marco del nuevo esquema regulatorio del transporte interjurisdiccional, que otorga mayor libertad a las empresas para definir tarifas, recorridos y modalidades de servicio. Bajo ese argumento, el Ejecutivo considera que las compañías están en condiciones de absorber los costos asociados a los pasajes gratuitos dentro de su estructura económica, sin necesidad de asistencia estatal.
Sin embargo, Biella cuestionó ese planteo y advirtió que las personas con discapacidad, los pacientes trasplantados y las familias que atraviesan tratamientos oncológicos “no pueden quedar en el medio de una discusión presupuestaria”. En esa línea, reclamó al Gobierno nacional que avance en alternativas que permitan preservar los derechos adquiridos.
Finalmente, el legislador salteño propuso abrir instancias de diálogo entre el Estado nacional, las empresas transportistas y las organizaciones vinculadas a la discapacidad y la salud, con el objetivo de evitar que cambios administrativos terminen afectando a sectores que requieren acompañamiento permanente.