Tras trece días de incendios que azotan la Patagonia argentina, la senadora nacional Silvia Sapag por Unión por la Patria presentó tres proyectos para exigir informes sobre el manejo del fuego y la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de incendios y apuntó contra el “desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, el ajuste presupuestario y la falta de recursos”.

Sapag elevó tres iniciativas al Senado con el objetivo de obtener respuestas sobre el manejo del fuego en la Patagonia. A través de un pedido de informes, exigió al Gobierno de Javier Milei que detalle la ejecución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego y la inversión en recursos humanos y materiales.

Además, presentó un proyecto para citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar explicaciones sobre la estrategia de prevención y combate de los incendios forestales.

“El brutal ajuste del Gobierno está dejando a la Patagonia a la deriva mientras se multiplican los incendios”, advirtió Sapag. “El desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, la subejecución presupuestaria y la transferencia del manejo del fuego al área de Seguridad demuestran la completa falta de interés por proteger nuestros recursos naturales”, agregó.

En sus fundamentos, recordó que, entre enero y febrero, más de 13 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego en la región y denunció que la política de Milei y Bullrich ha generado un vaciamiento de las instituciones encargadas de la protección ambiental. “Nos están quemando la Patagonia mientras el Gobierno se lava las manos”, afirmó.

Finalmente, pidió el respaldo de sus pares para aprobar los proyectos y exigir respuestas al Ejecutivo. “El ajuste y la desregulación ambiental están destruyendo el país. No podemos permitir que la falta de control y la negligencia sigan avivando el fuego que consume nuestra Patagonia”, concluyó.

Los diputados del Frente de Izquierda, encabezados por Vanina Biasi, presentaron un proyecto para citar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que brinde explicaciones sobre el Plan Güemes anunciado el pasado 9 de diciembre en 2024.

En la iniciativa solicitan que expliquen todas las consideraciones tenidas en cuenta para la elaboración y planificación y ejecución del denominado plan; si se ha tenido en cuenta el desempleo en la región norte de Salta al momento de formularlo el PLAN GÚEMES y las medidas proyectadas para paliar o revertir esta situación.

Además, piden saber cuáles son los instrumentos legales en vigencia que se firmaron como consecuencia de la implementación del PLAN GÜEMES y cuáles son los convenios formalizados con la provincia de Salta, los municipios del norte de la provincia de Salta y con el obispado de la ciudad de Oran.

Respecto de las fuerzas de seguridad, quieren informes sobre las instrucciones y directivas dadas a las fuerzas de seguridad dependientes de Estado Nacional y la coordinación con la policía de Salta para la ejecución del plan; enumeren las unidades, secciones etc., de cada fuerza y los recursos económicos materiales y humanos que se han dispuesto al efecto; qué oficiales, sus jerarquías y sus planas mayores están a cargo.

También que adjunte los informes que cada fuerza remitió en relación a los acontecimientos ocurridos en fecha 18 de diciembre de 2024 en la cercanía del puesto 28 de la Gendarmería Nacional en la localidad de Aguas Blancas, en donde resultó muerto Fernando Gómez y gravemente heridos, Arnaldo Ariel Gareca, Bruno Franco Hualpa y Rómulo Pérez en todos los casos con heridas de balas de plomo.

El pasado 9 de diciembre de 2024 la ministra encabezó el lanzamiento del Plan Güemes en la localidad de Aguas Blancas. Según el gobierno nacional este plan es una medida “histórica” para combatir los delitos federales en la frontera norte de Salta, con foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas.

Uno de los legisladores porteños que acaban de abandonar el Pro para emigrar hacia La Libertad Avanza, Juan Pablo Arenaza, justificó este jueves la decisión tomada junto a otras dos legisladoras argumentando que Jorge Macri “no está haciendo lo que dijo que iba a hacer en la campaña”.

Hombre del riñón de Patricia Bullrich al punto tal de haber sido jefe de campaña de la hoy ministra de Seguridad, admitió que “estábamos trabajando hace ya unos meses con Pilar Ramírez, que es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, varios temas que tienen que ver con impuestos, con el tamaño del Estado de la Ciudad y lo que pasó ayer finalmente es que institucionalmente decidimos acompañar y pasarnos al bloque de LLA para acompañar lo que nosotros entendemos son los cambios que hay que hacer en la Ciudad. Que son los cambios que están ocurriendo a nivel nacional”.

“Por eso nosotros decidimos conformar un bloque más grande, para tener una voz más potente y que nuestras ideas sean escuchadas”, argumentó Arenaza.

Consultado por Radio Rivadavia sobre el diálogo con el Pro, Arenaza dijo que eso estaba muy bien. “Obviamente tenemos una relación desde hace muchos años con el presidente del bloque, que es Darío Nieto; con el vicepresidente de la Legislatura, Matíaz López, tuvimos una charla, se entendió que es una decisión política que no tiene nada que ver con la cuestión personal”.

Ante la pregunta de que siempre existieron en el Pro distintas posturas, expresadas por Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, o el propio Mauricio Macri, por lo que cuál era el sentido de cambiar de partido, Arenaza dijo que “la Argentina no es más esa que vos estás describiendo. La Argentina de ese Pro no existe más, ni el Pro ese tampoco existe más”.

Para Arenaza, “el cambio que está ocurriendo a nivel nacional y las propuestas y acciones de gobierno de Javier Milei son las propuestas y acciones de gobierno que nosotros teníamos y queríamos hacer en el Gobierno nacional. Y es lo que queremos hacer en el Gobierno de la Ciudad, que hoy no está ocurriendo”.

El legislador porteño valoró las políticas del Gobierno nacional, señalando lo que está ocurriendo a nivel de seguridad, en los temas económicos y de desregulación. “El de (Federico) Sturzenegger es el plan que habíamos construido si Patricia ganaba la elección. Sería ilógico que nosotros no apoyemos lo que dijimos en campaña que íbamos a hacer”, justificó e insistió: “Ese partido no existe más, y la Argentina como estaba planteada antes del 23, tampoco existe”.

Respecto de la permanencia de Patricia Bullrich dentro del Pro, Arenaza echó un manto de dudas al admitir que “por ahora sí sigue formando parte… por ahora sí”, y supeditó los tiempos a los momentos en cada sitio. “Nosotros creíamos que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dado que nuestra voz no ha sido escuchada, que las propuestas que nosotros teníamos, con el impuestazo que va a venir ahora a los porteños, que se votó en la Legislatura y va a empezar a llegar a partir de marzo y abril, creemos que era necesario integrar el bloque de La Libertad Avanza para que nuestra voz sea más escuchada”.

De cara al futuro de la Ciudad y ante la consulta de si buscarán con LLA terminar con la gestión del Pro, Arenaza dijo que “vamos a trabajar para que lo que está ocurriendo a nivel nacional también pase a nivel de la Ciudad”.

“Jorge Macri ganó la elección (interna) contra (Martín) Lousteau con el apoyo que recibió de Patricia Bullrich, y las propuestas que teníamos no son las cosas que están ocurriendo en la Ciudad. Habría que preguntarle a Jorge Macri porqué no está haciendo lo que dijo que iba a  hacer en la campaña: achicar el tamaño del Estado, bajar los impuestos, hacer un Estado más ágil, achicar costos”, cerró Arenaza.

Los diputados porteños que responden a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, oficializaron este miércoles su salida del bloque Vamos por Más, el oficialismo de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La movida se registró en el marco de un encuentro que tuvo presentes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la funcionaria nacional, que hasta el año pasado presidía precisamente el partido fundado por Mauricio Macri.

Mientras eso sucedía, se iniciaba una reunión clave de la mesa ejecutiva del Pro, en la que se analizaría la postura de los bloques oficialistas en extraordinarias y, fundamentalmente, el camino que emprenderán este año electoral en relación a La Libertad Avanza. Esto es, qué harán en función de su condición natural de aliados clave del Gobierno de Javier Milei, pero claramente maltratados por el oficialismo, a los ojos de los popes del partido que preside Mauricio Macri.

La ruptura del bloque Vamos por Más se daba por descontada desde hace tiempo y, de hecho, el jefe de Gobierno Jorge Macri no contaba hace rato con los votos de los diputados alineados con Bullrich. Estos ya funcionaban en sintonía con el bloque que preside María del Pilar Ramírez, que pasará ahora a contar con 8 legisladores.

Entre otras actitudes protagonizadas por los ahora libertarios se destaca el no apoyo al Presupuesto 2025, que el macrismo porteño consiguió aprobar con lo justo y el apoyo del también libertario Ramiro Marra.

Los que se van son los diputados Juan Pablo Arenaza, Silvia Imás y María Luisa González Estevarena. Los dos primeros estuvieron presentes en el acto de traspaso desde el Pro a las fuerzas del cielo, rubricado con la afiliación de estos al partido violeta. González Estevarena faltó por no encontrarse en Buenos Aires.

El hecho registrado este miércoles forma parte del operativo de desgaste que le aplica el oficialismo nacional a sus principales aliados legislativos, y que tuvo hace pocos días un escalón clave con la salida del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que para muchos ofició como una suerte de tapón dentro del Pro, y se aguardaba desde entonces que continuara el goteo hacia LLA que, para los libertarios, irá incrementándose con mayor fuerza con el correr de las semanas.

Sucederá también con los legisladores bonaerenses que responden a Patricia Bullrich. Son seis, entre diputados y senadores, que ya no forman parte en este caso de los bloques del Pro, pero se espera que también se afilien al partido presidido por Karina Milei.

Lo que todavía se sostiene es la presencia de los diputados nacionales alineados con la ministra de Seguridad, dentro del bloque que encabeza Cristian Ritondo. En este caso, está claro que la no ruptura tiene que ver con el hecho de que el Pro todavía no se ha distanciado del oficialismo nacional y, sobre todo, que el Gobierno nacional necesita de sus votos. Pero todos dan por descontado que más temprano que tarde la ruptura llegará también al Congreso de la Nación.

SUMAMOS DEFENSORES DE LA LIBERTAD

Bienvenidos a Las Fuerzas del Cielo a @JParenaza, @SilviaImas y @MGEstevarena. Hoy podemos decir con orgullo: la Ciudad es más libre gracias a @KarinaMileiOk y @PatoBullrich.

La Libertad Avanza, aunque algunos no quieran. pic.twitter.com/YYOtUSoRc6

— Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) January 29, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reavivó una vieja interna de lo que fue Juntos por el Cambio al contar que hace dos años se negó a firmar un acuerdo contra el actual presidente Javier Milei para no ir a una alianza en la campaña para las presidenciales de 2023. Un principal ex socio salió a desmentirla con dureza.

Las declaraciones de Bullrich se dieron durante una charla que tuvo con Daniel Parisini, agitador libertario conocido en redes como “El Gordo Dan”, quien ahora tiene su propio programa de entrevistas a funcionarios nacionales en el streaming Carajo.

“En varias oportunidades con Javier pensamos en ir juntos. Recuerdo que un día llegué a una reunión de Juntos por el Cambio, tarde porque venía de un viaje, y estaban firmando un documento diciendo ‘con Javier nunca nada en la vida’. Estaban (Horacio Rodríguez) Larreta, (Martín) Lousteau... Estaba (Mauricio) Macri también. Entonces yo les dije: ‘¿Qué están haciendo? Es una locura lo que están haciendo, ¿cómo van a firmar esto?’. Se armó un revuelo, yo dije: ‘Yo no estoy de acuerdo, yo soy la presidenta de Pro, no voy a firmar eso’”, aseguró la ministra.

Minutos más tarde, sus ex socios salieron a desmentirla. Puntualmente el alfil de Elisa Carrió y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien a través de un comunicado le enrostró: “La única verdad es que llegaste tarde”. “Cuánto desapego a la verdad. Miente, miente que algo quedará”, encabezó su respuesta Ferraro.

“Estimada Patricia, no puedo dejar pasar tus declaraciones porque, en su momento, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tuvimos un debate intenso sobre esto. La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde, pero llegaste al Instituto H. Arendt, donde se realizó la reunión de la Mesa Nacional en abril de 2022, cuando todavía faltaba mucho para la elección nacional. Ese día, corriste a alguien del equipo de comunicación y te pusiste a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final”, le enrostró Ferraro, con una foto en la que se la ve a Bullrich sentada en una computadora, rodeada por él, por Gerardo Morales -que era titular del radicalismo-, Laura Rodríguez Machado y Mario Negri.

Cuánto desapego a la verdad
Miente, miente que algo quedará

Estimada Patricia, no puedo dejar pasar tus declaraciones porque, en su momento, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tuvimos un debate intenso sobre esto. La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde,… https://t.co/c9VBhbM36E pic.twitter.com/hdaQNz1QJl

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 14, 2025

En ese sentido, expresó: “Nno quiero faltar al resguardo de las conversaciones que tuvimos, pero no puedo dejar de recordar lo que decías vos, tu equipo de campaña y Derek Hampton sobre Javier Milei”.

“Vos sabés que no estoy mintiendo. Tengo memoria Patricia y, al igual que vos, anotaba casi en versión taquigráfica las reuniones para tener precisión sobre lo acordado. En muchas de esas reuniones, toda la Mesa depositaba en mí la confianza -que aún agradezco- de redactar o hacer la redacción final de los comunicados. Sin embargo, en este caso, la foto demuestra que vos misma te sentaste y redactaste”, disparó Ferraro.

Así, remató: “Después, no sé qué te pasó, pero hiciste un berrinche político, y eso está más que patentado en el chat que teníamos los presidentes. Patricia, deja de agredir y de bastardear a excompañeros de Juntos por el Cambio. Si tomaste tu decisión de irte con La Libertad Avanza, hacelo tranquila y sin violencia, pero no te lleves puesta la verdad ni a quienes alguna vez compartimos espacio con vos”.

Es así: ese día, Patricia corrió a alguien del equipo de comunicación y se puso a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final. En el ínterin, hizo un chiste para distender el ambiente.

Esto es lo que redactó: “Hay actores de la vida política que…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 14, 2025

Ferraro agregó en otro posteo el escrito de la actual ministra. “Esto es lo que redactó: ‘Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo’”.

El respaldo de Milei a Bullrich

Al contrario que sus excompañeros de espacio, Milei salió a bancar a la ministra. “Definamos grandeza”, tituló el presidente, que agradeció a Bullrich por haberse sumado a su campaña para el balotaje y luego al Gobierno. “Muchas gracias por poner el interés de los argentinos por sobre lo personal. Actitudes como la suya son las que permiten que estemos haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Viva la libertad carajo”, sostuvo.

Bullrich replicó: “Gracias Presidente. Este es el tiempo de los valientes, de los que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias. Estamos escribiendo la página más importante de nuestra historia, enfrentando lo que otros no se animaron y liberando a la Argentina del yugo del pasado. ¡La libertad avanza y hace raíz porque tenemos la convicción de cambiarlo todo!”.

El senador nacional Francisco Paoltroni cruzó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien había criticado al vicepresidente, Victoria Villarruel, por el tema de las dietas de los senadores.

Villarruel se había quejado por cobrar “dos chirolas” de sueldo, en medio de las críticas por el congelamiento de las dietas de los senadores de casi 9 millones de pesos hasta marzo. Tras sus dichos, Bullrich le respondió.

"Milei es el Presidente, Villarruel, como vicepresidenta tiene que ir al Gabinete y llevar adelante las políticas del Gobierno en un lugar complicado para nosotros. Necesitábamos que empuje en el Senado para sacar las leyes que el país necesita. Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante. El que no se adapta, se va”, dijo la ministra en una entrevista con Radio Mitre.

Ante este nuevo cortocircuito, Paoltroni respaldó a la vice y apuntó en su red social de X: “Las declaraciones de la ministra Bullrich reflejan una visión totalmente autoritaria”.

Así, le recordó que “los dirigentes tienen que representar a quienes los eligieron, no ser obsecuentes y traicionar sus promesas por conveniencia política”, y remarcó que “este tipo de actitudes son una estafa al electorado y debilitan la confianza en la política”.

Este fin de semana la relación tirante entre el presidente de la Nación y quien fuera su compañera de fórmula escaló aún más, por motivo de los sueldos de la política en general y de la titular del Senado en particular. Quien no se privó de intervenir en el contrapunto fue, cuando le preguntaron, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Consultada en el programa Aire de Noticias, de Radio Mitre, la funcionaria aclaró que ella “no los pondría en el mismo nivel” al presidente y su vice. “Javier Milei es el presidente y Victoria Villarruel, como vicepresidenta, tiene que ir al gabinete, discutir las políticas de gobierno, y llevarlas adelante. Y llevarlas adelante en un lugar que es un lugar complicado para nosotros, y que nosotros necesitamos que se empuje al Senado para sacar las leyes que el país necesita”.

“Entonces, que Milei haya perdido esa posibilidad de tener una vicepresidente ordenada, que se discipline en las decisiones estratégicas del Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante”, sostuvo.

Aclaró que esa no es una pelea personal, sino que “esto es una pelea política. Si la vicepresidenta, como dijo el presidente, dice que va a congelar el sueldo a los senadores y a los 10 minutos sale y dice ‘gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción. Todos sabemos que vivimos con el sueldo del Estado como todos los argentinos viven hoy con sueldos bajos. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo”.

E insistió: “Si vos un día congelás los salarios y al otro decís ‘yo vivo con chirolas’, no lo estás haciendo por convicción, lo estás haciendo no compartiendo el fondo de la decisión del presidente, que es la austeridad total y absoluta de sus funcionarios como ejemplaridad. Porque el ejemplo es más importante que la palabra”.

“Estamos dando el ejemplo que no somos un sector privilegiado”, sintetizó la política, insistiendo en que no ve este intercambio como una pelea, “sino como una vicepresidenta que quiere tener una agenda distinta a la del presidente.

Milei dijo muy claro hacia dónde iba, los ministros vamos por ahí, el que no se adapta se va”.

Aclaró que ese no es el camino que le asigna a Villarrue, que “ha sido electa”, pero recordó que “hace pocos días ella sacó un tuit diciendo que estaba con Milei, que iba a seguir las políticas del presidente, que no se iba a ningún lado, bueno, eso es lo que tiene que hacer: adaptarse al cambio que está haciendo la Argentina”.

Ya hemos dicho que hace rato que el Gobierno está en campaña. Con toda lógica, habida cuenta de la importancia absoluta que revisten para todo gobierno no peronista las elecciones intermedias. Recordemos sino el final precipitado del Gobierno de Fernando de la Rúa, al que le soltaron la mano ni bien perdió feo sus elecciones intermedias. ¿Les suena 2001? E incluso Raúl Alfonsín, que debió irse seis meses antes, tras perder las presidenciales de 1989 que adelantó, pero -dato clave- habiendo perdido antes las elecciones de 1987, cuando los mandatos eran de 6 años y había entonces dos intermedias.

Mauricio Macri las ganó (en 2017), y se convirtió en el primer gobierno no peronista en concluir su mandato en los últimos cien años.

Con solo 39 diputados y 6 senadores, nadie podrá objetarle a los Milei que se preocupen muy anticipadamente por cómo pueda irles en las elecciones venideras. Por eso se ha especulado con la posibilidad de que haya iniciado la campaña con el Pacto de Mayo, en julio pasado; o bien el 15 de septiembre en el Congreso, cuando presentó el Presupuesto “no nato” 2025; o más cerca en el tiempo con la cadena nacional del pasado 10 de diciembre, al cumplir su primer año de gestión.

Pero si vamos a hechos concretos, el anuncio que metió de lleno a la política en modo electoral fue el anuncio del jefe de Gobierno porteño del viernes pasado, sobre el desdoblamiento electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta entonces, solo se sabía que las elecciones nacionales se realizarán el 26 de octubre del año que viene. Y que las PASO, si no las levantan, serán el 3 de agosto. Jorge Macri acaba de sumar lo que por ahora será la primera elección distrital del calendario 2025: el 6 de julio se elegirán 30 diputados porteños.

Habrá otras que se irán anunciando en el futuro inmediato, aunque no habrá tantos desdoblamientos como en elecciones ejecutivas, cuando los gobernadores buscan ponerse a resguardo del eventual arrastre que pueda llegar a tener el presidente de turno, y ahí sí adelanta la gran mayoría, como viene dándose cada vez con mayor intensidad.

El adelantamiento en la Ciudad era más que previsible y los últimos chisporroteos entre el oficialismo local y La Libertad Avanza lo hicieron irreversible. El tiro de gracia lo dio la votación de las huestes de María del Pilar Ramírez -mujer de máxima confianza de “El Jefe” Karina Milei- en contra del Presupuesto 2025 enviado por el Gobierno porteño. Ahí los Macri se convencieron de las intenciones del mileísmo de desbancarlos de la Ciudad y actuaron en consecuencia.

Mientras Mauricio Macri resuelve qué camino adoptar a nivel nacional, su primo Jorge no tuvo dudas respecto de ir a la pelea en el bastión donde el Pro nació, allá por 2005.

Y para curarse en salud adelantan las elecciones, cuestión de despegarlas del efecto arrastre que puedan llegar a tener las elecciones nacionales. Porque si bien La Libertad Avanza no tiene demasiadas figuras para ofrecer en el resto de los distritos, en la Ciudad, donde se ponen en juego además senadores, sí tiene mucho para ofrecer, y puede llegar a poner toda la artillería. De hecho, esta semana Manuel Adorni admitió que será candidato si el presidente se lo pide. Y el vocero presidencial da muy bien en las encuestas.

Además, no hay que descartar la posibilidad de que Patricia Bullrich sea también candidata en ese distrito que puede ser para La Libertad Avanza “la madre de todas las batallas”. No desvela esa posibilidad a la ministra de Seguridad, que en el Legislativo podría perder protagonismo, pero estará donde consideren necesario. Y pensándose en 2027 candidata a jefa de Gobierno o compañera de fórmula de Milei para la reelección.

Dato al margen: en 2021 Bullrich quería encabezar la lista legislativa porteña, y el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta hizo todo lo posible para impedirlo, pues en tren de independizarse de Mauricio Macri quería apropiarse de los eventuales triunfos de JxC en CABA y provincia de Buenos Aires, donde puso candidatos propios. La convenció a María Eugenia Vidal de encabezar en la Ciudad, pero la exgobernadora terminó haciendo una elección apenas discreta -para las expectativas del Pro- y en la provincia el candidato fue Diego Santilli, que a pesar de haber ganado, dos años después tuvo que ir a una interna fratricida que perdió. A Bullrich, Larreta la convenció de que se reservara para ser precandidata presidencial en 2023, cosa que fue mortal para él, pues ella lo venció.

Otro dato imperdible: hoy abanderada de la derogación de las PASO, en 2023 Patricia Bullrich fue la que más bregó por sostenerlas, pues en ello se jugaba su destino. Nunca quiso saber nada de internas partidarias, pues en ese caso Larreta, con su aparato, se la comía con fritas. Y fue más allá al exigir pelea para todos los cargos, cuestión de generar lealtades.

Hoy eso le permite hurgar en lo que fueron las listas de Juntos por el Cambio para sumar adhesiones al nuevo oficialismo, como hizo con los “radicales peluca” a los que acompañó el jueves en la reunión con Milei.

Volvamos a las elecciones porteñas. Una derrota del Pro allí no solo sería un pésimo presagio para 2027, sino también le complicaría la vida en la Legislatura a Jorge Macri los dos años siguientes. De ahí que con su primo expresidente coincidieran en la obvia necesidad de desdoblar los comicios. Los reproches que se han hecho ante la decisión anunciada por Jorge Macri han venido fundamentalmente desde LLA. Pero si bien es cierto que nunca la Ciudad separó las elecciones legislativas de las nacionales, casi siempre lo hicieron cuando se eligió jefe de Gobierno: en 6 de las 8 elecciones desde 1996. Únicamente no desdobló la Ciudad en 2019 y 2023, para acompañar en ambos casos la estrategia nacional del fenecido Juntos por el Cambio.

La jugada tiene también sus costos y probablemente tenga que resignarse el Pro ahora a apoyar la estrategia del Gobierno de eliminar las PASO a nivel nacional. Porque resulta contradictorio que el partido amarillo pida suspenderlas para el próximo año en CABA y rechace hacer lo mismo a nivel nacional cuando la Casa Rosada lo demanda. Claro que en un caso se habla de suspensión y en el otro de derogarlas.

Como sea, el Pro se metió solito en una disyuntiva que el propio jefe de Gobierno -atento solo a sus intereses- abonó al señalar el viernes que le pidió al Gobierno nacional que también suspenda las PASO en todo el país. “Con el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes”, aseveró. ¡Chan!…

A partir de esos dichos, recobró fuerza la posibilidad de que el Gobierno avance con la eliminación de las elecciones primarias en febrero, y ya se están haciendo cuentas para verificar si con los votos del Pro -que hasta ahora hablaba de “modificarlas”, mas no eliminarlas- le alcanza al oficialismo para lograr su objetivo.

Dicen que Jorge Macri lo habló con su primo. Obvio; otros en el Congreso -donde resistían la eliminación de las PASO- piensan que en realidad Mauricio Macri siempre quiso derogarlas, a partir de lo que sucedió en 2019, cuando las elecciones de agosto adelantaron el final prematuro de su gobierno.

El Pro colaborando con La Libertad Avanza en febrero para aprobar la reforma política, remite a esas personas débiles de carácter que una y otra vez prometen que “es la última vez” que aceptan algo de quien en definitiva los domina, y una y otra vez terminan cediendo…

Esto, mientras el presidente le dio a la oposición en general y a Macri en particular un ultimátum respecto de las próximas elecciones: o juntos en todos los distritos, o separados en todos. El líder del Pro se tomó su tiempo para contestar, pero finalmente lo hizo diciendo que esa siempre había sido su posición: “Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”.

No es algo que desvele a Milei y su triángulo de hierro -sobre todo eso último-, que sigue viendo cómo se le alinean los planetas.

Pero no se limita a mirar: actúa en consecuencia, como cuando después de Navidad, invitó a los diputados radicales a visitar (otra vez) la Casa Rosada. Por lo que contaron los participantes, no se habló de nada específico, ni mucho menos surgió alguna promesa concreta. Pareció, más que nada, otra señal de fuerza de un gobierno que siente que terminó el año como nadie imaginaba que lo haría, y se dio el lujo de enviar un mensaje a sus aliados legislativos principales: casi, casi que no los necesitamos más a ustedes.

Como en los tiempos de campaña de Juntos por el Cambio, en el que se cruzaba misiles con su entonces rival en la interna presidencial, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a pegarle este sábado al ex jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. La excusa fue la fuga de presos, respecto de lo cual la funcionaria nacional culpó al ex precandidato presidencial.

“La Ciudad durante 3 años tenía que terminar una cárcel que no la terminó. Los policías tienen que cuidar a los presos, no están entrenados para eso”, señaló la ministra en referencia a la polémica abierta por las constantes fugas de presos, la última de las cuales fue hace una semana con 17 presos que escaparon de una alcaldía en Liniers.

Bullrich dijo por Radio Rivadavia que “el Tribunal Superior de la Ciudad tiene que completar la autonomía, administrarán las fuerzas y deben liberar a los policías de esta tarea”.

Y como en una jugada de billar a dos bandas, le tiró al anterior jefe de Gobierno y el actual, diciendo que “no vale políticos lavándose las manos y hacer la fácil de tirarle todo a la Policía. El hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel, generó un conjunto de presos en comisarías, esto viene de la gestión de Larreta”.

Le salió al cruce el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que a través de la red social X le dijo: “Señora ministra, le recuerdo, por si la memoria le falla, que la unidad penitenciaria de Marcos Paz no se pudo terminar, junto a otras obras, porque al Gobierno de la Ciudad, durante la gestión K de Alberto Fernández, le quitaron los fondos de coparticipación. Fondos que el gobierno que usted integra inicialmente se negó a restituir y que recién, ocho meses después, fueron objeto de un acuerdo a cuenta gotas”, advirtió el legislador nacional.

“Por otro lado, le recuerdo que a quien ahora critica, usted misma lo proponía como jefe de Gabinete”, añadió Ferraro, que completó pidiéndole a Bullrich que “deje de hacer caranchismo político y concentre todos los esfuerzos en garantizar la seguridad de los argentinos. Le deseo un feliz año y lo mejor con sus nietos en Disney. Doy fe de que es una muy buena abuela”.

La réplica de Larreta 

Pero el que tampoco se quedó callado fue Horacio Rodríguez Larreta, que directamente tildó a su exrival de mentirosa.

“PATRICIA, NO MIENTAS -arrancó en X-. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo”.

Agregó que “Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos”. Rodríguez Larreta le dijo que “la cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es FEDERAL, para presos por delitos FEDERALES, juzgados por jueces FEDERALES”.

Agregó que “la cárcel no se terminó porque el Gobierno nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de Mauricio Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse”.

“En vez de desinformar, trabajá por la seguridad de los ciudadanos, y construí la cárcel”, concluyó Larreta.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estuvo presente en la cena de fin de año de Apertura Republicana, la agrupación política liberal que tiene como referente a Patricia Bullrich, y afirmó que “en diciembre de 2024 estamos mucho mejor que en diciembre de 2023.

Asimismo, remarcó que “el esfuerzo de la sociedad está valiendo la pena, por eso somos parte del proyecto de cambio que votaron los argentinos”, y destacó que “ya no se habla de hiperinflación, corralito, default o del valor del dólar, sino de bajar impuestos, mejorar la competitividad de las empresas, abrirse al mundo y exportar”.

Bajo la idea de marcar un camino para enfrentar al gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Valenzuela señaló que “hay sectores políticos que siguen aferrados al status quo con ideas y tácticas políticas que atrasan”. También, señaló: “La recuperación está ocurriendo y es por la audacia del presidente Javier Milei en impulsar un cambio económico y político, junto con la valentía y generosidad de la ministra Bullrich”.

Luego, expresó: “Para incorporar a la Provincia en el cambio nacional es clave tener nitidez, no especular, jugársela y tener una alternativa clara al kirchnerismo. Y culminó: “Lo mismo sucede en territorio bonaerense y me estoy dedicando, en diálogo con un montón de gente de La Libertad Avanza, como Pareja, Romo y Espert, a desarrollar un proyecto para transformar Buenos Aires”.

Estuvieron presentes, además de Valenzuela y Patricia Bullrich, el diputado nacional Damián Arabia, Juan Curutchet y Carlos Pirovano.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT-U) presentó un proyecto en el Congreso exigiendo la inmediata destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ser la “máxima responsable política del asesinato de un trabajador informal, en un violento y criminal ataque por parte de la Gendarmería Nacional en el puesto 28 de la frontera norte de la Provincia de Salta, donde resultaron heridos al menos cuatro trabajadores más, dos de ellos con lesiones graves por disparos de armas de fuego”.

Biasi declaró: “El asesinato de un trabajador por parte de Gendarmería Nacional en la frontera norte de Salta es un crimen de Estado, consecuencia de una política represiva que escala sin límites y vulnera todas las garantías democráticas, hasta la propia vida. Mientras le otorgan blanqueo de capitales a los narcos, y permiten que los puertos privados de Rosario sigan siendo un colador para la droga, montan este brutal despliegue en la frontera con Bolivia, pomposamente llamado ‘Operativo Güemes’, contra los trabajadores bagalleros que pelean por su sustento día a día”.

Bullrich asesina! Presenté un proyecto para exigir la destitución de la ministra por su responsabilidad política frente al asesinato de un trabajador informal en manos de la Gendarmería Nacional en Salta durante el llamado "Operativo Güemes" con armas de fuego. Investigación y… pic.twitter.com/ASNPyeYtUr

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) December 19, 2024

“En esta zona del país cotidianamente entre 5000 y 10000 trabajadores sobreviven con el comercio fronterizo -única alternativa laboral en la zona. Es así porque se han destruido miles de puestos de trabajo con el avance de la caña de azúcar y la soja que desplazaron otros cultivos con mano de obra intensiva. El trabajador asesinado traía hojas de coca que son de venta legal en los comercios de todo el Norte argentino. De ningún modo era un narcotraficante”, explicó.

La diputada repudió también el respaldo del gobernador massista Gustavo Sáenz y denunció: “Salta está señalada por especialistas como un Estado narco. Está preso y condenado el juez federal Reynoso del distrito Oran y otros tres jueces acaban de ser destituidos, lo mismo que el intendente de Aguas Blancas, en todos los casos por complicidad con el narcotráfico. Camionetas policiales, patrulleros y ambulancias son el instrumento de enormes traslados de cocaína. A los responsables del narcotráfico hay que encontrarlos desarmando el entramado de complicidad del poder político, no militarizando la frontera para terminar asesinando a trabajadores empobrecidos”.

“La pretensión de la ministra Patricia Bullrich de presentarnos a los bagalleros como los grandes ‘narcos’ es parte de una manipulación discursiva de la realidad como la que vimos cuando acusaba a manifestantes populares de ‘terroristas’. La ministra, que es además responsable de sucesivas represiones que incluyeron actos gravísimos de violencia contra jubilados y contra una niña de 10 años, no puede quedar impune ni continuar al frente de un ministerio que reprime y asesina de esta manera”, concluyó Biasi.

La gendarmería de Milei y Bullrich asesinó a Fernando Gómez. Un trabajador condenado a la informalidad laboral como millones en la argentina.
Su familia y todo un pueblo reclaman justicia. Todo nuestro apoyo y solidaridad. pic.twitter.com/k7kbaaV3Mx

— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) December 19, 2024

Luego de buscar ponerle paños fríos a la tensa relacion que mantiene con varios de los integrantes de la Casa Rosada, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un sugerente mensaje por el que responsabiliza al Poder Ejecutivo por la detención de Nahuel Gallo: “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela”.

Desde que publicó la foto en el Estadio Diego Armando Maradona por el recital de Los Piojos de este miércoles, la presidenta del Senado mantuvo varios idas y vueltas con diferentes usuarios que le hacían preguntas.  “Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar”, cuestionó.

El mensaje borrado por Victoria Villarruel.

Así las cosas, este mensaje trae a colación uno de los primeros cortocircuitos entre Javier Milei, presidente de la Nación, y Victoria Villarruel: Uno de los primeros acuerdos entre el libertario y la nacionalista fue que, en el arribo de ambos como presidente y vice, iba a ser que la vicepresidenta sería quien designaría a los ministros de Seguridad y Defensa.

Tras el pacto entre Milei y la fórmula de Juntos por el Cambio, luego de las elecciones generales del 22 de octubre del 2023, el propio libertario, ya como jefe de Estado, optó por designar en esa área a Patricia Bullrich, en Seguridad, y a Luis Petri, en Defensa.

Horas más tarde y tras la viralización del contenido del mensaje, la titular de la Cámara alta borró el tuit y fue la propia ministra de Seguridad quien cazó el guante y emitió una dura respuesta: acusó a Villarruel de querer “juntar likes”, “hablar con total desconocimiento” y por último le enrostró la cuestión de las dietas de los senadores nacionales a valor de 9.5 millones de pesos.

Con una captura del mensaje borrado, Bullrich comenzó: “Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”.

Y siguió: “Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”.

Sra. Vicepresidente:

Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.

Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2024

En el final la ministra de Seguridad concluyó con un mensaje contundente: “Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador”.

Tras la expulsión del Senado de Edgardo Kueider que se votó este jueves en sesión, el bloque Socialista en la Cámara baja presentó un proyecto solicitando la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que brinde explicaciones con relación a “varios aspectos e irregularidades vinculadas a los hechos que involucran” al entrerriano detenido en Paraguay.

“Necesitamos que explique su sincericidio público, afirmando sobornos y compra de votos en ambas cámaras legislativas. También que dé detalles de cuáles son los controles en la frontera y cada una de las irregularidades vinculadas al suceso en torno al senador Kueider”, expresó el diputado nacional Esteban Paulón.

Cabe mencionar que previo a su detención con la suntuosa cifra en dólares sin declarar, el entonces senador Kueider, ya había cruzado cinco veces la misma frontera: “Estos viajes ‘relámpago’ de dudosa habitualidad dan indicios de un ‘modus operandi’”, manifestó el diputado.

El legislador socialista definió como “frágiles y permeables” a los operativos de control en pasos fronterizos por parte de Gendarmería Nacional. “Esta cadena de hechos no hacen otra cosa que exponer una gestión ineficiente del Ministerio de Seguridad”, concluyó Paulón.

En el proyecto solicitan información sobre “la fragilidad y permeabilidad de los operativos de control en pasos fronterizos por parte de Gendarmería Nacional, que ha quedado al descubierto a partir de las investigaciones preliminares sobre la ruta del dinero, la recurrencia de los viajes y la habitualidad de los cruces de frontera por parte de los imputados”.

“Las acciones con enfoque preventivo que se estarían llevando adelante en la frontera argentina por parte de las fuerzas de frontera.  La gravedad institucional que revisten las declaraciones de la ministra en torno a la presunta procedencia del dinero en poder del exsenador y sus afirmaciones acerca de la existencia de sobornos y compra de voluntades para la sanción de leyes en el Congreso”, agrega.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó este viernes el Palacio Legislativo, donde fue recibida por el reelecto titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el marco de un convenio para fortalecer la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. También, participó María Luján Rey, titular del Observatorio.

El presidente de la Cámara baja expresó que “la firma de este Convenio es muy importante”, y agregó: “Estamos haciendo un trabajo para que las estadísticas mejoren todos los años. Este Convenio ratifica nuestro compromiso de seguir trabajando y de seguir abriendo las puertas para que estas experiencias colaboren a futuro para mejorar las estadísticas y las víctimas tengan una mejor cobertura por parte del Estado”.

Del mismo modo, la ministra de Seguridad señaló que “hay quienes tienen causas irrecuperables, como la pérdida de un hijo o familiar, pero también han encontrado, como por ejemplo en este Observatorio, la posibilidad de armar asociaciones y darle un sentido, un nuevo propósito a la vida, que es ayudar a que Argentina no sea un país donde las víctimas terminan tiradas y los victimarios terminan salvados”.

Asimismo, añadió: “Vinimos a poner orden, justicia y a poner a las víctimas en su lugar y a los victimarios en las cárceles. Nosotros defendemos la libertad, la vida y la propiedad de las personas; con estos valores vamos con la decisión de que en Argentina las cosas cambien”.

Entre los puntos más importante del convenio se destacan: Promover la publicación de trabajos y la difusión de información específica, creando una base documental abierta a la sociedad y actualizada permanentemente; y el desarrollo de acciones que le permitan al Observatorio de víctimas de Delitos acceder al Banco de Datos en materia de delitos y seguridad en general y/o trabajos de campo, encuestas determinables a convenir por convenios específicos, seguimiento y publicación de índices y/o estadísticas de interés autorizadas por este Observatorio.

También, proponen la coordinación y el intercambio de experiencias, información e ideas entre los miembros de la Dirección General de Asuntos Prioritarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Observatorio de Víctimas de Delitos, para un correcto desempeño de las funciones asumidas, con el debido seguimiento de las autoridades de cada parte.

Además propusieron trabajar sobre las sugerencias y recomendaciones en materia de política pública, así como diseñar estrategias encaminadas a prevenir situaciones de riesgo y vulneración; organizar y participar institucionalmente en eventos y actividades vinculadas a los Derechos Humanos y Garantías de las personas víctimas de delitos, así como en toda rama del saber relacionado; e implementar campañas de concientización y capacitación con el objetivo de formar y fortalecer institucionalmente en materia de derechos humanos y garantías de las personas víctimas de delitos.

Diputados nacionales del radicalismo manifestaron su solidaridad con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ante nuevas amenazas narco, tras la difusión de un video intimidante de cuatro miembros de una banda armados y con sus rostros cubiertos. "Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar", se los escucha decir.

Al respecto, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, expresó: "Mi acompañamiento a @maxipullaro y @PatoBullrich frente a las amenazas de grupos criminales. La única manera de enfrentar este flagelo es con trabajo multidisciplinario y sin distinción política. Cuentan con mi apoyo frente al trabajo que vienen realizando para derrotar a las mafias".

"Mi solidaridad con el Gobernador de Santa Fe @maxipullaro y la Ministra @PatoBullrich por las amenazas de narco-terroristas contra sus vidas. La Argentina debe unirse para derrotar al crimen organizado y las mafias que no quieren dejarnos vivir en paz", escribió la vicepresidenta de la bancada, Karina Banfi.

En tanto, la cordobesa Soledad Carrizo expresó su "más enérgico repudio a las amenazas narco-terroristas contra la ministra @PatoBullrich y el gobernador de Santa Fe @maxipullaro". "Mi solidaridad con ellos y con todos quienes enfrentan a estas mafias. La Argentina debe unirse para derrotar al crimen organizado", añadió.

"Las amenazas contra la ministra @PatoBullrich y el gobernador @maxipullaro representan un ataque directo a la democracia y a todos los argentinos. Expresamos nuestra solidaridad y total respaldo hacia ellos. No podemos permitir que la violencia intimide a quienes enfrentan al delito. Hoy más que nunca, es necesario unir fuerzas y demostrar firmeza en la lucha contra las mafias. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a quienes defienden la justicia y la seguridad. ¡No retrocederemos!", fue el mensaje del neuquino Pablo Cervi.

Por su parte, la santacruceña Roxana Reyes aseguró que desde su provincia se unen "a la condena y al repudio frente a las amenazas contra la ministra @PatoBullrich y el gobernador de Santa Fe @maxipullaro. Este tipo de agresiones nos afectan a todos y buscan dañar nuestra democracia. Debemos mantenernos unidos y firmes para combatir el delito, sin retroceder ante los violentos". "Seguiremos comprometidos, trabajando y acompañando a quienes luchan contra las mafias. ¡Adelante!", agregó.

Desde el bloque Democracia para Siempre, su presidente, Pablo Juliano, dijo que "es angustiante despertarse en una Argentina donde los narcos amenazan a un gobernador que está combatiendo el flagelo del narcotráfico en Santa Fe. Desde el bloque @dipdemocraciaps apoyamos a @maxipullaro!".

Entre los mensajes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, publicó: "Frente a las amenazas recibidas, expreso mi total solidaridad y acompañamiento a la ministra de Seguridad, @PatoBullrich, y al Gobernador de la provincia de Santa Fe @maxipullaro. Es inaceptable atentar contra la democracia y la seguridad de los argentinos".

"Vamos a utilizar toda la fuerza de la ley para investigar y sancionar a los responsables. La justicia debe ser firme y rápida para proteger y garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos", afirmó el funcionario.

Buscando saldar un reclamo que lleva años, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, acordaron el traspaso del servicio penitenciario en el ámbito de la Capital Federal, lo que implicará que el distrito capitalino se haga responsable del cuidado de los detenidos.

Las autoridades del Gobierno porteño y del Ministerio de Seguridad de la Nación, se reunieron en la sede de dicho Ministerio, ubicada en la Av. Gelly y Obes, para comenzar a trabajar en la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.

Bullrich estuvo acompañada por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julían Curi, y la directora nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Mientras que junto a Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sanchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

Tras el encuentro, Macri explicó que “seguimos avanzando en consolidar la autonomía de la Ciudad. Con esta transferencia vamos a tener a cargo a quienes delinquen en nuestra jurisdicción” e indicó que “nos reúnen el orden y la decisión de trabajar en equipo para garantizarle seguridad a quienes viven y transitan en la Ciudad”.

La senadora nacional de Unión por la Patria Juliana di Tullio denunció penalmente este jueves al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los mensajes en contra de sindicalistas que -en la previa y el día del paro de transporte- aparecieron en pantallas de las estaciones de trenes y a través de la aplicación "Mi Argentina".

“Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134”, rezaba el texto, apuntando contra Hugo Moyano, líder de Camioneros, y su hijo Pablo Moyano, referente de la CGT; y a Pablo Biró, titular del gremio de pilotos, recientemente desplazado del directorio de Aerolíneas Argentinas.

A través de su perfil en X, Di Tullio había expresado: “El gobierno usa dinero público para mandar mensajes a nuestros celulares”. La denuncia es por la presunta comisión del delito de peculado de servicios, para lo que se solicitó que se produzcan acciones de prueba frente al uso de recursos y servicios públicos con "claros fines político-partidarios ajenos a los intereses estatales".

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana señala en su denuncia que “el uso que se otorga a los bienes y servicios abonados por el Estado Nacional para la satisfacción de los intereses públicos comprometidos en su gestión no resulta ajeno al ámbito jurisdiccional. Especialmente cuando esos recursos son empleados con fines ajenos a los estatales y más propios de la facción política de poder”.

La presentación judicial recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°4.

Este jueves, al ser consultado en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó: "Mi Argentina y las pantallas son uno de los canales de comunicación del Gobierno. Se usaron para informar a los ciudadanos sobre cómo hacer la denuncia en la línea 134 y sobre el paro político y los sindicalistas. Lo único que se hizo fue informar un dato de la realidad: quiénes estaban impulsado el paro y eran responsables de perjudicar a miles de argentinos".

"Son las mismas pantallas donde ponían que el boleto con Milei iba a estar en 1.100 pesos y que el dólar iba a estar a no sé cuánto, y que votes a (Sergio) Massa. No, nosotros no somos eso. Nosotros somos distintos. Nosotros informamos. Después puede gustarte más o menos el medio de comunicación y que nombremos a rancios de la vida política argentina", agregó.

Tal cual había adelantado, el diputado nacional Leopoldo Moreau presentó este martes a primera hora en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia penal por amenazas y coacción agravada contra Patricia Bullrich.

Así lo anunció el propio legislador kirchnerista, que anticipó de paso que por la tarde iniciaría las acciones civiles. Y lanzó en sus redes sociales: “La mercenaria de la violencia institucional no me va a ni intimidar ni ensuciar”.

Todo viene a cuento del fuerte cruce entre el diputado nacional y la ministra de Seguridad el martes en la Comisión de Presupuesto, donde la funcionaria le advirtió al legislador que tuviera “cuidado”, con esta frase de la discordia: “¿Querés que te cuente de la plata de Yabrán que cobraste vos acá, caradura?”.

De ahí que poco después el diputado subiera a sus redes un video en el que anticipaba que presentaría dos denuncias contra Bullrich: una por calumnias e injurias y otra por coacción y amenazas.

“Como se incomodó por muchísimas preguntas que le hicimos acerca de su forma de actuar, y todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter”, dijo entonces el legislador, que agregó: “En primer lugar me amenazó. Me dijo ‘tené cuidadito’. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave”.

“Y además lo hace sobre un diputado nacional, porque está coaccionando para que yo no actúe como la constitución me permite actuar. He decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y por amenazas”, agregó el legislador.

En un pasaje de su mensaje, Moreau dijo que “en aquella época, así como ella ahora es fanática de Milei, ella era fanática de (Domingo) Cavallo. Yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo en la que puse al descubierto un gran negociado que se llamó el acuerdo IBM-Banco Nación”. Agregó que “logramos la detención de los coimeros del Banco Nación que eran todos funcionarios de Cavallo. Logramos la recuperación de esa dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares”, y luego señaló que “Cavallo y sus fanáticos, entre quienes se encontraba Patricia Bullrich, para tratar de tapar eso, dijeron que eso estaba promovido por Yabrán, en el momento en que se peleaban Yabrán con Cavallo”.

Previsiblemente Patricia Bullrich no se quedó callada. Le contestó por las redes sociales con otro video. “Tu denuncia no va. Tu denuncia, al basurero”, arrancó.

Explicó la funcionaria que los ministros del Poder Ejecutivo cuentan al concurrir al Congreso con la misma inmunidad parlamentaria que los legisladores, y así lo ratificó la Corte Suprema en un fallo de 2004, justamente cuando el empresario Alfredo Yabrán quiso procesar a Domingo Cavallo, entonces ministro, por haberlo acusado de ser jefe de la mafia. Esa misma inmunidad le corresponde a la ministra de Seguridad, aclaró Bullrich.

Moreau. Ahora te voy a explicar por qué tu denuncia va a ir al tacho de basura 🗑️👇 https://t.co/kfRvxkUmm3 pic.twitter.com/njc9loEAgz

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau protagonizaron un fuerte cruce este martes durante la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Al responder a las preguntas del opositor, la funcionaria se refirió al tema del sistema de inteligencia en cárceles y recordó que se implementó durante la gestión anterior. “Expediente 82003451. Búsquelo Mena”, dijo, en alusión al exsecretario de Justicia de la Nación Juan Martín Mena. “No, Soria. Soria era el ministro”, aclararon los legisladores de UP sobre el rionegrino Martín Soria, que ahora forma parte del bloque.

“Nosotros lo que hicimos fue reforzarlo”, continuó la ministra, y alargó la confusión: “¿Quién era ministro de su gobierno? Bueno, Mena, perdón, me equivoqué. Pero usted lo puso en marcha”. 

Entre más gritos, por el mareo de Bullrich, la funcionaria continuó: “Me equivoqué de nombre. ¿Cómo te llamas, Soria? Perdón Soria, discúlpeme. El diputado Soria puso en marcha…”. Y fue en ese momento cuando Moreau le gritó “mercenaria” y la ministra estalló. 

“Pará nene, pará, pará Moreau, pará flaco. Conmigo no te la creas, pará un poquito. ¿Quién habla? Callate vos, caradura. ¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá? ¿Queres que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moreau? ¿Queres que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, caradura. Cuidado eh. Cuidadito”, disparó, provocando los aplausos de oficialistas. 

Los gritos volvieron a hacerse presentes y se escuchó un “asesina de bebés” contra la ministra, entre otros descalificativos. 

Al retomarse la exposición, Bullrich insistió: “Estoy muy de acuerdo con lo que hizo Soria de volver a poner el sistema de inteligencia porque es absolutamente fundamental tener el sistema de inteligencia penitenciario”. 

En medio de las preguntas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del debate del Presupuesto 2025, el diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Buenos Aires) se cruzó con la funcionaria cuando le preguntó por el protocolo anti-piquetes y le recordó el caso Santiago Maldonado en su anterior gestión al mando del Ministerio.

El contrapunto entre la ministra y el legislador inició cuando Bullrich se defendió de las acusaciones por el incremento en las partidas presupuestarias: “No es verdad que es el presupuesto que más se aumenta porque Capital Humano aumenta un 35% y nosotros el 19%”. En tal sentido, amplió que “es una decisión del presidente y las prioridades están claras porque hoy, la AUH está cubriendo el 95% de la pobreza (en realidad se refería la Canasta Básica de Alimentos) y en el gobierno anterior, solo el 40%”.

“Los datos dicen otra cosa ministra”, irrumpió Del Caño, comentario que despertó el regaño de José Luis Espert, en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien, enojado, reiteró que “usted no tiene uso de la palabra”. En ese momento, el legislador del FIT mencionó un recorte en materia de educación y añadió: “Hay más dinero para la represión que para la educación”.

Con relación al protocolo anti-piquetes, medida implementada por el Gobierno nacional a los pocos días de asumir, Patricia Bullrich lo defendió: “Durante 25 años salieron todos los días a la calle a impedir que los argentinos lleguen en su trabajo”, y agregó: “Hay una decisión de este gobierno de que haya orden público, que las calles no estén tomadas todos los días y nunca consideramos delincuentes a los manifestantes”.

En ese punto, la ministra de Seguridad de la Nació aportó que “en 2022 hubo 9.778 piquetes y en 2023 8.239 con costos de 494 millones de dólares”, y se vanaglorió: “En 2024 –el protocolo mencionado- permitió el ahorro de 405 millones de dólares por no tener piquetes todos los días”.

Asimismo, amplió: “Los que rompen autos, los que incendian autos, los que rompen bienes públicos ¿Qué son si no son delincuentes? Explíquemelo usted”, le refirió a Del Caño, y siguió: “Siempre distinguimos el manifestante del señor que agarra un palo, le rompe la cabeza a otra persona o que quema un auto que es un delincuente”.

Entre gritos y abucheos desde los principales bloques de la oposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, Bullrich trajo a debate lo ocurrido en el debate de la Ley de Bases cuando varios legisladores resultaron heridos en medio de los incidentes en las afueras del Congreso: “Los diputados, para mí y para la Ley Argentina, no tienen coronita, si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias”.

Respecto al caso de Santiago Maldonado, Nicolás del Caño le consultó por la pericia que se conoció en las últimas horas que afirma que “el cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado el 17 de octubre de 2017”.

En medio de gritos, Bullrich contestó que “el informe fue desechado por los 55 peritos y fue considerado insignificante porque como dice la causa, el cuerpo estuvo siempre en el mismo lugar”. “La causa se aclaró y va a seguir en el mismo lugar”, concluyó.

Por último, la funcionaria respondió sobre lo ocurrido con la niña gaseada en las afueras del Palacio Legislativo el mes pasado durante una sesión en Diputados: “Un grupo intentó entrar al Congreso y una mamá irresponsable se puso delante de la policía”. Agregó, además, que “hay un video que muestra que el gas salió de los mismos manifestantes”.

Para terminar, Bullrich señaló que “luego, un policía tira un gas y la niña estaba cubierta por una chica que no era la mamá”. “Le vamos a mostrar cuadro por cuadro que el policía no gasea a la niña y después, va a decidir la justicia”.

En una extensa presentación inicial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó que el Presupuesto 2025 prevé un aumento del 19% para el área, anunció nuevos proyectos de ley y dio una catarata de datos con los que defendió su gestión. 

Sobre las partidas que se incrementan para el año que viene, de acuerdo al plan de gastos y recursos presentado por el Gobierno, la funcionaria aseguró: “A los recursos presupuestarios los utilizaremos en renovación de camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, pistolas y armamento; y luego tecnología, que es absolutamente fundamental el día de hoy”. “¿Es mucho? No, es poco. Pero es mucho para la situación en la que estábamos y es lo que el país nos puede dar”, sostuvo. 

En su discurso, la ministra agradeció a los legisladores “el voto a las leyes que ha mandado el Ministerio de Seguridad”. “Ya tenemos un avance enorme”, manifestó al referirse a la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que servirá para “darle una respuesta real a los casos de inseguridad que tiene nuestro país”, afirmó. 

En cuanto a la media sanción de la ley antimafias, expresó: “Yo les puedo asegurar que va a ser un antes y un después en el combate al crimen organizado”. 

Además, anunció que en “los próximos días” desde el Poder Ejecutivo enviarán “una ley anti-barras para bajar la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y género”. “Esperamos sumar estas leyes a las que ya tenemos y las que hemos presentado”, continuó. 

Asimismo, se refirió a proyectos que ya fueron enviados. “Vamos por el proyecto de reiterancia y esperamos que se entienda, porque la reincidencia es la impunidad más importante que tiene nuestro país: entran y salen, entran y salen”. “El régimen penal juvenil es absolutamente imprescindible”, consideró y mencionó también al proyecto de juicio en ausencia y al proyecto “para darle una legitimidad al viejo artículo de legítima defensa, para que los agentes de seguridad en cumplimiento de su deber sientan que está protegidos por la ley y no terminen siendo los victimarios, cuando son las víctimas y los que defienden a la sociedad”. 

Bullrich destacó que para el Gobierno las prioridades son “la transformación económica y la seguridad de los argentinos”. “Nuestro eslogan es clarito: el que las hace, las paga; es un principio que nos guía y nos coloca siempre del lado de la sociedad”, aseveró. 

Para la titular de la cartera de Seguridad, el mandato dado al Gobierno es el de “reestablecer la ley y la confianza”. En ese sentido, “nuestra política de seguridad es contundente y clara en toda la Nación; defendemos a los ciudadanos y combatimos a los criminales con toda la fuerza del Estado”, dijo. 

“No es una tarea sencilla la que enfrentamos. No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueve la convicción de que sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, siguió. 

Entre los principios que guían su gestión, habló de “una lucha inquebrantable contra el narcotráfico y el crimen organizado”; el “control territorial y orden público para la preservación de nuestra soberanía”; “fortalecer y modernizar las capacidades del sistema de seguridad y penitenciario”; el “impulso de reformas normativas para dejar atrás la impunidad”; la “eliminación de burocracias que favorezcan a los criminales”; la “cooperación internacional y homologación de procedimientos policiales con otros países”; y la “modernización y reforma de la Policía Federal Argentina hacia un modelo de policía de investigación”. 

“Seguimos muchos de los planes que venían del anterior gobierno, diría prácticamente todos, sin embargo nos encontramos con muchos planes desmantelados y con un retroceso en materia de nuestra fuerza de seguridad”, señaló. 

A continuación, sobre la herencia recibida, indicó que hubo un “retroceso en el sistema de control de fronteras, con una cantidad de contenedores inutilizados”. “El 64% de los chalecos antibalas estaban vencidos, el 42% de las mil embarcaciones fuera de servicio, el 50% del parque automotor de las fuerzas obsoleto, el 50% de las aeronaves inoperativas. La Gendarmería Nacional argentina sin un solo helicóptero y un solo avión”, enumeró. 

En la catarata de datos que dio sobre lo realizado en estos diez meses, la ministra reveló que hubo “9.256 kilos de cocaína incautada, un 69,55% más que el año pasado”. “Hemos aprehendido 18.247 personas por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes)”, añadió y precisó que las investigaciones en materia de trata aumentaron un 70%. 

En otro tramo, Bullrich ponderó que se redujo un 17% la tasa de homicidios en el país. “Es una tendencia a la baja muy importante y de ser así vamos a ser el país con la tasa más baja en América del Sur”, apuntó.

En su exposición se refirió también a las acciones para prevenir atentados terroristas, el avance en la conformación de estadísticas criminales y el refuerzo en fronteras, entre otros puntos. 

“Estamos recuperando el control de Rosario”

Durante la presentación ante diputados, la funcionaria aseguró: “Estamos recuperando el control de Rosario y esto ha sido una prioridad. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución conjuntamente y hermanados con la provincia de Santa Fe”. 

“Hemos logrado algo que nadie había pensado que podía pasar en la ciudad de Rosario: las vacaciones de invierno más importante de los últimos 20 años en términos comerciales”, destacó y subrayó que hubo “una disminución del 65,03 interanual de los homicidios dolosos en toda la ciudad” y “en las zonas de despliegue de las fuerzas de seguridad un 76,92, algo inédito”. 

La titular de la cartera de Seguridad detalló que, en el combate contra el narcotráfico en la localidad santafesina, se detuvieron a 679 personas en 773 procedimientos antidroga. Además, se incautaron 260 kilos de droga, 55 mil unidades de otras sustancias incautadas, y más de 41 mil kilos de precursores químicos. 

“En Rosario no ganaron los narcos, en Rosario el Estado de Derecho se impuso al estado criminal”, resaltó. 

Antes de pasar a las preguntas de los legisladores, Bullrich le dio paso a Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, quien precisó que el aumento del presupuesto para el área está estimado para 2025 en 5,3 billones de pesos, lo que representa un 19% de incremento respecto de este año. 

Esa partida estaría distribuida en 39,85% para cajas de retiro jubilatorio y pensiones; 19,89% para Gendarmería Nacional; 14,31% para la Policía Federal Argentina; 11,12% para la Prefectura Naval Argentina; 7,52% para el Servicio Penitenciario Federal; 4,37% para el Ministerio de Seguridad; 2,89% para la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y 0,06% para el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Durante la tanda de preguntas, en las que Bullrich confrontó con diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, la ministra defendió el protocolo antipiquetes y advirtió que "los diputados no tienen coronita" y "si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias" que el resto de los manifestantes. En otro tramo, durante el cruce más fuerte de la tarde, disparó contra Leopoldo Moreau: "¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá?".

A un mes exacto de la presentación del proyecto en el Congreso de la Nación por parte del presidente Javier Milei, continuará este martes el análisis del Presupuesto 2025 y para eso ha sido convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert. Invitaron a que a partir de las 15 exponga la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuya presencia está prevista se extienda hasta las 17.30, y luego será el turno, entre las 18 y las 20.30, del director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros.

Será la continuidad de un debate del Presupuesto que arrancó el martes 8, con la presencia de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Quien no figura en el cronograma de invitados hasta el momento es el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia requiere la oposición, que insistirá con ello este martes cuando se aborde un proyecto de resolución para que se lo cite. Recordemos que en su sesión del miércoles pasado, Diputados aprobó tratar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar en tal sentido el proyecto suscripto por los diputados de Unión por la Patria Cecilia Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, Mónica Macha, Roxana Monzón, Nancy Sand, Juan Marino y Jorge Romero.

Por eso es que una hora antes de la continuidad del debate del Presupuesto se ha convocado a en la misma sala del segundo piso del Anexo C a ese plenario de Asuntos y Presupuesto para debatir la citación. El proyecto recuerda la presentación hecha por el presidente en el recinto de Diputados, algo que refieren los diputados de UP como una “puesta en escena” que “dista mucho de cumplir con los mandatos constitucionales respecto a la formación y posterior sanción del presupuesto”.

“Es el ministro de Economía quien tiene a su cargo la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional”, señala el texto, invocando el artículo 20 inciso 2 de la Ley 22.520.

Lo cierto es que ninguna ley ni reglamento establece la obligación de ningún funcionario a exponer sobre el Presupuesto. Atento a ello, el proyecto de Cecilia Moreau recuerda que “se ha hecho costumbre en los últimos años que los ministros de Economía sean quienes presenten, expliquen y respondan sobre cuestiones relativas al proyecto del Presupuesto nacional. Y, como todos sabemos, la costumbre es una fuente del derecho parlamentario. En ese sentido, han pasado por esta casa cumpliendo con ese deber casi todos los ministros de Economía en los últimos años”.

Sin embargo, el ministro Caputo no tiene ninguna intención de concurrir al Congreso a exponer sobre la ley de leyes. Eso mismo sostiene el proyecto que analizarán el martes a partir de las 14, cuando señala que “el domingo 6 de octubre el ministro Caputo, sobre su visita a esta Cámara, ha expresado textualmente en una entrevista ‘No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, yo trabajo como un perro, no voy a gastar mi tiempo para hacerle el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas’”.

“Claramente la actitud es contraria a los acuerdos mínimos que hacen al funcionamiento de las instituciones, al respeto por la República y a la división de poderes, además de un desprecio y destrato absoluto hacia nuestra calidad de representantes del pueblo”, añaden los diputados de UP, que recuerdan que “son muchos los bloques de esta cámara que consideran primordial las explicaciones del ministro y así se lo hicieron saber al presidente de la HCDN para que pudiera interceder, pedido que claramente no fue canalizado con una respuesta favorable”. Y rematan: “Es por ello que se hace imperioso que se cite al Ministro de Economía a través de un proyecto de resolución”.

De esto queda claro que surgirá de esta reunión una convocatoria al ministro, pero en definitiva estará en su voluntad la asistencia o no a la comisión.

En medio del fuerte enfrentamiento que mantuvieron Elisa Carrió y Patricia Bullrich en las redes sociales, el diputado de Vamos por Más (VxM) Facundo Del Gaiso salió a respaldar a la líder de la Coalición Cívica (CC ARI), luego de que la ministra de Seguridad Nacional la tildara de “corrupta”.

Todo comenzó cuando Bullrich acusó a Carrió de haberse beneficiado de una campaña corrupta en Juntos por el Cambio, durante el proceso electoral de 2023, después de que la líder de la CC ARI asegurara que Javier Milei se está “comiendo” a Mauricio Macri y que “compró” a la ministra.

“Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Horacio Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal. Pregonas en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria, Elisa Carrió”, lanzó con dureza la funcionaria.

Atento a los dichos de la ministra, Del Gaiso recordó: “cuando Carrió te contuvo habías sacado menos votos que Moria Casan en el 2005. Ni cambio, ni libertad. Ajustar jubilados, ajustar clase media, ajustar la educación pública, evidentemente representas eso. Y el Pro debe decidir si representa eso o construye algo diferente”.

“Cuando no sos ‘ni virus ni vitamina’, las cosas terminan mal. Año 2005 Néstor Kirchner se come a Eduardo Duhalde en las elecciones de medio término en ‘dos Pancitos” y desaparece del centro de poder. 2025 Milei en elecciones de medio término se come a Macri…”, completó.

"Yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente (...) Ella se va con el que tiene éxito. Punto. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", opinó la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le respondió y los “lilitos” le salieron al cruce.

Bullrich le contestó a través de su red social “X”: “Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal”, y arremetió: “Pregonás en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria”.

El presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, le preguntó: “¿Patricia, te piden tanto? ¿De qué convicción hablás? ¿De la misma que traicionaste en campaña con tal de aferrarte al poder?”, y le recordó: “A menos de 48 horas de la elección, ya te sentías dueña de los votos de JxC. ¿Te referís al mismo que proponías como jefe de gabinete?”.

“Con la CC y Carrió en temas de financiamiento, mejor lavate la boca”, le exigió y cerró: “Y todos sabemos que andás ofreciendo reelecciones a diestra y siniestra con tal de que apoyen el ajuste a los jubilados, universidades, y demás cosas de tu actual ‘convicción’ política”.

Su par el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, le contestó con una foto donde se la ve a Bullrich junto a Luis Petri –actual ministro de Defensa- y al excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta: “Al de la peor campaña de la historia de JxC (la que sigue fue la tuya) lo querías de Jefe de Gabinete y le ponías gente en la Ciudad. Ahora querés ser la Jefa de Gabinete de Milei. La fuerza de las convicciones. Todo feo, pero más o menos legítimo, menos tratarnos de corruptos”.

Patricia, tu ambición y sed de revancha personal nos hizo y te hizo mucho daño. Vos eras presidente del PRO y Horacio tu candidato a jefe de Gabinete en esa campaña.
Solo quiero que sepas que cuando acusas a Lilita de corrupta, vos quedas en ridículo y acá nos matamos de risa. https://t.co/n2MRwi9eQo

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) October 7, 2024

También se metió en la interna el diputado de UP Leandro Santoro: “Hola @PatoBullrich, perdón que joda. Ya que por lo visto tuvieron varias campañas corruptas y aparentemente esta última fue la peor... ¿Sabes si la financiaron con la de los Porteños?”.

El Gobierno vivió la segunda masiva manifestación en su contra el miércoles pasado con una sensación de alivio. Si bien lo sucedido no justificaba las caras de satisfacción de más de un funcionario, el balance que el “tridente de hierro” hacía en la intimidad del poder al caer la tarde del miércoles era medianamente satisfactorio.

El solo hecho de que la manifestación en favor de las universidades nacionales en la Plaza del Congreso hubiera sido menos nutrida que la del 23 de abril pasado -que verdaderamente los tomó por sorpresa y les causó impacto-, era un consuelo suficiente para quienes nerviosamente temían por lo que fuera a suceder esa tarde.

Los propios protagonistas de la marcha del 2 de octubre reconocían -sin pesar- que en la movilización de abril “no se podía caminar”, de tan apiñados que estaban; en cambio esta vez, podían circular sin mayor esfuerzo. Pero fue inocultable que el número de manifestantes fue esta vez igualmente elevado, y debe multiplicarse por la cantidad de gente que se movilizó en las principales ciudades del país.

Así y todo, por recomendación de los estrategas comunicacionales, el oficialismo evitó minimizar la movilización, y su cuestionamiento fue hacia las presencias en la misma. Ya de por sí habían celebrado cuando la CGT confirmó su participación; pero se regodearon cuando, mate en mano, Sergio Massa insistió en mostrarse en una marcha por la educación -ni qué decir cuando se abrazó con Guillermo Moreno-, y cantaron hurras cuando Cristina Kirchner alentó a las masas desde el balcón del Instituto Patria. El maltrago que pasó Martín Lousteau, con su reacción huidiza ante el atosigamiento libertario, y la intemperancia de un custodio; más el desasosiego de Horacio Rodríguez Larreta empapado por intolerantes que rechazaron su presencia, divirtieron a los popes del Gobierno.

Sonó curioso que mientras el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, expresaba un no muy convincente repudio circunstancial hacia las agresiones a dirigentes opositores, desde Olivos el presidente no paraba de likear y replicar en sus redes los episodios con Lousteau y Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, agredido durante la marcha universitaria.

Tuvo eso sí el presidente la deferencia y tacto de no publicar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario antes de la marcha, pero sí lo confirmó a través de un comunicado esa misma noche, y apareció en el Boletín Oficial ni bien el reloj alumbró un nuevo día. Desde la oposición amigable se fastidian con la falta de aplomo oficial en la materia y lamentan que no escuchan sus recomendaciones respecto de que un gobierno en minoría extrema debe ser muy cauteloso con esas herramientas institucionales que solo pueden sostener las administraciones más nutridas legislativamente hablando. No es que el veto y los DNU queden circunscriptos a gobiernos con mayorías parlamentarias, pero al menos necesitan dominar algo más de un tercio en alguna de las dos cámaras para blindarse en serio. Esa es la razón por la que a ningún gobierno se le rechazó nunca un veto.

Desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, los presidentes emitieron 191 vetos totales, ninguno de los cuales fue jamás revertido. Milei lleva dos, y este miércoles se enfrenta a la posibilidad cierta de que la Cámara baja reúna los dos tercios necesarios para rechazarlo. Si eso sucede, después deberá transitar el Senado, pero allí no tiene ninguna chance de revertir el eventual rechazo.

Los “dadores de gobernabilidad” que le recomendaron no emprender el camino del veto son los mismos a los que hoy el Gobierno intima a no ir contra el veto, so pena de ser expulsados del paraíso…

El Gobierno le habla especialmente al Pro, que ha dejado trascender que no está cómodo votando a favor del veto y en contra del financiamiento de las universidades. La réplica viene desde la misma fuerza, aunque ya todos en el partido amarillo la entienden fuera de la misma: Patricia Bullrich, que de ella hablamos, dijo en referencia al partido que ella presidió hasta hace 9 meses que “sería inconsistente” un voto a favor cuando ya lo votaron en contra.

Karina Milei y Patricia Bullrich con sus diputados provinciales en la Casa Rosada.

Párrafo aparte merece la ministra de Seguridad, que los últimos días ha dado pasos determinantes en su alejamiento del Pro. Esta semana sumó a sus diputados provinciales a la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, y es más, la formalización del pase se hizo con una foto en Casa Rosada. Pero más que eso enojó a Mauricio Macri la postura del bullrichismo durante el debate en la Legislatura porteña del Código Urbanístico, donde los legisladores que responden a la ministra se diferenciaron del oficialismo porteño denunciando un pacto con el kirchnerismo. “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno”, reprochó públicamente Macri, a través de las redes sociales. Dejando claro que la ruptura es total, Bullrich replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote (…) Yo no miento, solo revelo lo que pasó”.

Con vistas a la votación clave del miércoles, hubo un encuentro “secreto” -que igual trascendió- entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, en el que el asesor todoterreno intentó acercar posiciones de cara a la sesión sobre el veto. Parece que sin demasiado éxito, aunque no está resuelto aún cómo votarán los diputados del Pro. El exmandatario está haciendo control de daños y por eso la reunión de la semana con los senadores de su bancada. Uno de ellos, muy cercano a las posiciones del Gobierno nacional, pero que no tuvo empacho en mostrar su genuino enojo hace dos semanas cuando el bloque libertario se abstuvo a la hora de votar la emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios, ya adelantó que si el veto se discute en el Senado él votará en contra. Hablamos de Luis Juez, presidente del bloque, pese a no ser del partido.

El expresidente reunió a sus senadores en Acasusso.

Como compensación, el veto tendrá el respaldo de su comprovinciana del Pro Carmen Alvarez Rivero, muy alineada con las posturas de ajuste estricto del Gobierno nacional.

Pero para que el tema llegue al Senado, primero la oposición debe conseguir los 2/3 este miércoles, y la postura del Pro será clave. El tema será discutido en una reunión este martes. Previamente en Casa Rosada, durante la reunión de la “mesa de los lunes”, el Gobierno oteará el semblante de los representantes del Pro. También forman parte de esa mesa los diputados del MID, tres votos seguros para el oficialismo, aunque esta vez serán dos, pues su presidente, Oscar Zago, estará de viaje. “Tengo un viaje programado hace cuatro años, que ya lo cambié tres veces”, confió a este medio este diputado que hace algunos meses se fue en malos términos de la presidencia del bloque oficialista.

Para ese día, cada voto vale oro y por eso más de uno se inquietó cuando vio este viernes que Lilia Lemoine estaba en Ucrania. Muy cercana a Javier Milei, la blonda legisladora aclaró que el viaje -costeado por dos ONG- había sido informado a las autoridades de la Cámara, pero emprenderá la vuelta anticipadamente para estar sin falta el miércoles en la sesión.

El bloque Pro se reunirá un día antes para resolver si en definitiva dan libertad de acción. Por lo menos cuatro diputados no estarían dispuestos a apoyar el veto. Podrían ser suficientes; pero si la postura fuera más amplia, precipitaría el inexorable rechazo del veto. En la semana, luego de firmar el veto, Milei publicó en sus redes sociales una imagen donde puso de un lado a La Libertad Avanza y del otro al justicialismo, la UCR, la izquierda y el kirchnerismo. En el medio, trazó una grieta. Ahí falta el Pro, y la imagen sonó para algunos a advertencia. Para otros, partidarios de tomar distancia de una vez por todas, fue una señal de ninguneo.

La pregunta que muchos se hacen es si esa decisión será tomada finalmente por Mauricio Macri, quien ya ha tomado conocimiento de que en el interior del oficialismo se confiesa sin rodeos que “el enemigo es Macri”. No el kirchnerismo, mucho menos Cristina Kirchner.

Una señal confirmatoria la tuvo en ese sentido un diputado de La Libertad Avanza que durante la sesión del martes pasado tuvo un pasaje muy duro para el kirchnerismo en general -lo cual es común en los discursos libertarios-, pero terminó nombrando lapidariamente a la expresidenta. Y lo reprendieron por eso.

El único que puede mencionar a Cristina Kirchner en LLA es Javier Milei.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, más conocido como "ley antimafias", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La votación resultó con 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención.

Del texto ingresado originalmente en abril pasado al dictamen salido de comisiones hubo varias modificaciones. Incluso, sectores de la oposición dialoguista llegaron a la sesión con disidencias. Ni bien arrancó el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), informó una serie de cambios a propuesta de Encuentro Federal y otras bancadas.

La iniciativa tiene por objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original enviada por Patricia Bullrich fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.

En los cambios anunciados durante el debate, se sumó que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".

"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.

Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría. (Foto: HCDN)

Por otro lado, en el tratamiento en comisiones se modificó el artículo referido a "extinción de dominio" por "decomiso anticipado". Según el texto, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. Por propuesta del radical Manuel Aguirre, "el bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley".

A su vez, por observación del diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, se determinó que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

En el artículo 4° se estableció que en los institutos de juicio abreviado se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado, a solicitud de varios de los bloques.

El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". En los cambios en el recinto, se incorporó que esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".

Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".

La discusión en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) explicó una serie de modificaciones y reveló que todos los ministros provinciales fueron avisados del contenido. La cordobesa apuntó que se eliminarían de la lista los delitos de "amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones, y como no es la voluntad de la ley lo vamos a retirar”. También, señaló que se iban a “incorporar correcciones de la comisión interjurisdiccional entre Nación y las provincias”.

Con relación al contenido general de la ley, la bullrichista destacó que se busca “desalentar la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado -porque hacen más obras que los propios gobiernos-, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación”.

“Pensamos que solo lo íbamos a ver en las películas y uno pensaba que en Argentina no pasaba”, dijo al nombrar bandas delictivas conocidas en el país como “Los Monos” y “la banda de Mameluco Villalba”, y resaltó que utilizan “el terror como moneda corriente, la violencia y pactos de silencios con objetivos mafiosos”.

En contra del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional”. En ese punto, indicó que “viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.

"Estamos perdiendo una gran oportunidad”, lamentó el massista especialista en seguridad, y ahondó: “Hay fenómenos de crimen estructurado que requieren de nuestro mejor esfuerzo y esta ley no sigue el Protocolo de Palermo”.

Por otro lado, explicó que “en el Código Penal no está determinado qué es una mafia” y “estamos frente a una ley ni-ni: (no define) ni antimafia, ni lo que es una organización criminal". “Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar cuando para una asociación ilícita (legislación vigente) sólo se tenían que verificar tres requisitos”, detalló e insistió que es “una ley que viola el debido proceso”.

También desde UP, Eduardo Valdés cargó con una serie de críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “¿Le queremos dar super poderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados y a quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.

"Este proyecto de supuesto combate contra el crimen organizado se contrapone con el actual blanqueo impulsado por el Gobierno y aprobado hace dos meses atrás. Me opongo a un proyecto que nada tiene de abordaje integral al crimen organizado y cuyo único fin es otorgarle a Patricia Bullrich, facultades exorbitantes para actuar sobre la propiedad, intimidad y libertad de las personas”, sostuvo.

De la vereda opuesta, la legisladora Silvana Giudici (Pro) afirmó: “Desde el Pro estamos orgullosos y decididos de poder colaborar para que la Argentina sea un país distinto”. Y ratificó que su bloque “va a acompañar las políticas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra el crimen organizado”.

“Esta ley trabaja donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. Por primera vez se anunció que no hubo homicidios en Rosario, esto se logró en coordinación con el gobernador de Santa Fe. Es un rumbo para que la Argentina no vuelva hacia atrás”, añadió.

A su vez, desenfundó críticas contra las gestiones del kirchnerismo, al que responsabilizó por “el crecimiento del narcotráfico, la droga y el financiamiento ilícito de las campañas”. “Se les pasaban las mulas por delante de la PSA y cuando no se combate al narcotráfico ocurren casos como el triple crimen de General Rodríguez”, acusó Giudici.

Giudici destacó los cambios en la situación de Rosario y responsabilizó al kirchnerismo por "el crecimiento del narcotráfico" (Foto: HCDN)

A su turno, el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló esta ley “es un aporte significativo y un cambio de paradigma” porque el crimen organizado “produce hechos graves en la sociedad y avanza en el lavado de activos”. Mencionó que estas organizaciones “se consolidan en las periferias de las ciudades” de todo el país.

El legislador ponderó que fueron tomadas como ejemplo la “Ley Rico de Estados Unidos” y “la lucha contra la mafia y la tarea que llevaron a cabo los fiscales sicilianos”. En ese punto, pidió por la creación de “una fiscalía que luche contra el delito organizado para la consolidación de equipos especializados”.

Para terminar, Pichetto confirmó la eliminación de los delitos comunes del dictamen y advirtió: “Hay que mirar un poco al proceso judicial porque hay eventos que me hacen ruido y se debe hacer una investigación para ver qué jueces dieron el beneficio de juicios abreviados”. “Falta que (a narcotraficantes condenados) le den una probation”, ironizó.

En el tramo final, el santafesino Mario Barletta (UCR) ponderó el apoyo a la ley por parte del gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, quien participó del debate en comisiones. Valoró que desde su llegada a la gobernación “se establece una política que nunca antes se había dado contra el crimen organizado” y se logra que “Nación, provincia y municipio trabajen de manera coordinada, tanto con Rosario como con la capital de Santa Fe”. 

“Nunca antes se trabajó en el Sistema Penitenciario” donde “prácticamente eran oficinas de lujo para que los narcos” se organizaran para seguir delinquiendo, subrayó. “Se trabajó con la policía, no sólo en equipamiento sino también en formación”, añadió sobre la gestión de Pullaro. El radical aclaró que “falta mucho, nunca se termina con la lucha contra el crimen organizado”, pero “Santa Fe fue un faro en este sentido y nos sentimos orgullosos”. “El gobernador Pullaro si hace falta va a doblar la apuesta, para lograr la paz y tranquilidad de Santa Fe”, aseveró. 

También de la provincia de Santa Fe, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez (UP), cuestionó que desde el oficialismo “vinieron a trazar una línea ‘ellos y nosotros’, que me parece absolutamente innecesaria. No van a encontrar ningún diputado nacional de nuestro bloque que en marzo, en plena conmoción pública como vivió Rosario, haya intentado sacar la más mínima ventaja política”. Y señaló que “con la misma responsabilidad que nos movimos en ese momento y nos pusimos al lado de las autoridades, también queremos decir que hay que ser serios en los diagnósticos”. 

“Si algo no permite el combate contra la criminalidad organizada es cantar victoria antes de tiempo”, advirtió y destacó que en su provincia se hayan achicado los episodios de balaceras y la cantidad de homicidios dolosos, pero apuntó: “Ahora, suponer que están desarticulados los elementos que llevaron a tener esas escenas que nosotros no queremos que vuelvan a suceder en Rosario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte”. 

Martínez aseguró que “esta ley no es lo que está necesitando nuestra ciudad, nuestra provincia”. “Estamos necesitando consolidar en el tiempo una decisión política”, consideró y añadió que “no necesitamos hacer gobernable el delito, sino que el delito desaparezca, que las organizaciones sean desbaratadas”. 

Cerró el debate el diputado oficialista Santiago Santurio, quien destacó la decisió politica de atender el tema de la seguridad como prioritario para el Gobierno y la ciudadanía”.

Recordó que Javier Milei durante la campaña planteó que los dos temas fundamentales a resolver eran “el económico y el de la seguridad”. “Toca avanzar en seguridad, que se ha logrado avanzar en 10 meses con grandísimos logros”, resaltó, y remarcó que “tenemos que entender que al crimen organizado y al delito no se le pueden dar ni un centímetro”.

“Es urgente y necesario dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado”, enfatizó, y a propósito de la visita del presidente Nayib Bukele al Congreso dijo que nuestro país tiene dos caminos: “O se convierte en El Salvador actual o al de hace 6 años, dominado por ‘las maras’”.

“Nosotros no nos podemos permitir que el crimen organizado vaya tomando a la Argentina, por eso es fundamental esta ley”, planteó, criticando en su discurso que no podía permitirse, como se dijo durante el debate, que “los monos son los perejiles de esta historia”, cosa que consideró una falta de respeto. “Hay que hacerlos mierda –remarcó-, no son unos perejiles”.

En otro pasaje reconoció que “hay un momento en el que el crimen organizado se mete en la política”.

Hombre del riñón de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza fue este jueves uno de los diputados porteños que votó en contra del Código Urbanístico, finalmente aprobado por 32 votos a favor y solo 6 en contra. Entre ellos, reiteramos, el del diputado Arenaza.

Tras esa votación, se anotó en las redes Bullrich, quien profundizó sus diferencias con su otrora mentor, Mauricio Macri, que salió a contestarle en la red social X: “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”.

Previsiblemente, Bullrich no se quedó atrás y replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Juan Pablo Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote”.

“Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende”, agregó, para enfatizar: “Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte”. Y publicó el texto en cuestión.

Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado @jparenaza hizo públicos, y así evitó que se vote.

Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende.

Yo no miento, solo revelo lo… https://t.co/EYs4Q7k1CB pic.twitter.com/0FIBrKcV8i

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2024

La diputada nacional Vanina Biasi (PO-FIT) denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la utilización del gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, durante las últimas protestas que se dieron alrededor del Congreso.

“Presenté una denuncia penal contra la ministra Patricia Bullrich, siendo personalmente una de las afectadas directas por la represión en la marcha de los jubilados el pasado miércoles 18 de septiembre", señaló la legisladora y agregó que "en el mismo sentido también realizó una presentación judicial la Comisión Provincial por la Memoria, que estuvo presente en la movilización".

Biasi enfatizó que "unos 10 adultos mayores resultaron heridos por la violencia policial ese día. La Policía Federal que responde a la ministra atacó brutalmente a las y los jubilados que se siguen movilizando contra ingresos de indigencia a los que los somete este Gobierno, y la única respuesta que reciben son palos y gases tóxicos, ilegales y tremendamente dañinos”.

“En mi caso personal, un integrante de la PFA me gaseó deliberada y ensañadamente en la cara y alrededores del rostro, a poquísima distancia, cuando me encontraba agachada intentando socorrer a un adulto mayor que habían tirado al piso con los escudos en el momento de la represión", relató.

La diputada de la izquierda continuó: "En mis 30 años de militancia he vivido diferentes represiones bajo todos los gobiernos. Nunca un gas me había quedado tan fuerte. Debí ser asistida en dos guardias médicas, por la terrible irritación en la piel del rostro y el pecho, y luego diagnosticada en el Hospital Santa Lucía por la afectación en los ojos de una conjuntivitis aguda tóxica, producto de este gas".

“El gas que utilizan las fuerzas represivas de Bullrich, cuyo componente químico nadie conoce, es un verdadero elemento de tortura", afirmó la legisladora. "La ministra utiliza la represión y este tipo de apremios ilegales porque quiere atemorizar al pueblo para que no salga a la calle cuando los están matando de hambre. No lo va a lograr. Vamos a seguir movilizados, defendiendo el derecho a la protesta, a la jubilación, al salario, al trabajo. Y Bullrich no debe salir impune”, concluyó.

La diputada de la izquierda Vanina Biasi presentó un proyecto exigiendo la destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su segunda, Alejandra Monteoliva, y el comisario jefe de la Policía Federal, por “la brutal represión del miércoles, en la que gasearon a una niña de 10 años y luego quisieron armar un operativo de encubrimiento y engaño al pueblo sobre las responsabilidades de lo sucedido”.

Para Biasi, “no puede quedar impune la brutalidad con la que reprimieron a niños y jubilados”, por lo que llamó a “reforzar la movilización” y luchar por echar a la ministra de Seguridad.

El proyecto de resolución fue acompañado por sus pares Mónica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, y apunta al comisario general Luis Rolle, como así también al comisario mayor de la PFA Gerardo Ariel Perillo Scarpini, “a cargo del descomunal operativo reprsivo desplegado el día miércoles 11 de septiembre contra manifestantes en los alrededores del Congreso, donde la Policía roció con gas pimienta a una niña de 10 años ensañada y repetidamente en el rostro y fueron agredidos otros niños y adolescentes junto con decenas de manifestantes”.

Entre otras cosas piden también informar sobre costos del operativo y datos del policía que fue captado por videos rociando a la niña.

En los incidentes del miércoles pasado en las afueras del Palacio Legislativo cuando la Cámara baja ratificaba el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria un efectivo policial le arrojó gas pimienta en los ojos a una niña de 10 años. Por esto, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein solicitaron interpelar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El pedido de los legisladores santafesinos, a través de un proyecto de resolución, es para que la funcionaria explique en detalle el operativo policial llevado adelante el día 11 de septiembre, que terminó en “represión” y que arrojó como resultado a una niña que recibió el impacto directo del gas pimienta utilizado por las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, los diputados socialistas se refirieron a la difusión de videos “falsos” por los que desligaban de responsabilidad a las fuerzas de seguridad y acusaban a la madre de la niña. Por todo eso, exigieron que aporte quienes aportaron ese material audiovisual dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Este tipo de hechos no pueden ser permitidos ni tolerados en democracia. Tenemos la obligación constitucional de bregar por los derechos de los niños garantizando, entre otras cuestiones, su integridad física. Además, la distribución de información falsa por parte del Gobierno Nacional no hace más que atentar contra los principios republicanos, la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de prensa, entre otros”, aseveraron en la iniciativa.

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Será este martes 10 a las 17.15 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Para este debate en el Senado de la Nación, estarán presentes el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.

Puntos principales del proyecto

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

A la hora de hablar de seguridad en la sesión informativa de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó la labor de la ministra Patricia Bullrich por la implementación del “Plan Bandera” en la Ciudad de Rosario y el protocolo anti piquetes y le hizo un pedido al Congreso de la Nación de “avanzar” con el tratamiento de las leyes en seguridad.

El funcionario comentó que “El Plan Bandera” que contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. “Se trata del periodo más largo desde 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal”, celebró.

Francos informó que se evidenció una caída del 70% en homicidio dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidios, éstos se redujeron en los últimos seis meses. Se implementaron más de 460 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto del 2023.

“La coordinación del Gobierno nacional y provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narco terrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”.

Además, contó que “se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron, a nivel nacional, 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales”.

Por otro lado, destacó el “nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle.  Desde diciembre de 2023 se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Así, señaló que en pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado: Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa y pidió que “para seguir cuidando a los argentinos de bien y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento”.

El presupuesto a la SIDE

El jefe de Gabinete explicó que avanzaron con la reorganización del sistema nacional de inteligencia, por lo que decidieron disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, apuntó contra la gestión anterior y agregó: “Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

Francos cuestionó que “mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, respaldó.

La diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta reveló este domingo detalles de la organización del grupo que se interesa por la suerte de militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde entre otras cosas cuenta que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estaba al tanto de la visita al penal de Ezeiza.

En uno de los chats publicados por la diputada a la que esta semana buscarían expulsar del bloque oficialista se destaca un mensaje del padre Javier Olivera Ravasi, organizador de la movida, donde indica que el diputado Beltrán Benedit “habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado”.

Mañana vamos a exigir formalmente la presencia de la ministra Bullrich en @DiputadosAR, para que explique que significa "facilitar el ingreso sin inconvenientes" al penal de Ezeiza. Y vamos a solicitarle al Servicio Penitenciario Federal las grabaciones de las cámaras de ingreso. https://t.co/bZXRnsnB1U

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 25, 2024

Ante ello, el diputado de UP Eduardo Toniolli anticipó que este lunes “vamos a exigir formalmente la presencia de la ministra Bullrich en la Cámara de Diputados, para que explique qué significa ‘facilitar el ingreso sin inconvenientes’ al penal de Ezeiza. Y vamos a solicitarle al Servicio Penitenciario Federal las grabaciones de las cámaras de ingreso”.

También piden citar a Bullrich los diputados socialistas, que presentaron un proyecto de resolución para que la funcionaria brinde explicaciones detalladas en relación a la visita de un grupo de diputadas y diputados del partido La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.

Específicamente quieren saber “si estaba al tanto de la comunicación del diputado Benedit Beltrán con el funcionario dependiente de la señora ministra y que se desempeña como director del Servicio Penitenciario Federal Fernando Martínez, en relación a ‘facilitar el ingreso a los penales’” al grupo de diputados de LLA; si esta modalidad de “facilitación” es habitual y en el marco de qué norma o protocolo se autoriza; y por último si la ministra estaba al tanto de las gestiones para la elaboración de un anteproyecto de ley que busca regular el plazo razonable de las prisiones preventivas y la modificación de la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal, y una propuesta de anteproyecto de decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad en dicha norma.

Tras una semana oscura para el Gobierno nacional en el campo legislativo, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica le solicitó al flamante presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Martín Lousteau, que cite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que hizo el miércoles pasado sobre graves amenazas a la Nación y en la que lanzó una grave acusación contra 156 diputados nacionales.

Puntualmente se refieren a los dichos de la funcionaria en X, expresadas inmediatamente después del rechazo de la Cámara baja al DNU 656/2024. En esa oportunidad, la Cámara de Diputados rechazó el decreto por el cual el Gobierno nacional ampliaba el presupuesto de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos. La votación resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

Al término de la votación, la ministra de Seguridad de la Nación publicó un duro mensaje cuestionando la postura de los bloques dialoguistas: “Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”.

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada”, había empezado el texto de Bullrich que criticaba el resultado de la votación en el recinto de la Cámara de Diputados ese miércoles. Fue por esto que la bancada que responde a Elisa Carrió pidió a la autoridad de la Bicameral de Inteligencia la citación de Bullrich “considerando la gravedad de sus expresiones y de la seriedad con la que requieren ser tomadas”.

En su presentación, la CC pide que la ministra informe sobre amenazas y riesgos de ataques o atentados al pueblo argentino y el presidente de la Nación provenientes de organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, según lo que expresó públicamente en la red social.

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

La titular de la cartera de Seguridad nacional había agregado que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales”.

Rápidamente, la diputada nacional Mónica Frade, firmante del pedido de citación, le contestó a la funcionaria: “Estimada Patricia, da atenta lectura al DNU, para lo que vos te referis, existes los decretos reservados. El DNU afirma que es para gastos administrativos y.…ya se los gastaron y, nadie sabe en qué. No hagamos terrorismo tuitero”.

El pedido de convocatoria está suscripto por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli y la mencionada Mónica Frade.

El revuelo por la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria y la posterior confirmación del veto total anunciado por el presidente Javier Milei, sumó un nuevo episodio: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a Mauricio Macri de usar a los senadores del Pro como “carne de cañón”. El cuestionamiento fue la respuesta al comunicado del expresidente de la Nación por el que confirmó su apoyo a la decisión tomada por el Gobierno nacional.

Por medio de un comentario en X, en el que cita al texto publicado por el titular del Pro, en el que manifestó que “por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, la funcionaria apuntó directamente y apuró: “Estás de un lado o del otro. Basta de especular”.

Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del… https://t.co/lrXtgVpJbj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 23, 2024

“Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra”, cargó la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos. Este jueves, cinco de los seis senadores que integran la bancada macrista en la Cámara alta votaron a favor del proyecto que actualiza la fórmula de movilidad previsional.

Sin ningún tapujo, Bullrich cerró el comentario en X: “Uno está a favor o en contra del cambio”. Macri y Milei estuvieron reunidos en la Quinta de Olivos luego del rechazo del DNU 656/2024 el martes en Diputados y la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en el Senado este jueves. En ambas jornadas, los legisladores del Pro votaron a favor. Pese a esto, este viernes titular del Pro apoyo la decisión de Milei.

Cada vez más alejados, la diferenciación entre la ministra y el expresidente de la Nación quedó en evidencia el martes cuando la Cámara de Diputados aprobó el rechazo al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional amplió el presupuesto de gastos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos: Una veintena de diputados del Pro votó afirmativamente, mientras que Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez, referenciados en la ministra Patricia Bullrich, votaron con el oficialismo. 

Luego que en la Cámara de Diputados se rechazara el DNU sobre el presupuesto de la SIDE, con el aval de una veintena de legisladores macristas, desde el Pro aseveraron que “esto no es el cambio” y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a contestar, ampliándose así la pelea que mantiene con el expresidente Mauricio Macri, quien comanda hoy el partido amarillo.  

“ESTO NO ES EL CAMBIO. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio”, expresó el Pro a través de la red social X. 

Y agregó que “el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”. 

ESTO NO ES EL CAMBIO

Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un…

— PRO (@proargentina) August 21, 2024

La respuesta desde el lado del oficialismo no tardó en llegar y Bullrich rechazó que el Pro haya votado junto a otros bloques de la oposición, entre ellos Unión por la Patria. 

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”, enfatizó la funcionaria libertaria. 

También, apuntó que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos”. “El rechazo al DNU lo celebran los criminales”, sumó. 

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

Le contestó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro: “Patricia, estás sesgando la información y utilizando temas sensibles y dolorosos para justificar lo injustificable. Acusar a los 156 diputados de estar del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo cuando, representando a sus votantes, rechazaron el DNU es un acto de amarillismo. De lo contrario, deberías presentar las denuncias correspondientes. Si hablamos de los atentados a la AMIA y la Embajada, también debemos mencionar el rol de la SIDE en el encubrimiento de estos actos terroristas y la inteligencia paralela que Milani y Cristina Kirchner organizaron con fondos reservados. No podemos olvidar los sobresueldos pagados durante el gobierno de Menem, por los cuales fueron condenados tanto el presidente Menem como el ministro Domingo Cavallo. Si, siendo Ministra de Seguridad tanto en el gobierno de Macri como en el de Milei, no estás al tanto de estos hechos, sería alarmante”.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la sesión de este miércoles en general el proyecto para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, durante la votación en particular el panorama se empantanó y derivó a la modificación de varios artículos, el más importante de ello el 2 que se cayó y tuvo que ser redactado nuevamente.

La Ley 26.879 establecía que el Registro de Datos Genéticos estuviese bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo proponía que pase a estar en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

Durante el tratamiento en el recinto, diputados de diferentes bancadas habían adelantado el rechazo de la redacción del artículo 2 y ratificaban el texto de la vigente norma.

Al tomar la palabra durante la votación en particular, el diputado radical Fernando Carbajal propuso una reforma al artículo 2 que establece que el Registro de Datos quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que argumentó que jurídicamente “es algo que desaconsejan”. Así, el formoseño remarcó que el Registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación por lo que planteó dejarlo así y no trasladarlo al de Seguridad: “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”.

“Es conveniente para ello que esté alejado del organismo administrativo que, tiene como función la persecución criminal. No podemos mezclar esa generación de pruebas poniéndola en manos en el mismo ministerio que le damos la función de perseguir delincuentes. Tiene que permanecer en el ámbito del Ministerio de Justicia cuya función con asegurar la imparcialidad y no con la fijación de la política criminal”, fundamentó y pidió que se reemplace para “asegurar confiabilidad e imparcialidad de los informes que puede dar el banco de datos”.

En el mismo sentido y en nombre de UP coincidió el rionegrino Martín Soria quien expresó: “Desde nuestro bloque está a favor de mejorar esta herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos aberrantes y cualquier delito grave. Nosotros creamos esta herramienta en el 2013 y la pusimos a andar en 2021. Coincidimos con Carbajal sobre la ubicación del Banco Nacional Genéticos no en la órbita de Seguridad sino donde está actualmente en Justicia”.

La miembro informante, Laura Rodríguez Machado rechazó las modificaciones propuestas y ratificó la redacción del texto original para “respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. Vamos a mantener el proyecto tal cual presentado”. Sin embargo, el artículo fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.

Caído el artículo, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, alertó que “no hay ubicación del Registro de Datos Genéticos hasta que no votemos”, por lo que planteó “poner a consideración que podamos ubicar el tema en el Ministerio de Justicia donde estaba y la mayoría de los bloques lo ha manifestado”.

Tras más de una hora de cuarto intermedio, Martínez leyó la redacción del nuevo artículo: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia’”. Así las cosas, la nueva votación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones.

¿Quiénes rechazaron la redacción original del artículo 2?

A todo el bloque de UP y de los cinco diputados del Frente de Izquierda se le sumaron los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.

También de la Coalición Cívica los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferrado, Mónica Frade, Juan Manuel López.

En cuanto al bloque Innovación Federal votaron en contra Alberto Arrua, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

El bloque Encuentro Federal también votó dividido, siendo por la negativa Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulon, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizzer y Alejandra Torres.

Los representantes del Frente Por Santa Cruz Sergio Acevedo y Luis Garrido, mientras que las abstenciones fueron de Marcela Campagnoli (CC-ARI) y Julio Cobos (UCR).

Anunciado oficialmente por el vocero presidencial el jueves pasado en su conferencia habitual en Casa Rosada, el proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas despertó la reacción adversa nada menos que del general César Milani.

Si bien el proyecto todavía no ingresó al Parlamento, el ex jefe del Ejército en tiempos de Cristina Kirchner opinó del mismo calificándolo como “desastroso”. Le adjudicó el impulso del mismo a la ministra Patricia Bullrich y “su subordinado (Luis) Petri” -así define al ministro de Defensa-, y avalado por el presidente Javier Milei, Milani les atribuye a los mencionados “ignorancia, improvisación e irresponsabilidad” por tal iniciativa, aunque hace votos porque el Gobierno no tenga “éxito” en “introducir a las Fuerzas Armadas en conflictos en el marco interno relacionados con el narcotráfico y el terrorismo”.

Sostiene Milani que “las Fuerzas Armadas no están preparadas, alistadas, equipadas ni instruidas para conflictos de este tipo, ya que su principal misión es prepararse para intervenir ya sea disuasiva o efectivamente en conflictos de origen externo que necesariamente requieran la utilización de armamento letal propio de la Infantería, los blindados, la artillería, los medios de Ingenieros, , comunicaciones, la Fuerza Aérea y los medios navales de combate necesarias en el campo de batalla junto al resto de las especialidades y servicios”.

A través de un largo pronunciamiento en la red social X, el general preferido de CFK sostiene que “para las operaciones en el marco interno tienen a disposición centenares de miles de efectivos de todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales que por lo visto no conducen como deberían. Desconocer la utilización de las Fuerzas Armadas es de una profunda ignorancia impropia de los cargos políticos que ocupan, de una improvisación alarmante y de una irresponsabilidad terrible que puede traer consecuencias gravísimas al interior de cada una de las fuerzas”.

“Todas las experiencias de este tipo en otros países han provocado una catástrofe para las propias fuerzas y en especial para el pueblo que sufrió estos experimentos. Colombia, México y Perú son algunos ejemplos de esto”, expone Milani, para quien “la historia y la justicia juzgarán a los que impulsaron estos proyectos, a los legisladores que lo aprueben y a los miembros de las fuerzas, especialmente las más altas jerarquías, que cumpliendo directivas contrarias a su misión principal y subsidiarias , inmorales y extremadamente peligrosas para la población, ordenen ejecutar este tipo de acciones”.

Poco después de encabezar un acto en La Boca al frente del partido que preside, Mauricio Macri dio este jueves por la noche el primer reportaje desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Allí habló finalmente en público respecto de quien hoy se encuentra muy distanciado luego de los reacomodamientos al frente del Pro: Patricia Bullrich.

“Le ha aportado al Gobierno su experiencia que ganó con nosotros en el Ministerio de Seguridad”, dijo ante la pregunta de Jonatan Viale en el programa “La ves?” de TN. Pero respecto de la relación personal que mantienen tras los últimos cortocircuitos, no dudó en señalar que “lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del Pro. Todos los que estábamos hoy en el acto nos matamos para que ella ganara; a ninguno le causó gracia que saliera tercera. Ella no puede tener esta actitud tan destructiva… Porque esto de ‘fusionemonos’, que ‘se absorbió’, a nadie le gustó, porque el Pro tiene una historia, 20 años, tenemos mucha gente valiosa que ha gobernado, que sabe gobernar”.

“No puede uno decir de golpe que toda esa historia no vale”, cerró Macri sobre Bullrich, aclarando que no tenía “ningún conflicto personal” con nadie.

Respecto del Gobierno nacional, tal cual lo había hecho durante el acto, deslizó un reproche hacia Karina Milei y Santiago Caputo, a pesar de no nombrarlos puntualmente: “Ayudamos a pesar de su entorno. Todo lo que hemos hecho ha sido con la contra de ellos”, apuntó. Y sobre la hermana del Presidente, manifestó no conocerla, no haber mantenido hasta ahora una charla con ella. “No sé qué piensa”, deslizó.

Ponderó a Luis “Toto” Caputo y a Federico Sturzenegger, de quien dijo creer que “tendrían que haberle dado más tareas”. Por ejemplo, “que cierre las empresas del Estado”. En ese sentido, dijo haber sentido “vergüenza ajena” al ver a “senadores socios nuestros en Juntos por el Cambio defendiendo de a una a las empresas del Estado. Lograron reducir a una lista mínima las que son privatizables”.

Señaló que se refería a los senadores del radicalismo, aunque no hizo nombres. “No hay ninguna empresa del Estado que justifique su existencia. La única explicación para que un senador haya votado que Aerolíneas sea empresa del Estado es que le deben regalar pasajes… querer acomodar a una hija de azafata… Porque si ya está demostrado: salvo Venezuela y Aerolíneas nadie tiene una aerolínea estatal”.

¿Y por qué el Gobierno no las cierra o no las privatiza?, le preguntaron, a lo que Macri respondió: “Porque no consiguió los votos… Igual hay una vía: con un decreto simple, que todas se transformen en sociedades anónimas y se puedan liquidar”.

“Hay que liquidarlas, hay que achicar el Estado a la expresión mínima necesaria. Es el momento, ahora los argentinos lo aceptan. En el 2015 hasta el 2019, hasta cuando cerré el Fútbol para Todos me lo discutían. Ahora los jóvenes no transan más con ese cuentito”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, Macri contó que le dijo al presidente que no estaba de acuerdo. “Me parece que es un error”, resumió, remarcando que “lo más importante a restablecer en la Argentina es la confianza. Consideró que arreglar la economía y frenar la inflación está bien, pero “lo más importante a restablecer en la Argentina es la confianza”. Y para ello, “la pata más importante es la justicia. Entonces, nominar a alguien que ya genera cuestionamientos enormes a la Corte, no lo entiendo… Pero bueno, es una decisión de él”.

E insistió: “Es el debate que no queríamos tener”. A su juicio, el presidente tenía que proponer para la Corte Suprema de Justicia a alguien que no genere debate, y se puso como ejemplo, con los dos nombres que eligió para completar la Corte durante su gestión.

Respecto de la suerte que vaya a correr el juez federal en el Senado, Macri dijo creer que “la mayoría de los senadores del Pro van a votar en contra. La mayoría, creo que hay algunos que no están pensando de la misma manera”.

Tras señalar sobre el gobernador bonaerense que “Axel va a terminar de destruir al kirchnerismo, dijo no entender su postura respecto del RIGI. “No querer algo que trae empleo, trabajo, ¡qué absurdo!”, observó, y respecto de los cuestionamientos que se hicieron en el Congreso respecto de las “demasiadas garantías” que otorgaba el RIGI a los inversores, Macri lo justificó recordando que este es “un país que defaulteó 8 veces. Somos muy cuestionados en nuestra credibilidad”.

Consultado por último sobre si sería candidato el año que viene, Macri respondió: “Uh, ya me dijeron lo mismo en el 21 y en el 23… Yo lo que quiero es ayudar a que la Argentina salga adelante”, dijo, afirmando que no tenía intención de ser candidato. “Incluso los libertarios que me están proponiendo, pero yo puedo ayudar mucho más en fortalecer los equipos y sacar la Argentina adelante”.

Ante la repregunta de si desde el oficialismo se lo  habían propuesto, admitió que “hubo una propuesta para el año que viene, pero me parece que no es el lugar donde puedo aportar más”.

“Además, no te gusta, un poco te aburre”, le dijo Viale a lo que Macri se sinceró: “Fui un pésimo diputado… No sabía qué hacer ahí, estábamos en minoría, éramos cuatro gatos locos y todos eran kirchneristas… No podés ejecutar”.

Aclaró por último que “por suerte hay gente que lo hace y lo hace muy bien, porque también es apasionante ese debate. Nosotros tenemos diputados muy buenos, como (Silvia) Lospennato que hace discursos apasionantes. No todos podemos hacer de todo. Yo era un gran hombre de pase gol, pero no era bueno definiendo”.

El presidente Javier Milei desembarcará de lleno en la arena electoral, de cara las elecciones legislativas del año próximo, con un acto que compartirá el 20 de agosto en La Plata con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y extitular del Pro, Patricia Bullrich, y el diputado libertario Miguel Angel Espert, quien se vislumbra como candidato del espacio de la Libertad Avanza (LLA) para esos comicios y, también, para las de gobernador en 2027.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a parlamentario.com que Milei y su mesa chica decidieron incursionar de lleno en el terreno electoral y, puntualmente, en la provincia, el distrito electoral más importante del país, con casi el 40% de los sufragios y en el que gobierna el peronista Axel Kicillof, nada menos quien seguramente será el principal competidor suyo si decide ir a la reelección en 2027.

La elección de llevar a Bullrich -hoy no solo su aliada partidaria sino su ministra de Seguridad- demuestra claramente que la aspiración de Milei es unir las fuerzas de LLA y Pro en territorio bonaerense, para intentar despegar del 25% logrado el año pasado por la entonces candidata libertaria Carolina Píparo, quien obtuvo ese porcentaje, 20 puntos menos que el ganador, Kicillof.

Bullrich -enemistada y enfrentada con Macri- es hoy la armadora del líder libertario para plasmar un dato que indican las encuestas: la mayoría de los seguidores del Pro apoyan la gestión de La Libertad Avanza.

Esa es la idea de Milei cuando hace pocos días habló de “fusión” de ambas fuerzas, una palabra que no le gustó a Macri ni a sus principales integrantes de la mesa chica del Pro.

Claro que sería una “fusión” sin acordar los términos con el Pro oficial, el que  encabeza Macri, sino un “fusión” liderada por afuera, con Bullrich, y con un acuerdo concretado en pleno acto electoral con los ciudadanos votantes, no con los dirigentes.

El anuncio del acto libertario-Pro bullrichista pone con la guardia alta a Macri y sus principales espadas en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, el flamante presidente de la Asamblea del Pro es Martín Yeza, de la provincia de Buenos Aires.

Yeza,  exintendente de Pinamar  y actual diputado nacional, fue elegido por Macri en ese cargo partidario luego de la fractura con Bullrich, quien inicialmente había sido elegida para ese puesto por el ahora presidente del Pro.

El acto de Milei en La Plata -aún no se sabe el lugar- será el primero de un listado que se está elaborando puntillosamente para iniciar la carrera electoral para octubre próximo.

La mesa chica de Milei -Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor plenipotenciario y alter ego del jefe de Estado- considera que LLA tiene que lograr un mayor volumen de legisladores en el Congreso para el año próximo, y proyectan que el grueso de ellos provendrá de sufragantes que venían apoyando al Pro.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT – CABA) se refirió a la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan sobre el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y la posterior defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lanzó: “Ella busca incidir frente a la justicia para que su aliado político no sea investigado”.

“Desde el comienzo Valdes es parte del entorpecimiento de la investigación porque primero se llamó a silencio durante días mientras el escándalo crecía, luego apoyó la hipótesis de que fue atropellado, una maniobra distracciones de una de las imputadas, más tarde, la prima de Loan denunció que ella y su madre, Laudelina, declararon bajo amenaza de José Fernando Codazzi, íntimo de Valdés, y Diego Pellegrini senador de la UCR, quienes le dijeron también que Patricia Bullrich iba por ellas”, denunció Biasi.

De igual manera, sostuvo que “resulta un escándalo que la justicia federal haya demorado tanto la apertura de una causa contra el gobernador y que una vez más las declaraciones de Bullrich se orienten a dirigir al poder judicial e intentar torcer el rumbo de la investigación”, y agregó: “Ella misma debiera ser sentada en el banquillo de los acusados”.

Asimismo, cargó que “uno de los implicados, Carlos Pérez vinculado a tareas de espionaje en la Armada, es responsable de tenencia y distribución de pornografía infantil”.

También, manifestó que “el propio padre de Valdés tiene una denuncia por violar durante 10 años de una mujer menor que hoy es una mujer con una causa abierta desde hace 6 años que la justicia correntina moldeada por los Valdés, decidió cajonear”.

"Lo cierto es que algo huele a podrido en Corrientes y en lugar de agilizar la investigación, el gobierno provincial y la justicia la frenan con maniobras para no quedar pegados. Se trata de régimen político comprometido con la corrupción y los negocios más oscuros contra el pueblo”, aseveró la diputada nacional Vanina Biasi.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles apuntó con dureza contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por sus dichos acerca de la interna que se está viviendo dentro del Pro y le pidió que se dedique a los temas relacionados con la seguridad, ya que “los argentinos eligieron dejar atrás todo eso”.
El libertario realizó su descargo luego de que la funcionaria analizara la fuerte interna que se está viviendo dentro de ese partido y el rol que tomaron sus principales dirigentes. “Es algo esencial, de dónde estás parado. Estamos parados del lado del Gobierno; hay gente del Pro y radicales que quieren que salga adelante”, marcó y sumó: “Estamos del lado del oficialismo; ser oposición es estar del lado del kirchnerismo, de los que generan incomodidades, traban leyes y no permiten avanzar. Nosotros vamos a avanzar igual con las herramientas que tenemos”, aseveró Bullrich.
Atento a esta situación, Casielles salió al cruce. “La ministra de Seguridad sigue sin entender que es ministra de seguridad”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X -ex Twitter-.
“Piensa en sus internas, la rosca y el pasado, sin entender que los argentinos eligieron dejar atrás todo eso y vivir en un país próspero y seguro donde no te maten ni roben en la calle, ni desaparezcan pibes como Loan. Que, dicho sea de paso, a pesar de todo su show mediático, sigue sin aparecer”, sentenció el legislador.

El presidente de la Asamblea del Pro y diputado nacional, Martín Yeza, volvió a cargar duro contra la ministra de Seguridad y extitular del espacio, Patricia Bullrich, tras manifestar que La Libertad Avanza “ya absorbió” al Pro.

“No solo no fuimos absorbidos, sino que votamos 116 a 0 cambiar la forma que nos trajo hasta acá”, escribió en su cuenta de “X” y apuntó: “Es difícil entender que una ministra de un tema tan delicado para todos los argentinos haya quedado tan herida como para seguir con este tema y dañar más de lo que ya ha hecho a un partido que solo la ayudó”.

Yeza compartió un posteo de la cuenta Juventud Nacional del Pro en el que se referían a la reunión del partido llevada a cabo a principios de este mes, que terminó entre acusaciones y gritos de ambos lados, con el sector aliado a Bullrich abandonando la reunión.

Además, en una entrevista que emitió LN+ Yeza deslizó: "No sé si Patricia Bullrich está dentro del Pro o es libertaria. Lo que sí sé es que el Pro la puso en un lugar donde nunca había estado. Fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Y yo, sin metáfora, casi me mato en la ruta para militar su campaña. Entonces decís 'che, no parece una estrategia muy exitosa para que nos generes respeto'".

"Quizás es líder, pero hay distintos calibres. A mí me hace sentir mal que una persona que piensa y siente así, y es capaz de opinar así sobre personas que creyeron en ella, haga algo así. Entonces ahí pienso que hay algo de desagradecimiento e ingratitud que no me gusta", disparó el ex intendente de Pinamar, quien aclaró: "No la juzgo porque es una generación que está acostumbrada a ser como tiburones y estar a matar o morir".

Luego, insistió: "Patricia es ingrata con mucha gente, con las personas que creímos en ella. Y eso no se hace". Consultado sobre qué le diría si la tuviera frente a frente, Yeza exclamó: "Pato dejate de joder. ¿Por qué no hacemos las cosas normales? Sos una buena ministra de Seguridad y no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que es necesario para que al Gobierno le vaya bien".

"Cuando veo que hacen esos posicionamientos me pregunto por qué. Cuál es el sentido práctico de ponerte más libertario que Karina (Milei) ni más mileísta que Milei, si ni Milei quiere tanto del Pro como disolvernos. De hecho, está agradecido", remarcó Yeza.

Y añadió: "Ahí es donde digo, a título personal, que es una generación obsoleta para resolver los problemas de Argentina, de la que vale la pena aprender sus aciertos, que son difíciles de cometer, como su coraje, su convicción de ordenar la seguridad y el orden público, pero hay una cosa de sus errores que obedece a un tema generacional. Nadie te pide tanto (en relación a Bullrich)".

Al mismo tiempo, subrayó que Bullrich quiere "romper el Pro" y respondió puntualmente acerca a las declaraciones de la ministra a la prensa española. "Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Me parece muy obvio lo que está haciendo y no me gusta. Tenemos problemas mucho más graves en Argentina", señaló. Pese a todos estos cuestionamientos, dejó fuera a Bullrich del grupo de dirigentes "obsoletos".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, ya “absorbió al Pro”, y adelantó que trabajará para la campaña del gobierno en 2025, al tiempo que se refirió a su relación con el ex presidente Mauricio Macri.

En declaraciones televisivas, Bullrich fue consultada sobre si “¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al Pro a todos sus votantes?”, a lo que afirmó: "Ya están, porque yo soy parte de Pro, estoy en el Gobierno y los votantes nos están acompañando".

La expresión de la titular de la cartera se da a pocos días de que el ex presidente Mauricio Macri la desplaza de la titularidad de Asamblea partidaria del partido amarillo y haber ungido al diputado Martín Yeza.

"Yo como perteneciente al Pro tomé una decisión, como candidata a presidenta, que fue apoyar a Javier Milei. Comprometernos con un gobierno de cambio, en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo o de (Sergio) Massa", agregó.

Sobre su con relación Macri, Bullrich explicó: "No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes. Lo que no me gusta es que haya un intento de decir estamos en la oposición. ¡No!". “Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes. Les dijimos: acompañen a Javier y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando", añadió Bullrich.

En esa línea, continuó: "Mi compromiso no es mío personal. Yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Milei. Tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia".

Además, diferenció a Macri de Milei en la gestión: "La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije voy contra los piquetes y vamos. Nunca me dijo ¡ojo, tené cuidado!".

Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, firmado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), para establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.

La modificación al Código en el articulo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

De igual manera, también ingresó el texto del Poder Ejecutivo que toma de referencia anteriores iniciativas impulsadas por el ministro de Defensa, Luis Petri; y los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Alberto Asseff (MC) y Graciela Camaño (MC).

Esta redacción menciona que el juicio en ausencia se aplica en naciones como España, Italia, Alemania, Austria y Francia y propone que “bajo pena de nulidad en todos los casos, el juicio en ausencia sea registrado por medios audiovisuales y debidamente resguardados hasta la culminación definitiva”.

Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) anunciaron el envío de un proyecto de ley para establecer el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos gravísimos cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA. 

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Bullrich destacó que esta es “la primera vez” que la iniciativa se impulsa desde el Poder Ejecutivo. “Nunca un Gobierno mandó un proyecto de juicio en ausencia”, dijo, por lo que consideró que esta decisión pone a la gestión libertaria “en la vanguardia de los cambios en materia penal, criminal y de justicia”. 

La ministra recordó que en el Congreso se debatieron distintos proyectos, y “de todos se sacaron ideas”, pero esta vez hay “un salto de calidad”. “Algunos apoyarán este proyecto porque tendrán la consciencia de no ser parte de la impunidad y otros dirán ‘bueno, pero el derecho tradicional’... El derecho siempre está vivo y crece con las necesidades de la sociedad”, sostuvo. 

Si bien mencionó la causa AMIA, la funcionaria aclaró que “este no es un proyecto con nombre y apellido, va a caber para muchas más causas de las que podemos imaginar. Sería mal de nuestra parte legislar por una causa”.

La última vez que el tema se debatió en el Congreso fue en 2019, durante la gestión de Cambiemos. En julio de ese año el proyecto llegó a tener dictamen en la Comisión de Legislación Penal, tomándose como base uno presentado por Daniel Lipovetzky. También se discutió sobre iniciativas de los oficialistas de ese entonces Luis Petri, Pablo Tonelli y Jorge Enríquez. 

En la conferencia, Cúneo Libarona mencionó que cuando los imputados se fugan y eluden el accionar de la justicia, “el proceso puede seguir varios caminos, pero todos los caminos son injustos, porque el expediente se paraliza, no avanza, o lo hace poco y sin rumbo, o directamente se archiva. La víctima o los familiares que sufrieron el delito se quedan un largo tiempo sin respuestas ni justicia” mientras el acusado “transita su vida por el mundo, hace pito catalán y se burla de la administración de justicia, la víctima y toda la sociedad”. 

Tras mencionar los “principios rectores” del Gobierno en materia judicial, el ministro abogó por pasar de “una justicia odiada por la sociedad” a una que sea “rápida, brinde soluciones concretas y sea respetada por todos”. 

Sobre la iniciativa, explicó: “El procedimiento que implementamos es razonable, justo y muy simple. Si el imputado no comparece o se fuga, sigue el juicio sin su presencia, con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, se sigue. Y si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa en términos de la Corte”. 

“La prueba no se pierde, esto es fundamental”, subrayó y reiteró que “se respeta completamente el criterio de la Corte en cuanto a que deben extremarse los recaudos que garanticen el ejercicio pleno de la defensa en juicio” con la provisión “al imputado de un adecuado asesoramiento legal; no se vulnera de ninguna manera el principio de inocencia”. 

El proyecto está planteado para delitos graves del Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad), desaparición forzada de personas, torturas, financiamiento y proliferamiento de armas de destrucción masiva. 

“Esto no es un invento, esto existe en el mundo y orden jurídico civilizado: en España, Alemania, Austria, Francia, Italia. No está prohibido por ninguna norma constitucional, convencional o procesal”, afirmó Cúneo Libarona, quien cerró: “Esperamos que los diputados y senadores nos acompañen. Vamos por mucho más, esto es solo una parte. Vamos por mucho más, ya lo verán”. 

Al comenzar su intervención, Bullrich recordó: “Quizás no sentí nunca un momento de tanta sensación de impunidad y angustia como cuando siendo diputada entró al Congreso de la Nación el Pacto con Irán. Lo que hacía era poner a los autores de un hecho, buscados por la Justicia argentina, con tarjeta roja de Interpol a juzgarse a sí mismos en una comisión que no era una comisión judicial, era una comisión política. Lo votaron para hacer un acuerdo geopolítico con un Estado en vez de pensar en la justicia para las víctimas”. 

No obstante, apuntó que “mucha gente puede pensar que es un mecanismo procesal para juzgar el caso AMIA, pero lo que estamos haciendo es dar un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia. La justicia va a tratar a todos por igual”. 

“Me encantaría como ministra de Seguridad que esto le caiga también a narcotraficantes, que se esconden con su plata y viven millonarios en otras partes del mundo, a contrabandistas, que viven defraudando al Estado, pero es un instituto importante que hay que ir paso a paso”, expresó y señaló que se seleccionaron “los delitos gravísimos, los que generan una angustia colectiva y un mal a toda la sociedad”. Pero, prometió que buscarán luego avanzar con “delitos de crueldad, de muerte o de crimen organizado”. 

Bullrich añadió que “esta es una ley que termina con la impunidad y que genera justicia para todos aquellos que de lejos están viendo a los asesinos y están sintiendo la impunidad”. 

Los ministros de Seguridad y de Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, encabezaron este viernes la presentación del proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil, que el Gobierno Nacional enviará al Congreso, que comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

Los acompañaron el viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto.

"Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia", sostuvo la ministra Bullrich.

En tanto, agregó: "A partir de ahora, el delito, y lo peor que siempre es la muerte, tendrá consecuencias y estas consecuencias serán acordes a la edad de quienes los cometen. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de estos ministerios de Seguridad y Justicia, es cumplir con una sociedad que pide respuestas".

“Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”, resaltó por su parte el ministro Cúneo Libarona.

La ministra sostuvo que se busca que los jóvenes “no sólo tengan una sanción, sino que esta les permita darse cuenta y no seguir una carrera delictiva”. En ese sentido, Bullrich explicó que para las penas que vayan de 3 a 6 años van a tener alternativas concretas y no estarán simplemente encerrados sin salida.

“Esto es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva”, señaló.

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— Ministerio de Justicia (@jusgobar) June 28, 2024

La reforma que plantea el Gobierno Nacional se fundamenta en cuatro aspectos principales: la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región; pero principalmente la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país.

Además, establece que los adolescentes tienen derechos especiales que deben ser protegidos y respetados en todo momento, incluido el derecho a ser tratados de manera justa y equitativa en el sistema de justicia penal. Por lo tanto, la ley debe garantizar que las respuestas judiciales para los adolescentes imputados estén en consonancia con estos principios y debe ofrecer medidas diferenciadas que tengan en cuenta su edad, nivel de desarrollo y circunstancias individuales. Y en esta línea, la necesidad de ampliar las herramientas con las que cuenta el Estado para reducir la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad.

Según señalaron, actualmente en Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, por lo que “los delitos cometidos por adolescentes menores de esa edad quedan impunes, generando una situación de injusticia tanto para las víctimas como para la sociedad en general”.

Por otro lado, la actual legislación argentina es minoritaria en la región., debido a que explicaron: “La mayoría de los países han establecido edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen en 16 años la edad mínima de responsabilidad penal. Mientras que Chile y Perú la fijan en 14, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13, Brasil y México en 12, mientras que Granada y Trinidad y Tobago en 7”.

Delito de adulto, pena de adulto.

Enviamos al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Ahora, los delincuentes serán penalmente responsables.

Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien.

— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) June 28, 2024

Respecto de la incidencia de la criminalidad juvenil en la sociedad, manifestaron que “esta urgencia no solo se fundamenta en la protección de la comunidad y el mantenimiento del orden público, sino también en el imperativo de salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes”.

“La persistencia de tasas en crecimiento de criminalidad juvenil representa un desafío para la seguridad pública que requiere de una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al menor de edad después, para que tenga un futuro de vida en paz y armonía, con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento de la conducta que tuvo”, argumentaron.

“Hoy es un día importante para el país, es un día importante para tantas familias que han perdido a sus hijos en manos de un menor que después de cometer un delito, o peor, un asesinato, volvió a su casa como si nada hubiera pasado. La impotencia, la impunidad que genera que un delito o un asesinato no tenga ningún tipo de condena es la peor condena que podemos tener como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil es imposible un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”, destacaron.

PRINCIPALES EJES DEL PROYECTO

• PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD: En establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo.
• COMUNICACIÓN A LOS PADRES: De la imputación y demás actos procesales.
• PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA: El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas.
• CONDENACIÓN CONDICIONAL: Si se impone condena condicional, se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.
• PENAS DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS: Siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por: amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos, p.ej.), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico.
• CONTROL DE CUMPLIMIENTO: El cumplimiento de las penas deberá ser verificado por el juez o el fiscal. También por la víctima, si así lo desea.
• MÁXIMO DE PENAS: 20 años. Al cumplir 2/3, el tribunal podrá disponer que se continúe con algunas de las medidas alternativas.
• INCUMPLIMIENTO DE LA PENA: Ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa, el juez la sustituirá por otra más severa.
• SUPERVISOR: El juez designará un supervisor para el seguimiento del menor, quien mantendrá entrevistas regulares con el adolescente imputado, elaborará informes y procurará resolver sus problemas de salud.
• INIMPUTABILIDAD: En los casos de menores no imputables (p.ej., menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social.
• DILACIÓN DEL PROCESO: La dilación injustificada del proceso hará incurrir al juez en falta grave.
• VÍCTIMAS: Recibirán atención psicológica y patrocinio gratuito.
• RITERIO DE OPORTUNIDAD: El fiscal podrá prescindir total o parcialmente de la acción penal si el delito tuviera prevista una pena inferior a seis (6) años y no concurrieran otras circunstancias, como la muerte de la víctima, lesiones gravísimas, existencia de otros procesos, etc.
• MEDIACIÓN: Cuando el delito tuviera una pena prevista inferior a seis (6) años, podrá iniciarse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes.
• PROBATION: En las condiciones previstas para todos los casos, para penas que no excedan de tres (3) años. Si las condiciones fueran incumplidas, el juez dispondrá que se continúe el proceso sin computar el tiempo transcurrido.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo muy presente en el debate, pues fue destinataria de múltiples críticas de parte de los diputados de Unión por la Patria, que cargaron contra ella sobre todo por los incidentes en torno al Congreso registrados el 12 de junio. Y quien salió a defenderla enfáticamente fue un referente suyo en la Cámara baja, el diputado Damián Arabia, quien sostuvo: “Yo no voy a dejar pasar lo que se ha dicho en el recinto. Los que ahora se llenan la boca hablando de trata, cuando en este recinto le negaron las facultades delegadas al Ministerio de Seguridad de la Nacion. Los que ahora se llenan la boca, pero entonces no les preocuparon ni Alperovich, ni Espinoza, ni las mujeres víctimas de trata en el Chaco con los planes sociales”.

Entre los gritos provenientes desde las bancadas de UP, Arabia continuó: “Y tanto que la han nombrado, tienen una obsesión… tanto que la han nombrado a la ministra Bullrich, les quiero contestar sobre algo más que ha cambiado: a este Congreso no lo apedrean más, a este Congreso no lo incendian más, a este Congreso no le tiran más 14 toneladas de piedras… ¿Y saben por qué no lo  hacen más? ¡Porque no gobiernan más ustedes, muchachos! Nosotros vamos a seguir sesionando, porque ustedes no gobiernan más; la democracia y la República hoy está asegurada”.

Para Arabia, “la Argentina está cambiando. Cuando me tocó ser candidato por la lista de La Fuerza del Cambio y ese día que quedamos afuera de la segunda vuelta, no dudamos en que la Argentina se dividía entre cambio y continuidad. Y nosotros íbamos a formar parte del cambio en la Argentina. Esta decisión que hoy tenemos la oportunidad histórica en el recinto de acompañar, es una decisión que los argentinos ya han elegido. Ya no creen en los espejitos de colores; ya no les creen más; los argentinos han decidido atravesar un camino de cambio hacia la libertad, con ustedes, o sin ustedes. Con nosotros, o sin nosotros. Pero nosotros tenemos una oportunidad histórica, la de empujar el carro de la libertad, de que la Argentina sea próspera y vuelvan las generaciones a las que les robaron las oportunidades y el futuro”.

Diputados de la oposición criticaron en la sesión de este jueves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo de seguridad realizado el pasado 12 de junio, durante la movilización en contra de la ley de Bases, mientras sesionaba el Senado, y puntualmente sobre la agresión que recibieron por parte de las fuerzas de seguridad un conjunto de legisladores.

El diputado de Unión por la Patria Juan Manuel Pedrini acusó a Bullrich de haber sido "quien mandó a cortar la calle Entre Ríos" cuando él junto a un grupo de sus pares -a quienes nombró uno por uno- "en ejercicio de nuestra representación política nos dirigíamos a conversar con algunos manifestantes".

"Fuimos severamente y arteramente reprimidos por una patota de la Prefectura Naval Argentina, comandada por Patricia Bullrich desde la sala de situación del Ministerio de Seguridad", apuntó.

El chaqueño sostuvo que "son hechos graves contra cualquier ciudadano, pero creo que contra legisladores no hay antecedentes desde el '83 hasta ahora de tamaña agresión a quienes simplemente van a hacer ejercicio de la función para la cual fueron electos".

"Lamento la falta de empatía de algunos colegas, que a pesar de este hecho violento, insólito e injustificado, siguieron sesionando como si nada", dijo. También rechazó que a los manifestaron detenidos se los haya acusado del delito de sedición y cerró: "Menos mal que jueza (María Romilda) Servini de Cubría paró a la patota (Carlos) Stornelli-Bullrich".

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo repudió el "operativo salvaje" por el cual "se detuvo a 33 personas, cuando muchas de ellas ni siquiera habían participado de la manifestación".

Al hacer referencia al comunicado de la Oficina de Prensa del presidente de ese día, donde se felicitó a las fuerzas de seguridad y se habló de "grupos terroristas" que intentaron "perpetrar un golpe de Estado", el legislador expresó: "Excelente accionar que incluyó gasear a diputados y diputadas de esta cámara, 600 heridos, infiltrados que actuaron como provocadores durante los acontecimientos".

En el final de su intervención, Castillo reclamó por la "libertad a los detenidos por movilizarse en contra de la ley Bases. ¡Abajo a las causas truchas montadas por este gobierno autoritario!".

Muy breve, el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, pidió la palabra para manifestar su "solidaridad con el diputado (Carlos) Castagneto y (Eduardo) Valdés, que fueron gaseados en ocasión de la sesión anterior".

Desde la Coalición Cívica, la diputada Mónica Frade también planteó una cuestión de privilegio contra el Ministerio de Seguridad y se solidarizó "con los colegas de esta cámara que sin querer subvertir el sistema se han hecho presentes en la Plaza de los Dos Congresos". También dijo que lo hacía con "los 638 heridos por los excesos, para no decir represión, de las fuerzas" de las cuales "no faltó ninguna".

Asimismo, envió su acompañamiento a "una persona que apalearon en la calle Santiago del Estero, que perdió el conocimiento y lo dejaron tirado" y otra "que tuvo convulsiones, fue víctima de los gases", de acuerdo a casos relevados por la Comisión Provincial por la Memoria, en un intercambio de documentación con el Comité de Prevención contra la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Al sostener que no sabía si "todo este operativo fue antidisturbios o antidisidencias", la diputada de la CC subrayó que "los detenidos no tenían nada que ver ni se conocían entre ellos, tres vendían empanadas, dos vendían choripán, dos vivían en situación de calle, dos pasaban por el lugar".

"Al voleo tomaron a esas 33 personas", denunció y señaló los hechos que sucedieron después, como la acusación por sedición del fiscal Stornelli, a quien "le pueden dar el premio al mejor fiscal del mes", lanzó. "Por suerte la jueza federal Servini de Cubría puso las cosas un poco en orden".

Frade advirtió que "todos estos excesos, represión, abusos, como le quieran llamar, no tienen un marco jurídico. Solo tenemos una resolución antipiquetes del 14 de diciembre, que no regula el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta". "Todos los países civilizados tienen protocolo de estas armas no letales, menos nosotros", continuó.

Tras recordar el caso del docente Carlos Fuentealba, la legisladora enfatizó que "el día que gasearon, gasearon indiscriminadamente, y yo espero que no hayan sido gases vencidos". "No naturalicemos los abusos de las fuerzas de seguridad", pidió y le reclamó a la ministra de Seguridad que "se encargue de hacer un protocolo que de cómo las fuerzas van a usar las armas menos letales".

Muy crítico contra Bullrich, el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau consideró que la ministra "a esta altura puede ser calificada como mercenaria de la violencia estatal". Luego, denunció que dadas las detenciones hubo "apremios ilegales, comúnmente denominados torturas, en cárceles federales".

Los detenidos, que fueron trasladados a los penales de Ezeiza y Marcos Paz, "fueron desnudados, gaseados dentro del penal, maltratados e interrogados por miembros del Servicio Penitenciario Federal sobre su filiación política", alertó. "Es algo que nunca se había registrado desde el '83 en adelante", señaló y adelantó que "van a presentarse en organismos internacionales".

Tras la denuncia de diputados de Unión por la Patria contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el legislador Eduardo Valdés volvió a apuntar contra la funcionaria por la represión en la Plaza de los Dos Congresos durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado, manifestación en la cual fue rociado con gases lacrimógenos por efectivos de las fuerzas de seguridad. 

"Hay un cóctel explosivo que se llama (el fiscal Carlos) Stornelli más Bullrich. Reprimir a los diputados fue una decisión de Patricia Bullrich, que estaba mirando todo en la sala de situación. Ellos quisieron construir un relato de que somos golpistas y delincuentes. Fue el comienzo de una gran mentira. Banalizan la palabra terrorista. Casi la totalidad de los detenidos ya están en libertad porque no había ningún motivo, queda claro que es todo circo. Es lamentable porque en el medio la gente la pasa mal", expresó.

En declaraciones radiales, el porteño aseguró que "los detenidos estuvieron en condiciones infrahumanas, los maltrataron de muchas maneras" y destacó: "Gracias a una jueza como (María) Servini de Cubría, que tal como lo hizo el 20 de diciembre de 2001, se pudo parar esta locura". 

"La gente salió a las calles en enero con la CGT, en marzo con las mujeres y el 24 de marzo. Nunca hubo problemas, porque no participó Patricia Bullrich. No había ni golpistas, ni detenidos. Es tan notorio que lo del auto de Cadena 3 estuvo montado, que ya no lo pasan más. Lo vimos todos los argentinos en vivo, la policía estaba al lado, pero no hay un solo detenido", sumó.

Por otro lado, Valdés se refirió a la situación actual del peronismo como principal fuerza de la oposición. "El peronismo institucional está bien organizado, los dos bloques parlamentarios están consolidados y estamos muy cerca de los gobernadores de nuestro espacio", manifestó. 

Consultado acerca de las perspectivas a futuro, el diputado indicó: "Pasaron seis meses, los liderazgos naturales van a emerger. No jubilo a Cristina (Kirchner), la veo muy activa, y no desestimaría que sea candidata. En 2017 no quería ser pero terminó siendo, y fuimos con Unidad Ciudadana, haciendo una gran elección en la provincia de Buenos Aires, que fue el primer paso para el triunfo del 2019. Vamos a estar en buena aptitud competitiva en las elecciones del año que viene".

Además, el opositor analizó la importancia de generar acuerdos entre los distintos espacios democráticos a 30 años de la reforma constitucional. “La gran virtud (de ese hecho) es que tuvo acuerdo político entre el peronismo y el radicalismo. En este momento tenemos que volver a ese camino de diálogo y acuerdo. Los otros bloques, que hacia nosotros tienen una actitud adolescente en la cual un día se acercan y otro día se alejan, tienen que comprender que enfrente tenemos a alguien cuyo objetivo es destruir al Estado”, subrayó. 

En ese sentido, convocó a sus pares: “Tenemos que encontrarnos y armar una agenda común. Es importante voltear el DNU (70/23). Ahora, si los acuerdos que propone el oficialismo duran una semana, como los que generaron en Senado, estamos en un problema político grave”.

Finalmente, el exembajador ante el Vaticano fue consultado por el rol del papa Francisco en la actual coyuntura. "El papa emite un mensaje inverso a todo lo que plantean los postulados libertarios. Francisco es la voz más grande que queda para defender al Estado y a los más necesitados del mundo. La construcción de puentes es cada vez más necesaria para derribar los muros que buscan separar a las personas", dijo. 

En el marco de una conferencia de prensa brindada este martes en el Congreso, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados confirmó la presentación de una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la represión que sufrieron los miembros de la oposición el miércoles pasado.

Desde El Salvador, donde este martes se reunió con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Bullrich les respondió a los diputados opositores que la criticaron duramente este martes. “Los violentos que quisieron imponerse a la ley ahora tienen la hipocresía de hacer una denuncia”, lanzó.

“Se meten a darle órdenes a la Prefectura, fomentan y avalan la violencia, usaron el poder diciendo ‘Soy diputado, papá’, y después los hipócritas te denuncian”, concluyó Patricia Bullrich desde la red social X.

Los violentos que quisieron imponerse a la ley ahora tienen la hipocresía de hacer una denuncia. Se meten a darle órdenes a la Prefectura, fomentan y avalan la violencia, usaron el poder diciendo "Soy diputado, papá", y después los hipócritas te denuncian. pic.twitter.com/5dEHMniatE

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 18, 2024

Tal como se anunció, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados brindó una conferencia de prensa y confirmó la presentación de una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la represión que sufrieron los miembros de la oposición el miércoles pasado.

Del mismo modo, los legisladores presentes exigieron la liberación de los detenidos en la Plaza de los dos Congresos y desenfundaron críticas contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Está queriendo inocular con miedo a la sociedad y no le tenemos miedo”.

El primero en exponer fue el presidente de bancada kirchnerista, Germán Martínez, quien señaló que se trató de una “represión planificada contra los diputados de UP” y que demostró el “desprecio de Milei contra los diputados y el Congreso de la Nación”.

Asimismo, acusó al jefe de Estado y a la funcionaria de “desatar un claro plan represivo en Argentina”, e indicó que “hay presiones para que determinado periodista no diga lo que tiene que decir y un régimen de represión contra las garantías constitucionales”.

En segundo lugar, el diputado nacional Leopoldo Moreau catalogó a Patricia Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal”, y cargó: “Fue un pelotón contra nuestra integridad y se trató de delitos de tormentos, privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad”.

Del mismo modo, Moreau confirmó que la denuncia cayó en una de las cámaras a cargo del juez Ariel Lijo y puntualizó que “era una decisión ir sobre los diputados nacionales de Unión por la Patria”.

“Puntualizamos que, como ha ocurrido en otras marchas, es un derecho como simples ciudadanos con el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, pero cuando no interviene la ministra de Seguridad y las fuerzas a sus órdenes no se producen hechos de violencia institucional”, cargó el diputado de UP.

Damnificada en el ataque con gases, la diputada nacional Carolina Yutrovic relató que “nos tiraron gas y nos quedamos ciegos. También nos tiraron en la boca y nos seguían ‘topeteando’ con los escudos”. “No sé qué nos hubiera pasado si nos hubiéramos caídos porque estaban absolutamente sacados y vamos a usar todas las medidas legales para evitar que Bullrich haga este tipo de acciones”, sumó.

El diputado Castagneto contó lo que vivió durante la jornada del miércoles pasado.

De igual manera, el diputado nacional Carlos Castagneto manifestó: “Perdí la visión, sentí como un soplete de pintura en la cara y un calor muy intenso”. En esa línea, añadió: “Sentí que me explotaba la cabeza, aun siento la cara muy caliente y me cuesta la lectura”.

“No podemos entender esta manera de hacer política porque cuando en un proyecto de ley se quiere poner un protocolo antipiquetes, la ley no es buena para el pueblo”, enfatizó el legislador. “Salimos con la gente a acompañar”, aclaró.

También, le respondió al comunicado de la Oficina del Presidente: “No somos terroristas ni quisimos hacer un golpe de Estado”, y concluyó: “Nuestra política no es dar cargos, sino la convicción de que tenemos que defender a la mayoría del pueblo argentino”.

En última instancia, la diputada nacional Lorena Pokoik sumó su postura: “Lo peor que nos puede pasar es normalizar la violencia institucional”, y lanzó una serie de críticas contra Milei: “no ha parado de atentar contra el Congreso”.

Así las cosas, remarcó que “no somos terroristas ni golpistas, somos representantes del pueblo”, y cerró: “Estamos en un momento muy grave porque se está naturalizando la criminalización de la protesta social y la detención por cuestiones políticas”.

Finalmente, el titular de bancada Martínez enfatizó el pedido de liberación de los detenidos durante los incidentes en las afueras del Congreso y confirmó la presencia del bloque en la marcha de este martes en Plaza de Mayo.

📄 • #COMUNICADO https://t.co/XqX77BcPqj pic.twitter.com/gC7iUqLscG

— Diputados UP (@Diputados_UxP) June 18, 2024

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto que establece una nueva fórmula jubilatoria que fue el resultado de negociaciones entre UP con la oposición dialoguista –menos el Pro- lo que fue un cimbronazo para el oficialismo y que desafía al presidente de la Nación, Javier Milei, quien ratificó que no va a entregar el equilibrio fiscal.

El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, tras un acuerdo previo que existía, correspondiente a los bloques UCR, HCF, IF y CC, que resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.

A través de su cuenta “X”, Milei compartió un posteo para que “le que quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”.

“A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC!!!”, cerró su mensaje ratificando su advertencia de que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal.

En apoyo salió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien apuntó: “Juntos para quebrar al Estado y empobrecer a los jubilados y sus familias. Ni un paso atrás. 100 años de progreso o la vida en decadencia. ¡El pueblo ya eligió!”.

En el mismo sentido se expresó el diputado del Pro Diego Santilli: “La misma noche en que sufrieron amnesia y descubrieron que los jubilados ganan una miseria, votaron EN CONTRA de eliminar las jubilaciones de PRIVILEGIO. Más kirchneristas no se consigue”.

“Es cínico que los autores del FRACASO en la Argentina quieran venir a brindar ‘soluciones’, USANDO a los jubilados y a las universidades, después del desfalco que dejaron en el Estado. Háganse cargo y dejen de tomar como rehenes a los argentinos para desestabilizar al gobierno”, agregó en otro posteo.

Tras encabezar la reunión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) en Mendoza, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, adelantó que va a enviar un proyecto de ley al Congreso una reforma al Código Penal Juvenil.

En línea con anteriores iniciativas enviadas al Poder Legislativo, la ministra afirmó que “es mi responsabilidad cuidar a todos y cada uno de los argentinos y los ciudadanos que viven en la Argentina y mejorar la calidad de vida, cuidar la propiedad y que los que quieran venir a invertir sientan que es un ambiente seguro”.

Destacó, además, las iniciativas ya debatidas en Diputados sobre un nuevo registro de datos genéticos (ADN); la incorporación del concepto de ‘reiterancia’ y la legítima defensa en cumplimiento del deber. Además, se establecen modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos.

El proyecto con la modificación al Código Penal Juvenil por parte del Ministerio de Seguridad arribará al Congreso en el corto plazo para que “se termine de utilizar a los menores, o que estos puedan cometer delitos sin ningún tipo de sanción”, cargó.

Con relación a la conexidad judicial, reiteró la necesidad de trabajar en función de un proyecto de ley “que nos permita que en cada una de las provincias argentinas tengamos una conexión entre la justicia local y la justicia federal porque muy pocas son las causas que empiezan y terminan en el mismo lugar”.

Acto seguido, se refirió al crecimiento del fentanilo en la región: “No podemos dejar que a la Argentina entren laboratorios de fentanilo, porque la crisis de salud más importante que hoy existe en muchos países europeos y en Estados Unidos”. “Para eso, tenemos que tener una red de control de precursores químicos”, cerró.

Ingresó formalmente a la mesa de entradas de la Cámara baja el proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional respecto a la regularización de armas de fuego por el término de un año en todo el territorio nacional dispuesto en un nuevo plazo del “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.

El proyecto de ley lleva la firma del presidente de la Nación, Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. La idea del Gobierno es establecer una opción a la ciudadanía en relación con las armas de fuego y su tenencia legal. Es por eso que se la iniciativa estabelce un procedimiento de regularización excepcional, o en su defecto la entrega voluntaria (y anónima), para su destrucción a cambio de un incentivo económico.

El texto señala que es “esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas".

Desde el Gobierno aseguran, en el proyecto, que existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional, que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Estiman que más de 800.000 están en una situación irregular.

Por tanto, expresan en la iniciativa “deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.

“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas”, cuestionaron en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Debido a las fugas de presos que hubo en las últimas semanas, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron nuevos módulos de detención para descomprimir las comisarías porteñas y anunciaron más medidas para mejorar la seguridad.

En este sentido, el alcalde local explicó que “la situación actual en las comisarías y alcaidías de nuestra Ciudad exige una acción inmediata que garantice la seguridad de los porteños” y destacó que “por un lado, debemos mejorar la infraestructura. Esto incluye remodelaciones, modernizaciones y la instalación de módulos de detención adicionales en tres ubicaciones estratégicas de la Ciudad: la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas. Son 19 nuevos módulos, equipados y preparados para albergar a 300 detenidos”.

Además, anunció que se avanzará “en la construcción de una Alcaidía Central en la Ciudad, para aumentar todavía más la capacidad para albergar detenidos en condiciones adecuadas” e informó que “en paralelo, estamos colaborando con la Justicia para implementar el uso de dos mil tobilleras electrónicas para arresto domiciliario, y medidas para acelerar la deportación de delincuentes extranjeros”.

“Por último, si bien es algo que no tiene que ver directamente con los detenidos en nuestras comisarías y alcaidías, vamos a reiniciar las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar allí, por etapas y a medida que avance la obra, a los 1.800 presos de la cárcel de Devoto”, detalló.

Finalmente, Macri concluyó agradeciéndole “a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y a su equipo, por su respaldo a este anuncio y por el trabajo coordinado que venimos haciendo entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad, para mejorar la seguridad y garantizar el orden en el espacio público”.

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

El bloque de diputados nacionales del Pro, presidido por Cristian Ritondo, manifestó su apoyo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de la amenaza en su contra que se conoció este viernes.

El mensaje encontrado en un puente de Rosario, escrito en tela con aerosol, rezaba: "Patricia Burlich pusiste a todos los presos en un mismo pabellón ahora vamos a dejar negra Rosario y Baires. Atte. los rosarinos".

"Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario. Los vamos a meter presos a todos. Se les acabó la joda", expresó la ministra en su perfil de la red social X.

“Patricia Bullrich, metiste a todos los presos en un mismo pabellón, ahora vamos a desangrar Rosario y Buenos Aires”.

Hoy apareció un nuevo cartel intimidatorio contra mi persona en un puente en Rosario.

Los vamos a meter presos a todos.

Se les acabó la joda. pic.twitter.com/q5Q3GEaXWj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 12, 2024

A través de un breve comunicado, la bancada amarilla expresó: "Desde el bloque Pro apoyamos con toda decisión la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico que está llevando adelante el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".

"Ninguna amenaza hará cesar esta lucha, y apoyamos la investigación iniciada en la Fiscalía Federal N°3, como así también en el MPA Santa Fe, en la causa por terrorismo contra Rosario y Buenos Aires", agrega el texto.

Por su parte, el diputado Damián Arabia, del círculo de Bullrich, señaló que "la lucha que estan llevando adelante @JMilei y @PatoBullrich contra el terrorismo y el narcotráfico es imparable. No hay amenaza que vaya a quebrar esa decisión. Cuentan con el respaldo de todos nosotros en esta guerra sin cuartel".

"Se les terminó la impunidad y reaccionan con amenazas y agresiones. Pero sé que @patobullrich no va a retroceder un paso en su valiente trabajo para recuperar la paz y la acompaño ante este nuevo intento de amedrentamiento. Ahora, en Argentina, el que las hace, las paga", escribió el santafesino José Núñez.

En tanto, la cordobesa Laura Rodríguez Machado publicó: "PATRICIA BULLRICH ESTOY CON VOS ESPALDA CON ESPALDA. Las amenazas recibidas no van a impedir que @PatoBullrich continúe trabajando para combatir el narcotráfico y las mafias".

Otro diputado del Pro que utilizó sus redes para solidarizarse fue Alejandro Finocchiaro, quien expresó que "ni un paso atrás!!! Fuerza @PatoBullrich. Frente a la amenaza narcoterrorista, la ley se cumple, los delincuentes presos, Argentina en paz".

"Banco fuerte a @PatoBullrich ninguna amenaza va a impedir que logre su objetivo, acabar con el crimen organizado y las bandas narco en Rosario y en todo el país", sostuvo Silvana Giudici.

Además, la senadora radical Carolina Losada dijo: "Mi total apoyo a @PatoBullrich. Esta lucha no es fácil, pero los crímenes y las amenazas no van a quedar impunes. Los rosarinos vamos a volver a ver a nuestra ciudad libre de delincuentes".

A raíz de la fuga de diez presos en menos de un mes, el diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura de la Ciudad, Facundo del Gaiso, exigió que el Gobierno Nacional intervenga para frenar esta situación y adelantó que desde la Coalición Cívica le enviaron una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitando el urgente traslado de los presos federales.

A través de sus redes sociales, Del Gaiso se preguntó: “¿tenemos que esperar que pase una tragedia para que el Gobierno Nacional se haga cargo de los presos que le corresponden al Servicio Penitenciario Nacional? ¿Cuándo lo hacia el kirchnerismo, denunciábamos que buscaban perjudicar a la Ciudad, si lo hace el Gobierno de Javier Milei no?”.

“Desde la Coalición Cívica, le enviamos una carta a la ministra de Seguridad, solicitando el urgente traslado de los presos federales. Tenemos 2005 presos federales custodiados por 2000 policías, que en vez de estar patrullando las calles están armando barricadas en las comisarías”, continuó el legislador.

Al mismo tiempo que concluyó planteando que “el maltrato a la Ciudad es similar del kirchnerismo como del Gobierno de Milei. No cumplen el fallo de la Corte por la Coparticipación, que implica un alzamiento al orden democrático. Con una deuda acumulada de 1 billón de pesos (el presupuesto total CABA es 6 billones)”.

En el marco de una conferencia de prensa brindada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, la funcionaria reclamó al Congreso votar “rápido” el paquete de proyectos que anunció días pasados para combatir al crimen organizado.

Al cabo de una reunión realizada del Comité de Crisis de Rosario realizada en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, para evaluar los primeros avances de la implementación del Plan Bandera en la ciudad, Bullrich pidió a los diputados y senadores “que voten de manera rápida dando la discusión que quieran”.

“Iremos al Parlamento las veces que haga a falta, pero que lo hagan rápido porque la sociedad lo necesita”, planteó la ministra de Seguridad, que por la noche, en una entrevista con La Nación+, dijo haber dejado en Presidencia de la Nación este jueves los textos de los proyectos. Se refirió puntualmente a la ley antimafia, la de reiterancia, la de legítima defensa, y la de resistencia y atentado contra la autoridad.

Según contó la ministra en la conferencia de Prensa, los proyectos serán enviados a la Cámara de Diputados de manera “inmediata”. Y precisó que como con el presidente consideran esas iniciativas tan importantes como la discusión de la ley de Bases, pues “van a generar un cambio muy importante en lo que es la estrategia contra las organizaciones criminales en la Argentina”, serán trabajados por los diputados de manera “paralela” con la ley de Bases.

Bullrich señaló que esas leyes son necesarias para la gente. “No es una discusión de políticos para políticos”, sino que “la gente tiene que saber que sus representantes están dispuestos a hacer cambios que terminen con la violencia, la destrucción, la muerte, los asesinatos y el sicariato en Rosario y todo el país”.

Por su parte, Pullaro señaló la importancia de “tener las herramientas para poder desestructurar las organizaciones criminales. Si la violencia que sucede hoy en Rosario se traslada, puede suceder en otros puntos del país, con lo cual necesitamos herramientas que nos permitan llegar hasta el fondo de la cuestión. Por eso acompañamos las leyes que está presentando el Gobierno Nacional, son leyes que hemos discutido cuando era ministro de Seguridad entre 2015 y 2019”.

Asimismo, indicó la necesidad de “cambiar las leyes, para que un menor que comete un delito violento, que comete un delito de mayor, sea juzgado como un mayor. No podemos tener hoy en la República Argentina menores y mayores que utilizan a menores para cometer actos de terrorismo o de violencia extrema”.

“En la provincia de Santa Fe necesitamos recuperar la paz. No los vengan a defender, no son ninguna víctima de nada esos violentos. Y sepan que vamos a poner todos los recursos para llegar a las últimas consecuencias; vamos a mostrar a los responsables a la sociedad, y les va a caer todo el peso de la ley”, resaltó el mandatario santafesino.

Los proyectos

Se trata de seis iniciativas. Cinco son las que fueron anunciadas por la ministra de Seguridad y su par de Defensa, Luis Petri, mientras que el sexto está en manos del Ministerio de Justicia y es el que establecerá un nuevo Régimen Penal Juvenil.

Los otros son el proyecto contra Organizaciones Criminales (conocido como Ley Antimafia); el de reincidencia y reiterancia; el que crea un Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y la Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

Entre las reacciones que la crisis de seguridad en Rosario generó, en el plano legislativo están los cinco proyectos que los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron que el Gobierno de Javier Milei mandará en las próximas semanas al Congreso para modificar leyes de seguridad, incluida la de Seguridad Interior.

Ahora la detención del presunto asesino del playero Bruno Bussanich será disparadora de otra iniciativa que causará seguramente gran repercusión, pues se trata de la modificación de la edad de imputabilidad. Sucede que el asesino de Bussanich tiene 15 años, y ello motivó el siguiente anuncio de la ministra de Seguridad: “Ya está entrando al Congreso de la Nación la ley de imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Tan previsible anuncio fue hecho por Patricia Bullrich a través de su cuenta de X. Ese mensaje fue reposteado por el propio presidente Javier Milei, quien le agregó la siguiente sentencia: “EL QUE LA HACE, LA PAGA…”. Así en mayúsculas.

EL QUE LA HACE, LA PAGA... https://t.co/JFo7OK2sDF

— Javier Milei (@JMilei) March 29, 2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue más lejos en su reacción, al postear junto al anuncio de “la detención del asesino que fusiló al playero en Rosario” la siguiente definición, que considerando el cargo de quien lo dice, ya representa un anticipo: “Delito de adulto, pena de adulto”.

La información que trascendió en la tarde del Viernes Santo es la de que el presidente Milei dio instrucciones a su ministro de Justicia para apurar la presentación de un proyecto de ley proponiendo la baja de edad de imputabilidad a 14 años. El mismo, según fuentes oficiales consultadas, sería anunciado inmediatamente después del fin de semana largo. No está confirmado si el anuncio llegará con el proyecto de ley correspondiente, o el mismo se conocerá más tarde.

A mediados de enero, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anticipado que el Gobierno presentaría un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En esa oportunidad explicó por Radio Rivadavia: “Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto. ¿Por qué? Porque al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa. A partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad”, precisó.

El ministro Cúneo Libarona junto a Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que tendrá mucho que decir en este tema.

Antecedentes cercanos

La presentación de proyectos vinculados a la baja de edad de imputabilidad es constante en ambas cámaras. Un actual miembro del gabinete nacional, el ministro de Defensa Luis Petri, presentó en noviembre de 2021 un proyecto de ley que establecía la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de catorce y menores de 18 años al momento de la comisión del hecho tipificado como delito.

“La finalidad principal del sistema de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social. Con ese objetivo, este régimen comprenderá un abordaje integral e interdisciplinario”, indicaba el texto de la iniciativa, que establecía la necesidad de “consagrar un sistema de responsabilidad penal juvenil, despojado de todo resabio tutelar, estableciendo a partir de los 14 años un proceso de responsabilidad penal. De lo contrario, supone consagrar la impunidad por el crimen anticipadamente por vía legal, clausurando cualquier posibilidad de justicia para la víctima de manera individual, pese a que su autor estuvo en condiciones de comprender la criminalidad del delito cometido”.

“Argentina es uno de los países con más alta edad de imputabilidad del mundo. La gran mayoría de países de Latinoamérica y Europa incluyen a los menores en sus regímenes de Responsabilidad Penal Juvenil a partir de los 14 años (Chile, Colombia, Paraguay, España, Alemania, Italia), 13 años (Uruguay, Francia, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre muchos otros países”, explicaba el entonces diputado nacional radical al proponer dar el debate de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, que disponga penas y establecimientos para su cumplimiento diferenciado, que prevea medidas alternativas a las de prisión conforme a la gravedad del delito, garantice el derecho de defensa y el debido proceso, que erradique todo resabio tutelar y tenga la capacidad de evitar y prevenir la escalada criminal de menores en conflicto con la ley penal, aumentando las posibilidades de resocialización y otorgando una tutela judicial efectiva a las víctimas.

Para el Gobierno de Cambiemos, la baja de la edad de imputabilidad fue un objetivo inconcluso. En enero de 2017, los entonces ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron un encuentro al cabo del cual ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, la radical Gabriela Burgos, y del Senado, el peronista Pedro Guastavino. Garavano informó entonces que, según se había acordado en la reunión, “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años iba a ser “el último punto” del debate, que se había disparado luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.

Germán Garavano y Patricia Bullrich al anunciar en 2017 la propuesta de Cambiemos para bajar la edad de imputabilidad.

En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”.

El proyecto no llegó a avanzar, y el Gobierno de Mauricio Macri intentó retomarlo en su último año, 2019, modificando la intención original de llevar la edad de imputabilidad de 16 a 14, a 15, aplicándola para los delitos más graves.

En esa iniciativa se hablaba de un sistema de escalas, y los menores de 15 años serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo con armas de fuego.

Para los casos de mayores de 16 años y menores de 18, serían imputables cuando se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años y podrían ir presos en caso de haber cometido un hecho comprendido en el Código Penal que tenga una pena máxima igual o mayor a diez años.

Asimismo el proyecto preveía incorporar mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Ese proyecto preveía que en caso de que la investigación preliminar estableciera que un menor de 15 años cometió un delito reprimido con pena máxima de 10 años, un equipo interdisciplinario elaboraría un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.

El proyecto llegó a debatirse en comisiones, realizándose reuniones informativas, pero nunca llegó al recinto.

Proyectos vigentes

En la actualidad hay en el Congreso 8 proyectos de ley con estado parlamentario para modificar la edad de imputabilidad, siendo el más reciente uno presentado por Ramiro Gutiérrez (UP), junto a otros diputados del massismo, el 5 de marzo pasado, que propone un Régimen de Responsabilidad Penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años. El mismo diputado ya había presentado una iniciativa en el mismo sentido en septiembre de 2022.

Otra diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentó el 23 de agosto de 2023 un proyecto para derogar la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad) y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Su propuesta no establece una edad límite, sino que establece que “será punible toda persona menor de 16 años que fuere acusada de cometer o participar en la comisión, aun en grado de tentativa, de alguno de los delitos tipificados en los artículos 79, 80, 81, 91, 119 párr. 2 y párr. 3, 166 inc. 2 y 170 del Código Penal de la Nación, o un delito cuya pena máxima fuere superior a los 15 años”.

Por su parte, el diputado del Pro Diego Santilli hizo su aporte el 16 de junio del año pasado, proponiendo un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años. Ya había presentado uno similar en noviembre de 2022.

En lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, su proyecto prevé que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.

Carolina Piparo presentó el 30 de marzo de 2023 una modificación del artículo 50 del Código Penal, para incorporar la reincidencia a los delitos cometidos por menores de la edad de imputabilidad. “La sociedad no puede seguir siendo rehén de menores que salen a cometer delitos y cuya violencia es cada vez mayor porque no encuentran obstáculos impuestos ni desde su hogar, si es que lo tienen, ni desde el Estado”, señalaba la diputada de Buenos Aires Libre en los fundamentos de su iniciativa.

También en marzo de 2023, el diputado Ricardo López Murphy presentó una iniciativa que creara un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad a 14 años.

Y llegamos a noviembre de 2022, cuando el diputado Cristian Ritondo presentó su propia propuesta de Régimen de Responsabilidad Penal de la Minoridad, bajando a 14 la edad de imputabilidad.

Cristian Ritondo y Carolina Piparo hablando de la baja de edad de imputabilidad, precisamente.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio a conocer este martes una pintada amenazante que apareció en la base de la estatua del monumento al Quijote, emplazado en Avenida de Mayo y 9 de Julio, con la leyenda: “Matar a Bullrich para vengar a Santiago”, escrito con aerosol rojo y con alusión al caso Maldonado.

“De verdad creen que nos vamos a asustar?", lanzó la funcionaria de Javier Milei en su cuenta de X, al compartir la fotografía de la pintada y aseguró: “Lo único que logran es que redoblemos nuestro trabajo, cada día, para que no nos sigan tomando de rehenes". "Entiéndanlo, se les acabó la joda", sentenció la ministra de Seguridad.

Diputados del Pro expresaron su solidaridad con Bullrich. Uno de ellos fue el legislador Fernando Iglesias: “La locura es total. Mi apoyo a la lucha de @PatoBullrich por recuperar el control del espacio público y acabar con el crimen organizado, también”.

“Me solidarizo con la ministra @patobullrich y deseo expresar mi más enérgico repudio ante estas amenazas nefastas, que no son más que una clara muestra de desesperación de unos pocos cobardes que observan cómo la impunidad de los delincuentes comienza a menguar en la Argentina”, expresó el fueguino Héctor Stefani.

“Sé de tu probada valentía y sé también que no te van a correr con una pintada, pero estos mensajes son amenazas que no pueden suceder en democracia.  Todo mi apoyo para vos @PatoBullrich”, fueron las palabras de la diputada Silvana Giudici quien también presentó un proyecto de declaración rechazando y repudiando lo ocurrido, la cual fue suscripta por más de una docena de diputados.

La pintada apareció un día después de que Bullrich denunciara al exsecretario de Derechos Humanos y militante camporista Horacio Pietragalla por haber llevado -según la ministra con información falsa y parcial- una denuncia en nombre del Estado contra ella por el caso de la muerte de Santiago Maldonado en 2017.

Los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, se reunieron este lunes por la tarde con un puñado de diputados oficialistas a fin de conversar sobre las cinco leyes que proponen reformas y un endurecimiento en políticas en materia de seguridad en medio de la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo que azota la ciudad de Rosario.

El encuentro se llevó a cabo este lunes pasado el mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad en la calle Gelly y Obes 2289 del barrio de Recoleta. En el mismo estuvieron presentes Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Juliana Santillán, Santiago Santurio, María Fernanda Araujo, Eduardo Falcone, Emilia Orozco, Rocío Bonacci, Marcela Pagano, Facundo Correa Llano y María Cecilia Ibáñez. Cabe destacar que no participó el titular del bloque, Oscar Zago, enemistado con Pagano.

Se trató de la primera reunión que Bullrich y Petri mantienen con el espacio oficialista en Diputados y se espera que lo mismo hagan con bloques opositores dialoguistas en busca de respaldo político para poder aprobar las iniciativas en el recinto.

“Reunión de bloque con la ministra de Seguridad @PatoBullrich y @luispetri conversamos sobre los proyectos de ley del ministerio, los cuáles constituyen la herramienta para combatir y vencer el Narco terrorismo. #VLLC”, posteó la diputada Santillán. En el mismo sentido lo hizo Emma: “Conversamos sobre los distintos proyectos de ley orientados a mejorar la seguridad de todos los argentinos y de nuestro territorio Nacional”.

La aprobación de los proyectos permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

Siguiendo los lineamientos y lo propuesto por Patricia Bullrich durante la última campaña electoral, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentó en la Legislatura porteña un proyecto para impulsar la “Ley de Reiterancia”, que endurece las penas de quienes vuelven a cometer delitos.

De esta manera, el texto recientemente ingresado en el Parlamento propone una modificación integral del Código Procesal Penal de la Ciudad, con el objetivo de endurecer las penas y que rija un criterio de justicia más severo para las personas que vuelven a cometer delitos.

En este sentido, se incorporarían varios artículos al mencionado Código, previendo expresamente el supuesto de “peligro de reiteración delictiva” y sumando a esas normas nuevas cláusulas que permitan “limitar la libertad personal del imputado, y aún dictar su prisión preventiva”.

Asimismo, se busca sumar “normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, las requisas y/o el secuestro de bienes procedentes de delitos o de elementos utilizados para cometerlos. Ello en tanto esas medidas constituyen la necesaria reglamentación de las pertinentes garantías constitucionales en juego, en función de la necesidad de su realización por el peligro de que con la demora se entorpezca el esclarecimiento de los hechos delictivos”, por lo que “se propone entonces que dichos medios de prueba puedan ser realizados por el personal policial, en función de la extrema urgencia, o por el fiscal en función de su urgencia y conocimiento”.

Tras la presentación del proyecto, Macri explicó: “proponemos que, si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso preso. Queremos que los delincuentes sean los que estén tras las rejas y que los vecinos de la Ciudad se sientan libres y seguros”.

“Necesitamos dejar atrás la lógica garantista que libera delincuentes que vuelven a matar, robar o violar. Delito de adulto, pena de adulto. En la Ciudad tenemos muy en claro de qué lado estamos: nunca del lado de los delincuentes”, completó el alcalde local.

Cabe señalar que el concepto de “reiterancia” es más estricto que el de “reincidencia”, que rige ahora. Con la reiterancia se busca que un delincuente espere el juicio preso. La reincidencia, en cambio, habilita la posibilidad de que el delincuente permanezca en libertad durante el proceso judicial, con la posibilidad de seguir delinquiendo. Esta modificación tiene el objetivo de evitar la llamada “puerta giratoria”, que hace que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, con la chance de volver a delinquir.

El Gobierno anunció este jueves el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de Ley que incluirá la llamada “Ley Antimafia” y la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, brindaron detalles de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del presidente Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

La ley antimafias

La ministra de Seguridad anunció en conferencia de prensa que “vamos a enviar al Congreso la llamada ley antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Agregó la ministra que “la pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”. Según Bullrich, “una organización criminal es aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.

La ministra de Seguridad planteó que “la ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.

“Segundo: a Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, añadió, y continuó: “Tercero, el registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención".

Sostuvo Bullrich que “el cuarto proyecto que vamos a presentar tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.

“El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber”, dijo Bullrich que agregó que “vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad".

“Además, proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años", agregó la ministra, que prometió que “vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?".

Durante la conferencia de prensa, Luis Petri se manifestó convencido de que “la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución, y por disposición del presidente Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos”.

“Estamos modificando la Ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, planteó, precisando que “a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.

Petri dijo que las modificaciones también posibilitan “la utilización de medios coercitivos que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.

“Cuando se decida su intervención, las Fuerzas Armadas van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir en tareas de prevención que garanticen la vida, la paz y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvo Petri, quien en otro pasaje agregó: “Como decía la ministra Bullrich, no hay plan B. Necesariamente tiene que intervenir el Congreso de la Nación, y en el caso de la Ley de Seguridad Interior estamos planteando la reforma más importante desde su sanción, en el año 1991”.

“Para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada interagencial y que involucre a los tres poderes del Estado”, sostuvo el ministro de Defensa.

La diputada del MST Cele Fierro se reunirá este miércoles a partir de las 17 con abogados de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y especialistas en Derechos Humanos para encabezar una audiencia pública en la que analizarán el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

La reunión se llevará a cabo en el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada sobre Perú 160.

En ese contexto, Fierro manifestó que “el atropello represivo de Javier Milei y Bullrich violenta la autonomía de la Ciudad y Jorge Macri no solo deja correr como delegado municipal del Gobierno nacional, sino que presentó un proyecto de 'protocolo Bullrich' para la Ciudad modificando el código contravencional”.

“Nosotros no le vamos a dar tregua en ningún terreno a la avanzada autoritaria y anti-pueblo del experimento libertario en el país que Macri pretende trasladar a la ciudad: nos organizamos, judicializamos, nos movilizamos y vamos a seguir en todos los frentes por eso esta audiencia”, añadió la diputada.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “en nuestro país hay una extendida reserva de Memoria, Verdad y Justicia. El pueblo sabe dar peleas, así lo mostramos tirando la Ley Ómnibus. Tenemos que seguir contra el DNU, el protocolo y cada medida de ajuste de los gobiernos que pretenden arrasar con los derechos que conquistamos con lucha”.

La ley antimafias comenzó a sumar adhesiones en el Congreso de la Nación tras el inminente anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las primeras medidas que tomó en medio de la guerra contra el narcoterrorismo que se apoderó de Rosario y que día a día se intensifica cobrándose la vida de un inocente.

Una de las diputadas que se mostró a favor fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) quien dialogó con parlamentario.com y cuestionó la inacción de la gestión anterior en el combate contra el narcotráfico. También lamentó que no se haya aprobado el cuarto artículo de la Ley Bases que establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales.

-Inmediatamente después del anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usted confirmó su voto a favor de la ley antimafias. ¿Cómo cree que podrían a llegar a votar tanto su propio bloque como los demás? ¿Cree que habrá acompañamiento por parte de UP?

-En relación al bloque Frente PRO, el presidente Cristian Ritondo ya ha manifestado públicamente su apoyo a la Ley Antimafias. Por lo tanto, así lo haremos. En relación al Bloque “K” la respuesta la deben dar ellos.

-¿Qué opina de los dichos del presidente de la Nación culpando al kirchnerismo y al socialismo por la situación que atraviesa Rosario hace años y que, en estos días, se está intensificando?

-Está claro que la gestión de Alberto Fernández no combatió debidamente al narcotráfico. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, contaba con ocho subsecretarías. Una de las primeras medidas de la ministra fue la de disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que funcionaba hasta entonces. Como muestra basta un botón y fue la propia Frederic que le bajó el rango a Dirección. En definitiva, no le dio importancia a un tema tan sensible para los argentinos.

-Uno de los artículos que había en la Ley Bases, precisamente el inciso J del 4to artículo, establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad y Bullrich le reprochó al Congreso el rechazo del mismo. ¿Qué opina al respecto?

-Habría sido muy importante que se sancionara. Ahora ingresarán nuevos proyectos sobre el tema al Congreso de la Nación. Aquellos legisladores que no los voten favorablemente, deberán explicarle los motivos de su decisión no sólo a los rosarinos sino también a los argentinos en general. De todos modos, considero, que, en esta oportunidad, los proyectos van a ser aprobados.

-¿Qué otras iniciativas se pueden llevar a impulsar desde el Parlamento para ayudar a combatir el narcotráfico?

-Por lo pronto y la más importante es aprobar rápidamente las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envíe el Congreso de la Nación.

-En este contexto de inseguridad y con el período de sesiones ordinarias ya inaugurado ¿hay alguna novedad respecto de la conformación de las comisiones para que rápidamente se pongan a trabajar sobre proyectos vinculados a este tema y otros 

-Aún no se han conformado la mayoría de las comisiones. Entiendo que esta semana se comenzará a hacerlo.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (UP – Buenos Aires) cruzó este lunes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria afirmara que el legislador “estaba al mando de una policía paralela de espionaje”. "No tengo la menor idea de qué hablas, magnicida frustrada. Supongo que será efecto del delirium tremens”, le contestó.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el programa televisivo en LN+, al referirse a la situación en la que encontró a la Policía de Seguridad Aeroportuaria: “Es un escándalo y un delito. Encontramos un grupo de inteligencia armado que estaba al mando de Tailhade y lo desarmamos en dos minutos”.

No tengo la menor idea de qué hablás, magnicida frustrada @PatoBullrich. Supongo que será efecto del delirium tremens. https://t.co/sexcD5woup

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) March 11, 2024

Además, la ministra relató que se encontró con un “intento -de la gestión anterior- de 'partidizar' la entrada a la Gendarmería Nacional”. “Le repartieron a los intendentes cuotas para poner gendarmes”, señaló y vinculó a La Cámpora con lo relatado.

Tailhade, quien fue uno de los diputados kirchneristas con participación más activa durante las reuniones de Comisión de Juicio Político durante el 2023, le respondió a Bullrich a través de X y consideró que “será efecto del delirium tremens”.

Este síndrome mencionado por el diputado de UP se refiere al cuadro confusional agudo producido por la privación alcohólica. En este caso, el legislador utilizó la frase -en tono irónico- para recordarle a la ministra un episodio del 2009 cuando dio positivo un test de alcoholemia mientras era diputada nacional.

En medio de una nueva ola violenta en Rosario, a raíz de la seguidilla de asesinatos cometidos por bandas narco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a los diputados que no votaron a favor de la ley ómnibus, la cual contemplaba la emergencia en seguridad, con su correspondiente base de delegación.

Durante la conferencia de prensa que dio este lunes, la funcionaria anunció el envío de una ley 'anti-mafias', y aprovechó para criticar a la oposición: “Lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad”.

Horas antes de la conferencia, el diputado nacional del Pro Damián Arabia, quien le responde directamente, había publicado en sus redes sociales: "Hoy Rosario sangra y todos postean, pero hace un mes votaban en contra de las bases para facultar al Poder Ejecutivo en 'Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales'. En el Pro y LLA votamos todos a favor, sin excepción. Algunos UCR y Hacemos votaron a favor, y otros en contra, y el kirchnerismo y la izquierda votaron todos en contra, inclusive diputados santafesinos. Espero que cuando vengan nuevamente las leyes de seguridad, esta vez publiquen menos y voten mejor".

"Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Patricia Bullrich no tendría en estos temas. Pero últimamente en política vale todo, que triste", le respondió el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, en un intercambio que se dio justo antes que Bullrich hiciera su reclamo de manera pública.

Ruin. Hacer política con la mentira y usando los muertos del narcotráfico en Rosario es de una bajeza que Patricia Bullrich no tendría en estos temas. Pero últimamente en política vale todo, que triste. https://t.co/RWFHctvzr4

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) March 10, 2024

Ante el planteo de la ministra de Seguridad, el radical Manuel Aguirre, uno de los que votó a favor del texto aludido, le recordó: "Señora Ministra @PatoBullrich usted nunca solicitó la emergencia en Seguridad por Narcotráfico en la Ley Ómnibus, sólo se preocupó en las manifestaciones sociales. Desde el radicalismo fuimos los primeros en pedirlo ya que es un tema de urgencia para evitar más muertes inocentes".

Puntualmente, el texto original enviado por el Poder Ejecutivo contenía la emergencia en seguridad -la que sí se había aprobado en el artículo 1-, pero no contemplaba en la base de delegación el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad o la lucha contra el narcotráfico. Fueron, durante el proceso de negociaciones, los bloques dialoguistas quienes redactaron el inciso "j" del artículo 4, que igualmente en la votación en particular fue rechazado por 130 votos negativos y 123 positivos. Posteriormente, se cayó toda la ley.

El inciso incorporado por la oposición en el dictamen rezaba: "Fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en: (i) la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; (ii) la producción y tráfico de estupefacientes; (iii) la corrupción de niños, niñas y adolescentes; (iv) terrorismo; (v) las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; (vi) los delitos aduaneros; (vi) los secuestros extorsivos y (vii) la trata de personas".

Los votos negativos a ese inciso fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Por Santa Cruz. Mientras que dentro de los bloques dialoguistas, como la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, hubo división.

Dentro de la bancada radical hubo cuatro votos en contra, de Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes y Fernando Carbajal, quien este lunes le contestó a Bullrich: "@PatoBullrich deja de mentir a la ciudadanía. En la ley ómnibus no había ni una letra sobre narcotraficantes y crimen organizado. Solo un montón de demagogia punitivista absolutamente inútiles. Cumplí tu función y deja de promover leyes que no cambian nada".

En tanto, la diputada Mónica Frade se sumó: "Sra. ministro, en la fracasada sesión de ley ómnibus, en el artículo 1 habían logrado se les apruebe la emergencia en seguridad. Reclame al diputado @dipzago (Oscar Zago) que intempestivamente ordenó levantar la sesión, haciendo caer todo lo votado".

Frade fue uno de los votos en contra de Hacemos Coalición Federal, donde también rechazaron ese inciso sus pares de la Coalición Cívica, los diputados de Córdoba Federal, la bonaerense Margarita Stolbizer y los socialistas de Santa Fe Mónica Fein y Esteban Paulon.

Durante el lanzamiento del Comité de Crisis en Rosario, frente a una nueva escalada de violencia por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el envío de una ley 'anti-mafias'.

De la conferencia de prensa participaron además el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de la ciudad, Pablo Javkin; y el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

"Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley 'anti-mafias' o 'anti-bandas' que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizando, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal anti-mafia de Italia, que terminó con las bandas italianas, como hizo la Ley Rico de Estados Unidos y luego (Nayib) Bukele contra las maras".

La funcionaria explicó que la iniciativa incluirá "figuras especiales como la del arrepentido, que ya existe, y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas".

Bullrich aprovechó para cuestionar que el Congreso no haya aprobado la ley de Bases: "Lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad".

"Esperamos el apoyo de los diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga", expresó.

Por otro parte, le pidió a la Justicia "la utilización de la Ley Antiterrorista". "Mientras se vote la ley 'anti-mafias' o 'anti-bandas', como le vamos a poner en la Argentina, adaptada a nuestras circunstancias, y estemos con toda la operación de saturación, investigación e inteligencia criminal, más la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas argentinas, le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narcocriminales terroristas".

El senador nacional Marcelo Lewandowski reiteró este martes un pedido de informes hacia el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para conocer “la política de reducción, control y destrucción de armas y municiones en el territorio” anunciada en el marco del Plan Bandera.

“La violencia armada se ha instaurado como una problemática social grave que se enlaza directamente con la proliferación de armas y municiones que alimentan los circuitos ilegales”, señaló el proyecto de comunicación que presentó Lewandowski.

Además, el texto planteó que “en 8 de cada 10 homicidios cometidos en Santa Fe entre enero y octubre de 2023 se utilizaron armas de fuego” y sostuvo que “en el Departamento Rosario el cuadro es más grave aún”.

Por otro lado, la iniciativa relató que “entre enero de 2019 y junio de 2023, se registraron en todo el territorio provincial un total de 14.342 secuestros de armas de fuego, dato de las diferentes fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad”.

A su vez indicó que “en cuanto a municiones, entre octubre de 2020 y junio de 2023 se secuestraron en la provincia 85.095 elementos, lo que representa unas 23,88 municiones secuestradas por cada 1000 habitantes”.

Ante este escenario, la iniciativa de Lewandowski remarcó que “se carece de información concreta sobre los alcances y lineamientos del plan” que anunciaron el Gobierno nacional y provincial.

Por consiguiente solicitó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que informe en relación a las acciones desarrolladas en el ámbito territorial de la Provincia de Santa Fe la cantidad de delegaciones de ANMaC en funcionamiento; el personal de control e inspección de materiales controlados cumpliendo tareas; la entrega de materiales controlados previstas para su destrucción definitiva; los acuerdos celebrados con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la entrega y destrucción de materiales controlados; y las acciones llevadas adelante para cumplir con los objetivos y fines previstos por la ANMaC.

En un pasaje de su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei aseguró que “estamos terminando con la extorsión de las organizaciones sociales hacia los beneficiarios. Gracias al protocolo de seguridad instrumentado por la ministra Patricia Bullrich estamos terminando también con la extorsión cotidiana que las organizaciones sociales le imponen a la sociedad cada vez que cortan una calle”.

“Siempre nos dijimos: en nuestro gobierno, el que corta no cobra”, enfatizó, para agregar luego que “nosotros tenemos la vocación de proteger lo más posible a las víctimas del sistema empobrecedor que estamos intentando cambiar”.

En ese sentido, sostuvo que “ningún argentino tiene la culpa de que la inoperancia y la avaricia de los políticos haya destruido sus ingresos y menos los más vulnerables”.

Por eso dijo que su gobierno decidió “terminar con el sistema de la intermediación de la asistencia y fortalecer los mecanismos de asistencia directa. En esa línea, hemos duplicado los montos de la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y la Tarjeta Alimentar”.

A continuación afirmó que “hemos también compatibilizado percibir asistencia social con tener un salario de hasta un millón de pesos, para que quienes perciban un plan social puedan reintegrarse con el tiempo al mundo del trabajo”.

Por último, dijo que “también absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control las organizaciones sociales, como es la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte”.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, dejara inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias, la legisladora del FIT Alejandrina Barry cuestionó con dureza los dichos del funcionario y adelantó su oposición al proyecto de ley de reiterancia, que será remitido a esa Casa en los próximos días.

En ese sentido, la diputada consideró que “Jorge Macri reivindica la represión en las movilizaciones, le llama diálogo a haber dejado más de 285 heridos entre ellos 35 periodistas. Le entregó la ciudad a Patricia Bullrich tratando cada protesta como una guerra. Él es responsable también”.

Mientras que sobre el anuncio de que enviará la ley de reiterancia a esa Casa, Barry explicó que “en Mendoza se aplica la ‘reiterancia’ que quiere incorporar Jorge Macri y se utiliza contra la protesta social. Es inconstitucional y viola el derecho a la protesta. Nos opondremos” y aseveró que “en medio de una crisis social, Jorge tiene un proyecto de orden y progreso. No será más que el brazo armado de Bullrich como ya lo es y benefactor de empresarios. Más de lo mismo. Jorge es Macri”.

Por otro lado, se refirió a los dichos del funcionario acerca de que buscará tener una gestión más austera: “Jorge Macri comienza diciendo que el contexto económico implica austeridad. Debería aclarar que es sólo para la comida de los chicos en las escuelas porque el paseo por Europa, Punta y en jet privado. No tiene cara ni vergüenza”, lanzó con dureza.

“Para hablar de la igualdad de las mujeres en la Ciudad, Jorge Macri debería reconocer a las enfermeras como profesionales de la salud, garantizar viandas de calidad y útiles en escuelas, dos áreas claves con enorme mayoría de mujeres trabajadoras”, continuó Barry.

Al mismo tiempo que concluyó planteando que “en el inicio de sesiones, Macri reivindica despedir 30% de trabajadores municipales contratados. Desde Punta del Este dejo familias en la calle de los programas que atienden a los sectores más vulnerables en la Ciudad. Todo nuestro repudio”.

El senador nacional Marcelo Lewandowski (UP) presentó este miércoles un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, respecto a la implementación del denominado “Plan Bandera” en Santa Fe.

El texto presentado por el senador señaló que “a dos meses del anuncio se desconocen sus alcances”. “Tampoco, se conoce cuáles serán los recursos federales empleados y cuáles son sus objetivos”, añadió.

Además, sostuvo que “aún es más preocupante cuando observamos que el Gobierno le asigna mucha más importancia a reprimir la protesta social que a la lucha contra el narcotráfico”, y agregó que “e necesitan menos declaraciones efectistas y más medidas concretas y precisas para combatir la inseguridad en Santa Fe”.

El pedido de informe de Lewandowski le solicitó al Ministerio de Seguridad nacional detalles sobre los objetivos generales y específicos del plan, medidas concretas tomadas hasta el momento, cuál fue el impacto que tuvieron y el presupuesto asignado.

Por último, el diputado santafesino cuestionó que “se ha evidenciado una menor presencia de gendarmes en Rosario mientras se aumentaban las fuerzas federales en la zona del Congreso Nacional en el debate parlamentario que se llevó a cabo a fines de enero”.

Funcionarios y legisladores se manifestaron este miércoles sobre el documento publicado por la expresidenta Cristina Kirchner, en el que realiza un análisis sobre el gobierno de Javier Milei, en función de las crisis de deuda que tuvo Argentina.

Se trata de un extenso informe de más de 30 páginas, en el que clasifica a la primera crisis entre 1976-1989, la segunda crisis entre 1989-2001, la reestructuración y FMI: el fin de la segunda crisis de deuda entre 2003-2015 -durante los gobiernos K-, y el comienzo de la "tercera crisis de deuda -aún en tránsito- y su necesario complemento: ruptura del Estado de Derecho" a partir de 2016. Finalmente, al llegar a 2023 habla de "un showman-economista en la Rosada" en referencia a Milei.

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria, comparto con ustedes el documento de trabajo ‘Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación’. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", publicó la exvicepresidente en la red social X, junto a un emoji con guiño de ojo, en alusión a que Alberdi es el prócer predilecto del presidente.

La cita reza: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

En el documento, CFK apunta contra Luis Caputo como el "artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina, a quien (Milei) nombra, nada más ni nada menos, que como ministro de Economía". "A él se le suma la reaparición como figura estelar de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA durante el gobierno de Macri y protagonista del 'Megacanje' de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de (Fernando) De La Rúa", agrega.

También por X, el diputado nacional aliado del oficialismo José Luis Espert respondió ácido: "De la nueva aparición académica de la bruta de Cristina Kirchner, impacta lo que dice en pág. 21 de su 'paper': la inflación NO es un fenómeno ni fiscal, ni monetario. Parece que un Nobel de Economía (1976), la experiencia mundial y la de la Argentina, no le alcanzan. Bruta".

"Los adversarios de los argentinos son la hipocresía y el cinismo. Cristina Kirchner, que eligió por Twitter al peor presidente de la democracia, sigue a la CGT y va sobre el Presidente Milei que recién comienza su mandato. Lo único que les importa es estar en el poder, los argentinos no le importamos", escribió el diputado del Pro Hernán Lombardi.

Por su parte, el diputado de la CC-ARI Juan Manuel López recordó que "igual que con Alberto Fernández sobre Javier Milei publica pulidas e insólitas cartas públicas. Soft opposition, y está muy bien porque LLA recién empieza y el FdT dejó la peor herencia, pero suena más a devolución de gentilezas".

En declaraciones a Radio La Red, el jefe del bloque La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, señaló que a CFK "la sociedad ya le respondió en las urnas". "Eligió un presidente por Twitter que nos dejó un país con 1.000 por ciento de inflación en los últimos cuatro años así que no quiero ni responderle", expresó.

Para Zago, Milei "seguramente dará una visión al respecto" porque -agregó- "él no se queda quieto en estas cuestiones". "Cuando uno tiene la verdad de su lado tiene todo el derecho a responderle", sumó.

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responderle a CFK: "Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda sólo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente. @mauriciomacri logró reducir ese déficit durante su mandato y @JMilei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas".

"La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada mientras los argentinos de bien hacen el enorme esfuerzo de soportar y superar el desastre económico de sus últimos 4 años de gobierno, sin duda el peor de la historia argentina", agregó.

En tanto, en declaraciones a Radio Mitre, el ministro del Interior, Guillermo Francos, cuestionó que la expresidenta “tiene el tupé de hablar como si no fuera culpable de nada”, y cuestionó la “falta de autocrítica de responsabilidad cívica, no sólo política, de hacerse cargo del desastre”.

“Hoy he visto con cierta sorpresa las declaraciones de la expresidente y vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner donde pareciera que ella nace a la política ahora para hacer un cuestionamiento y no se hace cargo ni responsable de los 20 años que lleva el kirchnerismo prácticamente en el poder en la Argentina, sacando los 4 años del presidente Macri”, sostuvo.

Muy dura, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la cuestionó: "No puede con su genio, @CFKArgentina. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo".

"No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio. Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas", aseveró.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, admitió que no tuvo "tiempo" de leer el documento de CFK porque estaba "trabajando", pero lo calificó como "opiniones de un ciudadano, las cuales vamos a respetar siempre". "Simplemente me parece que el Gobierno va a tomar toda idea que mire hacia adelante, hacia una Argentina distinta y no ideas del pasado", apuntó.

En ese sentido, insistió que desde el Gobierno miran "siempre para adelante, independientemente de que las palabras vengan de la doctora Kirchner o cualquier otro ciudadano". "Todo lo que sea ideas novedosas las vamos a tomar y aplicaremos en caso de que sean realmente para agregar valor a la Argentina, todo lo que sea fracaso y pasado no lo vamos a tomar", aclaró y consideró que "hay que saber cuándo reflexionar y tomarse un momento para pensar lo que han hecho con la Argentina".

Aval desde Unión por la Patria

Al cruce de la respuesta de Caputo a CFK salió el diputado Itaí Hagman, quien publicó: "Hay que ser cararrota, @LuisCaputoAR. Hasta tus propios colegas reconocían que la Argentina no tenía problemas de deuda cuando ustedes llegaron. ¡Y lo ponían en los documentos oficiales con los que iban a mendigar inversiones al exterior!".

"Durante el macrismo la deuda pública bruta se incrementó en 82.000 millones de dólares, pasando de representar un 52% del PBI en 2015 al 90% en 2019. Y mientras tanto te hacías el canchero diciendo que 'no va a pasar un día que alguien se va a levantar y la deuda subió 15 puntos porque yo me volví loco y salí a los mercados'”, continuó.

El legislador referenciado en Juan Grabois expresó que "lo peor no fue la cantidad de deuda que tomaron -que nos colocó en el primer puesto de colocadores de deuda emergentes DEL MUNDO- sino el tipo de deuda que eligieron tomar. La deuda en moneda extranjera creció un 51%, se reemplazó a acreedores públicos por privados y organismos multilaterales, y la legislación local por legislación extranjera. Es decir, empeoraron todas las variables claves para la sostenibilidad de la deuda".

"Y ustedes a los que les gustaba hablar de crisis asintomática y pavadas del estilo, nos hicieron ponérnosla de frente en 2018 con otra crisis de deuda con devaluación, inflación y default EN PESOS! Hay que ser ciego, o muy mala leche, para negar el desastre que hicieron en materia de deuda. Me inclino por la segunda", completó.

El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro dijo que "repetir el modelo que ya nos llevó al fracaso en otras oportunidades provocará los mismos resultados. Ganan los mismos de siempre, que hacen negocios con el patrimonio de los argentinos, y pierden las grandes mayorías". "Les recomiendo el documento de Cristina para comprender lo que está pasando y empezar a dar los debates necesarios dentro del peronismo", manifestó.

Mientras que el diputado radical K Leopoldo Moreau observó que "este documento de Cristina no sólo es un análisis de la crisis estructural que nos envuelve y diagnóstico de lo que viene, sino una desconstrucción necesaria de un falso sentido común si queremos poner de pie un frente patriótico, democratico y popular".

Convocados por la Fundación LED que encabeza la diputada nacional Silvana Giudici, se realizó este viernes una reunión de la que tomaron parte organizaciones vinculadas a la actividad periodística y las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objeto de analizar lo sucedido en las marchas recientes realizadas frente al Congreso, en las que se produjeron decenas de heridos entre los trabajadores de prensa que realizaron la cobertura de los incidentes.

El objetivo del encuentro fue, tal cual dejó claro la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, redactar un protocolo a partir del cual se pueda evitar que se registren situaciones como las ocurridas durante la cobertura del debate por la ley de Bases en el Congreso de la Nación, en las que hubo una veintena de trabajadores de prensa que resultaron heridos.

Participaron del encuentro, además de la titular de la cartera de Seguridad, el secretario de Medios, Eduardo Serenellini; el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá y el prosecretario de esa entidad, Fernando Ruiz; Paula Moreno y Claudio Jacquelín, presidenta y vice de FOPEA, respectivamente; Andrés D’Alessandro y Daniel Dessein, por ADEPA; Silvana Giudici, Néstor Sclauzero y Paula Bande, de la Fundación LED; Claudia Acuña, de la Asociación Mujeres Periodistas; y José Di Mauro, vicepresidente de APeRA.

Estuvieron también el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En el inicio del encuentro, la ministra de Seguridad resaltó la intención del gobierno nacional de establecer un protocolo de orden público, atento a la situación imperante en los últimos 20 años, dijo, en los que se produjeron un promedio de 10 mil piquetes por año en todo el país.

Destacó la decisión de liberar las calles, atento a la existencia de un “reclamo social muy fuerte” y habló de “liberar las tomas de calles, como se ha logrado en varias provincias”. En ese contexto, planteó el interrogante que se abre sobre “dónde se coloca el periodismo” para evitar situaciones como las que se vivieron la semana pasada.

Habló Patricia Bullrich de redactar un acuerdo, como ya lo hicieron durante la gestión anterior que encabezó, cuando hicieron una suerte de protocolo de periodistas para el caso de persecución del narcotráfico. Fue esa vez a pedido del periodista Germán de los Santos y se aplicó sobre todo en Rosario, con “buenos resultados”.

Durante el intercambio con los representantes de la prensa, se le planteó a la ministra que “no se puede permitir lo que pasó la semana pasada, cuando resultaron heridos más de veinte periodistas.

Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad, pidió ver “la película completa” de lo que sucedió, y en ese marco citó el caso de algún camarógrafo dentro de los agresores. Se mencionó puntualmente el caso de un fotógrafo chileno que pateó la moto de un policía. Aclaró el secretario de Seguridad que ellos reconocen que los periodistas se ubican detrás de la policía “en el afán de tomar una buena imagen”, y es en esas circunstancias cuando se pueden producir el tipo de incidentes como los que se lamentan.

“Coincido en que no deban pasar”, aclaró Ventura Barreiro.

En ese marco se recordó la propuesta de FOPEA de entregar chalecos entre los periodistas, para que puedan ser reconocidos y evitar ser alcanzados por cualquier tipo de represión. “El problema no es la norma; el problema es el exceso”, advirtió Claudia Acuña, ante lo cual la ministra Bullrich rechazó que hubiera habido excesos de parte de los policías y pidió no tener una “mirada ideológica” en esta situación.

La ministra se interesó especialmente en conocer el Monitoreo de la Libertad de Expresión en el que trabaja FOPEA, y aseguró que lo van a ver para atender para verificar cualquier tipo de situación anómala que se haya podido registrar.

“No podemos tener Premios Pulitzer con balas de goma”, advirtió en un pasaje Morales Solá.

Con relación a la recomendación de utilizar chalecos para los periodistas, se alertó sobre la posibilidad de que eso los pueda convertir en “un objetivo”.

Desde la Fundación LED, Silvana Giudici recordó que desde hace una década relevan los casos de situaciones de conflicto en el país, y la ministra aseguró que también analizarán ese trabajo. Néstor Sclauzero recordó sus tiempos de cronista en la calle y comentó que en ese entonces existía una suerte de autoregulación y ellos mismos advertían cuando había gente desconocida entre los periodistas. Apoyó la administración de chalecos para los periodistas, pero aclaró que su uso debía ser voluntario. “Los que van a trabajar lo van a tomar bien”, aseguró.

Desde APeRA se recordó que esa entidad cuenta con “laburantes de prensa” entre los cuales hay una treintena de profesionales que suelen cubrir movilizaciones y que tienen interés en ser escuchados para aportar su punto de vista en la búsqueda de ideas que permitan resguardar la integridad física de ellos mismos. La ministra Bullrich se mostró muy dispuesta a aceptar esa propuesta y contó que ese mismo día habían recibido un llamado en el mismo sentido. Pidió entonces coordinar una reunión con la gente de la Fundación LED.

“Estamos para hablar con todos, organicen una reunión”, planteó.

Bullrich contó que también se había hablado de la posibilidad de poner a los periodistas en un espacio puntual, alejados de cualquier incidente, pero admitió que eso resulta inaceptable para los periodistas que necesitan estar en determinados lugares para hacer mejores tomas. Al respecto, desde ADEPA se recomendó hacer una reunión con autoridades de medios, que muchas veces son los que les exigen a sus trabajadores exponerse para conseguir el mejor material, sin medir los riesgos.

Se habló también de un documento elaborado por la CIDH en 2014, que podría ser adaptado a la realidad argentina.

“Vamos a revisar todo el material como si fuera una ecografía”, garantizó Patricia Bullrich ante la insistencia de imágenes que mostrarían excesos. “Lo vamos a analizar con las imágenes que tenemos nosotros”, insistió la funcionaria, que sobre el final insistió en que “en ningún momento hay una intención de que la prensa no pueda registrar imágenes. Sería de brutos pensar en eso. No tenemos esa intención. No tenemos ninguna intención en tapar ninguna imagen”.

Por último, Bullrich ofreció sus “disculpas formales” por las consecuencias del accionar policial durante los incidentes registrados.

El bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad presentó un proyecto de resolución, acompañado con la firma de otros diputados, solicitando la interpelación “inmediata”  a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones respecto de la “brutal represión” desatada los días 31 de enero y 1° de febrero por las fuerzas federales a su cargo “contra jubilados, asambleas populares, docentes y manifestantes, incluso hacia periodistas y sobre un conjunto de diputados que salieron del recinto a pedir que se frene la represión”.

Al respecto, la diputada nacional Romina Del Plá sostuvo que “Patricia Bullrich debe dar explicaciones de la represión brutal que ordenó frente al reclamo de miles que se manifestaban contra la Ley Ómnibus”.

“Presentamos el pedido de interpelación porque es un atropello a la libertad de expresión y a la libertad de protesta, que están amparados no solo por la Constitución Nacional, sino por tratados internacionales. La ministra considera que puede suprimir a palos el derecho del pueblo a manifestarse No se puede dejar pasar este atropello”, explicó sobre la iniciativa.

Asimismo, enfatizó: “Bullrich debe hacerse presente y dar explicaciones de lo desmesurado y demencial que fue el despliegue de cuatro fuerzas de seguridad que brutalmente reprimieron a los manifestantes que se encontraban de manera totalmente pacífica, debe explicar la represión a las y los jubilados, a las y los trabajadores de la prensa. Fue tan demencial el operativo represivo que el día viernes, ya con la ley ómnibus aprobada en general, reprimieron un festival de la cultura que se desarrollaba en la vereda y tiraron gas pimienta a los jubilados. Una vergüenza nacional”.

La iniciativa es acompañada por Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Christian Castillo, Carlos Daniel Castañeto, María Eugenia Alianiello y Eduardo Leandro Toniolli.

Por último, la diputada bonaerense señaló que “la movilización de estos días mostró que la ministra volvió a fracasar con su protocolo antipiqute. No pueden hacerla pasar la ley y el DNU, si no es reprimiendo a las y los trabajadores y encarcelando a dirigentes de organizaciones populares, como es el caso de los dirigentes mendocinos Víctor Da Vila y a Martín Rodríguez”.

“Desde el Partido Obrero en el FIT-U repudiamos la represión y todo intento de atropellos a los derechos conquistados, particularmente el derecho a la protesta y exigimos la libertad inmediata de todos los presos por manifestarse y la de nuestro compañero Martín Rodríguez”, expresó.

En medio de los repudios por la detención de un grupo de militantes radicales, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman apuntó con dureza contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el operativo policial que se montó en las inmediaciones del Congreso por las movilizaciones en rechazo a la Ley Ómnibus.

Asimismo, la legisladora apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, por su defensa al operativo. “Están defendiendo un acto totalmente ilegal como el que están haciendo al intervenir la Ciudad de Buenos Aires, si Jorge Macri está dispuesto a ser un simple empleado de Patricia Bullrich no es un problema nuestro. Acá no se votó la intervención federal para que la Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal estén ocupando las calles de la Ciudad”, comenzó diciendo en la sesión de este jueves.

“Alerto al resto de las provincias que el protocolo ilegal redactado por Patricia Bullrich dice lo mismo, que puede intervenir la provincia que quiera porque si ella misma detecta que hay flagrancia, puede intervenir donde sea”, siguió la diputada.

Al mismo tiempo que calificó al operativo como “brutal, desproporcionado, violento, agresivo, hiriente, lesionó personas, utilizó gases que estaban prohibidos… tenemos compañeros con los brazos quemados de defenderse de los gases lacrimógenos, nosotros vamos a hacer la denuncia correspondiente” e insistió en que “la movilización de ayer era absolutamente tranquila, pero ella decidió provocar para generar este show represivo, al cual la miliquita Patricia Bullrich nos tiene acostumbrados”.

“Quiero denunciar las detenciones y agresiones a diputados nacionales, voy a repudiar la detención de la militante radical y saludo a la Juventud Radical que está convocando a una nueva movilización. Sepan los militantes radicales que vamos a estar todos en la puerta del Congreso contra la violencia”, agregó y concluyó señalando que “Patricia Bullrich no cometió un error, no cometió un exceso, cometió una política deliberada y que si se aprueba esta reforma que se trata hoy aquí, esto se va a convertir en la regla”.

Durante la primera jornada de debate del Congreso, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano cuestionó con dureza el despliegue del operativo policial que impulsó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para contener las movilizaciones en rechazo a la Ley Ómnibus.

En ese contexto, el trotskista aseguró que “Bullrich está desplegando un importante operativo represivo con Gendarmería y la Policía Federal a la cabeza, contra una movilización que va creciendo con las horas, en rechazo a la Ley Ómnibus, el DNU y el protocolo anti piquete que son un tremendo ajuste contra el pueblo” e indicó que “la represión de Bullrich no va a evitar la movilización contra este ajuste”.

Asimismo, apuntó a que “Gendarmería y Prefectura deberían estar persiguiendo a los narcos y no a las organizaciones de trabajadores en el Congreso”.

Por otra parte, la legisladora del MST, Cele Fierro, se preguntó: “¿cuál es la diferencia entre la Ley Banelco de De la Rúa que coimeó individualmente senadores y este espectáculo de dictámenes falsos, negociaciones espurias con corporaciones provinciales, secretismo en habitaciones de hoteles y departamentos de Recoleta? El espectáculo de descomposición política e hipocresía institucional de la política tradicional, comandado por el presunto ‘anti-casta’ es vomitivo” y adelantó que “vamos a escrachar a cada diputado porteño en especial, que acompañe este ataque anti-pueblo del oficialismo nacional”.

“Los apuros, las postergaciones, las rabietas del presidente, los ministros eyectados, el panquequeo de radicales, Pichetto y peronistas tucumanos, es el resultado de dos factores: la fenomenal demostración de fuerza y enojo social del pasado 24 de enero, y lo que las encuestas ya no pueden encubrir: empezó la declinación del apoyo social a la banda negacionista que gobierna”, indicó y concluyó aseverando que “por eso, vamos a estar afuera, bancando en las calles con la Multisectorial Independiente y decenas de organizaciones, y vamos a seguir diciéndole a las centrales obreras que no vuelvan a dormir la siesta y llamen a parar y movilizar, que al mamarracho del plan Milei lo podemos enterrar”.

Mientras puertas adentro del Congreso de la Nación se desarrollaba la sesión en la Cámara de Diputados en pleno tratamiento del proyecto de ley ómnibus, en los alrededores ocurrieron incidentes entre los manifestantes y la Policía Federal.

Al respecto se pronunció la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman que denunció lo ocurrido y apuntó: ““Con un operativo delirante, desproporcionado y que solo cabe en la cabeza de la miliquita de Patricia Bullrich”.

“Mientras los provocadores estaban acá adentro, ella montó sobre una manifestación totalmente tranquila donde hay asambleas barriales, partidos de izquierda y movimientos sociales, una represión delirante. ¿Saca todo el aparato represivo para qué?”, criticó.

Bregman remarcó: “Tenemos derecho a manifestarnos”, y le planteó a sus pares: “Espero que vayan muchos a ver esto, sobre todo los que le piensan votar darle superpoderes a este Gobierno y una reforma penal a Bullrich porque esto no se puede normalizar”.

“¿Con qué excusa montó esa provocación?”, reiteró y exclamó: “Es una barbaridad. Esta ley es un hecho inédito que bajo el tema de mega ley ómnibus están tratando de implementar uno de los ataques más grandes que se ha visto en el país”.

Sobre el proyecto, Bregman alertó: “La ley es muy grande y los ataques son muchos, afectan un derecho para ocultar el ataque a otro derecho. Acá están aplicando un ajuste ortodoxo para pagarle al FMI, acá se le terminó el cuentito a Milei con nombres raros para perritos. Si van a poner los números sobre la mesa, pongan todos y no los que les conviene solo para argumentar que van a votar esta ley escandalosa”.

“Le están dando a Milei ese poder de monarca que lo transforma las fuerzas del cielo cree que puede ejercerlo como se le ocurra. Es muy grave lo que están votando acá delegando facultades porque no hay reglas de excepción. Le están dando todo el poder a la reacción patriarcal, machista y misógino”, remató.