El Presidente y la jefa del bloque de senadores oficialistas se mostraron juntos en Olivos, donde ella ponderó el trabajo legislativo y él destacó que su gobierno trabaja todos los días.
Luego de una semana muy activa, en la que tuvo protagonismo central por el debate de la ley de Modernización Laboral, cuya aprobación en el Senado Javier Milei calificó de “histórica”, la senadora Patricia Bullrich concurrió este lunes a la residencia presidencial de Olivos para reunirse con el Presidente.
Ella misma lo difundió en las redes sociales, donde posteó imágenes suyas: una posando con el mandatario y otra con el dibujo de un león y un pato abrazándose, recordando el abrazo que tuvieron en un estudio de televisión, luego de que Javier Milei accediera al balotaje de 2023 y ella quedara afuera y le brindara su apoyo.
“Trabajando junto al Presidente @JMilei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia”, posteó la jefa del bloque de La Libertad Avanza del Senado, que agregó: “Este Congreso, el más reformista que haya tenido la Argentina, se prepara para un año de cambios profundos”.
Por su parte, el Presidente reposteó el tuit de Bullrich y escribió: “¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!”.
La senadora confirmó que el oficialismo impulsará un cambio en la ley de Modernización Laboral para que las licencias por enfermedades severas continúen pagando el 100% del salario.
La senadora Patricia Bullrich admitió este domingo que harán una modificación a la ley de Modernización Laboral en lo referente a las licencias por enfermedad, para que en aquellas que sean consideradas severas, el empleado pueda cobrar el 100%. Eso no implica que vaya a volver al Senado, por cuanto están analizando alternativas para implementar esa modificación.
Entrevistada por TN, la jefa del bloque libertario de la Cámara alta sostuvo que “uno de los principales problemas que tiene la Argentina es la industria del juicio laboral”, y ejemplificó: “Hay juicios que llegan a 2.500 millones de pesos para el trabajador”. Por eso aclaró que ahora le ponen límite: piso y techo.
“¿A un empleado que tiene 20 años de antigüedad le va a caer la nueva ley?”, le preguntaron, a lo que Bullrich contestó afirmativamente, aclarando que “lo que se cambió es ‘la crema’ que le ponían a los juicios. La Ley de Contrato de Trabajo siempre dijo: un mes por año. ¿Qué dice la nueva ley? Un mes por año”, pero planteó que “ahora no podrán poner que si te pagaban la SUBE eso era salario; si te pagaban el comedor también… Engordaban, engordaban, engordaban y entonces una PyME como “Naranja Mandarina”, una tienda de tres trabajadores en Jujuy, que vende ropa, tuvo un juicio de 380 millones de pesos… Cierra Naranja Mandarina, desaparece”.
Según Bullrich, “la trampa se hizo ley”, y garantizó que a partir de la nueva norma “no le pueden poner aditamentos” al cálculo indemnizatorio, al tiempo que explicó que no se le pone ningún tope a la indemnización.
El cambio en las licencias
Consultada sobre la polémica que se ha dado en torno a los porcentajes que se pagarán a partir de ahora a quienes pidan licencias, Patricia Bullrich sostuvo que los cambios “no fueron a último momento”, y consideró que se trata de un tema “muy sensible”, dado que “como hay una mafia en la litigiosidad laboral, hay una mafia también con los certificados médicos”.
Se quejó porque la Argentina hoy tiene 15% de ausentismo en el sector privado, y detalló cómo es el pago de sueldos en otros países en casos de licencia: en Portugal pagan el 65% del salario; en Francia el 70; Uruguay 70; España 64; Suiza 80; Austria 50; Italia 67; Suecia 80; Bélgica 60; Finlandia 70 y Alemania 70.
Respecto de las enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, la jefa del bloque LLA respondió: “Vamos a hacer una modificación, le vamos a dejar el 100%. Lo estamos trabajando. Solo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.
Con todo, aclaró que hay que dejar en líneas generales el pago de solo el 50% por los abusos que en la materia se realizan. “Hay presos en todo el país por certificados truchos -aseguró-. Nosotros vinimos a terminar con las mafias, esto es una mafia”.
La senadora dijo que habrá junta médica en hospitales públicos o lugares de reconocida capacidad médica, pero eso será para las enfermedades que suceden en el trabajo.
Ante una pregunta sobre las modificaciones que van a hacer para las enfermedades severas, Bullrich dijo que “hoy en día el trabajador tiene reserva de un año en el cargo; a los dos años le aplican el 245, que es la indemnización. Lo que cambió es el porcentaje (salarial) por las mentiras de las mafias”. Y destacó: “Como en ningún momento la Ley de Contrato de Trabajo distinguía entre enfermedades no severas y las severas, vamos a trabajar este tema y ahí sí va a volver a lo que era el 100%”.
“Estamos analizando si lo hacemos por Diputados; hoy lo hablé con Martín Menem, vamos a ver si lo hacemos por reglamentación, o lo buscamos como un artículo de ley que se vote como otra ley, le vamos a buscar la forma”.
Por último citó los diagnósticos sobre salud mental, afirmando que “en eso hay un excesos enorme. El certificado psiquiátrico es un exceso enorme. Es una de las licencias que más se usan”.
La senadora de La Libertad Avanza utilizó anteojos Ray-Ban Meta durante un breve pasaje de la sesión en la que se debatió la reforma laboral. Las imágenes generaron versiones en redes sobre presuntas instrucciones recibidas por ese dispositivo, algo que la propia Bullrich negó.
La sesión en la que el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno dejó una imagen que luego recorrió las redes: Patricia Bullrich con anteojos de marco blanco. Los posteos que se viralizaron afirmaban que se trataba de lentes inteligentes capaces de transmitir fotos y videos sin ser percibidos y, sobre todo, de permitir que la senadora recibiera indicaciones durante el debate.
El chequeo de las imágenes fue realizado por Chequeado, en un informe elaborado por Delfina Corti y Manuel Tarricone, quienes confirmaron que Bullrich efectivamente utilizó un modelo de Ray-Ban Meta, aunque sólo en una intervención de escasa duración, alrededor de las 11.30 de la mañana. En ese tramo, la jefa del bloque oficialista habló menos de dos minutos y únicamente para ceder la palabra a dos senadores de La Libertad Avanza encargados de detallar los cambios introducidos al dictamen original.
Según registró Chequeado, en sus participaciones posteriores —incluido el discurso de cierre ya en la madrugada del 12 de febrero, que se extendió por más de 45 minutos— Bullrich no volvió a usar los lentes. Tampoco los llevaba puestos cuando recordó el fallecimiento de la exdiputada Sandra Mendoza antes de las 13.
Consultada sobre las versiones que aseguraban que el dispositivo le permitía recibir instrucciones, Bullrich calificó esa interpretación como “mentira total”. Afirmó que los lentes son “una cámara en un espacio público” y explicó que funcionan como un reemplazo de los auriculares, ya que permiten escuchar la sesión sin cubrir los oídos como sucede con los AirPods.
Los Ray-Ban Meta, diseñados en colaboración con la compañía de Mark Zuckerberg, permiten sacar fotos, grabar videos, atender llamadas y reproducir audios de manera manos libres. De acuerdo con el sitio oficial del producto, los anteojos operan mediante comandos de voz para realizar llamadas, enviar mensajes o activar funciones del dispositivo sin necesidad de desbloquear el teléfono. Incorporan parlantes mejorados en las varillas y un sistema de cinco micrófonos que capta sonido envolvente.
Mientras la polémica se expandía en redes, en el Senado la reforma laboral obtuvo media sanción y quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados, donde continuará el debate iniciado en la sesión que dejó, además de la votación, una inesperada discusión sobre tecnología portátil.
En un inicio de año inesperadamente favorable, el oficialismo hilvanó tres medias sanciones clave en materia laboral y mostró una nueva musculatura política. Con pragmatismo renovado, una oposición desorientada y gobernadores urgidos por sus finanzas, Milei capitaliza la debilidad ajena mientras exhibe gobernabilidad hacia afuera.
Después de un año legislativo para el olvido, el oficialismo arrancó este campeonato con 3 a 0 relevante, avanzando sobre una de las vacas sagradas: las reglas laborales. Aunque los tres proyectos solo pasaron por su media sanción, existe alta probabilidad de que se conviertan en leyes. Nada de lo aprobado tendrá efectos inmediatos, sino que sirve sobre todo para mostrarle al mundo que LLA puede asegurar la gobernabilidad y que pueden dar satisfacción simbólica.
Para la realpolitik lo más interesante es el laboratorio de ingeniería política que permitió dar frutos. Como ya lo mencionamos oportunamente, cuando un oficialismo gana una elección se genera en la política y en la opinión pública un clima condescendiente hacia el poder, sobre todo si dicha victoria no estaba tan clara en la previa. Los retadores quedan atónitos y, como se dice en fútbol, cuando un equipo recibe un gol, está psicológicamente mucho más propenso a recibir otro que a poder empatar.
Desde cierto punto de vista, una de las mejores cosas que le pudo pasar a los libertarios es haber perdido la elección bonaerense del 7-S pasado, ya que moderaron su estilo, se despertaron, reaccionaron, jugaron a full su apuesta a Trump y reordenaron su sistema de decisión y negociación política. Claramente este no es el desaguisado que reinó el año pasado pre elección, donde el Gobierno se dedicó a perder sistemáticamente, sin poder encontrar un tapón que evitara que el agua se siga yendo por la alcantarilla.
Los triunfos entonan sin duda, pero se nota que Santilli está manejándose de otra forma frente a propios y extraños que Guillermo Francos, quien negociaba cosas imposibles de cumplir por algún veto interno, particularmente de Toto. Eso significa que se incorporó otra lógica de funcionamiento y otro enfoque conceptual, porque la posición hoy es otra: la administración libertaria ahora tiene la pelota en su cancha y no puede perder los partidos, so pena de convertirse en el hazme reír de la política vernácula.
Este pragmatismo fase 2 -la primera aconteció cuando logró aprobar la Ley Bases- no solo se destaca por tirar de la cuerda hasta que sea posible, sacrificando lo que sea necesario, sino además buscando atajos astutos para que no le cobren off side. Un ejemplo de este es la salida que está proponiendo al financiamiento universitario para no incumplir con lo aprobado por el Congreso, contra su voluntad. Ya lo expresó el benemérito ministro de Economía cuando se debatía sobre la licitación de los caños: “No estamos en guerra con nadie”.
Toda victoria también delata otras cuestiones. En este caso ahora los gobernadores saben que “unidos, jamás serán vencidos”: 1) pueden defender sus finanzas con el voto de sus senadores y diputados; 2) confirman que el Gobierno pide 10 para sacar 5, y 3) como el LLA debe ganar todas las votaciones sí o sí hasta el final del mandato dado que controla el mazo, es chantajeable (como diría Sartori, no yo). Al revés, los soldados del Javo también pueden tomar nota que los mandamás provinciales, si les ponen un artículo que los complica con la plata, levantan las dos manos y se rinden a votar cualquier reforma, por extremista que sea. Todo esto irá viento en popa a toda vela -al decir de Espronceda- en tanto y en cuanto la opinión pública le haga el aguante al león.
En este marco, nada debería preocuparle al Gobierno, salvo que metan la pata al estilo Libragate o el caso Andis. El Central está sobre cumpliendo la meta de acumulación de reservas para este año -aunque viene muy retrasado desde el año pasado- el superávit fiscal se sostiene, el dólar no solo no sube, sino que además baja y Wall Street cree que Toto saldrá a tomar deuda en el exterior dentro de poco. El 2.9 % de inflación tiene influencia estacional, tampoco es para hacerse los rulos, y además no hubiese sido diferente con el índice descartado. ¡No sean contras, che!
Por consiguiente, buenos augurios para Milei y su ballet en la primera parte del año, con esta sociedad anestesiada frente a los costos del ajuste. Si el modelo luce más sólido ahora, ¿por qué preocuparse? Buena parte del trabajo de un consultor político consiste en detectar oportunidades y amenazas antes de que sean inmanejables. La sistemática gran pregunta cotidiana de este mundillo de “sabiondos y suicidas” es de cuánto barro están hechos los pies de este nuevo gigante, la cual acompañará hasta que se definan las tendencias electorales de 2027 (los próximos 20 meses).
Esta semana La Anónima informó que su monto de incobrables creció 7 veces en 2025 respecto a 2024 (se va sumando a otros datos negativos de morosidad). La capacidad instalada industrial el año pasado fue la más baja desde 2011. El INDEC no informa que los salarios crecen por debajo de la inflación en los últimos 4 meses. Argentina no mejora en el índice de corrupción de Transparencia Internacional: fue el peor registro de los últimos 10 años y es el primer gobierno no peronista que empeora la situación heredada desde que existe la serie estadística (información destacada por Poder Ciudadano). “Resuelve lo difícil mientras aún es fácil. Atiende lo grande mientras aún es pequeño”, aconseja Lao Tsé.
Esta semana también se destacó por la rebelión policial en Santa Fe. Más allá de los errores de negociación y previsión que pudo haber tenido Pullaro, el hecho delata otro aspecto: la situación financiera de las provincias está complicada. Ese distrito -que no está mal administrado y se niega a liquidar localmente los dólares tomados en el exterior, pese a las recriminaciones de Toto- le ha bajado la coparticipación a sus municipios en un 25 % en los últimos meses, y ya ha advertido a sus intendentes que la situación no mejorará. Llaryora impuso a fin de año un recorte del 30 % en todas las áreas.
Volviendo al principio de la columna, el presidente hizo de esa debilidad financiera ajena, una virtud propia: les arrancó el apoyo a una reforma laboral profunda. Damos fe que Maquiavelo sigue vivito y coleando.
Un análisis de 179.000 menciones en redes reveló que, pese al triunfo legislativo del Gobierno, la conversación pública estuvo dominada por críticas, desconfianza institucional y un fuerte peso de las imágenes del conflicto. Milei y Bullrich concentraron el eje político y emocional del debate.
Aunque el Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral en el Congreso como un hito político, la reacción social en el ecosistema digital mostró un escenario muy distinto. Un estudio de Enter Comunicación que relevó 179.000 menciones y un alcance potencial de 13 millones de usuarios registró un clima abiertamente hostil hacia la medida, donde las opiniones negativas superaron ampliamente a los mensajes de respaldo. La audiencia siguió con mayor interés el resultado parlamentario que la narrativa del conflicto, pero la lectura social estuvo marcada por la desaprobación.
La conversación se organizó alrededor de dos elementos centrales: el proceso legislativo y la tensión en las calles. Un 31,4% de los usuarios se concentró en el detalle de la votación y el quórum, mientras que el 12,4% puso el foco en los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso. En ambos casos, el tono predominante fue crítico. La figura de Patricia Bullrich ocupó un lugar destacado en la discusión: como senadora y a la vez responsable política del operativo de seguridad, se convirtió en un puente visible entre el Ejecutivo y el Senado y, al mismo tiempo, en uno de los blancos principales de cuestionamientos.
Uno de los rasgos más llamativos del análisis de Enter Comunicación fue la desconfianza institucional. El término “senadores traidores” se impuso como etiqueta transversal: sectores de derecha lo utilizaron para señalar a quienes no respaldaban la reforma, mientras que los espacios de izquierda lo aplicaron para denunciar a quienes la votaron afirmativamente. La polarización se profundizó con un fenómeno de “cámaras de eco”, en especial en Facebook, donde los usuarios interactuaron casi exclusivamente con contenidos afines a su postura previa.
El presidente Javier Milei fue el eje identitario del debate y concentró el 18% de las menciones, encarnando tanto el impulso reformista como el centro de las críticas. El estudio también detectó una fuerte dicotomía en la narrativa sobre el operativo de seguridad: el 33% de los usuarios enmarcó los hechos como “represión”, mientras que un 20% lo interpretó bajo la lógica del “orden”, validando el protocolo aplicado. Las imágenes de los enfrentamientos tuvieron mayor impacto en Instagram y TikTok, donde el componente visual amplificó el clima de confrontación.
En términos de sentimiento, el 45,1% de las publicaciones fueron neutrales o informativas —principalmente seguimientos técnicos y reportes de prensa—, el 33,4% resultó abiertamente crítico y solo el 21,5% mostró respaldo, tanto al operativo de seguridad como al resultado legislativo. La dinámica de la conversación mostró que el interés por los incidentes cayó abruptamente una vez conocido el desempate en la cámara, reforzando la centralidad del desenlace institucional por encima del conflicto callejero.
Las conclusiones del informe apuntan a una paradoja: mientras el Gobierno obtuvo una victoria parlamentaria importante, perdió por amplio margen la batalla narrativa en el terreno digital. La jornada evidenció una crisis de representación expresada en la desconfianza hacia el Senado, la consolidación del personalismo político y la falta de debate transversal sobre los contenidos de la ley.
Un público mayoritariamente observador, más atento al dato que a la disputa ideológica, siguió el minuto a minuto del proceso, en un ecosistema donde la viralización del conflicto convivió con la rápida caída del interés una vez definido el resultado.
El titular de Encuentro Federal le mandó un mensaje a Bullrich y consideró que “esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.
Foto: HCDN
Mientras la Cámara de Diputados debate la Ley Penal Juvenil, el presidente del bloque Encuentro Federal, Miguel Pichetto, se expresó a favor de la iniciativa, pero criticó a Patricia Bullrich -sin nombrarla- y descree que el Gobierno nacional vaya a asignar las partidas presupuestarias correspondientes que el artículo 51 establece para la adecuación de establecimientos de detención.
“Estamos frente a un viejo debate y circular que están en la Argentina, parecido a la Reforma Laboral que aparece siempre que hay un gobierno no peronista”, cargó el legislador. Se refirió al crimen de Jeremías Monzón y recordó que se empezó a discutir en 1998 por impulso del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, a quien consideró “un hombre que conocía bien el conurbano”.
Sobre este debate, particularmente, lo catalogó como “una medida de impacto en realidades que ocurren en una sociedad rota, en decadencia y donde se ha perdido el valor de la escuela pública y la familia como elemento de contención que son parte de la incorporación de jóvenes al delito”. Sin embargo, señaló que “tomando los porcentajes no es tan alto porque no llega al 2%”.
Crítico del oficialismo, explicó que “detrás de este proyecto, hay un Gobierno que no invierte en infraestructura y en educación”, y añadió: “Estas son medidas de efecto que sirven para lucimiento de determinados senadores o exministras que, no conformes con 14 y que quisieran 13 o talvez 10, porque eso las coloca más a la derecha y las pone en el lugar del facilismo discursivo satisface a algunos sectores”. “La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina”, cuestionó.
Luego, reiteró que “estoy de acuerdo en bajar a 14 porque la media internacional de la mayoría de los países”, pero señaló: “Esta ley requiere inversión para en el proceso educativo y construcción de edificios para poner a los menores para tratar de reconstruir penas reducidas”.
Directo a la redacción del texto y la asignación presupuestaria de más de 23 mil millones de pesos, señaló que son “recursos insignificantes”, y advirtió que “el metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de 7.000 dólares”. También, sugirió que “esta ley requiere una cláusula especial para que en las provincias entre a regir cuando estén dadas las condiciones y construidos los establecimientos para menores”.
En el final, recordó sus posturas en debates anteriores -cuando fue senador y en anteriores mandatos- y reiteró: “Estoy de acuerdo en bajar la punibilidad en 14 años”, pero advirtió que sirve “para no hablar de la pérdida de empleo y salario real de la Argentina”. “Permítanme dudar de que el Gobierno vaya a poner el presupuesto de esta ley”, concluyó.
Sostuvo que la ley vigente tiene 45 años y es inconstitucional, cuestionó la propuesta impulsada por Patricia Bullrich y defendió el dictamen de UP, que fija la punibilidad entre los 16 y 18 años con un máximo de 10 años de pena en delitos graves. Reclamó un sistema integral de protección.
Foto: HCDN
En representación de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz defendió el dictamen que elaboró esa bancada, recordando que la ley vigente, la 22.278, tiene 45 años de vigencia. “No hace falta que expliquemos la inconstitucionalidad de esa norma”, dijo, calificando a la misma como “vetusta, regresiva, tan tremenda en la mirada del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes, que son el sujeto que queremos reconocer”.
La emprendió contra el proyecto enviado en 2024 por la entonces ministra Patricia Bullrich, calificándolo como “mamarracho jurídico” y le atribuyó el precepto expresado por la hoy senadora de “delito de adulto, pena de adulto”. Habló de la “inconstitucionalidad” de esa frase, y trajo a colación la Observación N° 24 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, que leyó a continuación: “Los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esas diferencias, se les reconoce una menor culpabilidad, y se les aplica un sistema distinto, con un enfoque diferenciado e individualizado. Se ha demostrado que el contacto con la justicia penal perjudica a los niños al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.
“Miren, no es una frase hecha en una observación de una convención. Es simplemente saber que no podemos legislar sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en la búsqueda de una solución”. Insistió en que a los niños, niñas y adolescentes “se les reconoce una menor culpabilidad” y se les aplica una pena diferenciada. “No es una frase hecha”, enfatizó, remarcando que “es saber que cuando legislamos sin tener en cuenta al sujeto al que queremos abordar en busca de una solución, la pena máxima es sin duda la última expresión que debería reflejar el sistema político en general”.
Para Tolosa Paz, “todo el sistema político debería trabjar para que esto esté solo para casos excepcionales”. Y la emprendió contra el Gobierno al señalar que “quienes promueven una Argentina donde van desarmando el sistema de protección de los derechos del niño; quienes promueven una Argentina donde van desarmando las estructuras de la educación pública, la salud pública, del Garrahan y de los servicios locales, traen hoy aquí en discusión (el precepto) ‘cárcel o bala’, y construcción de cárceles de niños, pegados con los adultos, para darle una respuesta a un problema que tiene sin duda un sector de nuestra sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes pobres sumergidos en la extrema vulnerabilidad, que no han tenido ninguna posibilidad de encontrarse con un rostro del Estado que debería haberle garantizado una maternidad donde nacer; una protección en la infancia; un plato de comida; un médico pediátrico en un centro de salud, para luego en todo caso de haber cumplimentado todos esos estándares constitucionales, podríamos ofrecerle, si cometió un delito, una respuesta justa, constitucional, garante de sus derechos, de su defensa, y sin duda la pena de la restricción de su libertad como último ratio. Esa Argentina es posible; esa Argentina late en el corazón de quienes creemos en la Constitución y venimos acá independientemente del dolor de los casos tremendos que tenemos que soportar”.
Se refirió a continuación al dictamen que venía a defender. Resaltó la participación de invitados que asistieron los dos años anteriores a los debates del tema en Diputados, en cuyos testimonios dijo entender que está parte del argumento de “porqué construimos este dictamen”.
“Tenemos un dictamen propio que fija una posición clara: los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años, y en la concurrencia de delitos graves la pena máxima será de 10 años -expresó-. Nos hacemos cargo de lo que escribimos, eso cumple el principio de una pena proporcional, diferencial, con un sistema que lo va a juzgar, defender, y le va a dar una salida en base a la Constitución. Pero además de encargarnos de los jóvenes punibles, de los 31 especialistas que pasaron. Pena progresiva; proporcionalidad en la pena; lugares especializados, no durlock en cárcel de adultos. Queremos como último ratio la pena de libertad en lugares que tenemos que reconstruir en muchas provincias, o tenemos que volver a hacer en otras”.
Tolosa Paz destacó que muchas provincias han avanzado en dar respuesta a estos problemas, mucho antes de que se presentara esta ley. Y recomendó ir a ver la Ley de Procedimiento que llevan adelante en Córdoba, o la ley vigente en CABA. “Fijemos la edad y a partir de esa edad trabajemos”, recomendó, pidiendo poner el mismo esfuerzo en la no punibilidad: “Los escucho, tienen que explicar porqué arrancaron con 13 años; ahora están en 14, cuenten qué van a hacer con los no punibles”.
La diputada de UP sostuvo que el dictamen de su bancada contempla a los no punibles y recordó que Kim Gómez (la niña asesinada por menores el año pasado en La Plata) y su padre “todavía están esperando que tengamos un cuerpo normativo que aborde el drama de un no punible cometiendo un homicidio agravado. Están esperando la respuesta seria, la seriedad que ustedes no tienen”.
Dirigiéndose al oficialismo, lanzó que “no tiene la solución al problema; esta no lo es. Esto no se soluciona con marketing político, cambiando la edad, como si fuera un juego de póker. Se soluciona conociendo primero la realidad argentina, las normas procesales de cada provincia, entre otras cosas”. E insistió en que “la no punibilidad tendrá que tener una respuesta también, incluso cuando comete un delito”.
A continuación, enumeró las respuesta que pretende dar el dictamen que defendía: “Primero, sistema de protección integral; segundo, Ley de Salud Mental, internación obligatoria, porque el consumo problemático es uno de los factores más importantes para que un pibe esté delinquiendo en una edad en la que tendría que estar estudiando y en familia. Tercero, en los casos gravísimos, tipificados en el Código Penal, con penas que son mayores de 15 años, también decimos normas procesales vigentes en la provincia, tiempo limitado, supervisión de la restricción, porque no solo queremos cuidar la vida de los terceros, dar respuesta a las víctimas, sino fundamentalmente también cuidar la vida y la integridad de ese adolescente. Por eso decimos que no es cierto que la ley de ustedes vaya a traer ninguna realidad”.
Concluyó advirtiéndoles a sus pares que “cuando se vayan esta noche a dormir, sepan que acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y, fundamentalmente, la Argentina después de 45 años necesita un sistema juvenil penal que aborde el conflicto adolescente con una mirada diferente, con la justicia restaurativa, con el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, con la voz de las víctimas, pero fundamentalmente con un Estado que no mire para otro lado”.
La jefa del bloque libertario en el Senado respaldó la Reforma Laboral y aclaró: “Las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas”, y destacó que “esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”.
Fotos: Comunicación Senado
El cierre del extenso debate por la Reforma Laboral en el Senado estuvo en manos de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien respaldó la iniciativa que “está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, y planteó que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta”.
Previo a hablar del proyecto, la senadora hizo una cuestión de privilegio contra el jefe de la bancada de UP, José Mayans, por “comparar una frase que estaba en la entrada del campo de exterminación de Auschwitz para hablar en la casa de la democracia que no merece que usted nombre ese cartel nefasto donde 6 millones de vidas fueron incineradas. Le pido que use otros ejemplos y no ese”.
Luego, procedió a respaldar la iniciativa del Ejecutivo: “Estamos iniciando un camino laboral profundo de cambios que durante muchas décadas se discutió en el país. En todos los gobiernos de la democracia generar un sistema laboral que deje de condenar a millones de argentinos a la informalidad, que les negó la posibilidad de progresar”.
“No se puede hablar como si todo hubiese comenzado hoy, cuando la mayor cantidad de gobierno lo ha tenido el partido que hoy niega haber participado de la situación en la que millones de argentinos se encuentran en la informalidad total”, criticó.
Bullrich consideró que “estamos ante una batalla muy importante que ha dado el Congreso en los últimos años porque se ha intentado varias veces. Se intentó en distintos gobiernos avanzar para tener herramientas que ayuden a que la Argentina progrese”, pero remarcó que “las frustraciones fueron múltiples desde el gobierno de Alfonsín hasta ahora una cantidad de oportunidades perdidas para lograr acompañar las leyes laborales, el tamaño del Estado, el empleo privado, la necesidad de tener empresas. Frente a eso la respuesta fue el achatamiento, el Estado feudal, la construcción de Estado que han aplastado la capacidad productiva del país”.
“Una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, lanzó.
En esa línea, planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.
“Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, con futuro, con oportunidades”, ponderó y aclaró que “las leyes laborales no crean empleo, no estamos prometiendo milagros, estamos trayendo soluciones reales y concretas que se explican en cada artículo porque en Argentina se necesita generar trabajo y eso sucede cuando hay competitividad”.

La senadora libertaria sostuvo que “para crear empleo hay que bajar impuestos, no hay que crear más empleo público, hay que tener seguridad jurídica, generar el fin de los estados feudales. Queremos empleo privado para la libertad de las personas”. En ese sentido, apuntó: “Acá se ha construido el Estado a favor de la lógica y de la política, se ha destruido la capacidad productiva y creativa de los argentinos, por eso esta ley viene a crear reglas claras con orden y libertad”.
Por el contrario, planteó: “Venimos a cambiar un paradigma que durante décadas tuvo al trabajo argentino atrapado en un sistema rígido, extorsivo, injusto. En pocos años un país pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener el 43% de empleo informal”, y preguntó: “¿Puede un país durante 15 años no crear puestos de trabajo? ¿Puede ser que hoy de cada 2 empleos que se contratan, uno es informal? ¿Vamos a seguir con un sistema que impide generar nuevos puestos de trabajo?”.
“Si estamos por debajo de las capacidades que exige el mundo, no vamos a poder crecer como país. Este sistema fracasó y estamos planteando un sistema diferente que permite defender derechos en serio”, manifestó y respaldó: “Estamos trabajando la posibilidad de generar un empleo que le permita a la gente tener la capacidad de darle a su familia esos derechos que hoy le son negados. Que contratar no sea un acto de riesgo, es una amenaza permanente”.
Bullrich afirmó que “estamos encaminando al país a salir del fracaso, a generar que no viva la litigiosidad, el privilegio. En el que pocos pueden acceder a un trabajo formal y muchos tiene que vivir en la informalidad. No queremos que en la Argentina el trabajo sea un rehén de la corrupción de entramados y de privilegios, que sea la libre elección de cada persona, y no la imposición de Estados”.
La senadora aseguró que la iniciativa busca “salir de este sistema armado para vivir en el conflicto laboral permanente, un sistema que funde empresas, destruye empleo y luego lo disfrazan de defensa al trabajador”. De forma contraria, manifestó que la ley “trae equilibrio”.
En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, el Senado debatió la Ley de Modernización Laboral con fuertes cuestionamientos cruzados entre oficialismo y oposición. Aunque sin momentos de tensión extrema, el intercambio dejó duros discursos sobre el Fondo de Asistencia Laboral, la “industria del juicio”, el rol sindical y el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores.
Fiel al estilo de la Cámara alta, el debate del proyecto de ley de Modernización Laboral no tuvo momentos de tensión, pero sí pasajes bastante ásperos, con cruces entre oficialistas y opositores. Pasadas unas pocas cuestiones de privilegio, a las 11.30 los senadores se abocaron a la discusión de la reforma laboral, que se extendió hasta bien pasada la medianoche.
En el arranque del debate, a las 11.33 de este miércoles, Patricia Bullrich le cedió a dos senadores de su bloque la explicación técnica del proyecto. Así, el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente”, defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años.
“Una realidad muy cambiante”, a la que –dijo- esta ley “viene a dar soluciones”. Por ejemplo, el oficialista mencionó en ese sentido “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.
A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares”.
Con un fuerte rechazo sobre el proyecto, el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde enfatizó que el FAL es “el despido subsidiado por el Estado”. “El FAL es un escándalo. Es un negociado horrendo y brutal que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP”, expresó y cargó contra los bloques dialoguistas: “Van a ser cómplices de un negociado de los amigos de Caputo”.
En esa línea, apuntó que “es un fondo que se los van a quedar administradoras privadas”. “Los premiados van a ser los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños y cuando volvamos al Gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP no”, advirtió.

Le tocó hablar luego a la radical Mariana Juri, quien cruzó al porteño: “¿Me van a decir que el empleo en Argentina está genial y los gobiernos peronistas lo dejaron genial?”. Por el contrario, la aliada del oficialismo consideró que esta iniciativa “es una gran herramienta para poder generar más empleo”.
“Una sola ley no genera empleo por sí sola, pero sin una buena ley laboral que se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega”, aclaró y habló de “una ley que da previsibilidad y seguridad jurídica”. Sobre uno de los aspectos que se modifican, defendió que “el fraccionamiento de las vacaciones no solo es bueno para el empleado y el empleador, sino para el sector turístico emergente”.

Durante el debate, la senadora del bloque Justicialista Lucía Corpacci cuestionó: “No se dio ninguna oportunidad para que nuestro bloque pudiera hacer un aporte o algo que cambie al menos un poquito el daño que esta ley hace a los trabajadores”. “De 200 artículos, 50 fueron modificados y nos enteramos hoy a las 8 de la mañana”, agregó.
Para la catamarqueña, en esta ley se “pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho y a quien se le debe reconocer el derecho esencial del trabajo y de la dignidad que genera el trabajo. Este proyecto considera al trabajo como una mercancía”.
“Es mentira que esto va a generar más empleo o que los trabajadores van a blanquear”, afirmó y recordó que, pese al régimen establecido en la Ley Bases, “solamente el 0,3% de los trabajadores fueron blanqueados”. Entre varios puntos, criticó que “un artículo lo hace responsable al trabajador si la patronal no le hace los aportes. ¿Por qué tanta maldad? Yo no puedo dejar de pensar qué tienen en la cabeza para ir siempre contra los que menos tienen”.
Transcurridas cuatro horas de sesión, la senadora tucumana Beatriz Ávila tomó la palabra y destacó que “es positivo la exclusión del artículo 190 del Impuesto a las Ganancias”. Sin embargo, advirtió que “tenemos que ser sinceros porque una Reforma Laboral no es suficiente que debe ir acompañada por otras reformas, pero va a ayudar a ordenar y equilibrar las reglas de la economía y del mercado del trabajo”. Cercana a la gobernación de su provincia, explicó que “esta Reforma es resultado de los resultados del 26 de octubre”.
De todas maneras, lanzó cuestionamientos al Gobierno nacional, puntualmente contra el ministro de Economía, Luis Caputo: “Gobernar es pensar en la producción argentina y no decir que se compra la ropa afuera porque ahí están los dólares faltantes”. Para concluir su breve intervención, la integrante del bloque Independencia señaló que “estamos abordando una legislación de más de 50 años donde no había robótica ni Inteligencia Artificial, después de más de 15 años de estancamiento”.
Integrante de La Libertad Avanza, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero llenó de elogios a Patricia Bullrich por llevar adelante las gestiones de este proyecto y al presidente Javier Milei por impulsar el tratamiento. “Esta Reforma Laboral es para que el futuro nos muestre sus mejores caras porque abrimos la puerta de par en par al trabajo formal”, mencionó también y la consideró como “un antes y un después”.
En sintonía con sus discursos en el recinto, expresó que “el foco estuvo siempre en la inserción laboral porque la mayoría de los chicos son pobres”, y sumó que “si fuera por mí, deberíamos haber ido más allá para liberar el trabajo moderno”. Sintetizó, además, que esta iniciativa “es un invitación concreta para sacar la gente del ‘negro’ y traerla al sistema formal”, y concluyó: “Si logramos desarticular la industria del juicio, habrá más empleo”.
En su debut como orador en el recinto del Senado, Joaquín Benegas Lynch, representante libertario de la provincia de Entre Ríos, comenzó su alocución al considerar que la gestión de Javier Milei y el proyecto de Ley de Modernización Laboral es parte de una “transformación política, económica y sobre todo moral”.
En medio de las interrupciones de los integrantes del interbloque Popular, el senador oficialista reiteró que “esta ley no es una descripción técnica, es un pilar estructural y fundamental para mejorar el ámbito laboral”. Y culminó que se trata de “reglas claras para los verdaderos protagonistas de la producción que son el empleador y el empleado”, a quienes llamó “socios naturales”.
A su turno, la camporista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas y hablan de modernización”. “Me asusta que el radicalismo vuelva a acompañar a un Gobierno a hacer lo mismo”, dijo y cruzó a su comprovinciana Mariana Juri, que se preguntó más temprano qué había hecho el peronismo en cuestión laboral. “Nosotros cuando fuimos gobierno sancionamos 48 leyes laborales”, resaltó la mendocina.
Además, la opositora lanzó contra Patricia Bullrich: “La jefa de La Libertad Avanza, que tiene más transferencias que un Corsa, dijo que era la primera vez que se trataba una reforma laboral en Argentina. ¡Cuando ella misma era ministra de Trabajo en el 2001! La verdad que la desfachatez de algunos personajes de la política argentina me deja boquiabierta”.
Autocrítica, la senadora jujeña Carolina Moisés dejó en claro que Convicción Federal rechaza la Ley de Modernización Laboral, pero cuestionó: "Es una pena que el peronismo que tuvo al trabajador como columna vertebral del movimiento no haya podido estar a la altura de las circunstancias”.
Señaló, también, que “esta Reforma Laboral no mejora nada, no moderniza, ni mucho menos genera empleo”, y añadió que “esta ley no resuelve ningún problema”. Luego, aclaró que “Argentina necesita una Reforma Laboral, pero no es esta”.
Juliana di Tullio, senadora referente del bloque Justicialista, se tomó su tiempo para expresar porqué se opone a la Ley de Modernización Laboral. Entre las principales críticas, remarcó que “este Gobierno cierra 30 pymes por día y quiere hacer una Reforma Laboral -en tono irónico-”. Agregó, además, que “subieron la tasa de desocupación al 6,6%”, y reveló que “el Fondo (Monetario Internacional) les exige que hagan una revisión del sistema de pensiones para diciembre del 2026”.
Siguiendo con la Reforma en general, advirtió: “Es empírico, cada vez que se reformó la ley y se reventaron los derechos de los trabajadores hubo más desempleo y más precarización. Y ese va a ser el resultado de esto, si llega a ser ley”. Luego, reiteró que “cuando ustedes le quitan derechos a los trabajadores es explotación, no trabajo”.

Referida al Capítulo XXVI del dictamen, Di Tullio se refirió a la derogación del Estatuto del Periodista Profesional: “Si gobernás te tenes que fumar al periodismo”. Y habló de la perdida de la vigencia dentro de 360 días: “Le dan un año, pero no la ‘careteen’ porque lo están derogando”. En el final, dejó en claro que se trata de “la precarización de los periodistas, pero para los que no están ensobrados”.
En su discurso durante el debate de la reforma laboral, el jujeño oficialista Ezequiel Atauche cargó duramente contra el kirchnerismo, y en uno de los pasajes más severos alertó sobre la litigiosidad, a la que definió como “la industria del juicio”. Señaló que “desde 2003 a 2025, los juicios laborales subieron un 4.300%, porque la política del kirchnerismo era destruir a los emprendedores, a las empresas, al progreso… Y 10 años después no crearon un puesto de trabajo, salvo militantes metidos en el Estado”.

Continuó asegurando que hay 350 denuncias diarias, y aseguró que “el valor de esta industria es de 2 billones de pesos. La litigiosidad en Argentina es 23 veces superior a la de España; 16 veces superior a la de Chile”.
Muy crítica del FAL, la senadora Flavia Royón adelantó por su parte su acompañamiento al proyecto, aclarando que a su juicio el proyecto de ley no va a crear empleo, pero “sí considero que este proyecto de ley da un marco, ordena”.
En su intervención, el senador Gerardo Zamora reconoció que hubiera “primado el sentido común” en las negociaciones, eliminando “algunas cuestiones inaceptables, como el capítulo fiscal”, cosa que dijo valorar, aunque advirtió que esa eliminación no modifica “la metodología de las leyes ómnibus: decenas de reformas plasmadas en una ley. Esta es una tendencia que se está dando en muchas democracias actuales de gobiernos que impulsan leyes complejas autocontradictorias y fundamentalmente nacidas de gabinetes tecnocráticos”.
Por el lado del bloque Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo adelantó el voto positivo en general al proyecto porque “es necesario revisar y actualizar aspectos y no conceptos que el propio mundo del trabajo está reclamando en el país”. Además, sostuvo que “en el mundo se están dando cambios profundos en los métodos de producción que están pegando en el país. Vivimos estos cambios que necesitan replantear medidas para atraer inversiones y planificar la empleabilidad tan necesaria para sacar al país del atraso”, y que el proyecto cumple con esos objetivos.
Sin embargo, señaló que “este proyecto, así como tiene puntos importantes, tiene otros que no son lo bastante claros ni buenos para alcanzar los objetivos”, y planteó que “hubiese sido bueno diferenciar la realidad de la relación laboral entre las PyMES y las grandes empresas”, porque “se ha naturalizado una catarata de inequidades que llevaron a una cantidad de juicios laborales, por eso esta ley da cierta previsibilidad jurídica”.
Vigo manifestó que “la sociedad está reclamando más empleo formal y no podemos mirar al costado. Las PyMES quieren poder contratar nuevos empleados. Son datos que muestran que desde el 2016 el empleo formal no crece y se mantiene estancado a los 6 millones de trabajadores, por ende, el país tiene una dificultad estructural para generar empleo”. En esa línea, resaltó que el proyecto “si bien no es una ley que garantice esa formulación o reactivación del empleo, pero ayuda porque es necesarios que se pueda recuperar el salario y necesitamos que las condiciones sean claras”.
En su intervención, el senador santacruceño José María Carambia (Movere por Santa Cruz) sostuvo que la cuestión de fondo es “intentar que el trabajo informal pase a ser formal. ¿Dónde hay más informalidad? En las microempresas, de 1 a 5 trabajadores; ahí llega hasta el 80% de trabajadores en negro; en las PyMEs, de 5 a 20 empleados, llega a 45%”. Se preguntó porqué no los blanquearán, y dio su opinión a partir de haber visto la realidad desde dos lugares: defendiendo a los trabajadores como abogados, o como empleador con una empresa familiar que tiene con su hermano. Y dijo: “No se hace un blanqueamiento porque Argentina es uno de los países más caros en cargas sociales”. Por eso sostuvo que “hay que hacer una norma expresa para las microempresas y las PyMEs”.
Luego se refirió a la industria del juicio, que a su juicio depende de cada provincias. En las localidades pequeñas, dijo, muchas veces el trabajador no hace juicio, porque sabe que después no va a trabajar más. “En mi provincia, un juicio laboral dura 8 años. Y se le pone la tasa pasiva”, con lo que la inflación se come todo el capital. “Así que la industria del juicio depende de la realidad de cada lugar”, consideró.
Sobre el final, aclaró que votarían negativamente, porque “no vamos a votar en contra de los trabajadores. Muchas partes de la ley afectan los derechos de los trabajadores, por eso vamos a votar negativo en general”.
A su turno, el jefe del bloque Pro, el misionero Martín Göerling, tal como se preveía adelantó el acompañamiento a la iniciativa en general, pero el planteo de algunas cuestiones en particular que “son importantes”. “Esta reforma del mercado del trabajo, que hace 50 años no se cambian, no quita derechos, es todo lo contrario. Tenemos que pensar en los más de 6 millones de argentinos que hoy no tienen ningún derecho”, indicó.
El senador del Pro brindó datos de que “del 100% que una empresa invierte, solo el 66% llega al trabajador, el resto se va en impuestos al Estado. El Estado se queda con un tercio del sueldo del trabajador antes de que llegue a fin de mes”. En tanto, explicó que “desde el 2002 la tragedia es absoluta donde los asalariados públicos crecieron un 34%, los monotributistas subieron un 64%, el empleo privado solo un 3% creció”.
“Esta ley que habla de reforma laboral no genera empleo instantáneo por sí sola, pero crea las condiciones para cuando la economía empieza a repuntar y sea posible tomar trabajo”, aclaró y le dejó una advertencia al Gobierno: “No va a haber modernización laboral si se sigue asfixiando el interior productivo”. Por último, se refirió al tema sindical que “le devuelve la libertad al trabajador de elegir si quiere o no afiliarse y que no le saquen ‘solidariamente’ la cuota para las famosas cajas sindicales. Vemos sindicatos millonarios y trabajadores pobres”.
El radical Eduardo Vischi recordó por su parteque “no es la primera vez que se debate una ley laboral y fue un tema recurrente a lo largo del tiempo. Lamentablemente siempre fue un concepto de extremos con defensas de intereses contrapuestos que, de alguna forma, se transformó en las grietas que tiene la historia”.
“Esta también es una grieta que, en definitiva, en vez de lograr y encontrar consensos para mejorar la situación del país había ganadores y vencidos. Eso llevó a que permanentemente no hayamos podido lograr un entendimiento que, de alguna forma, sea mejor para el país”, planteó Vischi y sumó: “Todos coinciden en que la ley hay que discutirla, modificarla y tratarla, pero también de la oposición que plantea argumentos interesantes de cambios, pero recién se ponen a discutir cuando el Ejecutivo manda el proyecto y ya nos pasó. Parece que necesitamos que el Ejecutivo nos active de afuera para ponernos a discutir. A partir de ahí empezamos a decir que hay una cosa mejor, pero nunca la debatimos como debe ser. Tenemos que hacer un mea culpa ahí”.
Sobre el final, José Mayans objetó el "consenso" del oficialismo y los bloques dialoguistas, y afirmó que la iniciativa "tiene vicios de inconstitucionalidad" y "es una ensalada legislativa", donde "se tocan 41 leyes", incluyendo temas impositivos que "por acá no pueden empezar, tienen que empezar por Diputados".
Luego de mencionar varias de las normas que se modifican, no solo la de Contrato de Trabajo, el senador exclamó: "Esto es poco serio, es realmente una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento".
Cerró el debate la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “una de las razones por las que no se crea empleo es una legislación laboral obsoleta porque nos dejó varados, un país anclado en el pasado, sin poder crecer, sin poder generar el trabajo que las personas necesitan”, como así también planteó que “si tenemos que cambiar tantas leyes, es porque han generado una tela de araña imposible de atravesar y por eso en esta ley venimos a simplificar. A tratar de tener un solo cuerpo y no 800 millones como el senador planteó. Que rija la ley laboral del país. Cuando uno tiene tantas leyes, la corrupción anida entre ellas. Venimos a simplificar porque eso es transparencia y que la gente entienda por dónde tiene que caminar”.
En el inicio de la sesión, el oficialismo detalló los ejes de la Modernización Laboral: desde la simplificación de la registración y la habilitación de horas extras en el empleo parcial, hasta la redefinición de beneficios no remunerativos, el funcionamiento del FAL y la incorporación de trabajadores de plataformas como autónomos. Godoy y Olivera fueron los encargados de precisar los cambios técnicos y políticos del proyecto.
En el inicio de la sesión, alrededor de las 11.30 de este miércoles, tomó la palabra la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que en su rol de presidenta de la Comisión de Trabajo fue la miembro informante. Pero en esta primera parte aclaró que dos expositores del oficialismo se ocuparían de dar los detalles técnicos de la ley. Luego ella detallaría los cambios hechos sobre el dictamen.
Arrancó entonces el chaqueño Juan Cruz Godoy, quien mostró su satisfacción por debutar en el recinto explicando “una ley en la que creo fervientemente” y defendió el concepto de “modernización” al recordar que las leyes vigentes se pensaron para una realidad de hace 50 o 70 años. “Una realidad muy cambiante”, a la que dijo que esta ley viene a dar soluciones. Por ejemplo, a “la problemática de contratar, al miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales que pueden hacer quebrar a su empresa por una discusión con un empleado”.
“Una ley que conserva el derecho de los trabajadores, que mantiene en esencia las claves que le dieron un orden público a la ley”, enfatizó.
Aclaró Godoy que “se mantiene la protección al trabajador. Se conserva el in dubio pro operario”, un concepto jurídico que establece que, ante una discusión, se sigue optando por la solución que sea más favorable al trabajador”.

“Se conserva la gratuidad de los procedimientos judiciales para el trabajador”, continuó, y recordó que ya hay una cláusula vigente, que no se aplica mucho, que establece que “cuando un actuante exigiera créditos mayores al empleador que los corresponda, tenga que responder con su patrimonio por esa plus petición. Que no es otra cosa que pedir montos irrisorios para resolver un conflicto cuando no corresponde”.
El proyecto establece como único requisito para el empleador registrar al trabajador en el ARCA, y con eso poder cumplimentar todas las necesidades de registración. En cuanto a los certificados laborales, se incorporó un plazo de 45 días para que el empleador pueda “disponibilizar” por algún medio digital dicho certificado, y de lo contrario ARCA se encargará de intimar al empleador para que complete este trámite.
En otro pasaje, el oficialista chaqueño señaló que se eliminan unas trabas al trabajador en tiempo parcial, que hasta ahora no puede realizar horas extras y a partir de este proyecto podría hacerlo. También en la ley vigente estaba previsto que un trabajador “de plazo fijo”, en caso de finalizar el vínculo por decisión del empleador antes de la finalización del plazo podía ir contra el empleador por daños y perjuicios, lo que establece una indemnización civil además de la laboral. “Esto hacía que pudiera tener una indemnización mayor, incluso que la de un trabajador formal. Corresponde una indemnización normal, ya no más litigios excesivos en contra del empleador”, subrayó Godoy.
El senador de La Libertad Avanza comentó en otro pasaje que la nueva norma determina qué es el trabajo eventual, “para limitar la litigiosidad futura”. “Se aclara también la cantidad de beneficios no remunerativos y cuáles son los que puede ofrecer el empleador al trabajador con el solo objetivo de mejorarle la calidad de vida y no son salario -continuó Godoy-. Por ejemplo, comedor, gastos de guardería, gastos de celular, internet, que no corresponde considerarlos salarios. Son beneficios que dan los empleadores al trabajador con la finalidad de mejorar su estadía en la empresa”. Pero ya no representarán para una indemnización.
Esto no quita, aclaró, que el empleador tenga la posibilidad de dar incentivos a sus trabajadores, que incluso sean económicos, pero no corresponderán a la remuneración mensual y habitual. “La misma ley prevé una limitación en la frecuencia de utilización de esta herramienta, para evitar que pueda usarlo como una manera de remunerar al trabajador bajo un concepto no remunerativo", agregó Godoy, que más adelante apuntó que “se han incorporado detalles en los cuales el trabajador, de mutuo acuerdo con el empleador, puede decidir el fraccionamiento de las vacaciones”.
Así las cosas, los empleados podrán decidir, entre octubre y abril, en qué fecha tomar las vacaciones, y pueden dividirlas, de mutuo acuerdo con el empleador, en un período mínimo de 7 días. “Antes tenía que tomárselos todos los días de corrido en un solo período”, recordó.
Tras dar detalles de la remuneración que le corresponde al empleado en caso de enfermedad no vinculada con la actividad laboral, o vinculada con una actividad voluntaria riesgosa que haya realizado, Godoy señaló que la extinción por presunción de abandono del trabajo queda expresamente establecida como finalización del vínculo laboral cuando ninguna de las dos partes se haya manifestado pasados dos meses y quiera retomar el vínculo.
Cómo funciona el FAL
A continuación, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero se refirió al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aclarando que “no sustituye ni modifica el régimen actual de indemnizaciones. Se crea para asegurar el cumplimiento del pago. Es para trabajadores registrados y no se aplica al trabajador de la construcción ni personal de casas particulares.
A través del mismo, cada empleador crea una cuenta inembargable con el solo fin de afrontar el pago de las indemnizaciones. Se forma con un aporte mensual remunerativo, y se bajan los montos al 1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs de la remuneración que se toma como base. Son porcentajes que, dijo, se pueden incrementar en la manera que el Poder Ejecutivo lo considere, previa autorización de la Bicameral Permanente de Control de Fondos de la Seguridad Social. “Claramente es un beneficio para los trabajadores, para que en el caso de que una empresa quiebre cumpla con el pago de la quiebra e indemnizaciones -indicó-. Para el empleador no representa una carga extra. El monto se deduce de las contribuciones patronales, por lo que representa una disminución de la carga”.
Y aclaró que “puede utilizarlo o no”, y dijo que no condiciona la indemnización: “Esto solamente es un fondo que sirve para ayudarlo”.
En esa instancia pidió una interrupción el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde, que advirtió que el proyecto actualmente no dice que en caso de quiebra del empleador, el trabajador pueda cobrar directo del FAL. El senador Olivera aclaró que en la actualidad, el trabajador no tiene ningún privilegio en caso de quiebra, pero con la nueva norma se deja abierto a que el juez ponga como privilegio que se cobren las indemnizaciones de ese fondo.
En otro pasaje, el senador sanjuanino se refirió a los peritos y la remuneración que les corresponde. En la actualidad los peritos cobran un porcentaje del monto que se determina en las sentencias. Cuanto mayor sea la sentencia más cobran, destacó el senador de LLA. Y agregó que con eso, “los peritos vulneran esa imparcialidad, ya que el resultado de lo que están cobrando depende en gran medida del monto de la indemnización”. A partir de ahora se modificará la forma en que los peritos cobran sus honorarios, y será no un porcentaje de la sentencia, sino del volumen de la tarea realizada.

En cuanto al trabajo agrario, se incorpora un artículo que aclara que contratar al mismo trabajador para sucesivas cosechas no modifica la naturaleza del vínculo. Queda claro entonces que esos trabajos cíclicos son “estacionales y temporales”.
Luego se refirió a los trabajadores de plataformas digitales, señalando que la ley incorpora al mundo del trabajo y establece en forma clara que son trabajadores independientes y autónomos. La ley “les da una formalidad y tienen que estar registrados con el monotributo o como trabajadores autónomos, y pueden tener cobertura social. Hay una obligación para las plataformas a dar condiciones mínimas, como seguro de riesgo por si tienen algún accidente”, agregó.
Bruno Olivera Lucero destacó también los incentivos, como el régimen que busca que se pueda contratar a trabajadores que no tenían un empleo formal. “Les da una reducción importante en las contribuciones, para que sea un incentivo para el empleador”, señaló el senador, agregando que también se aplicará un Régimen de Incentivo para Medianas Empresas, que comparó con el RIGI, señalando que debido al éxito de ese régimen creado por la Ley Bases, se les otorgan beneficios a PyMEs y Micropymes que decidan incorporar maquinaria para agrandar la producción, por ejemplo.
El oficialismo tendrá 40 minutos para presentar el dictamen. La oposición tiene a disposición casi diez horas para hablar en el recinto. Luego de la votación en general, habrá otras 26 particulares que corresponden a cada Título del proyecto de Ley de Modernización Laboral.
Tras la reunión formal que se llevó a cabo este martes en el despacho de Victoria Villarruel, La Libertad Avanza -con el visto bueno de los aliados y los bloques dialoguistas- propuso que el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión sobre la Modernización Laboral se lleve a cabo “a reglamento”, dando un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas.
La sesión extraordinaria de este miércoles 11 está convocada a las 11.00 y el quórum no corre ningún riesgo. Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos.
El despacho al que accedió parlamentario.com, revela que hay un total de 28 modificaciones tal como la exministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. Sin embargo, una alta fuente del oficialismo mencionó que "puede haber cambios muy chiquitos de redacción" que, lógicamente, llevarán su tiempo de corrección durante el desarrollo de la sesión.
Atendiendo a las labores del miembro informante, seguida por las cuestiones de privilegio y los discursos de la oposición dentro de los plazos fijados en el artículo 163 del reglamento del Senado (20 minutos para cada senador y 40 minutos para los presidentes de bancada), los referentes libertarios y de bloques aliados más optimistas creen que la votación general recién será “muy” pasadas las 23.
A partir de ese momento comienza la votación en particular que será por Títulos: el primero será el de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo; sigue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); las modificaciones a la Ley de Procedimiento de Justicia Nacional del Trabajo; y así hasta llegar al XXVI que deroga varios Estatutos, entre ellos, el del periodista profesional.
La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que se extenderá hasta las 2 de la madrugada, pero todo puede pasar.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei se van a movilizar desde las primeras horas del miércoles. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios.
La jefa de La Libertad Avanza dio una conferencia de prensa en la antesala de la sesión de este miércoles. Confirmó el acompañamiento del grupo de "los 44". Explicó los puntos centrales del dictamen que será llevado al recinto y confirmó el capítulo de derogaciones.
En la antesala de la sesión de este miércoles, y luego que el Gobierno haya cedido a una serie de cambios en el proyecto de Reforma Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que llegarán al recinto con un texto consensuado en 28 modificaciones, entre las que se encuentra la quita de la propuesta sobre rebaja en Ganancias a empresas, que era resistida por los gobernadores.
Desde el Salón de las Provincias, luego de la reunión de Labor Parlamentaria que tuvo lugar este martes en el despacho de Victoria Villarruel, Bullrich encabezó una conferencia de prensa acompañada por los presidentes de otras bancadas, como Eduardo Vischi, de la UCR, y Martín Göerling Lara, del Pro; y legisladores del oficialismo: Bartolomé Abdala, Emilia Orozco, Belén Monte de Oca, Pablo Cervi, Carmen Álvarez Rivero, Gonzalo Guzmán Coraita y Ezequiel Atauche.
"Desde el principio de la democracia la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido nuestro país, el mercado laboral y las relaciones entre empresas y trabajadores. Un gran bloque de distintos partidos políticos hemos logrado un acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral en democracia, que realmente va a ser un cambio estratégico", arrancó la oficialista.
La exministra de Seguridad afirmó que la iniciativa "tiene el aporte de muchos bloques y provincias" y "se construyó con horas y horas de trabajo". "Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llegado a un buen puerto después de meses de trabajo", anunció.
Entre esas modificaciones, habló de que "el primer punto fundamental es la eliminación de la industria del juicio". Luego se refirió al Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.
"Por una propuesta de la Unión Cívica Radical y aceptada por el grupo de los 44 (en alusión a LLA y toda la oposición menos el peronismo) hemos dividido el FAL en dos categorías: 1% para las grandes empresas y un 2,5% para las PyMEs, que podrá llegar a 1,5% para las grandes y al 3% para las PyMEs con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la comisión bicameral de previsión social", detalló.
Entre varios detalles que la presidenta del bloque oficialista profundizó, estuvo también el Régimen de Incentivo para Formación Laboral al que definió como "capacitación permanente para evitar que las personas queden fuera del mercado laboral". Adelantó, además, que ese punto está vinculado "a la baja en la carga impositiva con el objetivo de formalizar a los trabajadores".
Después de presentar otros puntos, Patricia Bullrich anticipó el acuerdo logrado con los gobernadores en virtud de un "Compromiso de Reforma Fiscal" y que alcance los tres niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Confirmada la eliminación de la modificación al Impuesto a las Ganancias, el correntino Vischi y el misionero Goërling Lara destacaron el consenso acordado con La Libertad Avanza.
Por último, la jefa de bancada del oficialismo confirmó que el último capítulo del proyecto de Ley de Modernización Laboral no se cambia y quedó firme la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, entre otros, a partir de los 180 días de reglamentada la Reforma. Para Bullrich, ese plazo es suficiente para que se acuerde un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que reemplace a la Ley 12.908 sancionada en 1946.
En vísperas de la sesión extraordinaria en el Senado que debatirá la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación, Patricia Bullrich, jefa de bancada libertaria, se reunió con los presidentes de bloques aliados y provinciales, a quienes les informó que el Gobierno nacional dará lugar al pedido de las gobernaciones […]
En vísperas de la sesión extraordinaria en el Senado que debatirá la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación, Patricia Bullrich, jefa de bancada libertaria, se reunió con los presidentes de bloques aliados y provinciales, a quienes les informó que el Gobierno nacional dará lugar al pedido de las gobernaciones y será quitado del dictamen el capítulo que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El encuentro se prolongó varias horas: comenzó a las 18 y concluyó cerca de las 22. A esa hora, la senadora Bullrich se retiró del Congreso y dialogó con la prensa acreditada, ante quienes señaló que habían hecho un repaso “artículo por artículo” del dictamen que se va a votar el miércoles, y aseguró que “llegamos a un acuerdo muy sólido respecto de una ley laboral muy equilibrada, muy buena... Así que el miércoles, a votarla”.
Consultada respecto de las objeciones que persistían respecto del texto, la jefa del bloque oficialista dijo que “lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar, en los que nos fuimos poniendo de acuerdo. Es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y muchas provincias”. Asimismo aclaró que todos los bloques se dedicarán este martes a darle una última lectura a la ley, que sostuvo que “ya está cerrada”.
¿Todavía mantiene la idea de que hay un 95% de posibilidades de que salga la ley?, le preguntaron, ante lo que Bullrich se animó a señalar que “hoy aumento un par de puntos”.
Lo cierto es que lo conversado con los senadores es lo que Patricia Bullrich llevará este martes a la reunión de la Mesa Política que a partir de las 10 se reunirá en Casa de Gobierno. De ese encuentro participará el ministro Luis “Toto” Caputo, el más reacio a eliminar las modificaciones en Ganancias.
Trascendió asimismo que la discusión en particular de este miércoles va a ser artículo por artículo y no capítulo por capítulo, como pedía el oficialismo.
En la previa al encuentro, al arribar al Palacio Legislativo el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, le confirmó a la prensa acreditada que los diez integrantes de su bancada van a votar afirmativamente el miércoles en el recinto de la Cámara alta. De esta manera, La Libertad Avanza llegará al recinto con la garantía de que el quórum y los avales para la general no corren peligro.
Durante este verano, el ministro del Interior, Diego Santilli, buscó persuadir a los gobernadores dialoguistas de mantener el Título II del Capítulo XXIV referido al Impuesto a las Ganancias, el cual modificaba el artículo 73 de la norma y reducía las alícuotas a las ganancias netas imponibles de las sociedades de capital del 30 al 27%, y del 35 al 31.5%. Esto impactaba de lleno a la recaudación de las provincias y fue el pedido explícito de los mandatarios.
Con la suscripción de 44 senadores nacionales al pedido de sesión extraordinaria para este miércoles 11 de febrero a las 11, el oficialismo descontaba lograr el quórum y la aprobación en general, pero no lograba las adhesiones sobre la reducción en el Impuesto a las Ganancias.
De cara a la cita en recinto, La Libertad Avanza pondrá a sus 20 integrantes más Luis Juez, parte del monobloque con el oficialismo; a los 10 radicales; y a los 3 integrantes del Pro. Y también contará con la colaboración del correntino Carlos "Camau" Espínola; la chubutense Edith Terenzi; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón; la tucumana Beatriz Ávila; la cordobesa Alejandra Vigo; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; y los dos integrantes de Moveré por Santa Cruz.
Por su parte, resta saber que harán los integrantes de Convicción Federal, alineados a los gobernadores dialoguistas: la tucumana Sandra Mendoza que responde a Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Guillermo Andrada cercano a Raúl Jalil; y la jujeña Carolina Moisés que se viene mostrando junto al gobernado salteño Gustavo Sáenz, quien este lunes denunció "amenazas por parte del kirchnerismo" en relación al debate de la Reforma Laboral.
Una nueva reunión de la jefa de LLA con aliados se dará este lunes a las 18 en las oficinas del bloque radical. La semana pasada se habló de "un 95%" del texto acordado.
A horas de una trascendental sesión para el oficialismo, donde se debatirá el proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, mantendrá una nueva reunión con presidentes de bloques dialoguistas, dispuestos a acompañar la iniciativa.
Con la intención de pulir al máximo la letra chica y acordar los cambios (que no se revelarán antes públicamente), y atento a la compleja votación en particular que implicará el proyecto de 213 artículos, el encuentro tendrá lugar una vez más en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical.
Allí fue donde la semana pasada los mismos protagonistas se vieron las caras y, tras la reunión, Bullrich y el jefe de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, afirmaron que había "un 95%" del texto acordado.
Sin embargo, tras ese encuentro, la mesa política del Gobierno anunció que no avanzaría en modificaciones. Esto fue pese al fuerte reclamo de los gobernadores sobre el capítulo fiscal referido a una rebaja el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una merma en los fondos coparticipables para las provincias.
El dictamen de la Reforma Laboral se firmó en diciembre pasado, pero las negociaciones para que vea la luz verde continuarán hasta el mismo día de la sesión. No obstante, Bullrich dijo días atrás que "el martes a la mañana tiene que estar todo cerrado". De allí, la reunión de este lunes, que será desde las 18.
La medida fue confirmada por Jorge Sola, uno de los líderes de la CGT. Habrá réplicas en todas las provincias. Pese a haber propuestas de huelga, el consejo directivo resolvió la concentración en las afueras del Palacio Legislativo.
Con la sesión extraordinaria confirmada para las 11 del próximo miércoles 11 de febrero, Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, anunció que van a movilizarse en contra del proyecto de Ley de Modernización Laboral, pero no habrá paro general. La concentración se fijó para las 15 en la Plaza de los Dos Congresos.
El anuncio se llevó a cabo en la sede de la Confederación General de Trabajo este viernes, donde el consejo directivo resolvió no realizar huelgas. Algunos gremios propusieron un cese de actividades de 12 a 24 horas; mientras que otros sindicatos más beligerantes con el gobierno de Javier Milei llevaron a la mesa la de idea de un paro general de 48 horas. Ninguna prosperó.
El secretario general del Sindicato del Seguro, Jorge Sola, habló en la sede de Azopardo y ratificó el “plan de acción que comenzó cunado se presentó el proyecto de ley”. Explicó, además, que buscan “movilizar para llevar adelante nuestra protesta que será multitudinaria y contundente”. En su discurso apuntó contra los senadores nacionales que ingresaron por boletas peronistas y que tendrían decidido acompañar al oficialismo en el recinto.
Además, anunció que habrá réplicas de la movilización en las sedes de las casas de gobierno de varias provincias en rechazo a la reforma laboral. Con relación al poroteo de la Modernización Laboral, uno de los lideres cegetista apuntó contra la oposición dialoguista y lanzó: “Hay que preguntarles si van a defender los derechos de los trabajadores o los de un proyecto político que les es ajeno”.
El pedido de sesión extraordinaria contó con la firma de Patricia Bullrich y los presidentes de bloques aliados. La redacción definitiva será presentada por la jefa de bancada del oficialismo una vez que la sesión comience, ya que el texto fue dictaminado el pasado 18 de diciembre. En aquella ocasión, La Libertad Avanza optó por darle prioridad al tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, mientras que la CGT se había movilizado a la Plaza de Mayo.
Además de los gremios, diferentes organizaciones políticas peronistas y de izquierda están llamando a convocarse el próximo miércoles. El Gobierno nacional desplegará el Protocolo Antipiquetes para evitar cortes de calle, pero se prevé que varias arterias se vean afectadas por la movilización. También se va a instalar un anillo de seguridad alrededor del Congreso con masiva presencia de fuerzas de seguridad.
La sesión está convocada a las 11 y se descuenta que el oficialismo tenga dificultad en la confección del quórum ya que hay 44 legisladores que adhieren al pedido. De todas maneras, el contenido del proyecto de ley es extenso y su votación en general y en particular llegaría recién a la noche del miércoles.
El pedido para abrir el recinto se firmó en la reunión que mantuvo este martes la jefa de LLA con dialoguistas. Aseguran que está cerrado “el 95%” del texto, el cual buscan mantener bajo siete llaves hasta el debate. Ganancias, todavía en discusión.
Agencia NA
Con fuerte hermetismo respecto a las modificaciones que se harán al dictamen del proyecto de Modernización Laboral, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y jefes de bloques dialoguistas del Senado resolvieron este martes confirmar el pedido de sesión para el próximo miércoles 11.
Tras una cumbre de más de dos horas, la líder del oficialismo y el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, confirmaron que irán al recinto dentro de una semana y que el texto definitivo se conocerá recién el mismo día de su tratamiento.
“La ley y los cambios se van a conocer el día que la estemos tratando”, expresó Bullrich ante la prensa acreditada en el Congreso y, consultada sobre si cuentan con los votos para su aprobación, respondió: “Creemos que sí, sino no la convocaríamos”.
En un nuevo encuentro en dos semanas consecutivas con los jefes de bloques, este martes se vieron las caras en el segundo piso del Senado -más precisamente en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical-, los mencionados Bullrich y Vischi, el cordobés Luis Juez (del interbloque LLA), el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la chubutense Edith Terenzi, la tucumana Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Corrozo y la mendocina -radical- Mariana Juri.
A diferencia de la semana pasada estuvo también el presidente del Pro, Martín Göerling Lara, pero faltaron esta vez la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.
En declaraciones similares a las que dio en la previa de la reunión, Bullrich confirmó que los cambios al texto no se revelarán antes públicamente. “Hemos decidido trabajar sin hablar de cuáles son los cambios a los que hemos llegado a un acuerdo, porque creemos que es mejor trabajar así y que de alguna manera la ley se discuta cuando se tenga que discutir, y no se vaya interpretando parte por parte y generándose una gran confusión”, dijo.
Además, destacó: “Tenemos prácticamente el 95% de los temas cerrados”. No obstante, la jefa del bloque libertario admitió que el capítulo impositivo, más precisamente el cambio en el impuesto a las Ganancias, todavía “está abierto” y es parte de las conversaciones entre gobernadores con los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía).
La reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades que se plantea en la iniciativa despertó en los últimos días la mayor resistencia por parte de los gobernadores, dado el impacto que sufrirían las arcas provinciales al recibir menos fondos coparticipables.
“Acá discutimos como senadores, tomamos decisiones y si después hay alguna resolución de los gobernadores, la analizaremos”, agregó la exministra de Seguridad, que descartó inconvenientes en la eventual votación en particular de un proyecto con casi 200 artículos. “Es cuestión de ordenarse y leer clarito las modificaciones”, expresó y aseguró que “el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Antes de la reunión con dialoguistas, Bullrich juntó este martes a la tropa oficialista
En cuanto al articulado referido a Ganancias, Vischi ratificó: “Hasta ahora estamos en duda, es uno de los temas que nos preocupa, porque tiene que ver con previsiones para las provincias”. Sin embargo, el correntino afirmó que lo están “limando” y hay “algunas alternativas”, pero “va a depender de las últimas reuniones” de negociaciones que se den. Sobre todo, entre Casa Rosada y los gobernadores.
El jefe de la UCR valoró que avanzaron “en varios temas que surgían dudas”. “Quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Vamos a tratar de llegar a ese día con pleno acuerdo del proyecto”, sumó el correntino, que trabaja en asegurarle al oficialismo el acompañamiento de los diez integrantes de su bancada.
En manos de Nación y provincias la resolución en torno a la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades (los tramos 2 y 3, del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente), otro de los puntos que la semana pasada los dialoguistas plantearon fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones que se crea y será financiado con recursos de la ANSeS.
Una de las sugerencias había sido acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas. Luego de la reunión, uno de los presentes reveló que hubo respuesta favorable del oficialismo: “Ha tenido buena recepción la propuesta de diferenciar las grandes de las pequeñas empresas”.
Además de la Reforma Laboral, en diciembre pasado se dictaminó el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares, a pedido de provincias mineras, y está incluido dentro de los temas de extraordinarias que competen a la Cámara alta. Una de los senadores asistentes al encuentro aseguró que están “bien” respecto a avanzar, “pero si no llegamos vamos a tratar solo lo laboral” en la sesión del 11.
La jefa del bloque oficialista se mostró optimista y aseguró que “la ley va a salir con consenso” en la antesala a recibir en el Senado a dialoguistas a partir de las 15. Por otro lado, este miércoles se reunirá con los ministros de Economía y del Interior para debatir sobre los fondos de las provincias que reclaman los gobernadores.
Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, el oficialismo intensifica las reuniones con bloques dialoguistas para asegurarse tener los votos en el recinto y poder encestarse lo que sería el primer triunfo legislativo del 2026.
Por ese motivo, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes desde las 15 en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical. “Estamos trabajando con cada bloque y en el equipo. Tenemos una reunión con todos los bloques con los que venimos trabajando como un equipo en común”, afirmó Bullrich a la prensa en las puertas de la Cámara alta.
“Tenemos una agenda muy importante para el Gobierno nacional que es la ley laboral que va a ayudar mucho al crecimiento del país y también tenemos la ley de Glaciares para poder generar certezas a las inversiones en las zonas llamadas peri glaciares, estamos trabajando también en esa ley”, sumó la ex ministra de Seguridad.
La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.
Al respecto, la jefa del bloque libertario aseguró: “Queremos mantener los cambios sin mucha publicidad para no generar una opinión anticipada de los temas. Los cambios en la ley laboral los van a ir conociendo. Si van a llegar al recinto”, y bregó para que sea un Congreso “reformista y acompañe los cambios que el Gobierno viene realizando para que la Argentina entre en la normalidad que venimos viendo”.
Una de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.
Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.
Al respecto, tras la reunión de este martes, Bullrich afirmó que volverá a encontrarse con la mesa política del Gobierno este miércoles donde dialogará con el ministro de Economía, Luis Caputo; y con el del Interior, Diego Santilli, para debatir ese tema.
“Es un tema que todavía está en discusión. Nosotros creemos que hay que bajar impuestos, que hay que darle más dinero a los privados y la discusión es cómo se financian los estados provinciales, pero nosotros creemos que tiene que ir adelgazando para que las empresas puedan ser más productivas y por eso queremos bajar impuestos, son dos filosofías distintas. Vamos a ver en qué acuerdo llegamos”, expresó la senadora.
El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión. “La reunión de hoy a la tarde es para que estén los 44 votos. Va a salir con consenso la reforma”, remató ante la prensa.
Habrá una nueva reunión entre la jefa del bloque oficialista y dialoguistas en el Senado. La semana pasada la oposición planteó sugerencias. Reclamo sobre los fondos de las provincias, que podrían verse afectados por el capítulo impositivo del proyecto.
Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes.
La reunión se hará en el mismo escenario que la primera: en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, a partir de las 15. La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.
Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.
Otra de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.
Tras la reunión que se espera para este martes entre Bullrich y dialoguistas, un día después, el miércoles, volverá a encontrarse la mesa política del Gobierno. En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene negociaciones con los mandatarios, con el ministro del Interior, Diego Santilli, a la cabeza de atender demandas.
El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión.
En la reunión de la semana pasada, además de Bullrich, participaron el jefe de la UCR, Eduardo Vischi; el presidente de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. El jefe del Pro, Martín Goerling Lara, no pudo estar presente y se lo espera esta vez.
El debate sobre el Régimen Penal Juvenil regresa a la agenda legislativa luego de un nuevo asesinato cometido por menores. Tras años de intentos fallidos y proyectos que perdieron estado parlamentario, el oficialismo busca otra vez llevar la discusión al recinto.
Pocos temas como la seguridad generan una reacción tan inmediata de parte de la sociedad. Tiene sentido entonces que, ante un hecho conmocionante, ese impacto repercuta en la caja de resonancia de la sociedad, la política y la opinión pública, como es el Congreso de la Nación. De ahí que los delitos más graves generen una inmediata reacción legislativa, ya no solo de los legisladores que suelen presentar proyectos en función de lo que dicen los diarios, sino también de los gobiernos, siempre atentos a reclamos de ese tipo.
Prueba de ello fueron las leyes Blumberg, un conjunto de reformas al Código Penal impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Ese caso generó la reacción social más impactante que se recuerde en los últimos tiempos ante un crimen —más incluso que el caso Nisman—. Aquel episodio derivó en la histórica marcha del 1 de abril de 2004, convocada por Juan Carlos Blumberg para exigir justicia y el endurecimiento de las penas contra la inseguridad. Esa masiva movilización impuso el tema en la agenda pública y derivó en la aprobación de una serie de leyes. Tal protesta, que llegó a inquietar seriamente al Gobierno de Néstor Kirchner, se concentró frente al Palacio Legislativo.
En los tiempos que corren, con un gobierno particularmente enfocado en la cuestión de la seguridad, los crímenes cometidos por menores fueron el detonante inmediato de anuncios para ya no endurecer penas sino bajar la edad de imputabilidad. Está claro que el Gobierno de Javier Milei no tendría reparos en aplicar modificaciones de ese tipo mediante decretos de necesidad y urgencia, pero la propia Constitución Nacional establece en el inciso 3 del artículo 99 limitaciones que lo impiden. Entre las materias vedadas para legislar por DNU figuran las penales.

La presentación del proyecto original por parte del Gobierno de Milei.
Lo cierto es que, verano tras verano, el gobierno libertario realizó anuncios sobre modificaciones al Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad. Sucedió por primera vez en 2024, aunque en esos comienzos de la gestión mileísta el tema no parecía figurar entre las prioridades, tal como sugirió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en una entrevista cuando su gobierno apenas llevaba un mes en el poder. En aquella oportunidad dijo tener el tema en estudio, aunque habló de manera general y sin precisiones que anticiparan un tratamiento inmediato. Señaló la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En Radio Rivadavia explicó: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque, al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.
“El que la hace, la paga”
Un hecho gravísimo volvió a impulsar la iniciativa. Fue el crimen de un playero en Rosario a manos de un menor de edad. Ocurrió en marzo de 2024, cuando Bruno Bussanich fue asesinado de un tiro por un adolescente de 15 años, solo para enviar un mensaje en el marco de la guerra narco en esa ciudad. Entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de X: “Delito de adulto, pena de adulto”. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por esos días, anunció que el Gobierno enviaría al Congreso una ley de imputabilidad “para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.
Acaba de ser detenido por la Policía de Santa Fe el asesino del playero Bruno Bussanich, de Rosario. Asesinato que destruye toda una familia. Es nuestra obligación que, en casos como estos, se haga justicia. Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para… pic.twitter.com/fEZ9El54Cw
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 29, 2024
Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, quien agregó: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”.
Sin embargo, las expresiones de la ministra quedaron en eso: simples declaraciones. Al menos de momento, pues el proyecto tardó en llegar al Congreso. Recién el 1° de junio de 2024, el ministro de Justicia anticipó que la propuesta oficial bajaría la edad de punibilidad a 13 años, “sobre todo teniendo en consideración que, en los últimos dos meses, en los que estábamos trabajando en la materia y estábamos inclinados por los 14, sucedieron muchos hechos de chicos de 13 años”.
La presentación pública del proyecto tuvo lugar el 28 de junio de 2024. Patricia Bullrich y Cúneo Libarona encabezaron la exposición de la iniciativa que el Gobierno enviaría al Congreso y que alcanzaría a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos previstos en el Código Penal. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo la entonces ministra.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de julio con el objetivo de “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Los diputados dieron señales de avanzar rápidamente: se convocó a un plenario de todas las comisiones involucradas —Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda— y el debate comenzó el 31 de julio de 2024. En total hubo siete reuniones, con etapas de explicación de proyectos, exposiciones de especialistas invitados y análisis fiscal. Este último arrojó un costo estimado de más de 200 mil millones de pesos, que contemplaba la designación de equipos interdisciplinarios y supervisores para intervenir en futuros procesos penales.
No hubo más reuniones ese año y el tema no fue incluido en extraordinarias.
El pedido presidencial
En enero de 2025, el tema volvió a la agenda pública luego de que se conociera el caso de una jubilada de 93 años víctima de un violento robo en su casa de Vicente López. Los delincuentes —cuatro en total, tres de ellos menores— se sacaron una selfie con la mujer maniatada y la subieron a redes, lo que facilitó su detención. Los menores recuperaron rápidamente la libertad.
Un mes después ocurrió un caso aún más grave: dos adolescentes de 14 y 17 años robaron en un semáforo un auto en el que viajaban una mujer y su hija de 7 años, llamada Kim Gómez. Tras bajar a su madre a punta de pistola, los ladrones escaparon con el vehículo y la niña, que murió al quedar colgada del cinturón de seguridad cuando intentaron arrojarla del auto en movimiento.

El crimen de Kim Gómez llevó al Presidente a pedir públicamente por la edad de imputabilidad en la apertura de sesiones.
El caso reavivó el debate y motivó al presidente Milei a ocuparse del tema en la apertura de sesiones ordinarias de 2025. Exigió “bajar la edad de imputabilidad” y “agravar todas las penas del Código Penal”, y propuso “la reforma más importante de los últimos cien años”. Criticó de paso al gobernador Axel Kicillof por su enfoque en materia criminal.
Tras el pedido presidencial, el plenario retomó el debate el 12 de marzo. Hubo cuatro reuniones más y el 6 de mayo se logró un dictamen que bajaba la edad a 14 años. Fue producto de la unificación de proyectos del Ejecutivo, del massismo, de Pro, de LLA, de la Coalición Cívica, de Democracia para Siempre y de otros bloques.
El dictamen eliminó la figura de los “inimputables” y redujo la pena máxima de 20 a 15 años. Preveía que las penas privativas de libertad se cumplieran en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas de cárceles. La Coalición Cívica y Democracia para Siempre firmaron en disidencia por considerar que no debía dictarse ninguna prisión efectiva hasta que los institutos estuvieran adecuados.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen. Encuentro Federal presentó uno propio, avalado por Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota.

El dictamen alcanzado el año pasado modificó de 13 a 14 la edad de punibilidad propuesta por el Ejecutivo.
Sin embargo y pese a la premura pedida por el propio Javier Milei para tratar el tema, el dictamen para modificar la edad de imputabilidad no llegó al recinto en todo el año y terminó perdiendo estado parlamentario. Sucede que, ante la presión opositora, el oficialismo optó por cerrar el Congreso y resistir todo tipo de sesiones, prescindiendo de los temas propios. Así, dos semanas después del dictamen sobre el Régimen Penal Juvenil, el 21 de mayo, fracasó una sesión pedida por la oposición para tratar una serie de temas incómodos para el Gobierno: jubilados, Comisión Investigadora del caso $LIBRA y, sobre todo, la integración de la AGN. Se sabía que si había sesión, a través de un acuerdo de Unión por la Patria y Encuentro Federal intentarían designar a dos miembros para la AGN: Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó. La sesión no consiguió quórum.
A pesar de la insistencia de Milei, el dictamen no llegó al recinto y perdió estado parlamentario. La parálisis se profundizó cuando el oficialismo decidió bloquear las sesiones para evitar que la oposición impulsara temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso Libra y la integración de la AGN.
¿La tercera es la vencida?
Caído el dictamen, el Gobierno hizo un llamado a sesiones extraordinarias en diciembre que incluía ya no la reforma del Régimen Penal Juvenil, sino una completa modificación del Código Penal. Sin embargo el tema no se trató y cuando se llamó a sesionar para el mes de febrero, el tema ya no apareció. Pero en un segundo llamado incluyeron la baja de edad de imputabilidad. Claro está, previamente había sucedido otro episodio sangriento que involucró a menores y generó un repudio generalizado.
Esta vez, el disparador fue el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe. El crimen, cometido entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025, fue grabado por los agresores —una adolescente de 16 años y dos varones de 14 y 15— y viralizado. La instigadora está detenida; los varones, no punibles, fueron sobreseídos.

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón.
La secuencia se repite: un crimen sacude a la sociedad, el Gobierno anuncia reformas y el Congreso retoma el debate. Con el caso Jeremías aún fresco y una nueva convocatoria que incluye la baja de la edad de imputabilidad, la pelota vuelve a quedar en la cancha de los legisladores. La incógnita, como siempre, es si el clima social y político alcanzará esta vez para quebrar el patrón de los últimos años y transformar finalmente las intenciones en ley.
La jefa del bloque oficialista en el Senado recibió este viernes a la mamá de Jeremías Monzón, el joven asesinado en manos de menores, y ratificó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad: “No podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.
En la antesala de iniciar las extraordinarias donde uno de los temas fuertes será el debate del proyecto de ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunió este viernes al mediodía con familiares de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado por menores de edad en Santa Fe.
Al cabo de la reunión con la madre de Jeremías que se realizó en la Cámara alta cerca de las 12, la exministra afirmó que trabajarán en conjunto con la familia de la víctima para que la reforma del Régimen Penal Juvenil salga y el caso será tomado como testigo a partir de febrero, durante el debate del tema, más allá de que la justicia no será retroactiva para ese caso.
“Fue un acto de alevosía, impunidad, sadismo, de placer por matar algo que nos conmueve como sociedad”, expresó Bullrich y agregó que vio a la mujer “como a cualquier mamá que le torturan y le matan a su hijo de esta manera, y por supuesto que el Gobierno, que ya venía trabajando con la Ley Penal Juvenil, decidió el lunes pasado ponerlo (en consideración del Congreso) para que la sociedad entera sepa que no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores matados por menores o menores matados por mayores. Menores que matan y vuelven a su casa como si nada”.
Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.
Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026
“Se va a trabajar en febrero en Diputados. La legisladora Laura Rodríguez Machado lo impulsó y lo trató durante el año pasado, pero se complicó en el Congreso", recordó y lamentó que "ley penal no es retroactiva y no va a caber, pero ya estuvimos hablando con abogados y la fiscal general de la provincia de Santa Fe para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada hubiera pasado”.
“Hubo muchos casos en los que intentamos y no por los casos ni por la convicción, hace más de 20 años que estamos trabajando en esto. Este Gobierno ha tomado la decisión de enviar el proyecto y de trabajarlo y de impulsarlo. Ahora vinimos por todo para tratarlo y va a ser ley en el corto plazo. Sé que esto no le va a traer la justicia que necesitaría Jere, pero va a dejar un legado que va a interpelar a todo el país para educar mejor a los chicos, ara que actuemos antes. Tenemos que trabajar para que no haya chicos asesinos ni violentos”, planteó la senadora.
Por su parte, Romina -la madre de Jeremías Monzón- también dialogó con la prensa acreditada para señalar su apoyo a la baja de edad de imputabilidad. “Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver como los asesinos de mi hijo están libre es terrible. Saber que estamos luchando por una ley que no será retroactiva es terrible. Si esto se hubiera votado antes, los asesinos de mi hijo estarían presos en este momento”.
“Es horrible que haya gente que, aun viendo lo que sucede, se opongan porque se siguen acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal los asesinos”, expresó entre lágrimas y agregó: “Espero que salga la ley justamente para evitar estas cosas. Nosotros tuvimos que salir de la audiencia sabiendo que ellos (los autores del crimen de su hijo) iban a volver a sus casas, sabiendo que no iban a tener ni siquiera el antecedente penal… Y eso es terrible… Entonces, lo que exigimos con la ley es que ellos se hagan cargo de lo que hacen. Ellos hicieron algo atroz, se filmaron, lo disfrutaron, lo divulgaron…Es todo muy perverso”.

Bullrich retomó la palabra y se dirigió a sus pares legisladores para que apoyen el proyecto: “Los que nos han elegido no es actuar cuando las cosas pasan, sino por la convicción de tener una justicia penal que ayude a las víctimas, que impida que los casos sucedan, que actúe antes y que no tengamos que lamentar esto. Actuar por la convicción de tener un país que tiene que tener normas como todos los países. No puede ser que tenemos que actuar por un asesinato con alevosía con ese nivel de perversidad, sino por la convicción de qué necesita el país”.
“Me pongo en su lugar como mamá, no podemos tener gente en la Argentina que siga avalando y aplaudiendo y acompañando chicos que matan. Tenemos que terminar con esa cultura”, planteó y agregó: “Tenemos que trabajar en el sistema educativo y social acompañando cada lugar. La teoría de la tolerancia cero es decir al primer acto violento hay que actuar antes para evitar estas situaciones”.
Bullrich explicó: “Algunos dicen que son 50 casos, pero una vida es una vida no importa si son 40 o 50 los menores asesinos. Lo importante es que ese menor que roba o comete un delito a los 13 años o a los 14 y no le pasa nada, va a seguir. A los 18 va a terminar preso o matar a alguien. Entra en una carrera delictual por impunidad”.
Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este horrible crimen, fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.
El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.
Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”.
La chica está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento. También quedó detenida como partícipe secundaria la madre de la adolescente.

El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso de la Cámara alta, donde se reúnen los legisladores de la UCR. Fueron más de dos horas de reunión. Quiénes estuvieron presentes y quiénes no fueron invitados. Cuándo se vuelven a reunir.
Mientras el Gobierno se alista para ir en búsqueda de la aprobación de leyes, la jefa de bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, encabezó un encuentro con los representantes de la oposición dialoguista para receptar las sugerencias de modificación del despacho firmado del proyecto de ley de Modernización Laboral. La propia senadora será quien los lleve a Casa Rosada y traerá la devolución el próximo martes.
Según supo parlamentario.com, además de la exministra estuvieron presentes Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, junto al monobloquista Luis Juez -que forma parte de un interbloque con La Libertad Avanza-; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. No estuvo ninguno de los tres integrantes del Pro.
El encuentro que se llevó a cabo en el segundo piso de la Cámara alta donde se reúne la bancada de la Unión Cívica Radical, comenzó poco antes de las 15 y terminó a las 17.20. Tampoco hubo presencia de los integrantes del bloque Justicialista, del Frente Cívico de Santiago del Estero ni de Convicción Federal, donde habría legisladoras que podrían aportar votos al oficialismo.
El tema central de la reunión de este jueves fue el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero postergado para este segundo tramo de sesiones extraordinarias que comienza el próximo lunes 2 de febrero. Una fuente reveló a este medio que se plantearon sugerencias de modificación a algunos puntos de la redacción, pero también hubo una reafirmación de apoyo a la aprobación del texto.
Las sugerencias de modificación serán llevadas por la propia Patricia Bullrich a la discusión de la mesa chica de Casa Rosada y el martes 3 a las 15, traerá las respuestas cuando se vuelva a reunir con la oposición dialoguista. Una fuente del oficialismo consultada respecto al poroteo señaló a este medio que los cálculos dan para superar los 37 votos requeridos en el recinto cuando se lleve a cabo la sesión extraordinaria en dos semanas.
Así las cosas, la posibilidad de que el despacho de la reforma laboral tenga cambios estuvo contemplado por Patricia Bullrich desde el momento en que el texto pasó a la firma, pero dejando su tratamiento para febrero. Esto ocurrió el 18 de diciembre pasado cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza concentró los acuerdos y discusiones en la sanción de la Ley de Presupuesto 2026.
La jefa del bloque oficialista encabezará este miércoles una reunión con jefes de bloques aliados en busca de apoyo y juntar los votos necesarios para aprobar el texto de cara al inicio de extraordinarias.
El oficialismo reactiva este miércoles las negociaciones por el proyecto de ley de modernización laboral, con una reunión que encabezará la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en busca de apoyos y juntar los votos necesarios para aprobar el texto que pretenden hacerlo a mediados del mes de febrero.
El encuentro está agendado para este miércoles a partir de las 15 al que Bullrich convocó a los jefes de bloques opositores -con la excepción de Unión por la Patria-, con la intención de retomar las negociaciones en torno a las modificaciones que se le podrían introducir al proyecto cuando se habilite su debate en el recinto de la Cámara alta en una sesión que, a priori, sería el 11 de febrero. La reunión se llevará a cabo en el histórico salón de reuniones de los senadores de la UCR tienen en el segundo piso del palacio legislativo.
La iniciativa cuenta con dictamen de comisión desde diciembre de 2025, pero la complejidad del tema, que no solo modifica la legislación laboral sino también introduce cambios en el sistema impositivo de recaudación de las provincias, condujeron a que el tratamiento se postergue para este año.
Un rol clave desempeñan los senadores que responden a los gobernadores, factor clave de cara a la suerte que correrá el ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo, ya que manifestaron su postura en contra de la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto a las Ganancias que establece la iniciativa Los mandatarios provinciales pretenden que la Casa Rosada dé marcha atrás con la idea o, al menos, les compensé la menor recaudación impositiva que implicará el beneficio y que afectará a las cuentas provinciales.
El reclamo de las provincias es, a priori, el primer y principal escollo que aparece a la vista para el objetivo que se ha planteado Bullrich desde que llegó al Senado. Por ello, se espera que participen de la reunión el misionero Martín Göerling, jefe de la bancada Pro, y las provinciales Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad) y Edith Terenzi (Provincias Unidas), que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), respectivamente. También la santacruceña Natalia Gadano, del provincial partido Movere, y el peronista Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas).
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene activas reuniones con gobernadores en busca de apoyos y viajará esta semana a las provincias de Corrientes y Misiones para entrevistarse con los mandatarios Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua, respectivamente.
De la vereda de enfrente, la bancada kirchnerista, reunida desde diciembre bajo la denominación de bloque Justicialista y que preside el formoseño José Mayans, ya anunció su rechazo a la reforma y su solidaridad con la postura de la CGT, que también se opone a la propuesta lanzada por el Gobierno.
Así las cosas, La Libertad Avanza buscará sancionar durante febrero el proyecto de “Modernización” Laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, además de la reciente incorporación de la Ley Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.
En su primer año de gobierno, La libertad Avanza había impulsado un proyecto de ley de régimen penal juvenil. La norma logró despacho, pero no llegó a debatirse en el recinto de la Cámara baja. Patricia Bullrich, hoy senadora, vuelve a poner el tema en agenda.
Siendo ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich firmó el proyecto de ley de régimen penal juvenil que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en julio del 2024. Hoy como senadora nacional por La Libertad Avanza vuelve a instalar el tema en la agenda a raíz de una serie de hechos policiales que involucran a menores de edad.
La presidenta del bloque oficialista se refirió a la agenda parlamentaria que comenzará a partir del 1ro. de marzo, ya que el período extraordinario tendrá como prioridad el proyecto de ley de Modernización Laboral. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, lanzó en un duro mensaje a través de X.
En los últimos días se conoció el macabro video del crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años que fue torturado y asesinado a puñaladas. Los acusados de ocasionar la muerte del adolescente santafesino son una ex compañera de secundaria y dos adolescentes más, de 14 y 15 años. El crimen del joven Monzón fue cometido entre el 18 y el 22 de diciembre pasado, pero el macabro video circula en redes, Whatsapp y Telegram.
También en los últimos días fue noticia la muerte de un niño de 12 años abatido por fuerzas policiales en un enfrentamiento en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Según informaron, el joven iba a bordo de un vehículo junto a otras dos personas y tras negarse a frenar en un control policial, abrieron fuego contra los efectivos. El menor murió por un impacto de bala en el tórax y los otros dos acompañantes están prófugos.
Después de conocerse la identidad del menor, se hicieron virales una serie de fotografías y videos en las que “Chispita” -así era cómo le decían- portaba armas de alto calibre a bordo de motocicletas de desconocida procedencia. También tenía antecedentes por presunto encubrimiento y sus familiares lo despidieron con bocinazos y “tiros al aire”.
Originalmente, la iniciativa que había propuesto el Gobierno de Javier Milei establecía llevar la edad de imputabilidad a personas de 13 años. Sin embargo, en mayo del 2025, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró pasar a la firma un dictamen que proponía el régimen penal de los 16 (marco normativo actual) a los 14 años; penas máximas de hasta 15 años; y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años referidas a servicios comunitarios, prohibición de conducción y reparaciones económicas.
En aquella ocasión, el despacho debió pasar por varios encuentros plenarios de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. La Libertad Avanza había logrado adhesión en la oposición a excepción de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes dejaron en clara su postura al considerar que la iniciativa contenía un sesgo punitorio.
Uno de los puntos por los que el oficialismo nunca quiso avanzar con ese dictamen fue porque establecía un fuerte incremento en partidas presupuestarias destinadas a adecuar las unidades penitenciarias para que puedan albergar a adolescentes, algo que había sido incorporado por la Coalición Cívica y los bloques dialoguistas Democracia para Siempre y Encuentro Federal, hoy dentro de Provincias Unidas.
Ese fue el único tema por el que el presidente Milei había pedido en la inauguración del período de sesiones ordinarias de 2025. Por eso, el oficialismo -que había debatido el tema en las comisiones a lo largo de 2024- apuró su dictamen, que se alcanzó el 6 de mayo de 2025. Se logró a partir de la unificación de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional; el del diputado massista Ramiro Gutiérrez; los del Pro de Cristian Ritondo y Diego Santilli; de Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; de Juan Manuel López de la Coalición Cívica; de Carla Carrizo de Democracia para Siempre; y de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, entre otros.
Con la nueva composición donde el oficialismo logró ser la primera minoría en la Cámara baja con 95 diputados; y en el Senado, donde triplicó su conformación de 7 a 21 legisladores, el Gobierno nacional, con Patricia Bullrich a la cabeza, buscará avanzar en la reforma del Régimen Penal Juvenil. “Vamos al mismo estándar que rige en nuestros países vecinos: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, adelantó la exministra de Seguridad. Pero eso ya no sucederá en extraordinarias, como se había propuesto en diciembre cuando el temario previsto incluía una reforma profunda del Código Penal, sino durante el período ordinario. Y a juzgar por los dichos de Bullrich, tendrá prioridad.
La senadora Patricia Bullrich volvió a reclamar en el Congreso la reforma de la Ley Penal Juvenil tras la viralización del video del asesinato del adolescente de 15 años torturado y asesinado por tres menores, dos de los cuales quedaron libres por ser inimputables.
Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado entre el 18 y el 22 de diciembre de 2025 en la ciudad de Santa Fe. Su cuerpo apareció el día 22 en un galpón o fábrica abandonada frente a la cancha de Colón, en la zona del barrio Chalet. Lo más espeluznante de este ya de por sí horrible crimen fue que el mismo fue filmado por sus propios agresores, un material que luego se viralizó en redes y servicios de mensajería.
El video —de unos cuatro minutos— muestra torturas y más de 20 puñaladas, aplicadas con un cuchillo y un objeto similar a un destornillador. Le exigían que entregara “la clave y los videos” de su celular.
Los tres involucrados en el hecho fueron una chica de 16 años sindicada como instigadora y dos varones de 14 y 15 años. En la grabación se escucha a la adolescente ordenar: “Matalo… cortale el cuello”. La chca está detenida en un centro de menores en Rosario, imputada como coautora por homicidio triplemente agravado (alevosía, ensañamiento y concurso de tres o más personas), en tanto que los dos varones fueron identificados como coautores, pero son no punibles según la ley vigente. La Justicia los sobreseyó y el Estado provincial realiza un seguimiento.
Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes.
¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 23, 2026
El reclamo de Patricia Bullrich
Este jueves la senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich se pronunció sobre el tema en redes sociales. “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, señaló, recordando que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.
Para Bullrich, el resultado es este: “menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”, ante lo cual aseguró que “en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.
Cabe recordar que la aprobación de la Ley Penal Juvenil fue pedida el año pasado por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, y si bien el proyecto tuvo dictamen, no llegó nunca al recinto, en un año muy complicado para el oficialismo.
Ahora fue incluido el tema en el marco de una profunda reforma del Código Penal que se proponía tratar el Gobierno en extraordinarias, pero si bien el proyecto figuró en el primer pedido hecho en diciembre pasado, para la reanudación de extraordinarias en febrero no figura el tema.
El video del crimen formaba parte de la causa judicial, pero terminó circulando masivamente en redes, WhatsApp y Telegram. La familia —representada por el abogado Bruno Rugna— denunció una grave vulneración de la dignidad del menor y exigió que se investigue cómo se filtró:
Se sospecha que pudo haber salido de organismos judiciales o policiales; o que el propio grupo de agresores lo difundió antes de ser detenido. La querella pidió una investigación interna al Ministerio Público de la Acusación, la Policía de Investigaciones y el Poder Judicial de Santa Fe.
Durante la audiencia que encabezó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, la entidad manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, a la par que planteó objeciones a algunos artículos.
La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, mantuvo recibió en el Senado al equipo técnico de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), representada por su titular, Natalio Mario Grinman, con el objetivo de dialogar acerca del proyecto de ley de Modernización Laboral de cara al debate en extraordinarias.
Durante el encuentro, del que también participaron autoridades de dos importantes entidades empresarias, la CAC manifestó su acompañamiento a la orientación general de la iniciativa, a la par que señaló algunas objeciones puntuales.
“Compartimos el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen sobre el mercado de trabajo, y en dotar de mayor previsibilidad a las relaciones laborales”, señaló Grinman.
El titular de la CAC remarcó: “Con la experiencia que nos da el ser una institución gremial empresaria centenaria, signataria del convenio colectivo más numeroso de la Argentina, estamos convencidos de que una modernización es necesaria no solo para favorecer la generación de empleo formal y de calidad, sino también para colaborar con la competitividad y el dinamismo general de la economía”.
Durante la reunión, la CAC manifestó que considera que la iniciativa del Poder Ejecutivo contiene “aspectos muy positivos”, como ser los referidos a precisiones en materia indemnizatoria, tasa de actualización de créditos laborales, prestación mínima de servicios durante el ejercicio de medidas de fuerza, legitimidad de dichas medidas y consideración de nuevas modalidades de contratación, por citar solo algunos ejemplos.
Sin perjuicio de ello, la entidad también planteó objeciones sobre ciertos puntos. “De un proyecto de casi 200 artículos, manifestamos observaciones puntuales sobre unos pocos de ellos”, señaló el titular de la CAC.
Terminado el encuentro, Grinman hizo una evaluación positiva y ratificó el compromiso de la Cámara con la necesidad de modernizar la legislación laboral: “Fue una muy buena reunión en la que pudimos plantear con franqueza el parecer de la CAC, al igual que lo hicieron las otras entidades presentes, con el espíritu constructivo que nos caracteriza. Actualmente los equipos técnicos de las instituciones están trabajando para prontamente acercar propuestas que logren conciliar lo planteado en la iniciativa del Ejecutivo con nuestro punto de vista”.
“Estoy plenamente convencido de que Argentina requiere cambios en la legislación laboral para adaptarse a los nuevos tiempos, y que la mirada y el análisis de entidades como la nuestra puede colaborar para que el proyecto que finalmente se convierta en ley responda adecuadamente a las múltiples demandas que la realidad impone. El aspecto laboral es clave para que el país avance hacia el progreso económico y social que tanto anhelamos, por lo que la iniciativa en cuestión reviste una importancia mayúscula”, concluyó.
Con la reelección ya en marcha, el jefe de Gobierno porteño acelera su presencia territorial, mientras La Libertad Avanza busca un candidato “violeta punzó” para disputarle la Ciudad.
El jefe de Gobierno Jorge Macri ya avisó que va por la reelección y en pleno verano puso a la estructura de gestión en la calle, en una etapa que proyecta sostener hasta el final de su mandato, mientras La Libertad Avanza (LLA) prepara los cañones para intentar arrebatarle al Pro -con un violeta “punzó”- su bastión electoral de casi dos décadas.
Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei y jefa partidaria, afina y moldea su tesitura electoral del año pasado: quiere a un dirigente violeta “punzó” como candidato para disputarle a Macri la posibilidad de otro ciclo en la Ciudad de Buenos Aires.
El problema es que la mejor postulante, Patricia Bullrich -excandidata presidencial por Juntos por el Cambio- , una amarilla teñida rápidamente de violeta, no es “punzó” para el armado electoral de la Casa “Violeta”.
En cambio, Manuel Adorni, el ahora jefe de Gabinete y quien el año pasado le ganó la elección distrital al Pro y al peronismo, completa el requisito 'punzó' pero que, sin embargo, siembra dudas en la Casa “Violeta” porque hay controversias, ya que algunos consideran que no tiene la talla para enfrentar a Macri, un político experimentado.
La maquinaria electoral de La Libertad Avanza entiende que quien sí tiene la cintura política para dirimir la elección a jefe de Gobierno es Bullrich, a esta altura una de las principales y filosas espadas libertarias.
Además, creen que a Adorni le puede jugar en contra haber sido candidato testimonial en la elección para renovar legisladores porteña (Karina le anticipó que no cruzaría la Plaza de Mayo desde la Casa Rosada a la Legislatura).
Por eso, la candidatura libertaria está abierta y podría haber alguna sorpresa con algún ministro.
En cambio, el armado de la calle Uspallata, sede de la Jefatura de Gobierno, tienen en claro que Jorge Macri apunta a la reelección en 2027 y en ese derrotero su objetivo es consolidar su gestión, sobre la base del “orden” y la “resolución de los problemas” de los porteños haciendo foco en el “metro cuadrado” de los vecinos.
Según supo parlamentario.com, en el Gobierno porteño manejan encuestas sobre ponderación de gestión que lo ubican a Macri mejor posicionado con respecto al comienzo de su gestión.
¿El motivo? “Posiblemente porque Jorge Macri logró imprimirle su propio estilo a la gestión o está logrando imprimirle su impronta”, se escuchó decir a un funcionario con acceso al sillón principal de Uspallata, en Parque Patricios.
En ese contexto, el allegado al jefe de Gobierno puso su mirada en que “también la gestión se acercó más a los porteños: Jorge Macri mantuvo reuniones con vecinos en todas las comunas de la Ciudad, escuchando y tomando nota de sus inquietudes para seguir resolviendo problemas vinculados con el metro cuadrado de los porteños”.
En esas mismas reuniones, supo parlamentario.com, Macri dejó en claro cuáles son los lineamientos más relevantes de su gestión, relacionados en especial con el “orden y el respeto por la ley por los derechos de los vecinos”: por ejemplo, el respeto por la propiedad privada.
“La Ciudad recuperó ya más de 560 propiedades que estaban usurpadas, tomadas u ocupadas de manera ilegal y se las devolvió a sus legítimos dueños”, repiquetean los voceros del jefe de Gobierno.
Por las dudas, en el edificio de Uspallata recuerdan, cada vez que pueden, al ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a quien le critican que “se haya desentendido de la gestión en la Ciudad cuando enfocó decididamente sus energías en la campaña presidencial antes de las elecciones de 2023”.
Y los tiempos se anticipan: el jefe de Gobierno y líder del Pro en CABA ya tiene su librero electoral de cara al 2027: “Llegado el caso, ¿en dónde aplicarían la motosierra los libertarios? ¿En la educación y en la salud pública? ¿En el SAME? ¿Privatizarían las escuelas y los hospitales públicos, el Teatro Colón o el Centro Cultural General San Martín, que el Gobierno porteño está poniendo en valor?”, se escuchó reflexionar al funcionario porteño.
Y, simultáneamente, blandió su espada sobre la visión económica de LLA: “¿Dejarían de hacer mantenimiento en las calles y avenidas porteñas por considerar que no corresponde que el Estado lleve adelante obras públicas? ¿Se dejarían de hacer cirugías de alta complejidad en los hospitales públicos, llegado el caso de que los libertarios las consideren un gasto innecesario?”.
La Casa Rosada, como primer paso para mostrar su fibra y diferenciarse del Pro, se prepara para defender los postulados libertarios desde la Legislatura y, en ese marco, se esperan debates ideológicos interesantes, ya que una cosa es el Pro en la Ciudad y otra a nivel nacional y en el Parlamento, donde han acompañado la mayoría de las iniciativas de la Casa Violeta.
En paralelo, la Ciudad, durante la gestión de Jorge Macri, anunció inversiones récord en salud, educación y seguridad; también en movilidad, infraestructura e incluso en cultura, porque el jefe de Gobierno entiende que el Estado debe estar presente en la vida de los vecinos, pero de manera eficiente: en la Ciudad, la salud pública (incluyendo al SAME) y la educación pública son servicios valiosos que Jorge Macri está dispuesto a robustecer incluso más durante su administración. Y las obras públicas son activos para todos los porteños.
La Ciudad no necesita la motosierra de los libertarios porque desde hace años que administra bien y de manera eficiente los recursos. El Presupuesto 2026 aprobado recientemente en la Legislatura prevé un equilibrio fiscal por quinto año consecutivo.
La senadora y jefa del bloque libertario apuntó contra los grupos que se autoproclaman mapuches como posibles responsables de los incendios en el sur y advirtió que “las van a pagar como terroristas”. El dirigente social y diputado de UP le salió al cruce y la tildó de “montonera asesina”.
La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois (UP) se cruzaron en redes sociales por los incendios forestales que arrasan la Patagonia argentina.
La senadora nacional y ex ministra de Seguridad advirtió a través de sus redes que “si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas”. “La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”, recordó Bullrich.
De forma inmediata, le salió al cruce Grabois quien le retrucó por la misma red social y acusó: “Destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, boludean mientras se incendia la Patagonia y hambrean a los brigadistas”.
En esa línea, el diputado replicó la vieja frase que Javier Milei usó contra Bullrich durante los debates como candidatos presidenciales hace dos años atrás: “La ‘montonera asesina’ (Milei Dixit) sale sin una sola prueba, cosa que aclaró el propio fiscal general de Chubut, a cazar hermanos mapuches -muchos de los cuales son brigadistas y ninguno es terrorista- en vez de mandar los enormes recursos que dispone para combatir el fuego”.
“Es otra cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la atención de su inoperancia deliberada. Aguanten los brigadistas y voluntarios que hacen Patria, mientras esta basura de gobierno solo dice boludeces”, cerró. Hasta el momento la senadora libertaria no le retrucó el mensaje.
Con sesiones extraordinarias previstas para el mes de febrero, el oficialismo busca aprobar cambios en el régimen laboral y avanzar con una reforma tributaria parcial. Gobernadores y sindicatos ya activaron sus alertas.
Muy actíva, la jefa del bloque oficialista del Senado participó este sábado de un Conversatorio de la Reforma Laboral en Mar del Plata. Se reunió con todos los sectores para comentar sobre el dictamen y recibir ideas y consultas.
El Gobierno nacional trabajó activamente este fin de semana en definir la hoja de ruta para las sesiones extraordinarias que se reanudarán en el mes de febrero, aunque tomarán verdaderamente forma en los últimos días de este mes. En el centro de la agenda estará un proyecto clave y el que hoy por hoy más le interesa: la reforma laboral, que promete flexibilizar normas para impulsar el empleo formal, aunque también se trabaja en una reforma tributaria parcial, orientada a aliviar la carga sobre empresas y emprendedores.
La senadora Patricia Bullrich, referente del oficialismo en la Cámara alta, habló del tema este fin de semana durante su paso por Mar del Plata, donde encabezó un encuentro con empresarios del turismo y el comercio. “Estamos acá para destrabar empleo en blanco”, afirmó, dejando claro que el Ejecutivo no piensa retroceder en el espíritu del proyecto, aunque abrió la puerta a ajustes técnicos consensuados con la CGT.
El oficialismo pretende que el Senado dé la primera señal antes de febrero. Para eso, activó comisiones técnicas y contactos con gobernadores, mientras la CGT refuerza su campaña para frenar artículos que afectan convenios colectivos y crean un Fondo de Asistencia Laboral. Bullrich ratificó que habrá diálogo, pero advirtió: “Si no cambia el espíritu del proyecto, podemos conversar”.
Un detalle que no pasó desapercibido desde que el Poder Ejecutivo redactó el temario para el primer llamado a extraordinarias en el mes de diciembre fue que no se incluyó la reforma tributaria de la que siempre habló. Ya había dejado claro en su momento que pensaba incluir este verano el tratamiento de las reformas laboral y tributaria, mientras que la previsional quedaría para un segundo mandato, en 2028. Hubo modificaciones tributarias a través de algunas iniciativas sí incluidas en diciembre, pero lo según trascendió los últimos días, el Gobierno retomó la cuestión de la reforma tributaria, aunque decidió segmentarla: primero avanzará con cambios vinculados a sociedades y Ganancias, dejando para más adelante una reestructuración integral. La medida genera inquietud en las provincias, que advierten por el impacto en la coparticipación.
Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de febrero, con la meta de lograr media sanción en el Senado en los primeros días del mes. En la negociación, el Ejecutivo ya mostró gestos hacia gobernadores dialoguistas: más fondos ATN para Tucumán, participación accionaria en YMAD para Catamarca y cargos en la Auditoría para Salta.
Mientras el oficialismo busca acelerar, los sindicatos y las provincias endurecen posiciones. El debate promete ser intenso: la reforma laboral y tributaria son piezas centrales del esquema económico que Milei necesita para sostener la gobernabilidad en 2026.
La jefa del bloque oficialista encabezará una actividad en la costa. Con la mirada puesta en este proyecto, la mesa política del Gobierno se reunirá la próxima semana. Bullrich estuvo este viernes con Milei.
Pasada la primera semana del año, el Gobierno metió el acelerador en torno al proyecto de "Modernización Laboral", que se dictaminó de manera exprés en comisiones del Senado en diciembre, pero su debate en el recinto se postergó hasta febrero en busca de mayores consensos con la oposición dialoguista.
No solo jefa del bloque, sino principal figura hoy por hoy del oficialismo en la Cámara alta, la senadora Patricia Bullrich encabezará este sábado una actividad en torno a la Reforma Laboral que ambiciona la Casa Rosada.
El anuncio de su agenda se conoció este viernes, horas después de una reunión que mantuvo en la quinta de Olivos con el Presidente Javier Milei. Allí, ambos compartieron un desayuno y el proyecto fue el principal tema que abordaron.
Según confirmaron desde su entorno, la exministra estará este sábado en Mar del Plata, donde realizará recorridas y reuniones con representantes de diferentes sectores sociales y económicos, "interesados en analizar los aspectos más destacados del proyecto".
Además, Bullrich encabezará el "Conversatorio sobre la Modernización Laboral" en dicha ciudad, acompañada por Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, entre otros. El evento se realizará desde las 17 en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galíndez).
"Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro. Lo que hace falta para transformar el país de verdad. Argentina va a ser ENORME y próspera. Y no hay vuelta atrás", escribió este viernes la senadora en su cuenta de la red social X, junto a una foto con Milei, vestido con uno de sus mamelucos de YPF.
Además de las visitas a gobernadores por parte del ministro del Interior, Diego Santilli, también con la mirada puesta en buscar votos para la aprobación de la Reforma Laboral, la próxima semana habrá una reunión de la mesa política del Gobierno.
Con la intención de acelerar la estrategia en torno a esta iniciativa, para el próximo viernes 16 de enero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la mesa política. Además de los mencionados Bullrich y Santilli, estarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia; Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial Santiago Caputo.
También podrían participar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes ocasionalmente se hacen presentes.
Entre los puntos que se encuentran en evaluación de eventuales modificaciones al proyecto, tras recibir varias críticas de la oposición, están el capítulo tributario y la creación del Fondo de Asistencia Laboral.
La exministra de Seguridad destacó lo hecho por Estados Unidos en Caracas y señaló que “vamos a seguir hasta que vuelvan porque la Argentina los espera”. Son dos los argentinos detenidos en Caracas por el régimen chavista.
Luego de que Estados Unidos capturara en Caracas y enjuiciara en Nueva York a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez quedó al mando del régimen chavista en Venezuela. Este jueves al mediodía, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de detenidos políticos en el marco de un “gesto de amplia intención de búsqueda de la paz”.
La noticia llegó hasta Buenos Aires y la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, pidió por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y de Germán Giuliani, quien perdió contacto con su familia desde el último 21 de diciembre pasado. “Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, auguró la exministra de Seguridad de la Nación.
A través de X, la senadora oficialista agregó que “esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”, señaló que “la libertad es volver”, y reiteró que “vamos a seguir hasta que vuelvan porque la Argentina los espera”. Según reportes oficiales, Gallo está detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre del 2024.
Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia.
Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.
Esto pasa gracias a la decisión y acción de… https://t.co/hgAzu9NeGE
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026
El anuncio de Jorge Rodríguez respecto a la liberación de “un número importante”, generó esperanza en la exministra Patricia Bullrich por la situación de los dos detenidos argentinos. Nahuel Gallo es suboficial argentino de Gendarmería Nacional y se encuentra detenido en El Rodeo I, una prisión de máxima seguridad que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM).
A pocos días de conocerse la detención de Gallo en Venezuela, a donde iba a encontrarse con su pareja, la familia del gendarme elevó reclamos ante tribunales internacionales. Sin embargo, nunca hubo avances a la vez que ambas naciones retiraron sus respectivas embajadas en medio de acusaciones de tareas de inteligencia.
Unas horas después del pedido por Gallo, Patricia Bullrich volvió a comunicar a través de su cuenta que "hoy es un día para celebrar la libertad", y explicó que "el régimen venezolano tuvo y mantiene presos políticos de su propio país y de otros. Empiezan a liberarlos, pero falta: tienen que ser todos".
Y cerró con una crítica dirigida al kirchnerismo: "Algo quedó claro es que es un mal día para esas supuestas organizaciones de derechos humanos que no solo miraron para otro lado, sino que defendieron a Maduro y su violento régimen". "En Venezuela sí hubo una dictadura, sí hubo presos políticos y sí hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Hoy, el mundo es un poquito mejor", concluyó.
Hoy es un día para celebrar la libertad.
El régimen venezolano tuvo y mantiene presos políticos de su propio país y de otros. Empiezan a liberarlos, pero falta: tienen que ser todos.
Y algo quedó claro: es un mal día para esas supuestas organizaciones de derechos humanos que…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026
Entre vetos, sesiones ásperas, negociaciones subterráneas y escándalos que desbordaron el recinto, 2025 dejó un Congreso atravesado por tensiones inéditas. Este informe repasa a los protagonistas que, desde el oficialismo y la oposición, marcaron la agenda legislativa del año.
El año legislativo que acaba de concluir estuvo lejos de la rutina parlamentaria. La relación conflictiva entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, la fragilidad de las mayorías, el recurso permanente a los vetos presidenciales y una oposición que logró condicionar buena parte de la agenda convirtieron a 2025 en uno de los períodos más intensos -y pobres en producción normativa- de la última década.
En ese escenario emergieron figuras centrales: quienes articularon acuerdos, quienes bloquearon iniciativas, quienes quedaron envueltos en escándalos y quienes, desde roles técnicos o políticos, incidieron de manera decisiva en los debates clave. Los Personajes de 2025 -no necesariamente diputados y senadores- reúne a esos protagonistas y reconstruye, a través de sus recorridos, el mapa de poder y conflicto que definió al Congreso durante el primer año pleno del mileísmo.
JAVIER MILEI.
Un año con luces y sombras fue la relación del Presidente con el Congreso argentino durante 2025: una mezcla constante de conflictos, negociaciones tácticas y ocasionales acuerdos. El Presidente profundizó su agenda de reducción del Estado, reformas económicas y disciplina fiscal, lo que generó tensiones con muchos bloques legislativos, especialmente con la oposición tradicional.
Milei vetó varias leyes aprobadas por el Congreso -incluidas normas sobre financiamiento universitario, emergencia pediátrica y ATN-, lo que tensó la relación con gobernadores, sectores sociales y legisladores que veían esos proyectos como reparos a recortes presupuestarios.
Todo el año legislativo fue un tormento que solo se morigeró a partir del resultado electoral del 26 de octubre, cuando se logró aplacar las embestidas constantes de la oposición. En diciembre, consiguió los acuerdos suficientes en el Congreso para aprobar el Presupuesto nacional 2026, lo que fue celebrado por Milei como un “hito histórico”.
Tan hostil con el Parlamento, Milei es uno de los presidentes que más concurren al Palacio Legislativo. En 2025 fue tres veces: no solo para la tradicional apertura de sesiones del 1° de marzo, sino para otra cosa que se ha hecho constante para él, la presentación del Presupuesto el 15 de septiembre. Y también lo hizo para acompañar la jura de sus nuevos diputados, el 3 de diciembre.

Javier Milei al visitar el Congreso en diciembre para la asunción de los nuevos diputados.
PATRICIA BULLRICH.
Fue elegida senadora nacional por más del 50% de los votos en CABA, y aun antes de jurar, asumió el liderazgo del bloque oficialista en el Senado. Luego fue una de las articuladoras principales de la estrategia legislativa del Gobierno en estas extraordinarias.
También manejó el debate de la reforma laboral en su doble rol de jefa del bloque LLA y titular de la Comisión de Trabajo. Fue quien anunció la postergación de ese debate hasta el mes de febrero, y quien cerró los debates del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en la última sesión del año.
Fue ella quien le pidió a Lorena Villaverde que renunciara al Senado, mostrando su peso interno.

Patricia Bullrich durante su primera sesión en el Senado.
MARTÍN MENEM.
El presidente de la Cámara de Diputados dirigió la Cámara baja en un año extremadamente conflictivo. Ladero permanente de Karina Milei, fue uno los artífices de la estrategia de la exitosa campaña de La Libertad Avanza con vistas a las elecciones de octubre. Cuando se vislumbraba una elección discreta de los libertarios, muchos llegaron a darlo fuera de la presidencia de la Cámara con el recambio presidencial, pero el resultado fue tan bueno que no solo la conservó, sino que lideró el armado del nuevo bloque, que contra todos los pronósticos se convirtió en primera minoría.
Si bien logró mantener la gobernabilidad legislativa en un Congreso muy fragmentado, no consiguió sancionar leyes propias en el período ordinario.

GUILLERMO FRANCOS.
Siempre dispuesto a concurrir al Congreso, el ex jefe de Gabinete asistió nada menos que cuatro veces a lo largo del año. Dio dos informes de gestión en la Cámara baja y uno en el Senado, pero además fue también a Diputados respondiendo a la interpelación pedida por la oposición por la criptomoneda #LIBRA. Fue, de hecho, el único de los funcionarios convocados en tal sentido que cumplió con ese emplazamiento.
Fue además uno de los principales negociadores del Gobierno en un contexto donde La Libertad Avanza carecía de mayorías, siendo siempre muy reconocida su disposición al diálogo y la búsqueda de consensos. Aunque también supo salirse de las casillas, como cuando, en oportunidad de brindar su informe en el Senado, se retiró indignado luego de que la senadora fueguina Cándida Cristina López le dijera “mentiroso”.

CARLOS GUBERMAN.
El secretario de Hacienda de la Nación fue otro de los “influyentes” del Gobierno en el ámbito del Congreso. Ante la ausencia sostenida del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se resiste a concurrir al Congreso, él en cambio fue encargado de suplirlo. En el debate del Presupuesto 2026 concurrió en numerosas oportunidades a ambas cámaras, defendiendo la eliminación de artículos clave en financiamiento educativo, científico y de defensa. Reconoció ante el Senado que en 20 años nunca se cumplieron esas normas, prometiendo reponerlas solo si “las condiciones están dadas”.
Guberman dio consistencia técnica al discurso fiscal del Gobierno.

LORENA VILLAVERDE.
Su caso se convirtió en un emblema institucional: renunció a su banca en el Senado luego de presiones internas y por supuesto externas, luego de que trascendieran incidentes judiciales que vivió en Estados Unidos (por lo menos dos) vinculados con el tráfico de drogas. Si bien ella insistió siempre en que había sido sobreseída, no fue suficiente para despegar su figura del escándalo, máxime cuando ya su partido había sufrido fuertemente los coletazos del escándalo que por temas vinculados también con el narcotráfico vivió José Luis Espert. Al respecto se sabe que tiene una relación con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario procesado por narcotráfico y extraditado por ese tema a Estados Unidos.
La rionegrina encabezó la lista de su partido en las elecciones legislativas y fue elegida senadora nacional por la minoría, cargo al que como dijimos debió renunciar.
Luego se conocieron más problemas judiciales que la involucraban, ahora en la Argentina, cuando se supo que la Justicia de Bariloche dictó embargos preventivos a raíz de una demanda por incumplimiento en la entrega de lotes de un emprendimiento.

GERMÁN MARTÍNEZ.
Como jefe del bloque Unión por la Patria, fue el principal articulador opositor y uno de los dirigentes que más condicionó la agenda del oficialismo, en un año en el que el Gobierno sufrió mucho los embates de la oposición. Lideró a la bancada que logró frenar y exponer los límites del Gobierno. Fue clave para mantener la unidad de su bancada, incluso cuando, en vísperas del recambio legislativo, UP sufrió algunas fugas que le hicieron perder su condición de primera minoría.
Fue el rostro más visible de la oposición peronista en Diputados.
Su estrategia logró frenar iniciativas del Gobierno o exhibir su debilidad parlamentaria. Actuó como contrapeso decisivo en el año legislativo más pobre en producción normativa de la década.

MARTÍN LOUSTEAU.
Fue clave en el Senado dentro de la estrategia opositora que logró arrinconar al oficialismo durante casi todo el período ordinario, siendo junto al también radical Pablo Daniel Blanco y a Guadalupe Tagliaferri quienes permitieron inclinar el fiel de la balanza en contra del Gobierno.
Encabezó la lista de Provincias Unidas en la Ciudad y ganó una banca para seguir en el Congreso, ahora como diputado. Fue en el marco de una pelea voto a voto con La Libertad Avanza, que ganó con una diferencia de 8.688 votos.
Su liderazgo al frente de la UCR fue muy discutido y en el Senado mostró su propio aislamiento dentro del radicalismo. Dentro de una oposición a la que le costó diferenciarse del Gobierno, claramente él lo hizo todo el año.

LUIS JUEZ.
En 2025 dio un giro político al dejar primero la presidencia del bloque Pro y romper luego con el partido amarillo, para sumarse al interbloque de La Libertad Avanza, permitiendo que el oficialismo alcanzara 21 senadores. Su incorporación fue celebrada por Patricia Bullrich, que lo definió como un hombre “de firmes convicciones” y esencial para impulsar reformas.
Ya antes de sumarse al oficialismo, defendía públicamente al Gobierno, ya sea en los medios o en el recinto, aunque una vez se diferenció al votar a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que le valió el ensañamiento de Las Fuerzas del Cielo. Tuvo también momentos en los que mostró distancia, como cuando advirtió sobre la conducta del Gobierno y la necesidad de privilegiar el diálogo, señalando que “al aliado no lo conformás con una empanada”.
De todos modos, siempre destacó su cercanía al Presidente, con el que tiene diálogo directo y suele cenar en Olivos.
Sueña con ser el candidato a gobernador en 2027 de Córdoba por La Libertad Avanza, cosa que ya ha dicho públicamente.

MAXIMILIANO FERRARO.
Fue uno de los críticos más persistentes del manejo económico y legislativo del Gobierno. Denunció “errores autoinfligidos” y cuestionó la discrecionalidad del gasto ante la falta de Presupuesto. Defendió públicamente el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad, dos iniciativas con amplio consenso y vetadas o condicionadas por el Gobierno.
Luego de infinidad de idas y vueltas para su conformación, terminó presidiendo la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que trabajó intensamente el tiempo que se le otorgó, emitiendo un duro informe sobre las responsabilidades que le caben al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei.

CARMEN ÁLVAREZ RIVERO.
Totalmente alineada con La Libertad Avanza, bloque al que terminó sumándose después de las elecciones, dejando así la bancada del Pro, del que venía diferenciándose muchas veces a la hora de votar, la senadora cordobesa protagonizó una de las mayores polémicas del año legislativo. Fue cuando cuestionó públicamente el acceso de los niños de todo el país al Hospital Garrahan. Durante el debate sobre la Emergencia Pediátrica, en la comisión, declaró: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados; ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Estas expresiones generaron un repudio transversal en el Senado y en la opinión pública, al tocar un símbolo federal de la alta complejidad pediátrica. Ella defendió luego su postura alegando que la salud es competencia provincial y reclamando fondos equivalentes para Córdoba.

La senadora cordobesa protagonizó más de un momento polémico.
FACUNDO MANES.
Fue protagonista central del incidente que se vivió durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cuando tuvo un fuerte cruce con el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo había increpado desde uno de los palcos, mientras Manes mostraba un ejemplar de la Constitución durante el discurso de Javier Milei.
Luego, en los pasillos, según denunció el neurocientífico, Caputo lo amenazó. Manes presentó una denuncia penal por amenazas coactivas, que no avanzó.
En ese marco, su bloque (Democracia para Siempre) denunció que el Gobierno estaba “cruzando un límite peligroso”.

Facundo Manes mostrándole a Caputo la Constitución.
SILVIA LOSPENNATO.
De buena relación con La Libertad Avanza en general y el Presidente en particular, se distanció del mismo cuando fracasó sorpresivamente el tratamiento de ficha limpia.
La diputada fue una de las protagonistas de la interna del Pro y de la disputa por la Ciudad de Buenos Aires al ser oficializada como primera candidata del su partido para las elecciones legislativas del 18 de mayo. El espacio la eligió por encima de figuras como Fernán Quirós, y su candidatura fue impulsada directamente por Mauricio Macri. Sin embargo su desempeño electoral fue muy malo, pues el Pro sufrió su peor elección histórica en CABA en CABA, perdiendo terreno frente a LLA y quedando muy por detrás de sus expectativas en su propio bastión.
Fue también una de las dirigentes que más presionó por mantener identidad partidaria frente a la tentación de alianza con Milei, y durante una sesión protagonizó un incidente con el presidente de su bloque, al reaccionar ante un discurso de su par Alejandro Finocchiaro que la criticó duramente. En la ocasión, fue reprendida públicamente por Cristian Ritondo. A fin de año, pese a las especulaciones de que no dejaría su banca, se fue a la Legislatura porteña, cumpliendo con el mandato que había recibido en las urnas en las elecciones de mayo.

Lospennato dio una conferencia de prensa sobre ficha limpia, después de su fracaso en el Senado.
MARCELA PAGANO.
Profundizó su distanciamiento del oficialismo, armando un bloque disidente junto a sus pares Carlos D’Alessandro, Gerardo Gustavo González y Lourdes Arrieta, llamado Coherencia, desde donde mantuvieron posturas sumamente críticas para con el oficialismo que abandonaron.
Fue eje de múltiples choques públicos con Lilia Lemoine, como el del 27 de agosto, cuando durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando le tocaba hablar a Pagano, Lemoine se levantó de su lugar y se colocó frente a ella, obstruyendo la cámara oficial y provocando gestos, murmullos e insultos. Pagano le pidió al presidente Menem que ordenara a Lemoine regresar a su banca. El ambiente se tornó caótico, y durante el cruce, Pagano acusó a Lemoine de hacer un “espectáculo”, calificándola de “persona que no está en condiciones”, mientras Lemoine filmaba todo con su celular.

Marcela Pagano y una de sus múltiples cruces con Lilia Lemoine.
LILIA LEMOINE.
Muy cercana a Milei, la diputada libertaria protagonizó otros incidentes en el recinto, uno el 13 de marzo, con Marcelo Pagano y a Rocío Bonacci. Lemoine las enfrentó porque las otras se rehusaban a levantarse para no dar quórum durante un pedido de informes por el caso $LIBRA. Lemoine y María Celeste Ponce se retiraron del recinto en desacuerdo por la actitud de Pagano y Bonacci. En esas circunstancias, Bonacci le lanzó un vaso de agua a Lemoine.
El 9 de octubre, se registró el más tenso cruce, cuando Pagano y su compañera Lourdes Arrieta exhibieron carteles con la leyenda “Narcotráfico nunca más”. Lemoine interpretó la acción como una provocación, lo que derivó en un enfrentamiento físico y verbal: Lemoine filmó con su celular mientras increpaba a Pagano.
Pagano golpeó con el cartel el teléfono de Lemoine y la tildó de “chorra”, “ñoqui” y “parásito del Estado”. Lemoine intentó quitarle el cartel, forcejearon y la mano de Lemoine quedó enrojecida, por lo que presentó una denuncia ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, solicitando sanción por agresión física, apoyándose en el video que ella misma había grabado.
KARINA MILEI.
Una y otra vez la oposición intentó convocarla al recinto. Obviamente nunca lo consiguió. El caso $LIBRA y las supuestas coimas en la ANDIS generaron la reacción de la oposición, que la puso en la mira y convocó a interpelar a sabiendas de que la secretaria general de la Presidencia jamás concurriría a los recintos. Sí lo hizo a los palcos, desde donde siguió sesiones que le interesaban especialmente.

Karina Milei junto a Santilli, Adorni y Lule Menem en un palco de Diputados.
CRISTIAN RITONDO.
El jefe del bloque Pro estuvo muy cercano a La Libertad Avanza a lo largo de todo el año, en el marco de las negociaciones para hacer una alianza entre su partido y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La alianza llegó a buen puerto, pero en el camino debió exponerse a fotografiarse un día con buzo violeta.
Sobre el final del año esa cercanía se enfrió, primero a partir del proceso de cooptación de diputados del partido amarillo, que le permitió a LLA convertirse en primera minoría, en detrimento de la bancada que conduce Ritondo. Y en la última sesión, cuando tuvo un cruce con Martín Menem por la sorpresiva designación de los auditores nombrados por la Cámara baja, que llenó de indignación a Ritondo, que llevó el tema a la justicia.

Ritondo y Santilli yendo a negociar a la Casa de Gobierno.
JOSE LUIS ESPERT.
“El Profe”, como con admiración lo llamaba su amigo Javier Milei, vivió un año marcado por un ascenso político significativo, seguido por un derrumbe mediático y judicial intenso. Con una primera mitad de proyección y fortalecimiento mediático. Allá por el mes de junio, una encuesta de Giacobbe reflejaba que Espert había consolidado su visibilidad en Buenos Aires, con apenas un 3% de desconocimiento entre los encuestados. Su imagen neta era negativa (-31,3 %), pero con buena intención de voto: 39,1 % en territorio provincial, superando al kirchnerismo (33 %). En agosto, fue confirmado como cabeza de lista de La Libertad Avanza en PBA, con el aval explícito de Javier Milei.
Como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, su función fue siempre evitar que la misma se reuniera, razón por la cual la oposición tuvo que recurrir a la herramienta de los emplazamientos, con lo cual consiguió forzarlo a convocar a la comisión.
Ya en campaña, fue objeto de un escrache en su casa, donde militantes kirchneristas arrojaron excrementos al frente de la misma.
Hacía campaña junto al Presidente y durante un episodio violento en Lomas de Zamora, terminó abandonando el lugar a bordo de la moto de un supuesto militante que lo sacó del lugar. Apuntalado por el Presidente, estaba claro que Espert se erigía como probable candidato a gobernador en 2027. De hecho, ya con esa aspiración había concurrido a Bahía Blanca cuando el desastre climático en esa ciudad, y generó polémica su aparición en una foto junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Pero ya cerca de las elecciones, comenzó a derrumbarse. El 7 de octubre fue formalmente imputado por el fiscal federal Fernando Domínguez por presunto lavado de activos, a raíz de un pago de USD 200.000 recibido en 2020 de Federico “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Nuevamente el principal sostén de su candidatura fue Milei, hasta que su presencia al frente de la lista de La Libertad Avanza se hizo insostenible y tuvo que renunciar a su candidatura. Atribuyó su salida a una “operación mediática” y acusó a la “maquinaria del sistema” de orquestar una campaña en su contra.
Su primera y última aparición pública tras el escándalo fue cuando concurrió a votar, en listas donde LLA no pudo evitar que su cara siguiera apareciendo al tope de la misma. Asediado por la prensa, pidió “respeto” y evitó hablar de su situación.

José Luis Espert durante el allanamiento a su casa.
MAXIMILIANO ABAD.
Fue un año de alta visibilidad política, coronado por la obtención del Premio Parlamentario 2025 en el Senado de la Nación. Dentro de la moderación que conservó, mantuvo su rol opositor frente al gobierno de Javier Milei, su protagonismo dentro del radicalismo bonaerense y su apuesta por reposicionar a la UCR como fuerza ordenadora del sistema político.
En enero reunió a más de 1.200 dirigentes en Mar del Plata, donde llamó a construir “una coalición con los sectores más dinámicos y transformadores” y enfatizó que el radicalismo debía dejar de ser espectador para convertirse en protagonista del rumbo nacional. A lo largo del año se profundizaron las tensiones internas de la UCR bonaerense. La conformación del frente Somos Buenos Aires expuso fracturas, fugas y fuertes disputas en un contexto donde el sector de Abad buscó mantener el control partidario y apuntalar una estrategia electoral propia.
En el plano nacional, Abad se consolidó como una de las voces radicales más críticas del gobierno libertario. Señaló reiteradamente la “improvisación, aislamiento y falta de gestión política” del Ejecutivo, y advirtió que la falta de diálogo con gobernadores y el Parlamento debilitaba al propio gobierno. También rechazó la idea de salidas anticipadas, asegurando que “nunca me voy a subir al club del helicóptero”. Uno de los ejes centrales de su actividad legislativa fue la discusión presupuestaria. Primero pidió diálogo para el Presupuesto 2025, y a fin de año anunció que votaría en general a favor del Presupuesto 2026 pero rechazaría el Capítulo II, al considerar que eliminar el piso del 6% del PBI para educación y los fondos para ciencia “condena a la Argentina a la mediocridad”.

Abad con Patricia Bullrich en la última sesión del año en el Senado.
VICTORIA TOLOSA PAZ.
La diputada de Unión por la Patria tuvo en 2025 un año de fuerte reposicionamiento político. En los primeros meses del año, Tolosa Paz se convirtió en una de las voces más visibles del Movimiento Derecho al Futuro, el nuevo espacio impulsado por Axel Kicillof. Desde allí afirmó públicamente que “hay una etapa cerrada en la conducción de Cristina Kirchner”, cuestionando intervenciones del PJ en varias provincias y reivindicando la necesidad de renovar el liderazgo dentro del peronismo. Paralelamente, endureció su postura frente al Gobierno nacional. En repetidas intervenciones radiales y públicas criticó duramente el programa económico de Javier Milei, advirtiendo que “la Argentina está cada día un poquito peor” y denunciando el impacto del DNU 340/2025 sobre la industria pesquera y la marina mercante. También cuestionó la búsqueda de dólares vía blanqueos y el supuesto alineamiento con el FMI.
Su rol legislativo también cobró centralidad: impulsó proyectos como la declaración de emergencia en discapacidad, señalando que las políticas de ajuste del Gobierno ponían en riesgo derechos básicos, y reclamó tanto la actualización de programas laborales como la ampliación de altas paralizadas. En marzo, fue protagonista en el Congreso al promover la declaración de emergencia para Bahía Blanca y distritos afectados por el temporal, denunciando la “ausencia del Estado nacional” y reclamando que el Gobierno asuma la reconstrucción.
Protagonista en todos los grandes debates en el recinto, Tolosa Paz tuvo también un rol central en el debate por el escándalo de las muertes por fentanilo contaminado y/o adulterado. Participó como secretaria de la comisión investigadora sobre ese tema, y cerró el año consagrándose ganadora del principal Premio Parlamentario 2025 en la Cámara baja.

NICOLÁS MASSOT.
Opositor sin ruptura, crítico sin caer en el anti-mileísmo, y con un discurso institucionalista que lo posicionó como referente del espacio dialoguista, aunque distante del oficialismo, Nicolás Massot se consolidó como una de las voces opositoras más activas, críticas y técnicas dentro del Congreso frente al gobierno de Javier Milei. Comenzó el año planteando reparos severos al DNU que habilitó un nuevo acuerdo con el FMI, del cual se abstuvo en la votación. Denunció una estrategia de “extorsión” del Gobierno -primero con el miedo al retorno de Cristina Kirchner y luego con la amenaza de una suba del dólar- y criticó la falta de transparencia y límites institucionales en la negociación. Su planteo fue claro: la crisis era principalmente política, no económica, y el Ejecutivo debía reconstruir consensos con el Congreso.
Massot adquirió relevancia en el debate previsional al defender el aumento del 7,2% a las jubilaciones, resaltando que la fórmula aprobada era una iniciativa de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la UCR, y no del Gobierno. Criticó las prioridades fiscales del oficialismo, señalando que había fondos para blanqueos, exenciones de bienes personales y beneficios a autos de lujo, pero no para actualizar haberes.
En septiembre, quedó en el centro de la escena por un encendido discurso sobre el conflicto Israel–Palestina. Cuestionó al Gobierno de Milei y al canciller Gerardo Werthein por votar en contra del reconocimiento del Estado palestino en la ONU y acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de “genocida”. Sus declaraciones generaron una dura condena de la DAIA por “banalizar la Shoá”, pero al mismo tiempo recibieron un resonante elogio de Cristina Fernández de Kirchner, que calificó su intervención de “extraordinaria”.
Participó activamente de comisiones vinculadas al Presupuesto 2026, en un contexto de duros desacuerdos entre el Ejecutivo y la oposición sobre financiamiento educativo y universitario. Cuando finalmente el proyecto perdió el Capítulo XI, hizo un intento para salvar algunos de los artículos caídos incorporando parte del dictamen de minoría que él había impulsado.

Massot siempre muy participativo en las comisiones y el recinto.
JULIANA SANTILLÁN.
En pleno conflicto por el Hospital Garrahan, en junio de 2025, durante un programa de TN, tres médicas residentes explicaban que cobraban menos de $800.000 por mes, aun trabajando jornada completa y realizando guardias de 24 horas. Sostenían que con ese monto no podían cubrir un alquiler ni llegar a fin de mes, y fue en ese contexto que la diputada libertaria Juliana Santillán intervino para desacreditar el reclamo citando un dato erróneo de la canasta básica: “La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC”, señaló. Pero el dato que mencionó no correspondía a una familia, sino a una persona adulta.
A pesar de que los presentes en el estudio y las propias médicas le señalaron el error en vivo, Santillán siguió sosteniendo su afirmación. Incluso insistió en que una persona “podía vivir con 360 mil pesos, incluso alquilando”. El episodio se convirtió en uno de los momentos más polémicos del año para Santillán.

Juliana Santillán en el programa donde cruzó a médicas del Garrahan.
MÓNICA FEIN.
En su último año de mandato como diputada nacional, su agenda estuvo atravesada por tres grandes ejes: salud y políticas sociales, defensa institucional frente al Gobierno de Javier Milei. A mediados de año impulsó el tratamiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, que busca garantizar el funcionamiento del Hospital Garrahan y de la red pediátrica de todo el país. Asimismo, mantuvo una posición crítica frente al veto presidencial a leyes vinculadas con la emergencia en discapacidad y con el sistema pediátrico, acusando al Gobierno de “insensibilidad” y de haber mentido sobre el costo real de las políticas de inclusión.
Como dato principal estuvo su rol al frente de la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado y/o Adulteradio, que elaboró 20 recomendaciones tras la muerte de decenas de pacientes y el hallazgo de irregularidades graves en cadenas de suministro.

Mónica Fein presidió la Comisión Investigadora por el Fentanilo.
JOSÉ MAYANS.
El senador formoseño denunció sistemáticamente que el Gobierno pretendía anular o clausurar el Poder Legislativo, especialmente mediante los reiterados vetos presidenciales y la ausencia de un presupuesto durante dos años. Tras una sesión clave en julio donde se aprobaron aumentos jubilatorios y reformas en discapacidad, declaró que la jornada había sido “plenamente válida” y que el Ejecutivo buscaba desconocerla para evitar rendir cuentas. En su visión, Milei gobernaba “a decretazos”, sin respetar el sistema republicano ni federal, y escondiendo el endeudamiento real del Estado mediante la falta de presupuesto actualizado.
En diciembre, Mayans fue uno de los principales artífices de la oposición al Presupuesto 2026, al que calificó como un proyecto “exprés”, “inconstitucional”, “sin visión republicana” y que pretendía “anular al Congreso”. Criticó duramente al ministro de Economía, Luis Caputo, por no presentarse a defender el proyecto, afirmando que le “tiene terror” al Parlamento.
En el final del año, dio un anticipo de lo que seguramente se vivirá el próximo año, confrontando con la flamante presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a la que acusó en plena sesión de ser “totalmente inoperante” tanto como ministra de Seguridad como jefa de bloque y de buscar “embarrar la cancha”.
Muy crítico de las intenciones oficiales de privatizar el sistema nuclear, propuso declararlo como “bien público estratégico no enajenable”.

SILVANA GIÚDICI.
En el marco de la estrategia desarrollada por el bloque Pro, ella mantuvo siempre posturas cercanas al oficialismo y fue una constante defensora de las posturas del Gobierno nacional en el recinto. Rol que oficializó cuando después de las elecciones de octubre concretó su traspaso al bloque de La Libertad Avanza, en el que es ahora secretaria Parlamentaria -la misma función que cumplía en el Pro-. Tuvo también mucho protagonismo en el tema del fentanilo contaminado, siendo impulsora de la comisión investigadora en la que ocupó la vicepresidencia.

DIEGO SANTILLI.
Participó junto a Cristian Ritondo de las negociaciones entre el Pro y La Libertad Avanza que alumbraron una alianza en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, evitó la foto con el buzo violeta en la que sí estuvo su amigo Ritondo. En esa lista conformada ocupó el tercer lugar, y luego trepó al primero, tras la renuncia de José Luis Espert. Y si bien su rostro no estuvo en la boleta que siguió exhibiendo la cara de “el Profe”, tuvo gran protagonismo y parte del triunfo de LLA en esa elección debe concedérsele.
Fue ungido ministro del Interior y desde ese cargo protagonizó las negociaciones con los gobernadores que tuvieron su correlato en la aprobación del Presupuesto 2026 a fin de año, sesiones en las que permaneció en el Congreso de la Nación, desarrollando tareas tras bambalinas.

Santilli siguiendo la sesión del Senado.
EDITH TERENZI.
Uno de los hitos del año fue la sanción de la Ley Nicolás, proyecto impulsado por la propia senadora Edith Terenzi y aprobado en septiembre. La iniciativa establece un sistema estructural de seguridad en la atención médica, incorporando notificación obligatoria de errores, formación continua, verificación profesional e informatización de historias clínicas. Representó una victoria política y social, especialmente para las familias organizadas contra la mala praxis.
Impulsó también un proyecto que prevé la incorporación de la Atrofia Muscular Espinal (AME) en el Programa Nacional de Pesquiza Neonatal, que obtuvo media sanción en el Senado y que ella misma personalmente salió apuntalar durante su tratamiento en Diputados.
Además, esta senadora alineada con el gobernador de Chubut Ignacio Nacho Torres tuvo un papel central en la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, donde presentó un dictamen alternativo con modificaciones, incorporando un nomenclador pediátrico y mayores niveles de transparencia. Si bien su propuesta generó tensiones con el kirchnerismo -que quería aprobar sin cambios la media sanción de Diputados- mostró su iniciativa técnica y capacidad de negociación.

NICOLÁS MAYORAZ.
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se convirtió en una de las voces libertarias más activas y visibles dentro del Congreso. Su rol estuvo atravesado por tres grandes ejes: reforma política, seguridad y Código Penal, y disputa provincial por la reforma constitucional en Santa Fe.
Fue la voz cantante del oficialismo en la suspensión de las PASO, votada en las extraordinarias de febrero. Respaldó esa postura afirmando que este mecanismo era “la encuesta más cara del país”, con un costo superior a 150 millones de dólares.
Mayoraz asumió un rol protagónico en la agenda de seguridad y justicia, uno de los pilares del mileísmo. Diversas intervenciones lo mostraron como principal vocero del oficialismo en temas tales como el “Protocolo Antipiquetes”, y la reforma del Código Penal.
Al margen de su labor nacional, Mayoraz fue uno de los protagonistas del debate por la reforma constitucional de Santa Fe, donde fue candidato a convencional constituyente. Acusó al gobernador Maximiliano Pullaro de haber impulsado una reforma “apresurada”, sin debate social previo, con el único objetivo de garantizar su reelección. En el marco de la Constituyente, propuso transformar la Legislatura de Santa Fe en un sistema unicameral para reducir gasto político, argumentando que la bicameralidad es cara e ineficiente.
Es sin dudas un dirigente con creciente peso en el armado electoral mileísta.

ALBERTO “BERTIE” BENEGAS LYNCH.
Uno de los preferidos de los hermanos Milei, fue una verdadera sorpresa su encumbramiento como presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, cargo al que accedió tras ser desplazado José Luis Espert. Su rol al frente de la misma fue ponderado por propios y extraños, aun los más críticos, que destacaron su predisposición permanente, totalmente opuesta a su antecesor. Logró emitir el dictamen correspondiente no una, sino dos veces, pues lo hizo antes y después del recambio legislativo. Y consiguió la aprobación del proyecto en la Cámara baja, claro está.

Benegas Lynch tuvo un buen desempeño al frente de la Comisión de Presupuesto.
VICTORIA VILLARRUEL.
2025 fue para la vicepresidenta de la Nación un año decisivo y complejo, marcado por su aislamiento político dentro del oficialismo, fuertes diferencias con Javier Milei, una disputa abierta por recursos y presupuesto del Senado, y una presencia cada vez más orientada a un rol institucional y simbólico, más que de poder real dentro del Congreso.
Villarruel quedó progresivamente apartada de las negociaciones políticas y de los espacios de poder en la Cámara alta. La aprobación del Presupuesto 2026 fue el episodio que consolidó este cuadro: la negociación quedó completamente en manos de Patricia Bullrich, ahora jefa del bloque libertario en el Senado, junto a Diego Santilli y Martín Menem, sin participación de la vicepresidenta.
En julio, el Presidente la criticó públicamente por el supuesto uso indebido de viáticos, luego de que Villarruel no asistiera al acto central de la Exposición Rural. En la apertura de sesiones del 1 de marzo, Milei llegó a retarla en vivo cuando ella intentó cerrar antes de tiempo la actividad. En todas estas situaciones quedó expuesta la degradación del vínculo político y personal.
Uno de los temas centrales del año fue la disputa abierta con el Ejecutivo por la falta de fondos para el Senado. Villarruel denunció que el Senado entraría en déficit desde diciembre; que nunca en la historia se había visto “un cero” en rubros clave del presupuesto, y que Diputados -presidido por Martín Menem- sí tenía reconocidas partidas que al Senado le fueron negadas. Desde el Gobierno se atribuyó la situación a una “readecuación de partidas”, pero reconocieron que no podían modificar formalmente el Presupuesto 2026.
Sobre el final del año, Milei excluyó a Villarruel de un aumento salarial dispuesto para funcionarios, manteniendo “indefinidamente” congelado su sueldo, en una señal directa de distanciamiento.
A medida que era desplazada del centro de decisiones, Villarruel reforzó su presencia pública mediante gestos institucionales y religiosos, como la inauguración del Oratorio “Mamá Antula” en el Senado.

MARÍA PAZ BERTERO.
Tras el desplazamiento de la anterior defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el Congreso se abocó a la selección de un sucesor, siendo elegida en la bicameral correspondiente María Paz Bertero, cuya designación ya tiene media sanción de Diputados alcanzada el 8 de octubre pasado. Contra los deseos del oficialismo, que en boca de Nicolás Mayoraz la rechazó vivamente. Resta que el Senado le dé su aval para que se convierta oficialmente en defensora del Menor.

María Paz Bertero espera ser confirmada por el Senado.
VALENTINA BASSI.
Elegimos a la actriz en representación de los miles de familiares de discapacitados que presionaron por la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Valentina Bassi participó activamente en las movilizaciones que consiguieron el apoyo de la mayoría de los legisladores, al punto tal de lograr el rechazo del veto presidencial. El papel de Bassi fue más allá, porque estrenó una película sobre el autismo y como tantos otros, llamaron personalmente a los legisladores para conseguir su apoyo.

Valentina Bassi durante la entrevista que tuvo con Carlos Pagni.
"El orden no se negocia", afirmó la jefa del bloque oficialista en el Senado y exministra de Seguridad, ideóloga del protocolo para la actuación de las fuerzas durante manifestaciones callejeras.
La jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró este martes que el protocolo antipiquetes continuará vigente hasta tanto se resuelva la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad.
"Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia", escribió en su cuenta de X la exministra de Seguridad, ideóloga del instructivo de procedimiento de las fuerzas para contener manifestaciones sociales y cortes de calles.
Este lunes, el juez Martín Cormick (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11) había declarado nulo por inconstitucional el marco de acción de las fuerzas de seguridad, implementado desde diciembre de 2023 y duramente criticado por la oposición y organismos de derechos humanos desde su vigencia. De hecho, en el fallo el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el CELS.
"Ya presentamos la apelación y el juzgado concedió el recurso con 'ambos efectos', es decir que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación. Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando", comunicaron este martes desde el entorno de la sucesora de Bullrich, la ministra Alejandra Monteoliva.
EL PROTOCOLO SIGUE VIGENTE
La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo.
El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse.
Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy:
no vamos a dar un… https://t.co/3sfbxxJ50T— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 30, 2025
Cuando se conoció el fallo en contra del protocolo, Bullrich defendió que "el protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos". "¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización. Los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz", había expresado en sus redes.
Además, la legisladora sostuvo que "este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás".
El Gobierno logró cerrar el año con la aprobación del Presupuesto en el Senado, evitando nuevos tropiezos tras la postergación de la reforma laboral. La jugada refuerza el perfil político de Patricia Bullrich y marca un giro pragmático en el mileísmo, que empieza a mostrar señales de moderación mientras enfrenta desafíos económicos y prepara la próxima batalla legislativa.
Da la impresión de que en los días que sucedieron entre la complicada aprobación del Presupuesto en Diputados y la sesión del Senado, alguien se puso a pensar con la cabeza fría y ajustó las marcas. Después de la postergación obligada del tratamiento de la reforma laboral, Patricia no podía permitir tener otro dolor de cabeza por errores ajenos a su nuevo ámbito. Entonces se votó “la ley de leyes” como vino desde la Cámara baja y se evitó la tentación de elegir a los miembros de la Auditoría General que corresponden al Senado.
Se le podría decir al Gobierno “¿ves que cuando querés, podés?”. Esto eleva el precio de las acciones de la ex ministra de Seguridad y gana en el comparativo con los aprendices de brujo que operan desde el monotributo. Mejor pájaro en mano que cien volando: es mejor un triunfo moderado que ningún triunfo. Pero a la cultura maximalista de origen del mileísmo le cuesta asimilarlo. Una muestra de eso es el título del libro que el presidente les regaló a sus ministros, “Defender lo indefendible”. En el terreno de la política esa consigna suena absurda, ya que nunca debería exponerse a dar la cara con argumentos absurdos, por muy revolucionarios que sean. “Del ridículo no se vuelve”, frase que profesaron tanto Sarmiento como Perón.
El poder político es algo que se tiene, pero se lo debe usar para ponerlo en valor. Si no, es como una herramienta arrumbada: se oxida, deteriora, entumece. Cada tanto hay que mostrársela a propios y extraños, no solo para recordarles la posesión, sino para que sientan que, en caso de necesidad, será utilizado sin piedad. El sumun de la virtuosidad del líder es que los demás hagan lo que él/ella quiere solo por sugerirlo, sin necesidad de utilizar el arma. Después de haber perdido casi todas las votaciones legislativas del año antes del 10 de diciembre, y pese a haber ganado con contundencia la elección de medio término, al oficialismo le cuesta hacer uso del poder acumulado.
LLA no se podía quedar sin presupuesto por varias razones. En primer lugar, iba a surgir un serio interrogante sobre la gobernabilidad en la segunda parte del mandato, sobre todo teniendo en cuenta el aval electoral del 26-O. Segundo, si hubiese decidido vetarlo porque no era el ideal, se hubiesen complicado las negociaciones a futuro con los moderados para la agenda que viene. Tercero, con la ley en la mano ahora tiene un importante argumento para desactivar conflictos latentes sobre asignaciones presupuestarias en temas delicados: “esto es lo que votó el Congreso, quéjense a ellos”.
De este modo, el Gobierno cierra el año con balance positivo, aunque es una imagen engañosa, ya que la mayor parte del tiempo jugó a la defensiva por errores propios (discurso de Davos, Libra, Garraham, discapacitados, universidades, jubilaciones, fondos para provincias, Andis, Espert y siguen las firmas). La trama de la película hasta la llegada del 7mo. de Caballería americano fue más parecido a una de terror que un canto a la esperanza. Veremos ahora cómo maniobra con el tema laboral, en donde los 43 días entre la postergación y las nuevas extraordinarias en febrero (¿no se podía trabajar en parte de enero?) están dando lugar a la activación del deporte nacional del cabildeo. ¿Es cierto que hubo una entente invisible entre CGT, empresarios rebeldes y gobernadores dialoguistas para ganar tiempo?
Este mileísmo más pragmático en lo político, ¿también podría estar revisando axiomas económicos, luego de aceptar que ahora sí acumularán reservas, relegando el gran objetivo de bajar la inflación? No queda claro. Por un lado, quienes siguen con lupa los movimientos del Banco Central, creen que está habiendo intervención en el mercado de cambios para que no se escape el precio del dólar en un momento estacionalmente caliente del año. Pese a todo, la semana concluyó con el mayor stock de reservas brutas de la era Javo (lo cual es relativo porque las reservas reales siguen siendo largamente negativas).
Toto hizo una importante declaración de independencia económica: dejar de recurrir a Wall Street. Es muy loable, pero la pregunta que se hace el mercado financiero es si no queremos ir porque no nos van a prestar. Por eso, viejo zorro, “el Messi de las finanzas” quiere que se cree el FAL -que no es un fusil, sino el Fondo de Asistencia Laboral- para que se genere un fondo al cual poder meterle bonos del Estado que se refinanciarán al infinito. Recurrir a cajas locales es una “política de Estado” en la Argentina, con transversalidad ideológica, porque a los muchachos de la calle del toro en NYC no será tan fácil reperfilarle los vencimientos (menos con reservas en rojo). Por suerte para el tío de Santiago, post elección se cayó notablemente la compra de verdes por parte de personas físicas (¡vieron que el riesgo kuka existía!).
Como la enorme mayoría ya se desconectó mentalmente de todo lo que no sea fiestas y vacaciones, hay datos que se pasarán muy por alto, pero que esta columna no puede dejar de computar. En octubre el EMAE del INDEC cantó frenazo, o sea que fuimos a votar en un mes recesivo, lo cual no afectó el voto a favor del gobierno (¿no era que la gente votaba con el bolsillo? No hay que repetir lugares comunes sin evidencia empírica). Ese dato y las presunciones de noviembre y diciembre proyectan un cuarto trimestre complicado, donde comercio e industria ya saben que tuvieron caídas el mes pasado.
Mientras seguimos viajando al exterior como nunca en la historia como si fuésemos un país rico, el mercado laboral ha decidido ajustar por precio y calidad -salarios magros e informalidad- en vez de por cantidad (más desempleo como en los ´90), al menos por ahora. Más allá de lo que defina la futura reforma laboral, esta es una dinámica que expresa lo que está privilegiando la sociedad en sus prioridades.
Si la reforma laboral sale del Senado aceptablemente, tarde o temprano habrá un conflicto entre reinas en el tablero libertario. Demasiado protagonismo de la Pato no le convendría a la hermanísima.
La victoria legislativa de octubre reordenó las fuerzas en el Parlamento y le permitió al Gobierno cerrar el año con su primer Presupuesto aprobado. De la lógica del veto y la resistencia al desafío de conducir la agenda, Milei enfrenta ahora una etapa distinta, con más poder, pero también con mayores responsabilidades políticas.
El Gobierno tuvo un fin de año soñado en el Congreso. Diametralmente opuesto a lo que había resultado todo el desarrollo del mismo en un Poder Legislativo que se convirtió definitivamente en la piedra en el zapato para la administración mileísta… hasta que las urnas hicieron lo suyo.
Tenía sentido lo que sucedió este 2025 en el Parlamento. El presidente Javier Milei llegó al poder hace dos años a caballo de un balotaje que ganó con amplitud, imponiéndose en la mayoría de las provincias: solo perdió en Formosa, Buenos Aires y Santiago del Estero. Un verdadero vendaval violeta que impresionó sobre todo al peronismo, siempre atento a esos detalles, máxime cuando ve desafiado su poder en los distritos.
Pero el líder libertario no había ganado la primera vuelta; por el contrario, reunió un tercio de los votos que le permitieron colarse en la segunda vuelta, pero el número de legisladores era emergente de esa primera elección. Y tratándose además de una fuerza que disputaba entonces su segunda elección en la historia, el número de legisladores que tuvo en ambas cámaras fue el menor histórico para un oficialismo. Un dato que se hizo notorio en este que fue el segundo año de gestión de una Libertad Avanza que contó el primer año con el respaldo de bancadas dialoguistas que se aseguraron de darle gobernabilidad, pero se encontraron con un presidente bisoño y hostil, capaz de llamar “ratas” a los que en mayor o menor medida le dieron los votos para aprobar la Ley de Bases y sostener el mega DNU 70/23.
Esas bancadas actuaron como lo hicieron convencidas de que compartían electorado con el oficialismo y el mandato de sus votantes era colaborar con el Gobierno, pero con el correr del tiempo y el accionar tan particular del mileísmo, convencidos de que necesitaban conservar la identidad, aclararon que tenían su propia agenda que, habiendo asistido convenientemente al Ejecutivo, necesitaban desarrollar. Fue lo que terminaron haciendo con leyes como las universitarias, los aumentos a los jubilados, y luego las emergencias en Discapacidad y Pediatría. Ante ello, el Gobierno vetó una y otra vez, y -nuevo error- se enamoró del tercio conseguido para los blindar los primeros vetos.
El problema para la administración mileísta era que ese tercio nunca fue un número consolidado y se demostró cuando ya no le alcanzaron los diputados para resistir los vetos. Ese es, en líneas generales, un resumen de lo que fue la gestión legislativa de Milei en su primera mitad de mandato. Y no lo ayudó ni siquiera la constante que suele darse en los años electorales, que inexorablemente son de menor actividad, producto de que los legisladores deben hacer campaña en sus distritos. Por el contrario, la oposición no tardó en comprender que si había un lugar donde el Gobierno era débil era el Parlamento, que como caja de resonancia que es amplificaba las derrotas que una y otra vez sufría el oficialismo. Es la razón por la que la oposición se dedicó a asestarle golpes una y otra vez al Gobierno en el Congreso, constante que solo se frenó cuando el Gobierno consiguió su rotunda victoria en las elecciones legislativas.
Ya se sabe que las elecciones de medio término pueden ser inocuas para el peronismo. Las derrotas no producen mayores efectos en la gobernabilidad de esas administraciones. Prueba de ello es el kirchnerismo, que cuando en 2009 perdió su halo de imbatibilidad, ya no volvió a ganar ninguna elección intermedia. Ni siquiera cuando estuvo fuera del poder: perdió en 2013; 2017; 2021 y ahora en 2025. Pero esas administraciones que sufrieron ese tipo de traspiés no perdieron gobernabilidad.
En cambio para los gobiernos no peronistas existe la certeza de que perder una intermedia representa el principio del fin. Dan fe de ello Raúl Alfonsín (1987) y Fernando de la Rúa (2001): los dos se fueron antes; el segundo inmediatamente después del recambio legislativo, luego de que el peronismo le quitara las presidencias de ambas cámaras.
Fue por eso que Mauricio Macri le asignó a las elecciones de 2017 la mayor atención y fue clave que saliera airoso, más allá de que después la economía se le descalabrara -por otras razones-. Y por eso especialmente esta administración se jugó un pleno a un buen resultado. Que se daba por seguro promediando 2025, hasta que las elecciones del 7 de septiembre en Buenos Aires abrieron las puertas del infierno. El resultado tan adverso en ese distrito llevó a pensar lo peor, y no faltaron los que comenzaron a “hacerse los rulos” presagiando una crisis institucional inminente.
Por eso debe mensurarse tan positivamente para el Gobierno la victoria que consiguió en octubre. Nuevamente se impuso en casi todos los distritos, incluso el bonaerense. LLA solo perdió esta vez en Formosa y Santiago.
Las consecuencias se verificaron inmediatamente en el Congreso, el ámbito que había sido hasta entonces tan hostil, y donde el accionar opositor se frenó súbitamente. El viernes pasado el Gobierno pudo coronar de la mejor manera el año legislativo, aprobando su primer Presupuesto. Sus principales figuras lo celebraron en las redes sociales -dónde sino- de manera medida, pero valorando de manera correcta la magnitud de semejante éxito. Porque un resultado distinto hubiese trastocado absolutamente todo.
No necesariamente se hubiera quedado el Gobierno sin presupuesto. Cualquier modificación, como las que comenzaron a vislumbrarse en los días previos -fundamentalmente con el artículo 30°- hubieran obligado a hacer volver a los diputados para completar la faena entre el lunes y martes previos a fin de año, lo que no solo resultaba dificultoso considerando el quórum, sino también hubiera sido un nuevo traspié capaz de poner en tela de juicio la capacidad del remozado oficialismo para dominar ambas cámaras.
Ya había sido expuesta esa situación cuando en Diputados la oposición logró hacer caer el Capítulo XI y el Gobierno lo tomó como una estruendosa derrota. Tardó dos días en comprender que no solo no lo había sido, sino que no tenía que demostrar lo contrario, y volvió sobre sus pasos. El Presidente dio la señal necesaria cuando el domingo pasado anunció que no vetaría el Presupuesto -como insólitamente habían deslizado en la Rosada el jueves anterior-, y a continuación los negociadores del Gobierno hicieron lo suyo.
Diego Santilli trajinó con los gobernadores, mientras Patricia Bullrich se ocupó de garantizar los votos necesarios para todos los artículos y fue clave la votación del inicio de la sesión en la que LLA garantizó que la votación fuera -como en Diputados- por capítulos. Ya en la Cámara baja eso no había alcanzado para evitar el traspié con el Capítulo XI, pero se sabe que, en la discusión artículo por artículo, podría haber resultado peor: otros títulos hubieran podido caer.
Como sea, fue clave que en el poroteo previo LLA se garantizara los votos necesarios para blindar el Capítulo II, que era esta vez el talón de Aquiles, pues allí estaba el artículo 30° y su jubileo de derogaciones del financiamiento en educación y la ciencia. Hubo durante el debate discursos oscilantes, como el de la senadora salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, que bancó mucho el Presupuesto, pero aclaró que “acompañar no es un cheque en blanco”, y cuestionó las derogaciones. “En vez de hablar de derogar, y derogar, y derogar, Dios quiera que podamos tener una propuesta mucho más constructiva sobre las leyes que no se pueden cumplir y empecemos a discutir y ver cómo es la mejor manera para que estas leyes que defienden derechos como las universidades, los discapacitados, la escuela técnica, la ciencia y la tecnología, tengan una mejor implementación”, dijo. Pero terminó votando a favor.

Flavia Royón contra las derogaciones.
El Capítulo II terminó siendo aprobado con 46 votos, mucho más de lo que los más optimistas hubieran imaginado. El Gobierno salió airoso con holgura, quedó claro que ha hecho pie en un poder que le era hostil. Le esperan desafíos no menores el próximo año. En febrero le espera el debate de la reforma laboral. Y arrancará también en el Senado con un debate que no podrá ser exprés, en el que cuenta con la anuencia de buena parte de la sociedad, pero no será sencillo, como es la reforma del Código Penal. Un debate que se prolongará a las ordinarias.
Con ese capital político y una relación de fuerzas claramente más favorable, el mileísmo estará iniciando su tercer año de gestión en una etapa distinta: ya no se trata de resistir ni de blindar vetos, sino de conducir la agenda legislativa. El Congreso dejó de ser un campo minado para convertirse en un territorio negociable, aunque no dócil. La aprobación del Presupuesto marcó un punto de inflexión, pero no una licencia permanente. Las reformas que vienen exigirán algo más que poroteo y presión electoral: requerirán articulación política, tolerancia al disenso y una comprensión más acabada de que la fortaleza parlamentaria no se declama, se administra. Allí se jugará, en buena medida, la suerte del segundo tramo del experimento libertario.
Tras celebrar la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”, Javier Milei reivindicó una “noche histórica” en el Congreso y adelantó que en 2026 buscará profundizar su agenda reformista. El Presidente confirmó que impulsará la reforma laboral, una nueva Ley de Bases y el paquete del Consejo de Mayo, además de insistir con ficha limpia y avanzar en reformas tributarias y penales.
Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la denominada ley de “inocencia fiscal”, a las que calificó como “la jornada legislativa más importante de la historia argentina”. En una entrevista con Radio Mitre, el Presidente aseguró que ambos hitos marcan “el quiebre definitivo de 100 años de decadencia” y afirmó que su gobierno ya está preparado para profundizar la agenda de reformas en el Congreso.
Milei sostuvo que la composición parlamentaria actual —que calificó como “superadora”— es resultado del crecimiento político de La Libertad Avanza en apenas dos años. Destacó que su fuerza pasó “de dos diputados a 95 y de no tener senadores a contar con 21”, y atribuyó las últimas victorias legislativas al trabajo de su “ala política”, encabezada por Martín Menem en Diputados, Patricia Bullrich en el Senado y Diego Santilli desde Interior.
El Presidente señaló que, tras la aprobación del presupuesto y la ley tributaria, el Gobierno encara un nuevo tramo legislativo. Enumeró entre las prioridades inmediatas la reforma laboral —que ya obtuvo dictamen—, una nueva ley de glaciares que delega en las provincias la definición de zonas periglaciales y la reforma tributaria. También anticipó que impulsará endurecimientos en el Código Penal.
A partir de febrero, cuando se reabran las sesiones extraordinarias, Milei buscará avanzar con estos proyectos y dejar encaminado lo que llamó “el Consejo de Mayo”, un paquete de reformas estructurales que el Gobierno pretende desplegar durante las ordinarias de 2026. Dentro de esa agenda confirmó que insistirá con la ley de ficha limpia, iniciativa que en su intento anterior no reunió votos suficientes: “Es mentira que estaban los votos; ahora vamos a volver a insistir”, afirmó.
También confirmó que enviará una nueva Ley de Bases el año próximo y aseguró que su administración está dispuesta a construir las alianzas parlamentarias necesarias para sostener el programa oficial: “Vamos a trabajar la política que sea necesaria para avanzar en la agenda de la libertad”.
Respecto a las críticas por la eliminación de los pisos mínimos de inversión educativa y científica, Milei las calificó de falsas y elogió a los senadores radicales que acompañaron al oficialismo. “Es mentira que se elimina la inversión en educación y ciencia”, sostuvo.
Milei rechazó además que la postergación del debate de la reforma laboral haya sido un retroceso causado por la marcha sindical de esta semana. “¿Cuándo me vio levantar el pie del acelerador?”, respondió. Aseguró que la decisión tuvo que ver con una priorización táctica: “Gobernar es dar prioridades, y lo más importante era sacar presupuesto e inocencia fiscal”.
El Presidente ratificó que no se entromete en el Congreso ni condiciona su funcionamiento, y reivindicó la independencia del Parlamento y la Justicia. En el cierre, volvió a presentar las votaciones recientes como el inicio de una etapa nueva: “Ayer dimos los dos primeros pasos fundamentales para volver a construir la Argentina que merecemos. En 2026 vamos a profundizar la transformación”.
El Presidente de la Nación y otras figuras de La Libertad Avanza destacaron la aprobación de las dos leyes clave alcanzada este viernes en el Senado.
Previsiblemente los dirigentes de La Libertad Avanza celebraron en las redes sociales el final “a toda orquesta” que tuvieron en la Cámara alta, donde consiguieron aprobar finalmente el primer presupuesto de la era Milei, como así también la Ley de Inocencia Fiscal.
El presidente Javier Milei publicó un extenso posteo en el que destacó “la aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico”.
“No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”, apuntó el mandatario, que agradeció “enormemente” a Patricia Bullrich, Diego Santilli y todos y cada uno de los 46 senadores nacionales que dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad”.
Asimismo, celebró la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que “viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”. Caracterizó esa norma como “revolucionaria”, al señalar que “estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”.
“Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos”, agregó el presidente, que destacó también la modificación d el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal, puntualizó, destacando que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.
Milei concluyó invitando “a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura PARA SIEMPRE”.
“En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”, cerró, para rematar con su tradicional “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.
El resto de la dirigencia también celebró
Una de las figuras centrales del viernes fue sin duda Patricia Bullrich, que publicó un video con imágenes y una foto con sus compañeros de bancada y la definición: “¡Equipazo los 20!”
Gran jornada la de hoy.
Les dejo cine. pic.twitter.com/y9Xmxx9RPp
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025
Asimismo destacó: “Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento”, para agregar en otro posteo: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.
También celebró Bullrich la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal: “Una de las leyes más importantes de los últimos 30 años. Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien. Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden. La libertad se vuelve norma”.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni resaltó: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”.
“Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”, expresó por su parte el ministro del Interior, Diego Santilli, que habló de “un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el presidente Javier Milei”. Asimismo subrayó “la responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió. Ya no va más el despilfarro ni la mentira del ‘Estado presente’ que solo generó pobreza e informalidad”.
Y lamentó que “todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”.
“El Presupuesto 2026 conllevó un gran trabajo por parte del presidente Javier Milei, del ministro Luis Caputo, y de los diputados y senadores, tanto de La Libertad Avanza como de los bloques que nos acompañaron”, apuntó el correntino Lisandro Almirón, en tanto que su par Alejandro Fargosi dijo: “Nada es casualidad. El triunfo de la libertad y la seriedad tiene nombres: Javier Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli”.
“Excelente laburo de equipo”, resaltó el ministro Caputo en respuesta a elogios de Santilli y Bullrich, mientras que el secretario de Prensa Javier Lanari destacó la aprobación de Inocencia Fiscal, señalando no recordar “una ley más importante en términos de cantidad de gente beneficiada. Sin medir aún el impacto a nivel país por movimiento económico. Una verdadera reparación histórica a los argentinos de bien”.
“Presupuesto e Inocencia Fiscal. La ley más importante de los últimos 100 años. Vamos a hacer a la Argentina grande otra vez y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. Feliz año nuevo para todos, La Libertad Avanza”, posteó el legislador bonaerense Agustín Romo.
Minutos antes de la votación, Adán Bahl propuso el regreso a comisiones del texto en cuestión, pero Bullrich le contestó que “queremos que se trate hoy”. La Libertad Avanza se impuso ampliamente en el tablero.
Después de que el Senado sancionara la Ley de Presupuesto 2026, llegó el turno del tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal, el cual tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Rondando las diez horas de sesión extraordinaria, el senador entrerriano Adán Bahl propuso una moción de orden para que el dictamen vuelva a comisiones, pero no prosperó: fueron 27 votos a favor contra 43 negativos.
En su intervención, el integrante del bloque Justicialista explicó sobre este proyecto de ley que “creemos que las multas no pueden ser aplicadas de manera clara”. Añadió, además, que los delitos tipificados en la nueva legislación “son situaciones sumamente complejas que requieren mucha investigación”. “Queremos evitar que los errores terminen siendo pagados por todos los argentinos”, sumó.
Por otro lado, cuestionó el tiempo con que la norma fue tratada en ambas cámaras y consideró que “una buena ley no es la que sale exprés, si no la que es sostenible en el tiempo”. En el final de su alocución, el senador de Entre Ríos detalló que su propuesta de regreso a comisiones “no es a los efectos dilatorios ni por obstaculizar, es aportar, en un espacio donde nos dejen hacer las observaciones respectivas, para que esta ley sea sostenible en el tiempo”.
Reiteró, después, que “somos la cámara revisora y tenemos que asumir esta responsabilidad para que la ley sea sostenible en el tiempo y que funcione en la práctica”. En el momento que intervino en el recinto, el resto del Cuerpo se encontraba fuera del hemiciclo por lo que debió esperar unos minutos a que regresen todos y así poner a consideración del pleno la moción de orden.
De regreso a la sesión extraordinaria, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, sintetizó que la propuesta de la ley de Inocencia Fiscal “es fácil de plantear” a través del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero. También sostuvo que esta nueva legislación “viene de la Ley 11.683 de toda la vida”.
Antes de culminar y pasar a votar la trunca moción de orden, Bullrich cargó: “Nosotros hemos construido una norma para que haya un primer aviso, un segundo aviso, un tercer aviso de 30 días y un principio de oportunidad”. “Esto no es recaudatorio, es liberar a la gente de un techo bajísimo y queremos que se discuta hoy”.
La presidenta del bloque oficialista defendió el proyecto como “un punto de partida para refundar la historia emocional de la Argentina”. Sostuvo que el cambio “ya no es un eslogan” y que el país debe consolidar un rumbo económico claro, basado en superávit y austeridad.
Al cerrar el debate del Presupuesto, que se extendió hasta pasadas las 21, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, arrancó diciendo que “no estamos acá simplemente discutiendo números; no estamos votando una ley más, estamos definiendo si la Argentina vuelve a creer en sí misma. No es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.
“Un país que durante muchos años se acostumbró a sobrevivir, a sufrir, a desconfiar, a resignarse a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez, y que nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que la Argentina no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena”, enumeró Bullrich.

La exministra sostuvo que “hace dos años los argentinos, después de haber pasado un gobierno terrible, elegimos cambiar el método, el sistema. Preferimos, por duro que fuera, no dejar los problemas debajo de la alfombra y decidimos enfrentarlos”. Agregó que “sabíamos que no iba a ser fácil contra una lógica instalada en la Argentina donde la plata se sembraba en inflación y destrucción de capital”.
“De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que existe, que el esfuerzo tiene sentido”, dijo. Y agregó: “El cambio no es más un eslogan, una palabra vacía; es algo que toca a cada argentino en su vida real”.
Puntualizó que “hoy venimos a defender y consolidar desde este congreso de la Nación el primer presupuesto que puede ser aprobado como ley fundamental de la Argentina. Un presupuesto que explica un rumbo económico claro, concreto, que lleva una dirección. No es lo mismo vivir bajo una inflación destructora de vida; vivir con superávit que con déficit eternos. No es lo mismo vivir oprimidos por un Estado cuya lógica era reproducirse a sí mismo para cada vez tener más Estado y menos trabajo”.
“Este es un presupuesto que no improvisa, no engaña, no promete lo que después no se puede cumplir; un presupuesto que sostiene una decisión central, fundamental: vivir dentro de las posibilidades concretas de la Argentina. No inventar números”, señaló la jefa del bloque LLA, que aseguró que “hoy el futuro de la Argentina depende de algo muy concreto: que la política esté a la altura que la sociedad está hoy demandando”.
“Durante décadas fuimos empujando a la Argentina de crisis en crisis, con frustración. En diciembre de 2023, uno de cada dos argentinos era pobre, no recuerdo bien quién era presidente y quién ministro de Economía”, ironizó, recordando que la inflación anual rondaba el 200%. “El Estado se lo comía todo, estaba sobredimensionado, sobreregulado, sin credibilidad y sin acceso a los mercados. Frente a ese escenario, no había margen para la tibieza, había que ir a fondo, animarse, y el problema no era la gente, era un modelo que había fracasado una y otra vez. Por eso se tomaron decisiones”, afirmó.
Según Bullrich, “las definiciones difíciles en momentos oportunos llevan a una salida como la que nunca tuvo la Argentina”. Aseguró que “se redujo el gasto innecesario; se achicó la estructura estatal, se eliminaron privilegios, se ordenaron las cuentas. Porque gobernar no es prometer, es decidir, incluso cuando duele, y al mismo tiempo se protegió a los que más lo necesitaban, sin gerentes de la pobreza, sin viveza, sin extorsión”.
“El déficit cero no se negocia: es la línea roja que separa el futuro del desastre”, aseguró Patricia Bullrich.

La moción votada despertó la reacción airada del peronismo, que objetó con argumentos reglamentarios ese tipo de votación. Advirtieron que esa moción debió contar con dos tercios de los votos.
Fernández Sagasti dio argumentos reglamentarios contrarios a la votación en particular “capítulo por capítulo”. Mostró un libro clave en tal sentido del especialista Julio Pitt Villegas. (Foto Comunicación Senado)
Al no haber habido acuerdo en Labor Parlamentaria, tal cual había sucedido en la Cámara baja la semana anterior, debió resolver el pleno del Cuerpo la forma de votar en particular. Nuevamente el oficialismo reclamó una votación por capítulos, mientras que el peronismo reclamó una votación “artículo por artículo”. Y como el 17 de diciembre, fue el pleno el que resolvió el tema con una votación, favoreciendo lo que pedía La Libertad Avanza, pero generando un airado reclamo del interbloque Popular, con argumentos reglamentarios.
Luego de una tanda de cuestiones de privilegio, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, hizo la moción de realizar -llegado el momento- la votación en particular “capítulo por capítulo”, lo que despertó la reacción de José Mayans, en lo que representó el primer fuerte cruce entre ambos, de los muchos que seguramente vendrán en el futuro.
“No me interrumpa que estoy haciendo uso de la palabra como presidente de bloque. ¡Acostúmbrese! No está en el Ministerio de Seguridad”, reaccionó el formoseño, que aclaró que la resolución que iban a votar debía hacerse antes, y recordó que no habían estado de acuerdo con lo que se planteaba ya en Labor Parlamentaria. “Si quieren apartarse del reglamento tienen que tener dos tercios”.
Ante la consulta de la presidenta de la Cámara, Bullrich optó por no contestar y pidió que se votara el acta de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre pasado. La moción del oficialismo se impuso por 42 votos afirmativos y 29 en contra. A continuación vendría la votación principal: el acta de este viernes, donde quedaría resuelto cómo se votaría en particular.

A continuación, la senadora Anabel Fernández Sagasti objetó con argumentos reglamentarios lo que acababa de decidirse. “La forma en la que quieren tratar el Presupuesto es violatoria del reglamento”, señaló que algo así puede resolverse si hay consensos, cosa que no se alcanzó en Labor Parlamentaria. Invocó los artículos 207 y 171 del reglamento del Senado, advirtiendo que los mismos establecen que el tratamiento de cualquier ley, pero especialmente el Presupuesto, por otorgar financiamiento a las provincias, debe tratarse artículo por artículo.
“Hay varios autores que han escrito libros que nos dan la razón”, enfatizó la senadora mendocina, que invocó en ese sentido a Eduardo Menem, y luego a Julio Pitt Villegas, que habló del tema en su libro “Antecedentes históricos del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación”, que mostró. Ambos sostienen que un tema de esas características debe votarse por artículos. “La regla del reglamento del Senado es que la votación en particular es por artículo, salvo que este Cuerpo decida apartarse del reglamento; entonces necesitamos dos tercios. Es lo que establecen todos los autores, desde Eduardo Menem hasta Pitt Villegas”.
Aclaró Fernández Sagasti que no era de agrado de su bancada “embarrar el tratamiento de la ley de leyes”, cuando han venido protestando los últimos dos años porque eso no hubiera sucedido. “Pero hay algunos senadores como quien les habla que necesitan explicar cuáles son las consecuencias de determinados artículos que serían muy peligrosos no solo para la Nación, sino para las provincias”, agregó, para concluir remarcando que “no tenemos otra cosa que hacer que tratar este presupuesto”, pero insistió que debería hacerse por artículos. “Si varios bloques han decidido que esto no será así, deberán apartarse del reglamento”, cerró Sagasti.
“¿Qué es lo que quieren ocultarle al pueblo argentino? ¿Qué artículo no quieren discutir?”, preguntó por último a José Mayans, para pedir finalmente que se hiciera valer el tiempo reglamentario: 20 minutos por orador y 40 para los jefes de bloques.
La votación arrojó como resultado 39 votos a favor y 33 en contra, tras lo cual volvió a intervenir José Mayans para señalar: “Quiero dejar constancia que no se cumplió con los dos tercios de la votación, por lo tanto sigue rigiendo el reglamento interno y la votación debe ser en general y en particular, de lo contrario es violatorio del reglamento de este Cuerpo”.
Votaron a favor de esa forma de votar los senadores de La Libertad Avanza; los senadores del Pro; parte del bloque UCR; los misioneros del Frente Renovador; Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la chubutense Edith Terenzi, y Camau Espínola y Alejandra Vigo.
En contra se pronunciaron, además de los senadores del interbloque Popular, los radicales Maximiliano Abad y Flavio Fama; los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y la neuquina Julieta Corroza.

El senador de Fuerza Patria sostuvo que la ex ministra de Seguridad “montó una maniobra extorsiva” para que asuma la “narco diputada” Lorena Villaverde a quien calificó de “personaje oscuro y nefasto con un largo prontuario vinculado al narcotráfico”.
En su debut en el recinto de la Cámara alta este viernes en la sesión para tratar el Presupuesto 2026, el rionegrino del bloque Fuerza Patria Martín Soria planteó una cuestión de privilegio contra la exministra de Seguridad de Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich, por la “maniobra extorsiva” que montó para intentar garantizarse “una narco diputada”, la senadora rionegrina Lorena Villaverde y el “clan Fred Machado”, pudiesen acceder al Honorable Senado de la Nación.
Soria recordó que Bullrich también fue ex ministra de Mauricio Macri, ex presidenta del Pro, ex ministra de Seguridad Social y de Trabajo de Fernando De la Rúa. Así, lamentó que “en este contexto de crisis que atraviesan las familias y las provincias argentinas en este fin de año, mi primera intervención sea una cuestión de privilegio en un tema como este. Pero la gravedad del accionar de esta senadora, verdaderamente hace que me sea imposible dejar pasar por alto esta situación que resultó una maniobra extorsiva y lamentable”.
“Todos conocemos el oscuro y nefasto personaje que era esa diputada y electa senadora Lorena Villaverde”, describió y agregó: “Un personaje que a través de su largo y delictivo prontuario vinculado casi siempre al narcotráfico pudo acceder a este Senado, pero le cerramos las puertas”.
En ese sentido, habló del vínculo entre Villaverde y el “narcotraficante” Fred Machado que fue extraditado de Estados Unidos “luego de cuatro años de protección de esta Corte Suprema, la peor de todas. Y sus antecedentes de narco lavado y narcotráfico, con aviones en el intento de construir empresas para lavar dinero del narco como en Guatemala a través de minas de oro”.
“Hasta los más fieles del Gobierno de Milei se alertaron y se preocuparon por la posibilidad de que esta institución del Estado le abriese las puertas a la narcopolítica en el país a esta mujer”, planteó.
Soria sostuvo que “todos coincidimos acerca de la inhabilidad ética y moral esta diputada rionegrina, pero la exministra montó un operativo de extorsión para rescatar y abrirle las puertas de este Senado, aparte de la familia al clan Machado”.
En esa línea, recordó que el pasado 19 de noviembre cuando se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el título de los senadores electos, Bullrich “ingresó a este Senado con dos sobres en manos que contenían dos impugnaciones contra dos senadores del peronismo, en clara respuesta a una impugnación que los apoderados del PJ de Rio Negro habían hecho contra Villaverde. El objetivo de Patricia era claro: propiciar una suerte de muerte cruzada porque querían cargarse a uno de los que destapó este vínculo”.
“Es muy preocupante que el Presidente y su principal alfil, la ministra de Seguridad en su momento, hayan dejado sus labores ejecutivas para el 19 de noviembre y coordinar esta maniobra extorsiva e intentar salvar a una narco senadora electa, pero la gravedad reviste en la falsedad y en el berretismo del que han hecho gala para intentar inhabilitar a dos senadores electos del PJ”, y procedió a leer sendas impugnaciones.
Soria apuntó que “la defensa de la senadora Villaverde y esta sociedad con el clan Machado vino directa de Casa Rosada como un código de la mafia, no se perdona a quien se meten con ellos”. Así, planteó que sustentaron la impugnación en su contra con “supuestos graves y diversas causas judiciales que tramitaron en mi contra”, y contó que tenía 2 causas “bochornosas” que fueron “desestimadas por inexistencia de delito y archivadas hace casi siete años atrás cuando Machado financiaba la campaña de José Luis Espert”.
Luego de haber comprobado que sigue siendo minoría en ambas cámaras y que el “envión” del 26 de octubre también tiene techo, La Libertad Avanza buscará el viernes que viene aprobar el Presupuesto e Inocencia Fiscal.
Ezequiel Atauche, Juliana di Tullio y Patricia Bullrich durante el debate de la reforma laboral. (Foto: Comunicación Senado)
Llegan las fiestas, semana corta en un Congreso muy activo hasta el final. Aunque no tanto como se esperaba, por lo que anticipaban quienes redoblaron la apuesta hablando de actividad plena en ambas cámaras, entre el 10 de diciembre y el 30. Al final, será como originalmente había anticipado parlamentario.com: el Presupuesto Nacional 2026 sería ley, lo mismo que el proyecto de Inocencia Fiscal. El resto del temario de extraordinarias quedaría para febrero.
Pasaron cosas, claro está. Porque sobre la marcha se supo de las intenciones oficiales de redoblar la apuesta y terminar el mes al menos con la media sanción de la modernización laboral, también. Fue lo que motivó un andar apresurado de la Cámara alta, que dejó jirones en la relación entre el oficialismo y la principal oposición en el Senado, por el armado apresurado de las comisiones que salteó algunas instancias reglamentarias.
Fue lo que generó una mañana de miércoles en el Senado, con los senadores del ahora denominado interbloque Popular protestando a viva voz por dos cuestiones no menores: la convocatoria a armar las comisiones salteó un artículo del reglamento que establece que debe ser el pleno el que delegue esa facultad en el presidente del Cuerpo; y la conformación de las comisiones se hizo alterando el sistema D’Hont, en detrimento del peronismo. Razón por la cual los senadores alineados tras la jefatura de José Mayans prometieron ir a la Justicia, con la intención manifiesta de trabar la implementación de la reforma laboral. Ya se verá qué tan lejos llegan los senadores peronistas, por un lado, y llegado el momento cómo reacciona la Justicia, no siempre a gusto al tener que inmiscuirse en cuestiones de otro poder.
Lo cierto es que no fueron los métodos del Senado los que complicaron el organigrama dispuesto en esa Cámara para el desarrollo de los dos temas que se habían impuesto aprobar: la ley laboral y la reforma de la Ley de Glaciares. Porque en definitiva, el debate de ambos temas en las comisiones del Senado se hizo de manera civilizada y -si bien acelerado- ordenadamente. Los peronistas decidieron autoexcluirse de las comisiones, cuestión de desautorizar su funcionamiento, y por eso no emitieron dictamen alguno, pero participaron activamente de las reuniones.
El problema surgió en el lugar en el que todo estaba más encarrilado, Diputados, donde el oficialismo se “sobregiró” y se pasó dos pueblos… Fue cuando el texto definitivo del Presupuesto modificó la redacción del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre pasado para incluir en un mismo capítulo una serie de cuestiones en las que se destacaba como un letrero lumínico el artículo 75 que derogaba dos leyes a las que no citaba por su nombre, sino por el número. Como si con eso fueran a pasar desapercibidas.
Hablamos de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos cuestiones que se llevaron la atención principal durante buena parte de este 2025 y que pasaron no una, sino dos veces por cada una de las cámaras: fueron aprobadas e insistidas por la Baja y la Alta, rechazando con más de los dos tercios sendos vetos presidenciales. La inclusión de ese texto en la ley de leyes dicen que fue sugerida por Luis “Toto” Caputo, obsesionado por mantener el déficit cero, pero pareció obedecer a intenciones aleccionadoras de parte de un Gobierno que hoy se siente mayoría en ambas cámaras.
Pero no lo es, pequeño detalle. Ni en Diputados, ni en el Senado. En la primera de esas cámaras debe reunir en cada sesión un 13% de los miembros para arrancar cada sesión; en la otra, el 22%. Lo mismo para la aprobación de cada proyecto.
La propia oposición se lo hizo notar al oficialismo el miércoles pasado en el inicio de la sesión. No hablamos de la primera votación, en la que el oficialismo consiguió aprobar que en el tratamiento en particular se votara por capítulos, sino a la hora de conseguir el quórum. En las últimas sesiones -todas pedidas por la oposición- se venía viendo que el quórum se reunía antes de los 15 minutos de espera. Esta vez, cuando se iba a tratar un tema que todos querían, aunque no votaran el dictamen de mayoría -hablamos del Presupuesto, que propios y extraños quieren-, se esperó hasta el final. Hicieron transpirar a La Libertad Avanza demorando sentarse en sus bancas hasta las 14.27: faltaban 3 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario que Martín Menem respeta a rajatabla. ¿Hubiera levantado la sesión si a las 14.31 no había quórum? Se supone que sí, y hubiera sido un papelón. Lo cierto es que el bloque Pro llegó sobre el final, pero el quórum lo terminaron dando los diputados de Provincias Unidas, a pesar de que sienten que el presidente de la Cámara los destrató a la hora del armado de las comisiones.
Pero el momento crítico se viviría once horas más tarde, durante el debate en particular de la ley de leyes, al votarse el Capítulo XI. Previamente, a instancias de Nicolás del Caño, la oposición hizo un nuevo y estéril intento por abrir el capítulo y votar por artículos. El oficialismo se hubiera ahorrado el problema que sobrevino luego del rechazo del mismo.
El correlato de lo sucedido en esa instancia se dio horas después en el Senado. La sensación de invulnerabilidad que traía La Libertad Avanza desde el 26 de octubre se rompió apenas se perdió la votación del Capítulo XI. Fue una lección que este oficialismo reforzado en ambas cámaras deberá asimilar, pues no es muy diferente lo que le sucedió en el primer bienio del mandato libertario: del éxito de la aprobación de la Ley de Bases, alcanzado con las minorías cuantitativamente más extremas de la historia, se pasó a la sucesión de derrotas acumuladas en el período ordinario 2025. Por demérito propio. Y en términos legislativos -en política en general- cuando ven débil al adversario, ya no le dejan pasar ninguna.
Muy experimentada en las lides legislativas, Patricia Bullrich tomó rápida conciencia de lo que podía suceder y dejó de lado el trámite exprés para anunciar que pasaban para febrero el tratamiento de los temas pendientes de extraordinarias. En rigor, fue mucho más que sentido común: los senadores que deberían aportar los votos para aprobar la reforma laboral le aclararon que no la votarían, razón por la cual se postergó el debate para febrero. Aunque ambos temas fueron dictaminados, lo que no es un detalle menor. También se admite que podrá haber cambios en el dictamen del proyecto de modernización laboral, lo cual permite distender los ánimos.
Asimismo los senadores dialoguistas le aclararon al oficialismo que votarían el presupuesto proveniente de Diputados, sin los cambios que desde la Casa Rosada habían anticipado para compensar las pérdidas que anticipan el capítulo perdido. De hecho, el oficialismo no tenía asegurada la aprobación del Presupuesto si volvía a Diputados. Y por más diatribas que lance el presidente, necesitan que el Presupuesto salga y demostrar que el Parlamento ya no es un territorio hostil para el oficialismo.
Así se llegará el viernes 26 al Senado, donde tendrá lugar la última sesión del año en este Congreso que fue tan adverso para La Libertad Avanza a lo largo del año. Será la hora en que La Libertad Avanza vuelva a ganar una votación en la Cámara alta y tener aprobadas sus primera leyes, desde febrero de 2025.
El oficialismo se alzó con los dictámenes del Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal. Serán llevados al recinto en la próxima sesión extraordinaria del 26 de diciembre. Qué dijo la jefa de bloque de La Libertad Avanza sobre la “ley de leyes” y la postura del Gobierno.
En retirada del Congreso de la Nación, luego de haber logrado dictaminar el proyecto de ley de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el despacho de la “ley de leyes” no sufrirá modificaciones y destacó que “es el primer Presupuesto de la era Milei”. En otras palabras, apagó las versiones de un potencial veto ante la caída del Capítulo XI.
Después de cuatro intensas de jornadas, en las que el oficialismo también acordó posponer el debate de la Modernización Laboral y la modificación de la Ley de Glaciares para el segundo tramo de sesiones extraordinarias, la exministra remarcó que el “superávit fiscal es la regla de oro”. Luego, consultada por la pérdida del Capítulo XI, explicó que “se va a arreglar mediante otros instrumentos”.
En declaraciones a la prensa, destacó el avance del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y consideró que “es importante porque da certeza a todos los sectores”. Reiteró, además, que “es fundamental tenerlo”, por lo que dejó en claro que el Gobierno nacional no tomará ninguna medida vinculada a vetar el texto cuando sea sancionado, tras los rumores que salieron de los pasillos de Casa Rosada.
Sobre el proyecto de ley de Modernización Laboral, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado adelantó que “necesitamos acuerdos para que sea mucho más razonable”. Sintetizó, también, que el debate de estos dos días se dio en un marco de “mucha crispación”.
Finalmente, volvió a mencionar que la sesión extraordinaria que buscará la sanción del Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal se realizará en el recinto del Senado el próximo viernes 26 de diciembre desde las 12.00. En estas horas, estará ingresando el pedido formal de cita en el recinto dirigido a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
Ante la sorpresa de la oposición, Patricia Bullrich confirmó que la sesión del próximo 26 de diciembre solo tratará el Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal. Del mismo modo, confirmó la fecha del segundo llamado a sesiones extraordinarias en febrero.
Foto: Comunicación Senado
Mientras la CGT llevaba a cabo la marcha en Plaza de Mayo, Patricia Bullrich se había reunido con Diego Santilli, Martín Menem y Javier Milei en Casa Rosada. De regreso al Senado, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta le ofreció a la oposición pasar a la firma el dictamen -sujeto a modificaciones-, pero se comprometió a llevarlo al recinto recién el 10 de febrero, en un segundo llamado a sesiones extraordinarias.
De esta manera, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado confirmó que la sesión extraordinaria del próximo viernes 26 de diciembre quedará abocada solamente al proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y a Inocencia Fiscal. Ambas iniciativas obtuvieron la media sanción en la Cámara de Diputados en la madrugada de este jueves.
HABEMUS DICTAMEN DE REFORMA LABORAL
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 18, 2025
En la segunda jornada de tratamiento informativo del proyecto de ley de Modernización Laboral entre las comisiones de Presupuesto y Hacienda junto a Trabajo y Previsión Social, los vocales presentes oyeron las posturas de los gerentes de plataformas digitales, quienes se manifestaron a favor del proyecto, y de trabajadores de moto, del universo cinematográfico y periodístico, en contra de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.
Según supo parlamentario.com, tras la cumbre entre la senadora con el ministro del Interior, el titular de la Cámara baja y el presidente de la Nación en Balcarce 50 de este jueves, desde el Gobierno nacional coincidieron en que debían levantar el pie del acelerador para evitar la caída de artículos o capítulos, tal como ocurrió con el XI del Presupuesto 2026 durante esta madrugada en la Cámara baja.
Ante la consulta del jefe de bloque de Convicción Federal, Fernando Salino, Patricia Bullrich adelantó que el segundo llamado a sesiones extraordinarias irá desde el lunes 3 de febrero al viernes 27. Del mismo modo, aclaró que en ese lapso se llevará a cabo la sesión que trate la Modernización Laboral y la modificación a Ley de Glaciares.
En un clima diferente al del miércoles por la mañana, José Mayans volvió a elevar el reclamo del principal interbloque opositor y exigió que le asignen 7 vocalías y no 5 como le han otorgado hasta ahora. En relación al proyecto que el oficialismo decidió pausar hasta febrero, consideró que "nació torcido".
A favor de la propuesta del Poder Ejecutivo, Nicolás Debernardi representante de la plataforma digital Pedidos Ya mencionó que tienen una flota de “3.000 ‘empleados’ en la Argentina con 45.000 comercios que venden sus bienes a través de la plataforma, con millones de transacciones por mes y un crecimiento del 20% en este 2025”.
Sobre el texto, que finalmente no irá al recinto este año, sino recién en febrero del 2026, consideró que “el desarrollo de la economía de plataformas es enorme”, y luego, incorporó: “Creemos que es esencial la sanción de este proyecto de ley porque despega las incertidumbres jurídicas con las que venimos lidiando en estos 15 años, y este proyecto recepta lo que el ecosistema quiere”.
En la banquina opuesta estuvo Marcelo Pariente de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, quien acusó a las plataformas digitales de “vulnerar” los derechos los trabajadores de aplicación. “Es mentira que nuestros compañeros tienen una libertad porque el algoritmo te condiciona y te categoriza de tal forma que si te desconectas te baja el ranking”, añadió.
En otro punto, pidió que el Senado rechace el proyecto de ley de Modernización Laboral, pero también cargó contra el sistema de estas start-ups: “Los conductores no gozan de los mismos derechos porque no podés discutir nuestro salario, ni el valor del viaje, y ponemos la moto, pero tenemos un convenio de trabajo y no lo cumplen”.
“Es mentira que los trabajadores no quieren temer derechos, porque en realidad los necesitan”, aseveró Pariente, quien remarcó que “estamos en contra, avanzar con este proyecto es eliminar la esperanza de los trabajadores de vivir mejor” porque “legaliza la vulnerabilidad y el fraude laboral”.
Los magistrados remarcaron su disconformidad con el proyecto porque "no beneficia en nada al trabajador". En tanto, representantes de entidades bancarias pidieron eliminar el artículo 35 sobre el pago de remuneraciones. El dictamen se tratará recién en febrero del 2026.
Con una Plaza de Mayo rodeada de pancartas y pasacalles sindicales que se congregarán este jueves por la tarde para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en paralelo puertas adentro del Senado de la Nación el oficialismo desafiará a la oposición y a las agrupaciones gremiales pasando a la firma la iniciativa.
Así lo informó la titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, al cierre de lo que fue la segunda reunión informativa junto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que retomó desde las 9.30 el debate de la iniciativa y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta la tarde donde, finalmente, anunció el dictamen que será debatido recién en el mes de febrero del 2026.
Bullrich comentó que a las 16 horas de este jueves retomarán el tratamiento, puntualmente, el capítulo referido a los trabajos por plataformas y, para las 17 horas los senadores se abocarán a debatir entre sí para emitir el dictamen. Al pedir la palabra, el senador Mariano Recalde (UP) solicitó incorporar más expositores de otras temáticas, como periodistas, debido a la derogación del Estatuto del Periodista previsto en la ley, a lo que Bullrich le contestó que pueden exponer en el intervalo de 16 a 17.

Foto: Comunicación Senado
Fue Guillermo Crespo de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) el encargado de abrir la jornada, quien calificó la iniciativa como “absolutamente negativo, no solo para los trabajadores sino para el conjunto de la población” porque significa un “retroceso y pulverización evidente de los derechos de los trabajadores”.
“Se encuadra en un concepto donde quienes garantizan la actividad y producción en el país son exclusivamente los empresarios y lo trabajadores, de alguna manera, aparecen como un estorbo, un impedimento para desarrollar la economía del país y esa no es la realidad”, criticó y agregó que el proyecto presenta artículos que “van hacia la mordaza de los trabajadores en relación a sus reclamos”.
Crespo indicó que también “hay mordazas en lo colectivo porque se limitan las asambleas que quedan supeditadas a la aprobación del empleador. Se hace una regulación del derecho de huelga en la planta y una regulación del derecho de huelga en servicios esenciales que es insólita porque, no solo se expande las restricciones, sino que se hace un listado de actividades entre servicios esenciales y servicios de importancia trascendental que incluye a la casi totalidad de las actividades económicas del país”.
“Esto es una vulneración absoluta y directa de la normativa internacional de la materia”, reclamó y advirtió que hay un avance respecto de la legislación del año pasado sobre la eliminación de controles al empresario que “le facilitan cierta impunidad que perjudica a los trabajadores”. También señaló que se da “un paso atrás con las tareas de cuidado y en la regulación del teletrabajo”.

Foto: Comunicación Senado- Guillermo Crespo
En esa línea, sostuvo que es un “perjuicio a las mujeres que son las que tienen todavía sobre su cabeza la mayor parte las tareas de cuidado”. A su vez, planteó que “se deja de ver al trabajador como persona y se la ve como una ‘cosa’ como por ejemplo en la jornada laboral donde va tener que tener su tiempo a disposición del empleador”.
Crespo también apuntó al denominado salario dinámico que “en realidad ata a los trabajadores a una relación de arbitrariedad y capricho por parte de empleadores. Esto es avanzar en un estado de inseguridad de los trabajadores”.
Al cierre, planteó que la propuesta pretende “potenciar el poder del empleador en el establecimiento. Busca hacer del trabajador alguien atado a la voluntad del empleador, que no va a tener la posibilidad de reclamar por sus derechos. Esto va a ser origen de una enorme cantidad de conflictos en el país”.
A continuación, fue el turno de los representantes de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, su presidente Alejandro Sudera explicó que “los jueces no debemos legislar ni de forma directa o indirectamente, sino limitarnos a aplicar las normas que sanciona el Congreso y en eso reside la división de poderes”.
Solo hizo alusión al artículo 54 del proyecto que propone modificar la 276 del Contrato de Trabajo que pretende regular la actualización y repotenciación de los créditos laborales. “La reforma postula incluir en dicho artículo la actualización mediante el IPC con más de un interés del 3% anual. Este criterio de IPC es el que actualmente y desde hace tiempo se viene aplicando mayoritariamente la justicia de trabajo”.
“Eso es sumamente positivo que se regule eso y que no quede librado al criterio de los jueces porque ese criterio trae diversas opiniones, distintas soluciones e inseguridad jurídica”, resaltó y explicó que para poder aplicar hoy ese IPC “nos vemos en la obligación de declarar la inconstitucionalidad de las normas que desde hace décadas prohíben la actualización de los créditos laborales”.
Al referirse al artículo 79 que propone una modificación al artículo 20 de la Ley 18.345 que regula el procedimiento ante la Justicia Nacional del Trabajo y regula la atribución de competencias. “con la modificación lo que se hace es excluir las competencias de la Cámara Nacional de Apelaciones, algo que es parte de un nutrido contenido federal. Se está privilegiando la competencia en razón de la persona sustrayéndola del fuero laboral para enviarla a lo contencioso administrativo federal sobre otros criterios como el de la especialidad”.
También habló del artículo 91 que refiere a la “transitoriedad de la justicia del trabajo y es como un desarrollo de la Ley Cafiero que habla de trasferencia de competencias teniendo en cuenta la naturaleza de vecindad”.

Foto: Comunicación Senado - Alejandro Sudera
Por la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) expuso Roberto Pompa quien afirmó: “No estamos de acuerdo con el proyecto porque consideramos que el mismo contraría violentamente disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales de derechos fundamentales de las personas”.
“En un Estado de Derecho la aplicación de una ley tiene que hacerse en la medida en que esa ley se corresponda con la CN, si se aparta, debería ser considerada inconstitucional”, remarcó e hizo hincapié en el artículo 14 de la Constitución Nacional y comparó que “las leyes están para proteger a los trabajadores, pero en el texto que estamos analizando no hay ninguna norma en todo en su articulado que beneficie a los trabajadores”.
Basándose en un informe de la OIT, indicó que “en ningún país donde se hicieron reformas con ajustes se promovió el empleo”, y cuestionó que “lejos estamos de eso porque con la Ley Bases destruyeron más de 270 mil puestos de trabajo, se cerraron 15 mil empresas y se registraron solo 16 mil trabajadores”.
“La informalidad laboral no se resuelve con la modificación de normas laborales, hay que atacar las causas de la evasión y en estas normas se las favorece al eliminar multas contra los empleadores. No crea condiciones de trabajo digno y precariza condiciones laborales, abandona convenios laborales, reduce la actividad del hombre, se elimina la justicia social, entre otros puntos”, planteó.
En representación del Foro de Abogados Sindicales se presentó Melina Peñarol Méndez quien advirtió que “esta reforma laboral en realidad es una reforma constitucional encubierta que deroga el artículo 14 bis que establece el derecho a la protección del trabajo, el trabajo en condiciones dignas, ejercer el derecho de huelga, etc. Todo queda en la nada si se aprueba esta reforma”.
Peñarol Méndez sostuvo que hay “una seria afectación al derecho colectivo de negociación y a la libertad sindical y vemos este ataque planteado en varios aspectos porque la modificación del artículo 33 al artículo 34 BIS de la Ley de Contrato de Trabajo modifica las condiciones de negociación salarial que hacen los sindicatos”. También apuntó contra la restricción del derecho de huelga en los artículos 98 y 99 de la reforma que modifican el 6 de la ley; denunció que hay un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales, “el aniquilamiento” de los convenios colectivos de trabajo.

Fotos: Comunicación Senado - Melina Peñarol Méndez
En su exposición, representantes de la Asociación Argentina de Contribuyentes plantearon que la cámara de origen del proyecto tenía que ser, por una cuestión impositiva, Diputados. Así, el titular de la asociación, Pablo Dono, explicó que tiene un Régimen especial y alícuotas específicas para empresas porque “estamos en necesidad de atraer capital, pero las reformas deben ser más horizontales como incluir monotributo, cuarta categoría, trabajadores autónomos”. Dono destacó la baja de impuestos con equilibrio fiscal; las amortizaciones aceleradas.
Marcelo Mazzón, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA), coincidió en hacer una reforma laboral, pero se refirió al artículo 35 sobre el pago de remuneraciones: “No creemos un nuevo cisne negro porque hace décadas existen cuentas sueldo que son gratuitas, seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus ahorros”.
Respecto de los riesgos que se pueden provocar si las remuneraciones salariales se canalicen a través de billeteras digitales “son múltiples. Es pésima la redacción de este artículo porque va a afectar la seguridad del funcionamiento. Se va a destruir la materia prima que es la captación del ahorro”, y propuso que la alternativa es crear un sistema de ahorro bancario en un sistema de cuotas partitas”. También, alertó que la reforma “puede acelerar la banca paralela o marginal que en la crisis de 2006 trajo muchos problemas”. Así, pidió que se vote por la negativa al artículo 35.
En el mismo sentido se manifestó Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y pidió eliminar el artículo 35 del proyecto porque “implica modificar un mecanismo central del sistema laboral para que el trabajador cobre el sueldo de forma segura, trazable y protegida. Cambiar el orden no aporta ningún beneficio real al asalariado, pero si riesgos como la exposición al fraude digital, se encarece el crédito”.

Fotos: Comunicación Senado
Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual y Frente Federal, sostuvo que la propuesta de reforma laboral “nos atañe en todos los aspectos porque entendemos que es gravoso para el mundo del trabajo y quieren derogar el estatuto del periodista que tiene propiedades intelectuales”.
“Vivimos una situación terminal porque este proyecto en su título 25 plantea la reducción de la carga tributaria pone en sus artículos la pérdida total de gravámenes que alimentan el fomento cultural y comunicacional de la democracia”, alertó y agregó: “La libertad de expresión se logra teniendo derechos adquiridos en las normas que venimos a defender”. En tanto, enumeró que los artículos 193,194 y 195 “borran por completo las leyes de cultura y comunicación”.
El actor y dirigente de Sagai, Pablo Echarri, cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y pidió que se eliminen los artículos 193 al 196 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que afectan de manera directa a la actividad cultural y audiovisual.: “Eliminar la cultura nacional es patearnos en contra. Es una reforma regresiva y ruinosa para todos los trabajadores en un marco de pobreza extrema. Esto no es una salida, es un sometimiento de los empleadores".
“Estamos de acuerdo en generar mejores condiciones de trabajo, pero no en matar la economía del talento”, sostuvo Echarri, y advirtió que la cultura “no solo construye identidad” sino que también “es una herramienta clave de desarrollo económico, como lo demuestran otros países que impulsan su industria audiovisual”.
También expusieron la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Elena López; el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico; Armando Farina de CADAM; Diego Boris Macciocco, expresidente del Instituto Nacional de la Música.
Participaron funcionarios nacionales, representantes de cámaras empresariales, entidades agropecuarias, industriales y sindicales. Se acordó un cuarto intermedio hasta mañana a las 9,30 horas para continuar con las exposiciones y el debate.
Fue una extensa jornada la celebrada este miércoles en el Salón Azul, para iniciar el debate de la ley de Modernización Laboral. El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presidida por los senadores Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA), concluyó pasadas las 20.
Al cierre, Patricia Bullrich anunció el cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30.
Luego de la participación del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, señaló que "el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad, lo que ha tenido enormes consecuencias sociales". Identificó la litigiosidad laboral y la crisis del sistema de riesgos del trabajo como el núcleo del problema, afirmando que "si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal".
Al finalizar, expresó el respaldo de la entidad que representa hacia el proyecto, indicando que "creemos que contribuye a la modernización al permitir la actualización de las modalidades de trabajo y convenios, adecuándolos a las realidades productivas y a las tecnologías actuales".
En representación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidente primera Eloisa Frederking, señaló que la medida aporta la coherencia normativa que el sector requiere. "Hace más de un año trabajamos en un proyecto amplio y de consenso para modificar la ley de contrato de trabajo agrario, y esta incorporación demuestra que estamos alineados entre el sector privado y público para un sistema integral y de menos burocracia".
En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, destacó que el espíritu del proyecto es "mejorar las relaciones laborales, porque "el empresario pyme y el trabajador trabajan codo a codo". Consideró que el marco normativo del proyecto evitaría inconvenientes no deseados y celebró la discusión de la propuesta, ya que "muchos de sus artículos aportan previsibilidad y certidumbre".

A continuación, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), afirma que "acompañamos en general las actualizaciones de la legislación laboral" y mostró preocupación por la informalidad: "Vemos que peligrosamente desde Argentina estamos alcanzando los estándares de aquellos países que tienen mayor informalidad laboral. El índice actual es de 43% cuando estos pases están cerca del 50, 60%, esto es un tema que trata la modernización laboral y es algo que debemos encarar los sectores sociales".
Por el contrario, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que "la magnitud de este proyecto de ley no alcanza para ser debatido en diez minutos porque esta iniciativa, que consta de 197 artículos, viola normas constitucionales, violenta derechos consagrados de principios como el de la justicia social, como el de la condición de que las leyes laborales son para proteger a los trabajadores y no para perjudicarlos y proteger a las empresas. Con este proyecto volvemos a la Argentina del siglo XIX; lo rechazamos de plano porque impide un debate de fondo, está plagado de afirmaciones falsas y fomenta el despido", sentenció.
En el mismo sentido, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, coincidió con los argumentos anteriores. Al contextualizar la discusión, señaló que la reforma se debate en un momento en que el salario mínimo es, "por primera vez, el más bajo de América Latina". Asimismo, recordó que históricamente las reformas laborales en el país han resultado en una disminución del empleo y advirtió que se está legislando en contra de la Constitución Nacional.
El representante de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el director Gustavo Corradini, explicó que esto es "la posibilidad de ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales" y a pidió por cambios en la ley respecto a los puntos de la caída de la ultra actividad, el convenio de empresas que sea inderogable para las pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, ya que "puede generar el efecto contrario que se busca".
También expusieron el asesor laboral de la SRA, Ignacio Forconi; David Hughes, Fundación Barbechando; Luis Núñez, presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales; César Guati, vocal de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Ricardo Ferreiro, director de Experta ART; Mariana Lucía Cademartori, dueña de una pyme en Junín, junto a Santiago Andres Bertamoni y Sebastián José Martino; Octavio Arguello, secretario General de Camioneros; y Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA.
La primera reunión constitutiva del día en el Senado derivó en un fuerte enfrentamiento cuando José Mayans cuestionó con dureza a las autoridades por la conformación de las comisiones. La tensión estalló justo antes de que Patricia Bullrich asumiera la presidencia.
La primera de las reuniones constitutivas de este miércoles en el Senado fue la de mayor tensión. Era la constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y donde se dio la airada reacción del bloque peronista contra las autoridades del Senado por la constitución de las comisiones.
Sobre el final de la reunión, cuando Patricia Bullrich fue invitada a hacerse cargo de la presidencia, José Mayans fue a sentarse a su lado para seguir la pelea.
Se sentó en el sector de las autoridades antes de que Bullrich llegara y la emprendió contra el secretario Parlamentario de la Cámara.
“Usted no puede hacer lo que está haciendo”, le lanzó el formoseño muy enojado a Agustín Giustinian. “Fue votado”, respondió el secretario, a lo que Mayans insistió: “No puede estar cortando una transmisión ilegítima”.
Mientras eso sucedía, una desentendida Patricia Bullrich se sentaba entre ambos, pero Mayans trató de tomar el dominio de la sesión: “Tiene la palabra a viva voz la senadora”, lanzó, mientras la senadora Bullrich se hacía cargo y trataba de calmar al formoseño: “No hagás…”, le dijo tomándolo de un brazo.
“¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!”, se quejó Mayans, mientras Bullrich daba por constituida la comisión y citaba para las 11 de la mañana para iniciar el debate de la reforma laboral. Mientras, Mayans seguía vociferando, pero lentamente se fue calmando.
Amparándose, entre otros artículos, en el 14° del reglamento de la Cámara, el peronismo impugnó este miércoles la manera como se resolvió armar las comisiones para avanzar con el debate en extraordinarias y decidió no participar de las reuniones. Impugnarán todo a nivel judicial.
Fotos: Comunicación Senado
No podía ser más conflictivo el inicio del trabajo en extraordinarias que se dio este miércoles en el Senado. Bien temprano estaba previsto que los senadores arrancaran la jornada con la constitución de las comisiones que deberán trabajar este verano para tratar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Par tal fin debían elegirse las autoridades de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; la de Presupuesto y Hacienda; Minería, Energía y Combustibles y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las dos primeras se abocarán al debate de la ley de Modernización Laboral; y las otras se ocuparán de la modificación de la Ley de Glaciares.
Pero ya se sabía que el peronismo objetaba no solo la conformación de esas comisiones, sino también el llamado a conformarlas. Y así se dejó claro ni bien arrancó la primera reunión, la de Trabajo y Previsión Social, que elegiría para presidirla a Patricia Bullrich.
La reunión arrancó puntualmente, poco después de las 9 de la mañana, cuando el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, dio inicio a la reunión dando lectura a los nombres propuestos para integrarla. Solo estaban allí los propuestos por el oficialismo, ya que el interbloque Popular (nueva denominación del ex Unión por la Patria) no había mandado sus nombres por objetar la conformación.
Pidió la palabra entonces el titular de esa bancada, el formoseño José Mayans, quien pidió leer el artículo 14 del reglamento del Senado, que dice que “en su primera sesión el Senado, por sí, o delegando esta facultad en el presidente, nombra o integra las comisiones permanentes a que se refiere el artículo 60”.
Ese texto fue en el que se amparó Mayans par considerar inválida la conformación, ya que no hubo ninguna sesión en la que se hubiera solicitado la conformación de las comisiones. Y consideró inválido el número de senadores que tendría el oficialismo en las comisiones, comenzando por la de Trabajo. “Vamos a inaugurar esta etapa con el título la incompetencia de Bullrich. Porque evidentemente la senadora no leyó el reglamento, porque en la sesión inaugural, tendría que haber levantado la mano y decir: ‘Cumpliendo con el artículo 14 vamos a designar las comisiones’”. Como eso no ocurrió, el formoseño interpretó que todo era inválido, e insistió en hablar de “la incompetencia de Bullrich”.

El jefe del interbloque Popular advirtió que esa bancada tiene 28 miembros y representan el 38,8% de la Cámara, lo que hace que les correspondan 7 representantes. “Porque es el promedio para arriba sobre 5 y nos da 7, también en las comisiones de 19 miembros. En las permanentes de 17 nos da 7, y en las permanentes de 19, nos da 7”, explicó, pues precisamente a su bloque le están adjudicando solo 5 senadores en cada comisión.
“Me sorprende cómo vienen con un atropello a la razón, como dice el tango, teniendo los números que tienen”, se quejó Mayans, que advirtió que el tema “va derecho al Poder Judicial, porque esto nace en forma totalmente torcida”.
Mayans continuó: “Era tan simple… Ayer llamaban a una reunión de emergencia y se salvaba todo esto. Fue la propuesta que hicimos… Esto ya no funcionó el año pasado”, señaló en referencia a lo que pasó cuando se conformaron las comisiones durante el primer período, a través de una resolución en la que -remarcó- “se nos sacó a nosotros un senador por comisión”.
El formoseño insistió en la existencia de “vicios de nulidad de origen” y advirtió: “Desconocemos totalmente esa resolución, no tiene el aval del recinto, tendrían que haber votado esto, aprobado por el recinto, y a partir de ahí sí… Pero no violando la Constitución. Ni teniendo dos tercios habilita violar la Constitución; no los tienen”.
Hacía referencia Mayans a una resolución supuestamente votada por 44 senadores -todos, menos los peronistas- que habilitó la convocatoria a formar las comisiones.
Tras ello, Mayans dejó claro que su bancada no participaría en las reuniones, e insistió en que “esta ley nace mal”, dijo en referencia a la modernización laboral que abordaría la Comisión de Trabajo. “Está naciendo con una violación del reglamento del Cuerpo, y está naciendo con la incompetencia de la nueva presidenta del bloque, y para justificar su incompetencia los mete en el barro a todos”.
Precisamente Bullrich tomó la palabra a continuación, solo para reclamarle al secretario Parlamentario que “proceda a lo que vinimos a hacer”. Fue entonces que el senador Bartolomé Abdala propuso a Bullrich para presidir la comisión “por este período de extraordinarias”, lo que despertó la airada reacción de Mayans.
Intervino a continuación el senador Martín Soria, quien aclaró que no los asombraba “esta manera compulsiva de avanzar sobre las instituciones, violando la Constitución y el reglamento de este Cuerpo. Lo vienen haciendo desde el primer día”, y se remontó a 2001, citando el gobierno de Fernando de la Rúa, para traer a colación que entonces también participó Patricia Bullrich de esa gestión. “Incendiaron la Argentina, hoy parece que les piden lo mismo desde afuera -lanzó-. En aquel momento sacaron la Banelco, ¿se acuerdan? Ahora debe ser Mercado Pago…”, ironizó.
“Lo cierto es que está sucediendo algo que es increíble. A lo que ya nos tiene acostumbrado, ahora de manera compulsiva y arbitraria han conformado las comisiones”, señaló el senador rionegrino, que insistió en que en la sesión preparatoria no se convocó a la conformación de comisiones. “No le delegamos facultad alguna a la Presidencia para que ejerza esta facultad delegada. Esta convocatoria es absolutamente compulsiva, arbitraria y viola el artículo 14° de nuestro reglamento. También el 91° en cuanto a las proporciones”, dijo, advirtiendo sobre la existencia de bloques con un solo senador que “tienen más que el bloque mayoritario”, y agregó que “afuera está el pueblo trabajador al que le van a modificar la vida con este mamotreto, bien de (Federico) Sturzenegger”. Habló en ese sentido de un “paquete de precarización”, y recordó entonces que el artículo 52 de la Constitución “es claro” en señalar que las leyes que afectan contribuciones, impuestos, deben iniciarse en la Cámara de Diputados, porque están allí los que representan al pueblo. Se refería al componente impositivo que tiene la reforma laboral, por lo que muchos reclamaron que al menos esa parte debía pasar primero por Diputados. “La Constitución es sabia -continuó Soria-. Ustedes quieren iniciar el tratamiento de una ley que afecta contribuciones, en el Senado. No vamos a convalidar esta vulneración compulsiva y arbitraria. No vamos a formar parte de esta convocatoria ilegal que viola el reglamento”.

Dicho lo cual, el senador libertario Bartolomé Abdala aclaró que la vicepresidencia y la secretaría quedarían vacantes, para ser elegidas en próximas reuniones, y se procedió a votar a Patricia Bullrich, quien se sentó entonces en el lugar principal, mientras Mayans hacía lo propio al lado. Pero Bullrich dio por constituida la comisión y citó a volver a reunirse a las 11 de la mañana para debatir la ley de Modernización Laboral y dio por concluida esa reunión, ante la reacción airada de Mayans.

La reunión de Presupuesto
La Comisión de Presupuesto estaba convocada para las 9.30 y también se inició de manera puntual. Allí el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero propuso que continuara al frente de la misma el también libertario Ezequiel Atauche, mientras que el encargado de fundamentar el rechazo del peronismo fue el chaqueño Jorge Capitanich, quien invocó los artículos 14°, 60°, 91° y 93°.
Y se preocupó por remarcar el tema de la integración de las comisiones, señalando que no se estaba respetando la proporcionalidad que le correspondía a su espacio, tras lo cual dijo que una sesión especial de la Cámara de Senadores debió haber convocado a la misma, cosa que no sucedió.
A continuación, su compañera de bancada Florencia López hizo una denuncia pública contra el accionar del secretario Parlamentario y la flamante presidenta de la Comisión de Trabajo. “Desconocemos ese rol que no puede tener. Vinieron acá, se pusieron a leer unos nombres en delegación de un Senado que jamás existió, firmó algo que nadie autorizó a firmar, y encima de eso no le otorga al peronismo la proporcionalidad que le corresponde”, sostuvo. Y agregó: “Estamos en contra de este atropello institucional a la Republica, al Senado”.
Recordó que en diciembre de 2023 también el oficialismo había hecho una conformación de comisiones ilegal. “En diciembre de 2023 se armó la plataforma desde la cual se iba a avanzar con el feroz ajuste a las provincias, los jubilados, los discapacitados… Lo más triste es que nosotros, los que somos senadores de las provincias, no podemos permitir que esto suceda. El ajuste tuvo su resultado en la Ley Bases. Tubo la votación empatada, pero en ese resultado el Gobierno nacional le pagó a un senador que quiso cruzar la frontera del Paraguay con la plata que el Gobierno le pagó para aprobar una ley.. Y después vienen a decir que son la nueva política, cuando se llevan puesta a la Constitución, a las provincias”
“Por eso le quiero aclarar a la senadora Bullrich que esto no es la calle, que así como se llevó puesta a la gente, estamos en representación de la gente de nuestras provincias”, continuó, para cerrar diciendo que “estas actitudes demuestran una cobardía… Son capaces de tirar gases, pero no son capaces de enfrentar el número del peronismo. Le tienen miedo y tienen que hacer trampa. Si no fueran cobardes, darían la lucha”.

Luego fue el turno del senador de Convicción Federal Fernando Salino, quien dijo estar “en presencia de un absurdo que es insostenible”, señalándole a Giustinian que lo que había leído era un decreto presidencial que se amparaba en una nota de 44 senadores, ante lo que alertó que con ese mismo argumento podrían haber llenado con senadores propios todos los lugares de la comisión. “Es un pésimo antecedente. Un antecedente fatal”, concluyó.
La senadora Juliana di Tullio fue más allá. Preguntó específicamente por esa nota y quiénes la firmaban. Agustín Giustinian le contestó que eran los presidentes de los bloques en representación de 44 senadores. “Yo cuento 43 -replicó la senadora kirchnerista-. Hay un senador que no es senador, porque no juró. Están falseando documento público, es ilegal lo que están haciendo. No solamente es inconstitucional”. Se refería al senador rionegrino que reemplazará a Lorena Villaverde y que todavía no es oficialmente senador porque no juró en la sesión anterior.
Juliana di Tullio le preguntó entonces al secretario Parlamentario qué promedio de senadores por comisión le daba la cantidad de 28 senadores de su interbloque, sobre un total de 71. “6,6”, respondió Giustinian, a lo que Di Tullio repuso: “Entonces es 7”.
“No necesariamente”, replicó el secretario.
“Suponete 6, pero nos dieron 5… -concluyó Di Tullio-. Secretario, las cuentas se hacen como se hacen. Esta Cámara ha tenido un comportamiento distinto, ya lo bancamos hace dos años, pero (entonces) fueron un poco más prolijos. El 13 de diciembre se juntaron los senadores, hicieron una sesión y le cedieron la facultad a la presidenta del Cuerpo para constituir las comisiones en el período ordinario”.
Así las cosas, Di Tullio habló de “la ilegalidad total, absoluta, cuando ponen 44 cuando son 43… Este es un cuerpo de 71 senadores por el momento. Sí, porque pusieron una narco en una lista -reaccionó ante un comentario desde el oficialismo-. Una, por lo menos una. Al Grupo A de 43 senadores no le corresponde esa cantidad”.
Di Tullio concluyo hablando de la reforma laboral y le endilgó al oficialismo que “siempre hicieron lo mismo. Para poder cercenarle los derechos a los trabajadores hacen esto: ilegalidad todo el tiempo. Por lo tanto, todo el procedimiento para nosotros va a ser ilegal”.

Luego fue el turno de la Comisión de Recursos Naturales, para la que Carlos “Camau” Espínola propuso a la chubutense Edith Terenzi, para que estuviera al frente, como venía sucediendo hasta ahora. En este caso fue Anabel Fernández Sagasti la encargada de rechazar lo que estaba sucediendo. Reiteró la posición de su bloque, habló de “este atropello que estamos padeciendo quienes pertenecemos al peronismo, a las 28 bancas que el pueblo le ha designado al peronismo”, y reclamó también por “la mengua de representación” para su sector.
“Quienes integramos este bloque sentimos también menguada la representación de nuestras provincias”, señaló, y sostuvo que tanto la presidenta de la Cámara como el secretario Parlamentario necesitaban “volver a cursar matemática”, anticipando que “estas leyes que se traten van a nacer con un vicio de origen”, y, como otros, insistió en que a los funcionarios parlamentarios podía corresponderle la acusación de “abuso de poder y un montón de calificaciones penales que no voy a ahondar”.
La senadora mendocina hizo hincapié en que la “violación del reglamento” que estaban denunciando afectaba a la representatividad de cada provincia. “Esto es gravísimo, porque acá se van a tratar no solo la involución de los derechos de los trabajadores, sino también un paquete de leyes muy importante que afecta a las provincias, porque tratan la coparticipación. “Y las provincias que representan al peronismo van a ver menguada la representación”, concluyó.
Advirtió también que tratarían una ley muy importante como la de Glaciares, que en realidad a su juicio debería haber tenido como cabecera Asuntos Constitucionales, no las que propuso el oficialismo. “Porque estamos hablando de los presupuestos mínimos del artículo 41° de la Constitución nacional”, explicó.
“El Gobierno está avanzando en las provincias porque las mismas van a ver menguadas no solo su representatividad, sino también sus recursos. Acá se va a tratar no solamente el Presupuesto, donde por ejemplo ya nos sacaron las zonas frías. ¿Eso quién lo va a defender?”, se preguntó la senadora camporista, que insistió en que “esto va a terminar judicializado. ¿Le vamos a seguir dando más poder a una justicia que está podrida, porque ustedes decidieron que 6,6 vale 5?”.
A continuación, Fernández Sagasti le dijo a Giustinian que “usted deliberadamente lo está violando. Dicen que son 44, cuando son 43. Nunca viví esto. Que un secretario Parlamentario nos dijera en la cara que 6,6 es 5, y sin ponerse colorado”. Y concluyó aclarando que el oficialismo no tenía necesidad de hacer lo que hacían, “porque teniendo 7 no tenemos mayoría. No sé si es miedo, revanchismo, patoterismo, o todo junto…”, dijo y lamento que la presidenta de la Cámara hubiera tenido esta actitud cuando venía haciendo un buen equilibrio institucional. Pero ahora, dijo, “empezó el tobogán”.
“Todavía están a tiempo de recapacitar y volver a la vía institucional y reglamentaria correspondiente. Esto se va a judicializar, no solamente por las barbaridades que componen las leyes que están mandando, sino también porque contienen un vicio de origen. Todo lo que hagamos acá va a terminar en el escritorio de un juez que vaya a saber qué intereses responden”.
Por último, el radical Eduardo Vischi propuso al catamarqueñlo Flavio Fama para seguir al frente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, y fue el riojano Fernando Rejal quien expresó el reclamo del peronismo, pidiendo, como antes había hecho Cristina López, un cuarto intermedio para tratar de encontrar una solución al tema. Insistió con la existencia de irregularidades y, como los otros, advirtió que los funcionarios parlamentarios estaban cometiendo un delito penal.
Al concluir, asumió Fama en la comisión y convocó para reunirse a debatir la Ley de Glaciares a partir de las 11.
Serán seis reuniones desde las 9 de este miércoles. Las primeras cuatro serán para definir autoridades. Cómo quedaron conformadas las comisiones.
Luego de haber planteado los tiempos que el oficialismo pretende en el Senado para avanzar con la Modernización Laboral y la modificación a la Ley de Glaciares, fueron convocadas cuatro reuniones constitutivas y dos plenarias para este miércoles.
A las 9, Patricia Bullrich -jefa de bloque de La Libertad Avanza- será designada presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Media hora después, la Cámara alta conformará la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si bien Ezequiel Atauche tenía los números puestos para seguir en el cargo, trascendió que el oficialismo podría designar a Agustín Monteverde.
Luego seguirá la conformación de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y después se hará lo mismo con la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con las reuniones constitutivas consumadas, las comisiones de Trabajo y Previsión Social, junto a Presupuesto y Hacienda darán comienzo a las 11 al debate del proyecto de ley de Modernización Laboral. En paralelo, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable van a dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de modificación a la Ley de Glaciares.
Para este miércoles está prevista la presencia de invitados para exponer sobre la reforma laboral, y abrirá el juego un viejo conocido del Congreso, el secretario de Trabajo Julio Cordero. Concurrirán también otros invitados, y lo mismo sucederá el jueves. Habrá alrededor de quince expositores y el viernes está prevista la emisión del dictamen, de modo tal que una semana más tarde se pueda realizar la sesión en la que el oficialismo espera aprobar tanto la ley laboral, como la reforma de la Ley de Glaciares.
Sin los cinco integrantes de Unión por la Patria, fueron confirmados en Trabajo y Previsión Social Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Joaquín Benegas Lynch, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero por La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, Rodolfo Suárez y Silvana Schneider por la Unión Cívica Radical; Martín Goërling Lara por el Pro; Sonia Rojas Decut por el Frente de la Concordia; Carlos “Camau” Espínola de Unidad Federal; y Flavia Royón de Primero los Salteños.
En Presupuesto y Hacienda, el esquema es similar: el interbloque que preside José Mayans tiene cinco vocalías, pero no presentó los nombres aún. Luego, están Ezequiel Atauche, Agustín Monteverde, Patricia Bullrich, Bruno Olivera Lucero y Bartolomé Abdala por el oficialismo; Flavio Fama, Mariana Juri y Silvana Schneider por la UCR; Andrea Cristina por el Pro; Alejandro Vigo por Unidad Federal; Edith Terenzi por Despierta Chubut; y Beatriz Ávila por Independencia.
Respecto a la conformación de Minería, Energía y Combustibles, La Libertad Avanza designó a Pablo Cervi -con chances de ser el presidente-, Bruno Olivera Lucero, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto y Patricia Bullrich; el radicalismo, a Flavio Fama, Mariana Juri y Eduardo Galaretto; el Pro a Andrea Cristina; y también la salteña Royón, el santacruceño José María Carambia y la neuquina Julieta Corroza. Los seis vocales de UP siguen vacantes.
Otra que fue conformada, pero no convocada es la Comisión de Justicia y Asuntos Penales: Por La Libertad Avanza fueron nominados a integrarla Juan Carlos Pagotto, Belén Montes de Oca, Gonzalo Guzmán Coraita, Patricia Bullrich y Luis Juez; por el radicalismo Carolina Losada, Maximiliano Abad y Eduardo Vischi; Victoria Huala del Pro; la tucumana Beatriz Ávila; el misionero Carlos Arce; y Carlos “Camau” Espínola. Unión por la Patria tampoco envío los nombres.
Por último, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá a los oficialistas Ezequiel Atauche, Carmen Álvarez Rivero, Vilma Bedia, Romina Almeida y Bartolomé Abdala; a los radicales Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Daniel Kroneberger; la chubutense Edith Terenzi; la santacruceña Natalia Gadano; y la misionera Sonia Rojas Decut. Al igual que en las otras tres comisiones, el peronismo no presentó sus cinco vocales.
Tras la Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, el oficialismo definió un cronograma exprés: conformación de comisiones este miércoles, dos días de debate y dictamen el viernes, con la mira puesta en llevar al recinto la “modernización laboral” y los cambios a la Ley de Glaciares el 26 de diciembre. Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza, pilotea el operativo.
El Senado buscará sesionar el viernes 26 de diciembre para debatir la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la modificación de la Ley de Glaciares, conforme se resolvió en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la mañana bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La definición fue informada por fuentes parlamentarias y ratificada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, al término del encuentro.
En paralelo, Bullrich comunicó la redefinición del cronograma de trabajo a raíz del retraso en el envío del proyecto laboral por parte del Poder Ejecutivo: este miércoles quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y Previsión Social (que ella presidirá), Presupuesto y Hacienda, Minería y Ambiente; el objetivo es obtener dictamen el viernes luego de dos jornadas de exposiciones y debate.
La jefa de bancada anticipó que el oficialismo y sus aliados buscarán una mayoría operativa en comisiones para sostener el ritmo de tratamiento, en línea con la estrategia de llevar ambos proyectos al recinto el 26 de diciembre, una fecha inusual por la cercanía de las Fiestas. En ese marco, distintas señales públicas ubican al oficialismo explorando acuerdos con bloques dialoguistas (UCR, Pro y provinciales) para garantizar los dictámenes en tiempo y forma.
El plan del Senado se inscribe en el escenario abierto por las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para este tramo de diciembre, con un temario que incluye —además— Presupuesto 2026 y paquetes tributarios y penales.
La Casa Rosada ya envió la reforma de la Ley 26.639 (Glaciares) al Senado, con argumentos orientados a “clarificar” el alcance de protección y reforzar el rol provincial; la discusión técnica y política sobre ese punto se dará en Recursos Naturales y Minería.
En cuanto a la reforma laboral, el Gobierno la presenta como una “modernización” de amplio espectro que ingresó por la Cámara alta, con cambios en contratos, licencias, tiempo de trabajo, negociación colectiva y régimen indemnizatorio, con el oficialismo procurando la aprobación antes de fin de año.
La CGT, otras centrales sindicales y la izquierda preparan protestas para este jueves 18.
De sostenerse el itinerario trazado por Bullrich —conformación de comisiones el miércoles, debate miércoles-jueves y dictamen el viernes— el Senado quedaría en condiciones de convocar la sesión para el 26 de diciembre, con dos proyectos de alto impacto en la agenda: la reforma laboral y la Ley de Glaciares.
A raíz de la causa judicial sobre presuntos testaferros del titular de la AFA, la jefa de LLA en el Senado reclamó a la confederación que investigue "a fondo" a la "mafia" que "ensucia el fútbol argentino".
La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, denunció ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) al titular de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, a raíz de la causa que investiga a presuntos testaferros del "Chiqui".
A través de las redes sociales, la oficialista le reclamó al Comité de Ética de la CONMEBOL que investigue "a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino".
"A las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros, me pregunto: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?", planteó.
Y agregó: "¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes?".
"La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta", expresó la senadora.
En el escrito se señala que la denuncia es "por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL", en particular en lo relativo a "los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro".
"Los hechos que se describen a continuación involucran a los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se vinculan con empresas contratistas del organismo, evidencian posibles conflictos de intereses no esclarecidos y coinciden temporal y materialmente con investigaciones judiciales en curso por presunto lavado de activos, evasión fiscal y ocultamiento patrimonial", indicó Bullrich.
Así, en la denuncia enumeró la investigación judicial en curso por presunto uso de sociedades interpuestas; la adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial; contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas; y otras investigaciones administrativas y fiscales contra la AFA como las realizadas por la Inspección General de Justicia.
Sobre el "incremento patrimonial abrupto e incompatible", en el escrito se resalta que "los informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporados a la causa judicial dan cuenta de un crecimiento patrimonial exponencial de Real Central S.R.L., en simultáneo con el fortalecimiento de sus vínculos con directivos de la AFA".
"La empresa declaró la titularidad de más de 59 vehículos de lujo, entre ellos Porsche, Ferrari, Audi R8, BMW y Mercedes-Benz, además de una colección de automóviles clásicos. Durante los procedimientos judiciales se secuestraron 45 automóviles de lujo, 7 motocicletas de alta cilindrada y 2 kartings, todos registrados a nombre de Real Central S.R.L. Este perfil patrimonial resulta absolutamente incompatible con: la condición de monotributista del socio gerente; la percepción de beneficios sociales por parte de la otra socia; la actividad económica declarada: servicios de transporte urbano y suburbano", se apunta.
Además, respecto de la investigación paralela sobre Sur Finanzas y la AFA, se indica que "en dicho expediente se realizaron más de treinta allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y en clubes de fútbol, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal".
"Según surge de las actuaciones, Sur Finanzas habría operado como instrumento financiero recurrente dentro del ecosistema de clubes, generando relaciones de dependencia económica, exclusividad contractual y una posible afectación de la autonomía institucional de las entidades afiliadas. La investigación alcanza a 17 clubes y analiza un esquema basado en el otorgamiento de préstamos sobredimensionados, mediante el cual se habrían canalizado fondos de origen ilícito hacia circuitos formales", agrega.
Bullrich recordó que "la competencia del Tribunal de Ética de la CONMEBOL es autónoma e independiente de las investigaciones penales, fiscales o administrativas que se desarrollen en el ámbito de los Estados nacionales. La existencia de causas judiciales abiertas no excluye ni suspende la potestad disciplinaria de la CONMEBOL, sino que, por el contrario, refuerza el deber institucional de analizar si las conductas investigadas afectan los principios éticos y de gobernanza que rigen el fútbol sudamericano".
En el final de la denuncia, la senadora pidió "la apertura de una investigación preliminar conforme al Código de Ética vigente; la evaluación de las conductas denunciadas a la luz de la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento; y la adopción de las medidas que correspondan, incluidas sanciones disciplinarias, en caso de acreditarse las violaciones denunciadas".
El gobierno libertario enfrenta su primera gran prueba tras el triunfo electoral: la ambiciosa reforma laboral enviada al Senado abre frentes políticos, financieros y comunicacionales que podrían complicar la prometida “pax” hasta agosto. Entre tensiones internas, riesgos legislativos y provincias en rojo, el oficialismo juega con las blancas… y le toca mover.
Cuando en esta columna -hace tres semanas- dijimos que el gobierno podría tener una pax de 8 meses, hasta agosto del año próximo, marcamos tres condiciones necesarias. Una de ellas era que el oficialismo no cometiera “errores políticos (a los que ha sido bastante propenso cuando se sintió agrandado)”. Varios de los aspectos definidos para empujar la reforma laboral abren varios interrogantes, desde los formales -¿incluir temas impositivos y pretender arrancar por el Senado?- hasta políticos.
La agenda la maneja la gestión libertaria con comodidad, por lo tanto, la responsabilidad de que todo vaya bien -después de semejante triunfo electoral el 26-O- está de su lado. Si llegase a suceder algún contratiempo notable, la responsabilidad será propia. Será muy interesante como banco de pruebas de cómo funcionan el Javo, su entorno más próximo y sus soldados legislativos, empezando por Patricia, quien nunca fue senadora.
El primer punto es que la administración libertaria decidió mandar una ley de máxima, al estilo la Ley Ómnibus que fracasó a principios de 2024, precisamente por ser igual de ambiciosa. Eso implica multiplicar los frentes de batalla, ergo deberá enfrentar más conflictos y más lobbies jugando en contra. Todo eso conspira contra la aspiración de tener media sanción antes de fin de año (lo cual suena a creer en Papá Noel). Desde el oficialismo podrían contrargumentar que ahora son mucho más potentes legislativamente y que, post elección, tienen una maravillosa capacidad de seducción. Ambas cosas son verdad, pero en la cámara alta están más lejos que en Diputados de lograr una mayoría absoluta, lo cual hace pensar que los actores colaboracionistas subirán el precio de sus acciones. El tiempo juega a favor de estos últimos -PRO, radicales, provinciales- quienes no tienen ningún incentivo para acelerar el trámite, mientras todo el mundo está brindando y comiendo pan dulce.
El segundo punto es de índole financiero. Como ya lo venimos comentando aquí como un dato político central, la mayoría de las provincias terminan 2025 en rojo, en parte por el gasto electoral, pero también porque se vienen cayendo las transferencias desde la nación en los últimos meses. El efecto-cascada ya está complicando a muchos municipios para pagar aguinaldos. Si además esta nueva ley ómnibus le permite quitar impuestos a grandes jugadores económicos, afectando la recaudación del impuesto a las ganancias -que es coparticipable- que se embarren las negociaciones no tendría ningún misterio. Esto se vería agravado si, además, el gobierno quiere sancionar a las provincias y municipios que tengan déficit. La pregunta sería ¿déficit producido por más gastos o por caída de coparticipación?
El tercer ítem es comunicacional. Dado que el proyecto pegó muchas vueltas hasta último momento antes de ser enviado al Senado, está afectando los argumentos de venta desde LLA. La línea comunicacional luce un poco dispersa y con falta de contundencia. Casi como si hubieran renunciado a debatir mucho el tema públicamente. ¿Será una estrategia por si aparece un martes 13 que arruina la fiesta y mejor aprovechar que la gran mayoría de la sociedad ya está pensando en las celebraciones de fin de año y las vacaciones? ¿Cuánta expectativa les conviene generar? Al respecto, el especialista laboralista y asesor del proyecto Julián De Diego reconoció que no se debe esperar que haya una mayor contratación de empleados porque se apruebe la ley, porque para eso hace falta que haya reactivación económica. Perogrullo dixit.
El cuarto tópico son las desavenencias en la mesa política mileísta respecto a cómo encarar este tema. Los enemigos de ayer han coincidido en que el oficialismo estaría corriendo riesgos innecesarios con el enfoque elegido, y a Toto le preocupa que la fiesta salga cara. Y aquí las miradas van sobre la Pato. Recordemos que fue ministra de trabajo de De la Rúa y protagonizó peleas furibundas con Hugo Moyano y el sindicalismo. Si logra aprobar este proyecto, más allá de cómo salga, se convertirá en heroína libertaria. Pero ¿y si algo sale mal? ¿A quién se le atribuirá la culpa políticamente? ¿Eso le cortará las piernas a ella para escalar hacia la jefatura de gobierno de la CABA, o a alguna instancia más ambiciosa? “Pero Fara, Patricia podrá pagar costos, pero el que más perdería con un traspié sería el propio presidente”. Es verdad, pero la política siempre mira un poco más allá, a veces irresponsablemente.
En definitiva ¿la reforma se aprobará en el Senado? Es probable, pero el punto es que el trámite no será ni rápido, ni fácil… y luego lo esperan en Diputados. Los astutos de la cámara baja observarán con detalle cómo se comporta el oficialismo ahora para ver dónde renguea el perro y tratar de extorsionarlo luego. Porque no olvidemos que la reforma le interesa sobre todo al gobierno y a algunos sectores empresariales. La mayoría social quiere más oportunidades laborales… con reforma o sin ella. Si los mercados oliesen dificultades, se mantendrían los interrogantes sobre la gobernabilidad, y el riesgo país no bajaría. Otra vez teléfono para Toto, sobre todo si sigue empecinado en no querer comprar reservas y financiar la cuenta capital con más deuda.
Mientras tanto, la inflación no baja del 2 %, la capacidad instalada de la industria fue la peor de los últimos 15 años, aumentan los cheques rechazados, la licitación de deuda de esta semana dejó un sabor agridulce, el sector pesquero dice que ellos también quieren baja de retenciones y nuestros “especuladores” farmers no están liquidando dólares de la cosecha gruesa como se esperaba (están reteniendo 7000 palos verdes; esperan un mejor dólar y piden un nuevo dólar-soja massista). Pobre Toto.
Trump puede ser cualquier cosa, pero es sincero: dijo que él apoyó al león y ganó. Que es como decirle que el mérito fue suyo. Es un poco más complejo, pero algo de razón tiene. En todo caso, el americano ya puso lo suyo. Ahora le toca poner lo propio a Milei. Juega con las blancas y le toca mover a él.
Contra todos los pronósticos, el gobierno mejoró su posición parlamentaria y quedó frente a una prueba decisiva: transformar el capital político en leyes concretas. Reforma laboral, Presupuesto e inflación marcan un verano de alto riesgo, con números ajustados en el Senado, protestas en la calle y una economía que vuelve a tensionar la promesa presidencial de resultados rápidos.
Aliviado por el rotundo éxito electoral alcanzado el 26 de octubre, el presidente Javier Milei disfruta de esos efectos que le permiten matizar resultados incompletos de su política, pero ahora se enfrenta a la necesidad de conseguir los objetivos que se supone deberían estar ahora sí a su alcance tras la relación de fuerzas revertida en el Congreso.
Como hemos dicho, el propio presidente se había planteado un techo bien bajo cuando en la semana previa a los comicios anticipó su conformidad con alcanzar el tercio necesario para sostener los vetos. Un límite demasiado escueto para cualquier oficialismo, pero insuficiente para alcanzar las reformas prometidas por Javier Milei. El éxito electoral fue contundente, pero como ya habíamos anticipado no alcanzaría para que La Libertad Avanza siquiera llegara a ostentar la condición de primera minoría.
Cosa que logró finalmente cuando el oficialismo decidió abrir los grifos y habilitar el desarme completo del bloque Pro, que a partir de ello se disolvió en un 50 por ciento. De manera inversa, La Libertad Avanza vio crecer su número en la Cámara de Diputados en un 20 por ciento, en tanto que en el Senado el incremento del diminuto bloque oficialista se disparó en un 250 por ciento.
Semejante crecimiento en las dos cámaras llenó de responsabilidades al Gobierno nacional, que es por ello que ahora afronta la responsabilidad de emprender las reformas prometidas no solo durante la campaña, sino en lo que va de la gestión. La convocatoria a extraordinarias dejó claro que las prioridades oficiales son la modernización laboral, la reforma del Código Penal y aprobar, ahora sí, un presupuesto nacional -no porque lo desee íntimamente, sino porque se lo exigen las circunstancias y los organismos internacionales que apoyan a esta gestión-. Tres de las seis leyes pedidas al Congreso para este verano -las restantes tienen también su valor, pero no son determinantes-.
El verano es largo, y a priori la exigencia principal era de carácter formal y estaba representada por el Presupuesto 2026. Innecesariamente figuras oficiales se sumaron autoexigencias. Fundamentalmente la reforma laboral, que sorpresivamente se propusieron aprobar en el Senado antes de terminar el año, cuando todo indicaba que ese proyecto quedaría para debatir durante el resto del verano, y terminar de paso el año sin protestas masivas en las calles. Recordemos siempre que un espejo en el que se mira esta administración está en Cambiemos: el gobierno de Mauricio Macri ganó en 2017 por un porcentaje similar al de Milei y parte de su buen aura se consumió en las protestas contra la reforma previsional -recordar las 14 toneladas de piedras-. Ahora la CGT ha convocado a una movilización para el jueves 18, que esperan supere las 150 mil personas. La marcha contará con el respaldo de las otras centrales sindicales, gremios combativos y la izquierda.
Con aires de autosuficiencia, Patricia Bullrich quiere estrenar su traje de jefa del bloque oficialista del Senado aprobando la reforma laboral antes de fin de año. El proyecto no tiene medias tintas; es por demás ambicioso. La iniciativa tiene componentes que son parte de la prédica de la exministra de Seguridad, como las medidas antibloqueo, sin olvidar que desde hace un cuarto de siglo mantiene una contienda personal con los popes sindicales.
Por eso ella será protagonista principal de este debate y en tal sentido será quien encabeces la Comisión de Trabajo y Previsión Social donde se debatirá el tema. Patricia Bullrich quería arrancar con el tratamiento del proyecto de modernización laboral al día siguiente de la apertura de extraordinarias, cosa que no pudo porque el proyecto todavía no había sido mandado aún al Congreso. El argumento oficial fue que el presidente Milei tenía que firmarlo, de ahí la demora en presentarlo; pero todo el mundo interpretó que había artículos que querían resolver antes de que el proyecto saliera a la luz. La verdad es que para estos casos no corre la firma digital, y el presidente debía estar en el país para rubricar el texto, tal cual establece el artículo 88° de la Constitución; de lo contrario debería haberlo suscripto Victoria Villarruel -impensable-, o sino el presidente provisional Bartolomé Abdala, quien el lunes a la noche quedó a cargo del Poder Ejecutivo por estar la vice en España.
El viaje a Noruega, para participar de la premiación de Corina Machado con el Premio Nobel de la Paz, le terminó jugando en contra a Milei, que emprendió su viaje de vuelta sin ver a la líder venezolana que terminó llegando más tarde. Lo que llevó al siempre muy crítico ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez a postear: “Nunca antes un presidente argentino había completado casi 25.000 kms. -entre ida y vuelta- para pasar una noche fuera del país, sin agenda”.
Con los tiempos muy acotados, el oficialismo intentará esta semana emitir dictamen del proyecto de modernización laboral y tratar de llevarlo al recinto entre el 29 y 30 de diciembre. Debería convertir en ley en esas mismas fechas el Presupuesto 2026. Más allá de la agenda, La Libertad Avanza deberá asegurarse para entonces al menos 37 votos que deberán salir de los 21 senadores propios, 3 del Pro y 10 radicales que imaginan votando a favor, en tanto que los tres restantes deberían salir de la chubutense Edith Terenzi; los 2 de Unidad Federal; la senadora neuquina; la tucumana Beatriz Ávila, y los 2 misioneros de Carlos Rovira. No le será sencillo al oficialismo conseguir 3 de esos 7 votos sobre un tema tan controversial. Esto es, que el peronismo haya perdido su poder de fuego en el Senado, no es señal de que La Libertad Avanza tenga allí aseguradas las leyes. Hay en el Senado un escenario tan ajustado como decisivo para el Gobierno, que no puede perder esa votación.
La inflación indoblegable
Hablábamos al principio de la necesidad oficial de matizar resultados incompletos de su política, en el inicio de un camino hacia las presidenciales. Será una cuenta regresiva para la paciencia de un electorado que le dio al Gobierno un crédito amplio hace un mes y medio, a la espera de más resultados que explicaciones. Y el jueves llegó con un dato negativo en ese sentido.
No por esperado, el número revelado por el INDEC dejó de encender luces de alarma en el Gobierno, que sabe que el freno a la inflación es su mayor activo, pero esa política muestra en el último trimestre una carrera ascendente que tampoco se frenará en diciembre: septiembre 2,1%; octubre 2,3%; noviembre 2,5%. Según estiman los economistas, recién en enero podría volver a haber una inflación que inicie con uno.
Noviembre volvió a mostrar señales de aceleración, impulsado por un aumento fuerte de las bebidas no alcohólicas y un impacto significativo del aumento de la carne. El economista y director de Analytica, Claudio Caprarulo, analiza que el desempeño general aún se compara relativamente bien con el año pasado: “Si vemos la foto de este año y la del anterior, sigue siendo un buen registro porque hubo un 100% anual. El gran interrogante es cómo se va a sostener en 2026”.
Para este economista, el frente cambiario sigue siendo el principal foco de incertidumbre: “Lo que no está resuelto es el tema de la oferta y la demanda de dólares, y uno de los objetivos del Gobierno es mostrar buenos datos inflacionarios”.
Sobre todo teniendo en cuenta que el propio presidente se ha comprometido a alcanzar “inflación cero” en el mes de agosto. A la luz de los hechos, un objetivo demasiado ambicioso, que tensiona la narrativa oficial y anticipa un 2026 donde la economía será juez y parte, y en el que al paciencia social puede ser tan volátil como los precios.
La expresidenta se refirió al aumento de 2,5% en noviembre y recordó que, en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.
La senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) le respondió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que calificara como el “ajuste más grande del que se tenga memoria” en Argentina tras conocerse la cifra de la inflación de noviembre que alcanzó el 2,5% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la exmandataria cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, señalando que el dato inflacionario se da en un contexto de recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias, así como de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20 mil millones.
En su publicación, CFK subrayó que, pese a la magnitud de los ajustes y la ayuda internacional, el consumo se encuentra en “caída libre” y se observa el cierre de fábricas y comercios. La exjefa de Estado ironizó sobre la marcha del plan económico oficial al preguntar: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.
La exmandataria también hizo referencia a la situación de hace una década, recordando que, en noviembre de 2015, durante el final de su segundo mandato presidencial, la inflación informada por el denominado “IPC Congreso” que, según ella, replicaba el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Mauricio Macri, era inferior al actual.
Cristina Kirchner remarcó en su tuit: “En noviembre del 2015, la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.
En su repaso, la expresidenta destacó que durante su gestión los salarios y jubilaciones eran “los más altos de América Latina”, se entregaban computadoras a estudiantes secundarios, medicamentos a jubilados, pensiones y remedios a personas con discapacidad, y se lanzaban satélites al espacio.
Cristina Kirchner añadió en su mensaje señalando a “los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)” en referencia a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, quienes presentaron el nuevo índice, una década atrás.
Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno.
Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una… https://t.co/arqFXUHHpq
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 12, 2025
Al respecto, Bullrich le salió al cruce: “Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno”, y le recordó que en diciembre de 2023 “solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025”, y le planteó que “todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo”.
La libertaria destacó que “en apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes”, y chicaneó: “Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”.
Según trascendió, pretenden que el texto sea debatido en comisión este mismo jueves, con la intención de llevarlo al recinto la semana que viene. Negociaciones en torno a ciertos artículos.
Si bien la prioridad para este mes de diciembre es el Presupuesto 2026 (más la ley de inocencia fiscal), el Gobierno quiere mantener activas ambas cámaras y aprovechar eso para que el Senado tenga participación también y no tan solo deba esperar la llegada de la ley de leyes para ponerse en marcha.
En ese sentido, se sabe de las intenciones de llevar el proyecto de ley de modernización laboral al recinto en esa cámara este mismo mes de diciembre, con la intención al menos de darle media sanción a esa reforma clave.
No será fácil pero el tema ya le ha sido encomendado a la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien viene desarrollando en las últimas semanas una ultraactividad notoria en sus nuevas funciones. Tan es así que se le ha pedido que se haga cargo también de la comisión encargada del tema: la de Trabajo y Previsión Social. Una comisión que encabezaba hasta la renovación parlamentaria la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero, quien se pasó a La Libertad Avanza recientemente. No sería un buen mensaje para quien ha sido tan fiel al Gobierno de Javier Milei correrla de la comisión que presidía hasta ahora, pero el argumento utilizado sería que la medida es momentánea y a los efectos de aprovechar el conocimiento que en materia laboral tiene Bullrich (recordemos su paso por la cartera laboral en los 2000) para este fin inmediato. El año que viene, Álvarez Rivero ya retornaría a esa función.
No es habitual que quienes presiden bloques lo hagan también en las comisiones, pero La Libertad Avanza tuvo que hacer excepciones durante esta gestión, puesto que Ezequiel Atauche debía estar al frente también nada menos que de Presupuesto y Hacienda, en función de los pocos senadores que eran del oficialismo hasta ahora. Una condición que súbitamente LLA ha solucionado, pero utilizarán igual el antecedente en la emergencia.
La intención oficial era aprovechar esta semana para arrancar con el debate laboral en comisión. Este mismo jueves, en lo posible, cuestión de emitir un dictamen “exprés” y llevarlo al recinto el jueves venidero. No es lo que quiere Unión por la Patria, que reclama una “ronda de expositores”. Habrá roces con el oficialismo si eso no sucede, que si se garantiza los votos con sus eventuales aliados, LLA ignorará.
Todo dependerá, obviamente, de cuándo ingrese el proyecto. Porque hasta ahora circuló un borrador del que todos los medios se hicieron eco, pero la realidad es que el texto concreto todavía no está. Se esperaba que se conociera al final de este martes, para que ingresara a Mesa de Entrada del Senado este miércoles. La espera continúa y las versiones de cambios están a la orden del día, de modo tal que el eventual tratamiento del tema en el Senado queda en veremos. “Todos los cálculos se deberán hacer una vez el texto esté ingresado”, aclaró a parlamentario.com una fuente oficialista de la Cámara alta.
La futura jefa del bloque oficialista ratificó que las prioridades a corto plazo del Gobierno son el Presupuesto 2026 y la modernización laboral. Minimizó el cortocircuito con Villarruel.
Bullrich, el pasado 28 de noviembre, cuando juró como senadora
La futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma laboral que propondrá el Gobierno es "una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar. Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina, la mayoría que se consiguen son informales".
En ese sentido, la exministra de Seguridad dijo que hay que "volver a la realidad" de contar con más trabajo registrado, algo que igualmente "no lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales que hoy existen".
"Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando", afirmó.
En el corto plazo del periodo de sesiones extraordinarias, ratificó: "Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral y el presupuesto, eso es lo que a nosotros nos importa".
Consultada en radio Rivadavia sobre la oposición a la reforma laboral que ya plantea el kirchnerismo, Bullrich expresó que "no siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto, tenés que juntar los que piensan similar y con eso sacar la ley. Porque discutir con alguien que piensa totalmente diferente no tiene sentido".
Más adelante, reiteró esta postura: "Nosotros tenemos los suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que las leyes... ya lo han dicho varios diputados y senadores, que las leyes laborales no las van a votar. Así que no vamos a discutir con quien no la quiere votar. Discutiremos con quien tiene voluntad reformista".
Sobre el resto del temario anunciado, la senadora electa señaló que hay temas que "van a arrancar" pero no cree que "terminen" de debatirse durante diciembre, "como el Código Penal, la ley de inocencia fiscal, que también es importante. Y también una ley tributaria. Esas son las cosas que se van a discutir ahora. Si nosotros ahora avanzamos con la ley laboral y avanzamos con presupuesto, luego se irá conformando la segunda etapa en la segunda quincena de enero o la primera de febrero y vamos a avanzar con todas las demás".
Por otro lado, sobre su cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la sesión de juras, y si cree que el trabajo será "duro" en términos de la relación entre ambas, Bullrich respondió: "No sé si será duro o no. Yo voy a cumplir mi tarea. No le tengo miedo a las cosas duras, pero no creo, porque estamos en un diálogo, tenemos posibilidad de construir una mayoría, así que esperemos que todo ande bien. Nuestra intención no es generar un campo de batalla, sino que nuestra intención es sacar las leyes que necesitamos".
Lo anunció ella misma a través de una carta al presidente Javier Milei que hizo pública a través de las redes. Según pudo saberse, la propia Patricia Bullrich le pidió que diera un paso al costado.
Finalmente la diputada nacional Lorena Villaverde anunció su decisión de dar un paso al costado y prescindir de la banca en el Senado que había conseguido en las elecciones del 26 de octubre pasado. La decisión se adoptó el mismo día de la jura de los nuevos diputados nacionales, donde no juró quien iba a sucederla en su banca, ya que el día previo la rionegrina resolvió retirar la renuncia presentada oportunamente en Diputados.
Según pudo saberse, Patricia Bullrich, quien ya oficia de jefa del bloque de senadores oficialistas de La Libertad Avanza, le habría solicitado directamente tomar esa decisión. Fue en el marco de una reunión mantenida este miércoles en el despacho de Martín Menem en la Cámara baja.
“No podemos esperar hasta febrero”, le dijo la exministra de Seguridad, que le pidió a su vez continuar en la Cámara baja. De tal manera, Lorena Villaverde mantendrá su banca en la Cámara baja, en tanto que su banca en el Senado será ocupada por Enzo Fullone, ex jefe del distrito de Vialidad Nacional en Río Negro.
La diputada había retirado el día anterior su renuncia a la Cámara baja luego de quedarse sin jura en la ceremonia del Senado del viernes pasado. En ese caso elevó una nota el lunes pasado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Su pliego había sido impugnado la Comisión de Asuntos Constitucionales en rigor de su presunta vinculación con Fred Machado, detenido e imputado por lavado de activos y narcotráfico en Estados Unidos.
Lorena Villaverde tiene mandato en Diputados hasta diciembre del 2027 y su reemplazante iba a ser Natalia Chemor, tercera en la boleta del Partido Fe que compitió anexada a la candidatura presidencial de Javier Milei.
La dirigente libertaria oficializó su decisión a través de un extenso posteo en X con una carta dirigida al primer mandatario. Este es el texto:
Señor Presidente:
Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted lidera y que, sin exagerar, está marcando un antes y un después en la historia argentina.
Es una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar. En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política.
Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer.
Al mismo tiempo, entiendo el momento histórico que estamos viviendo. Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron.
Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro.
Lo hago con la serenidad de quien sabe quién es, y con la certeza de que ningún cargo vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural. También lo hago porque sé que dilatar decisiones solo beneficia a quienes quieren ver caer este proceso de transformación. Yo soy libre y voy a defender la libertad, incluso si eso implica dar un paso al costado.
No renuncio a mis convicciones.
No renuncio a mi compromiso con Río Negro.
No renuncio a acompañar este proyecto histórico.
Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos.
A su disposición, como siempre.
Cordialmente.
@JMilei
@LLibertadAvanRN
La senadora libertaria cuestionó que el actual Código Penal “sufrió parches” y que “está pensado para 1921 donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían”. El proyecto del Gobierno propone aumento de penas en delitos como homicidio simple, homicidio agravado, lesiones.
En conferencia de prensa tras presentar su renuncia como ministra de Seguridad, la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA), explicó los principales puntos del proyecto del nuevo Código Penal que enviará el Gobierno al Congreso de la Nación que propone un agravamiento en las penas de todos los tipos de delitos.
Antes de que hable Bullrich, abrió la conferencia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó la gestión de la exministra de Seguridad (su renuncia se hizo efectiva este lunes) y afirmó que "la doctrina Bullrich será llevada al Congreso". "Los argentinos necesitan en el Congreso una persona como ella, con la capacidad de aprobar reformas clave en materia de seguridad", dijo.
Sobre el nuevo Congreso, que entrará en vigencia el próximo 10 de diciembre, expresó: "Aspiramos a que sea el más reformista de la historia; tendrá la enorme misión de aprobar proyectos necesarios para que el país salga adelante", entre ellos la reforma del Código Penal, que "será presentado a la brevedad", anunció. Sobre el proyecto, aseguró que trabajaron los ministerios de Seguridad, de Justicia y la Secretaría de Legal y Técnica.
"El Código Penal vigente está hecho a medida de los delincuentes, los violadores y los asesinos, las condenas son insuficientes o muchas veces ni siquiera se cumplen y la puerta giratoria es el denominador común que explica gran parte de los delitos", definió.
Adorni sostuvo que "la reforma viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie. La doctrina es clara, el que las hace, las paga. Esto implica el fin de la doctrina zaffaronista". "No habrá contemplaciones con los que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad", siguió.
Luego, manifestó que "se van a agravar todas las penas del Código, desde los hurtos hasta los robos y homicidios; se va a terminar con la puerta giratoria, además los delitos graves pasarán a ser imprescriptibles".
El nuevo Código "prevé un castigo mayor para aquellos políticos que delinquen en la función pública, porque su condena contemplará la pérdida de la jubilación de privilegio", señaló el jefe de Gabinete y apuntó: "A modo ilustrativo, si algún funcionario recibe una condena por corrupción, como la que recibió el exministro (Julio) De Vido, o la exvicepresidente y dos veces presidente Cristina Fernández de Kirchner, no podrá percibir su pensión específica".

Bullrich afirmó que el Congreso “va a tener una misión histórica porque los Códigos no se cambian todos los días, son cuerpos complejos”, y remarcó que la Argentina tiene un Código Penal que ha tenido “un montón de modificaciones, de parches y está pensado para 1921 donde un montón de delitos que hoy son importantes no existían”.
En cuanto a la estructura del nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno, explicó: “Dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código como los delincuentes, los violadores y los asesinos. A partir de ahora los favorecidos serán la sociedad en su conjunto y las víctimas. Es un cambio de doctrina”.
En esa línea, sumó que el otro cambio fundamental “es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no sean insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos con delincuentes que deberían estar presos y vuelven a delinquir”.
Así, Bullrich recordó el tratamiento en el Parlamento de las leyes de reiterancia, reincidencia, juicio en ausencia y la Ley Antimafia: “Esta idea de la puerta giratoria que el año pasado discutimos se incorporan todos ellos al Código Penal para tener un solo cuerpo importante”, y planteó: “Acá dejamos atrás la doctrina zaffaronista”.
“Tenemos un cambio muy grande en lo que hace al sistema de penas que en la Argentina era donde eran pocas las penas que tenían una concreta ejecución de las mismas. Lo primero que planteamos es el agravamiento de las penas porque en el país cualquier delito como robo, hurto, motochorros al día siguiente están libres, pero esto se terminó. Las penas tienen una relación directa entre el delito cometido y el daño causado a las personas”, explayó.
La senadora explicó que “lo primero que cambian son las penas por homicidios. El homicidio simple tenía una pena de hasta 25 años, pasará a una pena máxima de 30 años”. En cuanto al homicidio agravado, la pena era perpetua: “Ahora vamos a tener una serie de cambios en este sentido. Si hay un magnicidio, si matan a ministros, a un miembro de un establecimiento educativo, para que no avance la violencia que hoy vemos. Si sos menor de 16 años o si sos mayor de edad, va a ser agravante para la pena del homicidio agravado. Vamos a proteger a las personas que cumplen una tarea fundamental”.
Respecto de las lesiones, también tendrá cambios: “Hay una figura importante que vienen luchando las Madres del Dolor hace años que es la conducción imprudente donde la pena actual es de 1 a 3 años y se aumenta de 2 a 6 años, y en la figura agravada es de 2 a 4 años de 3 a 6 años. Si vos sos imprudente al manejar es un delito y van a tener una pena seria y grave. Van a ser convocadas las Madres del Dolor a la discusión del tema”.
“El abuso de armas es terrible. Porque si salen con un arma la condena va a ser taxativa y concreta, no va a haber interpretación judicial posible que entienda que esa arma la persona la tenía solo porque se le ocurrió”, ejemplificó.
Otro tema que abarcará el proyecto tiene que ver con la ejecución de las penas que, según explicó Bullrich, en muchos casos “está en la ley, pero en muchos otros los Tribunales hacen la ejecución de la condena. Vamos a plantear que se rechacen todos los recursos que implican que no se cumplan las condenas cuando son graves. El que las hace las paga, condena grave, cumplís la pena completa”, y sumó: “Las condenas perpetuas no van a tener límite temporal porque si una persona mata una vez, mata otra vez, se le suman las condenas para tener una condena más alta porque hemos tenido experiencia en estos casos”.
En otro tramo de su exposición, la senadora explicó que un tema que van a “robustecer y cambiar fuertemente” el concepto de la legítima defensa. “Vamos a cambiar la presunción en favor de quien se defiende”, aclaró y ejemplificó: “Cada vez que tenemos el caso de una persona que se defiende de un delincuente que lo quiere asaltar o tiene un arma de juguete, pero quién sabe que es de juguete. Entonces la presunción va a estar siempre del lado de quien se defiende”.
“Al cambiar la doctrina zaffaronista, las víctimas van a tener la posibilidad de intervenir en todo momento. Esto va al Código de Fondo para todas las provincias”, agregó.
Bullrich también explicó que van a ser “imprescriptibles los delitos graves y gravísimos. Homicidio agravado, abuso sexual en todas las modalidades y todos los que se denuncien se van a investigar”. Así, sumó la “corrupción de menores, sustracción, retención y ocultamiento de menores con fines sexuales es decir trata de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional y al orden democrático. Procesos contra organizaciones criminales como la Ley Antimafia, terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes, todos estos delitos son imprescriptibles”, y precisó que en todos los casos las penas son de cumplimiento efectivo.
La libertaria destacó que como consecuencia del nuevo Código Penal “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”, y añadió: “Los delitos de corrupción van a ser delitos que tengan penas de 5 o 6 años, van a tener penas graves de acuerdo al delito cometido porque si sos funcionario tenes más responsabilidad, tenes que cuidar la plata de la gente y no te la podes robar. Tenes que actuar en defender al ciudadano. Si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Al ser consultada, Bullrich aclaró que la designación de jueces y magistrados es una definición que hará el Ejecutivo en tiempo y forma “no se va a discutir en extraordinarias”. “Este año y el año pasado el Congreso ha votado leyes muy importantes para el país, avances enormes que generaron una nueva doctrina de seguridad, como la Ley de Reiterancia y la Antimafias. Hay una doctrina de ir en este sentido. Este Código sin dudas se va a discutir y la idea es que sirva para bastantes años y estoy convencida que se va a votar”.
La senadora electa le agradeció al presidente por la "confianza" que puso en ella y le deseó "el mayor de los éxitos" a su sucesora.
La senadora electa Patricia Bullrich le presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad al presidente Javier Milei, la cual se hizo efectiva este lunes. En tanto, este martes jurará su sucesora, Alejandra Monteoliva.
Bullrich, que el pasado viernes juró en el Senado, asumirá formalmente como legisladora a partir del próximo 10 de diciembre. En la Cámara alta, la excandidata presidencial presidirá el bloque de La Libertad Avanza.
"Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", comenzó la porteña en la carta enviada a Milei.
Además, le agradeció al mandatario "profundamente" por "la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país".
Asimismo, afirmó que desde el Senado continuará "defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".
También, Bullrich dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, serie y eficaz”.
En medio de la pulseada con la AFA y la interna por las SAD, Javier Milei evita choques y prioriza mostrar fuerza legislativa: jura sin polémicas, fractura en UP y una aspiradora que deja al Pro reducido a su mínima expresión.
“No es la primera vez que vivimos esto; pasaron tres presidentes en apenas 9 años que me toca presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más”, lanzó en tono desafiante el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, durante la entrega de los Premios Alumni, una especie de Martín Fierro del fútbol que propició esta semana un ámbito muy amigable para el mandamás del fútbol en el momento más crítico de su gestión. Esa frase del yerno de Hugo Moyano encierra muchos significados paralelos: sus ansias de eternidad; el sentirse más poderoso que los presidentes de la Nación (“ellos pasan, yo sigo”); el deseo de emular (y por qué no superar) a Julio Humberto Grondona...
El ferretero de Avellaneda que gobernó 35 años la AFA y llegó a ser vicepresidente de la FIFA, vio “pasar” una docena de presidentes -cuatro de ellos de facto-, lo cual indica le indica al Chiqui, según su lógica, que va bien rumbeado. Ya ganó un Mundial, como Grondona, y fue ratificado esta última semana como miembro pleno del Consejo de FIFA en representación de la Conmebol. La carrera es larga y “sin techo”.
Como al principio de su gestión, Javier Milei lo puso en la mira nuevamente esta semana, cuando tomó abiertamente partido por Juan Sebastián Verón y su Estudiantes de La Plata en la polémica por el “pasillo-gate”. En efecto, en el inicio del gobierno libertario, Milei impulsó abiertamente la idea de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) en el fútbol argentino, que la AFA rechaza con uñas y dientes, y en principio frenó con una medida judicial. Tras meses de tensión, el gobierno y Tapia terminaron estableciendo una suerte de acuerdo de no agresión rubricado con un amigable encuentro en la sede de la Conmebol en Asunción -hace justo un año-, en el que -conforme un protocolo no escrito- el Chiqui les regaló camisetas de la Selección a Karina Milei y Manuel Adorni.
Precisamente la secretaria general de la Presidencia no estaría muy convencida de que su hermano retome la pelea con Tapia, por más deteriorada que esté su imagen ante la sociedad. Lo de las SAD siempre fue un proyecto afín a las ideas de Milei, pero cuya autoría intelectual le adjudican a Macri. Y ya se sabe que el expresidente no es santo de la devoción de KM.
Como sea, el Presidente decidió el jueves bajarse de un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial de Fútbol. Resulta extraña tal determinación, tratándose de una invitación del propio Donald Trump, pero deben haber sopesado la inconveniencia de exponer al Presidente a cruzarse con el titular de la AFA en un momento en el que en partidos de fútbol y recitales se canta contra Tapia.
Debe tomarse tal decisión como una muestra de pragmatismo del Milei versión post 26-O. El mismo pragmatismo oficialista que primó en vísperas de la sesión de jura de los nuevos senadores nacionales. Si bien para ese día propios y extraños daban por seguro que Lorena Villaverde conseguiría los votos para ser ratificada en su banca, el oficialismo cedió ante el pedido de senadores provinciales y del radicalismo, aceptando devolver el pliego de la rionegrina a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las impugnaciones en su contra. Toda una sorpresa tratándose del gobierno de Javier Milei, pero tiene lógica: el oficialismo le quitó así todo viso de polémica a la ceremonia de la jura de los senadores, que debía ser expuesta como una muestra del poder que ahora sí puede exhibir La Libertad Avanza en el Congreso.
Juraron el viernes los senadores electos en ocho distritos, en seis de los cuales ganó LLA. Solo en una provincia no consiguió representación, y de los 24 senadores electos, la mitad más uno correspondían a alianzas del gobierno. Semejante muestra no podía ser opacada por una discusión que echara sombras sobre la cosecha oficial.

Protagonista central de la sesión fue sin lugar a dudas la flamante presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien tuvo su cruce con Victoria Villarruel por una cuestión reglamentaria menor, pero que sirvió para que ambas partes pudieran marcar territorio. Todo estuvo monitoreado desde lo alto de uno de los palcos por “el poder real” que representa la hermanísima, flanqueada por Manuel Adorni y Diego Santilli, convertidos en una suerte de escuderos para este tramo de la gestión. Funcionarios que -sobre todo el ministro del Interior- por estos días cumplen la tarea de aceitar la relación con los gobernadores, que serán clave para las reformas que el gobierno se propone aprobar este verano.
Ese trabajo está dando frutos en el Congreso, donde lograron congelar la actividad opositora en el tramo final del período ordinario: desde las elecciones, no volvieron a abrirse las puertas de los recintos, donde entre otras cosas quedaron colgados temas como la reforma de la ley que regula los DNU, cuya aprobación hubiera representado un durísimo golpe para esta gestión. La oposición ya no tendrá ninguna otra oportunidad para avanzar en una medida similar, por lo que los gobiernos venideros deberán agradecerle a este por haber frenado la embestida más seria contra tan importante prerrogativa oficial.
Pero además, está en marcha la ruptura del bloque Unión por la Patria, clave para el dominio que La Libertad Avanza pretende imponer para los próximos dos años. Después de haber ratificado la escisión de los tucumanos del bloque Independencia, le alcanzará con oficializar el alejamiento de los catamarqueños de la bancada que conduce Germán Martínez para garantizarle al bloque oficialista de Diputados ser la primera minoría en esa Cámara. Algo impensado hasta el 26 de octubre, cuando el propio Presidente confesaba su menguado objetivo de asegurarse el tercio del Cuerpo.
Para eso fue necesario también activar la aspiradora, sumando entre otros a los radicales peluca y -sobre todo- a buena parte del Pro, que arrancará esta nueva etapa reducido a su mínima expresión: el partido amarillo llegó a las elecciones con 35 diputados, 21 de los cuales concluían sus mandatos. A esos 14 que quedaban, sumó una decena producto del resultado electoral, pero llegará al 10 de diciembre con apenas 14 -con suerte, porque un par más podrían irse en las próximas horas-. Esto es, habrá perdido más del 40% de sus diputados, a expensas del partido al que Mauricio Macri decidió ayudar a llegar al gobierno en vísperas del balotaje.
La última baja fue la de Silvia Lospennato, quien tras largas cavilaciones anunció el viernes por la noche que cumpliría su palabra de asumir en la banca para la que fue elegida en mayo pasado, en la Legislatura porteña: un cargo muy menor, para el que tiene que renunciar a la banca de Diputados, donde le quedaban dos años de mandato. En su lugar, asumirá una diputada del riñón de Patricia Bullrich, que obviamente irá directamente al bloque LLA.
Se especulaba con que en aras de evitar acrecentar la diáspora del bloque Pro, Lospennato se quedara, pero prefirió evitar que en el futuro le facturen haber sido una candidata “testimonial”, y se irá a una Legislatura porteña complicada, donde el macrismo no tiene mayoría y en la que La Libertad Avanza lejos está de retribuirle al partido amarillo el apoyo que le dan en el Congreso nacional. Más bien lo contrario.

Lo anunció Lospennato a través de un posteo en el que se mostró sonriente en una foto junto a los primos Macri, uno de los cuales -el expresidente- hubiera preferido que siguiera en el Congreso y eso le debe haber pedido también. Crítica del gobierno nacional desde que resultó evidente el papel mileísta en el fracaso de la ley de ficha limpia, Silvia Lospennato sufrió en carne propia el fuego amigo cuando se diferenció del resto de su bloque al votar en contra de los vetos presidenciales contra las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica; pero sobre todo al argumentarlo en el recinto. Cristian Ritondo la reprendió en plena sesión por esa actitud, y Alejandro Finocchiaro la acusó de alinearse con el kirchnerismo, sugiriendo irónicamente que algunos colegas deberían “cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”. “No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés”, le contestó la diputada que ahora se va a la Legislatura porteña, para regocijo del otro Macri, quien deberá vérselas en figurillas dentro de dos años para tratar de retener el cargo frente a la segura embestida de los libertarios.
Con la salida de la diputada nacional, el bloque amarillo quedará reducido a 14 integrantes a partir del 10 de diciembre.
Si bien se especulaba fuertemente con la posibilidad de que se quedara en el bloque Pro para evitar ampliar la diáspora en las filas que encabeza Cristian Ritondo, Silvia Lospennato confirmó este viernes que se sumará a la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre.
Lo hizo a través de un posteo en la red social X, en la que, mostrándose junto a los primos Macri -el expresidente y el jefe de Gobierno- anunció: “Con mucha alegría quiero confirmarles que voy a cumplir con mi palabra y a partir del 10 de diciembre voy a honrar cada voto de confianza al Pro desde mi banca en la Legislatura de la Ciudad”.
“Junto al presidente del Pro Nacional Mauricio Macri y a nuestro jefe de Gobierno Jorge Macri seguiremos trabajando cada día para defender los valores de la Libertad y la República, el orden y la seguridad ciudadana, la salud y la educación de calidad, el desarrollo de la iniciativa privada, la inversión pública y la innovación permanente porque entendemos la gestión pública como un servicio para mejorar la vida de cada ciudadano porteño”, agregó la diputada que pondrá fin a su mandato como diputada nacional que vencía en 2027.
Con su salida, el bloque Pro perderá seguramente otro miembro, reduciéndose a 14 diputados, ya quien asumirá en lugar de Lospennato se irá seguramente a La Libertad Avanza, pues se tratad de Lorena Petrovich, quien es muy cercana a Patricia Bullrich. Es actualmente directora nacional de Bienestar del Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza hasta el 9 de diciembre su mentora.
Lospennato concluyó su mensaje en X así: “Me voy del Congreso Nacional sintiendo que cumplí con absoluta responsabilidad y profesionalismo el enorme honor que me dieron los argentinos y sumaré toda esa experiencia legislativa y mi entusiasmo por transformar juntos cada día esta Ciudad que es nuestro orgullo”.
A la incorporación de Verónica Razzini, el bloque oficialista sumó en el mismo día a otro santafesino, Alejandro Bongiovanni, más quien reemplazará a Silvia Lospennato, con lo que quedó a tiro de pasar a Unión por la Patria.
Verónica Razzini se reunió este viernes con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y su referente políltica, Patricia Bullrich.
Gran jornada la de este viernes para La Libertad Avanza: a la demostración de fuerza dada con la presentación en sociedad del nuevo bloque oficialista en el Senado, que triplica la dotación vigente hasta ahora, sumó tres nuevos diputados nacionales al bloque que conduce Gabriel Bornoroni.
Temprano, se supo a través de la red social X la incorporación de la santafesina Verónica Razzini, quien hasta ahora era parte del monobloque Futuro y Libertad, e inició su mandato en 2023 dentro del Pro. Y ya de noche se supo de la incorporación de otro santafesino, Alejandro Bongiovanni. A esto se sumó el anuncio de Silvia Lospennato, que rompió el silencio este viernes por la noche para confirmar que irá a la Legislatura porteña para asumir en el cargo para el que fue elegida en mayo pasado, por lo que asumirá en su lugar una diputada que responde a Patricia Bullrich, Lorena Petrovich, quien se descuenta que irá a La Libertad Avanza entonces. Con lo que LLA quedará con 94 diputados prácticamente sobrepasando el número de diputados de la que hasta ahora es la primera minoría.

Lorena Petrovich responde a Patricia Bullrich, por lo que se descuenta cuál será su destino a partir del 10 de diciembre.
Sucede que Unión por la Patria tendría formalmente hasta ahora 97 diputados, aunque uno está con un pie afuera: el puntano Jorge “Gato” Fernández, que ya adelantó su decisión de formar un monobloque, aunque todavía eso no tiene confirmación oficial. Y es un secreto a voces que también se irán los cuatro catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil, por lo que en caso de confirmarse estos cinco alejamientos, UP, o Fuerza Patria, quedaría en 92, detrás de La Libertad Avanza.
Además de la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quien es su mentora en la política, la bienvenida a Razzini se la dio este viernes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego del brindis oficialista posterior a la ceremonia de juras en la Cámara alta.
Y horas después se supo que su comprovinciano Alejandro Bongiovanni confirmaba las especulaciones que vienen haciéndose desde que comenzó la migración de diputados del Pro a LLA, respecto de su pase a las fuerzas libertarias.
Ante la consulta de parlamentario.com, el legislador santafesino -que se define como “liberal desde siempre”- admitió que había resuelto pasarse a las filas violetas.
En redes sociales, la nueva diputada oficialista destacó que “el rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento para la Argentina”. Asimismo, destacó el trabajo de la diputada nacional Romina Diez, también de Santa Fe, por haberle abierto las puertas a La Libertad Avanza. “Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina”, expresó.
“El bloque de La Libertad Avanza sigue creciendo, y la diputada ‘antibloqueo’ Verónica Razzini se suma para ser parte del cambio”, comunicó Bullrich al retirarse del Palacio Legislativo este viernes al mediodía. Luego, agregó que “ella tiene la convicción, el trabajo y la fuerza necesaria para empujar las transformaciones que las pymes y las empresas necesitan”.
Vine a la política con la convicción de devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina.
El rumbo que @JMilei emprendió es coherente con este sueño. Vamos a trabajar para proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas… pic.twitter.com/as3iJ1ATkh
— Vero Razzini (@RazziniVeronica) November 28, 2025
Por su parte, Razzini encabezó la boleta de candidatos de Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe en las PASO del 2023 y luego fue la segunda en la lista de Juntos por el Cambio que apoyó la candidatura presidencial de Bullrich. Una vez dentro de la Cámara de Diputados, formó parte del Pro, pero a mediados de abril pasado conformó el espacio Futuro y Libertad junto a su coterráneo Gabriel Chumpitaz.
Es empresaria y fundadora del "Movimiento Empresarial Anti Bloqueos" (MEAB). De marcada postura en contra de la actividad gremialista, la asociación se presenta como "una unión colaborativa con el fin de formar una red de ayuda y asistencia integral, para empresarios que sufren bloqueos extorsivos".

Bongiovanni representa a la provincia de Santa Fe y mantiene vínculos con el empresariado local a través de su rol en Fundación Libertad.
Bongiovanni llegó al Congreso en 2023 también de la mano de Patricia Bullrich, con quien comparte una agenda liberal y reformas estructurales. Defiende una agenda liberal centrada en la reducción de trabas, regulaciones e impuestos, y el impulso a reformas estructurales para modernizar la economía.
La Libertad Avanza, ahora, pasará a tener 93 diputados nacionales cuando se consumen las juras en el recinto el próximo miércoles 3 de diciembre a las 13. Luego del contundente triunfo en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, sumó a las diputadas bullrichistas que estaban en el Pro y a los "radicales peluca" de Liga del Interior.
Pero qué buen mozo el nuevo diputado de @LLibertadAvanza
Va a ser espectacular compartir el bloque con vos en momentos históricos @alejobongio, en los que vamos a cambiar la ley laboral y vamos a hacer la reforma tributaria que necesitamos.
MAGA con más y más liberalismo, a… pic.twitter.com/lSLfWwQpLl
— Sabrina Ajmechet (@ajmechet) November 28, 2025
La ministra de Seguridad -en funciones hasta el 2 de diciembre-, tras jurar este viernes como senadora nacional en la Sesión Preparatoria, habló sobre la reforma laboral y el futuro del pliego de la rionegrina libertaria Lorena Villaverde.
Luego de jurar como senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich dialogó con los medios en los pasillos de la Cámara alta y adelantó los temas claves que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Según pudo averiguar parlamentario.com con fuentes cercanas a Casa Rosada, el presidente de la Nación puso sobre la mesa la posibilidad de que la convocatoria se extienda desde el 10 de diciembre hasta el 28 de febrero. Es decir, durante todo el verano y sin interrupciones.
Al respecto, Bullrich afirmó que el próximo 10 de diciembre iniciará el período extraordinario, en cuyo tramo debatirán el Presupuesto de la Nación que vendrá de la Cámara de Diputados y estiman “votarlo favorablemente”. También adelantó que votarán la creación de una comisión para estudiar el Código Penal que enviará el Ejecutivo.
En ese sentido, anticipó: “Por el Senado va a entrar la discusión por los peri glaciares y la reforma laboral”, y precisó sobre las críticas de los sectores gremiales: “Una cosa es la opinión que pueden tener los sectores y otra es la decisión que va a tomar el Congreso respecto de la ley. Nosotros podemos escuchar opiniones, pero tenemos una decisión de hacer una reforma laboral y la vamos a llevar adelante”.
Al ser consultada por el vínculo con Victoria Villarruel, con quien tuvo el primer roce en el recinto de la Cámara alta este viernes, aseguró que dialoga “todos días porque hay temas que arreglar en todo momento”.
Sobre el plazo para debatir sobre el pliego de la rionegrina Lorena Villaverde, que fue devuelto a comisión por estar sospechada de tener vínculos con el narcotráfico, sostuvo que “primero se tiene que reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la primera sesión que haya, seguramente sea donde se voten los primeros proyectos que van a ingresar en extraordinarias, ahí se va a debatir”.
La presencia de Karina Milei en los palcos del Senado y el gesto particular con Bullrich al momento de su jura. Los referentes de Unión por la Patria abrazaron a tres senadores en medio de los rumores de fugas. Las presencias en el Palacio Legislativo. Lorena Villaverde y el parecido físico con dos legisladoras electas.
Ante la presencia de Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, 23 de los nuevos 24 senadores nacionales electos juraron en el recinto en una sesión de jura que fue presidida por Victoria Villarruel. La cita duró poco más de una hora y sobre el final, todas las miradas estuvieron puestas en el reclamo a viva voz de Patricia Bullrich contra la vicepresidenta de la Nación en el medio del estrado presidencial.
Finalizada la ceremonia, la ministra de Seguridad, en funciones hasta el 2 de diciembre, reveló ante la prensa acreditada que su indicación a la titular de la Cámara alta se debió, entre varios temas, al acuerdo parlamentario sobre la cantidad de personas que podían acompañar a cada senador al momento de la jura. Hubo casos como el del santiagueño Gerardo Zamora con seis personas -incluido un bebé- y el de la fueguina Cristina López que estuvo acompañada por nueve. Fuentes parlamentarias confiaron a este medio que el consenso había sido cerrado en tres acompañantes por legislador.
De todos modos, la jornada comenzó con una superpoblación de invitados en la vereda de la calle Hipólito Yrigoyen en el ingreso al Palacio Legislativo. Otro de los reclamos de la senadora porteña estuvo relacionado a la morosidad en el operativo de ingresos: “Tuvimos una senadora cuya hija había venido sin el documento y no la dejaron entrar”, deslizó. Uno de los que debió esperar por unos minutos, fue el diputado salteño Carlos Zapata, quien acompañó a Alfredo Olmedo, y encontró demora en el acceso al Senado.
Ya en el recinto, la nueva jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado se sentó en la segunda fila del flanco derecho del hemiciclo de la Cámara alta. Rodeada de sus nuevos compañeros de bancada -cada uno de los que llegaba se acercaba a saludarla-, se hizo oír cuando la sesión llegó a su fin y elevó su reclamo ante la vicepresidenta de la Nación.
Tal como habían acordado en la reunión del jueves, Patricia Bullrich juró acompañada de su esposo y dos personas más. Sin discurso en el recinto, una vez que comenzaron los aplausos, giró sobre su eje y miró a la platea donde estaba sentada la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, con quien -de forma sincronizada- señó un pulgar para arriba.

Otro detalle de la llegada de Bullrich a la Cámara de Senadores fue que no aplaudió las juras del senador chaqueño y exgobernador Jorge Capitanich, ni tampoco la del exministro de Justicia del Frente de Todos, Martín Soria. El rionegrino es el promotor de la impugnación de Lorena Villaverde, quien estuvo presente en el recinto hasta cinco minutos antes del inicio de la ceremonia, pero no jurará hasta que su pliego pase por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sorprendió a varios de los presentes en el recinto del Senado, el parecido físico de las nuevas senadoras Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego) y Julieta Corroza (Neuquén) con la rionegrina. Incluso, las tres presentaron una vestimenta parecida: cabello negro alisado y un traje blanco. La neuquina contó, además, con el apoyo desde las gradas del gobernador Rolando Figueroa y de la senadora saliente Mónica Silva.
Los otros mandatarios presentes en los palcos fueron el fueguino Gustavo Melella y el chaqueño Leandro Zdero. También, en la platea de los representantes del Poder Ejecutivo, acompañaron el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Presidencia de la Cámara de Diputados, Sharif Menem.
Vistosamente decrecido en cantidad, los senadores de Unión por la Patria se mantuvieron en el flanco izquierdo del hemiciclo y pese a haber algunas bancas vacías, tuvieron presentes a sus, por ahora, 29 integrantes. Los huecos se debieron a una cuestión meramente ocasional ya que las cuatro ausencias fueron de Villaverde, de la chubutense Edith Terenzi, del catamarqueño Flavio Fama y de la cordobesa Alejandra Vigo, quien acompañó a su esposo Juan Schiaretti en una intervención cardíaca.
Los tres referentes de la oposición más dura, José Mayans, Juliana di Tullio -quien durante el Himno tuvo que desenganchar su saco del micrófono de la banca de atrás- y Anabel Fernández Sagasti, se sentaron en la primera fila y saludaron a todos y cada uno de los legisladores electos que pasaban a jurar al centro del recinto. Salvo Cristina López, quien juró por su provincia, las Islas Malvinas y los 30.000 desaparecidos -con una ironía hacia Ezequiel Atauche, al deletrear el número dígito por dígito-, el resto optó por el perfil bajo.
Sin embargo, no pasó desapercibido que de inmediato a las juras de los santiagueños Gerardo Zamora, Elia Moreno y José Neder, los tres titulares del bloque de Unión por la Patria los esperaron para darles un abrazo. Esta situación se da en medio de la incertidumbre respecto a si los tres legisladores de Santiago del Estero formarán parte de Fuerza Patria o armarán el Frente Cívico.
Otro dato curioso, en ese sentido, fue que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedó sentado del lado de la bancada peronista junto a Eduardo “Wado” de Pedro. Entre risas, ambos senadores explicaron que la ubicación quedó de esa manera ante el apuro de ocupar un asiento cuando la sesión de jura inició.

El presidente provisional Bartolomé Abdala quedó sentado al lado del camporista Wado de Pedro.
La ceremonia comenzó a las 11 en punto y finalizó a las 12.01. Los primeros en jurar fueron los representantes del Chaco Jorge Capitanich, Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider; luego los porteños Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde; y en tercera instancia los entrerrianos Adrián Bahl, Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, solo en el recinto, pero con ocho familiares en el palco a quienes despidió con un beso.
La cuarta tanda de juras fue para los neuquinos Pablo Cervi, Julieta Corroza y Nadia Márquez, quien estuvo acompañada de cinco familiares; luego, los rionegrinos de Fuerza Patria Ana Marks y Martín Soria; y después, los salteños Gonzalo Guzmán, Flavia Royón y María Emilia Orozco, quien llevó al recinto a su referente político Alfredo Olmedo, reconocido por su chaqueta de cuero y la camisa amarilla característica de su persona.

Lorena Villaverde estuvo en el recinto hasta cinco minutos antes de comenzar la ceremonia.
La ceremonia concluyó con la jura de los tres santiagueños Gerardo Zamora, Elia Moreno y José Neder; y los fueguinos Agustín Coto -solo en el recinto, pero con apoyo desde los palcos-, Cristina López y Belén Monte de Oca.
Culminadas las juras, hubo algunos senadores que alentaron a prender el micrófono, pero rápidamente Victoria Villarruel remarcó que hubo un acuerdo de no hacer uso de la palabra. Fue en ese momento, que los legisladores comenzaron a retirarse del recinto, a excepción de Patricia Bullrich, quien se acercó hasta el estrado de la vicepresidenta de la Nación para dar inicio al primer duelo entre ambas dentro del Senado de la Nación.
Concluido el trámite parlamentario, la presidenta del bloque libertario en el Senado cruzó todo el Congreso de la Nación por dentro para ir hasta el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. En ese lugar, se reencontró con Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según supo este medio, se trató de un agasajo íntimo entre los referentes de La Libertad Avanza para celebrar las juras.
La novedad se conoció este jueves por la noche, luego de que los jefes de bloques acordaran mandar el pliego de la rionegrina de vuelta a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La Cámara de Senadores tendrá este viernes su sesión de jura, con una novedad de suma importancia: en lugar de jurar los 24 senadores electos el 26 de octubre pasado, lo harán 23. La excepción corresponde a la rionegrina Lorena Villaverde, cuyo pliego se acordó que vuelva a comisión para analizar las impugnaciones presentadas en su contra.
Fue toda una novedad la noticia que se conoció este jueves por la noche, cuando se daba por descontado que el tema despertaría una previsible controversia entre el oficialismo y la oposición más dura, pero que finalmente el tema sería saldado a favor de La Libertad Avanza a través de los votos que terminarían favoreciendo a la senadora electa por la minoría en la provincia de Río Negro. Sin embargo los jefes de bloques terminaron acordando postergar la eventual jura de Villaverde, mandando de vuelta su pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar las impugnaciones en su contra.
La decisión adoptada por el oficialismo de aceptar retirar el pliego de la polémica senadora electa podría enmarcarse dentro del pragmatismo que puede esperarse de la nueva jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich. Los senadores del radicalismo y provinciales, indispensables para conseguir los votos para aprobar a Villarruel habían expresado sus reparos, lo que redundó en la decisión final del oficialismo. Esos votos que ahora estaban en duda serán indispensables para aprobar las leyes que mandará el Poder Ejecutivo para extraordinarias.
El pliego de Villarruel había sido tratado el 19 de noviembre en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la que ahora volverá. En esa oportunidad, la oposición se alzó con el dictamen de mayoría en contra del pliego de la rionegrina, que recibió dos impugnaciones: una del Partido Justicialista de Río Negro, y otra de una particular llamada Noelia Nerina Vásquez.
Se la relaciona con Federico “Fred” Machado, empresario argentino extraditado a EE.UU. por narcotráfico y lavado de dinero.
También se menciona su cercanía con Claudio Ciccarelli, primo de Machado y señalado como presunto testaferro.
Los registros judiciales indican que Villaverde fue detenida en Miami en 2002, acusada de comprar cocaína. También se menciona una detención previa en 2001 por “obstrucción de la Justicia”.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales ingresaron también impugnaciones contra los miembros de Fuerza Patria Martín Soria y Jorge Capitanich, quienes sin embargo podrán jurar este viernes sin problemas.
Sin la asunción de Villaverde, el bloque de La Libertad Avanza quedará con 19 miembros. De ahí que sea realmente importante saber cuándo se resolverá su situación. En el caso que resuelvan retirar el pliego, debería asumir en lugar de la rionegrina Enzo Fullone, quien era segundo en la lista de La Libertad Avanza.
Quien no va a estar en esta sesión es la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, por razones de salud familiar de público conocimiento: su esposo, el exgobernador cordobés y diputado nacional electo Juan Schiaretti, será sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Vigo notificó su ausencia, formal y oportunamente, ante la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación y sus pares del interbloque que conforma.
Quiénes van a jurar
Más allá de la cuestión Villaverde, cuya ausencia en la sesión permitirá liberar a la misma de tensiones, prestarán juramento este viernes, en la sesión que arrancará a las 11 de la mañana, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Patricia Bullrich y Agustín Monteverde por La Libertad Avanza, y Mariano Recalde por Fuerza Patria.
Producto de la alianza entre LLA y el radicalismo gobernante en el Chaco, asumirán por la mayoría los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, actual vicegobernadora radical, que renunciará a ese cargo. Y por la minoría lo hará el exgobernador Jorge Capitanich.
En representación de Neuquén, jurarán por La Libertad Avanza Nadia Márquez y Pablo Cervi, mientras que por La Neuquinidad lo hará Julieta Corroza.
Por Entre Ríos, prestarán juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP lo hará Adán Bahl.
En representación de Salta, los libertarios María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán, mientras que por Primero Los Salteños, lo hará Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz.
Por Santiago del Estero, jurará el gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, y Elia Montero, los dos por el Frente Cívico, en tanto que por Fuerza Patria lo hará José Neder, alineado también con Zamora.
Por la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, asumirán los libertarios Agustín Coto y Belén Monte de Oca, más la kirchnerista Cándida López, quien resultó reelecta.
Finalmente por la provincia de Río Negro, solo jurarán Martín Soria y Ana Marks, representantes de Fuerza Patria, quedando pendiente quien vaya a representar a la minoría votada el 26 de octubre pasado.
La Libertad Avanza en el Senado tendrá su primera prueba este viernes cuando el pleno ponga a consideración el pedido de impugnación del pliego de Lorena Villaverde. El mensaje de Bullrich a sus nuevos pares de bancada.
Expectante de su arribo al Palacio Legislativo luego de una década, Patricia Bullrich, flamante nueva jefa de bloque oficialista, reunió a sus pares de La Libertad Avanza en la antesala de la ceremonia de jura que se llevará a cabo este viernes a las 11. “Empieza una nueva etapa en el nuevo Congreso: orden, responsabilidad y trabajo para defender el esfuerzo de los argentinos”, señaló en X la aún ministra de Seguridad.
Uno de los motivos de la fuerte expectativa de la funcionaria se debe a que el Gobierno nacional dejará de tener un bloque de seis legisladores para pasar a tener una veintena de integrantes. Esto, debido a los resultados del 26 de octubre y a la incorporación de senadores afines a las ideas liberales como Francisco Paoltroni, quien regresa al oficialismo tras un año de discrepancias, y Carmen Álvarez Rivero, alineada desde hace meses.
De todos modos, el nuevo bloque oficialista tendrá su primer desafío en la sesión pública de inauguración de los nuevos integrantes ya que Unión por la Patria pretende impugnar el diploma de la rionegrina Lorena Villaverde. Si bien el pedido de rechazo al pliego tiene dictamen de comisión, la oposición dura no cuenta con el número necesario para negar la jura de la senadora libertaria.
Una vez que la ceremonia quede concluida, Patricia Bullrich dejará el Ministerio de Seguridad para abocarse de lleno a las reformas que el presidente Javier Milei va a presentar el próximo 9 de diciembre. También estará el Presupuesto 2026, primer tema de las sesiones extraordinarias próximas a oficializar.
De esta manera, La Libertad Avanza tendrá a Bullrich como jefa de bloque y a los senadores nacional Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero, Ivanna Arrascaeta, Francisco Paoltroni, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Monteverde, Juan Cruz Godoy, Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida, Gonzalo Guzmán Coraita, Agustín Coto, Belén Monte de Oca, Emilia Orozco, Pablo Cervi, Lorena Villaverde y Nadia Márquez, estos últimos cuatro legisladores provienen de la Cámara de Diputados.
Tras las elecciones del 26 de octubre, La Libertad Avanza se consolida en la Cámara alta con 20 senadores, pasando del 10% al 27% de representación. Bajo el liderazgo de Patricia Bullrich, el oficialismo incorpora perfiles diversos —desde empresarios y dirigentes históricos hasta referentes provinciales— y redefine su estrategia legislativa para el próximo período.
El bloque oficialista en el Senado triplicará su dotación a partir del 10 de diciembre. Llegará así a tener una veintena de miembros, en este caso ya no por deserciones ajenas, sino estrictamente por mérito propio: solo una senadora dejó el Pro para integrarse a La Libertad Avanza; el resto fueron todos elegidos a través de las listas violeta.
Es que la del 26 de octubre fue una excelente elección para el oficialismo nacional si de senadores se trata, pues obtuvo representación en siete de las ocho provincias que elegían miembros para la Cámara alta, además de haber ganado en seis de esas provincias.
Así las cosas, podrá mejorar en su tercer año de vida en el Senado la representación que había arrancado apenas con un 10% del cuerpo, con los 7 senadores que pudo sumar La Libertad Avanza cuando llegó al poder. Ahora, con 20 miembros, eleva su representación en el Senado al 27% de la Cámara.
Todos estarán bajo la conducción de Patricia Bullrich, que llega como gran estrella a la Cámara alta, por su peso específico forjado por su experiencia (12 años en el Congreso), y haber sido la ministra mejor ponderada del gabinete de Javier Milei.
Veamos ahora, uno por uno, quiénes son los miembros del futuro bloque oficialista en la Cámara de Senadores.

El pequeño bloque libertario se triplicará a partir del 10 de diciembre.
Los nuevos del bloque libertario
Romina María Almeida

Ocupó el segundo lugar en la lista de La Libertad Avanza para el Senado en la provincia de Entre Ríos. Proviene de la actividad privada, donde estuvo al frente de una empresa familiar dedicada a la producción de galletitas saladas llamada Leitis. Tiene 47 años durante 15 comandó esa PyME familiar.
Es arquitecta y se sumó a la política en 2023, directamente en La Libertad Avanza. Ya en esa oportunidad fue candidata suplente para el Senado, pero el provincial, por el departamento de Paraná, donde vive desde que era niña, aunque nació en Gualeguay.
De perfil bajo, está casada y tiene dos hijos. Su esposo es apoderado de La Libertad Avanza. Tiene 840 seguidores en su cuenta de Instagram.
Joaquín Benegas Lynch

Hermano del diputado nacional Bertie Benegas Lynch, e hijo del economista Alberto Benegas Lynch, una figura de referencia histórica para Javier Milei; un pionero del pensamiento liberal en el país, y parte de una tradición que el presidente busca reivindicar y continuar desde la presidencia. Joaquín Benegas Lynch es empresario y miembro de Liberty International, una organización libertaria educativa y de redes sin fines de lucro, con sede en Dallas, Texas.
Licenciado en Administración de Empresas, vive desde 2007 en La Paz, Entre Ríos, donde fundó Glocal Terra, una empresa que se dedica a asesorar inversores y administrar campos. Entrevistado por Infobae, definió al Congreso como “un piquete que no permite que los beneficios de la transformación lleguen a todos”. Sostiene también que los senadores y diputados actuales “van en contra de los argentinos de bien” y ambas cámaras están en contra “del laburante y el sector privado”.
Tiene 5 hijos, es hincha de Racing y es guitarrista de “La Banda Liberal”, en la que su hermano Bertie toca la batería, que acompañó a Javier Milei durante el show en el Luna Park en mayo de 2024, y ya como “Banda Presidencial” secundó al presidente en el show del Movistar Arena, previo a las elecciones del 26 de octubre.
Patricia Bullrich

Es, por lejos la nueva senadora oficialista que llega al cargo con más pergaminos políticos, habiendo sido candidata presidencial de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Es actualmente ministra de Seguridad, cargo que ocupó también durante la gestión de Cambiemos, y fue también ministra de Trabajo durante el Gobierno de Fernando de la Rúa.
Con mucha experiencia legislativa, fue durante tres períodos diputada nacional (entre 1993 y 1997, y desde 2007 a 2015).
En los 70 tuvo militancia en la Juventud Peronista y a lo largo de su carrera política pasó por múltiples espacios: el Partido Justicialista, la Alianza, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y el Pro, que llegó a presidir. Ahora está afiliada a La Libertad Avanza y también fundó su propio partido: Unión por Todos, que luego pasó a denominar Unión por la Libertad.
Tiene 69 años y es doctora en Ciencia Política.
Pablo Cervi

De origen radical, Pablo Cervi es ingeniero agrónomo y desde 2021 ocupa una banca en la Cámara de Diputados, adonde llegó a través de las listas de Cambia Neuquén (dentro de Juntos por el Cambio), por la Unión Cívica Radical, aunque hoy forma parte del bloque Liga del Interior, producto de su acercamiento a La Libertad Avanza.
En 2023 fue candidato a gobernador de Neuquén, pero salió quinto, con solo el 3,88% de los votos.
En 2019 fue primer suplente en la lista de candidatos a senadores de JxC, que encabezaba el radical Horacio “Pechi” Quiroga. Ante su fallecimiento, la Junta Electoral nacional lo reemplazó por Cervi, en función de un decreto presidencial que estableció que, en caso de reemplazo de candidatos, debía primar la igualdad de género. Pero la justicia terminó avalando el reclamo de Lucila Crexell, segunda de la lista original, para quedarse con la senaduría.
Ahora Cervi llega a la Cámara alta secundando a la libertaria Nadia Márquez. Tiene 54 años.
Agustín Coto

Llega al Senado a través de la lista de La Libertad Avanza de Tierra del Fuego, provincia donde presidía el bloque de republicanos Unidos – La Libertad Avanza en la Legislatura provincial. Nacido en Tierra del Fuego, es licenciado en Historia; pero la historia más surrealista -así la ha definido- que puede relatar es una que lo tiene como protagonista: cuando a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas y fue retenido por la policía de seguridad aeroportuaria luego de que el pasajero que se había sentado a su lado le atribuyera falsamente una amenaza de bomba. Luego de las indagatorias y averiguaciones correspondientes, él pudo viajar finalmente, no así el denunciante, de origen brasileño. En un posteo que puede encontrarse en su cuenta de X, concluye como moraleja: “Hay que evitar viajar en aviones sentado al lado de colifas”.
En 2022 fundó Republicanos TDF, y su relación con Milei viene de cuando fue su alumno en un posgrado que hizo en la Universidad de Belgrano. Fue convencional en 2022 en la Constituyente que reformó la Carta Orgánica de Ushuaia, ciudad donde nació.
Juan Cruz Godoy

Llega al Senado por la provincia del Chaco, donde encabezó la nómina junto a la vicegobernadora radical Silvana Schneider. Con 30 años de edad, será el senador más joven de la Cámara alta.
Como buen libertario, es muy crítico del rol del Estado, que a su juicio debe limitarse a definir las reglas de juego y garantizar el respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada.
Es licenciado en Administración de Empresas.
Gonzalo Guzmán Coraita

Secundó a María Emilia Orozco en la lista de candidatos en Salta. Guzmán Coraita es director de Salta Transparente, organización que integra la ROCC (Red de Organizaciones contra la Corrupción) y que es coordinada por Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional. En el ámbito público se desempeñó como asesor legislativo, y como tal es autor de proyectos de ley sobre derecho de acceso a la información pública, ética pública y transparencia y sobre regulación de la distribución y contenido de la publicidad oficial en Salta.
De profesión abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán, especialista en Derechos de Daños y miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Salta. Se desempeña como docente de dicha materia en esa casa de estudios.
Conduce el programa de TV del Colegio de Abogados de Salta que se emite por Cablevisión Salta.
Nadia Márquez

Abogada y pastora evangélica, nacida en Neuquén el 2 de febrero de 1983, Nadia Judith Márquez es una de las actuales oficialistas de la Cámara baja que dan el salto al Senado. Arrancó su carrera política como concejal en 2019, impulsada por el exgobernador Jorge Sobisch. En 2023 fue electa diputada nacional por el espacio Arriba Neuquén, y ahora llega al Senado con el 35, 6% de los votos en Neuquén.
Preside La Libertad Avanza en su provincia desde julio de este año. De fuerte perfil “pro vida”, se opone al aborto legal, al que calificó como “uno de los genocidios más grandes de la historia”. Es miembro de la iglesia bautista Jesús es Rey, y como tal es referente del sector evangélico libertario, clave en la estrategia de Javier Milei para consolidar vínculos con las iglesias.
Belén Monte de Oca

Nacida en Ushuaia, donde es actualmente concejal por esa ciudad, electa por Juntos por el Cambio, fue amenazada durante una sesión en la que se opuso a la ocupación irregular de tierras, diciéndole que se merecía que le rompieran los dientes. Como referente del Pro que era, lamentaba los roces que existían en el mismo a nivel nacional, convencida de que había que “acompañar la gestión del presidente Milei. Es el cambio o el no cambio, porque la gente dio un mensaje en las urnas y es importante que se escuche ese mensaje”.
Tiempo después alertó sobre la desintegración del partido amarillo en su provincia: “Lastimosamente quedé como única representante. El Pro está en una discusión donde está viendo poco a las provincias. Yo puedo criticar y tener mis diferencias y hace mucho tiempo que con el Pro de Tierra del Fuego no pasa nada. Frente a una próxima elección, sería bueno que se active el mecanismo y funcione como partido político. Estaremos colaborando para que eso suceda”, advertía.
Ya a principios de este año anunció que el bloque que representaba en Ushuaia dejaba de llamarse JxC-Pro para pasar a denominarse “La Libertad Avanza”, espacio al que se pasaba. Lo anunció mostrándose en una fotografía junto a Agustín Coto y Patricia Bullrich.
Agustín Monteverde

Miembro del Jockey Club, fundador de la consultora Massot / Monteverde & Asoc, junto al empresario de medios Vicente Massot, es doctor en Economía y en 2006 fue ascendido a capitán de fragada, pese a ser civil, en reconocimiento por su vinculación e identificación con “los principios y objetivos fundamentales que animan el accionar del personal superior de la Armada”.
Secundó a Patricia Bullrich en la lista de LLA para senadores en CABA, mientras que en las elecciones de 2019 integró el equipo del Frente NOS que llevó como candidato a Juan José Gómez Centurión, de quien era su principal asesor económico. Se presenta como un defensor del liberalismo económico.
María Emilia Orozco

A poco de asumir cumplirá 37 años. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, ese título le sirvió para encabezar la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, donde se le cuestionó las pocas reuniones que tuvo: este año apenas dos veces se reunió, razón por la cual la oposición llegó a amagar con su desplazamiento de la presidencia.
Integrante del partido de Alfredo Olmedo, Ahora Patria, en el que arrancó como encargada de prensa de la campaña para gobernador en 2019, y fue concejal por ese partido. Orozco es una de las espadas más filosas de La Libertad Avanza, partido al que se alió formalmente cuando en junio de 2023 firmó como candidata a diputada nacional en primer término por Ahora Libertad, la versión salteña por entonces de La Libertad Avanza.
Junto a Olmedo organizó durante esa campaña electoral un polémico sorteo diario de cien dólares.
El 26 de octubre pasado encabezó la lista de La Libertad Avanza para senadores que terminó imponiéndose, por lo que el oficialismo nacional se alzó allí con las dos bancas por la mayoría.
Lorena Villaverde

Lorena Villaverde
Nacida en San Antonio Oeste hace 51 años, María Lorena Villaverde fue electa diputada nacional en 2023 y es otra de las que este año pega el salto a la Cámara de Senadores por parte de La Libertad Avanza.
Madre de dos hijas, no concluyó la carrera de contadora pública. Se define como emprendedora, habiéndose destacado en áreas como el marketing turístico, logística portuaria, distribución de combustibles, desarrollos inmobiliarios y construcción comercial en Río Negro y Buenos Aires.
Se sumó a La Libertad Avanza en 2023, elecciones en las que fue candidata a intendenta de Las Grutas, para ser luego electa diputada nacional. En la Cámara baja llegó a presidir la Comisión de Energía.
Llega al Senado envuelta en mucha polémica, en razón de situaciones judiciales que llevaron a la oposición en el Senado a resistir su asunción en esa Cámara. Fundamentalmente por dos causas que le abrieron en Estados Unidos, vinculadas con la venta de drogas. Las causas fueron cerradas, pero le revocaron la visa. En Argentina tuvo denuncias que la involucraron con el lavado de dinero, fraudes inmobiliarios y venta irregular de terrenos, pero ella exhibe como respuesta un certificado de buena conducta con fecha de este año que la muestra “limpia”, al menos en nuestro país.
Los senadores que continúan
Bartolomé Abdala

El senador puntano es contador público nacional y presidente provisional del Senado. Su primer cargo público lo desempeñó entre 2008 y 2009, en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, encabezando el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de San Luis.
Fue diputado provincial entre 2013 y 2021 por Compromiso Federal primero y luego por Cambiemos. Como dirigente deportivo, presidió la Liga Sanluiseña de Fútbol.
En una entrevista con TN el 5 de septiembre de 2024, admitió que 13 de sus 20 asesores del Congreso estaban trabajando en su campaña para la gobernación de San Luis. “Tengo más de 15 asesores, muchos en San Luis; mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio. Son mis módulos”, dijo entonces generando gran polémica.
Carmen Alvarez Rivero

Casada y madre de cuatro hijos, la actual senadora cordobesa es empresaria, docente y analista de sistemas. Ingresó a la Cámara alta en 2021, a través de las listas de Juntos por el Cambio, secundando a Luis Juez, quien la convocó a sumarse a la política, e integró el bloque Frente Pro hasta que en noviembre pasado se incorporó a La Libertad Avanza, oficialismo al que le votó todo en estos dos años, diferenciándose muchas veces con el bloque que entonces integraba.
En el ámbito empresarial, fue presidenta y directora de Proyectos en la Fundación Civilitas, y directora comercial de Senior Consulting desde 2015.
En la Cámara alta presidió estos años la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, participando además de la Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social.
Fue protagonista de numerosas controversias, sobre todo la que se dio durante el debate por la Ley de Emergencia Pediátrica, cuando expresó: “Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”. Palabras que fueron interpretadas como un cuestionamiento al derecho universal de acceso a la salud, lo que generó un fuerte repudio de senadores como Lucía Corpacci, Guadalupe Tagliaferri y Martín Lousteau, quienes le recordaron la Constitución y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Como respuesta, Álvarez Rivero argumentó que la salud es competencia provincial y que el financiamiento nacional del Garrahan genera “ineficiencia y superposición de funciones”, aunque pidió disculpas “si mi frase ha sensibilizado a padres y pacientes”.
Ivana Arrascaeta

De perfil bajo, Ivana Arrascaeta es senadora nacional por la provincia de San Luis desde 2023. Se la vinculó en el inicio de su gestión con posibles irregularidades en afiliaciones al partido, tras presentarse listas con firmas de personas fallecidas o empleados públicos.
Recibió críticas por su baja participación legislativa y por operar bajo la influencia de su esposo, el empresario Rodolfo Negri, señalado como el verdadero poder detrás de su banca.
Ezequiel Atauche

De origen empresarial, fue el presidente del bloque de senadores oficialistas durante la primera mitad de la gestión mileísta, hasta la llegada de Patricia Bullrich al Senado, quien quedará a cargo de esa bancada.
Licenciado en Marketing por la Universidad Católica de Santiago del Estero; obtuvo un título en Desarrollo Inmobiliario de la Universidad Blas Pascal, y completó un MBA en la Universidad Torcuato Di Tella.
Desarrolló múltiples emprendimientos en los sectores de inmobiliaria, construcción, transporte, minería, software y agroindustria, fundando empresas como Tecnoblock, Meet Go On y EA Desarrollo Inmobiliario.
Presidió durante estos dos años la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y fue elegido Premio Parlamentario 2024 en su primer año en la banca. En su primer año presentó 45 proyectos (21 de ley), incluyendo reformas al régimen de promoción de la economía del conocimiento, con foco en criptominería y blockchain.
Vilma Bedia

Bastante prolífica en materia de proyectos, es secretaria de las comisiones de Turismo y de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es pastora evangélica, y tuvo cuestionamientos cuando a mediados de su primer año en el Senado se difundió que había contratado en el Senado a sus tres hijos, un hermano, una sobrina y a su cuñada.
En tiempos de pandemia, mostró su oposición a la vacunación contra el Covid-19. En varios temas controvertidos en los que su bancada votó en contra, se ausentó en las votaciones.
Bruno Olivera Lucero

Representante de San Juan en el Senado, tiene 38 años y es contador y empresario. Como tal, es dueño de una franquicia de gimnasios en su provincia. Ejerció en la actividad privada el cargo de auditor interno, liderando equipos de control de gestión.
Se metió en política en 2017, como contador del partido Acción por una Democracia Nueva.
En el Senado, impulsó un proyecto para que la instrucción financiera sea obligatoria en la escuela secundaria. Firmó el plan de aumento de dietas de senadores, aunque luego declaró haberse equivocado.
Al defender la reforma laboral, sostuvo que “si a algún trabajador no le cierra, puede conseguir otro empleo”.
Juan Carlos Pagotto

Recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, es propietario del estudio jurídico Pagotto & Asociados. Procurador y abogado, tenía experiencia política antes de llegar al Senado, pues fue constituyente entre 1985 y 1986. Hoy preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Pagotto es menemista, al punto tal de resaltar de Javier Milei que “es el único que reivindica la obra de gobierno de Carlos Saúl Menem”, y sostiene que “la Argentina estuvo entre los primeros lugares del proyecto mundial en el gobierno de Menem”.
En 2013 participó en el juicio llevado a cabo por la Cámara Federal de Córdoba por las apelaciones a los procesamientos en una causa en la que se encontraban imputados, entre otros, Jorge Rafael Videla y Luciano B. Menéndez, y actuó como defensor del exjuez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganem. En ese marco, dijo que todas las fuerzas de seguridad estaban bajo las órdenes de las fuerzas armadas y al juez que él defendía se le comunicaba la detención una vez que ya estaba hecha. En ese contexto se preguntó cómo se le podía endilgar a alguien la privación ilegal de la libertad cuando al juez ya le llegaban detenidos. Sobre Ganem, dijo que era un simple oficial escribiente y aseguró que no existían pruebas en contra de él, por lo que solicitó la nulidad de la resolución.
También defendió al ex oficial de la Armada Angel Ricardo Pezzetta, acusado por el asesinato de dos curas.
Dice que siempre militó en el justicialismo, partido al que acusa de haber sido un gran expulsor de militantes. Se siente “muy identificado con Milei” y definió en su momento a Patricia Bullrich como “la montonerita buena”.
Francisco Paoltroni

Arrancó con el pie izquierdo en el Senado, cuando fue anunciado originalmente como presidente provisional del Senado, aunque luego el cargo quedó para el puntano Bartolomé Abdala. El oficialismo lo compensó con la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no tardó en mostrar diferencias en su bancada, distanciándose públicamente de Santiago Caputo, con fuertes críticas al nombramiento de Ariel Lijo en la Corte. Eso derivó en su expulsión de La Libertad Avanza, por lo que formó el monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”.
Es el quinto de seis hermanos, hijo de una familia de pequeños productores agropecuarios. Cursó Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional del Centro y en la extensión de La Plata, sin poder finalizar por dificultades económicas. Posteriormente obtuvo títulos de martillero público, tasador y corredor de comercio en la Universidad Nacional del Litoral.
Fundó cuatro empresas agropecuarias en Formosa: Los Angelitos SRL, Ganaderos de Formosa SRL, CSI SRL, El Divisadero SRL.
En 2021 fundó el partido Libertad, Trabajo y Progreso para enfrentar al gobernador Gildo Insfrán en Formosa. El mandatario de su provincia es su obsesión y no hay discurso en el Senado en el que no lo incluya.
Antes de las elecciones había comenzado a restablecer la relación con el oficialismo, volviéndolo a acompañar en las votaciones, y finalmente regresó al bloque libertario, calificando su salida del bloque como “momentánea”. En sus palabras, “fue una amarilla en el rugby”.
La saliente ministra de Seguridad y futura jefa del bloque oficialista en el Senado se refirió a la situación de la rionegrina, quien fue objetada por la oposición y su destino se definirá en la jura de este viernes.
La saliente ministra de Seguridad y futura jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, defendió este martes a Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza, cuyo pliego la oposición objetó la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
"Nosotros partimos de una premisa que es la que siempre ha llevado adelante el Senado y en todos los casos, de que las personas, para poder ser expulsadas de un cuerpo, o para no entrar, tienen que tener una condena, y no es el caso de Villaverde. Hay mucho ruido y pocas nueces", expresó en relación a la rionegrina, criticada por supuestos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, extraditado a Estados Unidos por estar acusado por narcotráfico y lavado.
Durante una conferencia de prensa que brindó tras la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones, acompañada por su sucesora Alejandra Monteoliva, Bullrich resaltó que Villaverde "ha sido elegida por el pueblo de Río Negro, y ratificada por la Legislatura provincial, no tiene ninguna causa y su certificado de antecedentes la pone en el lugar de inocentes".
"No tiene ni siquiera ninguna causa vigente", insistió sobre la hoy diputada nacional, que hace 23 años atrás fue detenida en Estados Unidos por haber querido ingresar con 400 gramos de cocaína.
Para la funcionaria, en Argentina "muchas veces se ha querido juzgar a alguien inocente porque es de un partido político distinto". "Es una impugnación política, está bien, la hacen, pero no tienen mucho sentido", consideró y confesó desconocer cómo resultará la votación para la aprobación o no de la incorporación de la rionegrina al cuerpo. "Los números los veremos el viernes", dijo respecto al día que está prevista la jura.
La futura presidenta de LLA en el Senado afirmó que "la Constitución es muy clara: las únicas razones para impugnar a una persona tienen que hacerse antes de su designación y de su votación".
Luego, lanzó: "En la misma situación que Villaverde están (Jorge) Capitanich y (Martín) Soria", senadores electos por el peronismo. Sobre el exgobernador chaqueño le atribuyó “la participación no directa, pero sí en el montaje de todo lo que fue la estructura del clan Sena, que terminó en el brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski".
En tanto, sobre el exministro de Justicia y actual diputado, quien le ganó por poco más de 2.000 votos a Villaverde, Bullrich señaló que "tiene una causa bastante brava que fue la falsificación de la firma de su padre, luego de que este fuera asesinado por su madre, en un caso delicado”, en referencia a Carlos Soria.
No obstante, la senadora electa finalizó: "Espero que todos los que han sido electos por el pueblo puedan asumir sus funciones".
La ministra de Seguridad, que asumirá como senadora y jefa del bloque oficialista, se prepara para ordenar a los libertarios en un Senado más accesible y proyecta su futuro político. Santilli también mueve fichas para suceder a Kicillof. En paralelo, el Gobierno apuesta a consolidar poder legislativo y capitalizar el acuerdo con EE.UU. como señal de gobernabilidad.
El sistema que se usa con los funcionarios que concurren a las comisiones, o incluso cuando los jefes de Gabinete van a las cámaras para brindar sus informes de gestión, consiste en formular tandas de preguntas que luego el interrogado responderá. Se hace así por varios factores: 1) acelerar los tiempos; 2) evitar un diálogo entre el legislador y el funcionario; 3) que no se note tanto cuando hay preguntas que quedan sin responder; y 4) darles tiempo a los colaboradores a elaborar las respuestas.
Patricia Bullrich es de las pocas integrantes del Gabinete mileísta que van al Congreso, y hace pocos días, cuando lo hizo por última vez en su condición de funcionaria -para exponer sobre el Presupuesto 2026-, fue respondiendo pregunta por pregunta. Por un lado, porque no tenía miedo de que le fueran a preguntar nada que no supiese cómo contestar; y por el otro, es que en el ámbito legislativo se siente como pez en el agua: fue 12 años diputada nacional. Ahora le toca volver al Congreso, ahora como senadora.
La todavía ministra de Seguridad es de aquellos políticos que parecen hechos para el Ejecutivo. Sin embargo, cuando fue designada por Mauricio Macri para encargarse de la seguridad nacional, se notaba que hubiera preferido seguir en el legislativo. Tal vez porque su anterior paso por un ministerio había sido controvertido (la cartera laboral, en tiempos de De la Rúa), pero lo dejó entrever el 12 de abril de 2016, cuando fue al Congreso para recibir uno de los Premios Parlamentario correspondientes al año anterior al que se había hecho acreedora y ante un colmado Salón Azul se sinceró comentando que le hubiera gustado “poder hacer mi tercer mandato (como legisladora) y estar del otro lado”. Transitaba entonces sus primeros meses al frente de una cartera muy complicada de la que terminó saliendo airosa y desde la que pudo cimentar un prestigio tal que le sirvió para ser luego candidata presidencial. Y más tarde volver a ser convocada para ocuparse de esas mismas funciones.
Mal no le ha ido, pues acaba de ganar las elecciones en CABA por el 50% de los votos. Formalmente asumirá el 10 de diciembre como senadora nacional, pero ya oficia como virtual jefa del bloque oficialista del Senado, y como tal se reunió el viernes pasado con la vicepresidenta Victoria Villarruel, enemiga declarada de los hermanos Milei, aunque ella no se autoperciba como tal.
Bullrich ha ido varias veces al Senado en las últimas semanas. Ya tuvo por lo menos dos reuniones con el bloque que comandará, por decisión propia y pedido del oficialismo, que la eligió para “ordenar” el papel de los libertarios en un ámbito históricamente adverso para todo “no peronismo”, aunque esta vez el peronismo será una minoría como nunca antes desde 1983. Con 28 senadores y ningún aliado concreto a la vista, el futuro bloque Fuerza Patria está condenado a ser una primera minoría inocua, sin posibilidades de inquietar siquiera allí al oficialismo. Estará limitado a evitar que La Libertad Avanza pueda contar con los dos tercios, por ejemplo para designar jueces para la Corte o al procurador… sin tener que negociar antes con el kirchnerismo.
En ese contexto se moverá Patricia Bullrich, que trabajará estos dos años para ser candidata en 2027. ¿A qué? A jefa de Gobierno de CABA, lo más probable; o compañera de fórmula de Javier Milei, si se lo piden. Aunque está claro que le quedó la espina de la presidencia… pero de eso no se habla.
El Congreso no suele ser un buen escenario para promover candidaturas, sobre todo cuando se es jefe de bloque, con todo el trabajo que ello conlleva; pero en un tiempo en el que el Parlamento tiene tanta centralidad, eso puede ser muy distinto. Así las cosas, de poco le hubiese valido a Bullrich ser presidenta provisional; la potencia más presidir el bloque. Le rinde más pelearse con José Mayans, que darle la palabra al formoseño.
Otro con ánimo de revancha para 2027 es Diego Santilli. El “Colo” siente que debió haber sido hace dos años el candidato natural de Juntos por el Cambio a gobernador bonaerense, luego de haber derrotado al kirchnerismo en 2021. Sin embargo terminó enfrascado esa vez en la insólita interna del Pro que terminó perdiendo a manos de Néstor Grindetti, que le ganó por poquito, arrastrado por la figura de Patricia Bullrich. Santilli fue en cambio candidato del derrotado Horacio Rodríguez Larreta, quien no quiso saber nada cuando le propusieron que JxC llevara un candidato común a gobernador en el principal distrito del país, compartiendo en ese caso al suyo. Diego Santilli debió resignarse esa vez, pero ya no más: ahora hará lo que tenga que hacer para suceder a Kicillof en 2027.
En su caso debió dejar el Congreso, cuando como legislador se proponía caminar la provincia activamente estos dos años, promoviendo su candidatura. Ahora en cambio recorre el país para reunirse con los gobernadores, si es que no los ve directamente en la Rosada. Su papel no es sencillo: tiene tanto por hacer, mucho por ganar, pero poco para ofrecer. Eso es lo que han notado hasta ahora los mandatarios que se han reunido con él, y que se quejan de que no los llaman “a negociar”, sino a escuchar lo que el Gobierno quiere de ellos: que les voten las reformas.
No fue auspicioso por cierto el arranque de Santilli, cuando mientras él juraba le estaban vaciando la cartera. Los logros que vaya a tener -léase votos que pueda asegurar para las reformas en el Congreso- serán claves para el presidente, que es quien deberá empoderarlo en 2027.
Habiendo sido el Congreso el punto débil del Gobierno durante sus dos primeros años, el Gobierno busca allí hacerse fuerte a partir de la excelente cosecha hecha en las elecciones. Aunque pide demasiado: quiere ser -a como dé lugar- primera minoría en Diputados, de ahí que se propusiera armar interbloques para recrear una nueva mayoría. La resistencia del Pro a sumarse fue lo que llevó a que Patricia Bullrich diera la orden de que sus diputados migraran a LLA, lo que enojó tanto a Macri y al propio Cristian Ritondo, tan cercano al oficialismo como está. El partido amarillo ratificó esta semana su decisión de no hacer un interbloque con el oficialismo, y si esa decisión se mantiene, no le alcanzaría para desplazar a Fuerza Patria. Pasa que, por mucho que el Pro se haya achicado, son la cantidad que necesita LLA para que un interbloque tenga sentido; de otro modo, estaría sumando en cuentagotas y a priori no le alcanzaría.
A menos que el peronismo termine rompiéndose, alternativa cada vez más probable, cuando los santiagueños cavilan la posibilidad de hacer un bloque aparte, y los catamarqueños sumarse a un interbloque de gobernadores dialoguistas. Si unos u otros dan el portazo, a La Libertad Avanza le alcanzará con los violetas para desplazar a Fuerza Patria.
Tan importante es conseguirlo porque en esos números se decide la conformación de las comisiones, y si algo ha aprendido el mileísmo en este tiempo es que ese es un dato clave para sacar los dictámenes de mayoría o bloquear propuestas opositoras. Deseo que blanqueó esta semana la diputada Emilia Orozco, senadora electa por Salta, cuando en un reportaje dijo esperar que en 2027 ya no necesiten alianzas en el Congreso y les alcance con violetas puros; para poco después rescatar el papel del Pro (solo) porque todavía los necesitan…
Desde los bloques del medio, a los que todavía el Gobierno necesita en el Congreso, exponen sus dudas respecto del “giro dialoguista” del oficialismo. “Ganó Karina, y ya sabemos cuál es su pensamiento”, resumió ante este medio un importante miembro de la Cámara baja.
Mientras tanto, el Gobierno matiza su actualidad post electoral diagramando su futuro, en el que el acuerdo firmado con los Estados Unidos tiene un rol central. No es solo un entendimiento comercial: es una señal política que Milei busca capitalizar. El presidente lo presentó como “un primer paso hacia más apertura”, en línea con su estrategia de mostrar al país como un “caso de negocios” para atraer inversiones.
El pacto incluye beneficios para sectores como acero, aluminio y carne vacuna, pero su verdadero valor está en el mensaje: Argentina se alinea con Washington en un momento en que Milei necesita mostrar gobernabilidad y previsibilidad para que las promesas de inversión se concreten.
En los mensajes que dio, posteriores al anuncio, el mandatario argentino insistió en que la apertura comercial “nos hace más eficientes, más productivos y, consecuentemente, más ricos”, vinculando la política exterior con la expectativa social de mejores salarios. El trasfondo es claro: mientras negocia reformas internas en el Congreso, Milei busca que el frente externo refuerce su narrativa de crecimiento y estabilidad. El acuerdo, más que un punto de llegada, es una pieza en el tablero político y económico que el presidente intenta ordenar para acelerar su plan de reformas.
La vicepresidenta de la Nación mencionó cómo podría ser el inicio del tratamiento de los temas de sesiones extraordinarias. Reveló que le remarcó a Bullrich que “no tengo facultades como para obstaculizar o para de alguna manera interrumpir el ejercicio parlamentario”.
Después de haberse reunido con Patricia Bullrich en su despacho, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, expresó su parecer respecto al encuentro y la bajó el tono al conflicto entre ambas. “No tengo facultades como para obstaculizar o para de alguna manera interrumpir el ejercicio parlamentario”, deslizó la vicepresidenta ante los medios presentes.
De cara al temario de sesiones extraordinarias, adelantó en diálogo con la prensa que “la modernización laboral es un tema que les interesa (por Bullrich) y en la ‘Cámara de al lado’ el Presupuesto”. En los últimos trascendió que una posibilidad que se piensa en Casa Rosada es la de llevar las reformas y la “ley de leyes” en tratamientos paralelos en ambas cámaras.
A su vez, desdramatizó su ausencia en las reuniones de Gabinete -viene sucediendo desde finales del 2024- y se sinceró: “Por supuesto que soy parte del Gobierno nacional porque me eligieron también”. Agregó, en esa línea, que “ese tipo de susceptibilidades” no las piensa y subrayó que su labor institucional es “darles el reconocimiento a los senadores y al Senado”.
Respecto al encuentro con la ministra de Seguridad, la titular del Senado reveló que le comentó cómo es el manejo de la Cámara. “No tengo facultades como para obstaculizar o para de alguna manera interrumpir el ejercicio parlamentario. Entonces le quise hacer la aclaración a ella más que nada para lo tenga presente”, en alusión a las acusaciones vertidas sobre sesiones pasadas en las Villarruel fue señalada por el Gobierno de “colaborar” con la agenda de la oposición.
Tuvo tiempo, además, de hacer una reflexión de su gestión parlamentaria: “Siempre trabajé para que se respete la Constitución, el reglamento del Senado y haya un clima de acuerdo”, y mencionó que se lo remarcó a la senadora electa por CABA y nueva presidenta del bloque de La Libertad Avanza: “Le quise ser bien enfática en que acá tiene que primar el acuerdo”.
“Todos los acuerdos devienen de hablar, de tener una conversación cordial con todos, más allá que estés en las antípodas político-ideológicas”, remarcó Villarruel, quien también sostuvo que “a mí me gusta trabajar en un clima en el que todos podamos sentirnos cómodos y cada senador va a tener abiertas las puertas de mi despacho porque vamos a colaborar en todo lo que podamos para se sientan cómodos y reconocidos”.
Por último, Victoria Villarruel reiteró su rol institucional y concluyó: “Mi función es que se consigan las leyes que el Ejecutivo quiere mandar, pero que todo propenda en un clima de acuerdo político”. Y cerró: “Hay que descontracturar esta reunión, conversamos y nos pusimos de acuerdo a futuro”.
La senadora electa fue recibida por la vicepresidenta de la Nación por más de una hora en el Palacio Legislativo. La recuperación de la agenda parlamentaria, un trato preferencial por los temas del Gobierno nacional y el llamado a sesiones extraordinarias fueron los principales puntos del encuentro.
A menos de un mes del recambio legislativo, la senadora nacional electa y próxima jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se digirió al Senado para reunirse con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Trascendió que el encuentro sucedió en buenos términos y mermó un “clima de tregua” luego de los fuertes cruces que tuvieron ambas en los últimos meses.
La reunión se llevó a cabo en el despacho de la titular de la Cámara alta y duró poco más de una hora y veinte minutos. Al salir del Palacio Legislativo, la ministra de Seguridad reiteró que el encuentro fue en términos cordiales, pero evitó brindar detalles. Según supo parlamentario.com, la conversación con la confirmación de la fecha de sesiones extraordinarias que será oficializado en los próximos días.
Sobre la reunión, uno de los temas primordiales que la senadora electa llevó al despacho de la vicepresidenta fue la premisa de que el oficialismo recupere la agenda parlamentaria y que los temas del Gobierno "tengan trato preferencial", luego de un 2025 donde la oposición manejó el temario. Claro está, que ese pedido se relaciona directamente con la nueva composición del bloque oficialista que pasará de tener seis integrantes a 20 a partir de la jura de los nuevos legisladores.
En la reunión con la Vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado.
Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 14, 2025
Pese a la distancia entre Victoria Villarruel y el presidente de la Nación, Javier Milei, la ministra de Seguridad aseguró que se mostró "colaborativa" de cara a esta nueva etapa en el Congreso de la Nación, y agregó que "ella me explicitó que ella quiere que el gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa.".
Respecto a su cargo en el Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich confirmó que renunciará en la previa a la jura como senadora nacional. Fuentes parlamentarias mencionaron que la fecha tentativa sería el viernes 28 de noviembre a las 12.
Consultada por su nuevo rol como jefa de bancada, Bullrich señaló que "vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que salgan los proyectos del Poder Ejecutivo". Luego, remarcó que le pidió colaboración a Villarruel "dentro de su rol institucional".
Al salir del Palacio Legislativo, la actual funcionaria no reveló detalles sobre lo hablado en relación a la Presidencia Provisional de la Cámara alta, cargo que ocupa Bartolomé Abdala. En principio, no habría discrepancias en que el puntano continúe, pero eso deberá ser ratificado en febrero cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria.
La vicepresidenta recibe este viernes al mediodía en su despacho a la senadora electa y futura jefa del bloque libertario. La ministra aseguró que le pedirá a la vice que "colabore" en lo que viene en el Congreso.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibe este viernes en su despacho a la senadora electa y futura jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el primer encuentro formal tras las elecciones del 26 de octubre, que será clave para delinear la agenda legislativa de cara al período extraordinario.
El encuentro había sido confirmado por Bullrich este miércoles ante la prensa, cuando recordó que el vínculo entre el Gobierno y la presidenta del Senado “ha sido distante”, aunque adelantó que el oficialismo buscará que la vice "colabore" con la agenda legislativa en lugar de obstaculizarla.
“La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia. Ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione apoyando las ideas que representamos, las mismas por las que Villarruel ocupa ese lugar. Nuestro pedido será que nos ayude y no nos boicotee”, señaló la ministra de Seguridad, que ya se posicionó como una figura de poder en el Congreso que viene.
Además, la funcionaria, quien tuvo un duro cruce con Villarruel por las redes sociales en julio pasado, expresó que la falta de cercanía con la vice no se limita a ella, sino que “ha sido con todo el Gobierno”.
La futura titular del bloque oficialista en la Cámara alta se reunió con los integrantes del oficialismo para coordinar la agenda legislativa que comenzará el 10 de diciembre. Además, confirmó un encuentro clave con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la tensión entre ella y el presidente Javier Milei.
La senadora nacional electa Patricia Bullrich visitó una vez más este miércoles el Senado, donde mantuvo una reunión con quienes integrarán el bloque del oficialismo a partir del 10 de diciembre y estaban en el Cuerpo, conforme la tarea de organizar el trabajo legislativo que encarará desde la jefatura del bloque.
Mientras tanto confirmó que se reunirá el próximo viernes con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, con quien convivirá los próximos dos años en la Cámara que la compañera de fórmula de Javier Milei preside. Y con la que el presidente de la Nación ha roto totalmente todo vínculo desde hace meses.
Según trascendió luego de la reunión, el proyecto de reforma laboral que impulsa Casa Rosada podría ingresar por el Senado. Muy activa desde el triunfo electoral y experimentada en el Congreso, Bullrich ya ha tomado contacto con jefes y referentes de distintas bancadas de la oposición, incluido el kirchnerismo -más recientemente-, de cara a lo que viene por delante.
Sobre el encuentro con Villarruel, expresó: “Me dijeron que quería hablar conmigo, así que el viernes voy a estar ahí”.
La reunión con los senadores de la bancada que presidirá a partir de diciembre fue en el edificio Anexo del Senado. En referencia a ésta, la ministra de Seguridad posteó: “Reunimos el bloque. Estamos preparándonos para las reformas y fortaleciendo el diálogo constructivo con todos los espacios que quieren una Argentina que no pare de crecer”.
En declaraciones periodísticas, Bullrich reconoció este miércoles que el vínculo entre el Gobierno y la vicepresidenta Villarruel “ha sido distante”, aunque adelantó que el oficialismo buscará que la titular del Senado colabore con la agenda legislativa en lugar de obstaculizarla.
“La relación con Villarruel y el Gobierno ha sido de distancia… ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione apoyando las ideas que representamos, las mismas por las que Villarruel ocupa ese lugar. Nuestro pedido será que nos ayude y no nos boicotee”, señaló Bullrich.
La funcionaria aclaró que esa falta de cercanía no se limita a ella, sino que “ha sido con todo el Gobierno”.
Por otro lado, Bullrich ratificó que el oficialismo insistirá con el proyecto de “Ficha Limpia”, que busca impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos electivos.
“Creo que se va a insistir con Ficha Limpia, quedó pendiente… yo estaba convencida de que se votaba y no se votó, fue una decepción. Me llamaban y me preguntaban ‘¿qué hicieron?’, pero no sabíamos nada… fue muy feo”, relató.
Recordó que durante la campaña se comprometió a impulsar la iniciativa y lamentó la frustración ciudadana cuando el tema no se trató: “A la gente le interesa mucho. Quedó desencantada cuando no se aprobó. Yo recuerdo como el día de hoy… eran como las doce de la noche, estábamos en casa mirando la tele, todos convencidos de que se votaba, y no se votó. Fue una decepción”.
Bullrich concluyó que, pese a ese traspié, el Gobierno volverá a la carga con la propuesta: “La vamos a insistir. Sí”.
El jefe del bloque Pro de la Cámara baja salió en resguardo de su compañero y flamante ministro del Interior, a quien habían intentado quitarle esa dependencia.
El presidente del bloque de diputados del Pro, Cristian Ritondo, afirmó este martes que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “debe permanecer en el Ministerio del Interior”, argumentando que el organismo maneja “información extremadamente sensible” que requiere resguardo.
Con esta declaración, el dirigente cercano a Diego Santilli se desmarcó de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había impulsado que el Renaper pasara a la órbita de su cartera.
Aunque el traspaso fue publicado en el Boletín Oficial, fuentes oficiales confirmaron que la medida será revertida en breve, por lo que el organismo encargado de emitir DNI y pasaportes seguirá bajo la estructura del Interior.
“Hay cuestiones que me generan dudas, como el caso del Renaper. Lo digo con total honestidad: siempre fue parte del uso civil. ¿Por qué debería ir al Ministerio de Seguridad? Es algo que no comparto”, señaló Ritondo en diálogo con periodistas en Casa Rosada, tras la jura de Santilli como nuevo ministro del Interior.
El legislador recordó que durante la dictadura el Renaper estuvo bajo control de la Policía Federal, pero que en democracia volvió a Interior “porque se entendió que no debía utilizarse para seguimiento ni tareas ajenas a su función”.
“Para mí, tiene que quedar donde está”, insistió, subrayando que se trata de una discusión histórica en el país vinculada a la protección de datos personales.
Finalmente, se confirmó que tanto el Renaper como la Dirección Nacional de Migraciones continuarán bajo la órbita del Ministerio del Interior, mientras que en los próximos días se oficializará el nuevo organigrama que prevé el traslado de otras áreas a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.
La senadora electa desembarca en el Senado como jefa de bloque de La Libertad Avanza, con la misión de disciplinar a la vicepresidenta, confrontar con el formoseño y consolidar su poder en la Cámara alta.
Patricia Bullrich en su paso por Diputados, hace dos semanas, donde hizo una suerte de balance de su gestión ministerial. (Foto HCDN)
Patricia Bullrich ajusta su llegada triunfal el 10 de diciembre al Senado como jefa de bloque de La Libertad Avanza y como ariete de la Casa Rosada para acotar los movimientos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya hace tiempo fuera del partido libertario, y de quien será su par del bloque peronista, José Mayans, un alfil de Cristina Fernández de Kirchner en la Cámara alta.
Bullrich, inicialmente recelada por Karina Milei, la hermana presidencial y hoy poseedora única de todas las llaves de la Casa Rosada, fue un eje clave de la política de LLA de extinguir rápidamente las movilizaciones callejeras de los piqueteros que azotaron la ciudad de Buenos Aires en el Gobierno de Alberto Fernández y de contener todo tipo de protestas masivas.
La aún ministra de Seguridad Nacional y excandidata presidencial por el Pro en 2023 también obtuvo resultados rápidos: bajar la actividad delictiva de las pandillas vinculadas al narcotráfico en Rosario le hizo ganar fama de ser implacable y puso un pie en la consideración y estima de Milei, quien además la utilizó contra el actual titular del Pro, Mauricio Macri.
Tan es así que tras la reunión de hace dos semanas entre Milei y Macri en la residencia de Olivos, en la que el expresidente dijo que no había habido acuerdo y criticó al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Bullrich trasladó a sus diputados del bloque partidario al de La Libertad Avanza, y lo mismo hizo días después con una senadora afín.
Bullrich es implacable, como los Milei, y desde la Cámara de Senadores promete aguijonear al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el único peronista que quedó en pie tras la derrota en la elección legislativa del 26 de octubre.
Y queda la incógnita sobre en qué momento dirigirá la mirada crítica hacia el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien todo indica que competirá en dos años por ese cargo que será prioridad para LLA, así como la reelección presidencial y la gobernación bonaerense.
Otro interrogante es el cargo de presidente provisional del Senado, que tiene el puntano Bartolomé Abdala, quien el año pasado tuvo un paso en falso cuando declaró en un programa de TV que tenía empleados suyos en el Senado trabajando para su candidatura a gobernador de San Luis.
Si bien luego recompuso la relación con la Casa Rosada, a los Milei les molesta su buena relación con la vicepresidenta Villarruel, con quien ellos rompieron vínculo ya hace más de un año y ya no hay retorno posible.
Algunos rumores no confirmados, ubican para ese puesto a la senadora neuquina Nadia Márquez, para acotar junto a Bullrich los movimientos de la vicepresidenta, quien cada vez que puede castiga por redes sociales al jefe de Estado. Sin embargo fuentes libertarias consultadas relativizaron la posibilidad de un desplazamiento de Abdala y aseguraron que Nadia Márquez será secretaria Parlamentaria del bloque, cargo que hoy ostenta en la Cámara que deja.
En realidad, la dueña de todas las decisiones libertarias en la Cámara alta será Bullrich, tanto de manejo del bloque, como del espadeo con Villarruel, como del control de la presidencia provisional, que se resolverá recién en la segunda quincena de febrero próximo.
Con Mayans tiene una cuenta pendiente porque el senador peronista en septiembre pasado, en una sesión cargada de tensión, reclamó que la Cámara de Diputados promoviera el juicio político a Bullrich.
El formoseño acusó a la ministra de Seguridad Nacional de “atacar a periodistas” para tratar encubrir presuntos episodios de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
A su vez, Bullrich le había endilgado a Mayans intentar frenar el juicio de la “causa Vialidad” tras el atentado contra por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien finalmente fue condenada en ese proceso judicial a seis años de prisión.
“Solo con el imperio de la ley y sin impunidad habrá paz social”, advirtió Bullrich, quien en sus orígenes políticos militó en la Juventud Peronista.
El senador Ezequiel Atauche seguirá al mando de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Patricia Bullrich tendrá a cargo una bancada con 20 integrantes. La carta del jujeño y el mensaje para la oposición.
Luego de haber sido el presidente del bloque oficialista en la Cámara alta por dos períodos legislativos, el senador jujeño Ezequiel Atauche le cederá el lugar a Patricia Bullrich, pero seguirá, en principio, al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A través de un posteo en X, le agradeció al presidente Javier Milei y a la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei.
“En este tiempo, gracias al trabajo en equipo y a los acuerdos políticos alcanzados, pudimos avanzar en la aprobación de leyes que marcan el rumbo de transformación que propuso el presidente Javier Milei”, destacó en la publicación el senador jujeño con mandato hasta el 2029 en el Senado de la Nación. Luego, agregó que “acompañamos un proceso histórico de reformas estructurales que devolvió al país el equilibrio fiscal y sentó las bases de un Estado más eficiente, transparente y moderno”.
Ha sido un honor haber sido elegido por el Presidente @JMilei para presidir el bloque de @LLibertadAvanza en el Senado de la Nación durante estos dos años. En este tiempo, gracias al trabajo en equipo y a los acuerdos políticos alcanzados, pudimos avanzar en la aprobación de… pic.twitter.com/63MG9YX7rg
— Ezequiel Atauche (@ezeatauche) November 6, 2025
Atauche fue jefe de un bloque oficialista que contó con siete integrantes -luego fueron seis-, pero que con la colaboración de la oposición dialoguista logró la sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la Boleta Única de Papel y la suspensión de las elecciones PASO, entre otros proyectos penales que avanzaron en el Congreso de la Nación.
En el final de la carta publicada en su perfil de X, el legislador libertario hizo referencias a sus pares opositores: “Más allá de las diferencias, logramos sostener un diálogo maduro y responsable, que permitió arribar a consensos en temas trascendentales para el país. Estos dos años fueron de construcción y aprendizaje”.
Con la llegada de Patricia Bullrich y el resto de los senadores electos, La Libertad Avanza pasará de 6 miembros a tener 20 con la posibilidad latente de sumar adhesiones. Una de las premisas del oficialismo en la nueva composición de la Cámara alta es la de lograr el tercio propio que, con los aliados que integran el Pro y algunos radicales, estará garantizado.
La futura bancada oficialista contará con 20 miembros, aunque la ministra publicó una imagen sugiriendo uno más, lo que generó confusión. Mientras tanto, el Senado se prepara para una última sesión ordinaria con tensiones por la designación del nuevo secretario administrativo.
Mucho se especuló respecto del destino que tendría en el Senado la todavía ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugiriéndose la posibilidad de que pudiera ser presidenta provisional y así instalarse en la escala sucesoria. Consultada al respecto, una futura senadora nacional oficialista relativizó tal posibilidad diciendo que veía como un destino “más natural” para la excandidata presidencial la jefatura del bloque.
“La necesitamos ahí para que vaya a ordenar”, resumió la encumbrada legisladora anticipando lo que pocos días después se transformaría en una posibilidad muy concreta y que acaba de ser confirmada por la propia Patricia Bullrich.
Quien dicho sea de paso este miércoles se mostró reunida con sus pares y compañeros de bancada, anticipando el rol que ejercerá a partir del 10 de diciembre.
Un bloque que, de momento, tendrá una veintena de miembros, a pesar de que su futura presidenta posteó una foto de la reunión, junto a la sigla de La Libertad Avanza y entre paréntesis el supuesto número de miembros del bloque: “21”. Número que llamó la atención, pues por lo que hasta ahora se sabe, el bloque se anticipa con 20 miembros, a saber: los 6 libertarios originales; los 12 elegidos el 26 de octubre; más Francisco Paoltroni, que conserva su bloque Libertad, Trabajo y Progreso, pero ya ha vuelto al oficialismo, más la recientemente incorporada Carmen Álvarez Rivero, cordobesa proveniente del Pro. En total, suman 20 y no 21, como sugirió Bullrich, invocando seguramente a la chaqueña Silvana Lorena Schneider, quien ingresó también por la boleta de La Libertad Avanza, pero en alianza con los radicales que gobiernan esa provincia de la cual, dicho sea de paso, ella es vicegobernadora. Y como radical que es, irá a sumarse al bloque del partido centenario y no estará en el bloque de LLA.
Aquí están, estos son
Nombre por nombre, estos serán los miembros de La Libertad Avanza en el Senado: los puntanos Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta; los jujeños Ezequiel Atauche y Vilma Bedia; el sanjuanino Bruno Olivera Lucero y el riojano Juan Carlos Pagotto. Más el formoseño Francisco Paoltroni. Hasta ahí el plantel original de senadores libertarios.
A ellos se suman los elegidos el domingo 26 de octubre: los porteños Patricia Bullrich y Agustín Monteverde; el chaqueño Juan Cruz Godoy; los entrerrianos Joaquín Benegas Lynch y Romina María Almeida; los neuquinos Nadia Márquez y Pablo Cervi; la rionegrina Lorena Villaverde; los salteños Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y los fueguinos Agustín Coto y Belén Monte de Oca. A ellos hay que sumar a la citada cordobesa Carmen Álvarez Rivero.
Una sesión más
Según se anticipa, la Cámara alta tendría una sesión más antes de concluir el período ordinario, en la que la oposición quiere tratar el proyecto que acaba de tener dictamen, el que modifica la ley que reglamenta el uso de los decretos de necesidad y urgencia.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, ve con buenos ojos esa sesión en la que quiere designar al secretario administrativo del Senado, que sucederá a Emilio Viramonte Olmos, quien dimitió el pasado 6 de junio, justo un mes después de ser designado. Previamente había estado en ese puesto María Laura Izzo, quien se fue alegando desgaste personal y desacuerdos con decisiones administrativas, especialmente con los despidos de empleados legislativos.
Sin embargo el jefe de la principal oposición en el Senado, José Mayans, no está convencido de aprobarle el funcionario que pretende designar Villarruel, si antes no acuerda con Norberto Di Próspero, que al frente de APL está reclamando contra los despidos en esa cámara.
Diputados del FIT presentaron un proyecto para rechazar el acto encabezado por Patricia Bullrich que restituyó los nombres de Falcón y Villar a escuelas de la Policía Federal.
Diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de resolución para expresar su repudio al acto encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que se restituyeron los nombres de Coronel Ramón Falcón y Comisario General Alberto Villar a las escuelas de formación de la Policía Federal Argentina.
La iniciativa, firmada por Christian Castillo, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll, Mercedes De Mendieta y Juan Carlos Giordano, rechaza “toda forma de reivindicación o legitimación de figuras vinculadas a la represión estatal, al terrorismo de Estado y a crímenes de lesa humanidad”, y denuncia un intento de “reescribir la historia desde una perspectiva negacionista”.
En los fundamentos, los legisladores repasan el rol de Falcón en la represión de protestas obreras a comienzos del siglo XX, y el de Villar como organizador del terrorismo paraestatal en los años previos a la última dictadura, incluyendo su participación en la creación de la Triple A. El proyecto también expresa solidaridad con las víctimas del accionar represivo estatal y con los organismos de derechos humanos.
La Presidencia Provisional de la Cámara alta sería nuevamente para el puntano Bartolomé Abdala. El bloque de La Libertad Avanza está por sumar una nueva integrante. Los contrapuntos del pasado entre la senadora nacional electa y la vicepresidenta de la Nación.
Luego de resultar senadora nacional electa por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich se prepara para dejar el Ministerio de Seguridad de la Nación y arribar al Congreso. Desde que se conoció su candidatura se especuló con que la funcionaria pudiera ocupar el cargo de presidenta provisional de la Cámara alta. Sin embargo, trascendió en las últimas horas que su rol sería el de ocupar la presidencia del bloque oficialista.
Enfrentada a Victoria Villarruel, por fuera del rechazo hacia la vicepresidenta desde Casa Rosada, la funcionaria envío a dos emisarios suyos para que analicen el terreno al que Bullrich llegará a partir de diciembre, según informó La Nación. Del mismo modo, se prevé que la senadora electa pueda reunirse -o al menos sus representantes- con la titular de la Cámara alta en la previa al recambio legislativo.
En el caso de que Ezequiel Atauche ceda su lugar en la titularidad del bloque, Bullrich estará a cargo de una bancada con, por ahora, 19 integrantes. Aunque es cierto que hay muchos aliados que no se pasarían de bancada, pero apoyarán al oficialismo en el recinto sin mayores reparos. A los 6 legisladores elegidos en 2023, se sumarán los 13 senadores electos en las elecciones del pasado 26 de octubre.
Además, este lunes la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero firmó su afiliación a La Libertad Avanza, por lo que su pase dentro del Cuerpo es un hecho. Cabe recordar que la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta se ha alineado al oficialismo durante el 2025, aunque permanecía en el bloque Pro.

Álvarez Rivero junto a Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca , diputados nacionales y referentes libertarios en Córdoba
Respecto a la Presidencia Provisional del Senado, Bartolomé Abdala tendría el visto bueno para continuar en el cargo. En un principio, se especuló que la llegada de Bullrich era para ocupar el rol de ser la segunda en la línea sucesoria, sin embargo, desde Unión por la Patria dejaron trascender que no iban a acompañar la moción en la próxima sesión preparatoria. No obstante, referentes del principal interbloque opositor mencionaron a este medio que no se opondrán a la reelección del puntano.
La mala relación entre la ministra de Seguridad y la vicepresidenta de la Nación comenzó en la conformación del Gabinete nacional de Javier Milei. Luego de que Villarruel acompañara al libertario en la fórmula presidencial, el apoyo de la entonces titular del Pro generó que los nuevos aliados se hayan quedado con Seguridad y Defensa, dos carteras que originalmente iban a quedar bajo el ojo de la presidenta del Senado.
Después de varias idas y vueltas, la crítica de la vicepresidenta a Bullrich por la gestión gubernamental respecto a la detención de Nahuel Gallo, gendarme apresado hace más de un año en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro.
El punto más caliente de la pelea se dio el pasado 10 de julio en la primera sesión ordinaria de la Cámara alta. Primero, Bullrich posteó en X: “Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”.
Luego, la respuesta de Villarruel: “La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere, porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”.
Patricia Bullrich fue objeto de críticas tras su intervención en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde abordó el caso de Fred Machado, un acusado de narcotráfico y vinculado a José Luis Espert. El diputado K acusó a Bullrich de emplear las fuerzas de seguridad con fines políticos, cuestionando su gestión en este affaire que ha generado controversia.
Durante su exposición de este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue interrogada en torno a Fred Machado, acusado de narcotráfico y por ser extraditado a los Estados Unidos. En ese marco, la funcionaria se refirió a un informe de 2021 elaborado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DINIC), el cual detallaba las actividades de Machado y sugería su colaboración en la campaña electoral de 2019.
La ministra señaló que, ante la falta de judicialización de esta información por parte del entonces director de la DINIC, se inició un expediente administrativo contra él. Además, mencionó otro informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que revelaba que un empleado civil tenía acceso a un vehículo de Machado, lo que derivó en nuevas investigaciones y acciones legales.
Extitular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el diputado José Glisnki replicó estas afirmaciones, argumentando que Bullrich distorsionaba los hechos. Aseguró que los informes mencionados formaban parte de una investigación internacional en la que participaron la Homeland Security de Estados Unidos y la PROCUNAR argentina, y que culminaron con la detención de Machado el mismo día en que se recibieron las alertas rojas de Interpol. "No entiendo por qué tergiversa o desconoce un trabajo profesional bien hecho y de utilidad para la causa", expresó Glinski en su cuenta de X.
El diputado también criticó la decisión de Bullrich de designar a la empleada de la PSA involucrada en el caso de Machado como secretaria del Tribunal de Disciplina de la Dirección de Control Policial de la PSA en septiembre de 2024, lo que, a su juicio, refleja una falta de rigor en su administración. "Usted misma la designó a pesar de que la justicia ya contaba con esa información", remarcó.
El caso de Fred Machado ha generado tensiones políticas, especialmente debido a su relación con José Luis Espert, cuyo nombre ha sido mencionado en el contexto de las investigaciones. Bullrich, quien asumió su cargo actual bajo la presidencia de Javier Milei, ha hecho hincapié en una política de mano dura contra el crimen y el narcotráfico, pero las críticas de Glinski sugieren que su enfoque podría estar más orientado a intereses políticos que a la eficacia en la lucha contra el delito.
Fue ante un planteo que le hizo Mercedes de Mendieta sobre un supuesto aumento de los casos de femicidios.
La diputada de izquierda Mercedes de Mendieta interpeló este martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre los femicidios, afirmando que habían recrudecido los casos de violencia de género.
En ese sentido, la diputada habló de 14 femicidios que atribuyó a fuerzas de seguridad, e incluso un transfemicidio registrado durante su gestión y citó el caso de Sofía Fernández registrado en una comisaría, donde denunció que hay 9 policías impunes, con la complicidad de la justicia”.
Bullrich le aclaró que la cifra oficial sobre femicidios en la Argentina la construye la Corte Suprema, que estableció que en 2024 hubo una baja del 9% respecto de 2023 en materia de femicidios. “La estadística de 2025 la tendremos cuando la entregue la Corte Suprema”, dijo, alertando sobre una contradicción en las cifras que, en base a organizaciones de mujeres, había dado, ya que habló de 178 femicidios, cuando “han muerto 126 mujeres en el año, y no todas por femicidios”, por lo que advirtió que “lo que plantea es tan irracional, tan poco serio… No puede haber 178 muertes si hemos tenido 126 a mitad del año… Vaya a la cifra oficial”.
“Este año la baja va a ser enorme, no lo quieren entender, no quieren aceptar que un gobierno liberal protege más a las mujeres que un gobierno como el que había antes”, lanzó, alzando la voz, y remató, ante los gritos de la diputada de izquierda: “Aprenda matemática, diputada, por favor”.
Respecto a los supuestos femicidios registrados en comisarías, la ministra aclaró que las comisarías no dependen de su cartera. “Vaya al distrito… ¿Qué distrito es? ¿Provincia de Buenos Aires? Vaya a hablar con el gobernador y el ministro, y la comisaría, no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad nacional”.
Y ante la insistencia de las diputadas de izquierda sobre femicidios (se había sumado a los gritos Vilma Ripoll), Bullrich desafió: “Ustedes quieren que haya femicidios, porque oponen una cifra que no existe… Acéptenlo: un gobierno liberal baja femcidios, acéptenlo… No les entra en la cabeza, ¡acéptenlo!”.
Luego fue didáctica: “Si murieron 126 mujeres de las cuales pongámosle que el 30% son por femicidio, y usted me dice que hay 178 femicidios, no sé, serán de otro país… Es imposible lo que usted me plantea”.
“A fin de año voy a estar enfrente, cuando venga el número de la Corte Suprema lo analizamos. Pero las organizaciones de mujeres cuentan mal, ¿qué quiere que haga?”.
Sin posibilidad de responder en la comisión, De Mendieta emitió más tarde un comunicado. “La que no sabe contar es usted y nos matan todos los días”, le contestó a Bullrich y expresó: "La ministra mostró su carácter negacionista y provocador diciendo que las feministas no sabemos contar y utilizando una maniobra usando datos de homicidios para confundir y negar el crecimiento de la violencia de género. Pero los que no quieren contar son ellos, y por eso salimos a contar nosotras y reivindicamos el trabajo de los observatorios feministas que visibilizan lo que ellos quieren negar: que en la Argentina nos matan todos los días por ser mujeres y disidencias. No es casualidad, la derecha suele tener problemas con los números. 'No fueron 30.000' o 'no hay 178 femicidios'”.
La legisladora de Izquierda Socialista se quejó que la Bullrich "no respondió si mantiene sus dichos que culpabilizan a los 'feminismos extremos' de la violencia de género y tampoco si va a continuar culpabilizando a quienes sufren violencia de género, en vez de a quienes la ejercen y defendiendo un Gobierno que presentó un proyecto de presupuesto que no pone un peso para combatir la violencia de género".