Destacó que están faltándole solo 4 senadores para rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, y hablaron de defender a la Patagonia y no quedarse en palabras.
El senador camporista Martín Doñate dijo esperar que “luego de lo que juraron defender” los gobernadores de las provincias patagónicas que se reunieron esta semana, “no se sigan prestando al juego perverso que propone este gobierno centralista y antifederal de Javier Milei y manden a todos sus senadores a rechazar sin más demoras el DNU”.
“Ser parte de otra maniobra dilatoria para que el inconstitucional DNU 70/2023 siga vigente, es ser también responsable de fomentar la agonía y sufrimiento de nuestras provincias del sur. La gente en la Patagonia no da más”, enfatizó el senador Doñate.
El legislador de Unidad Ciudadana sostuvo este viernes que el megaDNU “desregula la vida de todas y todos, libera precios de los alimentos, de la luz, el gas, de la nafta, de los medicamentos, pone en riesgo el derecho de la zona austral que cobran nuestros jubilados. Y además de anular leyes estratégicas como la de extranjerización de tierras, la de protección de glaciares y de nuestros recursos naturales, está fomentando el hambre y pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados y provocando el quiebre y cierre de empresas e industrias todos los días”.
“La Patagonia es una de las regiones más afectadas por estas medidas que deliberadamente impone el Gobierno nacional con mecanismos inconstitucionales, extorsivos y perversos -agregó el legislador kirchnerista-. Ser funcional a cualquier mecanismo dilatorio para el no tratamiento del DNU va a contramano de la defensa de las y los rionegrinos, de las y los patagónicos”.
Doñate contabilizó: “Desde el bloque de Unión por la Patria somos 33 los senadores y senadoras que estamos exigiendo y pidiendo formalmente hace semanas que sesionemos y debatamos. Se necesitan 37 para que haya quórum. Faltan 4 para cumplir con el objetivo. No hay más excusas”.
En una columna publicada en su red social de X, Doñate consideró que “es hora de que todos los representantes en el Senado nacional den quórum y rechacen el nefasto DNU y dejen sentada la posición de defensa y custodia de nuestras provincias. Es nuestro deber sostener y garantizar el sistema federal y republicano de gobierno y la unión nacional con paz interior, asegurando los beneficios de la verdadera y sana libertad”.
Por último, expresó: “Y el problema más grave y urgente hoy, es el inconstitucional DNU. Con el DNU 70/2023 vigente la defensa de la Patagonia queda solo en fotos y palabras”.
Desde el bloque opositor señalaron que las medidas “afectan particularmente” a sus provincias y señalaron que van a hacer respetar “al pueblo del sur de la Argentina profunda y las instituciones democráticas que están siendo atropelladas por el Poder Ejecutivo”.
Un grupo de senadores patagónicos del bloque Unión por la Patria solicitaron el acompañamiento de sus pares de la región para rechazar el DNU en la sesión que pidieron para el 1ro de febrero y señalaron que “las medidas afectan particularmente” a sus provincias.
A través de un comunicado, manifestaron: “Luego de haberse agotado el plazo legal del proceso administrativo y jurídico en el parlamento, desde el interbloque de Unión por la Patria solicitamos una sesión especial para el 1° de febrero para dar tratamiento al DNU impuesto por el gobierno nacional”. En este marco, instaron a sus pares de otros partidos y espacios políticos de la región a que “nos acompañen en el rechazo al decreto que viola la Constitución, el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno”.
“Como venimos sosteniendo desde su publicación, el DNU afecta particularmente a nuestras provincias con medidas como: la desregulación del turismo con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo; la desregulación del sector minero, que dejaría en manos privadas la explotación de los recursos estratégicos de nuestro suelo; la derogación de la Ley de Tierras, dando potestad a los extranjeros para adquirir territorio patagónico sin límite; la reforma de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares y la Ley Manejo del Fuego, con las que se ponen en peligro el ambiente, nuestros recursos y reservas naturales, y la soberanía del país”, detallaron.
También mencionaron “la derogación de la Ley de Promoción Industrial, afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego AIAS con la apertura indiscriminada de importaciones; y las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, que delegan en las petroleras decisiones estratégicas vinculadas a la producción, abastecimiento, exportación y márgenes de ganancia de las empresas privadas”.
Y siguieron: “La privatización de empresas estatales como la minera YCRT, que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación; el Banco Nación, la banca con la mayor presencia federal con 790 sucursales; y Aerolíneas Argentinas, que impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales”.
“Todas estas estas medidas tienen vigencia mientas no se rechace el DNU, en un marco general en el que se están afectando los recursos coparticipables de las provincias, en el que la delegación de facultades al Ejecutivo podría afectar las jubilaciones patagónicas dejando sin efecto el 40% de la zona austral, el freno a la obra pública, la derogación de la ley de alquileres, el desguace de la cultura y la educación pública, y la mercantilización del sistema de salud”, alertaron.
Por eso y “honrando y haciendo respetar la responsabilidad que tenemos ante el pueblo del sur de la Argentina profunda y las instituciones democráticas que están siendo atropelladas por el Poder Ejecutivo, es que esperamos contar con el rechazo unánime al inconstitucional decreto”.
Cuatro proyectos de comunicación impulsados por la santacruceña Ana María Ianni recibieron dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen este miércoles a cuatro proyectos de comunicación, a través de los cuales se le solicita al Poder Ejecutivo tener en cuenta una serie de pedidos de la región patagónica para se contemplen en el Presupuesto 2024, cuyo proyecto ya fue enviado a la Cámara baja, pero todavía no se ha debatido por el proceso electoral.
Todas las iniciativas fueron presentadas por la santacruceña Ana María Ianni (UC-FdT), quien explicó cada una de ellas. El primer proyecto solicita una partida destinada a un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos, específicamente los de Dorotea y Río Don Guillermo, cercanos a Río Turbio, donde se produce un fluido tránsito entre nuestro país y Chile.
Se trata de “poder seguir instalando y fortaleciendo los servicios que prestamos en la región patagónica”, dijo la oficialista y señaló que “muchas veces nuestros pasos fronterizos no cuentan con toda la infraestructura necesaria para que los organismos como Aduana, Migraciones, Gendarmería presten su labor como deben hacerlo, y ahí es donde llegan los reclamos”.
“Es para que se pueda cumplimentar con brindar el servicio básico, que a veces se trata de conexión de luz e internet para que ellos puedan trabajar y garantizar la atención al público que está migrando permanentemente entre nuestras comunidades”, agregó.
En segundo lugar, se despachó una iniciativa para incluir en el próximo Presupuesto la instalación de un depósito fiscal en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. “Es para mejorar la infraestructura y fomentar y propiciar un mayor desarrollo económico de la zona”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT).
En tanto, Ianni detalló que “la actividad minera es la actividad mayormente económica, junto también a la agro-ganadera” en esa zona y “es necesario poder contar con este requerimiento que nos hace llegar la comunidad”.
Luego se refirió a un proyecto de comunicación sobre la complementación económica a transportadores nacionales aéreos, con el objetivo de garantizar la conectividad de la región patagónica. Ianni recordó que en 1994 se puso en marcha un fondo “para fomentar que las líneas aéreas puedan puedan garantizar la conectividad, inclusive en aquellas rutas que no son rentables económicamente”.
Al destacar la importancia que tiene actualmente LADE (Líneas Aéreas del Estado) para esta zona, la senadora pidió que se pueda “compensar con una partida los costos que tienen cuando toman la decisión de llevar adelante rutas que quizás no son tan rentables económicamente, pero a nivel social son fundamentales”.
Al respecto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) sostuvo que “cuando hablamos de más obras y recursos, nosotros los del Norte también queremos ser considerados”. “En el tema de déficit de los vuelos, las provincias del Norte tenemos también muy poca periodicidad”, resaltó y pidió “trabajar en una ampliación de esos servicios, no solamente de LADE sino también de Aerolíneas Argentinas”. Como ejemplo, mencionó que en su provincia el aeropuerto en Sáenz Peña “está ocioso y no lo estamos aprovechando”.
El cuarto proyecto que se pasó a la firma fue el que solicita que se prorrogue la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, por el término de diez años, que vence en enero de 2025.
Durante la reunión, el fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) planteó que debe agilizarse “el trámite de esas cuatro fronteras que debemos atravesar para salir de nuestra provincia y viajar al norte”. “Es una necesidad contar con un corredor seguro entre Santa Cruz y Tierra del Fuego”, afirmó.
En el final, Zimmermann, vicepresidente de la comisión, pidió al oficialismo poder tratar el proyecto de ley sobre reconversión de los planes sociales, “sobre todo a partir de que ahora salió un decreto que es muy parecido al proyecto de ley que tenemos presentado”; y también la cuestión de los créditos UVA. “Yo sé que a usted (a Guerra), como a mí y muchos senadores es un tema que le interesa, que se sacó un dictamen con disidencias del oficialismo. Hagamos un esfuerzo para que en la próxima sesión sea un tema que se pueda tratar”, manifestó.
Abordaron temáticas vinculadas a la actividad económica y productiva del sector en la región.
Un grupo de legisladores nacionales participó de un encuentro con representantes de federaciones de empresarios y comerciantes patagónicos, adheridos a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde se abordaron temáticas vinculadas a la actividad económica y productiva del sector en la región.
“Este tipo de reuniones forman parte del concepto de federalismo que nos identifica. Porque tiene que ver con analizar cuestiones propias de una región en un marco comparativo con las demás. Como legisladores, debemos trabajar en leyes que promuevan la equidad entre todas las regiones de la Argentina, para el desarrollo económico del país”, comentó el senador pampeano oficialista Daniel Bensusán.
En el cónclave se analizaron los proyectos de ley de compensación; de promoción del hidrógeno; de reversión de Centrales hidroeléctricas de la Patagonia y se expuso sobre los problemas de la logística en la Patagonia.
Bensusán consideró que “los temas abordados y las posiciones analizadas en distintos estamentos son razonables, siempre pensando en aunar el esfuerzo del estado y del privado, para potenciar las posibilidades de producción y generación de nuevas fuentes de empleo”.
“Fue muy positivo que también se contemple el cuidado del ambiente, como patrimonio regional, al momento de evaluar estrategias de crecimiento y desarrollo”, añadió.
Por CAME estuvieron presentes varios de sus directivos, encabezados por el presidente Alfredo González y Jorge Ortiz Echagüe, vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Pampa. Éste último destacó que “esta es la tercera reunión que tenemos, luego de estar con los gobernadores y el Parlamento Patagónico. Estamos trabajando fuerte por la región”.
“Hubiéramos querido que vinieran todos los legisladores nacionales de la Patagonia, pero sabemos que no es fácil en estos momentos por los procesos electorales que se vienen. Queda el camino abierto y creemos que los legisladores se fueron conformes”, concluyó.
El encuentro se realizó en la sede porteña de CAME, y estuvieron presentes legisladores nacionales patagónicos de ambas cámaras legislativas del Congreso de la Nación. Al encuentro asistieron los senadores Daniel Bensusan, Daniel Kroneberger, Silvina García Larraburu y Nacho Torres y los diputados nacionales Martín Berhongaray, Pablo Cervi, Estela Hernández y Ana Clara Romero, entre otros.
A través de una iniciativa, el diputado de JxC estableció cuatro puntos donde le exige a la empresa concesionaria de crear corredor que acepte el peso como moneda de pago.
El diputado nacional Alberto Asseff (Pro – Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional para mejorar la fluidez en la circulación terrestre entre la provincia de Santa Cruz y la Isla Grande de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la cual se realiza únicamente a través del territorio chileno.
El diputado opositor estableció cuatro puntos y propuso la creación de un corredor de libre tránsito o servidumbre de paso entre los puestos fronterizos de San Sebastián y Monte Aymond; por las rutas que Chile determine, incluyendo el cruce marítimo en Primera Angostura del Estrecho de Magallanes; que favorecerá la circulación de los ciudadanos argentinos y residentes en el país que realicen el viaje de la Argentina insular a la Argentina continental y viceversa.
También, exigió la creación de un corredor de libre tránsito o servidumbre de paso entre los puestos fronterizos de San Sebastián y Puerto Navarino; por las rutas que Argentina determine, incluyendo el cruce marítimo de Ushuaia a Puerto Navarino en el Canal de Beagle; que favorecerá la circulación de los ciudadanos chilenos y residentes en el país vecino que realicen el viaje desde Chile continental e insular hacia la Isla Navarino y viceversa.
A su vez, en la iniciativa sostuvo que los vehículos que realicen cualquier otro recorrido distinto a los antes mencionados, continuarán con los controles habituales que determinen ambos países.
Finalmente, propuso que la empresa concesionaria “Transbordadora Austral Broom”, continúe aceptando el peso argentino como forma de pago, hasta que se efectivicen las propuestas referidas a los corredores libres. Atento que la misma informó -mediante un comunicado sobre las nuevas condiciones de pago- que dejará de recibir dicha moneda a partir del 16 de junio del corriente y por tiempo indeterminado.
2527-D-2023-Proyecto-de-Resolucion-Servidumbre-de-libre-paso-a-y-desde-Tierra-del-Fuego-para-terminar-con-los-tramites-que-dificultan-el-transito-entre-la-Argentina-contineLa senadora nacional rionegrina presentó un proyecto para reconocer a “quien fue el principal promotor del único camino une el litoral con la Cordillera de los Andes”.
La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para renombrar a la Ruta 23 como “Ruta Nacional presidente Néstor Kirchner”, y así reconocer a “quien fue el principal promotor del único camino que une el litoral atlántico con la Cordillera de los Andes por territorio rionegrino”.
La senadora recordó las palabras de Kirchner, cuando en 2004 en San Antonio Oeste anunció que se llevaría adelante el proyecto: “Yo sé cuántas veces les tocó a los patagónicos ser el patio trasero de la Argentina; eso era en el pasado, ésta Patagonia merece ser mirada definitivamente como una parte central del país”; y agregó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “se realizó gran parte de la pavimentación, que ahora está finalizando la gestión de Alberto Fernández, con el compromiso de todos los funcionarios y trabajadores de Vialidad Nacional”.
La Ruta atraviesa los departamentos de San Antonio Oeste, Valcheta, 9 de Julio, 25 de Mayo y Pilcaniyeu, enlazando las vidas de los rionegrinos que habitan la Línea Sur y su próxima finalización significará un crecimiento decisivo para la región más postergada de la provincia.
Al respecto manifestó: “Su concreción traerá una serie de beneficios relacionados con el incremento de la seguridad vial, las mejores condiciones de transitabilidad, una reducción de tiempos y costos de viajes, lo que permitirá una mejor comunicación de la región del alto valle de Río Negro con el extremo oeste de la provincia. También, se abrirá una puerta grande a Bariloche y al interior de Río Negro. En el primer caso por acercarlo al puerto frutero de San Antonio Oeste y proveer una vía alternativa a la RN 22, y en el caso del interior de la provincia, porque le dará una conexión rápida y previsible a una decena de poblaciones”.
“Desde el punto de vista del desarrollo regional, esta obra se encumbra como estratégica para la conexión bioceánica patagónica, formando parte de un proyecto amplio enfocado a conformar el Corredor Bioceánico Norpatagónico. Además, la finalización de esta ruta tendrá un impacto positivo en términos socioeconómicos y contribuirá a la incorporación de la provincia a esta mega región. De esta manera se agilizarán y potenciarán los circuitos productivos, la dinámica social se verá favorecida por el intercambio”, concluyó la senadora rionegrina.
Por Silvina García Larraburu. La senadora destacó la inauguración de la Planta de Proceso del Proyecto Acuícola y celebró que se logró “promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector con especial énfasis en las economías regionales”.
La inauguración de la Planta de Proceso del Proyecto Acuícola más importante de la Norpatagonia, refleja los objetivos que nos propusimos con la Ley Nacional de Acuicultura.
Durante mi mandato como diputada recibí una propuesta a fin de desarrollar un marco legal acuícola por parte de Lucas Maglio -entonces profesor de la universidad del Comahue- con el objetivo de consolidar la actividad en Argentina, puesto que la ausencia del mismo era una de las principales limitantes para su despegue definitivo. A partir de entonces, formamos un equipo de trabajo junto a la Asociación Argentina de Acuicultura, y la Secretaría de Pesca de la Nación, y en 2015 logramos aprobar la Ley.
Con la Ley establecimos un régimen de fomento y desarrollo para el crecimiento del sector acuícola; la aplicación de estímulos para el aumento de la producción; incentivamos la investigación y capacitación en la materia; creamos el registro nacional y estipulamos las normas de calidad, salubridad y sustentabilidad de la actividad.
Fue un avance muy importante, porque logramos promover el desarrollo socioeconómico, cultural y profesional de los actores del sector con especial énfasis en las economías regionales y sentamos los preceptos de la coordinación entre las esferas nacionales, provinciales y municipales. Sobre estas bases, el proyecto del grupo Mar Andino pudo desplegar su producción en la costa neuquina y rionegrina del embalse ubicado sobre las aguas del río Limay.
Al mismo tiempo, el impulso a la generación de valor agregado, brindó los incentivos necesarios para que avanzaran hacia el procesamiento de la materia prima.
Argentina necesita diversificar y federalizar su matriz productiva, para lo cual es fundamental que sigamos propiciando iniciativas que favorezcan la producción y generación de empleo en origen.
Por Débora De Monte, exsubsecretaria de Ambiente municipal de Puerto Deseado. La autora explora el caso testigo de las pesqueras patagónicas.
La Argentina esta adherida a tratados Internacionales para el Desarrollo Sustentable. Tanto la constitución Nacional, como la Ley General del Ambiente, las leyes provinciales y ordenanzas municipales, fueron creadas con el espíritu de proteger el ambiente, entendiendo que las personas y el entorno natural formamos parte de un todo, este marco legal es una herramienta administrativa que persigue el objetivo de que las actividades productivas, como la pesca, se realicen de manera armónica con la naturaleza , a lo largo de los años se han legislado normas de control para que los procesos se lleven a cabo respetando la vida en todas sus formas. Es por ello que se establecieron las condiciones para que las industrias gestionen sus residuos antes de arrojarlos al medio natural. Existe evidencia que en Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia, las empresas pesqueras de capitales extranjeros se oponen a lo que es básico, fundamental y humano, volcando sobre el ambiente costero sus aguas residuales sin tratar adecuadamente. La actitud de estos grupos empresariales que actúan fuera de las normas ambientales, carece de ética y son faltos de compasión hacia la vida, poniendo en riesgo el bien jurídico protegido por las leyes de presupuestos mínimos de nuestra nación. Si la situación continua el resultado es: impunidad ante la contaminación del medio ambiente, no respeto al ecosistema y la afectación del derecho de todos a vivir en un ambiente saludable.
La industria pesquera es uno de los motores económicos principales de los municipios costeros de la Patagonia, esta actividad se desarrolla en regiones que poseen una riqueza en términos de biodiversidad y una belleza escénica únicas en el mundo. Por ello es necesario y urgente que coexista la producción y la protección del ambiente, poniendo fin a la afectación por el vuelco de aguas residuales del proceso del langostino, merluza, calamar y centolla que se extraen del mar argentino, procesan en tierra y comercializan mundialmente.
La persistencia de los volcados contaminantes por parte de la industria pesquera en las ciudades patagónicas de las provincias de Chubut y Santa Cruz, motivo la presentación de 2 denuncias penales. En las mismas se denuncia la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente, por parte de las empresas pesqueras, que en vez de tratar sus residuos y para ahorrar dinero, proceden a volcar ilegalmente los mismos. En el caso de Comodoro Rivadavia al mar, más precisamente, en la zona costera. En Puerto Deseado, directamente, sobre la playa y Ria de dicha localidad.
Hubo dos situaciones que despertaron reacciones e hicieron salir a la luz pública, el daño ambiental de la región.
Por un lado, la laguna del Corfo ubicada en la chubutense ciudad de Trelew, apareció con sus aguas teñidas de rosa y a pesar de lo que los funcionarios dijeron que ese color “desaparecería en pocas semanas”, pasados varios meses la situación se agravó y no solo el color rosado no desapareció, sino que ahora la laguna, presenta un color directamente morado. Por otro lado, la advertencia de ambientalistas de Puerto Deseado que encendieron las alarmas ambientales, ante el peligro de las colonias de pingüinos Magallanes y Penacho Amarillo, por el altísimo nivel de afectación de la Ria de Deseado, lugar en la que las pesqueras realizan sus vuelos ilegales.
Esas situaciones han sido la antesala de las denuncias judiciales. Las empresas pesqueras apuntadas en las presentaciones son:
Argenova SA (Grupo Pescanova), Arbumasa SA, Pesquera Santa Cruz SA, Empesur SA, Pesquera Deseado SA, Viera Argentina SA, Explotación Pesquera de la Patagonia SA (Grupo Veraz), Cooperativa de Vivienda y Trabajo el Mar Azul Ltda. Además, se señala la presunta responsabilidad de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos dependiente del Consejo Agrario, la secretaria de Estado de Ambiente de Santa Cruz y el Municipio de Puerto Deseado (Subsecretaria de Ambiente).
Una de las denuncias se presentó ante la (UFIMA), Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y en este caso, es un vecino de Puerto Deseado, el Denunciante. En el otro caso, la denuncia fue presentada en Comodoro Rivadavia ante la justicia provincial y surge a raíz de las intervenciones y sanciones por incumplimiento a la ley ambiental, aplicada oportunamente por el Ministerio de Medio Ambiente provincial, a las empresas pesqueras.
Ambas presentaciones son para que se investigue el posible delito de daño ambiental y en ambos casos, por la incorrecta gestión y volcado indebido de efluentes a un cuerpo liquido receptor.
Para el caso de Puerto Deseado la denuncia ofrece como prueba los resultados del análisis de muestras tomadas de los vertidos hacia la Ria Deseado realizados por un laboratorio y de la cual surge que existe un exceso de materia orgánica, grasas y aceites y otros componentes con valores de concentración fuera de los límites que permite la Ley.
Profesionales en ciencias ambientales de Puerto Deseado, vienen advirtiendo esta situación para el caso de la Ria de Puerto Deseado la misma, presenta una tonalidad en el agua anaranjada y según la presentación “los resultados de los análisis de laboratorio, que se realizaron sobre las muestras de los efluentes industriales pesqueros, que se vuelcan en el agua y la costa de la Ria superan los límites permisibles establecidos en la norma de los siguientes parámetros:, DBO5 (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), grasas-aceites, solidos sedimentables y nutrientes además las muestras analizadas arrojaron valores alarmantes de bacterias coliformes, lo que resultan una prueba química irrefutable que habla del estado de afectación del agua y resulta gravoso para el equilibrio del ecosistema del lugar”, se supo que se sostiene la presentación.
Las consecuencias que derivan de esta situación “se traducen en posibles infecciones por microorganismos patógenos, modificación de la vida acuática por disminución del oxígeno disuelto, generación de olores desagradables y alteraciones estéticas por la presencia de espumas, turbidez y color en el cuerpo de agua receptor de los efluentes”, se conoció que dice la denuncia.
La afectación de la Ria por el volcado ilegal de las empresas pesqueras que buscan evitar el costo (bajísimo) del tratamiento de sus residuos, tal como lo exige la ley es tal que según trascendió en el mes de Agosto, la Secretaria de Estado de Ambiente de Santa Cruz junto con la Subsecretaría de ambiente Municipal fiscalizo la tareas de muestreo de efluentes en las plantas pesqueras de dicha localidad, obteniendo resultados que evidencian la inexistencia y/o deficiencia de tratamiento del agua residual producida en los establecimientos en incumplimiento a lo que obliga la ley.
Respecto al volcado sobre la Ria Deseado, desde el municipio y la provincia justifican su inacción por cuestiones de jurisdicción, debido a que existe también responsabilidad en el control de Recursos Hídricos de la Provincia, quienes permiten que se continue con esta conducta delictiva, es importante mencionar que estas empresas explotan los recursos naturales de la región hace ya más de 30 años.
La iniciativa de la legisladora Silvina García Larraburu se trató sobre tablas y se aprobó por unanimidad. Busca declarar zona de desastre y emergencia forestal, economía y social a las provincias que tienen focos de fuego activos.
Tras la aprobación de la ley de Bienes Personales, la Cámara de Senadores trató sobre tablas y aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) que propone declarar zona de desastre, emergencia forestal, económica, social y productiva a las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén que presentan focos de incendio.
“Es la declaración de zona de desastre, emergencia forestal, económica y productiva y social a las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén por un plazo de 180 días prorrogables si la situación continúa, ojalá que no, y con la posibilidad de hacerlo extensible a otras provincias”, explicó la legisladora oficialista.
En ese sentido, explicó que “la propuesta es poder constituir un fondo especial y acciones de asistencia a los damnificados, la reconstrucción de las economías afectadas en esa difícil situación, la distribución se hará entre Nación, provincias y municipios y también otro artículo es que a partir del 1ro de 2022 el Poder Ejecutivo pueda repartir automáticamente fondos del tesoro a las provincias cada vez que la autoridad de aplicación de la normativa lo amerite”.
Tras lo cual, la senadora del FdT relató que “la tormenta que inició los incendios fue seca que provocó un rayo en una zona inhóspita que por las condiciones climáticas hizo que se despertara el fuego y lamentó que no se han tenido lluvias y temperaturas muy elevadas”.
El proyecto plantea: “Declarar zona de desastre, emergencia forestal, económica y productiva y social por el término de 180 días plazo que podrá ser prorrogado por igual lapso por parte del Poder Ejecutivo a las provincias que se encuentran afectadas por incendios forestales acaecidos en el mes de diciembre del 2021 y posibles incendios que acontezcan en los meses de verano 2022. Facúltese al Poder Ejecutivo para que pueda extender sobre otras zonas afectadas por incendios no incluidas en el anexo. El Poder Ejecutivo constituirá en un plazo no mayor a 15 días un fondo especial para hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas que serán destruidos de acuerdo a objetivos y prioridades que se fijen en coordinación con las provincias y municipios afectados”.
Por consiguiente, el presidente del bloque del FdT José Mayans adelantó el acompañamiento del espacio al proyecto y fue votado por unanimidad.
Para el diputado de JxC el Gobierno “o es cómplice de una situación de desestabilización social y falta de normalidad en la vida cotidiana en la Patagonia norte”.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff hizo un balance sobre los sucesos ocurridos en la Patagonia durante este año y cerró con una reflexión sobre el incendio al diario El Chubut, durante las protestas callejeras contra la actividad minera.
Al respecto de lo que viene ocurriendo desde el inicio del conflicto con la RAM Asseff dijo que “el Gobierno es cómplice de una situación de desestabilización social y falta de normalidad en la vida cotidiana en la Patagonia norte, donde se ha puesto en cuestión -literalmente- el derecho de propiedad”. En diálogo con el periodista Marcelo Orlando, por ECO Medios AM 1220, lamentó que “habitantes que viven allí desde hace 120 o 150 años ahora sufren una situación irregular y no son defendidos por el gobierno nacional”.
El titular del partido UNIR continuó diciendo que dicha situación ocurre porque “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas está dirigido por (la exsenadora nacional) Magdalena Odarda, que hace unos cuatro o cinco años atrás dijo literalmente que ‘teniendo tanto territorio nuestro país, ¿que costaba darles soberanía a los mapuches?’. Esto significaría crear un estado soberano dentro de la soberanía de nuestro país; una locura que no ocurre en ningún lugar del planeta. Odarda alienta un proceso ostensiblemente separatista de un grupo minoritario que nada tiene que ver con la población originaria que convive pacíficamente con el resto de la población. Por eso la denuncié frente a la Justicia Federal, por instigar al delito. Denuncia que está en curso”.
Y concluyó advirtiendo que “han sufrido usurpaciones los parques nacionales, además de otros terrenos que son del interés común para todos los argentinos. Las usurpaciones no son sólo sobre la propiedad privada, sino sobre bienes de todos los argentinos. Por eso es que es algo que debe preocuparnos a todos. No sólo a un grupo de propietarios”.
Juntos por el Cambio hace diferencia en una región que habitualmente le ha sido hostil y donde el Frente de Todos arrasó en 2019.
Cuando le ha ido bien, la clave del éxito electoral de la principal oposición siempre ha estado en los principales centros urbanos. Es allí donde anida el núcleo que le ha permitido ganar elecciones, o mejorarlas aun cuando ha perdido. Como en 2019. De ahí “la camiseta de Boca” que refleja el mapa electoral con los resultados que muestra a Juntos por el Cambio vencedor en la franja central del país.
No es el caso de lo que sucedió en las recientes PASO, cuando JxC dio la sorpresa venciendo en 17 distritos. Pero nunca ha sido lo habitual, ni cuando Cambiemos ganó las elecciones intermedias en 2017, ni mucho menos cuando Mauricio Macri se consagró presidente. Recordemos que la primera vuelta la ganó Daniel Scioli y el líder de Cambiemos se impuso recién en el balotaje.
El norte es del peronismo, con excepciones puntuales como Jujuy, donde Gerardo Morales se hizo fuerte y dio la nota ganando en 2015, repitiendo en 2019. No a nivel nacional, pues en las últimas presidenciales allí se impuso con amplitud la fórmula del Frente de Todos. Pero habrá que decir que los extremos son del peronismo, pues en los últimos años también le va más que bien en el sur argentino al peronismo. Y bastante mal a lo que hoy es Juntos por el Cambio. No era algo que le quitara el sueño a la principal oposición, habida cuenta de que desde la reforma constitucional que eliminó el Colegio Electoral, los presidentes se eligen en el conurbano bonaerense, y la Patagonia no es en su sumatoria más influyente que un municipio populoso del AMBA.
Así y todo, a nivel legislativo esa región no debe ser soslayada en su conjunto. Por un lado, porque todo suma; pero más que nada por el peso legislativo de la región. Si bien al tratarse de provincias no muy habitadas, todas cuentan con representación mínima -5 diputados-, hacer diferencia allí es clave, sobre todo cuando los números están tan finos en la Cámara baja.
Estamos hablando de 12 o 13 diputados que se ponen alternativamente en disputa en la Patagonia en cada elección. En estas elecciones el Frente de Todos expone 5, Juntos por el Cambio otros tantos, y los partidos provinciales 2 (Alma Sapag, del MPN y Antonio Carambia, que entró por Cambiemos y hoy tiene un monobloque y no renueva). Números muy parejos, que corresponden a una elección que Cambiemos ganó a nivel nacional hace cuatro años y en la que no le fue tan mal en la Patagonia, ganando incluso en Santa Cruz, donde hizo una diferencia (2-1) que luego perdió al alejarse un diputado propio después de la derrota de 2019.
En cambio en 2019 el Frente de Todos arrasó en la Patagonia. Tan es así que de los 12 diputados en disputa se alzó entonces con 9. En esa oportunidad la entonces oposición se impuso en todas las provincias patagónicas, pero solo dividió diputados en Neuquén. 2-1 fue el resultado en Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, y 2-0 en Santa Cruz.
Los números de esa elección son bien elocuentes.
FdT: 47,75%
JxC: 37,31%
FdT: 57,23%
JxC: 28,58%
FdT: 52,42%
JxC: 29,35%
FdT: 59,77%
JxC: 28,24%
FdT: 56,93%
JxC: 26,09%
Las perspectivas de este año son bien distintas, según surge del resultado de las PASO. Veamos cómo fueron los porcentajes el 12 de septiembre pasado:
JxC: 18,16%
FdT: 15,45%
JxC: 27,09%
FdT: 25%
JxC: 39,5%
FdT: 26,65%
JxC: 38,60%
FdT: 26,46%
JxC: 36,45%
FdT: 32,96%
De esta manera, en caso de repetirse los resultados de las PASO el 14 de noviembre, al Frente de Todos le iría aun peor que a Juntos por el Cambio en 2019. Es que obtendría apenas 3 diputados (no sacaría ninguno en Río Negro), mientras que Juntos por el Cambio se alzaría con 6. Los tres restantes corresponderían a partidos provinciales: 2 del MPN y uno de Juntos Somos Río Negro. Ergo, en la Patagonia el oficialismo terminaría con 2 diputados menos que los 5 que expone, mientras que Juntos por el Cambio sacaría uno más. Un resultado en el que una cuota parte de razón podrá adjudicársela al conflicto mapuche, o más precisamente a la actitud del Gobierno nacional ante el mismo.
| 2017 | 2019 | 2021* | |
| Neuquén | |||
| Frente de Todos | 1 | 1 | 0 |
| Juntos por el Cambio | 1 | 1 | 1 |
| MPN | 1 | 2 | |
| xxx | |||
| Río Negro | |||
| Frente de Todos | 1 | 2 | 0 |
| Juntos por el Cambio | 1 | 1 | 1 |
| Juntos Somos Río Negro | 1 | ||
| xxx | |||
| Chubut | |||
| Frente de Todos | 1 | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio | 1 | 1 | 1 |
| xxx | |||
| Santa Cruz | |||
| Frente de Todos | 1 | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio | 1 | 0 | 2 |
| Otros | 1 | ||
| xxx | |||
| Tierra del Fuego | |||
| Frente de Todos | 1 | 2 | 1 |
| Juntos por el Cambio | 1 | 1 | 1 |
| xxx | |||
| TOTAL | 12 | 13 | 12 |
| xxx | |||
| Frente de Todos | 5 | 9 | 3 |
| Juntos por el Cambio | 5 | 4 | 6 |
| Otros | 2 | 0 | 3 |
*Elecciones PASO
De forma inesperada, la situación en la Patagonia por las acciones realizadas por organizaciones mapuches signaron un debate que levantó la temperatura de una sesión tranquila en el Senado. Se aprobó la ley y pasó a Diputados. JxC votó en contra y se abstuvo.
El Senado aprobó este jueves por 43 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, al cabo de un debate que se extendió alrededor de dos horas. Antes de votar, la senadora salteña Nora Giménez (Frente de Todos) leyó las modificaciones aplicadas en el texto y se reabrió por unos minutos la discusión que concluyó en buenos términos.
Pasadas las 17 había arrancado el tratamiento del proyecto, en el marco de un contexto cordial y sin chicanas políticas ni cruces por lo que la segunda sesión ordinaria en forma presencial avanzaba con tranquilidad.
Juntos por el Cambio propuso poner en el artículo 2 una fecha límite para tomar en el censo de población comunitaria originaria y ese punto máximo era el año de sanción de la ley: 2006.
La justificación de la bancada opositora fue que “así se evitaría que nuevas comunidades reclamen tierras”.
A este planteo, Giménez sostuvo que “el decreto reglamentario es bien claro sobre qué comunidad abarca y cómo es el procedimiento para que sean considerado como pueblo originario con una personería jurídica”.
Para avalar esta postura desde el derecho constitucional, el senador chubutense Juan Mario País explicó que “no se puede poner una fecha límite porque desde la Constitución nacional se los protege como un derecho ancestral preexistente y, por más que uno le ponga un límite para manifestarse como población originaria, cuando estos lo hagan están en su derecho siempre y cuando cumplan con todos los requisitos para serlo”.
Ante esta negativa de no incorporar una fecha límite, varios senadores de la oposición votaron en contra y otros se abstuvieron.
Tras el informe brindado por la salteña Giménez, que propone una nueva prórroga de la ley 26.160 aprobada en 2006, y la intervención del senador chaqueño Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio) que propuso cambios que fueron recibidos por el oficialismo con la promesa de analizar los cambios propuestos, llegó el turno del cordobés Ernesto Martínez (JxC), quien incendió el debate.
En su discurso, Martínez aseguró: “No puedo continuar con prórrogas porque no solo se trata de cuestiones administraciones que se demoran desde el 2006. Esto no puede ser así porque ante el desafío de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), votar esta prórroga es un suicidio institucional para nuestro país”.
“Hay que excluir a Río Negro, Neuquén y Chubut y capaz que lo podría votar favorablemente, pero así voto negativamente porque ya la voté en 2013 y 2017 y siempre escuché el mismo argumento: esta vez es la última y se terminará de censar para saber quienes son los pueblos originarios y que tierras ocupan y no sigan apareciendo nuevas organizaciones que se proclaman como originaria como pasa en la Patagonia que pretenden poseer tierras”.
“No hay que seguir dando excusas a la organización RAM para que prosiga con su accionar terrorista”, agregó.
En esa línea, dijo que el Senado se agacha frente al jefe de la RAM -Jonas Huala-. El Senado se asusta para terminar de una buena vez la prórroga de la ley 26.160”.
“La RAM dice que no es ni miedosa ni tibia y la institución de la república actúa de un modo miedoso y parecería que la favorece”.
En ese momento, el jefe de bloque del oficialismo, José Mayans, lo interrumpió diciendo que “no tiene nada que ver”.
Y Martínez respondió: “Cómo que no tiene nada que ver. Con esta ley, la RAM dirá que no puede ser desalojado de todos los terrenos que ha tomado en los últimos tiempos. Tiene que ver porque con el artículo 2 los jueces no van a poder actuar respecto a las acciones que vienen haciendo los terroristas”, agregó.
“Entonces -continúo- el Estado nacional retrocede en la defensa del territorio asustado por un grupo de disfrazados”.
En una de sus propuestas, el senador cordobés planteó la posibilidad de “excluir a esa región de esta prórroga”.
Por último, Martínez consideró que “La RAM humilla al Senado llamándonos ‘Senado de la Nación colonial huinca’ y, a pesar de eso, el Senado vota normas que favorecen a los que siembran el terror en la Patagonia. Voy a votar negativamente”.
Al cruce de Martínez salió el oficialista chubutense Alfredo Luenzo, siguiente orador en el debate, quien acusó al cordobés de hablar “desde el desconocimiento”. “Podemos invitarlo a que nos visite en la comunidad andina”, le dijo, y mencionó que Orlando Carriqueo, referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, “ha condenado y repudiado todos estos hechos”.
“Pero además del desconocimiento es más grave aún, en este recinto, emplear la palabra terrorismo, subversivo, conceptos muy caros para la historia argentina. Y se vuelven a reeditar en una necesidad que tiene la derecha de encontrar un enemigo interno, como ya lo encontró el gobierno anterior” con los casos de “Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, enfatizó.
En ese sentido, el chubutense rechazó que “permanentemente agitan la invasión del indio en la Patagonia, la apropiación de extensos territorios que le pertenecen al pueblo argentino. El problema no pasa por las comunidades aborígenes, que están organizadas, perfectamente integradas. Hay un grupo muy reducido que comete delitos, que son delincuentes, y la respuesta no la tendría que dar el poder político, sino la Justicia, investigando y metiendo presos a quienes son responsables”.
“Bajo ningún punto de vista esta prórroga implica darle consentimiento a grupos minúsculos, que no sabemos su origen, que no representan a las comunidades”, remarcó el senador del Frente de Todos, que afirmó conocer a “las comunidades, cómo se comportan y cómo están integradas, familias de pueblos originarios que se han constituido a partir de distintas corrientes inmigratorias, como la familia de Jones Huala”.
Visiblemente molesto por el discurso de Martínez, Luenzo repudió los “discursos que en un marco electoral vienen muy bien” y consideró que es “curioso, raro, extraño” que “ni una sola cámara” haya podido registrar al responsable del incendio en el Club Andino. “Parece que algunos les viene muy bien el discurso de la RAM, les calza muy bien”, insistió.
En referencia a las palabras de Juan Carlos Romero -al comienzo de la sesión- expresó: “Sendero Luminoso está terminado hace décadas”. Desde su banca, el salteño le respondió a los gritos, y el oficialista le reclamó: “¡Traiga una prueba, traiga una prueba de que hay una organización terrorista internacional alimentando al RAM en Argentina!”.
“Esta ley es una reparación histórica”, sostuvo el chubutense y lamentó que “al meter este debate” lo único que se hace es “demonizar al pueblo mapuche”.
En tanto, la senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado manifestó: “Los argentinos están sufriendo un ultraje de bienes en el sur de la Patagonia debido a una falsa y mala aplicación que nació conun buen sentido que es proteger derechos ancestrales pero hace 2 años que esta norma se convirtió en un escudo de protección para comert ultrajes y que la justicia no pueda actuar”.
En un mensaje directo a la bancada del FdT, fustigó: “Al menos voten los cambios por lo votos del 14 de noviembre porque sino van a tener muchos votos en contra porque ustedes al no acotar esta prórroga estar permitiendo que se produzcan usurpaciones, desalojos y tomas de las propiedades privadas en el sur y a raíz de esto la justicia no puede actuar”.
La mirada del FdT
El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la iniciativa y afirmó que la norma implica “un reconocimiento y una reparación a los comunidades originarias”.
También, indicó que “con la implementación de esta ley, ya tenemos reconocidas treinta y dos pueblos indígenas, divididos en 1600 comunidades y hubo un reconocimiento de casi seis millones de hectáreas”, al reseñar los efectos positivos de la normativa en cuanto al relevamiento de las comunidades originarias existentes y las tierras que ocupan.
Al mismo tiempo, repudió los episodios de violencia y quema de instalaciones que se vienen registrando en la Patagonia. Y aclaró: “No compartimos para nada la acción violenta. Pero no podemos echarle la culpa a todas las comunidades aborígenes de esos hechos aislados”.
De esa manera, salió al cruce de los intentos de algunos senadores de oposición de infiltrar en el debate parlamentario los sucesos referidos, cuyos autores todavía no fueron identificados por las respectivas policías provinciales.
“Esta ley es una reparación, como se dijo en el recinto. Todos sabemos lo que hizo el colonialismo. Desde la llegada de Colón, en cien años, hicieron desaparecer el 80 por ciento de las comunidades originarias, fue un verdadero genocidio”, remarcó el formoseño y cuestionó la vieja mirada que instala la idea de civilización o barbarie y sus consecuencias históricas.
Al hacer un recuento histórico, recordó que “en la Constitución del 49, Perón reconoce a las comunidades como parte de la Argentina, que hasta ese momento eran invisibles”. Por eso defendió la ratificación de la prórroga porque entendió que se trata de una decisión “plena justicia” y tiene que ver “con darle a cada uno lo que corresponde”, señaló.
El candidato a diputado nacional por Cambia Neuquén, Pablo Cervi, se refirió a la respuesta del Gobierno tras las violentos incidentes ocurridos en los últimos días en la zona cordillerana.
“Están sin rumbo”, fue la conclusión del candidato a diputado nacional por Cambia Neuquén, Pablo Cervi, luego de referirse a la manera en que el Gobierno afrontó los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en la zona cordillerana: “Primero dicen que no van a intervenir, luego mandan a la Gendarmería. Eso es como apretar el freno y el acelerador al mismo tiempo”, resumió el dirigente.
También se expresó ante las sospechas lanzadas por candidatos del Frente de Todos, respecto de un “golpe blando” que estaría planeando la oposición: “Se quiere victimizar porque se ven venir otro fuerte revés en las urnas”, señaló Cervi.
Recordó que “en Neuquén también tenemos hechos violentos con frecuencia de estas agrupaciones, como el que ocurrió en el lago Los Barreales, cuando atacaron a una familia, apuñalaron a un hombre, y la fiscalía determinó que todo ocurrió en un espacio público”.
“Son personas que no respetan la ley, ni la propiedad”, aseguró, y consideró que “si alguien tiene un reclamo, no lo puede hacer por mano propia, porque eso genera más violencia”.
Sobre el rol del Gobierno nacional, advirtió que “se desentiende y dice que es un problema de las provincias, y eso genera una sensación de indefensión en la sociedad. En vez de contener la situación, anuncian que no van a intervenir”.
“Pero, por otro lado –añadió-, mandan a Gendarmería. Están pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Deberían ser más responsables, porque en el medio está la sociedad”.
Consultado por el supuesto “golpe blando”, que se estaría gestando según candidatos del FDT, Cervi expresó que “se quieren victimizar, porque se ven venir otro fuerte revés en las urnas”. En relación al tema, acotó que “el último golpe institucional lo provocó la Vicepresidenta Cristina Fernández, cuando hizo renunciar a buena parte del gabinete del Presidente. Y en ese momento nuestra señal fue clara: actuamos con prudencia y cautela ante esa crisis política que ellos mismos generaron”.
Varios legisladores de Juntos por el Cambio propusieron tratar una serie de apartamientos de reglamento para reclamar explicaciones o el accionar de funcionarios frente a los sucesos que se viven en el sur.
Previsiblemente el conflicto que se vive en la Patagonia con representantes mapuches impactó en la sesión de este martes de la Cámara de Diputados. Fue a la hora del apartamiento de los reglamentos, que previsiblemente no prosperaron para su abordaje posterior en el recinto.
El primer diputado en tratar de abordar el tema fue el diputado radical Gustavo Menna, quien pidió tratar la situación que se vive en la zona cordillerana patagónica, Río Negro, Chubut y Neuquén, “por la actuación de grupos violentos que están intimidando a la población, atacando y usurpando propiedad pública, propiedad privada, Parques nacionales”, con hechos violentos como ataques incendiarios y amenazas a la autoridad pública.
“Y vemos la pasividad, la indiferencia, de las autoridades nacionales, que ha llegado al extremo del embajador argentino en Chile que ha comparecido ante la justicia chilena para abogar por la liberación de un condenado vinculado a este grupo, Facundo Jones Huala”, como así también lo que calificó como “la insólita e inaceptable la respuesta al pedido que hizo con mucha valentía la gobernadora de Río Negro Arabela Carrera, pidiendo el envío de fuerzas federales”.
Pero Menna fue más lejos al cuestionar la respuesta que el presidente Alberto Fernández le dio a la gobernadora, al afirmar que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales, ni brindar mayor seguridad a la región… Parece una broma de mal gusto que el Gobierno nacional decline su obligación, su deber de brindar ayuda en la zona”. Menna cuestionó la “desprotección, abandono, y cuando no complicidad, porque además han participado funcionarios nacionales dando apoyo a estos grupos”.
Además, el legislador radical sostuvo que la Ley de Seguridad Interior obliga a la intervención de las fuerzas federales en estos casos”. Y agregó: “Para casos como este la ley contempla en su artículo 13 que debe ser convocado el Comité de crisis, por eso estamos exhortando a que el ministro de Seguridad, a través del Consejo de Seguridad, convoque al comité de crisis y cumplan con la ley. Dejen de mirar para un costado, abandonando a la Patagonia, cumplan con la ley, defiendan a los productores, a los vecinos de la Patagonia, a nuestro país. Y cumplan con lo que manda la ley”.
En el mismo sentido se expresó a continuación el radical mendocino Luis Petri, quien alertó sobre el carácter “dramático” de la situación en la Patagonia argentina, aunque a continuación aclaró que no lo es menos que la que se vive en el Conurbano bonaerense o en Rosario, respecto de la violencia que se vive allí. Advirtió entonces que “la negativa a desplazar fuerzas federales no es nueva, ya la sufrió el gobernador (Omar) Perotti cuando asediado por el narcotráfico y el incremento de los homicidios, reclamó a la exministra Sabina Frederic el envío de fuerzas federales, y hoy lo vuelve a vivir la gobernadora de Río Negro ante los actos de terrorismo de comunidades seudomapuches”.
“Aquí tenemos que ser claros: no solamente en la Patagonia se viven actos de terrorismo que están condenados en nuestro Código Penal”, agregó, remarcando que “la Ley de Seguridad Interior es clara y el Gobierno nacional y el presidente pareciera que la desconoce, porque establece que cuando existe un peligro colectivo y ante el pedido expreso de un gobernador, las fuerzas federales se tienen que hacer presentes”.
Así las cosas, Petri consideró “imprescindible” que se constituya el comité de crisis y que el Gobierno nacional “declare la emergencia en seguridad”.
A continuación, su comprovinciana Jimena Latorre pidió tratar un pedido de informe suyo y de su correligionario Alfredo Cornejo para que el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, informe acerca de las causas e instrucciones a los funcionarios de Parques Nacionales para intervenir en la causa de la usurpación de tierras en Lago Mascardi.
Latorre consideró de “gravedad institucional” la actitud de Zannini, como así también las instrucciones dadas a otros funcionarios públicos “para que también omitan las obligaciones que les caben”.
Sobre el tema también se pronunció el diputado del Pro Jorge Enríquez, quien pidió un apartamiento del reglamento para que concurra al recinto el canciller Santiago Cafiero “para dar explicaciones acerca de la intervención malhadada que tuvo el embajador en Chile, Rafael Bielsa”, en defensa de Facundo Jones Huala. El legislador recordó que el embajador bien podía haber enviado a otra persona en su lugar, pero lo hizo personalmente como “un claro ejemplo de manifestar el apoyo de la República Argentina hacia quienes están asolando la zona de la cordillera, Río Negro y Chubut”.
“Es muy grave la situación que está sucediendo, son realmente severos los hechos y requieren que el ministro concurra a este recinto, porque ya estamos cansados de recurrir a la vía judicial”, agregó.
Como tantas veces se hizo referencia a la situación rionegrina sin que él interviniera, en un momento dado se le dio la palabra a Luis Di Giácomo, representante de Juntos Somos Río Negro, el partido gobernante en esa provincia. Y el legislador la emprendió contra el oficialismo y la principal oposición.
A ambos sectores les atribuyó estar “utilizando electoral y vergonzosamente este tema que nos aflige” y por eso justificó su decisión de mantenerse al margen de esa discusión. “Llamamos a las partes y esperemos que después del 15 (de noviembre) se pueda empezar a discutir con seriedad este tema”.
Cuando concluyeron los apartamientos de reglamento, y si bien se había establecido por votación dejar las cuestiones de privilegio para el final, la radical rionegrina Lorena Matzen intervino para pedir una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación por lo que consideró un “agravio” al contestarle de la manera que lo hizo a la gobernadora de su provincia. “Está incumpliendo con la Ley de Seguridad Interior y la verdad que está incumpliendo con sus deberes de funcionario público”, agregó.
Matzen recordó que ya varias veces ella había alertado sobre lo que estaba sucediendo en Río Negro, Chubut y Neuquén no había sido escuchada. Y aclaró que no estaba de acuerdo con su comprovinciano Di Giacomo en cuanto a esperar a que pasaran las elecciones para analizar el tema, pues “está en vilo la seguridad e integridad de los rionegrinos y sus propiedades”.
Advirtió que “gendarmes no es lo único que necesitamos”, y reclamó “un gobierno condenatorio contra las seudocomunidades mapuches que se arrogan derechos supuestamente ancestrales”.
Y tras remarcar que “los vecinos de mi provincia y la Patagonia están en riesgo, en peligro, y creo que este Congreso debe tomar cartas en el asunto”, reclamó al presidente tomar cartas en el asunto y pedirle la renuncia a su ministro de Seguridad, a la titular del INAI.
Con pocos habitantes pero cuantitativamente valiosa para el futuro Parlamento, la Patagonia es un área electoral clave y donde el Frente de Todos perdió en las PASO. Ahora todas las medidas para revertir el resultado en esa región caen en saco roto por su postura ante el conflicto mapuche, que además mira todo el país.
Por José Angel Di Mauro
Por primera vez en el año se reunía la Comisión de Cultura de la Cámara baja. De manera presencial, como vuelve a funcionar Diputados 19 meses después. Todos los proyectos en consideración eran consensuados y la reunión pretendía ser un mero trámite. En ese marco Carolina Moisés expuso sobre su proyecto para crear en su provincia, Jujuy, el Museo Nacional de la Independencia Argentina. La diputada del Frente de Todos detalló entusiasmada las características de la iniciativa, hasta que su par radical Josefina Mendoza pidió la vuelta del proyecto a asesores. Aclaró que la oposición estaba de acuerdo con la iniciativa, pero consideraban que había aspectos de la redacción que debían ser corregidos. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, se sumó a las observaciones, entre ellas, que se mencionara solo vagamente el lugar donde se instalaría el museo: la Quebrada de Humahuaca.
Desde el Frente de Todos, la diputada Claudia Bernazza objetó la postura de la oposición, pero luego expresó la disposición del bloque a acceder al pedido, con el compromiso de ponerle fecha a su aprobación posterior, y solo en el caso de que Moisés, vicepresidenta de la comisión, diera su conformidad. Esta se mostró molesta por la actitud de la oposición, pero terminó accediendo.
Este tema menor, que pasó desapercibido en medio de tantas complejidades que vive el país, merece ser destacado por ser absolutamente inusual. El oficialismo no suele dar marcha atrás con las iniciativas que impulsa, ni tampoco aceptar modificaciones. Muchos comienzan a preguntarse si hay un cambio de clima que está anticipándose al recambio legislativo que, según presagian las PASO, pondría al Frente de Todos en inferioridad de condiciones, al menos en Diputados.
Ese tipo de gestos oficialistas debe enmarcarse en el mensaje que lanzó hace una semana el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, al proponerle a la oposición -junto a empresarios y trabajadores- un acuerdo para después del 14 de noviembre, cualquiera sea el resultado. A unos 20 días de una elección donde es banca, la oposición se apresuró a tomar distancia de cualquier diálogo con un gobierno con el que no quiere cogestionar en los próximos dos años. Pero de cara a 2023 debe dar señales de responsabilidad y se sentará a conversar, con condiciones: no irá a la Casa de Gobierno, el diálogo deberá circunscribirse al Parlamento; y sobre temas acotados, no tan amplios como el decálogo que propuso Massa. Los gestos que Juntos por el Cambio está dispuesto a dar son los que ya anticipó y tienen que ver con el Presupuesto 2022 y la negociación con el FMI.
Por lo demás, la principal oposición se limita a no abonar un clima triunfalista que puede jugarle en contra en las elecciones generales; así es que le dan crédito a las encuestas que muestran al oficialismo recuperando posiciones en la provincia de Buenos Aires y hasta ellos mismos las difunden. La estrategia de la principal oposición es simple: evitar que su electorado baje la guardia; preparar una buena fiscalización; acompañar con sus principales figuras a los candidatos de distritos clave y sobre todo cumplir a rajatabla la máxima de Napoleón: “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.
Y eso es precisamente lo que el oficialismo hace casi a diario. Para desconsuelo del consultor catalán Antoní Gutiérrez Rubí, que había recomendado evitarlos, se llevaron adelante los actos recordatorios del 17 de Octubre. No uno, sino dos. El primero no podía haber resultado peor. Con participantes muy críticos del presidente Alberto Fernández, y algunos inadaptados que -alentados por muchos más- vandalizaron el memorial a las víctimas del Covid en Plaza de Mayo. No se exagera si se afirma que el Frente de Todos quema un “cajón de Herminio” cada día.
El Presidente iba a participar del acto, pero dicen que cuando conoció la lista de oradores hizo que su helicóptero pegara la vuelta. Al día siguiente fue el acto de la CGT, compartido con movimientos sociales. No hubo oradores, salvo un comunicado en el que no se nombra ni una vez al Presidente ni a su vice. El objetivo de los popes sindicales es marcar la cancha, como hacen desde hace décadas. Conscientes del tiempo que viene y el rol que pretenden cumplir, hasta 2023 y después.
Pero vayamos a la Patagonia, donde el gobierno puso la última semana muchos esfuerzos destinados a revertir los resultados de septiembre, aunque a la vez hizo todo lo suficiente mal como para que eso no suceda. El Presidente prorrogó el Régimen de Promoción Industrial en Tierra del Fuego, donde el Frente de Todos perdió en las PASO. Por la tarde y con la presencia de la vicepresidenta, se inauguró la zona franca en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo donde el FdT cayó el 12 de septiembre. Al día siguiente Alberto Fernández fue a Chubut, en el marco del programa Capitales Alternas. Llevó 14 ministros y promesas a una provincia clave, donde el oficialismo tiene tres senadores y puede perder dos, según el resultado de las PASO.
Pero tantas medidas resultaron eclipsadas por la postura que el gobierno viene exponiendo en el conflicto mapuche. La ola venía creciendo desde el fin de semana, cuando se conoció a través de medios trasandinos el papel cumplido por el embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, defendiendo ante la justicia chilena al autopercibido mapuche Facundo Jones Huala. Cosa que causó estupor en la dirigencia política de aquel país. Es verdad que las embajadas dan apoyo consular a sus compatriotas detenidos, pero no es para nada común que el propio embajador cumpla ese papel. Encima, para un ciudadano que no se reconoce argentino.
No fue el único episodio grave del gobierno en materia de política exterior, pues después se abstuvo en una moción de la OEA a favor de la liberación de opositores políticos en Nicaragua. La Argentina apareció así alineada con Belize, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Barbados y México. El embajador argentino Carlos Raimundi consideró “improcedente y extemporánea” esa declaración y estimó poco pertinente una resolución de ese tipo tan cerca del proceso electoral. Un proceso electoral en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado detener a todos los opositores…
Lo que terminó minimizando el efecto patagónico de la intervención de Bielsa fue la actitud del gobierno nacional respecto del pedido de ayuda de la gobernadora rionegrina -otra provincia donde el Frente de Todos perdió en las PASO-, tras haberse registrado el tercer ataque incendiario en la ciudad de El Bolsón por parte de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La carta enviada por el presidente Fernández a la gobernadora parece haber sellado la suerte electoral del FdT al menos en Río Negro: “No es función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”, expresa la misiva.
Carta-de-Alberto-Fernandez-a-Arabela-CarrerasLa declaración del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no fue más feliz que la del mandatario: “No señora, está equivocada, no es nuestra obligación” respondió ante el pedido de fuerzas federales de Arabela Carreras. Unos días antes el propio Fernández había rechazado un pedido similar de la mandataria provincial. Curiosamente, se dice que una de las causas de la salida de Sabina Frederic de la cartera de Seguridad fue su rechazo al pedido de gendarmes hecho por el gobernador Omar Perotti para Santa Fe, antes de las PASO, frente al incremento de los crímenes narcos en esa provincia donde también se eligen senadores en noviembre.
Mientras estas cosas suceden, un desdibujado Martín Guzmán se desentiende de la lucha contra la inflación que emprende con polémica metodología el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El titular de Economía no tuvo buenos resultados en su última incursión ante el FMI, donde su titular, Kristalina Georgieva supeditó el avance de la negociación a “un compromiso de ambos lados” para definir un plan que sirva para que la Argentina “pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y el buen uso de los recursos públicos para apuntalar a aquellos que más necesitan apoyo”. En otras palabras, quieren conocer el programa que aplicará un país cuyo presidente dijo en julio de 2020 al Financial Times que “francamente no creo en los planes económicos”.
En este marco, en un gobierno que se manda mensajes entre sí a través de los medios y las redes sociales, comenzó a circular un video de La Cámpora, en el que se ve a Máximo y Cristina Kirchner (en orden de aparición),donde la militancia canta con tono festivo y desafiante: “Esa deuda que dejaron no la vamos a pagar / con el hambre de la gente no se jode nunca más”.
A esa misma hora el dólar blue cerraba a 195 pesos.
La senadora neuquina criticó fuertemente a Alberto Fernández tras sus dichos por los problemas en la Patagonia y manifestó: “Dudo que sea abogado y argentino”.
En medio de los conflictos que afectan a la comarca andina y tras los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que “no es obligación del Gobierno Nacional enviar ayuda” tras la solicitud de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, la senadora nacional Lucila Crexell (Parlamentario Federal) se refirió al tema y arremetió fuertemente contra el mandatario a quien tildó de “inepto para tomar decisiones”.
En declaraciones por radio RTN FM 104.9, Crexell manifestó: “A veces dudo que el presidente sea abogado y sea argentino porque si desconoce que frente a una situación de conflicto, donde está en riesgo la integridad de la población, donde hay un conflicto en las rutas nacionales que esta custodiada por gendarmería, donde hay un conflicto que puede ser interprovincial, pero que además viene sucediendo con una escala de violencia que afecta los bienes públicos de la sociedad, desentenderse de esa manera de lo que es la seguridad interior de la República Argentina, me parece gravísimo”.
“Como patagónica me duele tener un presidente que no la conoce, que no sabe del conflicto del cual estamos hablando, que no se involucre con los problemas que pasan fuera de la Quinta de Olivos”, expresó la legisladora opositora.
En ese sentido, consideró que “en realidad, es un presidente que viene mostrando un desgaste y una ineptitud bastante marcada para tomar decisiones, realmente estoy sorprendida al igual muchos gobernadores que se sienten desolados para poder coordinar políticas conjuntas entre provincias y la Nación”.
“El conflicto con estos grupos minoritarios y violentos que no tienen nada que ver con los pueblos originarios que tenemos en la provincia, es un tema que viene hace mucho tiempo”, aseguró Crexell y remarcó que “es un tema que no es menor y se ha visto en la destrucción de parques y capillas y nadie hace nada. Es muy grave no solo por la integridad de la población, sino también que afecta la convivencia armónica con los grupos originarios y la interculturalidad”.
Por último, juzgó: “Primero es una prepotencia y una soberbia espantosa con la que se manejan desautorizar así a una gobernadora cuando en realidad las provincias delegaron en la Nación todas aquellas competencias que no reservaron para sí”.
“Es una forma de soberbia y de falta de respeto las autoridades legítimas a las provincias y para los ciudadanos que están cansando de tener políticos que se la pasan dando cátedra y clases y no atienden los problemas”, subrayó la senadora neuquina y concluyó: “Estoy sorprendida con las respuestas que dieron el ministro de Seguridad y el presidente”.
La senadora nacional posteó en su cuenta de Twitter un comunicado solidarizándose con la gobernadora Carreras en donde expuso: “A la luz de los sucesos públicos que afectan a la comarca andina, quiero expresar mi más profunda preocupación con la actitud evasiva e irresponsable del Gobierno Nacional. Los ataques y amenazas contra la integridad física y la propiedad por parte de grupos radicalizados dinamitan la convivencia pacífica y democrática”.
A su vez, precisó: “El presidente de la Nación no puede desentenderse de sus responsabilidades y obligaciones, ni tampoco abandonar a los ciudadanos/as patagónicos ante la peligrosa escalada de violencia que estremece a la región. El Estado federal es el garante último del orden público nacional. Escudarse en una equivocada interpretación del federalismo y de la legislación vigente no es más que una excusa pueril que revela una conducta mezquina y especulativa por parte de las autoridades nacionales”.
“Finalmente, quiero manifestar mi apoyo y solidaridad a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en esta difícil situación. Me pongo a disposición para articular desde el Senado de la Nación las acciones necesarias para contribuir a una rápida solución del conflicto”, cerró el comunicado la legisladora aliada de Juntos por el Cambio.
La filial Villa La Angostura fue anfitriona de la reunión de la región Patagonia de la federación, donde analizaron las problemáticas del sector en general y de la región en particular.
Más de 30 dirigentes patagónicos se reunieron en el marco de la Reunión Regional, que tuvo como escenario central el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de Villa La Angostura, y sumó el formato híbrido para los dirigentes que no pudieron viajar. En este ámbito, se debatieron temas y problemáticas generales y regionales, y se analizó la agenda institucional.
El acto de apertura fue encabezado por el viceintendente de Villa La Angostura, Luciano Villalba, y la secretaria de Turismo, Marina González. Representando a FEHGRA participaron Gustavo Fernández Capiet, a cargo del Departamento de Relación con Filiales; el vicepresidente Paulo Lunzevich (Filial Río Gallegos); la coordinadora regional, Belén García Bertone; y el presidente de la Filial anfitriona, Martín Suero.
Una de las problemáticas que más alarman a la región son los hechos vandálicos por conflictos de territorio en la zona, que dañan a las comunidades y a la industria turística. Para muchas de las localidades afectadas, el turismo es una actividad económica prioritaria y fuente de empleo local. En esta etapa de inicio de reactivación turística, los conflictos de este tipo y la inseguridad ponen en riesgo la recuperación de un sector que, tras 18 meses de crisis, tienen sus finanzas en rojo.
Otra gran preocupación del sector es el tema de la conectividad área, la necesidad de recuperar los vuelos de la región, y el óptimo mantenimiento del estado de las rutas. Para la reactivación del turismo interno es imprescindible contar con las condiciones adecuadas y políticas claras que generen un entorno favorable. Por otra parte, con las fronteras cerradas y sin conectividad, la llegada de turistas extranjeros sigue siendo casi nula, con -97% en mayo de 2021 en comparación con mayo de 2019.
Para la Filial Villa La Angustura, el encuentro se constituyó como el primer evento post temporada invernal y marcó un nuevo inicio del Turismo de Reuniones en la localidad. Por otra parte, la Filial eligió el encuentro regional para oficializar la inauguración de su sede institucional, ubicada en un lugar estratégico de la ciudad y que cuenta con un amplio salón para la organización de capacitaciones y reuniones.
Las reuniones regionales se realizan previo a cada Reunión de Consejo Directivo de FEHGRA. La próxima se llevará a cabo a fines de noviembre en CABA.
En la jornada, se actualizó información sobre cada uno de los Departamentos que forman parte de la estructura de FEHGRA: Capacitación y Formación Profesional, Política Laboral y Social, Derechos Intelectuales, Fiscalidad y Tributación, Actividades Informales y Turismo; se analizaron temas, acciones, herramientas e iniciativas que la entidad está impulsando, y las necesidades y propuestas de las Filiales.
La Región Patagonia está conformada por 14 Filiales: Sur de Chubut, Puerto Madryn, Trelew y Valle del Chubut, y Comarca Los Alerces (Chubut); La Pampa (La Pampa); Neuquén, San Martín de los Andes y Villa La Angostura (Neuquén); Bariloche, Valles del Río Negro, Zona Atlántica de Río Negro (Río Negro); Río Gallegos y El Calafate (Santa Cruz); y Tierra del Fuego.
Ambas son de autoría de la senadora oficialista Ana María Ianni y buscan mantener en la memoria colectiva los hechos ocurridos en Santa Cruz entre 1920 y 1921.
La senadora nacional Ana María Ianni (Frente de todos-Santa Cruz) presentó dos proyectos “para mantener viva la memoria sobre los sucesos conocidos como La Patagonia Rebelde”. Con el objetivo de visibilizar el centenario de las Huelgas Patagónicas ocurridas en Santa Cruz entre 1920 y 1921, la senadora oficialista llevó adelante una serie de eventos y acciones.
En cuanto a las iniciativas legislativas que presentó, tienen el fin de “homenajear a los trabajadores caídos y a las personas que hicieron posible que estos hechos no queden en el olvido”, argumentó Ianni.
El primero de estos proyectos es una solicitud a las autoridades nacionales para concretar la emisión de una estampilla conmemorativa que simbolice el centenario de las huelgas obreras patagónicas. La segunda iniciativa es la creación de un premio, en el ámbito del Congreso Nacional, que reconozca a quienes que hayan colaborado con su trabajo a difundir estos hechos, y a todos los que trabajen por la reivindicación de los derechos humanos.
“Este último reconocimiento, que será otorgado por Honorable Senado de la Nación, llevará el nombre de Osvaldo Bayer, quien durante su vida dio testimonio de valentía y compromiso con la causa de los fusilamientos de la Patagonia Trágica, y con varias causas de Derechos Humanos, denunciando con su pluma a los autores materiales e ideológicos de esos delitos”, sostuvo la legisladora santacruceña. La senadora también agradeció a los familiares del historiador y periodista por la confianza y asumió ante ellos el compromiso de homenajear su memoria en cada entrega del premio.
El exgobernador rionegrino presentó un proyecto de ley en el Senado que busca volver a un esquema de 2015, previo a la reforma tributaria de 2017, respecto al ILC y el Impuesto al Díóxido de Carbono.
El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo rebajar el precio de los combustibles en toda la región patagónica, la provincia de La Pampa, el partido bonaerense de Patagones y el departamento de Malargüe, en Mendoza.
La iniciativa consiste en reponer -en esas zonas- la exención del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) en los términos establecidos mediante la Ley 27.209, que fue impulsada en 2015 por los exsenadores Miguel Pichetto y Guillermo Pereyra. Asimismo, se pretende esa misma exención aplicarla al dióxido de carbono, que hoy rige en todo el país.
El exgobernador rionegrino recordó que la compensación que benefició en 2015 a estas provincias, productoras de combustibles, fue prácticamente eliminada a fines de 2017, a través de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Cambiemos.
“Además de eliminar casi totalmente la exención establecida por ley, se sustituyó el impuesto al gas natural por un tributo nuevo, denominado Impuesto al Dióxido de Carbono, que grava con una suma fija por litro los mismos productos que gravan el Impuesto a los Combustibles (naftas, gasoil, etcétera) en todo el territorio nacional”, explicó.
Weretilneck señaló que la propuesta “consiste en reponer la exención del ICL en la zona patagónica, en los términos que lo había establecido la ley denominada Pichetto-Pereyra, y esa misma exención para zona patagónica aplicarla al dióxido de carbono, que hoy se aplica en todo el país”.
El legislador argumentó la iniciativa en base a las condiciones específicas de la Patagonia: las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor densidad poblacional; el uso de automóviles como una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa.
Los impuestos a los combustibles líquidos y al gas natural fueron creados en 1991. Tras sucesivas modificaciones, en 2015 se consiguió eximir de dicho impuesto a la región patagónica. Dos años después, quedó casi sin efecto por decisión del Gobierno Nacional.
De aprobarse este proyecto, beneficiará al área de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza.
El rionegrino Di Giácomo pidió tratar un proyecto suyo en las comisiones de Presupuesto y de Agricultura y Ganadería. La norma venció el 5 de abril.
El diputado Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) insistió con el reclamo para prorrogar de forma “urgente” y también modificar la Ley Ovina 25.422, que venció el pasado 5 de abril.
Lo hizo a través de una nota enviada este lunes a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería, Carlos Heller y José Ruiz Aragón.
Di Giácomo pidió tratar en un plenario un proyecto que presentó junto a diputados de otros bloques en octubre pasado para prorrogar la norma por 20 años, aumentar el financiamiento para el sector y fijar nuevas medidas de promoción.
El rionegrino precisó que mantuvieron reuniones con los ministros de Agricultura y Producción de toda la Patagonia, funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Nación y la Mesa Ovina Nacional para lograr prórroga de dicha ley, “ya que no es solamente importante para la zona patagónica, sino también para todo el país”.
La Ley Ovina, sancionada en 2001, tuvo como objetivo fomentar la modernización, innovación y actualización de los sistemas productivos, y acrecentar así los puestos de trabajo en el sector, que tiene participación en el mercado externo.
El régimen establecido en la ley consiste en un sistema federal de créditos y subsidios administrados en las provincias, que financian proyectos a nivel de predio, mediante un Fondo Fiduciario llamado FRAO (Fondo para la Recuperación de la Ganadería Ovina).
En 2011 -al cumplirse diez años de vigencia de la ley- se actualizó por última vez el monto de ese fondo, que llegó a 80.000.000 de pesos, y Di Giácomo propone llevarlo a 1.500.000.000 pesos.
La Cámara de Diputados aprobó, en un trámite exprés y por unanimidad, el proyecto avalado en el Senado este mismo jueves. Beneficia al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, en Río Negro.
En un trámite exprés, la Cámara de Diputados convirtió en ley este sábado el proyecto que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva al departamento de Cushamen, en Chubut, y a El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.
La iniciativa, que había sido avalada en el Senado este mismo jueves, fue incorporada al temario de Diputados sobre tablas y finalmente recibió aprobación unánime, con la presencia en el recinto del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostentable, Juan Cabandié.
El proyecto fue impulsado por el senador oficialista Alfredo Luenzo y acompañado por sus pares de Chubut y Río Negro, y declara la emergencia por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo.
Paralelamente, los diputados Ignacio Torres (Pro) y Gustavo Menna (UCR) solicitaron tratar sobre tablas otros proyectos sobre asignación de aportes del Tesoro Nacional y pedidos de informes, pero en esos casos el Frente de Todos no acompañó.
“Los argentinos perdimos miles de hectáreas de bosques nativos, pero lo más importante es que hay más de 300 familias que perdieron absolutamente todo”, lamentó Torres, y destacó que “en estos momentos de crisis florece lo mejor de los argentinos, que es la solidaridad, y esto se vio con toneladas de donaciones”.
El legislador pidió: “Tomemos la responsabilidad institucional de, de una vez por todas, sobrevolar la maldita grieta, por lo menos en situaciones críticas como las que estamos viviendo. La política es más que solidarizarse por Twitter, es estar cerca de la gente”.
Torres agregó que “si bien los incendios están controlados, la situación sigue siendo muy difícil”.
A su vez, Menna relató que “el 8 de marzo se desató un incendio en la zona de El Maitén, en Chubut; al día siguiente se desató otro en Cholila, y por la tarde en la zona de Las Golondrinas, en Lago Puelo, que rápidamente se propagó por Cerro Radal y también involucró a El Hoyo”.
Menna contó que recorrió la zona junto a su par de bloque Brenda Austin, y se notificaron de que “las autoridades municipales de Lago Puelo tenían relevadas 421 viviendas totalmente destruidas, arrasadas por el fuego, y más de 20 en El Hoyo”.
El diputado advirtió que además de los daños materiales y las familias damnificadas, “este incendio se ha cobrado tres vidas humanas “.
De paso, aprovechó para criticar la respuesta del Gobierno nacional: “Estas 17.000 hectáreas afectadas y los incendios que el año pasado se cobraron un millón de hectáreas también revelan una gestión deficiente del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Hubo una subejecución del 30% de las partidas el año pasado, e increíblemente se bajaron las partidas para el Plan en el Presupuesto 2021”.
Por su parte, Austin destacó que la declaración de emergencia “busca medidas concretas de asistencia, tanto en la ampliación de los fondos para la cobertura de planes sociales; la asistencia financiera especial a través de la banca pública y privada; y aportes no reintegrables tanto para viviendas como para actividades productivas”.
“Es de especial importancia mirar el mapa completo y ayudar a reconstruir una economía absolutamente dañada y a pobladores que han perdido sus viviendas”, dijo la cordobesa.
La iniciativa sancionada faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
El proyecto tuvo media sanción este jueves en el Senado y podría llegar al recinto sin pasar por las comisiones.
En el marco de la sesión maratónica que tendrá lugar este fin de semana en la Cámara de Diputados, podría llegar a debatirse sobre tablas uno de los proyectos aprobados el jueves en la Cámara alta: el que declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses.
Se trata de una iniciativa presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.
Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión del jueves, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Y teniendo en cuenta la importancia y urgencia del tema, podría llegar a ser incluido en el temario de este fin de semana. Todo dependerá de lo que se decida en la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 10.30 de este sábado, pero lo cierto es que según pudo saber parlamentario.com, diputados de Juntos por el Cambio pedirán su tratamiento. Dependerá entonces de la anuencia del resto de los legisladores, pues haría falta una aprobación de los 2/3 de los presentes para habilitar su tratamiento.
El proyecto fue presentado por senadores de Chubut y Río Negro y declara la emergencia por 180 días en las zonas afectadas. El salteño Romero cargó contra los mapuches y acusaron a Gladys González de ir a “sacarse una foto” al lugar.
Por Carolina Ramos
El Senado aprobó este jueves la declaración de zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva en el departamento de Cushamen, en Chubut, y en El Bolsón, Río Negro, debido a los incendios forestales de los últimos meses. La iniciativa fue presentada recientemente por el chubutense Alfredo Luenzo, sus pares Nancy González y Mario Pais, y los rionegrinos Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Alberto Weretilneck.
Si bien el proyecto no formaba parte de la sesión, los bloques llegaron a un acuerdo para incorporarlo sobre tablas, y finalmente se aprobó por unanimidad (59 votos), por lo que ahora resta su tratamiento en la Cámara de Diputados. Pero a pesar del rápido acuerdo alcanzado, el debate tuvo algunos cruces picantes entre senadores del oficialismo y la oposición.
La emergencia será declarada por el término de 180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo, y “se complementa con la respuesta que está dando el Gobierno nacional”, según explicó el senador Luenzo. “Es un instrumento que le permite al Ejecutivo tener las herramientas legales necesarias para consolidar el primer tramo de respuestas”, precisó el oficialista.
Al inicio del debate, el senador Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) advirtió que “estamos atacando las consecuencias y no las causas” y pidió incorporar al proyecto la cuestión de la seguridad. “Se ha instalado una violencia con ocupación de tierras, ataque a personas, quema de edificios, y hay grandes probabilidades de que los incendios a los cuales nos estemos refiriendo hayan sido causados intencionalmente”, denunció.
El salteño alertó que “tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro no tienen control sobre su territorio, y la Nación está haciendo una tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de la ley, en que la Justicia no funcione”.
Acto seguido, habló de la supuesta violencia “de quienes se dicen mapuches, porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos violentos”.
Tiempo después llegó la respuesta de la chubutense Nancy González, quien recordó que “ni bien llegó el ministro de Ambiente (a la zona), lo primero que hizo fue una denuncia penal por los incendios”.
“No voy a permitir que traten a los pueblos originarios como los causales de estos incendios cuando la Justicia está investigando. Nuestros mapuches no son para nada violentos y el pueblo de Chubut tampoco”, se defendió, y remató: “Podemos fallar, pero seguridad tenemos”.
Del mismo modo, Luenzo se opuso a la propuesta de Romero y pidió trabajar, en cambio, en incorporar los delitos ambientales al Código Penal para llenar el vacío legal hoy existente. “No estigmaticemos a los pueblos. El peor error es que generalicemos. Si hubo incendios intencionales, que se juzgue a los responsables”, dijo, para dar por terminada la discusión.
En otro pasaje del debate, Gladys González, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comentó que recorrió las zonas afectadas: “Lo que se vivió y se está viviendo es una tragedia”.
“No hablamos solo de bosques nativos ni de plantaciones: hablamos de las viviendas de más de 350 familias que perdieron todo. Se quedaron sin nada, literalmente”, lamentó, y agregó que además “no tienen luz ni agua”, y por eso “necesitan que la ayuda se sostenga en el tiempo”.
La senadora encendió la polémica al expresar que vio “mucho desorden” en la zona, y pidió a los gobiernos en sus distintos niveles que “ordenen la ayuda”. “Hay familias que están construyendo sus viviendas de manera precaria sobre terrenos que no son firmes”, advirtió, al mencionar la posibilidad de derrumbes o aludes con las lluvias.
Nuevamente fue la chubutense González quien recogió el guante. “No se van a construir viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están trabajando con responsabilidad tanto desde el Gobierno nacional como los gobiernos municipales para que esas viviendas tengan seguridad”, retrucó.
Y luego cargó directamente contra la senadora del Pro: “No es ir a la zona, sacarse una foto y volver a Buenos Aires. Es mirar cómo se está trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el Gobierno nacional van a arriesgar vidas”.
Intervino entonces el fueguino Pablo Blanco (UCR), quien salió en defensa de Gladys González. “Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto. Fue a ver la realidad de lo que estaba sucediendo”, aclaró, y lamentó tener que “soportar opiniones de senadores que creen que el único negocio es la grieta”. “Acá está la necesidad de la gente, nadie quiere sacar un rédito político”, acotó.
Al defender el proyecto, Luenzo hizo un repaso por la asistencia brindada desde el Gobierno nacional, con “una inversión de casi 700 millones de pesos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres helicópteros, cuatro autobombas y brigadistas de toda la Argentina”.
También mencionó el Programa “Casa Propia-Construir Futuro” del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para “la adquisición de 350 viviendas precarias o de rápida ejecución para las familias que se han quedado en la calle y con lo puesto”. Y habló de “170 millones de pesos del Ministerio de Obras Públicas para la reconstrucción de las redes de agua potable y energía”.
Por último, informó que la ANSES dispuso que en Cushamen las jubilaciones y pensiones no contributivas de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra, y se duplicará por un mes el monto de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, lo que hace a una erogación total de 52 millones de pesos.
La iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a brindar asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas a través del otorgamiento de créditos con tasas de interés bonificadas en un 25% en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un 50% en las zonas de desastre “sobre las vigentes en plaza”.
También se dispone la unificación de las deudas de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución bancaria interviniente; y la suspensión temporaria de “juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre”.
Otra de las medidas enumeradas es la asistencia técnica y financiera a través de “aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva”.
Se faculta también a la AFIP y a la ANSES a instrumentar regímenes especiales de pago y medidas impositivas especiales, como la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las explotaciones afectadas; y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados.
Reclamaron el control de los focos de incendio y la asistencia a la población patagónica afectada por los siniestros.
La Coalición Cívica ARI exigió la inmediata intervención del Gobierno Nacional para controlar los focos de incendio y asistir a la población en la Patagonia, advirtió sobre el recorte del 50 por ciento en el presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y realizó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, detalle cuáles son las acciones concretas para atender esta situación.
“Debido a la gravedad de la situación que se está desarrollando, exigimos que de manera inmediata se garantice el alojamiento, la provisión de agua potable y víveres para la población evacuada en las zonas más afectadas, y que se publique un informe detallado acerca de los daños producidos, cantidad de evacuados, heridos, víctimas y personas que hasta el momento no hayan podido ser localizadas”, afirmó. Desde la Coalición Cívica, manifestaron su preocupación por los graves incendios que azotan diferentes puntos de nuestro país.
“Lamentablemente estos hechos, que se desarrollan cada vez con mayor frecuencia, destruyen ecosistemas, hogares y fuentes de trabajo. Sólo en los últimos dos meses, el fuego arrasó con 40.680 hectáreas, afectando seis provincias, con un especial énfasis en las provincias de Río Negro y Chubut, donde aún existen importantes focos sin controlar”, afirmaron.
“Estos hechos no son nuevos, sino que se vienen repitiendo año tras año, acentuados por el cambio climático, y requiriendo una respuesta más eficiente por parte del Estado. En este sentido, observamos con preocupación que el Gobierno nacional haya dejado de utilizar, en el 2020, el 35,5% de las partidas presupuestarias destinadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y que se haya previsto un recorte del 50% en el presupuesto destinado al mismo para este año”, indicaron autoridades partidarias nacionales y provinciales, el bloque de diputados nacionales de la CC ARI e integrantes de la Mesa Nacional.
Asimismo, la CC ARI presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible detalle cuáles son las acciones concretas que el Gobierno desarrollará para atender esta situación.
“Es prioritario, a su vez, que se diseñe un plan de ayuda social y financiera para las personas afectadas por los focos de incendio de la última semana en las provincias de Río Negro y Chubut,con especial foco en aquellos hogares donde residieran niños y niñas menores de edad”, señalaron.
“Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar la restauración ecológica de los ambientes dañados. Consideramos que el Gobierno nacional debe adecuar las partidas presupuestarias destinadas a financiar el Sistema Federal del Manejo del Fuego, a los fines de poder prevenir y hacer frente con celeridad y el equipamiento adecuado a los incendios que fuertemente afectan al desarrollo de nuestro país y atentan contra la vida y el sustento de los argentinos y argentinas”, aseguraron.
Desde la CC ARI, señalaron que “sin el debido presupuesto garantizado por ley, el Gobierno no solamente será incapaz de controlar los nuevos focos de incendio, sino que además se convertirá en su cómplice silencioso”.
“El cuidado de la vida, la salud y el ambiente debe ser prioridad para cualquier Gobierno. Para salir adelante como país y tener una política de desarrollo serio, interdisciplinaria y con criterios de sostenibilidad, debemos asegurar una adecuada protección y previsiones ante las posibles amenazas a la integridad de los ecosistemas esenciales que albergan la riqueza invaluable de nuestra tierra y que son nuestra fuente de vida”, finalizaron.
Los senadores Gladys González y Alfredo Luenzo solicitaron la preferencia de iniciativas, en medio de la dramática situación que se vive en la Patagonia.
En medio de la dramática situación que se vive con los incendios en la provincia de Chubut, los senadores Gladys González (Pro) y Alfredo Luenzo (FdT) reclamaron durante la sesión de este jueves darle pronto tratamiento a proyectos que proponen incorporar delitos contra el ambiente en el Código Penal.
Al momento de pedir mociones de preferencia, González, titular de la Comisión de Ambiente, lamentó que “Argentina está en llamas otra vez” y “esta vez le toca a la Patagonia… es tremendo lo que estamos viendo, viviendo y presenciando, y tenemos enorme responsabilidad sobre ello de actuar”.
“El año pasado lo vimos en Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Fe, en todo el delta del Paraná”, resaltó y precisó que, según la cuenta que lleva el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya “son más de un millón cien mil hectáreas las que se quemaron a noviembre del año pasado”, lo que equivale “a 55 veces la Ciudad de Buenos Aires en superficie. Es sumamente grave”.
La macrista recordó que el año pasado se trató la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, algo que desde Juntos por el Cambio consideraron “inaplicable y que no era una solución para lo que tenemos que enfrentar”. En ese sentido, apuntó a la necesidad presupuestaria para contar con más “brigadistas, aviones, acompañamiento”.
La legisladora bonaerense opinó que “no es suficiente con la presencia del ministro de Ambiente (Juan Cabandié); tenemos que darle recursos para que pueda actuar”. Y agregó que se necesita por parte de la Casa Rosada “la decisión política de poner los fondos”.
“Lo que sí podemos hacer desde el Congreso es avanzar en legislación donde tenemos deuda”, sostuvo González y pidió debatir su proyecto para “incorporar los delitos ambientales al Código Penal”.
En la misma línea, Luenzo enfatizó que es una “tragedia la que estamos atravesando en la comarca andina”, donde el fuego se generó por “distintas causales” y es “un tema que hay que investigar”.
Pero precisamente sobre ello, el chubutense señaló que existe un “vacío legal” a resolver, y reivindicó que en 2018 junto al fallecido Fernando “Pino” Solanas “trabajamos mucho una ley que no tuvimos posibilidad de poder darle tratamiento parlamentario”.
Ahora, el senador dijo que se insiste con el mismo proyecto, que busca establecer “penas severas, ejemplificadoras, para quienes cometan delitos en contra el ambiente”.
Sobre la iniciativa, detalló que se prevé “prisión de dos a seis años por daño o alteración de suelos, atmosfera, agua; prisión de dos a seis años también por destrucción o daño de bosques, glaciares y humedales”. Y, además, si ese incendio “causa la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años”.
“Nosotros tenemos 12 personas desaparecidas, no sabemos que pasó. Sin lugar a dudas estamos convencidos, y lo ha reconocido el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que hay causales y elementos que nos hacen sospechar que cuatro focos de manera coincidente, en un determinado horario del día, con vientos intensos y un calor donde la naturaleza estaba crocante, eso no es casualidad. Y en el mismo momento también en la provincia de Río Negro, en el El Bolsón”, explicó el oficialista.
Luenzo indicó que “se han consumido 40 mil hectáreas solo en esa comarca”, por eso a la Justicia hay que darle herramientas y “tenemos que ahondar en el Código Penal para que realmente sea ejemplificador”.
Asimismo, el legislador apuntó que el proyecto estima sanciones para “los funcionarios que miran para otro lado o que falsean cuando pedimos informes de impacto ambiental”.
Por otra parte, Luenzo propuso “declarar zona de desastre y emergencia por 180 días prorrogables en el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, y la zona de El Bolsón, en el departamento de Bariloche, en la provincia de Río Negro”.
Esto consideró será una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda brindar “asistencia financiera especial” y respecto a “los vencimientos de carácter tributario, prorrogarlos, y que no afectemos a las unidades productivas”.
Los legisladores advirtieron que la iniciativa oficial no contempla el diferencial del 22% para la región y pidieron su inclusión.
El diputado Martín Berhongaray (La Pampa), junto a sus pares radicales Gustavo Menna (Chubut), Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz), insistieron en la necesidad de revisar el diferencial en deducciones computables a la Patagonia, referido al proyecto de ley de modificación del impuesto a las Ganancias que impulsa el oficialismo y que se debatirá próximamente en comisiones.
En la iniciativa, los legisladores expresan su preocupación por la “ausencia de una referencia expresa en el texto del inciso c) del artículo 30 que el referido proyecto propone ‘sustituir’, a la permanencia de la vigencia del actual diferencial por zona desfavorable que incrementa en un 22% las deducciones especiales computables para la determinación del impuesto a las Ganancias de empleados en relación de dependencia y jubilados que residen en la Región Patagónica Argentina”.
Los diputados instan a sus pares para que, “en oportunidad de su tratamiento parlamentario, se incluya de manera expresa la actual deducción especial, omitida en el texto del referido proyecto” presentado por el Frente de Todos.
“Se estima que, de aprobarse la modificación planteada por el oficialismo, alrededor de 1.267.000 trabajadores y jubilados dejarían de pagar el impuesto a las Ganancias, constituyendo desde esa perspectiva un avance en términos de restablecer un contexto de mayor equidad tributaria”, explicaron.
Y agregaron: “Si la intención del diputado (Sergio) Massa fue la de sostener el beneficio aludido, nada impedirá que se reproduzca su actual formulación en el nuevo texto que se ponga en análisis, del mismo modo que se repite textualmente en el proyecto tanto el primero, segundo, tercero como el cuarto párrafo del inciso c) del artículo 30”.
Un grupo de legisladores radicales advirtieron que el proyecto oficial debe “contemplar el mantenimiento del diferencial del 22%” para la región.
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR-La Pampa), junto a sus compañeros Gustavo Menna (UCR-Chubut), Lorena Matzen (UCR-Río Negro) y Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz), presentó un proyecto para reformar el régimen del impuesto a las Ganancias. El pedido se originó en la necesidad de revisar el diferencial en deducciones computables a la Patagonia.
Los legisladores pidieron que se incluya de manera expresa la fórmula actualmente vigente que dice: “Cuando se trate de empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido, a que hace mención el artículo 1° de la Ley N°23.272 y sus modificaciones, las deducciones personales computables se incrementarán en un 22%”.
“Se estima que, de aprobarse la modificación planteada, alrededor de 1.267.000 trabajadores, trabajadores, jubilados y jubiladas, dejarían de pagar el impuesto a las Ganancias, constituyendo desde esa perspectiva un avance en términos de reestablecer un contexto de mayor equidad tributaria”, sostuvieron en los argumentos.
Los radicales explicaron que “no obstante, la sustitución o reemplazo proyectado al inciso c del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, suprime el párrafo que incrementa en un 22% las deducciones computables para la determinación del impuesto a las Ganancias de los empleados en relación de dependencia y jubilados que residen en la Región Patagónica Argentina”.
“Cabe recordar que la igualdad como base del impuesto posee raigambre constitucional (artículos 4, 16 y 75, inciso 2, de la Constitución Nacional), y significa que el tributo debe ser igual para todos los habitantes del país que se encuentren en las mismas condiciones, ante iguales circunstancias, y con una capacidad contributiva semejante”, señalaron.
Los legisladores remarcaron que “el diferencial del 22% de deducción especial computable por zona desfavorable -cuya incorporación expresa reclamamos en el texto que se apruebe-, guarda íntima relación con el actual adicional por zona desfavorable o plus que perciben los asalariados y jubilados patagónicos”.
“De modo que todo incremento en las deducciones diseñado para el régimen general debe necesariamente contemplar el mantenimiento del diferencial del 22% para la Patagonia porque, de lo contrario, en el mediano y largo plazo, pueden verse afectados los ingresos netos de los empleados en relación de dependencia y jubilados patagónicos”, enfatizaron los diputados de Juntos por el Cambio, ante el debate que se viene sobre la suba del mínimo no imponible planteada por el Frente de Todos.
Berhongaray y sus pares indicaron que “es sabido que en materia tributaria la interpretación siempre resulta restrictiva, motivo por el cual, no es dable realizar deducciones sobre cuestiones expresamente no previstas en el texto de la norma”.
En ese sentido, manifestaron “la preocupación que genera la eventual sanción del proyecto” impulsado por Sergio Massa “sin que se restituya el párrafo suprimido, dado el riesgo de que conlleve la pérdida de beneficios por parte de los trabajadores y jubilados patagónicos, resultante de la imposibilidad de computar esta actual deducción especial al momento de tributar ganancias”.
A modo de cierre, el pampeano enfatizó: “Si la intención del legislador (en referencia a Massa) fue la de sostener el beneficio aludido, nada impedirá que se reproduzca su actual formulación en el nuevo texto que se ponga en análisis, del mismo modo que se repite textualmente en el proyecto tanto el primero, segundo, tercero como el cuarto párrafo del inciso c del artículo 30”.
El interbloque a pleno quiere que la ministra de Seguridad brinde explicaciones sobre la situación que está sucediendo en la provincia de Río Negro.
El interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio presentó este lunes un proyecto de resolución por el cual se dispone “citar a la señora ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin que informe a esta Honorable Cámara sobre distintas cuestiones relacionadas con la situación de toma de tierras en la provincia de Rio Negro”.
Pablo Daniel Blanco, autor de la iniciativa, instó además a que la ministra de Seguridad “defienda la soberanía nacional, los derechos humanos y la propiedad privada”.
“La ministra de Sabina Frederic no hace más que alentar la inseguridad con su pasividad. Quienes ocupan tierras en la Patagonia cordillerana no sólo lo hacen por la fuerza sino que, además, desconocen la jurisdicción y potestad del Estado Argentino. La ministra en vez de ponerse del lado de las víctimas está criminalizando su protesta. Yo le recomendaría que haga a un lado el zaffaronismo y defienda a quienes tiene que defender. El Ministerio de Seguridad le queda grande”, declaró el senador.
En la iniciativa, los legisladores recordaron que “con fecha 13/2/2020 en el marco del Consejo de Seguridad Interior, se firmó el Acta Acuerdo entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Seguridad, la Administración de Parques Nacionales y el INAI, para construir la Meas de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los pueblos indígenas. Mediante este acta, las partes acordaron la constitución de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios”.
Consultada la ministra en oportunidad de brindar informes por ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, respondió que esta Mesa misma “tiene por objetivo intervenir en los conflictos buscando respuestas consensuadas entre los actores involucrados”.
“Dicha mesa se ha conformado en el mes de mayo en la provincia de Río Negro para intervenir en conflictos con comunidades locales de pueblos originarios a pedido del gobierno provincial con representantes de todos los sectores involucrados”.
“A casi 9 meses de asunción de este Gobierno no sólo se ha puesto de manifiesto que este mecanismo ha sido ineficiente para la resolución de la situación, sino que se nos encontramos frente a una escalada de violencia preocupante en la región contra los pobladores y que se disemina al resto del país donde la práctica de la toma de tierras se está tornando habitual”, advirtió el senador Blanco, que agregó: “Es en ese marco de ausencia del Estado que los vecinos de Mascardi convocaron a un banderazo pacifico para visibilizar la situación y para pedir el imperio del orden y de la ley”.
“Contrario a lo que la lógica haría suponer el Ministerio de Seguridad, en lugar de abocarse a la solución del conflicto procedió a la denuncia penal de los vecinos por la posible comisión de los delitos de ‘instigación a cometer delitos’, ‘apología del crimen’ y ‘asociación ilícita’, todos ellos delitos de acción pública tipificados en los artículos 45 y ss., 54 y ss., 149 bis y ter, 168, 209, 210, 212, 213 y 239 del Código Penal de la Nación, desligándose así de su responsabilidad”.
Cabe recordar que la semana pasada, el senador Blanco presentó junto a los senadores Silvia Elías de Pérez; Claudio Poggi, Víctor Zimmermann, Stella Maris Olalla, Mario Fiad, Silvia del Rosario Giacoppo, Luis Naidenoff, Pamela Verasay y Alfredo De Angeli, un proyecto para solicitarle al Poder Ejecutivo que informe los casos de violación de la propiedad privada o del Estado Nacional en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales – Parque Nacional Nahuel Huapi – por toma de tierras por parte de supuestos miembros de la comunidad mapuche Lafken Wincul Mapu y de hechos de violencia registrados con y sin la participación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la Patagonia cordillerana argentina.
“Este es un tema que nos preocupa desde siempre. No constituye novedad. Lo nuevo y alarmante es la que la ministra no haga nada o proponga mesas de diálogo con delincuentes. Con los delincuentes no se negocia”, manifestó el senador Blanco.
“Bueno sería que las autoridades dejen de apoyar por omisión a quienes están cometiendo delitos y no tienen el menor empacho en proclamar públicamente que las tomas de tierras continuarán hasta expulsar al último ‘Huinca’. Esto es francamente intolerable. Me pregunto si la Ministra tiene verdadera dimensión del cargo que ocupa y del problema que enfrenta. Sinceramente lo dudo”, finalizó el autor del proyecto.
Firmaron el proyecto para interpelar a la ministra de Seguridad los senadores Pablo Daniel Blanco, Luis Naidenoff, Martín Losteau, Esteban Bullrich, María Belén Tapia, Mario Fiad, Juan Carlos Marino, Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez, Alfredo De Angeli, Laura Rodríguez Machado, Víctor Zimmermann, Silvia del Rosario Giacoppo, Julio Martínez, Roberto Basualdo, Gladys González, Stella Maris Olalla, Claudio Poggi, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Guadalupe Tagliaferri, Eduardo Costa, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.
Organizado por la legisladora nacional Ana María Ianni, culminó exitosamente el ciclo virtual que se propuso homenajear y visibilizar los 100 años de los fusilamientos de la Patagonia Trágica.
Se llevó a cabo el cuarto y último encuentro del Ciclo “Homenaje a los Caídos en la lucha por la Libertad – 100 años de los fusilamientos de la Patagonia Trágica” en el Senado de la Nación, que consistió en cuatro charlas a lo largo de un mes de los que participaron Bayer, hijo del recordado Osvaldo Bayer, Isabel Soto, hija de uno de los líderes de las huelgas, funcionarios nacionales y provinciales, historiadores, docentes, músicos, entre otros.
Durante las diferentes jornadas se repasaron los hechos históricos ocurridos en la provincia de Santa Cruz en los años 1920 y 1921 que terminaron con el asesinato de cerca de 1.500 trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales, pero también se hizo mención a todo el trabajo que se lleva adelante desde el Gobierno provincial y desde las diferentes localidades con el objeto de mantener viva la memoria y reclamar justicia.
La senadora nacional Ana María Ianni, organizadora del ciclo, hizo un balance muy positivo al cierre de la iniciativa y aseguró que “superó las expectativas”. Asimismo, agradeció a “todos los que brindaron su testimonio en las distintas presentaciones”, y señaló que “vamos a trabajar para conseguir la justicia de la que tanto hemos hablado en estos encuentros y que merecen estos héroes que dieron su vida por conquistar sus derechos”.
El ciclo culminó con más de siete mil visualizaciones a través de las redes sociales de la senadora y fue retransmitido por distintas radios y portales de distintas localidades de la Provincia de Santa Cruz.
La senadora Ianni se comprometió a seguir trabajando desde el Congreso nacional impulsando los proyectos ya presentados que tienen que ver con visibilizar lo ocurrido hace 100 años y dijo “lo ocurrido en la Patagonia Trágica son hechos que nos interpelan a diario sobre la sociedad en donde queremos vivir. Es muy triste cuando unos pocos quieren quedarse con todo, y muchos hombres y mujeres mueren bajo sus balas si se les ocurre reclamar por condiciones dignas de trabajo”.
También se comprometió a asistir a la inauguración del Museo en Homenaje a José Font, “Facón Grande”, que se está terminando en la vieja estación de trenes Tehuelche, en la localidad de Jaramillo-Fitz Roy, y los mismo hicieron Bayer y Soto.
La temática fue abordada desde distintas aristas como la cultura, la historia, lo turístico, entre otras, que permitieron un conocimiento amplio sobre los sucesos y sobre sus consecuencias.
El Fondo Solidario Compensador que propone la legisladora radical se integraría con aportes del Tesoro de la Nación y contaría con un presupuesto no menor a 50 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes elaboró una iniciativa que busca crear un “Fondo Solidario Compensador Ganadero” destinado a la atención del sector que sufre también las consecuencias de las intensas nevadas invernales.
Con este proyecto de la diputada santacruceña se verán beneficiadas las personas físicas y jurídicas y propietarios de establecimientos agropecuarios residentes en la región patagónica cuya producción se haya visto afectada por las condiciones climáticas.
“A la crisis económica que trajo la pandemia para los sectores productivos de nuestro país, al sector ganadero se le sumaron la sequía del primer trimestre del año y las heladas del segundo trimestre. Por un lado, disminuyó el crecimiento de sus cosechas y por el otro, los animales se están muriendo por inanición o hipotermia al no poder alimentarse”, explicó la legisladora radical.
El Fondo Solidario Compensador que propone Reyes se integrará con aportes del Tesoro de la Nación que serán asignados por el Gobierno nacional y contaría con un presupuesto no menor a 50 millones de pesos.
“Para soportar el frío los animales necesitan una adecuada nutrición que no están percibiendo. Para alimentarlos, los ganaderos necesitan con urgencia fardos de alfalfa. Actualmente en la Patagonia no hay oferta disponible, lo que hace necesario adquirir este insumo en Córdoba, Santa Fe u otras provincias. Esto significa un costo hasta un 140% mayor que el sólo valor del alimento”, detalló la diputada.
La iniciativa de Reyes establece que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación, fijando las pautas y los criterios de distribución, dictando las disposiciones reglamentarias y complementarias necesarias para el funcionamiento, implementación y ejecución del Fondo Solidario.
“El ministerio de Agricultura deberá asegurar criterios equitativos y objetivos para cada jurisdicción, valorando universos del productor, empleados registrados, facturaciones mensuales previas, la existencia de subsidios, programas específicos de asistencia o exenciones dispuestas por autoridades nacionales, provinciales, municipales o comunales en el marco de la emergencia sanitaria y el ASPO”, sostuvo.
“Nos encontramos ante una situación urgente que el Estado debe atender. Necesitamos que los productores puedan disponer de fondos para hacer frente a este panorama. Sólo en Santa Cruz, por ejemplo, se encuentra afectado el 70% del sector ovino. Debemos facilitar las herramientas que amortigüen el impacto económico negativo que se avecina”, finalizó la legisladora santacruceña.
Esta iniciativa se enmarca en la agenda legislativa de la diputada radical destinados a paliar la crisis sanitaria y económica que la pandemia vino a profundizar.
En la presentación, la senadora nacional dio a conocer un proyecto para que el 2021 sea declarado “Año en Homenaje a los Caídos por la Libertad”.
En la presentación del ciclo de charlas por el centenario de las Huelgas Patagónicas, la senadora nacional Ana María Ianni dio a conocer el proyecto que fue presentado para lograr este reconocimiento a nivel nacional. “Tenemos el compromiso de visibilizar estos acontecimientos para que nunca más, nadie tenga que dar su vida por defender sus derechos, así también se construye la Argentina”, expresó la legisladora.
Este miércoles, dio inicio el Ciclo virtual “Homenaje a los Caídos en la lucha por la Libertad – 100 años de los fusilamientos de la Patagonia Trágica”, organizado por la senadora Ianni, que contó en este primer encuentro con el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz, Bárbara Weinzettell, la Diputada Nacional, Paola Vessvessian, la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la Provincia, Nadia Astrada, el Secretario de Estado de Cultura de la Provincia, Oscar Canto, el Director General de Cultura del Honorable Senado de la Nación, Franco Vitali, y el periodista Esteban Bayer.
El ciclo despertó gran interés, y un nutrido número de espectadores siguieron la primera de las charlas en vivo y reprodujeron posteriormente la primera emisión que puede verse en el perfil oficial de la senadora en la red social Facebook. Tiene por objetivo visibilizar los hechos políticos, sociales y culturales que se dieron entre los años 1920 y 1921 y que terminaron con 1.500 trabajadores asesinados.
“Nuestra historia nos interpela –expresó Ianni al inicio del encuentro- es nuestra responsabilidad recordarla, valorarla y transmitirla a las próximas generaciones”. La legisladora recordó que este trabajo ya se viene realizando desde el Senado, y comenzó en el mes de enero con una muestra gráfica en la vitrina que posee el Museo del Congreso Nacional en el Subte.
Asimismo, Ianni dio a conocer dos proyectos de su autoría que ya fueron presentados en la Cámara alta, uno de ellos busca declarar el 2021 como “Año en Homenaje a los Caídos por la Libertad – Centenario de los Fusilamientos de la Patagonia Rebelde”, y el otro declara de interés todas las actividades que se desarrollen con motivo de la conmemoración del centésimo aniversario de las Huelgas Patagónicas. “También, siguiendo el legado de la senadora mandato cumplido María Ester Labado, hemos representado el Proyecto para declarar como ‘Pueblos Históricos’ a Jaramillo y Fitz Roy”, señaló Ianni.
La senadora nacional Ana María Ianni organizó un ciclo de cuatro charlas con el objetivo de poner en valor la situación ocurrida con los trabajadores patagónicos en el periodo comprendido entre el año 1920 y 1921.
Con motivo de conmemorarse el centenario de los hechos históricos conocidos como “La Patagonia Trágica”, la senadora nacional Ana María Ianni organizó un ciclo de cuatro charlas con el objetivo de poner en valor la situación ocurrida con los trabajadores patagónicos en el periodo comprendido entre el año 1920 y 1921.
Las charlas, que se llevarán a cabo los martes a las 18 comenzando este 28 de julio, tendrán como protagonistas a destacas personalidades que intervienen en organizaciones populares que reivindican la lucha de los obreros, funcionarios provinciales y nacionales, a Esteban Bayer, hijo de Osvaldo Bayer, y a Isabel Soto, hija del líder gremial conocido como el Gallego Soto.
Estas charlas –que se podrán ver a través de la página de facebook oficial de la legisladora– acompañan a los proyectos presentados en el Senado de la Nación en referencia al tema, y que tienen por objeto visibilizar lo sucedido en la provincia de Santa Cruz en los albores del Siglo XX y que la historiografía oficial ha intentado olvidar.
Para dar inicio a este ciclo, en el primer encuentro a realizarse el 28 de julio estarán presentes la senadora Ianni, la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz, Bárbara Weinzettell, la secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Astrada, el secretario de Estado de Cultura de la provincia, Oscar Canto, el director general de Cultura del Honorable Senado de la Nación, Franco Vitali, y el periodista Esteban Bayer.
A raíz de las copiosas nevadas que azotan la Patagonia, el senador Weretilneck gestiona ante el Poder Ejecutivo para atender la grave situación.
En momentos en que la Patagonia sufre las más fuertes nevadas en las últimas dos décadas, el senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, realizó gestiones ante el Gobierno nacional para remediar el importante congestionamiento de vehículos de carga, varados a causa de la gran cantidad de nieve caída en las rutas nacionales en territorio rionegrino. Lo hizo a través de un proyecto de comunicación presentado en la Cámara alta del Congreso.
“La falta de despeje en varias rutas federales no permite que cientos de camiones puedan avanzar y no solo trae complicaciones para los transportistas, sino también al normal abastecimiento de diferentes centros urbanos. La situación es más compleja teniendo en cuenta los obstáculos que impone el coronavirus”, explicó el exgobernador rionegrino.
Weretilneck solicitó al Poder Ejecutivo Nacional -a través de la Dirección Nacional de Vialidad-, proceda urgentemente a la implementación de medidas y despeje de nieve para destrabar la situación de los camiones varados a causa de las intensas nevadas en las rutas nacionales 237 y 23, en los tramos precordilleranos con llegada a diferentes centros urbanos de Río Negro.
Asimismo, pidió resolver la situación en la Ruta Nacional 151, entre Sargento Vidal-Catriel; en la RN 40 en el tramo Bariloche-El Bolsón; y en la ex Ruta 40 en el tramo Pilcaniyeu-El Maitén, que une Río Negro con Chubut.
Camiones varados a la intemperie, peligrosas e interminables filas de vehículos de carga en la banquina, y ciudades que no reciben alimentos e insumos, son algunas de las complicaciones por falta de mantenimiento.
“La situación es delicada: esta semana por ejemplo en Piedra del Águila, en la Ruta 237 quedaron varados más de 60 camiones y los transportistas buscaban un lugar donde alojarse para resguardarse de la gran helada. A eso se suman otros 80 vehículos de carga esperando en Arroyito y el resto en otros puntos del tramo hasta Bariloche, sin que Vialidad Nacional despeje la nieve. La hilera de camiones varados que abastecen con mercadería a las ciudades cordilleranas se hacía interminable sobre una de las banquinas de la ruta nacional cargada de nieve”, explicó Weretilneck.
Los legisladores sostienen que tener corredores aéreos será “fundamental” para que el potencial de la región aumente.
Los parlamentarios patagónicos del Frente de Todos le solicitaron al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero; al ministro de Transporte, Mario Meoni; y al del Interior, Eduardo de Pedro, generar mecanismos de conectividad aérea al interior de la Patagonia mediante la aerolínea estatal.
“Nuestra aerolínea de bandera es fundamental para la conectividad de los argentinos y argentinas. Su infraestructura, flota, profesionalismo y el compromiso de su personal serán de suma importancia para profundizar la conectividad de las personas que habitamos la región patagónica”, fundamenta el pedido de los senadores.
La solicitud también destaca el rol que ha tenido Aerolíneas Argentinas en este contexto de pandemia, “siendo fundamental y haciendo vuelos históricos para traer equipamiento sanitario a nuestro país”, destacan. Fueron, hasta el momento, 36 vuelos a China y llegaron a nuestro país 530 toneladas de materiales sanitarios y de uso médico. Además de los 106 vuelos especiales internacionales en los que más de 28.000 argentinos pudieron regresar al país.
Los representantes de las provincias patagónicas en el Senado de la Nación destacaron que “la región comparte actividades, y tener corredores aéreos será fundamental para que el potencial de estas aumente. Los hidrocarburos, la generación de energía, la industria y el turismo son parte de los perfiles de especialización de las distintas ciudades del sur del país, mejores conexiones significan en consecuencia, mejores oportunidades de desarrollo”, indica la solicitud.
Este nuevo pedido se suma al que ya hicieron días atrás, los mismos parlamentarios, respecto a la creación de un corredor aéreo patagónico de Líneas Aéreas del Estado (LADE).
Para finalizar se pusieron a “entera disposición a fin de colaborar en todo lo necesario para la articulación e implementación de un corredor aéreo de la región Patagonia”.
Firmaron el pedido los senadores nacionales Ana María Ianni, Matías Rodríguez, Oscar Parrilli, Martín Doñate, Daniel Lovera, Nancy González, Norma Durango, Alfredo Luenzo, Eugenia Duré, Mario Pais, Silvia Sapag, Silvina García Larraburu y Alberto Weretilneck.
Los legisladores solicitaron, a través de una carta enviada a funcionarios, que Líneas Aéreas del Estado pueda tener presencia en esta zona del país.
Senadores patagónicos del Frente de Todos solicitaron al Gobierno nacional la posibilidad de generar un corredor aéreo en la región, a través de una carta enviada al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Agustín Rossi (Defensa), Mario Meoni (Transporte) y Eduardo “Wado” de Pedro (Interior).
“A poco de cumplirse 80 años de su primer vuelo, Líneas Aéreas del Estado, resulta más necesaria que nunca para conectar a quienes vivimos en los rincones más australes del país”, fundamentaron los legisladores en la nota.
En la solicitud argumentaron que el motivo principal de la misma es “transmitirle la necesidad de generar mecanismos de conectividad aérea al interior de nuestra región mediante Líneas Aéreas del Estado (LADE). Consideramos fundamental la actividad de LADE en la Patagonia”.
“Las largas distancias que se deben recorrer para transitar de una ciudad a otra, las dificultades vinculadas al relieve y al clima que determinan la aéreo-dependencia en parte de la región, la necesidad de cruzar fronteras para arribar al continente desde la Isla de Tierra del Fuego y la necesidad de que los traslados de personas se realicen en la forma más directa posible para minimizar los contactos, son algunos de los fundamentos de la iniciativa”, indicaron.
Líneas Aéreas del Estado es el único organismo estatal de transporte aéreo de fomento, que depende de la Fuerza Aérea Argentina y del Ministerio de Defensa de la Nación. “Su origen, fue el deseo y la necesidad de emprender una acción comunitaria que uniese los centros de mayor densidad poblacional con los alejados pueblos de nuestro territorio”, recordaron.
El pedido de los oficialistas también destaca que “la región cuenta con una gran cantidad de actividades económicas compartidas, cuyo potencial podría aumentar de manera significativa con nuevos corredores aéreos dentro de la Patagonia. Los hidrocarburos, la generación de energía, la industria y el turismo son parte de los perfiles de especialización de las distintas ciudades del sur del país. Mejores conexiones significan, en consecuencia, mejores oportunidades de desarrollo”.
Por otra parte, los senadores de las provincias patagónicas celebraron “el trabajo coordinado y en conjunto que vienen desarrollando desde la apertura de sesiones ordinarias” y pidieron que se considere “con posterioridad a la situación de emergencia sanitaria, la posibilidad de sumar la conectividad aérea de la Patagonia argentina con la Patagonia chilena”.
Para finalizar, coincidieron en que “las medidas dispuestas por el Gobierno nacional han sido y siguen siendo claves para salvar miles de vidas. Este rápido accionar ha permitido que a poco más de 100 días del primer caso (de Covid-19) conocido en el país, gran parte del territorio nacional se encuentre en una nueva etapa, denominada como distanciamiento social”.
El pedido es impulsado por los fueguinos Matías Rodríguez y María Eugenia Duré; la santacruceña Ana María Ianni; los chubutenses Nancy González, Alfredo Luenzo y Mario Pais; los rionegrinos Martín Doñate y Silvina García Larraburu; los neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag; y los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango.
Legisladores radicales presentaron un pedido de informes dirigido al PEN para que se aclaren los alcances de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones mediante la cual se habilita el ingreso a la Argentina de personas residentes en Chile.
Los diputados nacionales de la UCR Lorena Matzen, Roxana Reyes y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que se aclaren los alcances de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones mediante la cual se habilita el ingreso a la Argentina de personas residentes en Chile a través de los pasos Samoré (Neuquén), Huemules (Chubut) y Austral (Santa Cruz).
“La Dirección Nacional de Migraciones debe emitir normas claras, sin lugar a libre interpretación, respecto al cruce y habilitación de los pasos fronterizos patagónicos”, reclamaron los legisladores patagónicos.
En este marco, en el pedido de informes se solicita que “se especifique si se encuentra contemplado requerir la intervención de las autoridades sanitarias de las provincias respectivas, a los fines de adoptar las medidas de prevención de propagación del Covid 19”.
Se menciona además en el proyecto de resolución, presentado este martes bajo el número de expediente 3062-D-2020, que “lo dispuesto por el organismo en la disposición 2437/2020 establece una autorización que será de carácter excepcional y regla el procedimiento de manera vaga, generando resquemor y alerta en los pobladores patagónicos de los pasos fronterizos, esto provocado de forma natural por el alto índice de contagios y presencia de Covid 19 en nuestro vecino país”.
“Es necesario para llevar tranquilidad a la población aledaña de cada paso fronterizo, que se generen normas aclaratorias complementarias ya que vivimos tiempos excepcionales, en los cuales debemos cuidarnos entre todos”, señalaron.
“Cada proceso y normativa debe ser lo más acabada posible a los fines de prevenir una enfermedad que no nos viene a buscar, sino que, como dice el presidente de la Nación, nosotros vamos a buscarla”, agregaron.
La iniciativa fue acompañada también por los diputados Karina Banfi (Buenos Aires), Claudia Najul (Mendoza), Martín Berhongaray (La Pampa), Álvaro De Lamadrid (CABA), Lidia Ascarate (Tucumán), Josefina Mendoza (Buenos Aires), Estela Regidor (Corrientes), José Luis Riccardo (San Luis), Jorge Vara (Corrientes), Jorge Rizzotti (Jujuy), Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Gerardo Cipolini (Chaco).
La legisladora nacional radical Roxana Reyes presentó un proyecto solicitando que el PEN ayude a las familias más vulnerables de la Patagonia, que “aún no cuentan con redes de abastecimiento de gas natural y pagan sobreprecios por la provisión de GLP”.
La diputada nacional Roxana Reyes presentó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo que, a través de ENARGAS, tome “medidas urgentes” para ayudar a las familias más vulnerables de la Patagonia, que “aún no cuentan con redes de abastecimiento de gas natural y pagan sobreprecios por la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP)”.
Reyes dijo que “es sumamente necesario, y sobre todo en el actual contexto de pandemia donde muchas familias vieron disminuidos sus ingresos, que se tomen medidas para equiparar las tarifas a los usuarios de GLP en relación a aquellos que viven en localidades que tienen la suerte de estar conectados al gasoducto nacional. Se deben mitigar las consecuencias económicas que significa la no construcción del Gasoducto Nacional en las provincias patagónicas”, señaló.
En este sentido, advirtió que “hay una gran desigualdad” porque hay hogares humildes en muchas localidades patagónicas que no tienen acceso a la red de gas natural del tendido nacional y “no les queda otra solución que pagar cuatro veces más por la única alternativa que tienen, que es utilizar un combustible alternativo, garrafas y tubos de GLP para calefaccionarse o cocinar y otras cuestiones”.
La diputada insistió en la importancia de mitigar las consecuencias de no tener al día de la fecha en funcionamiento, ni en construcción, el gasoducto nacional en las provincias patagónicas, y remarcó que en las últimas semanas hubo vecinos de Río Gallegos, Perito Moreno y Gobernador Gregores que pagaron facturas por montos que van desde los 4 a los 15 mil pesos.
“Estamos hablando de zonas donde el clima en invierno es crudísimo, y donde este recurso se vuelve muchísimo más necesario para calefaccionar la vivienda. Necesitamos que el Estado nacional tome las riendas y ayude a estas familias especialmente en un momento como el actual donde la falta de ingresos se ve profundizada enormemente por el impacto pandémico del Covid 19”, concluyó Reyes.
La senadora Ana María Ianni es autora de un proyecto al respecto, que busca subsanar los “incrementos exorbitantes” que se dieron con la gestión anterior.
La senadora nacional por Santa Cruz Ana María Ianni (Frente de Todos) presentó un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que restablezca el subsidio de gas a los consumos residenciales en las provincias patagónicas, los cuales fueron recortados por el gobierno anterior.
“Los aumentos desmedidos en las tarifas de gas de la pasada gestión perjudicaron a los ciudadanos del sur de nuestro país con incrementos exorbitantes alcanzando montos irracionales en proporción a los ingresos, muchos de ellos quedaron en situación de morosidad”, sostuvo Ianni.
La legisladora reconoció “la complicada situación que está atravesando nuestro país y el mundo por la pandemia del Covid-19”, pero consideró “necesario que los organismos que correspondan busquen una solución para los ciudadanos patagónicos, tan castigados con el gobierno saliente”.
Por otra parte, Ianni acompañó otro proyecto presentado por la chubutense Nancy González que busca que aquellas exportaciones para consumo que se realicen por los puertos y aduanas ubicados al sur del Río Colorado, gocen de una compensación adicional a la exportación, tal como ocurría desde el año 1983 hasta que el gobierno de Mauricio Macri lo derogó por decreto.
Para el diputado nacional de Juntos por el Cambio “Resistencia Ancestral Mapuche es un grupo terrorista que usa la violencia con la excusa de reivindicar derechos no probados”.
El diputado nacional de Juntos por el cambio Alberto Asseff presentó un proyecto pidiendo informes sobre las políticas de seguridad federal que se están llevando a cabo, ante “el avance violento y constantes amenazas de los grupos identificados como ‘Resistencia Ancestral Mapuche’”.
También pidió conocer que acciones conjuntas se están llevando a cabo con el gobierno rionegrino y la Justicia local, tanto federal como provincial. Como asimismo saber si los integrantes de los grupos violentos están debidamente identificados.
El diputado se refirió al conflicto que tiene el gobierno de la provincia de Río Negro, que ha pedido la intervención del Gobierno nacional, a través de la gestión de la gobernadora Arabela Carreras ante el Ministerio de Justicia para que intervenga en Villa Mascardi, donde existe un largo historial de actos violentos.
Al respecto, Asseff recordó que existen “hechos de violencia recurrentes” en la localidad de Villa Mascardi, departamento de Bariloche, provincia de Rio Negro, donde este mes se reiniciaron actos de vandalismo. El diputado dijo que “se contabilizaron unos 108 hechos delictivos, de los cuales, por lo menos 12 de los mismos se relacionan con acciones directas de violencia por parte de grupos de personas identificadas con movimientos reivindicativos indigenistas”.
El diputado del interbloque JxC recordó que los hechos violentos en la zona “no son una novedad”, y dijo que “lamentablemente el país está siendo víctima de un grupo terrorista que acuden a la utilización de la violencia con la excusa de reivindicar derechos indígenas y sociales”.
Para Asseff es “inadmisible pensar que en un Estado de Derecho exista un grupo radicalizado como lo es la Resistencia Ancestral Mapuche, liderado por Jones Huala, que utiliza la violencia sometiendo a gobiernos democráticos para hacer respetar derechos que no están probados”.
“La Argentina sufrió mucho en los setenta con las guerrillas terroristas, lo pagamos con sangre, dolor y decadencia. Este brote violento puede costarle muy caro a los intereses del país”, concluyó.
El proyecto presentado por el diputado nacional Alberto Asseff es acompañado por los legisladores Marcela Campagnoli, Pablo Torello,Omar Demarchi, Gonzalo del Cerro, Ingrid Jetter, Gerardo Cipollini, Francisco Sánchez, y Héctor Stefani, entre otros.
