La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Karina Milei, Pilar Ramírez, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cuál prevé modificar el esquema del impuesto a las patentes de vehículos con el objetivo de reducir la carga tributaria el distrito capitalino.

El texto en cuestión busca introducir una estructura progresiva para automóviles, camionetas y motos, con tasas que van desde el 0,80% para los valores más bajos hasta el 4% en los segmentos de mayor valuación, junto con montos fijos por tramo. También, fija una alícuota uniforme del 1% para otras categorías como camiones, transporte de carga, transporte público de pasajeros, taxis y maquinaria agrícola o industrial.

La iniciativa también mantiene un incremento del 10% sobre el impuesto destinado al financiamiento del Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos. Y busca establecer que la carga efectiva no podrá superar el 5% del valor del vehículo en el caso de los automotores particulares y fija un mínimo anual de 13.300 pesos para todos los casos.

En los fundamentos de la iniciativa, Ramírez sostuvo que en "un contexto en el que los valores fiscales de los vehículos aumentan por efecto de la inflación y de la actualización nominal de precios, mantener alícuotas elevadas genera un incremento automático de la presión tributaria. La presente propuesta busca impedir un aumento injustificado de la presión tributaria, reduciendo las alícuotas aplicables y llevando la carga del impuesto a un nivel más razonable y compatible con el esfuerzo que ya realizan los porteños".

"Desde La Libertad Avanza creemos en una Ciudad que acompañe al que trabaja, al que emprende, al que invierte y al que genera empleo. Por eso sostenemos que toda medida orientada a aliviar la carga tributaria, ordenar el gasto público, simplificar el sistema impositivo y ampliar la libertad económica redunda en un beneficio concreto para los porteños. La Ciudad debe avanzar hacia un modelo con menos presión impositiva, menos distorsiones y más recursos en manos de los porteños y del sector productivo. Menos Estado sobre el bolsillo de los porteños y más libertad para producir, invertir y crecer", completó.

Pasado el informe de gestión de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, y con la idea de retomar la agenda parlamentaria, los popes del bloque libertario convocaron este miércoles a un puñado de aliados a una reunión en la que les trasmitieron la intención de sesionar el próximo 20 de mayo.

A paso lento en el plano legislativo, marcado por el escándalo que no da tregua en torno al jefe de Gabinete, y con proyectos del Poder Ejecutivo más ambiciosos del lado del Senado, el oficialismo en la Cámara baja buscará convocar a comisiones la semana que viene para armar un nutrido temario.

Según supo parlamentario.com, la propuesta de LLA es sesionar dentro de dos semanas con el proyecto de “Ley Hojarasca” -que busca derogar un conjunto de normas consideradas obsoletas y es impulsado por el Ministerio que conduce Federico Sturzenegger- y un paquete de tratados internacionales, que ya cuentan con dictamen.

Además, se sumaría la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos. El mismo cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y el Gobierno ahora busca desempolvarlo. En principio, Argentina tenía tiempo hasta el 30 de abril para cumplir con ese paso.

Tras vencerse ese plazo, las negociaciones del Ejecutivo continuaron y en Diputados esperaban la venia de Cancillería para avanzar (a mediados de abril se había convocado a un plenario de comisiones que luego se suspendió). En el medio, EE.UU. sacó a la Argentina de su “Priority Watch List” -la lista de países cuestionados por el respeto a la propiedad intelectual- después de 10 años.

Con fuerte presión de los laboratorios nacionales y otros sectores con reparo al tratado, como las empresas productoras de semillas, en el Gobierno negocian para que la adhesión al PCT pueda salir quizás con una reserva sobre el Capítulo II, el más cuestionado. Un antecedente cercano de esto es Uruguay.

Otro tema que arrancará a debatirse la semana que viene es la iniciativa recientemente ingresada sobre “Medidas energéticas”, que apunta a recortar el régimen de zona fría y los subsidios de gas. También, prevé la regularización de obligaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cambios en el Régimen de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y la prórroga del régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

Fuentes del oficialismo dijeron a parlamentario.com que irán directamente por el dictamen exprés, aunque en caso de no tener el consenso necesario se postergaría. Pero estos cuatro temas son los que buscarán llevar al recinto.

Con una nueva marcha universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, otro proyecto que espera en Diputados es el que modifica la Ley de Financiamiento Universitario, hoy judicializada. Desde LLA admiten que “está difícil”.

El encuentro de este miércoles se realizó en el Salón de Honor de Presidencia, aunque sin el titular del Cuerpo, Martín Menem. Por el oficialismo participaron Gabriel Bornoroni -presidente de la bancada-, Giselle Castelnuovo, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz.

En tanto, desde la oposición estuvieron todos los jefes de bloques del interbloque Fuerza del Cambio: Cristian Ritondo (Pro) -acompañado por Javier Sánchez Wrba-, Pamela Verasay (UCR), Oscar Zago (MID), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires). También asistieron Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca) y Gladys Medina (Independencia).

Luego del encuentro, desde LLA esperaban recibir las “contrapropuestas” de la oposición dialoguista. Una de ellas ya trascendió y se trata de un nuevo proyecto de ficha limpia impulsado por Scaglia. Sin embargo, en el oficialismo esperan que la reforma política llegue del Senado, donde la posibilidad de tratar ese tema por separado se sumó a la mesa de negociación.

En medio de nuevos y crecientes reclamos de dos sectores que, desde poco después del comienzo de la gestión de Javier Milei, advierten por el ajuste que sufren, el Gobierno tiene como intención reabrir la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario en el Congreso.

Así pudo saber parlamentario.com, tanto de fuentes oficialistas como opositoras, a las cuales ya se les transmitió que el Ejecutivo tiene en carpeta discutir reformas a las leyes que fueron impulsadas el año pasado por la oposición, vetadas por el presidente y posteriormente insistidas por amplias mayorías.

Incluso, en diciembre pasado, ya con una composición parlamentaria más favorable a La Libertad Avanza, el oficialismo vio fracasar el capítulo incluido en el Presupuesto que buscaba la derogación lisa y llana de las leyes 27.793 y 27.795.

En el caso de Financiamiento Universitario, Casa Rosada se apresta a apelar la implementación de la norma ante la última instancia judicial: la Corte Suprema. En marzo pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno y le ordenó cumplir de inmediato con la ley.

Un mes antes de ese revés, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para reformar la norma, pero hasta ahora no se puso en discusión.

En cuanto a discapacidad, todavía no hay definición sobre si el Gobierno piensa en una reforma a la Ley de Emergencia o directamente a la Ley de Discapacidad (22.431). Este tema también tuvo sus fallos judiciales y en febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial su reglamentación. Sin embargo, el colectivo de organizaciones de personas con discapacidad mantiene el reclamo por la plena implementación de la ley. “Las prestaciones tenían atraso y ya hubo actualización”, justificó a parlamentario.com una fuente del oficialismo.

Según supo este medio, sobre lo que habría intención de avanzar es en establecer criterios más rigurosos para la obtención del Certificado Único de Discapacidad.

Ley Hojarasca, próxima parada

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, el oficialismo buscaría llevar al recinto en los próximos días el proyecto de “Ley Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La iniciativa, que fue presentada en 2024 y reenviada semanas atrás, busca ponerle fin a un abultado conjunto de leyes que ya no tienen efecto, fueron superadas por normas posteriores, se considera que “limitan libertades” o tienden a la burocratización. Puntualmente, propone la derogación total de 63 leyes, la derogación total de dos decretos y la modificación de otras tres normas.

La semana próxima funcionarios de la cartera de Desregulación asistirían a un plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda a defender el proyecto. En caso de contar el oficialismo con las voluntades de sus aliados, podría haber dictamen y llevarse a una sesión el miércoles 22.

Se demora el Tratado de Patentes, clave en el acuerdo con Estados Unidos

La segunda semana de abril terminó con una seguidilla de reuniones de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, que tuvo una única y destacada suspensión: el plenario que iba a realizar junto a Legislación General e Industria para discutir la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), clave en el marco del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Se trata de una iniciativa que cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y que LLA busca desempolvar para cumplir con uno de los compromisos asumidos con la gestión de Donald Trump.

Aunque el 30 de abril era la fecha límite para cumplir con tal aprobación, fuentes del oficialismo descartaron que se llegue. “Es un tema que está llevando adelante Cancillería”, revelaron a este medio. Así, LLA se encuentra a la espera de las órdenes del Ministerio comandado por Pablo Quirno, pero ya da por sentado que no se tratará en una eventual sesión del 22 ni la semana siguiente, marcada por la visita del -cuestionadísimo- jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Varios motivos giraron en torno a la suspensión del plenario y, entre ellos, uno de los más resonantes fue el fuerte rechazo que salieron a manifestar los laboratorios nacionales, que se verían afectados al no poder copias fórmulas. Es que, de acuerdo al tratado, una vez que se registre una patente por parte de un país miembro, ésta tendrá 20 años de validez en todos los países adheridos.

Eliminación de las PASO: un anhelo “muy difícil” para el Gobierno

El Gobierno tiene entre sus prioridades la idea de avanzar con una reforma política, que incluya la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en la Boleta Única de Papel y modificaciones sobre la constitución, vigencia y financiamiento de los partidos políticos.

Sin embargo, desde  LLA admiten que ven “muy difícil” la posibilidad de eliminar las primarias. El año pasado, para las legislativas, el consenso con la oposición dialoguista alcanzó solo para la suspensión. Conscientes de que sus principales socios del Pro y la UCR no están de acuerdo con la eliminación directa, y sin que asome un “plan B” hasta ahora, hay quienes afirman que si no se pueden suprimir buscarán nuevamente su suspensión en 2027, año presidencial. El argumento de la gestión libertaria radica en el costo fiscal que tienen esos comicios para resolver internas de los partidos.

Tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares y con varios diputados afectados a un viaje hacia Estados Unidos -organizado por la Red de Acción Política (RAP)-, la agenda en la Cámara baja incluye numerosas reuniones de comisiones en la segunda semana de abril, entre las que se destaca la de Relaciones Exteriores y Culto, con una variada y numerosas cantidad de acuerdos internacionales.

El martes 14 a las 13, el cronograma se abrirá con la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas. Presidida por el santafesino Pablo Farías (PU), fue citada en la Sala 7 del Anexo para establecer una agenda de trabajo.

En tanto, a las 14, en la Sala 1, tendrá lugar la primera reunión conjunta de Relaciones Exteriores, que será junto a Legislación General para tratar la aprobación del Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, realizado el 23 de noviembre de 2007 en la ciudad de La Haya (Países Bajos), y que tuvo media sanción del Senado en 2018.

También a esa hora, pero en la Sala 2, la Comisión de Comercio a cargo de Juan Brügge (PU) se congregará para establecer una agenda de trabajo sobre diferentes temas.

A las 15, en la Sala 4, será el turno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que conduce Martín Ardohain (Pro), que tratará un conjunto de proyectos de resolución y declaración para destacar la realización de distintos eventos.

A las 16.30 volverá a ser el turno de Relaciones Exteriores, al mando de Juliana Santillán (LLA), que estará en plenario con Legislación General e Industria. En el encuentro citado en el segundo piso del Anexo "C" se discutirá un proyecto que tuvo media sanción del Senado en 1998, es decir, hace 28 años. Había sido enviado en la segunda presidencia de Carlos Menem.

El oficialismo desempolvará esa iniciativa que ahora resulta clave en el marco del acuerdo comercial que Argentina firmó con Estados Unidos, ya que se trata de la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo Reglamento (Washington, Estados Unidos), que data de 1970, aunque entró en vigencia en 1993.

Para el miércoles 15 a las 11, en la Sala 1, Relaciones Exteriores realizará un nuevo plenario con Legislación General para abordar tratados referidos a la extradición, firmados con Chile, Polonia, Costa Rica, Serbia, Cuba e Italia. Todos cuentan con media sanción, menos el más reciente, que es el de Chile: se firmó en diciembre de 2023 y fue enviado por el PEN en julio de 2024. Su debate se dará en el marco de la situación de tensión con el país vecino por el exguerrillero Galvarino Apablaza Guerra, quien se encuentra prófugo en Argentina y cuenta con pedido de extradición.

Más tarde, a las 13, también en la Sala 1, Relaciones Exteriores se unirá a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios para tratar el Convenio Internacional de Nairobi sobre la remoción de restos de naufragio, celebrado en la ciudad de Nairobi, República de Kenia, el 18 de mayo de 2007. Ya tiene media sanción.

A las 15, en la Sala 1, Relaciones Exteriores tendrá plenario con Defensa Nacional para abordar el Acuerdo de Cooperación Mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, suscripto en la ciudad de Montevideo, el 29 de agosto de 2012. También ya fue votado por el Senado.

Finalmente, el miércoles a las 17, en la Sala 1, Relaciones Exteriores mantendrá una reunión conjunta con Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para discutir el proyecto en revisión por el cual se aprueba el acuerdo Marco entre la República Argentina y la Secretaría de Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, suscripto el 2 de noviembre de 2016, en la ciudad de Ginebra, Suiza.

En lo que respecta al jueves 16, fue citado a las 12, en la Sala 1, un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Justicia para debatir el Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Reglamento de Financiación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes, enviado en julio de 2024 por el PEN a la Cámara de Diputados.

La presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (FxBA), Claudia Neira, celebró la decisión de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de dar marcha atrás con el aumentos en las patentes, a fin de que el incremento no supere la inflación del 2025.

En ese sentido, la peronista explicó que "la Legislatura porteña le puso un freno al aumento del Impuesto a las Patentes que estableció el Código Fiscal para el año 2026 de Jorge Macri, para que ningún porteño tenga aumentos por encima de la inflación en este impuesto" e indicó que "desde el Bloque Fuerza por Buenos Aires acompañamos este proyecto pero es importante que los porteños sepan exactamente qué pasó y por qué llegamos hasta acá".

"Cuando el Poder Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026, incluyó un cambio deliberado en la forma de calcular el impuesto a las patentes vehiculares. En su propia gacetilla oficial lo explicaron con claridad: se pasó de utilizar las valuaciones de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) a las de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Esto no fue un error técnico: fue una decisión de política tributaria que el propio Gobierno defendió como un avance hacia la 'progresividad y equidad impositiva'", sostuvo Neira.

Al mismo tiempo que aseguró que "el resultado fue previsible: esto significó aumentos desproporcionados en sus boletas, muy por encima de la inflación, para un número considerable de contribuyentes. Sin embargo a nadie en el oficialismo ni en la Libertad Avanza debería sorprenderle porque ambos votaron el Presupuesto y el Código Fiscal".

"Cuando los porteños empezaron a recibir las boletas y estalló la polémica, el Gobierno reaccionó en tres tiempos, cada uno peor que el anterior: primero, defendió el aumento. En medios como Clarín explicaron que el cambio de fuente era correcto porque la DNRPA tenía 'inconsistencias y desactualizaciones'. Incluso minimizaron el impacto: dijeron que solo el 16% del padrón de más de un millón de vehículos enfrentaría aumentos significativos. Luego, se peleó con el Gobierno Nacional. El Ministerio de Justicia de la Nación publicó un ranking donde la CABA aparecía con la alícuota más alta del país (6%) para el pago del Impuesto a las Patentes, y Jorge Macri usó la cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad para desmentirlo, mencionando que la alícuota promedio ponderada es del 2,5%. Una pelea pública entre dos gobiernos que nada le resolvía a los contribuyentes", continuó.

A la vez que agregó: "tercero, dio marcha atrás de la peor manera posible. El 30 de enero, la AGIP dictó la Resolución 46/26 suspendiendo todos los vencimientos de patentes, reconociendo en sus propios considerandos que estaba por enviarse un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un régimen de bonificación. Es decir: el Ejecutivo suspendió el cobro de un impuesto por resolución administrativa porque se arrepentía de la norma que él mismo había promovido. Cuatro días después, el 3 de febrero, tuvo que dictar la Resolución 52/26 fijando nuevos vencimientos y liquidando las cuotas de forma provisoria, aclarando que los pagos serían 'a cuenta' de lo que la Legislatura decidiera".

Fue entonces cuando la peronista remarcó que "todo esto generó una situación inédita: un tributo con vencimientos suspendidos, boletas provisorias, pagos a cuenta, y más de un millón de contribuyentes sin saber cuánto debían pagar. Un caos administrativo que afectó a gran parte de los porteños".

"El proyecto que envió el Ejecutivo propone una bonificación para que el incremento del impuesto no supere la inflación acumulada del IPCBA durante 2025. Es decir: un parche para tapar el problema que ellos mismos crearon. Desde Fuerza por Buenos Aires acompañamos esta corrección porque los porteños no pueden seguir pagando las consecuencias de la improvisación del Ejecutivo", destacó.

Finalmente, Neira sentenció: "pero dejamos planteado lo que viene: no podemos seguir poniendo topes y bonificaciones de emergencia año tras año. En noviembre, cuando llegue el Proyecto de Presupuesto 2027, necesitamos una discusión integral sobre los impuestos patrimoniales en la Ciudad, con datos y con la seriedad que los porteños merecen".

A pedido del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó un proyecto de ley que busca establecer una serie de cambios a fin de retrotraer los aumentos en las patentes, a fin de que el incremento no supere la inflación del 2025.

De esta manera, el texto recientemente aprobado por la Casa busca establecer una bonificación sobre el pago del gravamen de patentes, "a fin de que el incremento porcentual del monto determinado para el 2026 no supere el porcentaje equivalente al incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) durante el 2025, respecto de la obligación liquidada o que hubiera correspondido liquidar en el ejercicio fiscal 2025".

Además fija que en el caso de que se hubieren abonado cuotas correspondientes al año en curso, "el crédito fiscal resultante de la bonificación prevista anteriormente se registrará en la cuenta corriente del tributo del vehículo automotor respectivo como saldo a favor del contribuyente".

En los fundamentos de la iniciativa, el alcalde porteño había explicado que "la aplicación de la citada bonificación permitirá morigerar los incrementos en el tributo que se han generado como consecuencia de la evolución de las valuaciones de los vehículos automotores en la República Argentina".

Tras haberlo anunciado en las redes sociales, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, envío a la Legislatura porteña un proyecto de ley para retrotraer los aumentos en las patentes, a fin de que el incremento no supere la inflación del 2025.

De esta manera, el texto recientemente presentado en la Casa busca establecer una bonificación sobre el pago del gravamen de patentes, "a fin de que el incremento porcentual del monto determinado para el 2026 no supere el porcentaje equivalente al incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) durante el 2025, respecto de la obligación liquidada o que hubiera correspondido liquidar en el ejercicio fiscal 2025".

Además fija que en el caso de que se hubieren abonado cuotas correspondientes al año en curso, "el crédito fiscal resultante de la bonificación prevista anteriormente se registrará en la cuenta corriente del tributo del vehículo automotor respectivo como saldo a favor del contribuyente".

En los fundamentos de la iniciativa, el alcalde porteño concluyo señalando que "la aplicación de la citada bonificación permitirá morigerar los incrementos en el tributo que se han generado como consecuencia de la evolución de las valuaciones de los vehículos automotores en la República Argentina".

Con la intención de dar marcha atrás con los aumentos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca ponerle tope a la suba y que no pueda superar la inflación del 2025: es decir, un 31,5%.

A través de un comunicado que colgaron en sus redes oficiales, la gestión de Jorge Macri aseguró que "ninguna patente se actualizará por encima de la inflación. El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025".

El texto establece que "ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025".

"En este sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos", agregó el comunicado y remarcó que "es importante aclarar que no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)".

Finalmente, desde el Gobierno porteño aseveraron que "tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado".

El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley que propone la "federalización" del registro patentable, al establecer "el derecho de toda persona humana o jurídica a elegir libremente la jurisdicción en la cual registrar el dominio de cualquier bien registrable sujeto a patentamiento".

"Queremos una reforma que permita, a los ciudadanos y a las empresas, elegir en qué provincia quieren registrar el dominio de sus bienes patentables, lo que además permitirá una eficiente descentralización administrativa y fortalecerá el federalismo, llevando a la baja la carga impositiva”, señaló el legislador.

En ese sentido, indicó que "como bien establece la Constitución en su artículo 17, la propiedad es inviolable, y las personas, físicas o jurídicas, deben tener la libertad de gestionar sus bienes de la manera que mejor se adapte a sus necesidades, incluyendo la elección de la jurisdicción para su registro”.

El bonaerense agregó: "También hay, con esta reforma, un respeto por la autonomía personal y la libertad de elección de las personas, empoderándolas y permitiéndoles tomar decisiones informadas que optimicen sus recursos y necesidades específicas”.

“En muchos países existen medidas para que se puedan registrar automotores, bienes industriales y otros, en la región que mejor se adapte a sus necesidades, con bajos impuestos. ¿Por qué no importar estas prácticas exitosas a nuestro país?”, manifestó Milman.

Que puedas patentar donde sea más barato.

Estoy presentando un proyecto de ley para que puedas registrar tu auto, moto o cualquier bien patentable en la provincia que vos elijas, sin importar dónde vivís.
Es una forma concreta de devolverte libertad, hacer que las provincias… pic.twitter.com/cOLEMPdeyI

— Gerardo Milman (@gmilman) May 11, 2025

Para garantizar que el sistema sea coherente y le dé garantías al ciudadano, el diputado nacional propone crear un Sistema Nacional Unificado de Interconexión Registral (SNUIR), que permita la interoperabilidad entre las distintas jurisdicciones y asegure que la información sea consistente y accesible en todo el país. Además, se prevén estándares legales y procedimientos homogéneos en todas las jurisdicciones para garantizar la seguridad jurídica y establecer una reforma que lleve a bajas impositivas para registrar bienes.

“En la actualidad hay una distorsión impositiva significativa para el patentamiento de bienes. Según un informe de la Fundación Libertad, la carga impositiva en algunas provincias, por ejemplo, para el patentamiento automotor es mucho más fuerte que en otras regiones de mundo, incluso, en algunas provincias los valores se triplican en comparación con otras", apuntó el legislador.

Y concluyó: “Con este proyecto lograremos una sana competencia entre las provincias, que mejorará la eficiencia de los servicios de registro y fomentará un desarrollo regional más equitativo. Pero, además, le daremos libertad al ciudadano y a las empresas para que puedan registrar sus bienes en las jurisdicciones que mejor garanticen la protección de su patrimonio e inversiones”.

Después de que llegaran las facturas de patentes con aumentos de más del 11% sobre el valor del automotor, las legisladoras de La Libertad Avanza (LLA) María del Pilar Ramírez y Marina Kienast apuntaron con dureza contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el “impuestazo”.

En ese sentido, la presidenta del bloque LLA opinó sobre lo ocurrido y la situación que el distrito capitalino viene atravesando en los últimos días. “Presos sueltos por la Ciudad, inseguridad descontrolada y ahora un impuestazo criminal a las patentes. ¡El Gobierno porteño sigue metiéndole la mano en el bolsillo a los porteños para tapar su ineficiencia!”, remarcó Ramirez.

Mientras que Kienast afirmó: “empiezan a llegar las quejas por el aumento de patentes. El GCBA sigue siendo un recaudador serial para bancar un Estado gigante… que ni siquiera puede mantener a los presos encerrados”.

“En diciembre dijimos que se venía un tarifazo y nos trataron de mentirosos. No digan que no les avisamos”, sentenció.

La vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, presentó en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que buscan establecer beneficios para jubilados y pensionados: por un lado, la exención del pago de patentes y, por el otro, de los tramites relacionados con las licencias de conducir.

Respecto del pago de patentes, el documento recientemente presentado establece que dicha exención será para vehículos de uso particular con más de seis años de antigüedad y cuyo titular sea un jubilado y/o pensionado que cobre una jubilación y/o pensión de hasta dos haberes mínimos y posea residencia de al menos cinco años en la CABA.

En cuanto a los trámites para la licencia de conducir, se buscará eximirlos de pago de ingresos brutos. Para quienes tengan hasta dos haberes y medio mínimos, el beneficio alcanzará el 100%, para quienes lo superen será del 90%.

En la actualidad se los exime del pago de la tarifa de los trámites de ampliación, otorgamiento, renovación, renovación por cambio de jurisdicción y renovación por cambio de datos de la licencia de conducir a aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimo, vital y móvil, y prevé una exención del 80% para aquellos que perciban un monto mayor a los dos salarios mínimo, vital y móvil.

“Lamentablemente, no prevé aquellos beneficios para los trámites de duplicado o reimpresión de la licencia de conducir, cuestión no desdeñable, ya que, ante el supuesto de robo o pérdida de la licencia de conducir, el trámite previsto para su reemplazo serán estos últimos nombrados, produciéndose el sinsentido que, por ejemplo, un jubilado pueda emitir su licencia de conducir sin costo atento a encontrarse exento del mismo, pero que al tener que reimprimir la misma por robo, deba abonar aquel trámite”, sentenció la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.

Tras la última sesión ordinaria, el diputado de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña se refirió a la actualización que se aprobó en torno al servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y el impuesto a las Patentes y consideró que se trató de un “impuestazo”, dado a que se modificaron los topes vigentes.

En ese sentido, el peronista aseveró que “los que se llenan la boca hablando de la presión impositiva, votaron un aumento del impuestazo del 250% en inmobiliario y patentes” y aseveró que “desde el bloque Unión por la Patria propusimos un esquema justo y progresivo para alivianar el impacto sobre trabajadores y clase media, sin embargo, no lo quisieron tratar”.

“Lamentablemente, al igual que con Ley Bases los espacios que se dicen progresistas en redes y TV, a la hora de votar, votan con los libertarios”, recalcó Barroetaveña.

Asimismo, recordó que desde UP plantearon alternativas para mejorar la recaudación con un carácter progresivo, es decir, que aporten en mayor medida aquellos contribuyentes con mayor patrimonio. En este aspecto, Barroetaveña, presentó un proyecto de modificación integral del impuesto inmobiliario. Se trata de una escala de 20 segmentos donde el 80% de las boletas de ABL van a tener un tope de aumento del 100%. En un contexto de inflación muy por encima de ese número, ese tope significaría un alivio para los contribuyentes.

“El 10% de los propietarios de la Ciudad concentran el 60% del valor fiscal y el 1% de los propietarios concentran el 35% del valor fiscal. Se trata de un lobby poderosísimo que se apodera del suelo y tributan lo mismo que cualquier jubilado o jubilada que habita la Ciudad”, sentenció.

El diputado nacional por el Frente de Todos Itai Hagman presentó un proyecto para que el Congreso Nacional respalde la campaña internacional que pide la liberación de patentes de tecnología, medicamentos y vacunas para prevenir y tratar el Covid-19.

“En marzo de 2020 se declaró al coronavirus pandemia, el mundo entero se paró, todos estábamos muy asustados por la velocidad de transmisión del virus; sin embargo en la segunda mitad del año empezamos a tener esperanza: se anunciaban vacunas nuevas para terminar esta pesadilla. Pero lo que parecía el fin de la pandemia fue una muestra de la continuidad del peor capitalismo salvaje”, advirtió el legislador del oficialismo.

En ese sentido remarcó que “en vez de encontrarnos con la cooperación internacional necesaria para derrotar al virus, nos encontramos en una disputa por las escasas vacunas que hay, que obviamente ganan quienes más recursos tienen”. Así, agregó, “los países ricos compran vacunas que en algunos casos quintuplican su población, y los países más pobres tienen enormes dificultades para acceder a ellas. Se amplifica aún más la desigualdad”.

“Que a esta altura se mantengan la propiedad intelectual en hallazgos científicos para frenar el coronavirus es inmoral e inhumano y debe terminar ya mismo”, remarcó Itai Hagman.

Ese es el fundamento de la presentación de su proyecto para “sumar al Congreso a este grito internacional por la liberación de las patentes de las vacunas. Es falso lo que esgrimen quienes se oponen, que las patentes son necesarias para que haya competencia y por ende más investigación. De hecho, Médicos Sin Fronteras reveló una investigación en la que demuestra la enorme cantidad de dinero que invirtieron los Estados Nacionales en el desarrollo de las vacunas. The Guardian publicó un artículo que muestra que en el caso de la AstraZeneca la inversión estatal fue del 97%”, agregó el economista.

El proyecto propone acompañar la campaña impulsada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la cual participan otro centenar de países entre los que se encuentra Argentina. Actualmente existe una disposición, desde 2001, por la cual la OMC permite liberar las patentes en caso de crisis sanitaria a los países de la cual hizo uso Brasil en 2009 con un medicamento para tratar el HIV. Sin embargo, Hagman considera que “eso no es suficiente hoy, se requiere una cooperación y resolución internacional para suspender la propiedad intelectual de medicamentos y vacunas para tratar y prevenir el coronavirus en todo el mundo”. Recordó Hagman que la propuesta es impulsada también por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch , ONUSIDA y Médicos sin Fronteras.

Es promovida además, añadió, por entidades científicas importantes como la Revista Nature y numerosos líderes mundiales, incluyendo el propio papa Francisco.

La médica generalista de la Ciudad de Buenos Aires Estefania Cioffi apoyó la iniciativa señalando que “los médicos y médicas estamos dando todo hace un año para evitar que muera gente por el coronavirus, pero si no se socializan los avances científicos contra el Covid-19 lo que podemos hacer es limitado. Es fundamental que se liberen las patentes ya”.

El diputado nacional Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista-FIT) resaltó que “se han descubierto varias vacunas" contra el Covid-19, pero "no hay una producción masiva para inmunizar a la población mundial". "Hay que terminar con este gran negocio privado”, dijo.

En ese sentido, se refirió a la protesta que este miércoles llevará adelante la Izquierda Socialista para pedir la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, ya que ese mismo día se reunirá en Ginebra la Organización Mundial de Comercio (OMC) para tratar ese tema.

“Las patentes son controladas por las grandes transnacionales farmacéuticas y laboratorios que vienen restringiendo el acceso a miles de millones de personas de las vacunas, donde en 130 países pobres no se ha aplicado ninguna dosis”, señaló.

El bonaerense llamó a “terminar con este gran negocio privado liberando las patentes para que miles de laboratorios en el mundo puedan producir millones de dosis y haya vacunas para todas y todos”.

“La OMC es un organismo imperialista responsable de la debacle social y de salud que viene avalando las patentes”, criticó el legislador, y agregó que se podría lograr poner “a disposición de todos los científicos y laboratorios del mundo el conocimiento y las técnicas para hacer una producción masiva de vacunas”.

Giordano mencionó que “India y Sudáfrica, con el apoyo de 99 países, reclaman ante la OMC que se suspendan las patentes mientras dure la pandemia. Sin embargo, los gobiernos de esos países se limitan a solicitudes formales y no llaman a movilizar". Y enfatizó: "Incluso Argentina, a pesar de ser firmante, Alberto Fernández no impide que se vayan las 24 millones de dosis que se producen por mes en Garín para Astrazeneca, lo que permitiría avanzar enormemente en la vacunación en el país”.

El dirigente de la izquierda hizo referencia a instituciones y personalidades famosas que apoyan la causa, como Médicos sin Fronteras, Oxfam, George Clooney, Sharon Stone y Peter Gabriel, entre otros.

Además, el diputado destacó que “más de un millón quinientas mil personas en todo el mundo han suscrito el documento con esa exigencia, llamando a tomar distintas iniciativas este 14 -de abril- entre organizaciones populares, sindicales, juveniles y políticas que coincidan con este reclamo en cada país, con actos presenciales, virtuales, en redes, vídeos, fotos, etcétera”.

Según informó en un comunicado, el legislador por la provincia de Buenos Aires solicitó una entrevista para ese mismo día a las 14.30 con el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Argentina, Enrique Pérez, a fin de hacer conocer este reclamo.

El diputado porteño Eugenio Casielles (Consenso Federal) presentó un proyecto en la Legislatura porteña para que el Gobierno de la Ciudad exima el pago de las patentes de vehículos para los próximos dos bimestres, ante la prohibición de circular emanada del decreto presidencial que dispuso el Aislamiento Preventivo Obligatorio.

A partir de la declaración del aislamiento, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que el resto de los habitantes de nuestro país, debieron suspender todas sus actividades -en su mayoría-, impidiendo de esta manera el desarrollo de sus tareas laborales. En el marco de la situación señalada, es que el Gobierno ́porteño debería tomar medidas de alivio para la población, que al no poder trabajar “ven comprometidos sus ingresos”, fundamentó el legislador.

Para Casielles, resulta preciso proponer diversas medidas que procuren “amortiguar los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio sobre la carga impositiva a los ciudadanos durante el proceso de éste aislamiento”.

“̈En esta línea, es que entendemos necesario suspender el cobro de las cuotas 3 y 4 del año 2020 de este impuesto de vehículos automotores registrados en la Ciudad de Buenos Aires, considerando que es un período de tiempo razonable que permitirá reorganizar los ingresosdeloshogares”, remarcó.

Por último, expresó: ̈”Apoyamos las medidas que se han tomado con el objetivo de recortar gastos y resignar partidas en esta etapa de crisis, pero también entendemos que hay que tomar decisiones que imparten directamente sobre los bolsillos de nuestros vecinos”.