El pasado 17 de junio fue publicado en el Boletín Oficial el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto que facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.

A partir de ello, diferentes bloques de la oposición presentaron proyectos de ley en rechazo del decreto y propusieron declararlo nulo de nulidad absoluta. Los primeros en llevar iniciativa a mesa de entrada fueron los diputados del Frente de Izquierda, quienes señalaron que el Gobierno “intenta consolidar un Estado policial para cercenar las libertades y derechos democráticos”. “Proponemos la inmediata anulación de este decreto persecutorio e ilegal”, enfatizaron.

En representación de Unión por la Patria, bloque de 98 integrantes de la oposición más férrea, la diputada nacional Mónica Macha presentó un proyecto para declarar nulo al nuevo estatuto de la PFA. En los fundamentos, explicó que “resulta a todas luces violatorio de esenciales principios del Estado de Derecho”. También, afirmó que las nuevas facultades otorgadas a la Federal no están alcanzadas en la Ley de Inteligencia Nacional.

📌 VIENEN POR LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS
Presentamos un Proyecto de Ley para declarar la nulidad del nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina.
No vamos a naturalizar que vulneren nuestras libertades y nuestros derechos
👉 https://t.co/7fEwBjhJpb pic.twitter.com/gj9YlGFX7T

— Mónica Macha (@MoniMacha) June 17, 2025

Con el mismo espíritu, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein, integrantes de Encuentro Federal, indicaron que el decreto “es inconstitucional”, y aseveraron que “es una estafa de Javier Milei y Patricia Bullrich”. “Detrás de un artilugio se exceden las facultades delegadas y reforman el estatuto de la Policía Federal permitiendo el cyberpatrullaje y las detenciones sin orden judicial”, agregaron desde el socialismo santafesino.

Este jueves se sumó el proyecto para derogar el DNU 383 del bloque Democracia para Siempre, conformado por 12 diputados nacionales. Con firma de Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal, los legisladores señalaron que “el decreto de Patricia Bullrich viola derechos constitucionales y además excede las facultades delegadas en la Ley Bases”.

A través de un comunicado en X, la bancada presidida por Juliano manifestó que “la disposición consagra una figura similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales”.

Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para derogar el decreto que reformula las funciones de la Policía Federal

“La norma es inconstitucional”

El decreto de Patricia Bullrich viola derechos constitucionales y además excede las facultades delegadas en la ley Bases.… pic.twitter.com/MlDUVkCHMr

— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) June 19, 2025

También la Coalición Cívica se manifestó en contra de este decreto de necesidad y urgencia. Fue la diputada nacional Mónica Frade, quien, a las pocas horas de la publicación en el Boletín Oficial, tuiteó: “En seguridad vuelta atrás 30 años...cuando regían los inconstitucionales ‘edictos policiales’, la Policía te detenía ‘por las dudas y para saber quién eras’”. Luego, llamó a Bullrich de ser “una nostálgica patológica”.

Teniendo en cuenta la cantidad de integrantes contemplados en los bloques que impulsan la derogación o que se manifestaron en rechazo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal -al menos cinco legisladores lo rechazan-, la oposición tendría cerca de 117 diputados en contra del DNU 383/2025.

En caso de avanzar con el tratamiento, el DNU 383/2025 puede ser llevado a sesión especial sin dictamen una vez que transcurran diez días hábiles desde su publicación (a partir del miércoles 3 de julio) y sin que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo lo ponga a consideración. Para que sea derogado, ambas cámaras deben rechazarlo en el recinto.

Cabe recordar que el actual Gobierno nacional sufrió la primera derogación de un DNU desde la reforma constitucional de 1994. El 13 de septiembre pasado el Senado, tras el primer rechazo en Diputados, derogó el DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional había incrementado los gastos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos.

Un día después de su publicación en el Boletín Oficial, el Frente de Izquierda – Unidad presentó un proyecto de ley para anular el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto y facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.

“Como denuncian especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos, los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas, ya registrados durante la anterior gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partir de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno se detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas e intimidación pública, preanuncian el sentido que tiene esta decisión”, señalaron en los fundamentos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.

Como referencia a los antecedentes mencionados, los diputados del FIT-U recordaron el caso de Nicolás Lucero, un joven de 17 años que fue imputado por “delitos de amenazas e intimidación pública” por haber escrito en Twitter un fragmento de una canción de cancha. El hecho sucedió a mediados del 2016 y la causa se inició un año más tarde, pero en 2018 fue cerrada tras probar la inocencia del adolescente.

También cuestionaron otros puntos del decreto y señalaron que “con la excusa de modernizar a una fuerza corrupta y socia del gran delito, le confieren nuevas ‘tareas’ que permiten detener a cualquier persona sin causa ni pruebas, habilitando el espionaje ilegal y la detención arbitraria, dando mayor poder represivo, extorsivo y criminal a la Policía Federal”.

Luego, aseveraron que es “aún mas grave, la habilitación a la Policía Federal para que pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado, busca invertir el sistema penal argentino, pasando del ‘derecho penal de hecho’ al ‘delito de autor’, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo”.

En el final del texto, los diputados de la izquierda rechazaron la idea de “modernización” utilizada por el Gobierno nacional y acusaron que se trata de “un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial, dando a esta fuerza vía libre para espiar y detener, basados simplemente en lo que ‘crean’ o ‘sospechen’ e incluso, en lo que crean o sospechen que podría llegar a hacer”.

“Contra ese intento de consolidar un Estado policial y contra todo intento de cercenar las libertades y derechos democráticos, a la vez que conquistar todas las demandas del pueblo trabajador y los sectores populares, proponemos la inmediata anulación de este Decreto persecutorio e ilegal”, concluyeron en el texto que propone declarar nulo al DNU 383/2025 de reforma de la PFA.

Fuertes críticas de parte de la oposición se expresaron este miércoles con relación a la requisa llevada adelante por fuerzas de seguridad en vehículos que transportaban a militantes que viajaban a esta capital para asistir a la marcha a favor de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre ellos, los diputados de Unión por la Patria anunciaron que van a demandar formalmente, en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y en la Justicia Federal, a la ministra Patricia Bullrich por violación a la Ley de Inteligencia 255520, #por haber ordenado a las fuerzas federales, no sólo requisar, sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner”. Así lo anunció el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, para quien la cartera de Seguridad “está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos, lo que, reiteramos, está expresamente prohibido”.

Sostuvo Moreau que ese “es un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce”. Y citó el artículo 4° de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) que en su inciso 2 deja claro que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

“El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y terroristas. Pondremos a la Policía Federal Argentina, en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”, anunció el Gobierno nacional al presentar este martes el nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI), corazón de la nueva Policía Federal.

Al oficializar una profunda reforma en la Policía Federal Argentina, el Poder Ejecutivo orienta su misión hacia la investigación de delitos federales y complejos, en línea con modelos internacionales como el del FBI estadounidense. La medida fue formalizada mediante el Decreto 383/2025, firmado por el presidente Guillermo Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La nueva normativa establece que la fuerza dejará de tener funciones vinculadas a la seguridad local en la Ciudad de Buenos Aires, para concentrarse en la prevención, detección y desarticulación de organizaciones criminales. Además, se actualizará su estructura orgánica para hacerla más eficiente y especializada.

Como parte del plan, se crea un programa de modernización bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que incluirá inversiones en tecnología y equipamiento, financiadas con el ahorro generado por la reducción de nuevos ingresos a la fuerza.

También se impulsará un nuevo sistema de ingreso y formación, orientado a profesionales universitarios, replicando prácticas comunes en agencias de investigación internacionales.

El decreto establece objetivos estratégicos como la modernización de protocolos, el fortalecimiento del capital humano y la incorporación de tecnologías forenses y de la información, en un intento por transformar a la Policía Federal en una fuerza más ágil, profesional y adaptada a los desafíos del crimen organizado contemporáneo.

El presidente Milei y su ministra Patricia Bullrich en la primera fila del acto de presentación. (Fotos Ministerio de Seguridad Nacional)

Reacciones en el Parlamento

Previsiblemente, desde la oposición expresaron sus reparos. Es el caso del diputado socialista Esteban Paulón, quien alertó sobre “garantías y libertades en riesgo”. A su juicio, el decreto presidencial “representa un retroceso en materia de libertades y garantías constitucionales”, por cuanto “habilita detenciones arbitrarias y persecución al pensamiento crítico”, y llamó a derogarlo.

Desde Unión por la Patria, la diputada Mónica Litza expresó que con su reforma policial, la ministra Bullrich “se ‘olvidó’ de enviar el proyecto al Congreso, donde deberían darse este tipo de debates. Habilita el ‘Ciberpatrullaje’ de redes sociales sin autorización judicial, detenciones policiales sin control… Cada vez la democracia más débil y un Estado más autoritario”.

“Con el Congreso de la Nación permanentemente vallado y este decretazo de la ministra de Seguridad, viviremos en un virtual estado de sitio”, concluyó.

Especialista en temas de seguridad, el diputado José Glinski coincidió con la ministra de Seguridad en cuanto a la necesidad de “modernizarse” de la Policía Federal. “El problema es el cómo. Una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo”, aclaró. Sostuvo que el decreto 383/2025 publicado este martes “es básicamente una nueva ley orgánica para la Policía Federal. ¿El problema? Se hizo por decreto, evitando el debate en el Congreso y al filo del vencimiento de las facultades delegadas”.

“Lo más preocupante: le da a la PFA facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Es decir, crea una agencia de espionaje sin control parlamentario”, enfatizó. Para Glinski, con este decreto, “la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”.

El extitular de la PSA señaló que “el concepto de ‘riesgos’ a la seguridad interior es tan vago que permite la arbitrariedad. ¿Quién y cómo se define qué es un riesgo? En democracias serias, las reformas de seguridad son fruto del consenso y el debate en el Parlamento. Miren al FBI, la Guardia Civil o los Carabinieri. Ninguno fue reformado por un decreto presidencial”.

Así las cosas, consideró que “imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria. La conclusión es clara: no quieren una policía del Estado de Derecho para cuidar a la gente, quieren una policía del Estado Policial para cuidar al poder”.

Y cerró: “La legitimidad de nuestras fuerzas de seguridad no se decreta, se construye con transparencia, debate y consenso. Exigimos que esta reforma se trate donde corresponde, en el Congreso de la Nación”.

A su vez, la diputada Margarita Stolbizer advirtió que “esto no es lo que votaron millones de argentinos”. La diputada citó el decreto que, dijo, habilita a la Policía Federal a “detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación”.

“Estoy segura de que es una medida que muchísima gente no está dispuesta a tolerar, incluyendo a votantes que eligieron a Milei porque estaban hartos de la corrupción de los K, pero que valoran la libertad en serio”, señaló la diputada, para quien “esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás”. Y cerró: “Una República no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto”.

Por su parte, el exjuez federal Fernando Carbajal consideró que con el decreto 383/25 “el Gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”. Y citó el punto 7 del artículo 6° del decreto que establece que “Fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislación vigente, no podrá detener a las personas sin orden de juez competente. Sin embargo, si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de DIEZ (10) horas”.

“Cuanta demagogia. Lo más especializado y jerarquizado de la PFA para combatir el narcotráfico y terrorismo, es el Grupo GEOF. Se los tiene arrumbados, sin presupuesto, con dos unidades sin funcionar: un Hammer y una unidad CSK 131 blindada, que fue utilizada en el G20. 'No hay para repuestos'. Envían a esos grupos a distintos sitios del país en condiciones infrahumanas y con vehículos inutilizables. Dejen de mentir, que detrás hay gente seria que se preparo demasiado, para hacer un buen trabajo”, se quejó por su parte la diputada Mónica Frade.

Cuanta demagogia. Lo màs especializado y jerarquizado de la PFA para combatir el narcotrafico y terrorismo, es el Grupo GEOF. Se los tiene arrumbados, sin presupuesto, con dos unidades sin funcionar: un Hammer y una unidad CSK 131 blindada, que fue utilizada en el G20. "No hay… https://t.co/N3LEsxuOKQ

— Monica Frade (@MonicaFradeok) June 18, 2025

Previsiblemente, desde la izquierda alzaron también sus cuestionamientos. El diputado Nicolás del Caño posteó en su red social de X: “Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por cómo te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial”.

Milei dice por decreto que la policía te puede detener sin orden judicial por como te vestís, por tu cara, por participar de una movilización y por lo que publicás en las redes sociales. Empiezan a perder apoyo a su plan de hambre y quieren instaurar un régimen cuasi policial. pic.twitter.com/GHtwbki1pJ

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) June 17, 2025

Para la diputada de Democracia para Siempre Mariela Coletta, “esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería -como mínimo- pasar por el Congreso pero otra vez el Gobierno Nacional lo saltea. Entre otros puntos MUY polémicos, dispone en su anexo ‘tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales’ con el agravante de ‘sin necesidad de autorización judicial previa’”. Y cerró: “Una vez más, Milei y sus funcionarios imponen por decreto en vez de buscar los consensos en los órganos que corresponden”.

También desde la Legislatura porteña hay cuestionamientos. La legisladora Claudia Neira sostuvo que “el nuevo Estatuto de la Policía Federal de Patricia Bullrich incluye quedarse con una porción de tareas de Inteligencia Criminal… ¡pero sin cumplir con las regulaciones de la Ley de Inteligencia!”.

“Se autoexceptúa de cumplir con una ley que regula algo tan sensible como las tareas de inteligencia, a través de un Estatuto. Insólito pero real”, agregó Neira, para quien esto puede implicar, por ejemplo, que la PFA en sus tareas de ciberpatrullaje esté habilitada a “hacer inteligencia a personas por su pertenencia a organizaciones políticas, sociales, sindicales, entre otras, cosa que prohíbe expresamente la Ley Nacional de Inteligencia. Muy peligroso”.

Además, continuó, “se reserva la posibilidad de hacer inteligencia, a través de la PFA, por fuera del sistema de inteligencia. Eso es ilegal”.

Y cerró: “Dato aparte, el que no creo que esté muy contento es Santiago Caputo...”.

Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también manifestó sus fuertes reparos. Para él, “el decreto delegado 383/2025 mediante el cual se aprueba el Estatuto de la Policía Federal es nulo de nulidad absoluta por desconocer las bases de delegación establecidas por la ley 27.742 (Ley Bases). Mediante la sanción de dicha norma, el Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar a los órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista, autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”.

“Pasar de un decreto/ley de una dictadura a un decreto delegado de esta naturaleza, a efectos de establecer las funciones de la policía federal en relación a los derechos de las personas, es toda una declaración de identidad autoritaria y antidemocrática del presente gobierno”, planteó Gil Domínguez.

Voces a favor

De modo positivo se pronunciaron los diputados del Pro Gerardo Milman y José Núñez. “La lucha contra el crimen organizado es profunda y exige una fuerza de elite preparada para darla”, señalaron ambos legisladores que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. “La Policía Federal podrá, gracias a este decreto, coordinar acciones con fuerzas internacionales y nacionales y prevenir delitos en espacios digitales, siempre en el marco de la ley”, añadieron los legisladores en el marco de la publicación del decreto 383/2025 que dota de un nuevo estatuto a la Policía Federal y redefine su rol orientado a combatir delitos federales y complejos.

Finalmente precisaron que “gracias a la decisión política de la ministra Bullrich y el respaldo del presidente Milei, vamos a contar con una fuerza que, al llevar adelante un cambio profundo en la formación de oficiales, tendrá una profesionalización total para un nuevo perfil operativo y así hacer frente a los delitos complejos de un mundo más digital”.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciará este martes una revolucionaria y controversial reforma de la Policía Federal, que le daría a la fuerza facultades inusuales e, incluso,  facilitaría contrataciones directas esquivando las licitaciones. Al parecer, la iniciativa no pasaría por el Congreso.

De acuerdo con lo informado por medios periodísticos, Bullrich planteará un nuevo rol y “modernización” de la Policía Federal como el ‘nuevo FBI argentino'’, es decir una fuerza de élite dedicada a la investigación del crimen organizado y transnacional, y no a la persecución de delitos menores o control del tránsito.

Algunos cambios serían polémicos, en temas siempre controversiales como la detección de personas que no puedan acreditar su identidad por un lapso de tiempo o hacer requisas sin  aval judicial.

A esos temas espinosos se suma que la reforma saldría por decreto de necesidad y urgencia, según trascendió, una fórmula usual utilizada usualmente por el gobierno de La Libertad Avanza para eludir al Congreso.

El anuncio de la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Federal (de 1958, cuando Argentina era gobernada por una dictadura) está previsto para este martes y estará a cargo de la propia Bullrich en un acto encabezado por el presidente Javier Milei.

Está previsto para las 14.15 en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Cavia 3300, en el barrio porteño de Palermo.

La ministra -en campaña electoral denostada por Milei y actualmente valorada por haber exterminado los piquetes y acampes- planea habilitar, según esas publicaciones, contrataciones sin llamados a licitación, sorteando así leyes vigentes que prohíben ese formato en el Estado nacional.

El otro problema es que la propuesta de Bullrich avanzaría sobre el Código Penal y leyes procesales, materia que le competen al Congreso nacional y, si lo hace por DNU, no se entiende la urgencia.

El intendente Diego Valenzuela y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron un nuevo equipamiento de seguridad para el Municipio de Tres de Febrero: 50 pistolas no letales Byrna SD que serán utilizadas por la recientemente creada Fuerza de Seguridad Municipal 3F COM.

Bullrich defendió el uso de este tipo de armamento, asegurando que su implementación contribuirá a la protección ciudadana. "Son armas de dispersión, armas que protegen muchísimo a la gente", afirmó la ministra, quien también señaló que la Policía de Seguridad Aeroportuaria será la encargada de capacitar a los 70 agentes incorporados recientemente en Tres de Febrero.

Las pistolas Byrna pueden disparar municiones de impacto o de gas lacrimógeno, lo que permite inmovilizar a un sospechoso por hasta 30 minutos. Este nuevo equipamiento se complementará con la adquisición de 20 motos y 20 móviles destinados a reforzar el control en el distrito.

Además, el municipio ha sumado 200 efectivos federales durante el último año para el patrullaje y el control vehicular en el Barrio Ejército de los Andes y sus alrededores.

El lanzamiento oficial de la nueva fuerza de seguridad se llevará a cabo en julio, en el marco del trabajo articulado por 3F COM, un centro multiagencial que coordina esfuerzos entre la Policía Local, la Policía Bonaerense, las Fuerzas Federales, Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas (SAME), Servicios Urbanos y Defensa Civil.

Luego de que se viralizaran las imágenes en las redes sociales y los medios de comunicación, los diputados de Unión por la Patria (UP) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) fustigaron al Gobierno Nacional por los incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la última marcha de jubilados y responsabilizaron por lo ocurrido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese sentido, la peronista Claudia Neira (UP) afirmó que “Bullrich, sabe de violencia y hasta de celebrar un golpe de estado. Los supuestos grupos ‘anarquistas’, son sus mundos conocidos. Siempre construyendo los escenarios para desatar la violencia. Es su expertiz” y remarcó que “hay que decirlo con claridad porque esto está pasando. Cada día genera más y más violencia. Y no queremos eso, queremos vivir en paz”.

Por su lado, la diputada de la izquierda Andrea D’Atri (FIT) pidió la “libertad inmediata al fotógrafo Javier Iglesias y todos los detenidos por el operativo represivo ordenado por la ministra Bullrich contra la ronda de jubilados. Mientras todavía pedimos por la recuperación de Pablo Grillo. ¡Basta de represión!”.

Finalmente, el trotskista Gabriel Solano (FIT) concluyó enumerando que hubo “más de 80 heridos, 14 detenidos, agresión a los trabajadores de prensa para impedir registros de la represión. Bullrich es un peligro nacional y debe irse de inmediato”.

El pasado martes 13 de mayo ocurrió un ciberataque perpetrado al Ejército Argentino, a través del cual se han divulgado legajos de aproximadamente 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas. Esto fue denunciado por la diputada nacional Agustina Propato en un proyecto de resolución, quien acusó que no ha habido una pronunciación oficial desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Entre los varios pedidos de informe que la legisladora de Unión por la Patria exige, sobresale uno sobre si el ataque “guarda relación alguna con el Memorándum de Entendimiento suscripto recientemente entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par británico Dan Jarvis el cual versaría sobre intercambio de información en materia de ciberseguridad, entre Argentina y el Reino Unido”.

Agustina Propato exige una serie de informes vinculados al ciberataque.

Propato es quien lleva adelante los temas militares dentro del bloque opositor y, en esta ocasión, señaló que “la filtración de datos representa una grave vulneración del Sistema de Defensa Nacional”; consideró negativamente a “la desprotección de los miembros de las Fuerzas Armadas debido a la exposición de información sensible”; y recordó que hubo “un precedente de ciberataques al Estado Argentino, como el ocurrido en la C.N.E.A. sobre el Plan Nuclear Argentino”.

En nombre de la Cámara baja, Propato exige que el Poder Ejecutivo informe sobre si se han encendido alarmas o alertas en relación a posibles filtraciones de datos pertenecientes a los miembros de las Fuerzas Armadas; si el ciberataque sufrido por las Fuerzas Armadas guarda relación alguna con el Memorándum de Entendimiento suscripto recientemente; y si se ha concretado algún tipo de intercambio de información entre Argentina y el Reino Unido.

Además, solicita información vinculada a si ha sido vulnerada la base de datos de las Fuerzas Armadas; qué datos han sido filtrados; si han sido comercializado datos de las Fuerzas Armadas; y por último si el Estado argentino está en conocimiento de quien ha perpetrado el ciberataque.

La todoterreno y versátil política Patricia Bullrich, con cuatro décadas en la vida argentina, fue la protagonista principal del sprint final de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) para intentar destronar la hegemonía macrista en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 18 de mayo.

Fue Bullrich y no Manuel Adorni, el vocero presidencial, la elegida por la maquinaria comunicacional de LLA para asestarle una carambola a tres bandas, como en el billar, a los candidatos opositores Silvia Lospennato (Pro), Leandro Santoro (radical-peronista) y Horacio Rodríguez Larreta (exPro).

Bullrich le endilgó al Pro haber adelantado inútilmente la elección (“fue un despropósito”) y que la agrupación macrista ya no representa el cambio.

“Jorge (Macri) todavía no le encontró la vuelta a la Ciudad. La Ciudad está estancada”, repitió.

A Santoro le endosa representar al kirchnerismo, partido al que lo acusa de haber postrado al país.

“Kirchnerismo o libertad “, es el latiguillo de campaña.

Y a Rodríguez Larreta le espetó no haberse animado a terminar con los piquetes cuando era jefe de Gobierno, y contrastó que ella sí terminó con esas manifestaciones callejeras caóticas.

Bullrich, al llenar la ficha partidaria de LLA en presencia de la jefa del partido libertario, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dijo que era “coherente” con lo que pensaba, al ingresar a la oficialista “Fuerzas del Cielo”.

La actual ministra de Seguridad Nacional había ocupado el mismo cargo en los cuatro años de gestión del expresidente Mauricio Macri y luego fue presidenta del Pro y candidata presidencial tras ganarle la interna al saliente jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Perdió (salió tercera) hace dos años con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei (resultó segundo y primero el peronista Sergio Massa), en las elecciones primarias y a las 48 horas dio un salto a las filas libertarias.

LLA lanzó este martes con Bullrich su sprint final de campaña: “Hay que alinear la Ciudad a lo que se está haciendo en la Nación”, pontificó y advirtió que el presidente Milei (y ya no Macri)” representa el cambio”.

Fue el acto y la foto ideal de la maquinaria publicitaria y propagandística libertaria: y fue con Bullrich -la “traidora” para el Pro- y Karina Milei, la todopoderosa secretaría General de la Presidencia, jefa partidaria y única armadora electoral.

No estuvo Adorni.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, concretó este martes su pase a La Libertad Avanza, en un acto que compartió con la presidenta del partido oficialista, Karina Milei, en la plaza Vicente López y Planes, en un evento con fuerte tono electoral, obviamente vinculado a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires previstas para el 18 de mayo.

Se concretó así lo que venía previéndose desde que los diputados porteños que le responden en la Legislatura de la Ciudad dejaron el bloque oficialista y se afiliaron directamente a La Libertad Avanza. Desde entonces se especuló con la medida que acaba de concretar quien fuera candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, elección en la que terminó resultando tercera.

La decisión de Bullrich llevó a preguntarse a muchos si la misma tendría su correlato en la Cámara baja, donde la expresidenta del Pro cuenta con una decena de diputados que la respaldan. Estos son: Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Fernando Iglesias, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Sergio Capozzi, Gerardo Milman, José Núñez y Patricia Vásquez.

Recordemos que ya dos diputados santafesinos dejaron recientemente el bloque que conduce Cristian Ritondo, no para sumarse a LLA, pero sí armar un bloque de dos denominado Futuro y Libertad. Se trata de Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini.

Sonrisas de la ministra tras estampar su firma en su afiliación al partido que conduce Karina Milei.

Consultada por parlamentario.com, una fuente bullrichista de la Cámara baja negó que vayan a irse del bloque que encabeza Cristian Ritondo para sumarse a LLA, siguiendo el camino de su referente. Ni tampoco piensan armar un bloque aparte, como también se especuló, emulando a Chumpitaz y Razzini, o tal vez sumándose a esa bancada que ya de por sí tiene un nombre que bien podría representarlos en ese caso. Sucede que si bien los dos santafesinos anunciaron que se iban para defender los intereses de su provincia, el nombre elegido parece más afín a los intereses libertarios.

Durante la jornada, Cristian Ritondo organizó una reunión de bloque para contener a todos, cosa que en principio consiguió. De hecho, por la noche Silvana Giudici aclaró durante una entrevista en TN que “ningún diputado dijo hoy que va a romper el bloque”. Por el contrario, aclaró, “ratificamos la pertenencia al Pro”, y justificó la decisión de Bullrich en su convencimiento de que en este momento es lo que debía hacer.

Como sea, todos saben que lo que vaya a pasar en esa bancada estará muy relacionado con el resultado de la elección del 18 de mayo en CABA, y ni hablar de lo que suceda a partir del recambio legislativo, según el resultado electoral en octubre.

Qué dijo el Pro

El partido que preside Mauricio Macri emitió al caer la tarde un comunicado sobre la salida de Bullrich, en el que señaló que “los dirigentes alcanzan sus posiciones de poder representando las ideas y la voluntad de muchas personas que creen en ellas. En un sentido, al ser elegidos, dejan de ser del todo libres, porque adquieren una responsabilidad que no tiene vencimiento”.

“Patricia Bullrich fue elegida en representación del Pro y fue acompañada por más de 6 millones de votos en las elecciones de 2023. Perdió y asumió, desde entonces —como también lo hizo el Pro—, apoyar al gobierno que traía ideas coincidentes con las de nuestro partido. Hoy, al darle la espalda a aquellos que la votaron y creyeron en ella, deja atrás una parte muy grande de su reputación, tal vez toda”, advirtió el partido amarillo, que cerró diciendo: “El Pro, como los electores, aprende de la buenas y malas experiencias, distingue entre las personas y sigue avanzando para cumplir su mandato de cambio”.

Los diputados del bloque Pro prefirieron no hacer olas en estas circunstancias. Salvo María Eugenia Vidal, que se pronunció a través de un posteo en la red social X bastante gráfico.

pic.twitter.com/PHlAm2boGD

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 6, 2025

Una semana después de que el Pro sumara a los tres diputados MID como aliado en el marco de un interbloque, el bloque que conduce Cristian Ritondo sufrió la fuga de dos de sus miembros.

Se trata de los santafesinos Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini. Ambos responden a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por lo que su decisión no sorprendió demasiado.

Chumpitaz anunció su decisión de separarse del bloque Pro en la Cámara baja para conformar su propio espacio legislativo, que se llamará “Futuro y Libertad”. Al anunciar su decisión, el diputado bullrichista lo presentó como una nueva bancada “con impronta santafesina, fuerte anclaje en la seguridad ciudadana y una clara agenda de transformación institucional”.

En ese sentido, Chumpitaz expresó que su objetivo principal “es muy firme: defender a los santafesinos. No tengo nada en contra de los porteños. Mis ideales siguen siendo exactamente los mismos. Pero mi integración dentro de ese bloque ya no es viable porque debo centrarme en quienes represento. La coherencia me obliga a seguir por otro camino, sin renunciar a los valores que me trajeron hasta acá. Voy a continuar trabajando con la misma convicción de siempre, con más fuerza que nunca, por la libertad, la seguridad y el respeto a quienes hacen grande Santa Fe y Argentina con esfuerzo y honestidad”.

Este espacio, que comenzará a funcionar administrativamente a partir del 1 de Mayo, será integrado también por la diputada nacional Verónica Razzini, que Patricia Bullrich llevó a la política cuando lideraba el movimiento antibloqueos. “Es el primer paso de un proyecto con identidad, con rumbo, y con el mismo compromiso de siempre: cuidar a los argentinos de bien y ponerle freno a los que destruyen el país desde la corrupción, la complicidad o la indiferencia”, sostuvo Chumpitaz.

Su decisión se da a poco de haberse realizado las elecciones en Santa Fe, donde se impuso el oficialismo provincial, conducido por el radical Maximiliano Pullaro, mientras que La Libertad Avanza se ubicó en el tercer lugar. Ambos legisladores se manifestaron en la previa de esa elección prescindentes del resultado, habida cuenta la cercanía que a través de Patricia Bullrich mantienen con los libertarios.

Si bien felicitó al gobernador Pullaro tras el resultado de la elección, Chumpitaz posteó ese día en sus redes: “Qué tristeza ir a votar en Rosario y no encontrar ningún candidato del Pro. Pensar que muchos se ofendieron cuando dije que había que actualizar y modernizar porque era ‘Blockbuster en tiempos de Netflix’”.

Cabe acotar que en la lista ganadora, detrás de Pullaro figuraba la diputada nacional del Pro Germana Figueroa Casas.

Chumpitaz venía claramente alineado con el oficialismo nacional, al punto tal de haber sido uno de los diputados del Pro que no dieron quórum en las sesiones de noviembre en las que intentaron aprobar ficha limpia.

El diputado del Partido Obrero (PO) y presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, Gabriel Solano, volvió a cuestionar con suma dureza la presencia de las fuerzas de seguridad en la movilización de este miércoles y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violar la autonomía de la Ciudad.

En ese sentido, el opositor consideró que "la decisión de Patricia Bullrich de aplicar de hecho el protocolo anti piquete violando el fallo del juez Gallardo y coloca al gobierno nacional en la ilegalidad" e indicó que "el fallo es claro cuando señala que el Bullrich no puede desplegar las fuerzas represivas federales en territorio de la Ciudad de Buenos Aires en la movilización de este miércoles convocado por las organizaciones de jubilados y la CGT".

"En la Ciudad de Buenos Aires el protocolo anti piquete no está vigente porque el Gobierno local no adhirió”, remarcó el diputado.

Al mismo tiempo que señaló que "el protocolo anti piquete es claramente ilegal ya que el gobierno nacional se arroga competencias propias del Poder Judicial, como determinar qué es delito y qué no".

"Con el protocolo el Gobierno criminaliza la protesta social impidiendo movilizaciones populares en momentos donde la crisis económica golpea duramente a los trabajadores", sentenció.

Volvió a reunirse este martes la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el radical Martín Lousteau, y que resolvió convocar a una serie de funcionarios para evaluar con ellos el papel de los organismos de seguridad durante las recientes movilizaciones en las que se registraron graves incidentes.

Según confiaron fuentes legislativas a parlamentario.com, durante la reunión se analizaron dos cuestiones de sumo interés. La primera tenía que ver con las denuncias formuladas por la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y otros organismos respecto del despliegue de fuerzas de seguridad y supuestas maniobras de inteligencia ilegal por parte del Gobierno en las movilizaciones recientes.

En ese marco, se dispuso por unanimidad armar un cronograma de visitas para responder las preguntas de la comisión. Según una fuente, en eso todos estuvieron de acuerdo, incluso los libertarios, que no abrieron la boca sobre esta cuestión, como así también el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, que en líneas generales habría estado de acuerdo en lo que terminaron decidiendo.

Las primeras audiencias se realizarían con los denunciantes, que serán convocados para que aporten toda la información de que dispongan, como así también la documentación que permita ampliar datos.

Luego convocarán al ex director nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, Ricardo José Ferrer, quien fuera recientemente desplazado de su cargo al ser responsabilizado de haberle proporcionado información falsa a Patricia Bullrich. La misma, según la ministra, la habría llevado a hablar de la participación de barrabravas en una de las últimas movilizaciones con los jubilados, señalando que todos tenían antecedentes.

El segundo convocado será Sergio Neiffert, titular de la SIDE, y por último citarán a la ministra Patricia Bullrich.

La segunda cuestión a la que se abocaron tenía que ver con una nota enviada por los senadores María Florencia López y Oscar Parrilli, y el diputado Leopoldo Moreau, todos de UP, quienes pidieron a la comisión involucrarse en el caso de las valijas que habrían ingresado al país procedentes de Miami sin ser sometidas al control de la Aduana. El caso fue denunciado en el programa del periodista Carlos Pagni e involucraba a Laura Belén Arrieta, representante de la CPAC, la convención internacional de la derecha conservadora que se realizó en la Argentina.

En este caso, según confiaron fuentes consultadas por este medio, los legisladores libertarios se opusieron a dar curso a ese pedido, argumentando que eso era competencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Fuerzas de Seguridad, que preside el senador misionero del Pro Enrique Martín Göerling Lara, quien integra también la Bicameral de Inteligencia, pero este martes no asistió a la reunión.

Efectivamente, esa comisión se reunió con la intención de tratar el tema, pero eso quedó para una próxima reunión, justamente por la ausencia del senador Göerling.

En este caso hubo una discusión en el seno de la Bicameral de Inteligencia, en torno a si era competencia de esa comisión el tema y la cuestión pareció quedar saldada cuando el presidente de la misma, Martín Lousteau, sugirió hacer un primer pedido de informe al juez o jueza a cargo del caso, en la medida que efectivamente exista una causa. El objetivo sería preguntarle si de la investigación que esté realizándose surgen elementos que justifiquen la intervención de la bicameral. Por ejemplo, la violación a la Ley de Inteligencia.

Una vez que haya una respuesta a esa consulta, también se analizará el sumario administrativo que oportunamente la Aduana reveló haber abierto por este tema, y de lo que surja allí evaluarán si se justifica la actuación de la bicameral.

Como hemos dicho, en este tema se opusieron los legisladores libertarios y Cristian Ritondo, aunque finalmente la propuesta de Lousteau permitió zanjar esos cuestionamientos y dejar abierta la eventual investigación del tema.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, secundada por el jefe de bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni, presentó el anunciado proyecto de ley antibarras por el cual se buscará tipificar a las “barras bravas” dentro de la figura de asociación ilícita deportiva.

Si bien el proyecto ya ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados, esta presentación se dio en un marco de reuniones con dirigentes de los clubes de la provincia de Córdoba y agentes de las fuerzas de seguridad.

También, estuvo la titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, quien en los próximos días convocará al inicio del debate de la iniciativa. Además, acompañaron Andrés Fassi, presidente de Talleres; Alejandro Moyano, vicepresidente de Belgrano; y autoridades de Racing © e Instituto.

Respecto al texto, la funcionaria destacó que “nosotros hasta ahora teníamos una ley que abordaba los momentos violentos, y gracias a eso tenemos muchas menos muertes que hace 20 años”. Y siguió: “Hoy vemos los estadios llenos de jóvenes, chicos que van con sus papás, amigos que disfrutan del fútbol juntos. La seguridad tiene que aumentar porque los clubes están jugando a estadio lleno, y nosotros queremos distinguir entre los hinchas pacíficos y los delincuentes organizados”.

A su vez, el jefe de bloque oficialista en la Cámara baja expresó que “este proyecto es un paso esencial para terminar con el accionar violento y criminal de las barras bravas, tanto dentro como fuera de los estadios. Es fundamental que todos, desde los clubes hasta las fuerzas de seguridad, trabajemos juntos para asegurar que el fútbol vuelva a ser un espacio seguro para todos los hinchas”.

Por su parte, Rodríguez Machado enfatizó que “esta iniciativa ofrece un enfoque integral”, y agregó que “no solo queremos castigar a los violentos, sino prevenir que estas organizaciones sigan operando. Con el compromiso de los clubes y las fuerzas de seguridad, vamos a devolver la tranquilidad a los estadios y a las familias que asisten a los partidos”.

Luego de lo ocurrido en la movilización del miércoles pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó los detalles del proyecto de ley antibarras que llegará al Congreso en las próximas horas. Se creará la figura de la “asociación ilícita futbolística” y las penas contemplarán a dirigentes y organizadores de espectáculos deportivos.

Asimismo, relató que “el 2024 fue el año con más negativas de ingreso a las canchas, con más derechos de admisión aplicados y más capturas efectuadas” en el marco de partidos de fútbol. Sin embargo, aclaró: “Eso no alcanza porque las barras bravas se alquilan por dinero, son custodias en lugares de la economía informal, se meten en los negocios de camisetas y entradas,  y plantean un clima de apriete permanente”.

La ministra anticipó que las penas también serán para “los dirigentes de los clubes que facilitan entradas, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan las entradas de armas a las canchas”. “Hemos encontrado armas de fuego y armas blancas que pasaron los controles o estaban adentro unos días antes”, aseveró.

La iniciativa enviada al Congreso lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libaron y Patricia Bullrich. Esto surgió a partir del acompañamiento de miles de hinchas a la marcha de cada miércoles de los jubilados que terminó con incidentes en las afueras del Palacio Legislativo.

Para el Gobierno, los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad “fueron ocasionados por barras bravas” y por lo sucedido aquella tarde, se le aplicó el derecho de admisión a las canchas a 26 personas que fueron detenidas.

LEY ANTIBARRAS: FIN PARA LAS ASOCIACIONES ILÍCITAS DEL FÚTBOL

Con esta ley, a las barras bravas las declaramos “organizaciones criminales” y van a tener que responder como tales. Se les acaba la impunidad y los negociados alrededor del fútbol y el deporte.

El verdadero folklore… pic.twitter.com/tVF5HG4ssn

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2025

Los puntos principales del proyecto 

En el texto, propusieron elevación en las penas: De uno a cuatro años al que dañare muebles o inmuebles de un espectáculo deportivo; de tres a seis años al que porte y/o ingrese con armas de blancas; de cuatro a ocho años al que ingrese con elemento inflamable y de cinco a diez años al que porte o ingrese con arma de fuego. En el mismo artículo, establece que las penas contemplarán a los dirigentes de los clubes en caso de connivencia comprobada o colaboración.

También, mencionaron que cuando dos o más personas ocasionen la suspensión del partido mediante el empleo de la violencia tendrán una pena de tres a seis años; y de cinco a doce años de prisión, si la interrupción se ocasionara con el uso de armas de fuego.

Para los casos de distribución ilegal de entradas habrá penas de dos a seis años; y de dos a seis para quienes revendan entradas de procedencia irregular. Cuando un dirigente estuviese involucrado, la pena será de tres a ocho años de prisión.

Otro punto mencionado en la iniciativa del Gobierno de la Nación contempla a los conocidos “trapitos”: Habrá penas de uno a dos años para quienes oficien de “cuidacoches” elevadas de tres a cinco cuando estos exijan una suma de dinero a cambio del cuidado del rodado.

La restricción perimetral de acercamiento a un estadio de fútbol será de 1000 metros. En caso de no respetar la inhabilitación judicial, la pena irá de los tres a los cinco años.

Puertas para adentro del Gobierno, recibió muchas críticas el operativo diseñado el miércoles pasado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para contener la habitual movilización callejera semanal de los jubilados, a la que extraña e inusualmente se sumarían hinchadas de clubes de fútbol.

De acuerdo con la evaluación de la Casa Rosada, según lo confiado a parlamentario.com, no funcionaron adecuadamente los tres anillos de seguridad para revisar si los manifestantes llevaban armas, palos u otros objetos violentos y, principalmente, no se custodió el Congreso, que debió ser el principal objetivo a cuidar, entre las principales fallas analizadas.

Esa crítica interna fue visualizada el viernes, 48 horas después de la manifestación violenta, por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien señaló esos dos errores serios del dispositivo de Bullrich, quien había acompañado al presidente Javier Milei a Bahía Blanca esa mañana, regresando especialmente para esa manifestación.

Igual el Gobierno, con el jefe de Estado a la cabeza, salió a defender a rajatabla a la ministra de Seguridad Nacional y hasta avanzó casilleros remanidos por otros gobiernos, como el de que la movilización pretendía una desestabilización institucional.

Sin embargo, inesperadamente para el oficialismo la que desarmó rápidamente esa idea fue nada menos que la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se diferenció diciendo que se había tratado de un “ejercicio de la democracia”, aunque rechazó la violencia.

El problema es que la manifestación del miércoles agitó el avispero político y ahora anunciaron que se sumarán organizaciones sociales, gremiales y políticas. Es decir que la manifestación tendrá más volumen en cuanto a masividad y, por lo tanto, será más difícil hacer la inteligencia previa y también poder controlar los accesos y los movimientos de las columnas.

Un tema sensible en el que se hizo hincapié puntillosamente en Balcarce 50 tiene que ver con la correcta y reglamentaria utilización de las armas y, también, en evitar agresiones por parte de los agentes hacia los manifestantes.

Verbigracia: el tremendo ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo -gravemente herido- y la jubilada a la que un policía le dio un peligroso empellón que la hizo caer y golpear peligrosamente su cabeza contra el piso.

“Esas imágenes no tienen que volver a suceder”, le dijeron tajante a los organizadores del operativo de control, a quienes les dieron un ultimátum en ese aspecto.

En consecuencia, el Gobierno tiene dos objetivos: volver a dar la sensación de que sigue controlando la calle -eso el miércoles pasado se diluyó- y, al mismo tiempo, eliminar cualquier atisbo de posible resurrección opositora a través de las manifestaciones callejeras.

La consigna de la Casa Rosada es no volver a repetir lo ocurrido en la movilización del miércoles, de lo cual el oficialismo públicamente culpó a las barras, a la política y a la jueza interviniente. Y, temerario, lanzó la idea de una desestabilización en su contra.

A propósito, la magistrada Karina Andrade recibió un fuerte apoyo de la asociación de magistrados, que salió con los tapones de punta a defenderla.

“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, expresó la entidad.

En el pronunciamiento, se advierte que los magistrados no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus fallos.

En la semana en que fue pedida una sesión para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el senador nacional Oscar Parrilli aseguró que el bloque de Unión por la Patria irá en contra de ambos y consideró que ninguno va a reunir los dos tercios de los votos que requieren para su aprobación.

"Esta es otra vergüenza y flagrante violación del derecho. Nosotros vamos a votar por el rechazo de los pliegos. No creo que tengan los dos tercios necesarios como para aprobarlos", expresó este lunes.

Y agregó que "por esa situación de haber aceptado ser nombrados por decreto, no hay consenso en el Senado para estos dos jueces".

Por otra parte, el kirchnerista aseguró que la oposición en la Cámara alta va a "seguir insistiendo" para que "se investigue" el caso $LIBRA, cuyo protagonista fue el presidente Javier Milei, "porque no creemos en la justicia argentina".

En un largo tramo de la entrevista por radio Splendid, el legislador criticó duramente a Patricia Bullrich, de quien consideró: "Es la ministra de la violencia institucional, la mentira y la difamación, y nos avergüenza a todos los argentinos una persona así siga siendo ministra".

"La ONU se ha expresado en más de una oportunidad repudiando y rechazando todas las acciones que esta mujer ha llevado adelante en los últimos tiempos", siguió y recordó que "carga sobre sus espaldas la muerte de (Santiago) Maldonado".

El neuquino señaló que "ella ha sido una dirigente que ha circulado por todas las fuerzas políticas de Argentina, desde la izquierda peronista con Montoneros hasta esta extrema derecha de hoy, y su ADN ha sido siempre la violencia y la traición".

"Cabría preguntarse ahora cuándo va a traicionar a Milei, porque así como ha ido traicionado a todos sus compañeros, el último obviamente fue (Mauricio) Macri y el próximo va a ser Milei, solo hay que esperar a ver cuándo va a ser", lanzó.

Para Parrilli, el Gobierno está utilizando "están utilizando los métodos que usaban los militares, tratar de esconder el conflicto social y económico gravísimo que está sufriendo la sociedad, con represión, con violencia y amenazas para el que piensa distinto".

"Están haciendo espionaje político, tema prohibido expresamente por la Ley de Inteligencia", denunció y lamentó que en este contexto "pareciera que por ser kirchnerista uno ya es susceptible de que lo ataquen, de que lo maten".

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentará este lunes el proyecto de ley antibarras, una iniciativa destinada a combatir el accionar violento de las barrabravas.

Esta medida surge pocos días después de la violenta movilización del miércoles pasado, de la que tomaron parte hinchas de varios clubes para respaldar los reclamos de los jubilados.

El proyecto que anunciarán este lunes a partir de las 15.45, en el Salón Malvinas de Casa Rosada, establecerá la declaración de las barrabravas como un tipo especial de asociación ilícita, la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos y la aplicación de fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia.

Cabe consignar que en tiempos de Cambiemos, Patricia Bullrich también impulsó una propuesta similar. Fue en 2018, cuando ella estaba también a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese entonces el proyecto llegó incluso al recinto de Diputados y alcanzó a ser aprobado en general. Sin embargo, en el debate en particular la discusión se trabó y cuando iban por el artículo 10 se resolvió postergar ese debate, devolviendo el proyecto a comisión.

Un debate inconcluso

La aprobación del proyecto de ley contra las barrabravas quedó trunca en la Cámara de Diputados en la sesión del 19 de diciembre de 2018. Ese día, la iniciativa había sido aprobada en general con 201 votos afirmativos, ninguno negativo y 3 abstenciones. Pero la discusión del articulado se empantanó cerca de las 22 y se aprobó una moción para la vuelta del debate a comisiones.

Había pasado más de una hora desde la aprobación en general y varios diputados de la oposición manifestaban quejas por la desprolijidad del debate en particular, tratándose de penas. El detonante de la vuelta a comisión fue la falta de acuerdo respecto del artículo 10, que sancionaba a aquellos que tuvieran en su poder entradas adulteradas.

El momento en el que se votó la vuelta del tema a comisiones.

Fue Martín Lousteau, entonces diputado y líder del bloque Evolución, quien formuló la moción, que recibió 115 votos a favor, 84 en contra y dos abstenciones, de Nicolás Massot (Pro) y Marco Lavagna (Frente Renovador).

“No queremos adjetivar. Se han hecho esfuerzos muy grandes, no es un problema individual de la presidenta de la comisión (de Legislación Penal, Gabriela Burgos), pero este es un tema muy complejo para tratarlo de la manera en que lo hemos tratado”, advirtió, entre otros, el kirchnerista Adrián Grana.

El diputado aseveró que “cuando uno empieza a manosear las penas, pasan estas cosas”, y sentenció: “Lo más serio es no seguir con el tratamiento, porque vamos a hacer un mamarracho legislativo”.

La discusión siguió hasta que Lousteau pidió la vuelta a comisión. La oposición en pleno apoyó la moción, y también votó afirmativamente una integrante de Cambiemos: María Carla Piccolomini (Pro-Buenos Aires).

Si bien la votación no se completó, ya era un hecho que el proyecto no sería ley ese año. El Senado había resuelto no incluir el tema en la sesión prevista para esa semana, postergando la discusión para 2019 a contramano de los deseos del Gobierno, que había convocado a sesiones extraordinarias con ese tema como principal.

La iniciativa había sido desempolvada por el Poder Ejecutivo tras la frustrada final entre River y Boca por la Copa Libertadores. En la votación en general, obtuvo 201 votos afirmativos y ninguno negativo. Solo la izquierda, con sus tres diputados, se abstuvo.

El proyecto transformaba en delitos conductas que hoy son consideradas contravenciones, “cuando se cometan con motivo, en ocasión o vinculados a la realización de un espectáculo futbolístico, sus prácticas, entrenamientos o traslados”.

Así, se sancionaba con distinto grado de dureza a aquellos que porten armas en espectáculos deportivos; que ocasionen avalanchas; que ejecuten agresiones o intimidaciones; que obstruyan el tránsito; y que revendan entradas -entre otras conductas-, con agravantes cuando intervengan barrabravas o dirigentes. También hay sanciones para los “trapitos”.

El debate en el plenario fue conducido por la radical jujeña Gabriela Burgos y Daniel Scioli.

A propuesta del presidente de la Comisión de Deportes, Daniel Scioli (Frente para la Victoria-PJ), Cambiemos había aceptado incorporar un artículo sobre la creación de una base de datos unificada sobre antecedentes deportivos.

Pero el debate en particular demostró que aún quedaban cabos sueltos. Ni siquiera llegó a tratarse uno de los puntos más polémicos: la propuesta de la Coalición Cívica de Elisa Carrió sobre incompatibilidad de funcionarios e integrantes del Poder Judicial para ejercer como dirigentes de fútbol.

Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) destacó que la ley anti-barras “no va destinada a los violentos”, sino a “la sociedad en general que quiere disfrutar de un partido de fútbol sanamente y sin violencia”.

Por su parte, Scioli subrayó que “una sociedad justa no se construye solo con más penas” y que “el Estado debe ser el principal garante, promoviendo políticas públicas y teniendo un protagonismo fundamental en la prevención de la violencia en el fútbol”.

En tanto, Facundo Moyano relató un episodio de violencia en el fútbol que le tocó vivir en el club Alvarado de Mar del Plata, y a partir de esa experiencia enfatizó que “hacer creer que los dirigentes son siempre cómplices es un error”.

Moyano, del interbloque Red por Argentina, destacó en ese sentido que el oficialismo aceptara un artículo propuesto por él sobre protección de los dirigentes que colaboren con la investigación.

También habló el exárbitro Héctor Baldassi, quien expresó que lo sucedido con el superclásico “nos ridiculizó frente al mundo”, y consideró que el proyecto “es un gran avance para recuperar el protagonismo de las familias” en los partidos de fútbol.

A su turno, la puntana Ivana Bianchi, viuda del recordado futbolista Juan Gilberto Funes, reclamó un mea culpa de parte de la AFA, a la que consideró también “cómplice de generar violencia”.

El radical Luis Petri defendió el endurecimiento de penas propuesto como método para contrarrestar este flagelo. “No alcanza -admitió-, pero esta ley es el instrumento que le tenemos que dar a jueces y fiscales para castigar a los violentos”.

Escenas del debate de 2019, con Luis Petri siendo diputado nacional del radicalismo.

Agustín Rossi, titular del Frente para la Victoria-PJ, recordó por su parte que el presidente Mauricio Macri había sido 12 años presidente de un club, y se preguntó si no había conocido a los barrabravas, nunca había tenido relación con ellos y no sabía quiénes eran. Lo mismo dijo para el fiscal Carlos Stornelli, que había sido cuatro años secretario de Seguridad de Boca, o para el viceministro de Seguridad Eugenio Burzaco, que ocupó el mismo cargo en el club River Plate.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, precisó que “Argentina es el país con mayor cantidad de muertes en el fútbol, más de 300”, y añadió que “casi el 80% se produjeron desde 1983”. Además, recordó, “el ascenso se quedó sin público en 2007”.

“Los dirigentes del fútbol han mirado para un costado. Es cierto que los dirigentes deberían resolver este problema, pero también la incorporación del delito, del narcotráfico, de la asociación ilícita, ha obligado a que el Estado deba intervenir. Debe haber una voluntad política, porque si los dirigentes del fútbol no pudieron o no supieron, por complicidad, omisión, o por hacer negocios, debe aparecer el Estado para proteger la vida de los ciudadanos”, consideró el radical.

En 2019 trataron de reanudar en debate en comisiones, pero Cambiemos no pudo volver a llevar el proyecto al recinto. Ante la falta de acuerdos, resolvieron convocar a exponentes del mundo del fútbol, ya sin cronograma ni fecha de debate en el recinto.

Los puntos que generaban mayor conflicto eran la penalización de la tenencia de entradas falsas y la reventa; de la portación de armas; de la generación de avalanchas en las tribunas; y, sobre todo, la incompatibilidad de los dirigentes de fútbol para ejercer la función pública.

En ese marco, el diputado Fernando Iglesias se quejaba amargamente: “Esta ley tuvo 201 votos positivos. La oposición no quiere que esta ley salga, por eso la bajaron del recinto y la mandaron de nuevo a comisiones”. Y concluyó con ironía: “Si quieren, hagamos un campeonato interno de fútbol entre los bloques a ver si perdemos cuatro meses más”.

Entre los invitados a exponer figuraba el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien no asistió. Sí lo hizo el prosecretario de la AFA, Marcelo Achile, quien se quejó de que la ley tuviera “un fuerte contenido hacia los dirigentes”.

Los legisladores no pudieron ponerse de acuerdo y finalmente el proyecto quedó definitivamente postergado.

La senadora de la Nación Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) solicitó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional y manifestó su repudio por los hechos de represión registrados ayer en las inmediaciones del Congreso durante la marcha habitual por el reclamo de mejora de haberes de los jubilados.

La legisladora formalizó su reclamo a través de un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Seguridad o los organismos que corresponda, y brinden precisiones de los hechos ocurridos dado que “no solo merecen nuestro total repudio”, sino que también “deben aclararse cuanto antes las responsabilidades”.

Silva indicó que “los hechos de violencia y represión por parte de las fuerzas de seguridad” bajo la dirección de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich terminaron, lamentablemente, con un fotógrafo (Pablo Grillo) que resultó herido y se encuentra en estado de gravedad, así como con más de cien detenidos.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se refirió a las acusaciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien responsabilizó a ese municipio y a su jefe comunal de haber organizado el traslado de barrabravas hacia el Congreso de la Nación el pasado miércoles, para generar disturbios durante la marcha en reclamo de condiciones de vida dignas para los jubilados.

“Estaba volviendo de ver obras en la Plaza San Martín de Turdera, y me sorprendió la noticia de una denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una supuesta participación en los incidentes del miércoles en las afueras del Congreso. Esto es absolutamente falso”, expresó en sus redes sociales Otermín.

En conversación con Juan Amorín, el intendente de Lomas amplió sus declaraciones y señaló: “Me asombra la falta absoluta de compromiso con la verdad, el cómo se desbloquean niveles de mentira todo el tiempo. Lo que sucede acá es que hay jubilados a los que se les complica sobrevivir y hay un gobierno que reacciona con ferocidad. Veo una sucesión de cuestiones críticas producto del modelo económico que están implementando y como ya no pueden disimular que eso trae como consecuencia que la gente viva peor, buscan mostrar orden artificial en la calle y en los números”. En este sentido, consideró que “es muy grave que se hagan denuncias falsas para tapar la violencia”.

Respecto de la dinámica, Otermín dijo: “Lo que quieren es un título, por eso buscan responsabilizar a dos de los municipios más grandes de la Provincia, que además son gobernados por el peronismo. Pasó algo similar recientemente con el intento fallido de intervención de la provincia de Buenos Aires. Hay una ministra que debería estar trabajando para que la gente viva tranquila y en cambio se dedica a hacer operaciones para distraer y amedrentar el derecho a la protesta”.

“Los gobiernos toman decisiones y deben hacerse cargo de que haya gente que no esté de acuerdo, lo que hay que lograr es procesar esas disconformidades pacíficamente. Nuestro compromiso es con la democracia y con la paz. La verdad es que a los jubilados les cuesta sobrevivir y que reprimen con ferocidad para atemorizar”, concluyó Federico Otermín.

La diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero) denunció este viernes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé, por haber sido retenida durante 40 minutos en las afueras del Congreso impidiéndole el ingreso a la sesión especial que se estaba llevando a cabo el miércoles pasado.

El video se hizo viral en X y se observa como la legisladora del Frente de Izquierda, quien había salido a corroborar los hechos que sucedían en el exterior del Congreso,  confronta al oficial que le negaba el paso en dirección al Palacio Legislativo. “Se trata de un impedimento concreto a ejercer mi rol de diputada nacional”, expresó al respecto.

Asimismo, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: “A la luz de lo ocurrido dentro del recinto y del levantamiento totalmente irregular de la sesión por parte de Martín Menem, cobra otro relieve que las fuerzas policiales me hayan impedido entrar al recinto durante 40 minutos”.

Y agregó: “Desde la primera ocasión en la que fui impedida de pasar por el cordón policial, oportunidad en la que grabé un video e hice declaraciones periodísticas en vivo y luego cuando nuevamente me impiden físicamente el paso, hasta que se destraba la situación”.

“Objetivamente, se utilizó la fuerza pública para impedir mi ingreso. Es importante marcar que durante todo ese plazo frente a las puertas de ingreso al palacio legislativo no había represión porque en momentos previos la policía había despejado la calle”, relató Biasi en la presentación judicial.

Por último, manifestó que “el impedimento ejecutado por la Policía debe ser sancionado y dentro del Parlamento el diputado Menem debe explicar el irregular levantamiento de la sesión y también las disposiciones que llevaron a que se cerraran las puertas del ingreso al recinto por la Avenida Rivadavia”.

El bloque de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto citando para su interpelación en el Congreso de la Nación a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a fin de que brinde explicaciones de la “brutal represión” que se desplegó el miércoles hacia los manifestantes que apoyaban el “genuino reclamo” de jubilados.

En la iniciativa piden que detalle las circunstancias de la aplicación del protocolo “anti piquete” efectuado el 12 de marzo en los alrededores del Parlamento. También, que dé cuenta de la cantidad de efectivos afectados al mismo, pertenencia de cada fuerza, destinos, zonas, etc.

“Cantidad de denuncias recaídas sobre los efectivos; cantidad de expedientes internos iniciados sobre los efectivos de las distintas fuerzas intervinientes con motivo de la actuación; detalle cómo fue el uso de gases, balas de goma, camiones hidrantes”, sumaron. Además, piden saber el costo que tuvo el operativo.

Respecto del reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra internado en estado crítico tras ser impactado con un proyectil, piden que se detalle si se han tomado medidas desde la cartera para identificar al responsable.

Junto a mis compañeros y compañeras del bloque @Diputados_UxP presentamos un pedido de interpelación de la ministra @PatoBullrich para que venga a dar las explicaciones de la brutal represión del miércoles pasado.
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— Carlos Castagneto (@CastagnetoC) March 14, 2025

El diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto solicitando informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por “la grave represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad en la marcha al Congreso de la Nación, organizada por jubilados en el marco de un legítimo reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y el fin de la moratoria previsional en curso”.

Entre las preguntas a responder están: “¿Cuándo tomó la decisión de recurrir a la represión como una respuesta premeditada frente a un reclamo legítimo de las y los ciudadanos, hacer uso indebido de la violencia y los gases lacrimógenos y promover acciones que incurren en una absoluta violación de las obligaciones que tiene el Estado Nacional en el marco de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos?”.

“¿Considera usted que militar en un partido político y trabajar en una municipalidad de un color político que o la representa es razón suficiente para herir de gravedad a un reportero gráfico?, ¿Quién fue el/la responsable de autorizar el uso de un camión hidrante que, en el marco de la represión, emitió mensajes agraviantes como “vengan zurdos” a las y los manifestantes?”, sumó.

Además, consultaron por los videos e imágenes captadas por algunos medios de comunicación donde se observa a un policía pateando un arma y dejándola en el suelo: “¿Existió la intención de falsificar pruebas en contra de los manifestantes?”.

También quiere saber: “¿Quién autorizó la ejecución de maniobras peligrosas, como manipulaciones cervicales u otras prácticas que ponen en riesgo la vida de los manifestantes? ¿Qué situación de gravedad o violencia representaban los jubilados, quienes se encontraban reclamando pacíficamente con sus bastones, que justificara los empujones recibidos por parte de las fuerzas de seguridad?”.

“¿Cuántas personas fueron detenidas en las veredas aledañas al Congreso de la Nación mientras se manifestaban, cumpliendo con todas las normativas del Gobierno sobre el derecho a la protesta, sin alterar el orden público de ninguna manera? En ese marco se solicita se informe quién fue el/la responsable de la detención de dos menores de 12 y 14 años que estaban saliendo del colegio y fueron atados con precintos dos horas”, añadió.

Entre los argumentos, Paulon planteó que “frente a un legítimo reclamo, la ministra ordenó llevar adelante una violenta represión que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, el empleo de gases lacrimógenos, golpes y arrestos arbitrarios, generando un clima de temor y violencia en una manifestación pacífica que solo buscaba visibilizar la grave situación que atraviesan los jubilados”.

“El uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no solo es ilegal, sino que contraviene directamente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, erosionando los principios democráticos y la protección de los derechos humanos consagrados en la ley nacional e internacional”, denunció.

En el marco de una nueva jornada de movilización por parte los jubilados, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto que busca expresar su repudio a los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la “represión” a adultos mayores.

“La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia las represiones que las fuerzas de seguridad, bajo la orden de Patricia Bullrich, lleva adelante contra las jubiladas y jubilados que los días miércoles se manifiestan contra los haberes de hambre que perciben y el cierre de la moratoria jubilatoria”, sostuvieron los diputados y alertaron “sobre la gravedad de que estos hechos continúen repitiéndose, sabiendo que distintas asociaciones barriales, de clubes de futbol, organizaciones feministas, sindicatos, asambleas vecinales, centros de estudiantes, personalidades de la cultura, el deporte, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, entre otros, llamaron a acompañar la convocatoria del miércoles 12 de marzo”.

La declaración es de autoría de Andrea D’Atri (FIT) y lleva las firmas de Gabriel Solano, Mercedes Trimarchi (FIT), Graciana Peñafort, Victoria Freire (UP), Francisco Loupias y Gustavo Mola (UCR-Ev).

El texto apunta contra la ministra, al señalar que “parece no querer detenerse hasta causar una tragedia” y denuncia que “desde hace meses, se registran hechos inaceptables, por parte de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval”.

Asimismo, los legisladores manifestaron en la última ronda de jubilados “ante los ojos de toda la población, en plena Ciudad, se registraron más de 40 heridos, que fueron atendidos por la Posta de Salud y Cuidados” que suele acompañar solidariamente estas y otras manifestaciones. Por eso alertaron que “esta Legislatura no puede permitir que se ponga en peligro la vida de nuestros jubilados y jubiladas” y exigieron que “se garantice el derecho a la protesta”.

Un miércoles atípico se vivirá esta semana en proximidades del Congreso, donde organizaciones de jubilados, junto con sindicatos, agrupaciones sociales e hinchadas de fútbol, han convocado una nueva protesta para las 17. El objetivo de la movilización es exigir la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, y la manifestación forma parte de una serie de protestas que los sectores jubilados han venido realizando los miércoles en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La protesta, organizada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), contará con el respaldo de entidades como la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y diversas hinchadas de clubes de fútbol de todo el país. Los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los jubilados y exigido el cese de la represión a sus protestas. Además, subrayaron la necesidad urgente de que las autoridades escuchen y respondan a sus demandas.

En una reunión celebrada este martes por la “mesa chica ampliada”, la CGT decidió acompañar el reclamo de los trabajadores jubilados y expresó su apoyo a la movilización de mañana frente al Congreso. En la misma reunión, los gremios integrantes del Consejo Directivo de la CGT discutieron la situación social, laboral y económica, y cómo estas afectan gravemente los derechos y los puestos de trabajo en las distintas actividades. En este contexto, la central obrera también resolvió convocar una reunión plenaria para la próxima semana en su sede de la calle Azopardo.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la movilización como una “marcha de barras bravas” y advirtió que, si se registran disturbios, se procederá con la detención de los responsables y se les prohibirá el ingreso a los estadios de fútbol. Desde el Ministerio de Seguridad se ha comunicado que se implementarán estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública, destacando que a aquellos hinchas que generen alteraciones en el orden público se les aplicará la “Restricción de Concurrencia Administrativa”, lo que implicará una prohibición para asistir a cualquier evento deportivo en todo el país.

Entre las hinchadas que ya han confirmado su participación en la protesta se encuentran las de Tigre, Deportivo Merlo, Ferro, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chacarita, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas. Este respaldo se originó luego de que la hinchada de Chacarita participara en la protesta del miércoles pasado, que terminó con incidentes con la Policía. Cabe destacar que, en esta oportunidad, se espera una participación aún mayor de hinchas de distintos clubes de todo el país.

Además, la CGT ha decidido participar en el Primer Congreso General de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), el sindicato de trabajadores informales vinculado a los movimientos sociales como el Movimiento Evita. Este congreso se llevará a cabo este jueves en el salón Felipe Vallese de la sede de la CGT. También, la central obrera ha invitado a todos los gremios confederados a una reunión con organismos de derechos humanos el próximo 21 de marzo, y ha convocado a una movilización el 24 de marzo para conmemorar el Día de la Verdad y la Justicia.

Luego de que las hinchas de varios clubes confirmaran que participarán de la movilización de jubilados de este miércoles, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano denunció a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por “coacción y abuso de la autoridad” tras asegurar que aplicaría el criterio de “derecho de admisión” para decidir que simpatizantes podrán o no participar de ese encuentro.

Es que, durante una reciente entrevista, la funcionaria nacional advirtió que aplicará “medidas especiales” contra aquellos hinchas autoconvocados que decidan acompañar a los jubilados durante la marcha que se llevará a cabo este 12 de marzo frente al Congreso. “Ya tenemos el derecho de admisión. Les vamos a encontrar algo más si comienzan a ir”, señaló.

En ese contexto, Solano planteó que “la ministra Bullrich como siempre cae en la ilegalidad cuando está asustada. Ahora quiere aplicarle el derecho de admisión a los hinchas que vayan el miércoles a apoyar a los jubilados. El derecho de admisión es para las barras bravas no para las luchas populares. La intención de la ministra no es más que la de amedrentar a cualquier persona que tenga un rasgo de humanidad y apoye la lucha de los jubilados”.

“Mientras los jubilados están siendo víctimas de un ajuste brutal donde el haber mínimo no llega a los 350.000 pesos aun contando el bono la ministra todos los miércoles destina recursos económicos en pegarle a los jubilados y reprimir a todos los que se solidarizan”, añadió.

Por lo que concluyó señalando que “este miércoles tenemos que ser miles de hinchas de todos los clubes para bancar a nuestros abuelos. No se puede permitir que sigan matándolos de hambre y también a palos todas las semanas”.

Cabe recordar que confirmaron su participación en la movilización las hinchadas de Chacarita, River, Independiente, Boca, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas, entre otros. Los primeros en confirmar su participación fueron Tigre, Deportivo Merlo y Ferro, así como también Motoqueros Unidos, por su parte.

Otra vez la tragedia se posó en Bahía Blanca. Como en diciembre de 2023, cuando esa vez el viento causó devastación y entre otras cosas derrumbó el techo de un club causando 13 muertos. El gobierno libertario llevaba menos de una semana en el poder y el presidente viajó a esa ciudad para estar -muy poco tiempo- en el lugar de los hechos. Y ahí, vestido con ropas militares, con el ministro de Defensa a su derecha con igual atuendo, expresó unas palabras que aún resuenan (mal) en la memoria bahiense: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes”.

Fue lo primero que les vino a la mente a muchos cuando este viernes se conoció la magnitud de un desastre aún peor en la tierra natal de Manu Ginóbili. Con más experiencia y mejor aconsejado, el Gobierno desarrolló un intenso operativo para atender la emergencia, autorizó el envío de 10 mil millones de pesos para las tareas de asistencia y Patricia Bullrich y Luis Petri -la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023- se instalaron allí enfrascados en sus funciones ministeriales.

Rápidos de reflejos, en Presidencia suspendieron la visita de Milei a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia, aunque al menos de entrada no cambió su destino hacia el lugar de la tragedia. Que logró, eso sí, lo que hasta poco antes parecía imposible: que el Gobierno nacional y el bonaerense se mostraran juntos coordinando acciones en el lugar de los hechos. No podía ser de otra manera, pero dadas las circunstancias y antecedentes, sorprendió. Gratamente.

Porque justo una semana antes, Javier Milei había llegado a sugerir la intervención de la provincia. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó Milei el viernes anterior al colapso bahiense.

Si bien después diversos voceros trataron de minimizar el alcance de la amenaza, ese ataque es parte del bombardeo oficial constante sobre la administración de Axel Kicillof, secundado por medios y periodistas afines. El combustible para la contienda son los casos de inseguridad que se suceden en territorio bonaerense, situación que el presidente ha descripto como “un baño de sangre”, parangón cuyo copyright corresponde a José Luis Espert, hoy en la pole position libertaria para estas elecciones en el distrito bonaerense (madre de todas las batallas).

Desde la gobernación le contestaron que el índice de homicidios viene bajando en la provincia, cosa que la prensa adicta relativizó. Pero lo cierto es que la única manera de medir estas cuestiones -sin guiarse por la “sensación térmica”- es a través de las estadísticas. Y si bien en la materia puede objetarse que no todos los casos se denuncian, los homicidios no pueden ocultarse. El tema es que, moderada la inflación, la seguridad ha vuelto a ocupar un lugar principal en la escala de demandas de la sociedad. Pardójicamente cuando la ministra de Seguridad de la Nación, a quien el presidente Milei ponderó especialmente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, goza de la mejor imagen. Incluso hay una encuesta conocida esta semana que sitúa a Bullrich por encima de Milei, caso $Libra mediante.

El propio presidente dio datos positivos sobre la seguridad, cuando en la Asamblea Legislativa afirmó que “tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”, dato corroborado por Chequeado, en base a un informe del Insight Crime de 2024, que señala que la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala que Argentina tiene la tasa más baja de la región.

Ante un recinto semivacío, Milei también destacó el 1° de marzo que gracias al plan lanzado por el Gobierno nacional en Rosario se ha logrado “el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”.

¿Podemos hablar entonces de un incremento de la inseguridad, o es que el Gobierno nacional ha resuelto hacer campaña en el principal distrito del país con ese tema? Lo cierto es que ese mismo elemento se ha colado en la discusión electoral porteña, donde La Libertad Avanza tiene decidido -y no lo oculta- expulsar al Pro del Gobierno de la Ciudad que administra desde hace 17 años. En este caso usando las fugas de comisarías para raspar a la gestión de Jorge Macri. Acá también valen las estadísticas: este año ya fueron 13 los evadidos, pero en 2023 hubo 22 y en 2024 se contabilizaron 21 fugas. Datos del Ministerio de Seguridad, que describe así la sobrepoblación de detenidos en comisarías: en 2023 había 1.600; en 2024 ya eran 2.300, y hay este año 2.455. La capacidad máxima es de mil presos. FIN.

Como sea, el jefe de Gobierno porteño decidió esta última semana dar una señal de cambio en ese sentido, reemplazando al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, un civil, por un policía que ya condujo la Policía de la Ciudad en tiempos que gobernaba su primo, quien lo recomendó. Igual Wolff iría como candidato en la trascendental elección prevista para mayo, aunque el primer lugar de la lista estaría reservado para Laura Alonso, actual vocera del Gobierno porteño.

Desdoblada de las generales por primera vez desde 2015, esta elección ha adquirido un carácter nacional, donde competirán pesos pesado. El peronismo llevará como candidato al diputado nacional Leandro Santoro, que quiere ser jefe de Gobierno en 2027 y especula con sacar partido de la división del voto entre macristas y libertarios; la Libertad Avanza podría poner en cancha a Manuel Adorni -a quien no lo convence para nada el cambio, pero hará lo que le pidan-; la Coalición Cívica jugará con la diputada nacional Paula Oliveto y hasta es probable que compita Horacio Rodríguez Larreta.

El misterio se resolverá pronto: el 19 de marzo cierran las listas.

La atención oficial en los próximos días estará puesta en el Congreso, donde hoy dos cuestiones desvelan al Gobierno: los jueces para la Corte y el acuerdo con el Fondo.

En el caso de los magistrados, el presidente se había endulzado pensando que con los nombramientos en comisión se salía con la suya -recordar lo de “los dos o ninguno”-, y más cuando prestamente García-Mansilla fue convalidado por el pleno de la Corte. Pero el entusiasmo se desinfló cuando tres de los cuatro miembros del Tribunal rechazaron convalidar la licencia que había pedido Ariel Lijo para mantener el Juzgado Federal N° 4 como resaseguro por si queda fuera de la Corte Suprema. Se sorprendieron en la Rosada con el voto de García-Mansilla, que dio una muestra de carácter al rechazarle el pedido de licencia, contrariando los deseos del Gobierno y de su compañero de decreto.

Tal vez le haya hecho un favor a Lijo, que sigue apostando a que el Senado apruebe sus fueros. Siguiendo la recomendación que le hizo el propio Gobierno, él mismo se encargó en su momento de conseguir sus votos y pensó que los tenía. Tal vez sea así, pero el clima se enrareció para el Gobierno con el caso $Libra y en el peronismo no quieren regalarle ningún éxito al presidente. Menos el kirchnerismo ahora, que es el que más contactos informales mantuvo sobre el tema con Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y mandamás real en esa cartera. Lo cierto es que su pliego está listo para ser tratado y podría suceder esta misma semana. Como Lijo no terminó jurando “en comisión” -no piensa retirar su pedido de licencia para hacerlo-, cree que sus chances siguen intactas, pues el bloque que conduce José Mayans había dicho que no votaría a ningún juez impuesto por decreto.

Los senadores de UP y algunos radicales y del Pro apuran la firma del pliego de García-Mansilla, para poder llevarlo al recinto y bocharlo. Para eso avanzaron en la Comisión de Acuerdos con dos dictámenes de rechazo a los que les faltan una firma a cada uno. Igual lo pueden tratar sobre tablas, pero sería más complicado, pues necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento. Tras ello, con 25 votos totalmente conseguibles, alcanza para sacarles tarjeta roja a los dos.

Sería una señal muy contundente del Congreso hacia el Gobierno que muchos quieren dar, mas no sus gobernadores, que presionan a los senadores, presionados a su vez por la Rosada.

Sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno anterior impulsó en 2021 la Ley 27.612 que obliga a que todo entendimiento de ese tipo sea aprobado por el Congreso. Para saltear esa instancia, la Oficina del presidente anunció el jueves que cumpliría con el Congreso mandando un decreto de necesidad y urgencia. No es lo que dice la ley citada, que en su artículo 2° establece que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025

Un DNU no es una ley; es algo mucho más discrecional que le da al Ejecutivo múltiples prerrogativas: entra en vigencia al ser firmado; no necesita ser debatido; y alcanza con que una sola cámara lo apruebe.

El Congreso decidirá esta semana si sigue haciéndole concesiones al Gobierno. Un opositor alertaba este fin de semana con una velada amenaza presidencial en la apertura de sesiones. Fue cuando, hablando del aval a lo que vaya a acordar con el Fondo, advirtió que “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer”.

Dicen que el que avisa no traiciona.

Durante la madrugada de este viernes, la localidad bonaerense de Bahía Blanca sufrió un diluvio que generó inundaciones y evacuaciones. Al menos 10 personas perdieron la vida debido al trágico temporal que, también, ocasionó el impedimento del tránsito por tierra y por aire. El gobierno provincial de Axel Kicillof calificó a la situación como tragedia.

A su vez, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Defensa, informó que el Ejército argentino se despliega hacia la ciudad para asistir damnificados por las inundaciones, con vehículos y botes para trasladar evacuados. Del mismo modo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó vía X que está a cargo de un operativo en coordinación con la provincia de Buenos Aires y las autoridades locales.

“Desde el minuto cero constituimos el Comando Unificado y desplegamos a la PNA, GNA y la brigada USAR de la PFA”, confirmó la funcionaria, quien también agregó que “la Alerta Roja sigue hasta el mediodía. Estamos firmes, trabajando sin descanso para asistir, contener y proteger a cada vecino en este desastre”.

Cerca de las 15 de este viernes, el gobernador Axel Kicillof anunció: "Frente al intenso temporal que afectó a Bahía Blanca, a través del Comité de Emergencia Interministerial estamos coordinando esfuerzos con el Gobierno nacional, el municipio y los intendentes de la región para brindar apoyo y asistencia".

En el Poder Legislativo, diferentes referentes de todos los espacios políticos manifestaron solidaridad con las victimas del temporal y remarcaron el pedido por un trabajo coordinado entre los poder ejecutivos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

Una de las primeras en ponerse a disposición de intendente bahiense Federico Susbielles, fue la diputada radical Karina Banfi, quien expresó: “Pido a todos los funcionarios de la Provincia y de la Nación la cooperación estrecha para darle respuesta inmediata a los bahienses y todo damnificado”. “Mi ciudad está bajo el agua por la lluvia. Mucha gente evacuada, incluso los bebés de la nursery del Hospital Penna”, añadió.

Se esperan más tormentas en Bahía Blanca y sigue lloviendo. Mi ciudad está bajo el agua por la lluvia. Mucha gente evacuada, incluso los bebés de la nursery del Hospital Penna.

ESTO ES TERRIBLE!

Pido a todos los funcionarios de la Provincia y de la Nación la cooperación… pic.twitter.com/agHP47qgom

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 7, 2025

Del mismo espacio, el senador bonaerense Maximiliano Abad señaló: "Desde nuestro lugar, seguiremos de cerca la evolución del temporal y colaboraremos para que la asistencia llegue de manera rápida y efectiva. Es fundamental que los tres niveles de gobierno colaboren y trabajen en conjunto en estos momentos difíciles".

Con el apoyo de Abad y Eduardo “Wado” de Pedro, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, informó por X que solicitó la creación de un fondo especial de veinte mil millones de pesos para ayudar a las familias afectadas y declarar la emergencia durante 180 días en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales.

En el comunicado, añadió: “Atentos al avance de los acontecimientos, quedamos a disposición y agradecemos el compromiso de los equipos de trabajo”, y cerró: “Para los bahienses y rosaleños, toda nuestra solidaridad y acompañamiento en este difícil momento”.

Debido a la situación climatológica de las últimas horas, solicité junto a los senadores @wadodecorrido y @MaxiAbad crear un Fondo Especial de veinte mil millones de pesos para ayudar a las familias afectadas y declarar la emergencia durante 180 días en la Provincia de Buenos… pic.twitter.com/tX0iVqEEYc

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) March 7, 2025

El diputado nacional Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) opinó que “ante la inundación en Bahía Blanca y la terrible situación que están enfrentando miles de familias, el Estado provincial y nacional tienen que destinar YA y sin especulaciones todos los recursos necesarios desde hoy mismo (personal, recursos, materiales y vehículos), para atender a las familias que están en los techos de sus casas, que lo están perdiendo todo. Es necesario un plan de emergencia garantizando que se podrán reparar los daños del temporal a costo cero para los miles de afectados”.

La senadora nacional Nora del Valle Giménez (Unión por la Patria) refirió: "Nos solidarizamos con los habitantes de la Ciudad de Bahía Blanca en este difícil momento. Otra muestra de que el cambio climático es una realidad que hay que mitigar y de que el Estado es necesario ante una tragedia de esta magnitud".

Después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le reclamara a la Ciudad de Buenos Aires por la demora en la construcción de la cárcel de Marcos Paz, la vicejefa de Gobierno porteño y presidenta de la Legislatura local, Clara Muzzio, salió a responderle y a cuestionar el alojamiento de presos federales en alcaldías del distrito capitalino.

Todo comenzó cuando la funcionaria nacional cruzó al expresidente de la Nación Mauricio Macri y advirtió que las fugas de presos son responsabilidad de la Ciudad. “El país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo”, afirmó.

“Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes”, sentenció Bullrich.

Atenta a esta situación, Muzzio explicó que “la Policía de la Ciudad tiene la responsabilidad de combatir el delito para cuidar a tres millones de porteños y a otros tres millones de argentinos que ingresan diariamente a la ciudad” y reconoció que “gracias a ese accionar, aumentó considerablemente la cantidad de delincuentes detenidos”.

“Es sabido que no se ha traspasado la Justicia a la ciudad, reclamo que sigue vigente y que hace a la autonomía porteña. Hasta que no haya transferencia de competencias, los presos deben estar en cárceles federales”, completó la vicejefa de Gobierno.

Tras el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el traslado de presos en la Ciudad a cárceles federales, se desató una nueva tensión en el Pro, que volvió a exhibir las diferencias que existen dentro del espacio.

En apoyo a su primo, el expresidente Mauricio Macri opinó sobre la controversia. Horas después, Bullrich salió a contestarle, sumando así un nuevo capítulo a la fuerte interna que mantienen ambos por el posicionamiento del Pro respecto a La Libertad Avanza.

"Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles", escribió el líder del Pro.

Antes que Bullrich, salió a responderle el diputado Damián Arabia, del riñón de la ministra y quien defiende cada medida o postura oficialista nacional. "Mauricio: los presos de la Ciudad siguen en el mismo lugar que entre 2015 y 2019, en las mismas dependencias que la Ciudad dispuso, porque en 17 años no se construyó ni una sola cárcel. Soy porteño, pero las fuerzas federales están para cuidar a todos los argentinos", le contestó al expresidente.

Desde la otra vereda, la diputada María Eugenia Vidal, elegida por Macri primo como jefa de campaña para las elecciones porteñas, expresó que "los únicos perjudicados por las chicanas y ataques de Patricia Bullrich son los porteños que tienen en las comisarías de su barrio a delincuentes peligrosos que deberían estar en cárceles federales".

"La verdad es esta: el 90% de los presos de la Ciudad tienen que estar en el servicio penitenciario federal. Esos presos cometieron delitos federales, como narcotráfico. Tienen que estar en cárceles federales, no en comisarías, porque no hubo traspaso de competencias penitenciarias con recursos. Hay 2.500 policías que en vez de estar en la calle cuidando a los porteños, están en las comisarías custodiando a presos federales. Ellos se formaron para atrapar delincuentes, no para hacer de guardiacárceles", abundó la legisladora.

Finalmente, Vidal le reclamó a Bullrich que "ponga el bien común por sobre el interés partidario y le resuelvan este problema a los vecinos de la Ciudad".

Sin menciones personales, pero en referencia a los cortocircuitos, la diputada Silvia Lospennato señaló que "en el @proargentina estamos acostumbrados a defender la Ciudad de los gobiernos nacionales, en 20 años de kirchnerismo sufrimos de todo y siempre salimos adelante". "Pensé que ahora era juntos contra el kirchnerismo, no entre nosotros. Qué ingenua y qué triste", lamentó.

En tanto, este jueves llegó la respuesta, también vía red social X, de la ministra Bullrich. "Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo", lanzó.

Y, muy crítica, agregó: "Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2.000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes".

A raíz de las constantes fugas de presos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado de Vamos por Más (VxM) Facundo Del Gaiso salió a responderle a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y cuestionó la cantidad de presos que Nación tiene alojados en el distrito capitalino.

Todo comenzó cuando la funcionaria le respondió al ex presidente Mauricio Macri, quien había asegurado que “los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”.

Atenta a esta situación, Bullrich lanzó: “Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de que dejen de financiar festivales, firmen la transferencia y hagan lo mismo”.

“Se quedaron con la policía, se quedaron con la cárcel de Devoto, pero pretenden que el resto del país les banque los presos. La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero cinco años de desidia y 2.000 presos hacinados después, vienen a pedirme que me los lleve. Gestionar la seguridad no es diseñar uniformes”, sentenció la ministra.

Por lo que Del Gaiso salió a contradecirla en las redes sociales. “Cuanta mentira e hipocresía. De 100 presos en CABA, 94 son por causas federales. Ninguna comisaría es de hormigón, tienen capacidad de detención de 72 horas, no de 72 meses”, comenzó diciendo el diputado.

“Tenemos casi 3.000 policías destinados a ‘acompañar al baño a los presos’ en vez de cuidar a los porteños. El daño a la Ciudad lo comenzó Cristina Fernández de Kirchner en el 2020 y lo sigue Javier Milei ahora. Los presos dependen de Nación”, reconoció y concluyó señalando que “necesitamos un Servicio Penitenciario en CABA,  pero tienen que transferir los recursos como dice la Constitución, los juzgados y las competencias”.

“Con firmeza y decisión política, cumplimos y terminamos con los cortes, piquetes y acampes, con un principio claro: el orden y el cumplimiento de la ley, en la Ciudad, no se negocian”, señaló este sábado el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en la Ciudad.

Jorge Macri recordó los tiempos en los que en los noticieros se anunciaban no solo el estado del tiempo y del tránsito sino también el cronograma de cortes de calles. “Eso se terminó, no ocurre más en la Ciudad de Buenos Aires”, dijo.

No es la primera vez que resalta ese dato, adjudicándole el mérito a la Policía de la Ciudad. Pero esta vez desde el Gobierno nacional y La Libertad Avanza lo cruzaron.

Picó en punta para cruzarlo el vocero presidencial, Manuel Adorni, muy cercano a Karina Milei, y citado como posible candidato en la Ciudad en las próximas elecciones, quien posteó en su cuenta de X: “Enorme trabajo de la ministra de Capital Humano y de la ministra de Seguridad Nacional que en un trabajo conjunto lograron resolverle un problema a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que más de dos décadas de política no le habían logrado encontrar la solución. ¡Felicitaciones! Fin”.

Ambas ministras le agradecieron la mención, en particular Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y especialmente enfrentada con sus compañeros del Pro en general y el gobierno porteño en particular (por el tema presos, por ejemplo). Le agradeció entonces al vocero “por defender la primera gran medida de este Gobierno en seguridad: Ley y Orden en las calles. Sin miedo, sin medias tintas y sin importar el llanto de la casta política. La gente lo pidió, el Presidente lo instruyó y LO HICIMOS. No hay más cortes de calles por piquetes”, sentenció.

Terció Laura Alonso, vocera del Gobierno de CABA, que agradeció “el trabajo conjunto por liberar las calles de la Ciudad”, pero dejó claro que “el 95% de los piquetes y cortes evitados se debieron a la acción profesional de la Policía de la Ciudad”. La cruzó a ella la principal referente de La Libertad Avanza en la Ciudad, también muy cercana a Karina Milei, Pilar Ramírez. La jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña le contestó a Alonso: “Laurita, hace 17 años que gobiernan la Ciudad. Fue con la decisión del Gobierno nacional que se terminaron los piquetes. Si era por ustedes todavía seguiríamos sin poder circular”.

A propósito, no fue esa la única crítica que lanzó Pilar Ramírez al mensaje de Jorge Macri. De hecho, más temprano posteó en X: “Se le dan bien los discursos al Pro. Pero en realidad el Gobierno de la Ciudad tiene un Estado enorme con impuestos carísimos. La casta tiene privilegios. Las calles están cada vez más sucias y los presos andan sueltos. No hay beneficios para los porteños en la Ciudad de Jorge Macri”, lanzó.

Volviendo al tema de los piquetes, el exPro Juan Pablo Arenaza, diputado bullrichista que ahora integra La Libertad Avanza, posteó una imagen de la ministra de Seguridad con efectivos de seguridad y este texto: “Sin piquetes en la ciudad LA ONE. El resto es tres empanadas”.

Sin Piquetes en la ciudad LA ONE el resto es tres empanadas. pic.twitter.com/86Y0cknz0M

— Juan Pablo Arenaza (@jparenaza) March 1, 2025

El presidente Javier Milei calentó este viernes la discusión política al cargar duramente contra el gobernador del principal distrito del país y plantear lisa y llanamente la intervención del mismo. Fiel a su estilo, lo planteó a través de las redes y con gruesos calificativos contra Axel Kicillof, destinatario de su embestida.

“Baño de sangre en PBA y la incompetencia de Kicillof”, es el título de un extenso posteo en la red social X en la que le advierte al gobernador bonaerense que “no se puede trabajar con alguien como usted que cree que los delincuentes son las víctimas, mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga”.

Le atribuye a continuación al mandatario bonaerense suscribir una “doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de (Raul) Zaffaroni” que ubica “en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani a la que nosotros en Nación suscribimos”.

Y a continuación, el presidente plantea directamente la intervención de la provincia, dado que “es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar, menos una provincia)”. “Dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó el presidente.

Milei cierra su “oferta” sugiriendo que “nos hacemos cargo nosotros, gobernador”, y concluye: “Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó la declaración presidencial señalando que el pedido presidencial de renuncia al gobernador Kicillof “es solucionar el problema”. A su juicio, la sociedad “pide a gritos”  intervenir la provincia.

“Nos están llamando a los gritos y por eso el presidente dice córrase y dejen a los que saben”, enfatizó Bullrich.

El camino de la intervención

Semejante planteo despertó la previsible reacción de la oposición, pero cuáles son las instancias institucionales que deberían cumplirse para semejante medida extrema.

La intervención federal figura en el artículo 6° de la Constitución, que establece que “el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.

Pero puntualmente la Constitución nacional le atribuye al Congreso la facultad de intervenir una provincia. Es el artículo 75° el que habla de eso, en su inciso 31. Allí, en el capítulo cuatro dedicado a las atribuciones del Congreso, dice que es el Parlamento el que puede “disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires”. Le corresponde también “aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.

Sucede que en el capítulo referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo figura el artículo 99, cuyo último inciso es el 20 y dice que el presidente “decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento”.

Las intervenciones desde 1983

Desde el regreso de la democracia, cuatro provincias fueron intervenidas: Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero. Algunas de ellas varias veces.

Durante la gestión de Carlos Menem se dispuso la intervención de Tucumán en 1991, por la crispación creada por una elección controvertida del colegio electoral y las dificultades del gobernador para capear los problemas económicos de la provincia; Catamarca ese mismo año, por el caso María Soledad; Corrientes en 1992, ante la indefinición política de las elecciones de 1991; y Santiago del Estero en 1993, tras una grave protesta social.

En 1999 Fernando de la Rúa intervino nuevamente Corrientes, por la mala administración de sus autoridades y tras una rebelión popular generada por dos víctimas fatales registradas en el puente General Belgrano.

En tiempos de Néstor Kirchner, se intervino en 2004 la provincia de Santiago del Estero, ante las denuncias de corrupción y persecución política por parte del gobierno provincial encabezado por la gobernadora Nina Juárez y su esposo Carlos Juárez.

En este contexto, se prendió de la discusión política planteada el diputado nacional de Democracia Para Siempre Fernando Carbajal, quien sostuvo que “la única provincia en condiciones de ser intervenida es FORMOSA, pues conforme ha dicho la Corte Suprema el Gobernador ha sido electo violando la Constitución Nacional. Pero entre bueyes no hay cornadas!”. Y cerró el formoseño: “Javier Milei y Gildo Insfrán son lo mismo!”.

El diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) presentó dos proyectos citando a la Cámara de Diputados a los ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Patricia Bullrich y Gerardo Werthein, y el otro pide la presencia del titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, por los posicionamientos internacionales de Argentina.

La iniciativa que convoca a Bullrich y Werthein es para que expliquen “su inacción frente a las violaciones de nuestra soberanía perpetradas por el rompehielos británico RRS Attenborough”. En cuanto al proyecto convocando a Petri tiene como propósito que brinde detalles sobre la participación de la Argentina en el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

“El alineamiento servil del gobierno de Milei con las potencias occidentales, ha llevado a su gestión -entre otros despropósitos- a relativizar posicionamientos históricos de la Argentina, como el de neutralidad activa en los conflictos bélicos, y a desobedecer en más de una ocasión la manda constitucional que establece que el reclamo por el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre Malvinas es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”, argumentó Toniolli.

Así, resaltó que “en cumplimiento de la función de control sobre el Poder Ejecutivo que nuestra normativa vigente le otorga al Congreso Nacional, exigimos la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Seguridad Nacional en la Cámara baja”.

Gran ganadora de la jornada en el Senado fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vio sancionadas tres leyes de materia penal, promovidas desde su cartera. Así, con diferentes mensajes en su perfil de la red social X, destacó la aprobación de Juicio en Ausencia, Reincidencia y Reiterancia y Ley Antimafias.

"Después de años de lucha, logramos un paso fundamental para la justicia en Argentina: la aprobación de la ley de Juicio en Ausencia. Se terminó la impunidad para quienes huyen para evitar ser juzgados. A partir de hoy, la Justicia tratará a todos por igual", escribió sobre la norma que significaría un paso relevante para la causa AMIA. Se trata de un tema que, además, había impulsado años atrás como diputada.

Luego llegaría el turno de Reincidencia y Reiterancia, sobre el cual la funcionaria consideró que es un "cambio de paradigma histórico en seguridad". "Un logro de nuestro gobierno liderado por el Presidente @JMilei. El que las hace, las paga", sumó y compartió el comunicado al respecto de la Oficina del Presidente.

Desde Casa Rosada destacaron la aprobación de esta ley, al señalar que con ello "se terminan los tiempos de la puerta giratoria en la República Argentina, evitando que los jueces garantistas dejen libres a los delincuentes que acumulan procesos penales. Ahora esperarán el juicio tras las rejas".

"Los argentinos eligieron a este gobierno para recuperar el sentido común y volver a poner a los ciudadanos en el lugar de las víctimas y a los que delinquen en el de los victimarios. Sepan los delincuentes que bajo esta administración el que las hace las paga", agregaron desde la OPRA.

Y, finalmente, tras la sanción del último tema en la sesión del Senado, Bullrich celebró: "LEY ANTIMAFIA, ¡ADENTRO! CAMBIO DE PARADIGMA PENAL: CHAU ZAFFARONI. Con esta ley cortamos al crimen organizado de raíz".

"No nos llevamos de a uno, sacamos a todos los miembros de la mafia, juntos, y de raíz. Argentina, vanguardia en la lucha contra el crimen organizado", completó la ministra.

Tras trece días de incendios que azotan la Patagonia argentina, la senadora nacional Silvia Sapag por Unión por la Patria presentó tres proyectos para exigir informes sobre el manejo del fuego y la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de incendios y apuntó contra el “desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, el ajuste presupuestario y la falta de recursos”.

Sapag elevó tres iniciativas al Senado con el objetivo de obtener respuestas sobre el manejo del fuego en la Patagonia. A través de un pedido de informes, exigió al Gobierno de Javier Milei que detalle la ejecución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego y la inversión en recursos humanos y materiales.

Además, presentó un proyecto para citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar explicaciones sobre la estrategia de prevención y combate de los incendios forestales.

“El brutal ajuste del Gobierno está dejando a la Patagonia a la deriva mientras se multiplican los incendios”, advirtió Sapag. “El desmantelamiento del Ministerio de Ambiente, la subejecución presupuestaria y la transferencia del manejo del fuego al área de Seguridad demuestran la completa falta de interés por proteger nuestros recursos naturales”, agregó.

En sus fundamentos, recordó que, entre enero y febrero, más de 13 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego en la región y denunció que la política de Milei y Bullrich ha generado un vaciamiento de las instituciones encargadas de la protección ambiental. “Nos están quemando la Patagonia mientras el Gobierno se lava las manos”, afirmó.

Finalmente, pidió el respaldo de sus pares para aprobar los proyectos y exigir respuestas al Ejecutivo. “El ajuste y la desregulación ambiental están destruyendo el país. No podemos permitir que la falta de control y la negligencia sigan avivando el fuego que consume nuestra Patagonia”, concluyó.

Los diputados del Frente de Izquierda, encabezados por Vanina Biasi, presentaron un proyecto para citar en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para que brinde explicaciones sobre el Plan Güemes anunciado el pasado 9 de diciembre en 2024.

En la iniciativa solicitan que expliquen todas las consideraciones tenidas en cuenta para la elaboración y planificación y ejecución del denominado plan; si se ha tenido en cuenta el desempleo en la región norte de Salta al momento de formularlo el PLAN GÚEMES y las medidas proyectadas para paliar o revertir esta situación.

Además, piden saber cuáles son los instrumentos legales en vigencia que se firmaron como consecuencia de la implementación del PLAN GÜEMES y cuáles son los convenios formalizados con la provincia de Salta, los municipios del norte de la provincia de Salta y con el obispado de la ciudad de Oran.

Respecto de las fuerzas de seguridad, quieren informes sobre las instrucciones y directivas dadas a las fuerzas de seguridad dependientes de Estado Nacional y la coordinación con la policía de Salta para la ejecución del plan; enumeren las unidades, secciones etc., de cada fuerza y los recursos económicos materiales y humanos que se han dispuesto al efecto; qué oficiales, sus jerarquías y sus planas mayores están a cargo.

También que adjunte los informes que cada fuerza remitió en relación a los acontecimientos ocurridos en fecha 18 de diciembre de 2024 en la cercanía del puesto 28 de la Gendarmería Nacional en la localidad de Aguas Blancas, en donde resultó muerto Fernando Gómez y gravemente heridos, Arnaldo Ariel Gareca, Bruno Franco Hualpa y Rómulo Pérez en todos los casos con heridas de balas de plomo.

El pasado 9 de diciembre de 2024 la ministra encabezó el lanzamiento del Plan Güemes en la localidad de Aguas Blancas. Según el gobierno nacional este plan es una medida “histórica” para combatir los delitos federales en la frontera norte de Salta, con foco en los departamentos de Orán y Aguas Blancas.

Uno de los legisladores porteños que acaban de abandonar el Pro para emigrar hacia La Libertad Avanza, Juan Pablo Arenaza, justificó este jueves la decisión tomada junto a otras dos legisladoras argumentando que Jorge Macri “no está haciendo lo que dijo que iba a hacer en la campaña”.

Hombre del riñón de Patricia Bullrich al punto tal de haber sido jefe de campaña de la hoy ministra de Seguridad, admitió que “estábamos trabajando hace ya unos meses con Pilar Ramírez, que es la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, varios temas que tienen que ver con impuestos, con el tamaño del Estado de la Ciudad y lo que pasó ayer finalmente es que institucionalmente decidimos acompañar y pasarnos al bloque de LLA para acompañar lo que nosotros entendemos son los cambios que hay que hacer en la Ciudad. Que son los cambios que están ocurriendo a nivel nacional”.

“Por eso nosotros decidimos conformar un bloque más grande, para tener una voz más potente y que nuestras ideas sean escuchadas”, argumentó Arenaza.

Consultado por Radio Rivadavia sobre el diálogo con el Pro, Arenaza dijo que eso estaba muy bien. “Obviamente tenemos una relación desde hace muchos años con el presidente del bloque, que es Darío Nieto; con el vicepresidente de la Legislatura, Matíaz López, tuvimos una charla, se entendió que es una decisión política que no tiene nada que ver con la cuestión personal”.

Ante la pregunta de que siempre existieron en el Pro distintas posturas, expresadas por Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, o el propio Mauricio Macri, por lo que cuál era el sentido de cambiar de partido, Arenaza dijo que “la Argentina no es más esa que vos estás describiendo. La Argentina de ese Pro no existe más, ni el Pro ese tampoco existe más”.

Para Arenaza, “el cambio que está ocurriendo a nivel nacional y las propuestas y acciones de gobierno de Javier Milei son las propuestas y acciones de gobierno que nosotros teníamos y queríamos hacer en el Gobierno nacional. Y es lo que queremos hacer en el Gobierno de la Ciudad, que hoy no está ocurriendo”.

El legislador porteño valoró las políticas del Gobierno nacional, señalando lo que está ocurriendo a nivel de seguridad, en los temas económicos y de desregulación. “El de (Federico) Sturzenegger es el plan que habíamos construido si Patricia ganaba la elección. Sería ilógico que nosotros no apoyemos lo que dijimos en campaña que íbamos a hacer”, justificó e insistió: “Ese partido no existe más, y la Argentina como estaba planteada antes del 23, tampoco existe”.

Respecto de la permanencia de Patricia Bullrich dentro del Pro, Arenaza echó un manto de dudas al admitir que “por ahora sí sigue formando parte… por ahora sí”, y supeditó los tiempos a los momentos en cada sitio. “Nosotros creíamos que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dado que nuestra voz no ha sido escuchada, que las propuestas que nosotros teníamos, con el impuestazo que va a venir ahora a los porteños, que se votó en la Legislatura y va a empezar a llegar a partir de marzo y abril, creemos que era necesario integrar el bloque de La Libertad Avanza para que nuestra voz sea más escuchada”.

De cara al futuro de la Ciudad y ante la consulta de si buscarán con LLA terminar con la gestión del Pro, Arenaza dijo que “vamos a trabajar para que lo que está ocurriendo a nivel nacional también pase a nivel de la Ciudad”.

“Jorge Macri ganó la elección (interna) contra (Martín) Lousteau con el apoyo que recibió de Patricia Bullrich, y las propuestas que teníamos no son las cosas que están ocurriendo en la Ciudad. Habría que preguntarle a Jorge Macri porqué no está haciendo lo que dijo que iba a  hacer en la campaña: achicar el tamaño del Estado, bajar los impuestos, hacer un Estado más ágil, achicar costos”, cerró Arenaza.

Los diputados porteños que responden a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, oficializaron este miércoles su salida del bloque Vamos por Más, el oficialismo de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. La movida se registró en el marco de un encuentro que tuvo presentes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a la funcionaria nacional, que hasta el año pasado presidía precisamente el partido fundado por Mauricio Macri.

Mientras eso sucedía, se iniciaba una reunión clave de la mesa ejecutiva del Pro, en la que se analizaría la postura de los bloques oficialistas en extraordinarias y, fundamentalmente, el camino que emprenderán este año electoral en relación a La Libertad Avanza. Esto es, qué harán en función de su condición natural de aliados clave del Gobierno de Javier Milei, pero claramente maltratados por el oficialismo, a los ojos de los popes del partido que preside Mauricio Macri.

La ruptura del bloque Vamos por Más se daba por descontada desde hace tiempo y, de hecho, el jefe de Gobierno Jorge Macri no contaba hace rato con los votos de los diputados alineados con Bullrich. Estos ya funcionaban en sintonía con el bloque que preside María del Pilar Ramírez, que pasará ahora a contar con 8 legisladores.

Entre otras actitudes protagonizadas por los ahora libertarios se destaca el no apoyo al Presupuesto 2025, que el macrismo porteño consiguió aprobar con lo justo y el apoyo del también libertario Ramiro Marra.

Los que se van son los diputados Juan Pablo Arenaza, Silvia Imás y María Luisa González Estevarena. Los dos primeros estuvieron presentes en el acto de traspaso desde el Pro a las fuerzas del cielo, rubricado con la afiliación de estos al partido violeta. González Estevarena faltó por no encontrarse en Buenos Aires.

El hecho registrado este miércoles forma parte del operativo de desgaste que le aplica el oficialismo nacional a sus principales aliados legislativos, y que tuvo hace pocos días un escalón clave con la salida del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que para muchos ofició como una suerte de tapón dentro del Pro, y se aguardaba desde entonces que continuara el goteo hacia LLA que, para los libertarios, irá incrementándose con mayor fuerza con el correr de las semanas.

Sucederá también con los legisladores bonaerenses que responden a Patricia Bullrich. Son seis, entre diputados y senadores, que ya no forman parte en este caso de los bloques del Pro, pero se espera que también se afilien al partido presidido por Karina Milei.

Lo que todavía se sostiene es la presencia de los diputados nacionales alineados con la ministra de Seguridad, dentro del bloque que encabeza Cristian Ritondo. En este caso, está claro que la no ruptura tiene que ver con el hecho de que el Pro todavía no se ha distanciado del oficialismo nacional y, sobre todo, que el Gobierno nacional necesita de sus votos. Pero todos dan por descontado que más temprano que tarde la ruptura llegará también al Congreso de la Nación.

SUMAMOS DEFENSORES DE LA LIBERTAD

Bienvenidos a Las Fuerzas del Cielo a @JParenaza, @SilviaImas y @MGEstevarena. Hoy podemos decir con orgullo: la Ciudad es más libre gracias a @KarinaMileiOk y @PatoBullrich.

La Libertad Avanza, aunque algunos no quieran. pic.twitter.com/YYOtUSoRc6

— Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) January 29, 2025

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reavivó una vieja interna de lo que fue Juntos por el Cambio al contar que hace dos años se negó a firmar un acuerdo contra el actual presidente Javier Milei para no ir a una alianza en la campaña para las presidenciales de 2023. Un principal ex socio salió a desmentirla con dureza.

Las declaraciones de Bullrich se dieron durante una charla que tuvo con Daniel Parisini, agitador libertario conocido en redes como “El Gordo Dan”, quien ahora tiene su propio programa de entrevistas a funcionarios nacionales en el streaming Carajo.

“En varias oportunidades con Javier pensamos en ir juntos. Recuerdo que un día llegué a una reunión de Juntos por el Cambio, tarde porque venía de un viaje, y estaban firmando un documento diciendo ‘con Javier nunca nada en la vida’. Estaban (Horacio Rodríguez) Larreta, (Martín) Lousteau... Estaba (Mauricio) Macri también. Entonces yo les dije: ‘¿Qué están haciendo? Es una locura lo que están haciendo, ¿cómo van a firmar esto?’. Se armó un revuelo, yo dije: ‘Yo no estoy de acuerdo, yo soy la presidenta de Pro, no voy a firmar eso’”, aseguró la ministra.

Minutos más tarde, sus ex socios salieron a desmentirla. Puntualmente el alfil de Elisa Carrió y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien a través de un comunicado le enrostró: “La única verdad es que llegaste tarde”. “Cuánto desapego a la verdad. Miente, miente que algo quedará”, encabezó su respuesta Ferraro.

“Estimada Patricia, no puedo dejar pasar tus declaraciones porque, en su momento, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tuvimos un debate intenso sobre esto. La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde, pero llegaste al Instituto H. Arendt, donde se realizó la reunión de la Mesa Nacional en abril de 2022, cuando todavía faltaba mucho para la elección nacional. Ese día, corriste a alguien del equipo de comunicación y te pusiste a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final”, le enrostró Ferraro, con una foto en la que se la ve a Bullrich sentada en una computadora, rodeada por él, por Gerardo Morales -que era titular del radicalismo-, Laura Rodríguez Machado y Mario Negri.

Cuánto desapego a la verdad
Miente, miente que algo quedará

Estimada Patricia, no puedo dejar pasar tus declaraciones porque, en su momento, en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tuvimos un debate intenso sobre esto. La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde,… https://t.co/c9VBhbM36E pic.twitter.com/hdaQNz1QJl

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 14, 2025

En ese sentido, expresó: “Nno quiero faltar al resguardo de las conversaciones que tuvimos, pero no puedo dejar de recordar lo que decías vos, tu equipo de campaña y Derek Hampton sobre Javier Milei”.

“Vos sabés que no estoy mintiendo. Tengo memoria Patricia y, al igual que vos, anotaba casi en versión taquigráfica las reuniones para tener precisión sobre lo acordado. En muchas de esas reuniones, toda la Mesa depositaba en mí la confianza -que aún agradezco- de redactar o hacer la redacción final de los comunicados. Sin embargo, en este caso, la foto demuestra que vos misma te sentaste y redactaste”, disparó Ferraro.

Así, remató: “Después, no sé qué te pasó, pero hiciste un berrinche político, y eso está más que patentado en el chat que teníamos los presidentes. Patricia, deja de agredir y de bastardear a excompañeros de Juntos por el Cambio. Si tomaste tu decisión de irte con La Libertad Avanza, hacelo tranquila y sin violencia, pero no te lleves puesta la verdad ni a quienes alguna vez compartimos espacio con vos”.

Es así: ese día, Patricia corrió a alguien del equipo de comunicación y se puso a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final. En el ínterin, hizo un chiste para distender el ambiente.

Esto es lo que redactó: “Hay actores de la vida política que…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 14, 2025

Ferraro agregó en otro posteo el escrito de la actual ministra. “Esto es lo que redactó: ‘Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo’”.

El respaldo de Milei a Bullrich

Al contrario que sus excompañeros de espacio, Milei salió a bancar a la ministra. “Definamos grandeza”, tituló el presidente, que agradeció a Bullrich por haberse sumado a su campaña para el balotaje y luego al Gobierno. “Muchas gracias por poner el interés de los argentinos por sobre lo personal. Actitudes como la suya son las que permiten que estemos haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Viva la libertad carajo”, sostuvo.

Bullrich replicó: “Gracias Presidente. Este es el tiempo de los valientes, de los que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias. Estamos escribiendo la página más importante de nuestra historia, enfrentando lo que otros no se animaron y liberando a la Argentina del yugo del pasado. ¡La libertad avanza y hace raíz porque tenemos la convicción de cambiarlo todo!”.

El senador nacional Francisco Paoltroni cruzó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien había criticado al vicepresidente, Victoria Villarruel, por el tema de las dietas de los senadores.

Villarruel se había quejado por cobrar “dos chirolas” de sueldo, en medio de las críticas por el congelamiento de las dietas de los senadores de casi 9 millones de pesos hasta marzo. Tras sus dichos, Bullrich le respondió.

"Milei es el Presidente, Villarruel, como vicepresidenta tiene que ir al Gabinete y llevar adelante las políticas del Gobierno en un lugar complicado para nosotros. Necesitábamos que empuje en el Senado para sacar las leyes que el país necesita. Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante. El que no se adapta, se va”, dijo la ministra en una entrevista con Radio Mitre.

Ante este nuevo cortocircuito, Paoltroni respaldó a la vice y apuntó en su red social de X: “Las declaraciones de la ministra Bullrich reflejan una visión totalmente autoritaria”.

Así, le recordó que “los dirigentes tienen que representar a quienes los eligieron, no ser obsecuentes y traicionar sus promesas por conveniencia política”, y remarcó que “este tipo de actitudes son una estafa al electorado y debilitan la confianza en la política”.

Este fin de semana la relación tirante entre el presidente de la Nación y quien fuera su compañera de fórmula escaló aún más, por motivo de los sueldos de la política en general y de la titular del Senado en particular. Quien no se privó de intervenir en el contrapunto fue, cuando le preguntaron, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Consultada en el programa Aire de Noticias, de Radio Mitre, la funcionaria aclaró que ella “no los pondría en el mismo nivel” al presidente y su vice. “Javier Milei es el presidente y Victoria Villarruel, como vicepresidenta, tiene que ir al gabinete, discutir las políticas de gobierno, y llevarlas adelante. Y llevarlas adelante en un lugar que es un lugar complicado para nosotros, y que nosotros necesitamos que se empuje al Senado para sacar las leyes que el país necesita”.

“Entonces, que Milei haya perdido esa posibilidad de tener una vicepresidente ordenada, que se discipline en las decisiones estratégicas del Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante”, sostuvo.

Aclaró que esa no es una pelea personal, sino que “esto es una pelea política. Si la vicepresidenta, como dijo el presidente, dice que va a congelar el sueldo a los senadores y a los 10 minutos sale y dice ‘gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción. Todos sabemos que vivimos con el sueldo del Estado como todos los argentinos viven hoy con sueldos bajos. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo”.

E insistió: “Si vos un día congelás los salarios y al otro decís ‘yo vivo con chirolas’, no lo estás haciendo por convicción, lo estás haciendo no compartiendo el fondo de la decisión del presidente, que es la austeridad total y absoluta de sus funcionarios como ejemplaridad. Porque el ejemplo es más importante que la palabra”.

“Estamos dando el ejemplo que no somos un sector privilegiado”, sintetizó la política, insistiendo en que no ve este intercambio como una pelea, “sino como una vicepresidenta que quiere tener una agenda distinta a la del presidente.

Milei dijo muy claro hacia dónde iba, los ministros vamos por ahí, el que no se adapta se va”.

Aclaró que ese no es el camino que le asigna a Villarrue, que “ha sido electa”, pero recordó que “hace pocos días ella sacó un tuit diciendo que estaba con Milei, que iba a seguir las políticas del presidente, que no se iba a ningún lado, bueno, eso es lo que tiene que hacer: adaptarse al cambio que está haciendo la Argentina”.

Ya hemos dicho que hace rato que el Gobierno está en campaña. Con toda lógica, habida cuenta de la importancia absoluta que revisten para todo gobierno no peronista las elecciones intermedias. Recordemos sino el final precipitado del Gobierno de Fernando de la Rúa, al que le soltaron la mano ni bien perdió feo sus elecciones intermedias. ¿Les suena 2001? E incluso Raúl Alfonsín, que debió irse seis meses antes, tras perder las presidenciales de 1989 que adelantó, pero -dato clave- habiendo perdido antes las elecciones de 1987, cuando los mandatos eran de 6 años y había entonces dos intermedias.

Mauricio Macri las ganó (en 2017), y se convirtió en el primer gobierno no peronista en concluir su mandato en los últimos cien años.

Con solo 39 diputados y 6 senadores, nadie podrá objetarle a los Milei que se preocupen muy anticipadamente por cómo pueda irles en las elecciones venideras. Por eso se ha especulado con la posibilidad de que haya iniciado la campaña con el Pacto de Mayo, en julio pasado; o bien el 15 de septiembre en el Congreso, cuando presentó el Presupuesto “no nato” 2025; o más cerca en el tiempo con la cadena nacional del pasado 10 de diciembre, al cumplir su primer año de gestión.

Pero si vamos a hechos concretos, el anuncio que metió de lleno a la política en modo electoral fue el anuncio del jefe de Gobierno porteño del viernes pasado, sobre el desdoblamiento electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta entonces, solo se sabía que las elecciones nacionales se realizarán el 26 de octubre del año que viene. Y que las PASO, si no las levantan, serán el 3 de agosto. Jorge Macri acaba de sumar lo que por ahora será la primera elección distrital del calendario 2025: el 6 de julio se elegirán 30 diputados porteños.

Habrá otras que se irán anunciando en el futuro inmediato, aunque no habrá tantos desdoblamientos como en elecciones ejecutivas, cuando los gobernadores buscan ponerse a resguardo del eventual arrastre que pueda llegar a tener el presidente de turno, y ahí sí adelanta la gran mayoría, como viene dándose cada vez con mayor intensidad.

El adelantamiento en la Ciudad era más que previsible y los últimos chisporroteos entre el oficialismo local y La Libertad Avanza lo hicieron irreversible. El tiro de gracia lo dio la votación de las huestes de María del Pilar Ramírez -mujer de máxima confianza de “El Jefe” Karina Milei- en contra del Presupuesto 2025 enviado por el Gobierno porteño. Ahí los Macri se convencieron de las intenciones del mileísmo de desbancarlos de la Ciudad y actuaron en consecuencia.

Mientras Mauricio Macri resuelve qué camino adoptar a nivel nacional, su primo Jorge no tuvo dudas respecto de ir a la pelea en el bastión donde el Pro nació, allá por 2005.

Y para curarse en salud adelantan las elecciones, cuestión de despegarlas del efecto arrastre que puedan llegar a tener las elecciones nacionales. Porque si bien La Libertad Avanza no tiene demasiadas figuras para ofrecer en el resto de los distritos, en la Ciudad, donde se ponen en juego además senadores, sí tiene mucho para ofrecer, y puede llegar a poner toda la artillería. De hecho, esta semana Manuel Adorni admitió que será candidato si el presidente se lo pide. Y el vocero presidencial da muy bien en las encuestas.

Además, no hay que descartar la posibilidad de que Patricia Bullrich sea también candidata en ese distrito que puede ser para La Libertad Avanza “la madre de todas las batallas”. No desvela esa posibilidad a la ministra de Seguridad, que en el Legislativo podría perder protagonismo, pero estará donde consideren necesario. Y pensándose en 2027 candidata a jefa de Gobierno o compañera de fórmula de Milei para la reelección.

Dato al margen: en 2021 Bullrich quería encabezar la lista legislativa porteña, y el entonces jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta hizo todo lo posible para impedirlo, pues en tren de independizarse de Mauricio Macri quería apropiarse de los eventuales triunfos de JxC en CABA y provincia de Buenos Aires, donde puso candidatos propios. La convenció a María Eugenia Vidal de encabezar en la Ciudad, pero la exgobernadora terminó haciendo una elección apenas discreta -para las expectativas del Pro- y en la provincia el candidato fue Diego Santilli, que a pesar de haber ganado, dos años después tuvo que ir a una interna fratricida que perdió. A Bullrich, Larreta la convenció de que se reservara para ser precandidata presidencial en 2023, cosa que fue mortal para él, pues ella lo venció.

Otro dato imperdible: hoy abanderada de la derogación de las PASO, en 2023 Patricia Bullrich fue la que más bregó por sostenerlas, pues en ello se jugaba su destino. Nunca quiso saber nada de internas partidarias, pues en ese caso Larreta, con su aparato, se la comía con fritas. Y fue más allá al exigir pelea para todos los cargos, cuestión de generar lealtades.

Hoy eso le permite hurgar en lo que fueron las listas de Juntos por el Cambio para sumar adhesiones al nuevo oficialismo, como hizo con los “radicales peluca” a los que acompañó el jueves en la reunión con Milei.

Volvamos a las elecciones porteñas. Una derrota del Pro allí no solo sería un pésimo presagio para 2027, sino también le complicaría la vida en la Legislatura a Jorge Macri los dos años siguientes. De ahí que con su primo expresidente coincidieran en la obvia necesidad de desdoblar los comicios. Los reproches que se han hecho ante la decisión anunciada por Jorge Macri han venido fundamentalmente desde LLA. Pero si bien es cierto que nunca la Ciudad separó las elecciones legislativas de las nacionales, casi siempre lo hicieron cuando se eligió jefe de Gobierno: en 6 de las 8 elecciones desde 1996. Únicamente no desdobló la Ciudad en 2019 y 2023, para acompañar en ambos casos la estrategia nacional del fenecido Juntos por el Cambio.

La jugada tiene también sus costos y probablemente tenga que resignarse el Pro ahora a apoyar la estrategia del Gobierno de eliminar las PASO a nivel nacional. Porque resulta contradictorio que el partido amarillo pida suspenderlas para el próximo año en CABA y rechace hacer lo mismo a nivel nacional cuando la Casa Rosada lo demanda. Claro que en un caso se habla de suspensión y en el otro de derogarlas.

Como sea, el Pro se metió solito en una disyuntiva que el propio jefe de Gobierno -atento solo a sus intereses- abonó al señalar el viernes que le pidió al Gobierno nacional que también suspenda las PASO en todo el país. “Con el jefe del Gabinete nacional, Guillermo Francos, coincidimos en el ahorro de 200.000 mil millones de pesos que significaría eliminarlas. Los argentinos no podemos darnos el lujo de gastar ese dinero cuando hay otras prioridades más relevantes”, aseveró. ¡Chan!…

A partir de esos dichos, recobró fuerza la posibilidad de que el Gobierno avance con la eliminación de las elecciones primarias en febrero, y ya se están haciendo cuentas para verificar si con los votos del Pro -que hasta ahora hablaba de “modificarlas”, mas no eliminarlas- le alcanza al oficialismo para lograr su objetivo.

Dicen que Jorge Macri lo habló con su primo. Obvio; otros en el Congreso -donde resistían la eliminación de las PASO- piensan que en realidad Mauricio Macri siempre quiso derogarlas, a partir de lo que sucedió en 2019, cuando las elecciones de agosto adelantaron el final prematuro de su gobierno.

El Pro colaborando con La Libertad Avanza en febrero para aprobar la reforma política, remite a esas personas débiles de carácter que una y otra vez prometen que “es la última vez” que aceptan algo de quien en definitiva los domina, y una y otra vez terminan cediendo…

Esto, mientras el presidente le dio a la oposición en general y a Macri en particular un ultimátum respecto de las próximas elecciones: o juntos en todos los distritos, o separados en todos. El líder del Pro se tomó su tiempo para contestar, pero finalmente lo hizo diciendo que esa siempre había sido su posición: “Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”.

No es algo que desvele a Milei y su triángulo de hierro -sobre todo eso último-, que sigue viendo cómo se le alinean los planetas.

Pero no se limita a mirar: actúa en consecuencia, como cuando después de Navidad, invitó a los diputados radicales a visitar (otra vez) la Casa Rosada. Por lo que contaron los participantes, no se habló de nada específico, ni mucho menos surgió alguna promesa concreta. Pareció, más que nada, otra señal de fuerza de un gobierno que siente que terminó el año como nadie imaginaba que lo haría, y se dio el lujo de enviar un mensaje a sus aliados legislativos principales: casi, casi que no los necesitamos más a ustedes.

Como en los tiempos de campaña de Juntos por el Cambio, en el que se cruzaba misiles con su entonces rival en la interna presidencial, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió a pegarle este sábado al ex jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. La excusa fue la fuga de presos, respecto de lo cual la funcionaria nacional culpó al ex precandidato presidencial.

“La Ciudad durante 3 años tenía que terminar una cárcel que no la terminó. Los policías tienen que cuidar a los presos, no están entrenados para eso”, señaló la ministra en referencia a la polémica abierta por las constantes fugas de presos, la última de las cuales fue hace una semana con 17 presos que escaparon de una alcaldía en Liniers.

Bullrich dijo por Radio Rivadavia que “el Tribunal Superior de la Ciudad tiene que completar la autonomía, administrarán las fuerzas y deben liberar a los policías de esta tarea”.

Y como en una jugada de billar a dos bandas, le tiró al anterior jefe de Gobierno y el actual, diciendo que “no vale políticos lavándose las manos y hacer la fácil de tirarle todo a la Policía. El hecho de haber abandonado la construcción de una cárcel, generó un conjunto de presos en comisarías, esto viene de la gestión de Larreta”.

Le salió al cruce el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que a través de la red social X le dijo: “Señora ministra, le recuerdo, por si la memoria le falla, que la unidad penitenciaria de Marcos Paz no se pudo terminar, junto a otras obras, porque al Gobierno de la Ciudad, durante la gestión K de Alberto Fernández, le quitaron los fondos de coparticipación. Fondos que el gobierno que usted integra inicialmente se negó a restituir y que recién, ocho meses después, fueron objeto de un acuerdo a cuenta gotas”, advirtió el legislador nacional.

“Por otro lado, le recuerdo que a quien ahora critica, usted misma lo proponía como jefe de Gabinete”, añadió Ferraro, que completó pidiéndole a Bullrich que “deje de hacer caranchismo político y concentre todos los esfuerzos en garantizar la seguridad de los argentinos. Le deseo un feliz año y lo mejor con sus nietos en Disney. Doy fe de que es una muy buena abuela”.

La réplica de Larreta 

Pero el que tampoco se quedó callado fue Horacio Rodríguez Larreta, que directamente tildó a su exrival de mentirosa.

“PATRICIA, NO MIENTAS -arrancó en X-. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo”.

Agregó que “Lo que decís es MENTIRA. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos”. Rodríguez Larreta le dijo que “la cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es FEDERAL, para presos por delitos FEDERALES, juzgados por jueces FEDERALES”.

Agregó que “la cárcel no se terminó porque el Gobierno nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de Mauricio Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse”.

“En vez de desinformar, trabajá por la seguridad de los ciudadanos, y construí la cárcel”, concluyó Larreta.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estuvo presente en la cena de fin de año de Apertura Republicana, la agrupación política liberal que tiene como referente a Patricia Bullrich, y afirmó que “en diciembre de 2024 estamos mucho mejor que en diciembre de 2023.

Asimismo, remarcó que “el esfuerzo de la sociedad está valiendo la pena, por eso somos parte del proyecto de cambio que votaron los argentinos”, y destacó que “ya no se habla de hiperinflación, corralito, default o del valor del dólar, sino de bajar impuestos, mejorar la competitividad de las empresas, abrirse al mundo y exportar”.

Bajo la idea de marcar un camino para enfrentar al gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Valenzuela señaló que “hay sectores políticos que siguen aferrados al status quo con ideas y tácticas políticas que atrasan”. También, señaló: “La recuperación está ocurriendo y es por la audacia del presidente Javier Milei en impulsar un cambio económico y político, junto con la valentía y generosidad de la ministra Bullrich”.

Luego, expresó: “Para incorporar a la Provincia en el cambio nacional es clave tener nitidez, no especular, jugársela y tener una alternativa clara al kirchnerismo. Y culminó: “Lo mismo sucede en territorio bonaerense y me estoy dedicando, en diálogo con un montón de gente de La Libertad Avanza, como Pareja, Romo y Espert, a desarrollar un proyecto para transformar Buenos Aires”.

Estuvieron presentes, además de Valenzuela y Patricia Bullrich, el diputado nacional Damián Arabia, Juan Curutchet y Carlos Pirovano.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT-U) presentó un proyecto en el Congreso exigiendo la inmediata destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por ser la “máxima responsable política del asesinato de un trabajador informal, en un violento y criminal ataque por parte de la Gendarmería Nacional en el puesto 28 de la frontera norte de la Provincia de Salta, donde resultaron heridos al menos cuatro trabajadores más, dos de ellos con lesiones graves por disparos de armas de fuego”.

Biasi declaró: “El asesinato de un trabajador por parte de Gendarmería Nacional en la frontera norte de Salta es un crimen de Estado, consecuencia de una política represiva que escala sin límites y vulnera todas las garantías democráticas, hasta la propia vida. Mientras le otorgan blanqueo de capitales a los narcos, y permiten que los puertos privados de Rosario sigan siendo un colador para la droga, montan este brutal despliegue en la frontera con Bolivia, pomposamente llamado ‘Operativo Güemes’, contra los trabajadores bagalleros que pelean por su sustento día a día”.

Bullrich asesina! Presenté un proyecto para exigir la destitución de la ministra por su responsabilidad política frente al asesinato de un trabajador informal en manos de la Gendarmería Nacional en Salta durante el llamado "Operativo Güemes" con armas de fuego. Investigación y… pic.twitter.com/ASNPyeYtUr

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) December 19, 2024

“En esta zona del país cotidianamente entre 5000 y 10000 trabajadores sobreviven con el comercio fronterizo -única alternativa laboral en la zona. Es así porque se han destruido miles de puestos de trabajo con el avance de la caña de azúcar y la soja que desplazaron otros cultivos con mano de obra intensiva. El trabajador asesinado traía hojas de coca que son de venta legal en los comercios de todo el Norte argentino. De ningún modo era un narcotraficante”, explicó.

La diputada repudió también el respaldo del gobernador massista Gustavo Sáenz y denunció: “Salta está señalada por especialistas como un Estado narco. Está preso y condenado el juez federal Reynoso del distrito Oran y otros tres jueces acaban de ser destituidos, lo mismo que el intendente de Aguas Blancas, en todos los casos por complicidad con el narcotráfico. Camionetas policiales, patrulleros y ambulancias son el instrumento de enormes traslados de cocaína. A los responsables del narcotráfico hay que encontrarlos desarmando el entramado de complicidad del poder político, no militarizando la frontera para terminar asesinando a trabajadores empobrecidos”.

“La pretensión de la ministra Patricia Bullrich de presentarnos a los bagalleros como los grandes ‘narcos’ es parte de una manipulación discursiva de la realidad como la que vimos cuando acusaba a manifestantes populares de ‘terroristas’. La ministra, que es además responsable de sucesivas represiones que incluyeron actos gravísimos de violencia contra jubilados y contra una niña de 10 años, no puede quedar impune ni continuar al frente de un ministerio que reprime y asesina de esta manera”, concluyó Biasi.

La gendarmería de Milei y Bullrich asesinó a Fernando Gómez. Un trabajador condenado a la informalidad laboral como millones en la argentina.
Su familia y todo un pueblo reclaman justicia. Todo nuestro apoyo y solidaridad. pic.twitter.com/k7kbaaV3Mx

— Alejandro Vilca (@vilcalejandro) December 19, 2024

Luego de buscar ponerle paños fríos a la tensa relacion que mantiene con varios de los integrantes de la Casa Rosada, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un sugerente mensaje por el que responsabiliza al Poder Ejecutivo por la detención de Nahuel Gallo: “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela”.

Desde que publicó la foto en el Estadio Diego Armando Maradona por el recital de Los Piojos de este miércoles, la presidenta del Senado mantuvo varios idas y vueltas con diferentes usuarios que le hacían preguntas.  “Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar”, cuestionó.

El mensaje borrado por Victoria Villarruel.

Así las cosas, este mensaje trae a colación uno de los primeros cortocircuitos entre Javier Milei, presidente de la Nación, y Victoria Villarruel: Uno de los primeros acuerdos entre el libertario y la nacionalista fue que, en el arribo de ambos como presidente y vice, iba a ser que la vicepresidenta sería quien designaría a los ministros de Seguridad y Defensa.

Tras el pacto entre Milei y la fórmula de Juntos por el Cambio, luego de las elecciones generales del 22 de octubre del 2023, el propio libertario, ya como jefe de Estado, optó por designar en esa área a Patricia Bullrich, en Seguridad, y a Luis Petri, en Defensa.

Horas más tarde y tras la viralización del contenido del mensaje, la titular de la Cámara alta borró el tuit y fue la propia ministra de Seguridad quien cazó el guante y emitió una dura respuesta: acusó a Villarruel de querer “juntar likes”, “hablar con total desconocimiento” y por último le enrostró la cuestión de las dietas de los senadores nacionales a valor de 9.5 millones de pesos.

Con una captura del mensaje borrado, Bullrich comenzó: “Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”.

Y siguió: “Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”.

Sra. Vicepresidente:

Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.

Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2024

En el final la ministra de Seguridad concluyó con un mensaje contundente: “Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador”.

Tras la expulsión del Senado de Edgardo Kueider que se votó este jueves en sesión, el bloque Socialista en la Cámara baja presentó un proyecto solicitando la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que brinde explicaciones con relación a “varios aspectos e irregularidades vinculadas a los hechos que involucran” al entrerriano detenido en Paraguay.

“Necesitamos que explique su sincericidio público, afirmando sobornos y compra de votos en ambas cámaras legislativas. También que dé detalles de cuáles son los controles en la frontera y cada una de las irregularidades vinculadas al suceso en torno al senador Kueider”, expresó el diputado nacional Esteban Paulón.

Cabe mencionar que previo a su detención con la suntuosa cifra en dólares sin declarar, el entonces senador Kueider, ya había cruzado cinco veces la misma frontera: “Estos viajes ‘relámpago’ de dudosa habitualidad dan indicios de un ‘modus operandi’”, manifestó el diputado.

El legislador socialista definió como “frágiles y permeables” a los operativos de control en pasos fronterizos por parte de Gendarmería Nacional. “Esta cadena de hechos no hacen otra cosa que exponer una gestión ineficiente del Ministerio de Seguridad”, concluyó Paulón.

En el proyecto solicitan información sobre “la fragilidad y permeabilidad de los operativos de control en pasos fronterizos por parte de Gendarmería Nacional, que ha quedado al descubierto a partir de las investigaciones preliminares sobre la ruta del dinero, la recurrencia de los viajes y la habitualidad de los cruces de frontera por parte de los imputados”.

“Las acciones con enfoque preventivo que se estarían llevando adelante en la frontera argentina por parte de las fuerzas de frontera.  La gravedad institucional que revisten las declaraciones de la ministra en torno a la presunta procedencia del dinero en poder del exsenador y sus afirmaciones acerca de la existencia de sobornos y compra de voluntades para la sanción de leyes en el Congreso”, agrega.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó este viernes el Palacio Legislativo, donde fue recibida por el reelecto titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el marco de un convenio para fortalecer la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. También, participó María Luján Rey, titular del Observatorio.

El presidente de la Cámara baja expresó que “la firma de este Convenio es muy importante”, y agregó: “Estamos haciendo un trabajo para que las estadísticas mejoren todos los años. Este Convenio ratifica nuestro compromiso de seguir trabajando y de seguir abriendo las puertas para que estas experiencias colaboren a futuro para mejorar las estadísticas y las víctimas tengan una mejor cobertura por parte del Estado”.

Del mismo modo, la ministra de Seguridad señaló que “hay quienes tienen causas irrecuperables, como la pérdida de un hijo o familiar, pero también han encontrado, como por ejemplo en este Observatorio, la posibilidad de armar asociaciones y darle un sentido, un nuevo propósito a la vida, que es ayudar a que Argentina no sea un país donde las víctimas terminan tiradas y los victimarios terminan salvados”.

Asimismo, añadió: “Vinimos a poner orden, justicia y a poner a las víctimas en su lugar y a los victimarios en las cárceles. Nosotros defendemos la libertad, la vida y la propiedad de las personas; con estos valores vamos con la decisión de que en Argentina las cosas cambien”.

Entre los puntos más importante del convenio se destacan: Promover la publicación de trabajos y la difusión de información específica, creando una base documental abierta a la sociedad y actualizada permanentemente; y el desarrollo de acciones que le permitan al Observatorio de víctimas de Delitos acceder al Banco de Datos en materia de delitos y seguridad en general y/o trabajos de campo, encuestas determinables a convenir por convenios específicos, seguimiento y publicación de índices y/o estadísticas de interés autorizadas por este Observatorio.

También, proponen la coordinación y el intercambio de experiencias, información e ideas entre los miembros de la Dirección General de Asuntos Prioritarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Observatorio de Víctimas de Delitos, para un correcto desempeño de las funciones asumidas, con el debido seguimiento de las autoridades de cada parte.

Además propusieron trabajar sobre las sugerencias y recomendaciones en materia de política pública, así como diseñar estrategias encaminadas a prevenir situaciones de riesgo y vulneración; organizar y participar institucionalmente en eventos y actividades vinculadas a los Derechos Humanos y Garantías de las personas víctimas de delitos, así como en toda rama del saber relacionado; e implementar campañas de concientización y capacitación con el objetivo de formar y fortalecer institucionalmente en materia de derechos humanos y garantías de las personas víctimas de delitos.

Diputados nacionales del radicalismo manifestaron su solidaridad con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ante nuevas amenazas narco, tras la difusión de un video intimidante de cuatro miembros de una banda armados y con sus rostros cubiertos. "Vamos a dejar muertos por toda la capital de Buenos Aires y Santa Fe, vamos por todo, esto nunca va a terminar", se los escucha decir.

Al respecto, el jefe del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, expresó: "Mi acompañamiento a @maxipullaro y @PatoBullrich frente a las amenazas de grupos criminales. La única manera de enfrentar este flagelo es con trabajo multidisciplinario y sin distinción política. Cuentan con mi apoyo frente al trabajo que vienen realizando para derrotar a las mafias".

"Mi solidaridad con el Gobernador de Santa Fe @maxipullaro y la Ministra @PatoBullrich por las amenazas de narco-terroristas contra sus vidas. La Argentina debe unirse para derrotar al crimen organizado y las mafias que no quieren dejarnos vivir en paz", escribió la vicepresidenta de la bancada, Karina Banfi.

En tanto, la cordobesa Soledad Carrizo expresó su "más enérgico repudio a las amenazas narco-terroristas contra la ministra @PatoBullrich y el gobernador de Santa Fe @maxipullaro". "Mi solidaridad con ellos y con todos quienes enfrentan a estas mafias. La Argentina debe unirse para derrotar al crimen organizado", añadió.

"Las amenazas contra la ministra @PatoBullrich y el gobernador @maxipullaro representan un ataque directo a la democracia y a todos los argentinos. Expresamos nuestra solidaridad y total respaldo hacia ellos. No podemos permitir que la violencia intimide a quienes enfrentan al delito. Hoy más que nunca, es necesario unir fuerzas y demostrar firmeza en la lucha contra las mafias. Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a quienes defienden la justicia y la seguridad. ¡No retrocederemos!", fue el mensaje del neuquino Pablo Cervi.

Por su parte, la santacruceña Roxana Reyes aseguró que desde su provincia se unen "a la condena y al repudio frente a las amenazas contra la ministra @PatoBullrich y el gobernador de Santa Fe @maxipullaro. Este tipo de agresiones nos afectan a todos y buscan dañar nuestra democracia. Debemos mantenernos unidos y firmes para combatir el delito, sin retroceder ante los violentos". "Seguiremos comprometidos, trabajando y acompañando a quienes luchan contra las mafias. ¡Adelante!", agregó.

Desde el bloque Democracia para Siempre, su presidente, Pablo Juliano, dijo que "es angustiante despertarse en una Argentina donde los narcos amenazan a un gobernador que está combatiendo el flagelo del narcotráfico en Santa Fe. Desde el bloque @dipdemocraciaps apoyamos a @maxipullaro!".

Entre los mensajes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, publicó: "Frente a las amenazas recibidas, expreso mi total solidaridad y acompañamiento a la ministra de Seguridad, @PatoBullrich, y al Gobernador de la provincia de Santa Fe @maxipullaro. Es inaceptable atentar contra la democracia y la seguridad de los argentinos".

"Vamos a utilizar toda la fuerza de la ley para investigar y sancionar a los responsables. La justicia debe ser firme y rápida para proteger y garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos", afirmó el funcionario.

Buscando saldar un reclamo que lleva años, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, acordaron el traspaso del servicio penitenciario en el ámbito de la Capital Federal, lo que implicará que el distrito capitalino se haga responsable del cuidado de los detenidos.

Las autoridades del Gobierno porteño y del Ministerio de Seguridad de la Nación, se reunieron en la sede de dicho Ministerio, ubicada en la Av. Gelly y Obes, para comenzar a trabajar en la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA.

Bullrich estuvo acompañada por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julían Curi, y la directora nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Mientras que junto a Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sanchez Zinny; y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.

Tras el encuentro, Macri explicó que “seguimos avanzando en consolidar la autonomía de la Ciudad. Con esta transferencia vamos a tener a cargo a quienes delinquen en nuestra jurisdicción” e indicó que “nos reúnen el orden y la decisión de trabajar en equipo para garantizarle seguridad a quienes viven y transitan en la Ciudad”.

La senadora nacional de Unión por la Patria Juliana di Tullio denunció penalmente este jueves al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los mensajes en contra de sindicalistas que -en la previa y el día del paro de transporte- aparecieron en pantallas de las estaciones de trenes y a través de la aplicación "Mi Argentina".

“Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134”, rezaba el texto, apuntando contra Hugo Moyano, líder de Camioneros, y su hijo Pablo Moyano, referente de la CGT; y a Pablo Biró, titular del gremio de pilotos, recientemente desplazado del directorio de Aerolíneas Argentinas.

A través de su perfil en X, Di Tullio había expresado: “El gobierno usa dinero público para mandar mensajes a nuestros celulares”. La denuncia es por la presunta comisión del delito de peculado de servicios, para lo que se solicitó que se produzcan acciones de prueba frente al uso de recursos y servicios públicos con "claros fines político-partidarios ajenos a los intereses estatales".

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana señala en su denuncia que “el uso que se otorga a los bienes y servicios abonados por el Estado Nacional para la satisfacción de los intereses públicos comprometidos en su gestión no resulta ajeno al ámbito jurisdiccional. Especialmente cuando esos recursos son empleados con fines ajenos a los estatales y más propios de la facción política de poder”.

La presentación judicial recayó en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°4.

Este jueves, al ser consultado en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó: "Mi Argentina y las pantallas son uno de los canales de comunicación del Gobierno. Se usaron para informar a los ciudadanos sobre cómo hacer la denuncia en la línea 134 y sobre el paro político y los sindicalistas. Lo único que se hizo fue informar un dato de la realidad: quiénes estaban impulsado el paro y eran responsables de perjudicar a miles de argentinos".

"Son las mismas pantallas donde ponían que el boleto con Milei iba a estar en 1.100 pesos y que el dólar iba a estar a no sé cuánto, y que votes a (Sergio) Massa. No, nosotros no somos eso. Nosotros somos distintos. Nosotros informamos. Después puede gustarte más o menos el medio de comunicación y que nombremos a rancios de la vida política argentina", agregó.

Tal cual había adelantado, el diputado nacional Leopoldo Moreau presentó este martes a primera hora en los Tribunales de Comodoro Py una denuncia penal por amenazas y coacción agravada contra Patricia Bullrich.

Así lo anunció el propio legislador kirchnerista, que anticipó de paso que por la tarde iniciaría las acciones civiles. Y lanzó en sus redes sociales: “La mercenaria de la violencia institucional no me va a ni intimidar ni ensuciar”.

Todo viene a cuento del fuerte cruce entre el diputado nacional y la ministra de Seguridad el martes en la Comisión de Presupuesto, donde la funcionaria le advirtió al legislador que tuviera “cuidado”, con esta frase de la discordia: “¿Querés que te cuente de la plata de Yabrán que cobraste vos acá, caradura?”.

De ahí que poco después el diputado subiera a sus redes un video en el que anticipaba que presentaría dos denuncias contra Bullrich: una por calumnias e injurias y otra por coacción y amenazas.

“Como se incomodó por muchísimas preguntas que le hicimos acerca de su forma de actuar, y todos sabemos que es una mercenaria de la violencia institucional, en un momento dado se exaltó y mostró su carácter”, dijo entonces el legislador, que agregó: “En primer lugar me amenazó. Me dijo ‘tené cuidadito’. Una amenaza de alguien que pasa por la esquina es una amenaza no tiene ningún valor. Ella tiene el monopolio de la violencia estatal. Si alguien que tiene ese poder te amenaza, es un tema muy grave”.

“Y además lo hace sobre un diputado nacional, porque está coaccionando para que yo no actúe como la constitución me permite actuar. He decidido en esa materia hacerle una denuncia penal por coacción y por amenazas”, agregó el legislador.

En un pasaje de su mensaje, Moreau dijo que “en aquella época, así como ella ahora es fanática de Milei, ella era fanática de (Domingo) Cavallo. Yo había promovido en el Congreso una interpelación a Cavallo en la que puse al descubierto un gran negociado que se llamó el acuerdo IBM-Banco Nación”. Agregó que “logramos la detención de los coimeros del Banco Nación que eran todos funcionarios de Cavallo. Logramos la recuperación de esa dinero que estaba en Suiza, 30 millones de dólares”, y luego señaló que “Cavallo y sus fanáticos, entre quienes se encontraba Patricia Bullrich, para tratar de tapar eso, dijeron que eso estaba promovido por Yabrán, en el momento en que se peleaban Yabrán con Cavallo”.

Previsiblemente Patricia Bullrich no se quedó callada. Le contestó por las redes sociales con otro video. “Tu denuncia no va. Tu denuncia, al basurero”, arrancó.

Explicó la funcionaria que los ministros del Poder Ejecutivo cuentan al concurrir al Congreso con la misma inmunidad parlamentaria que los legisladores, y así lo ratificó la Corte Suprema en un fallo de 2004, justamente cuando el empresario Alfredo Yabrán quiso procesar a Domingo Cavallo, entonces ministro, por haberlo acusado de ser jefe de la mafia. Esa misma inmunidad le corresponde a la ministra de Seguridad, aclaró Bullrich.

Moreau. Ahora te voy a explicar por qué tu denuncia va a ir al tacho de basura 🗑️👇 https://t.co/kfRvxkUmm3 pic.twitter.com/njc9loEAgz

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado de Unión por la Patria Leopoldo Moreau protagonizaron un fuerte cruce este martes durante la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Al responder a las preguntas del opositor, la funcionaria se refirió al tema del sistema de inteligencia en cárceles y recordó que se implementó durante la gestión anterior. “Expediente 82003451. Búsquelo Mena”, dijo, en alusión al exsecretario de Justicia de la Nación Juan Martín Mena. “No, Soria. Soria era el ministro”, aclararon los legisladores de UP sobre el rionegrino Martín Soria, que ahora forma parte del bloque.

“Nosotros lo que hicimos fue reforzarlo”, continuó la ministra, y alargó la confusión: “¿Quién era ministro de su gobierno? Bueno, Mena, perdón, me equivoqué. Pero usted lo puso en marcha”. 

Entre más gritos, por el mareo de Bullrich, la funcionaria continuó: “Me equivoqué de nombre. ¿Cómo te llamas, Soria? Perdón Soria, discúlpeme. El diputado Soria puso en marcha…”. Y fue en ese momento cuando Moreau le gritó “mercenaria” y la ministra estalló. 

“Pará nene, pará, pará Moreau, pará flaco. Conmigo no te la creas, pará un poquito. ¿Quién habla? Callate vos, caradura. ¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá? ¿Queres que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moreau? ¿Queres que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, caradura. Cuidado eh. Cuidadito”, disparó, provocando los aplausos de oficialistas. 

Los gritos volvieron a hacerse presentes y se escuchó un “asesina de bebés” contra la ministra, entre otros descalificativos. 

Al retomarse la exposición, Bullrich insistió: “Estoy muy de acuerdo con lo que hizo Soria de volver a poner el sistema de inteligencia porque es absolutamente fundamental tener el sistema de inteligencia penitenciario”. 

En medio de las preguntas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco del debate del Presupuesto 2025, el diputado nacional Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – Buenos Aires) se cruzó con la funcionaria cuando le preguntó por el protocolo anti-piquetes y le recordó el caso Santiago Maldonado en su anterior gestión al mando del Ministerio.

El contrapunto entre la ministra y el legislador inició cuando Bullrich se defendió de las acusaciones por el incremento en las partidas presupuestarias: “No es verdad que es el presupuesto que más se aumenta porque Capital Humano aumenta un 35% y nosotros el 19%”. En tal sentido, amplió que “es una decisión del presidente y las prioridades están claras porque hoy, la AUH está cubriendo el 95% de la pobreza (en realidad se refería la Canasta Básica de Alimentos) y en el gobierno anterior, solo el 40%”.

“Los datos dicen otra cosa ministra”, irrumpió Del Caño, comentario que despertó el regaño de José Luis Espert, en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien, enojado, reiteró que “usted no tiene uso de la palabra”. En ese momento, el legislador del FIT mencionó un recorte en materia de educación y añadió: “Hay más dinero para la represión que para la educación”.

Con relación al protocolo anti-piquetes, medida implementada por el Gobierno nacional a los pocos días de asumir, Patricia Bullrich lo defendió: “Durante 25 años salieron todos los días a la calle a impedir que los argentinos lleguen en su trabajo”, y agregó: “Hay una decisión de este gobierno de que haya orden público, que las calles no estén tomadas todos los días y nunca consideramos delincuentes a los manifestantes”.

En ese punto, la ministra de Seguridad de la Nació aportó que “en 2022 hubo 9.778 piquetes y en 2023 8.239 con costos de 494 millones de dólares”, y se vanaglorió: “En 2024 –el protocolo mencionado- permitió el ahorro de 405 millones de dólares por no tener piquetes todos los días”.

Asimismo, amplió: “Los que rompen autos, los que incendian autos, los que rompen bienes públicos ¿Qué son si no son delincuentes? Explíquemelo usted”, le refirió a Del Caño, y siguió: “Siempre distinguimos el manifestante del señor que agarra un palo, le rompe la cabeza a otra persona o que quema un auto que es un delincuente”.

Entre gritos y abucheos desde los principales bloques de la oposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, Bullrich trajo a debate lo ocurrido en el debate de la Ley de Bases cuando varios legisladores resultaron heridos en medio de los incidentes en las afueras del Congreso: “Los diputados, para mí y para la Ley Argentina, no tienen coronita, si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias”.

Respecto al caso de Santiago Maldonado, Nicolás del Caño le consultó por la pericia que se conoció en las últimas horas que afirma que “el cuerpo no estuvo todo el tiempo que permaneció desaparecido en el mismo sitio donde fue encontrado el 17 de octubre de 2017”.

En medio de gritos, Bullrich contestó que “el informe fue desechado por los 55 peritos y fue considerado insignificante porque como dice la causa, el cuerpo estuvo siempre en el mismo lugar”. “La causa se aclaró y va a seguir en el mismo lugar”, concluyó.

Por último, la funcionaria respondió sobre lo ocurrido con la niña gaseada en las afueras del Palacio Legislativo el mes pasado durante una sesión en Diputados: “Un grupo intentó entrar al Congreso y una mamá irresponsable se puso delante de la policía”. Agregó, además, que “hay un video que muestra que el gas salió de los mismos manifestantes”.

Para terminar, Bullrich señaló que “luego, un policía tira un gas y la niña estaba cubierta por una chica que no era la mamá”. “Le vamos a mostrar cuadro por cuadro que el policía no gasea a la niña y después, va a decidir la justicia”.

En una extensa presentación inicial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó que el Presupuesto 2025 prevé un aumento del 19% para el área, anunció nuevos proyectos de ley y dio una catarata de datos con los que defendió su gestión. 

Sobre las partidas que se incrementan para el año que viene, de acuerdo al plan de gastos y recursos presentado por el Gobierno, la funcionaria aseguró: “A los recursos presupuestarios los utilizaremos en renovación de camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, pistolas y armamento; y luego tecnología, que es absolutamente fundamental el día de hoy”. “¿Es mucho? No, es poco. Pero es mucho para la situación en la que estábamos y es lo que el país nos puede dar”, sostuvo. 

En su discurso, la ministra agradeció a los legisladores “el voto a las leyes que ha mandado el Ministerio de Seguridad”. “Ya tenemos un avance enorme”, manifestó al referirse a la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que servirá para “darle una respuesta real a los casos de inseguridad que tiene nuestro país”, afirmó. 

En cuanto a la media sanción de la ley antimafias, expresó: “Yo les puedo asegurar que va a ser un antes y un después en el combate al crimen organizado”. 

Además, anunció que en “los próximos días” desde el Poder Ejecutivo enviarán “una ley anti-barras para bajar la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y género”. “Esperamos sumar estas leyes a las que ya tenemos y las que hemos presentado”, continuó. 

Asimismo, se refirió a proyectos que ya fueron enviados. “Vamos por el proyecto de reiterancia y esperamos que se entienda, porque la reincidencia es la impunidad más importante que tiene nuestro país: entran y salen, entran y salen”. “El régimen penal juvenil es absolutamente imprescindible”, consideró y mencionó también al proyecto de juicio en ausencia y al proyecto “para darle una legitimidad al viejo artículo de legítima defensa, para que los agentes de seguridad en cumplimiento de su deber sientan que está protegidos por la ley y no terminen siendo los victimarios, cuando son las víctimas y los que defienden a la sociedad”. 

Bullrich destacó que para el Gobierno las prioridades son “la transformación económica y la seguridad de los argentinos”. “Nuestro eslogan es clarito: el que las hace, las paga; es un principio que nos guía y nos coloca siempre del lado de la sociedad”, aseveró. 

Para la titular de la cartera de Seguridad, el mandato dado al Gobierno es el de “reestablecer la ley y la confianza”. En ese sentido, “nuestra política de seguridad es contundente y clara en toda la Nación; defendemos a los ciudadanos y combatimos a los criminales con toda la fuerza del Estado”, dijo. 

“No es una tarea sencilla la que enfrentamos. No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueve la convicción de que sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, siguió. 

Entre los principios que guían su gestión, habló de “una lucha inquebrantable contra el narcotráfico y el crimen organizado”; el “control territorial y orden público para la preservación de nuestra soberanía”; “fortalecer y modernizar las capacidades del sistema de seguridad y penitenciario”; el “impulso de reformas normativas para dejar atrás la impunidad”; la “eliminación de burocracias que favorezcan a los criminales”; la “cooperación internacional y homologación de procedimientos policiales con otros países”; y la “modernización y reforma de la Policía Federal Argentina hacia un modelo de policía de investigación”. 

“Seguimos muchos de los planes que venían del anterior gobierno, diría prácticamente todos, sin embargo nos encontramos con muchos planes desmantelados y con un retroceso en materia de nuestra fuerza de seguridad”, señaló. 

A continuación, sobre la herencia recibida, indicó que hubo un “retroceso en el sistema de control de fronteras, con una cantidad de contenedores inutilizados”. “El 64% de los chalecos antibalas estaban vencidos, el 42% de las mil embarcaciones fuera de servicio, el 50% del parque automotor de las fuerzas obsoleto, el 50% de las aeronaves inoperativas. La Gendarmería Nacional argentina sin un solo helicóptero y un solo avión”, enumeró. 

En la catarata de datos que dio sobre lo realizado en estos diez meses, la ministra reveló que hubo “9.256 kilos de cocaína incautada, un 69,55% más que el año pasado”. “Hemos aprehendido 18.247 personas por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes)”, añadió y precisó que las investigaciones en materia de trata aumentaron un 70%. 

En otro tramo, Bullrich ponderó que se redujo un 17% la tasa de homicidios en el país. “Es una tendencia a la baja muy importante y de ser así vamos a ser el país con la tasa más baja en América del Sur”, apuntó.

En su exposición se refirió también a las acciones para prevenir atentados terroristas, el avance en la conformación de estadísticas criminales y el refuerzo en fronteras, entre otros puntos. 

“Estamos recuperando el control de Rosario”

Durante la presentación ante diputados, la funcionaria aseguró: “Estamos recuperando el control de Rosario y esto ha sido una prioridad. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución conjuntamente y hermanados con la provincia de Santa Fe”. 

“Hemos logrado algo que nadie había pensado que podía pasar en la ciudad de Rosario: las vacaciones de invierno más importante de los últimos 20 años en términos comerciales”, destacó y subrayó que hubo “una disminución del 65,03 interanual de los homicidios dolosos en toda la ciudad” y “en las zonas de despliegue de las fuerzas de seguridad un 76,92, algo inédito”. 

La titular de la cartera de Seguridad detalló que, en el combate contra el narcotráfico en la localidad santafesina, se detuvieron a 679 personas en 773 procedimientos antidroga. Además, se incautaron 260 kilos de droga, 55 mil unidades de otras sustancias incautadas, y más de 41 mil kilos de precursores químicos. 

“En Rosario no ganaron los narcos, en Rosario el Estado de Derecho se impuso al estado criminal”, resaltó. 

Antes de pasar a las preguntas de los legisladores, Bullrich le dio paso a Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, quien precisó que el aumento del presupuesto para el área está estimado para 2025 en 5,3 billones de pesos, lo que representa un 19% de incremento respecto de este año. 

Esa partida estaría distribuida en 39,85% para cajas de retiro jubilatorio y pensiones; 19,89% para Gendarmería Nacional; 14,31% para la Policía Federal Argentina; 11,12% para la Prefectura Naval Argentina; 7,52% para el Servicio Penitenciario Federal; 4,37% para el Ministerio de Seguridad; 2,89% para la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y 0,06% para el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Durante la tanda de preguntas, en las que Bullrich confrontó con diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, la ministra defendió el protocolo antipiquetes y advirtió que "los diputados no tienen coronita" y "si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias" que el resto de los manifestantes. En otro tramo, durante el cruce más fuerte de la tarde, disparó contra Leopoldo Moreau: "¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá?".

A un mes exacto de la presentación del proyecto en el Congreso de la Nación por parte del presidente Javier Milei, continuará este martes el análisis del Presupuesto 2025 y para eso ha sido convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert. Invitaron a que a partir de las 15 exponga la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuya presencia está prevista se extienda hasta las 17.30, y luego será el turno, entre las 18 y las 20.30, del director ejecutivo de la ANSeS, Mariano Antonio Salvador de los Heros.

Será la continuidad de un debate del Presupuesto que arrancó el martes 8, con la presencia de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno.

Quien no figura en el cronograma de invitados hasta el momento es el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia requiere la oposición, que insistirá con ello este martes cuando se aborde un proyecto de resolución para que se lo cite. Recordemos que en su sesión del miércoles pasado, Diputados aprobó tratar un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, para tratar en tal sentido el proyecto suscripto por los diputados de Unión por la Patria Cecilia Moreau, Germán Martínez, Paula Penacca, Mónica Macha, Roxana Monzón, Nancy Sand, Juan Marino y Jorge Romero.

Por eso es que una hora antes de la continuidad del debate del Presupuesto se ha convocado a en la misma sala del segundo piso del Anexo C a ese plenario de Asuntos y Presupuesto para debatir la citación. El proyecto recuerda la presentación hecha por el presidente en el recinto de Diputados, algo que refieren los diputados de UP como una “puesta en escena” que “dista mucho de cumplir con los mandatos constitucionales respecto a la formación y posterior sanción del presupuesto”.

“Es el ministro de Economía quien tiene a su cargo la elaboración y control de ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional”, señala el texto, invocando el artículo 20 inciso 2 de la Ley 22.520.

Lo cierto es que ninguna ley ni reglamento establece la obligación de ningún funcionario a exponer sobre el Presupuesto. Atento a ello, el proyecto de Cecilia Moreau recuerda que “se ha hecho costumbre en los últimos años que los ministros de Economía sean quienes presenten, expliquen y respondan sobre cuestiones relativas al proyecto del Presupuesto nacional. Y, como todos sabemos, la costumbre es una fuente del derecho parlamentario. En ese sentido, han pasado por esta casa cumpliendo con ese deber casi todos los ministros de Economía en los últimos años”.

Sin embargo, el ministro Caputo no tiene ninguna intención de concurrir al Congreso a exponer sobre la ley de leyes. Eso mismo sostiene el proyecto que analizarán el martes a partir de las 14, cuando señala que “el domingo 6 de octubre el ministro Caputo, sobre su visita a esta Cámara, ha expresado textualmente en una entrevista ‘No voy a ir yo, es una puesta en escena del kirchnerismo, un show, yo trabajo como un perro, no voy a gastar mi tiempo para hacerle el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas’”.

“Claramente la actitud es contraria a los acuerdos mínimos que hacen al funcionamiento de las instituciones, al respeto por la República y a la división de poderes, además de un desprecio y destrato absoluto hacia nuestra calidad de representantes del pueblo”, añaden los diputados de UP, que recuerdan que “son muchos los bloques de esta cámara que consideran primordial las explicaciones del ministro y así se lo hicieron saber al presidente de la HCDN para que pudiera interceder, pedido que claramente no fue canalizado con una respuesta favorable”. Y rematan: “Es por ello que se hace imperioso que se cite al Ministro de Economía a través de un proyecto de resolución”.

De esto queda claro que surgirá de esta reunión una convocatoria al ministro, pero en definitiva estará en su voluntad la asistencia o no a la comisión.

En medio del fuerte enfrentamiento que mantuvieron Elisa Carrió y Patricia Bullrich en las redes sociales, el diputado de Vamos por Más (VxM) Facundo Del Gaiso salió a respaldar a la líder de la Coalición Cívica (CC ARI), luego de que la ministra de Seguridad Nacional la tildara de “corrupta”.

Todo comenzó cuando Bullrich acusó a Carrió de haberse beneficiado de una campaña corrupta en Juntos por el Cambio, durante el proceso electoral de 2023, después de que la líder de la CC ARI asegurara que Javier Milei se está “comiendo” a Mauricio Macri y que “compró” a la ministra.

“Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Horacio Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal. Pregonas en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria, Elisa Carrió”, lanzó con dureza la funcionaria.

Atento a los dichos de la ministra, Del Gaiso recordó: “cuando Carrió te contuvo habías sacado menos votos que Moria Casan en el 2005. Ni cambio, ni libertad. Ajustar jubilados, ajustar clase media, ajustar la educación pública, evidentemente representas eso. Y el Pro debe decidir si representa eso o construye algo diferente”.

“Cuando no sos ‘ni virus ni vitamina’, las cosas terminan mal. Año 2005 Néstor Kirchner se come a Eduardo Duhalde en las elecciones de medio término en ‘dos Pancitos” y desaparece del centro de poder. 2025 Milei en elecciones de medio término se come a Macri…”, completó.

"Yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente (...) Ella se va con el que tiene éxito. Punto. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", opinó la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le respondió y los “lilitos” le salieron al cruce.

Bullrich le contestó a través de su red social “X”: “Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal”, y arremetió: “Pregonás en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria”.

El presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, le preguntó: “¿Patricia, te piden tanto? ¿De qué convicción hablás? ¿De la misma que traicionaste en campaña con tal de aferrarte al poder?”, y le recordó: “A menos de 48 horas de la elección, ya te sentías dueña de los votos de JxC. ¿Te referís al mismo que proponías como jefe de gabinete?”.

“Con la CC y Carrió en temas de financiamiento, mejor lavate la boca”, le exigió y cerró: “Y todos sabemos que andás ofreciendo reelecciones a diestra y siniestra con tal de que apoyen el ajuste a los jubilados, universidades, y demás cosas de tu actual ‘convicción’ política”.

Su par el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, le contestó con una foto donde se la ve a Bullrich junto a Luis Petri –actual ministro de Defensa- y al excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta: “Al de la peor campaña de la historia de JxC (la que sigue fue la tuya) lo querías de Jefe de Gabinete y le ponías gente en la Ciudad. Ahora querés ser la Jefa de Gabinete de Milei. La fuerza de las convicciones. Todo feo, pero más o menos legítimo, menos tratarnos de corruptos”.

Patricia, tu ambición y sed de revancha personal nos hizo y te hizo mucho daño. Vos eras presidente del PRO y Horacio tu candidato a jefe de Gabinete en esa campaña.
Solo quiero que sepas que cuando acusas a Lilita de corrupta, vos quedas en ridículo y acá nos matamos de risa. https://t.co/n2MRwi9eQo

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) October 7, 2024

También se metió en la interna el diputado de UP Leandro Santoro: “Hola @PatoBullrich, perdón que joda. Ya que por lo visto tuvieron varias campañas corruptas y aparentemente esta última fue la peor... ¿Sabes si la financiaron con la de los Porteños?”.

El Gobierno vivió la segunda masiva manifestación en su contra el miércoles pasado con una sensación de alivio. Si bien lo sucedido no justificaba las caras de satisfacción de más de un funcionario, el balance que el “tridente de hierro” hacía en la intimidad del poder al caer la tarde del miércoles era medianamente satisfactorio.

El solo hecho de que la manifestación en favor de las universidades nacionales en la Plaza del Congreso hubiera sido menos nutrida que la del 23 de abril pasado -que verdaderamente los tomó por sorpresa y les causó impacto-, era un consuelo suficiente para quienes nerviosamente temían por lo que fuera a suceder esa tarde.

Los propios protagonistas de la marcha del 2 de octubre reconocían -sin pesar- que en la movilización de abril “no se podía caminar”, de tan apiñados que estaban; en cambio esta vez, podían circular sin mayor esfuerzo. Pero fue inocultable que el número de manifestantes fue esta vez igualmente elevado, y debe multiplicarse por la cantidad de gente que se movilizó en las principales ciudades del país.

Así y todo, por recomendación de los estrategas comunicacionales, el oficialismo evitó minimizar la movilización, y su cuestionamiento fue hacia las presencias en la misma. Ya de por sí habían celebrado cuando la CGT confirmó su participación; pero se regodearon cuando, mate en mano, Sergio Massa insistió en mostrarse en una marcha por la educación -ni qué decir cuando se abrazó con Guillermo Moreno-, y cantaron hurras cuando Cristina Kirchner alentó a las masas desde el balcón del Instituto Patria. El maltrago que pasó Martín Lousteau, con su reacción huidiza ante el atosigamiento libertario, y la intemperancia de un custodio; más el desasosiego de Horacio Rodríguez Larreta empapado por intolerantes que rechazaron su presencia, divirtieron a los popes del Gobierno.

Sonó curioso que mientras el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, expresaba un no muy convincente repudio circunstancial hacia las agresiones a dirigentes opositores, desde Olivos el presidente no paraba de likear y replicar en sus redes los episodios con Lousteau y Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta, agredido durante la marcha universitaria.

Tuvo eso sí el presidente la deferencia y tacto de no publicar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario antes de la marcha, pero sí lo confirmó a través de un comunicado esa misma noche, y apareció en el Boletín Oficial ni bien el reloj alumbró un nuevo día. Desde la oposición amigable se fastidian con la falta de aplomo oficial en la materia y lamentan que no escuchan sus recomendaciones respecto de que un gobierno en minoría extrema debe ser muy cauteloso con esas herramientas institucionales que solo pueden sostener las administraciones más nutridas legislativamente hablando. No es que el veto y los DNU queden circunscriptos a gobiernos con mayorías parlamentarias, pero al menos necesitan dominar algo más de un tercio en alguna de las dos cámaras para blindarse en serio. Esa es la razón por la que a ningún gobierno se le rechazó nunca un veto.

Desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández, los presidentes emitieron 191 vetos totales, ninguno de los cuales fue jamás revertido. Milei lleva dos, y este miércoles se enfrenta a la posibilidad cierta de que la Cámara baja reúna los dos tercios necesarios para rechazarlo. Si eso sucede, después deberá transitar el Senado, pero allí no tiene ninguna chance de revertir el eventual rechazo.

Los “dadores de gobernabilidad” que le recomendaron no emprender el camino del veto son los mismos a los que hoy el Gobierno intima a no ir contra el veto, so pena de ser expulsados del paraíso…

El Gobierno le habla especialmente al Pro, que ha dejado trascender que no está cómodo votando a favor del veto y en contra del financiamiento de las universidades. La réplica viene desde la misma fuerza, aunque ya todos en el partido amarillo la entienden fuera de la misma: Patricia Bullrich, que de ella hablamos, dijo en referencia al partido que ella presidió hasta hace 9 meses que “sería inconsistente” un voto a favor cuando ya lo votaron en contra.

Karina Milei y Patricia Bullrich con sus diputados provinciales en la Casa Rosada.

Párrafo aparte merece la ministra de Seguridad, que los últimos días ha dado pasos determinantes en su alejamiento del Pro. Esta semana sumó a sus diputados provinciales a la bancada de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, y es más, la formalización del pase se hizo con una foto en Casa Rosada. Pero más que eso enojó a Mauricio Macri la postura del bullrichismo durante el debate en la Legislatura porteña del Código Urbanístico, donde los legisladores que responden a la ministra se diferenciaron del oficialismo porteño denunciando un pacto con el kirchnerismo. “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno”, reprochó públicamente Macri, a través de las redes sociales. Dejando claro que la ruptura es total, Bullrich replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote (…) Yo no miento, solo revelo lo que pasó”.

Con vistas a la votación clave del miércoles, hubo un encuentro “secreto” -que igual trascendió- entre Mauricio Macri y Santiago Caputo, en el que el asesor todoterreno intentó acercar posiciones de cara a la sesión sobre el veto. Parece que sin demasiado éxito, aunque no está resuelto aún cómo votarán los diputados del Pro. El exmandatario está haciendo control de daños y por eso la reunión de la semana con los senadores de su bancada. Uno de ellos, muy cercano a las posiciones del Gobierno nacional, pero que no tuvo empacho en mostrar su genuino enojo hace dos semanas cuando el bloque libertario se abstuvo a la hora de votar la emergencia en la provincia de Córdoba por los incendios, ya adelantó que si el veto se discute en el Senado él votará en contra. Hablamos de Luis Juez, presidente del bloque, pese a no ser del partido.

El expresidente reunió a sus senadores en Acasusso.

Como compensación, el veto tendrá el respaldo de su comprovinciana del Pro Carmen Alvarez Rivero, muy alineada con las posturas de ajuste estricto del Gobierno nacional.

Pero para que el tema llegue al Senado, primero la oposición debe conseguir los 2/3 este miércoles, y la postura del Pro será clave. El tema será discutido en una reunión este martes. Previamente en Casa Rosada, durante la reunión de la “mesa de los lunes”, el Gobierno oteará el semblante de los representantes del Pro. También forman parte de esa mesa los diputados del MID, tres votos seguros para el oficialismo, aunque esta vez serán dos, pues su presidente, Oscar Zago, estará de viaje. “Tengo un viaje programado hace cuatro años, que ya lo cambié tres veces”, confió a este medio este diputado que hace algunos meses se fue en malos términos de la presidencia del bloque oficialista.

Para ese día, cada voto vale oro y por eso más de uno se inquietó cuando vio este viernes que Lilia Lemoine estaba en Ucrania. Muy cercana a Javier Milei, la blonda legisladora aclaró que el viaje -costeado por dos ONG- había sido informado a las autoridades de la Cámara, pero emprenderá la vuelta anticipadamente para estar sin falta el miércoles en la sesión.

El bloque Pro se reunirá un día antes para resolver si en definitiva dan libertad de acción. Por lo menos cuatro diputados no estarían dispuestos a apoyar el veto. Podrían ser suficientes; pero si la postura fuera más amplia, precipitaría el inexorable rechazo del veto. En la semana, luego de firmar el veto, Milei publicó en sus redes sociales una imagen donde puso de un lado a La Libertad Avanza y del otro al justicialismo, la UCR, la izquierda y el kirchnerismo. En el medio, trazó una grieta. Ahí falta el Pro, y la imagen sonó para algunos a advertencia. Para otros, partidarios de tomar distancia de una vez por todas, fue una señal de ninguneo.

La pregunta que muchos se hacen es si esa decisión será tomada finalmente por Mauricio Macri, quien ya ha tomado conocimiento de que en el interior del oficialismo se confiesa sin rodeos que “el enemigo es Macri”. No el kirchnerismo, mucho menos Cristina Kirchner.

Una señal confirmatoria la tuvo en ese sentido un diputado de La Libertad Avanza que durante la sesión del martes pasado tuvo un pasaje muy duro para el kirchnerismo en general -lo cual es común en los discursos libertarios-, pero terminó nombrando lapidariamente a la expresidenta. Y lo reprendieron por eso.

El único que puede mencionar a Cristina Kirchner en LLA es Javier Milei.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, más conocido como "ley antimafias", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La votación resultó con 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención.

Del texto ingresado originalmente en abril pasado al dictamen salido de comisiones hubo varias modificaciones. Incluso, sectores de la oposición dialoguista llegaron a la sesión con disidencias. Ni bien arrancó el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), informó una serie de cambios a propuesta de Encuentro Federal y otras bancadas.

La iniciativa tiene por objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original enviada por Patricia Bullrich fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.

En los cambios anunciados durante el debate, se sumó que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".

"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.

Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría. (Foto: HCDN)

Por otro lado, en el tratamiento en comisiones se modificó el artículo referido a "extinción de dominio" por "decomiso anticipado". Según el texto, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. Por propuesta del radical Manuel Aguirre, "el bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley".

A su vez, por observación del diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, se determinó que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

En el artículo 4° se estableció que en los institutos de juicio abreviado se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado, a solicitud de varios de los bloques.

El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". En los cambios en el recinto, se incorporó que esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".

Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".

La discusión en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) explicó una serie de modificaciones y reveló que todos los ministros provinciales fueron avisados del contenido. La cordobesa apuntó que se eliminarían de la lista los delitos de "amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones, y como no es la voluntad de la ley lo vamos a retirar”. También, señaló que se iban a “incorporar correcciones de la comisión interjurisdiccional entre Nación y las provincias”.

Con relación al contenido general de la ley, la bullrichista destacó que se busca “desalentar la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado -porque hacen más obras que los propios gobiernos-, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación”.

“Pensamos que solo lo íbamos a ver en las películas y uno pensaba que en Argentina no pasaba”, dijo al nombrar bandas delictivas conocidas en el país como “Los Monos” y “la banda de Mameluco Villalba”, y resaltó que utilizan “el terror como moneda corriente, la violencia y pactos de silencios con objetivos mafiosos”.

En contra del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional”. En ese punto, indicó que “viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.

"Estamos perdiendo una gran oportunidad”, lamentó el massista especialista en seguridad, y ahondó: “Hay fenómenos de crimen estructurado que requieren de nuestro mejor esfuerzo y esta ley no sigue el Protocolo de Palermo”.

Por otro lado, explicó que “en el Código Penal no está determinado qué es una mafia” y “estamos frente a una ley ni-ni: (no define) ni antimafia, ni lo que es una organización criminal". “Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar cuando para una asociación ilícita (legislación vigente) sólo se tenían que verificar tres requisitos”, detalló e insistió que es “una ley que viola el debido proceso”.

También desde UP, Eduardo Valdés cargó con una serie de críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “¿Le queremos dar super poderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados y a quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.

"Este proyecto de supuesto combate contra el crimen organizado se contrapone con el actual blanqueo impulsado por el Gobierno y aprobado hace dos meses atrás. Me opongo a un proyecto que nada tiene de abordaje integral al crimen organizado y cuyo único fin es otorgarle a Patricia Bullrich, facultades exorbitantes para actuar sobre la propiedad, intimidad y libertad de las personas”, sostuvo.

De la vereda opuesta, la legisladora Silvana Giudici (Pro) afirmó: “Desde el Pro estamos orgullosos y decididos de poder colaborar para que la Argentina sea un país distinto”. Y ratificó que su bloque “va a acompañar las políticas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra el crimen organizado”.

“Esta ley trabaja donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. Por primera vez se anunció que no hubo homicidios en Rosario, esto se logró en coordinación con el gobernador de Santa Fe. Es un rumbo para que la Argentina no vuelva hacia atrás”, añadió.

A su vez, desenfundó críticas contra las gestiones del kirchnerismo, al que responsabilizó por “el crecimiento del narcotráfico, la droga y el financiamiento ilícito de las campañas”. “Se les pasaban las mulas por delante de la PSA y cuando no se combate al narcotráfico ocurren casos como el triple crimen de General Rodríguez”, acusó Giudici.

Giudici destacó los cambios en la situación de Rosario y responsabilizó al kirchnerismo por "el crecimiento del narcotráfico" (Foto: HCDN)

A su turno, el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló esta ley “es un aporte significativo y un cambio de paradigma” porque el crimen organizado “produce hechos graves en la sociedad y avanza en el lavado de activos”. Mencionó que estas organizaciones “se consolidan en las periferias de las ciudades” de todo el país.

El legislador ponderó que fueron tomadas como ejemplo la “Ley Rico de Estados Unidos” y “la lucha contra la mafia y la tarea que llevaron a cabo los fiscales sicilianos”. En ese punto, pidió por la creación de “una fiscalía que luche contra el delito organizado para la consolidación de equipos especializados”.

Para terminar, Pichetto confirmó la eliminación de los delitos comunes del dictamen y advirtió: “Hay que mirar un poco al proceso judicial porque hay eventos que me hacen ruido y se debe hacer una investigación para ver qué jueces dieron el beneficio de juicios abreviados”. “Falta que (a narcotraficantes condenados) le den una probation”, ironizó.

En el tramo final, el santafesino Mario Barletta (UCR) ponderó el apoyo a la ley por parte del gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, quien participó del debate en comisiones. Valoró que desde su llegada a la gobernación “se establece una política que nunca antes se había dado contra el crimen organizado” y se logra que “Nación, provincia y municipio trabajen de manera coordinada, tanto con Rosario como con la capital de Santa Fe”. 

“Nunca antes se trabajó en el Sistema Penitenciario” donde “prácticamente eran oficinas de lujo para que los narcos” se organizaran para seguir delinquiendo, subrayó. “Se trabajó con la policía, no sólo en equipamiento sino también en formación”, añadió sobre la gestión de Pullaro. El radical aclaró que “falta mucho, nunca se termina con la lucha contra el crimen organizado”, pero “Santa Fe fue un faro en este sentido y nos sentimos orgullosos”. “El gobernador Pullaro si hace falta va a doblar la apuesta, para lograr la paz y tranquilidad de Santa Fe”, aseveró. 

También de la provincia de Santa Fe, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez (UP), cuestionó que desde el oficialismo “vinieron a trazar una línea ‘ellos y nosotros’, que me parece absolutamente innecesaria. No van a encontrar ningún diputado nacional de nuestro bloque que en marzo, en plena conmoción pública como vivió Rosario, haya intentado sacar la más mínima ventaja política”. Y señaló que “con la misma responsabilidad que nos movimos en ese momento y nos pusimos al lado de las autoridades, también queremos decir que hay que ser serios en los diagnósticos”. 

“Si algo no permite el combate contra la criminalidad organizada es cantar victoria antes de tiempo”, advirtió y destacó que en su provincia se hayan achicado los episodios de balaceras y la cantidad de homicidios dolosos, pero apuntó: “Ahora, suponer que están desarticulados los elementos que llevaron a tener esas escenas que nosotros no queremos que vuelvan a suceder en Rosario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte”. 

Martínez aseguró que “esta ley no es lo que está necesitando nuestra ciudad, nuestra provincia”. “Estamos necesitando consolidar en el tiempo una decisión política”, consideró y añadió que “no necesitamos hacer gobernable el delito, sino que el delito desaparezca, que las organizaciones sean desbaratadas”. 

Cerró el debate el diputado oficialista Santiago Santurio, quien destacó la decisió politica de atender el tema de la seguridad como prioritario para el Gobierno y la ciudadanía”.

Recordó que Javier Milei durante la campaña planteó que los dos temas fundamentales a resolver eran “el económico y el de la seguridad”. “Toca avanzar en seguridad, que se ha logrado avanzar en 10 meses con grandísimos logros”, resaltó, y remarcó que “tenemos que entender que al crimen organizado y al delito no se le pueden dar ni un centímetro”.

“Es urgente y necesario dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado”, enfatizó, y a propósito de la visita del presidente Nayib Bukele al Congreso dijo que nuestro país tiene dos caminos: “O se convierte en El Salvador actual o al de hace 6 años, dominado por ‘las maras’”.

“Nosotros no nos podemos permitir que el crimen organizado vaya tomando a la Argentina, por eso es fundamental esta ley”, planteó, criticando en su discurso que no podía permitirse, como se dijo durante el debate, que “los monos son los perejiles de esta historia”, cosa que consideró una falta de respeto. “Hay que hacerlos mierda –remarcó-, no son unos perejiles”.

En otro pasaje reconoció que “hay un momento en el que el crimen organizado se mete en la política”.

Hombre del riñón de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza fue este jueves uno de los diputados porteños que votó en contra del Código Urbanístico, finalmente aprobado por 32 votos a favor y solo 6 en contra. Entre ellos, reiteramos, el del diputado Arenaza.

Tras esa votación, se anotó en las redes Bullrich, quien profundizó sus diferencias con su otrora mentor, Mauricio Macri, que salió a contestarle en la red social X: “Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al jefe de Gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”.

Previsiblemente, Bullrich no se quedó atrás y replicó: “Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado Juan Pablo Arenaza hizo públicos, y así evitó que se vote”.

“Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende”, agregó, para enfatizar: “Yo no miento, solo revelo lo que pasó. Pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte”. Y publicó el texto en cuestión.

Lamento que el expresidente Macri encubra pactos espurios que el diputado @jparenaza hizo públicos, y así evitó que se vote.

Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende.

Yo no miento, solo revelo lo… https://t.co/EYs4Q7k1CB pic.twitter.com/0FIBrKcV8i

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 27, 2024

La diputada nacional Vanina Biasi (PO-FIT) denunció penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la utilización del gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, durante las últimas protestas que se dieron alrededor del Congreso.

“Presenté una denuncia penal contra la ministra Patricia Bullrich, siendo personalmente una de las afectadas directas por la represión en la marcha de los jubilados el pasado miércoles 18 de septiembre", señaló la legisladora y agregó que "en el mismo sentido también realizó una presentación judicial la Comisión Provincial por la Memoria, que estuvo presente en la movilización".

Biasi enfatizó que "unos 10 adultos mayores resultaron heridos por la violencia policial ese día. La Policía Federal que responde a la ministra atacó brutalmente a las y los jubilados que se siguen movilizando contra ingresos de indigencia a los que los somete este Gobierno, y la única respuesta que reciben son palos y gases tóxicos, ilegales y tremendamente dañinos”.

“En mi caso personal, un integrante de la PFA me gaseó deliberada y ensañadamente en la cara y alrededores del rostro, a poquísima distancia, cuando me encontraba agachada intentando socorrer a un adulto mayor que habían tirado al piso con los escudos en el momento de la represión", relató.

La diputada de la izquierda continuó: "En mis 30 años de militancia he vivido diferentes represiones bajo todos los gobiernos. Nunca un gas me había quedado tan fuerte. Debí ser asistida en dos guardias médicas, por la terrible irritación en la piel del rostro y el pecho, y luego diagnosticada en el Hospital Santa Lucía por la afectación en los ojos de una conjuntivitis aguda tóxica, producto de este gas".

“El gas que utilizan las fuerzas represivas de Bullrich, cuyo componente químico nadie conoce, es un verdadero elemento de tortura", afirmó la legisladora. "La ministra utiliza la represión y este tipo de apremios ilegales porque quiere atemorizar al pueblo para que no salga a la calle cuando los están matando de hambre. No lo va a lograr. Vamos a seguir movilizados, defendiendo el derecho a la protesta, a la jubilación, al salario, al trabajo. Y Bullrich no debe salir impune”, concluyó.

La diputada de la izquierda Vanina Biasi presentó un proyecto exigiendo la destitución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su segunda, Alejandra Monteoliva, y el comisario jefe de la Policía Federal, por “la brutal represión del miércoles, en la que gasearon a una niña de 10 años y luego quisieron armar un operativo de encubrimiento y engaño al pueblo sobre las responsabilidades de lo sucedido”.

Para Biasi, “no puede quedar impune la brutalidad con la que reprimieron a niños y jubilados”, por lo que llamó a “reforzar la movilización” y luchar por echar a la ministra de Seguridad.

El proyecto de resolución fue acompañado por sus pares Mónica Schlotthauer, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, y apunta al comisario general Luis Rolle, como así también al comisario mayor de la PFA Gerardo Ariel Perillo Scarpini, “a cargo del descomunal operativo reprsivo desplegado el día miércoles 11 de septiembre contra manifestantes en los alrededores del Congreso, donde la Policía roció con gas pimienta a una niña de 10 años ensañada y repetidamente en el rostro y fueron agredidos otros niños y adolescentes junto con decenas de manifestantes”.

Entre otras cosas piden también informar sobre costos del operativo y datos del policía que fue captado por videos rociando a la niña.

En los incidentes del miércoles pasado en las afueras del Palacio Legislativo cuando la Cámara baja ratificaba el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria un efectivo policial le arrojó gas pimienta en los ojos a una niña de 10 años. Por esto, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein solicitaron interpelar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El pedido de los legisladores santafesinos, a través de un proyecto de resolución, es para que la funcionaria explique en detalle el operativo policial llevado adelante el día 11 de septiembre, que terminó en “represión” y que arrojó como resultado a una niña que recibió el impacto directo del gas pimienta utilizado por las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, los diputados socialistas se refirieron a la difusión de videos “falsos” por los que desligaban de responsabilidad a las fuerzas de seguridad y acusaban a la madre de la niña. Por todo eso, exigieron que aporte quienes aportaron ese material audiovisual dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Este tipo de hechos no pueden ser permitidos ni tolerados en democracia. Tenemos la obligación constitucional de bregar por los derechos de los niños garantizando, entre otras cuestiones, su integridad física. Además, la distribución de información falsa por parte del Gobierno Nacional no hace más que atentar contra los principios republicanos, la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de prensa, entre otros”, aseveraron en la iniciativa.

Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta dará puntapié inicial al debate del proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Será este martes 10 a las 17.15 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y parte del “paquete Bullrich” obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el radicalismo propuso modificar el artículo 2 del texto, que establecía que el Registro de Datos Genéticos pasase a la cartera de Seguridad, pero se acordó en el recinto que siga bajo la órbita del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Para este debate en el Senado de la Nación, estarán presentes el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto; y el abogado y exfuncionario de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier.

Puntos principales del proyecto

Entre los objetos del Registro se menciona que serán: “Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados”.

También, “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, aclara el texto.

De acuerdo al proyecto con media sanción, además del perfil genético “se almacenarán, en forma independiente” el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.

“El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento”, reza la iniciativa, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.

Otro de los artículos señala que “a fin de optimizar la asignación de recursos, la incorporación de perfiles genéticos se realizará otorgando prioridad de ingreso al registro a los perfiles genéticos de imputados, procesados o condenados por los siguientes delitos: homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, indica y añade que “en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en el registro para otros fines distintos a los establecidos” en la ley.

Además, “bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”, resalta y prohíbe “el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole”.

Por otra parte, se establece que el Registro estará a cargo de un director que “será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes y durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas para los períodos subsiguientes”. “El tribunal evaluador del concurso precitado estará integrado por los miembros de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas”, agrega.

En las modificaciones al proyecto original, se incorporaron cambios al artículo 157 bis del Código Penal, de modo de establecer que será reprimido con la pena de prisión de un mes a dos años el que: “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; al que ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley; y al que ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales”.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de uno a cuatro años. A su vez, cuando las conductas reprimidas se hicieran para acceder, revelar, insertar o suprimir datos que afectaren a un banco de datos genéticos, registros, exámenes o muestras de ADN, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años, con más inhabilitación especial para ejercer la profesión de dos a cinco años.

A la hora de hablar de seguridad en la sesión informativa de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó la labor de la ministra Patricia Bullrich por la implementación del “Plan Bandera” en la Ciudad de Rosario y el protocolo anti piquetes y le hizo un pedido al Congreso de la Nación de “avanzar” con el tratamiento de las leyes en seguridad.

El funcionario comentó que “El Plan Bandera” que contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. “Se trata del periodo más largo desde 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal”, celebró.

Francos informó que se evidenció una caída del 70% en homicidio dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidios, éstos se redujeron en los últimos seis meses. Se implementaron más de 460 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto del 2023.

“La coordinación del Gobierno nacional y provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narco terrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”.

Además, contó que “se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron, a nivel nacional, 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales”.

Por otro lado, destacó el “nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle.  Desde diciembre de 2023 se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Así, señaló que en pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado: Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa y pidió que “para seguir cuidando a los argentinos de bien y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento”.

El presupuesto a la SIDE

El jefe de Gabinete explicó que avanzaron con la reorganización del sistema nacional de inteligencia, por lo que decidieron disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, apuntó contra la gestión anterior y agregó: “Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

Francos cuestionó que “mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, respaldó.

La diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta reveló este domingo detalles de la organización del grupo que se interesa por la suerte de militares condenados por delitos de lesa humanidad.

Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde entre otras cosas cuenta que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estaba al tanto de la visita al penal de Ezeiza.

En uno de los chats publicados por la diputada a la que esta semana buscarían expulsar del bloque oficialista se destaca un mensaje del padre Javier Olivera Ravasi, organizador de la movida, donde indica que el diputado Beltrán Benedit “habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado”.

Mañana vamos a exigir formalmente la presencia de la ministra Bullrich en @DiputadosAR, para que explique que significa "facilitar el ingreso sin inconvenientes" al penal de Ezeiza. Y vamos a solicitarle al Servicio Penitenciario Federal las grabaciones de las cámaras de ingreso. https://t.co/bZXRnsnB1U

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 25, 2024

Ante ello, el diputado de UP Eduardo Toniolli anticipó que este lunes “vamos a exigir formalmente la presencia de la ministra Bullrich en la Cámara de Diputados, para que explique qué significa ‘facilitar el ingreso sin inconvenientes’ al penal de Ezeiza. Y vamos a solicitarle al Servicio Penitenciario Federal las grabaciones de las cámaras de ingreso”.

También piden citar a Bullrich los diputados socialistas, que presentaron un proyecto de resolución para que la funcionaria brinde explicaciones detalladas en relación a la visita de un grupo de diputadas y diputados del partido La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza.

Específicamente quieren saber “si estaba al tanto de la comunicación del diputado Benedit Beltrán con el funcionario dependiente de la señora ministra y que se desempeña como director del Servicio Penitenciario Federal Fernando Martínez, en relación a ‘facilitar el ingreso a los penales’” al grupo de diputados de LLA; si esta modalidad de “facilitación” es habitual y en el marco de qué norma o protocolo se autoriza; y por último si la ministra estaba al tanto de las gestiones para la elaboración de un anteproyecto de ley que busca regular el plazo razonable de las prisiones preventivas y la modificación de la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal, y una propuesta de anteproyecto de decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad en dicha norma.

Tras una semana oscura para el Gobierno nacional en el campo legislativo, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica le solicitó al flamante presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Martín Lousteau, que cite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que hizo el miércoles pasado sobre graves amenazas a la Nación y en la que lanzó una grave acusación contra 156 diputados nacionales.

Puntualmente se refieren a los dichos de la funcionaria en X, expresadas inmediatamente después del rechazo de la Cámara baja al DNU 656/2024. En esa oportunidad, la Cámara de Diputados rechazó el decreto por el cual el Gobierno nacional ampliaba el presupuesto de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos. La votación resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

Al término de la votación, la ministra de Seguridad de la Nación publicó un duro mensaje cuestionando la postura de los bloques dialoguistas: “Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”.

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada”, había empezado el texto de Bullrich que criticaba el resultado de la votación en el recinto de la Cámara de Diputados ese miércoles. Fue por esto que la bancada que responde a Elisa Carrió pidió a la autoridad de la Bicameral de Inteligencia la citación de Bullrich “considerando la gravedad de sus expresiones y de la seriedad con la que requieren ser tomadas”.

En su presentación, la CC pide que la ministra informe sobre amenazas y riesgos de ataques o atentados al pueblo argentino y el presidente de la Nación provenientes de organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, según lo que expresó públicamente en la red social.

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

La titular de la cartera de Seguridad nacional había agregado que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales”.

Rápidamente, la diputada nacional Mónica Frade, firmante del pedido de citación, le contestó a la funcionaria: “Estimada Patricia, da atenta lectura al DNU, para lo que vos te referis, existes los decretos reservados. El DNU afirma que es para gastos administrativos y.…ya se los gastaron y, nadie sabe en qué. No hagamos terrorismo tuitero”.

El pedido de convocatoria está suscripto por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli y la mencionada Mónica Frade.

El revuelo por la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria y la posterior confirmación del veto total anunciado por el presidente Javier Milei, sumó un nuevo episodio: La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a Mauricio Macri de usar a los senadores del Pro como “carne de cañón”. El cuestionamiento fue la respuesta al comunicado del expresidente de la Nación por el que confirmó su apoyo a la decisión tomada por el Gobierno nacional.

Por medio de un comentario en X, en el que cita al texto publicado por el titular del Pro, en el que manifestó que “por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”, la funcionaria apuntó directamente y apuró: “Estás de un lado o del otro. Basta de especular”.

Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del… https://t.co/lrXtgVpJbj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 23, 2024

“Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra”, cargó la exfuncionaria del gobierno de Cambiemos. Este jueves, cinco de los seis senadores que integran la bancada macrista en la Cámara alta votaron a favor del proyecto que actualiza la fórmula de movilidad previsional.

Sin ningún tapujo, Bullrich cerró el comentario en X: “Uno está a favor o en contra del cambio”. Macri y Milei estuvieron reunidos en la Quinta de Olivos luego del rechazo del DNU 656/2024 el martes en Diputados y la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en el Senado este jueves. En ambas jornadas, los legisladores del Pro votaron a favor. Pese a esto, este viernes titular del Pro apoyo la decisión de Milei.

Cada vez más alejados, la diferenciación entre la ministra y el expresidente de la Nación quedó en evidencia el martes cuando la Cámara de Diputados aprobó el rechazo al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional amplió el presupuesto de gastos reservados de la SIDE en 100.000 millones de pesos: Una veintena de diputados del Pro votó afirmativamente, mientras que Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vásquez, referenciados en la ministra Patricia Bullrich, votaron con el oficialismo. 

Luego que en la Cámara de Diputados se rechazara el DNU sobre el presupuesto de la SIDE, con el aval de una veintena de legisladores macristas, desde el Pro aseveraron que “esto no es el cambio” y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a contestar, ampliándose así la pelea que mantiene con el expresidente Mauricio Macri, quien comanda hoy el partido amarillo.  

“ESTO NO ES EL CAMBIO. Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio”, expresó el Pro a través de la red social X. 

Y agregó que “el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”. 

ESTO NO ES EL CAMBIO

Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un…

— PRO (@proargentina) August 21, 2024

La respuesta desde el lado del oficialismo no tardó en llegar y Bullrich rechazó que el Pro haya votado junto a otros bloques de la oposición, entre ellos Unión por la Patria. 

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada. El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”, enfatizó la funcionaria libertaria. 

También, apuntó que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos”. “El rechazo al DNU lo celebran los criminales”, sumó. 

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

Le contestó desde la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro: “Patricia, estás sesgando la información y utilizando temas sensibles y dolorosos para justificar lo injustificable. Acusar a los 156 diputados de estar del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo cuando, representando a sus votantes, rechazaron el DNU es un acto de amarillismo. De lo contrario, deberías presentar las denuncias correspondientes. Si hablamos de los atentados a la AMIA y la Embajada, también debemos mencionar el rol de la SIDE en el encubrimiento de estos actos terroristas y la inteligencia paralela que Milani y Cristina Kirchner organizaron con fondos reservados. No podemos olvidar los sobresueldos pagados durante el gobierno de Menem, por los cuales fueron condenados tanto el presidente Menem como el ministro Domingo Cavallo. Si, siendo Ministra de Seguridad tanto en el gobierno de Macri como en el de Milei, no estás al tanto de estos hechos, sería alarmante”.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en la sesión de este miércoles en general el proyecto para la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, durante la votación en particular el panorama se empantanó y derivó a la modificación de varios artículos, el más importante de ello el 2 que se cayó y tuvo que ser redactado nuevamente.

La Ley 26.879 establecía que el Registro de Datos Genéticos estuviese bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el proyecto enviado por el Ejecutivo proponía que pase a estar en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.

Durante el tratamiento en el recinto, diputados de diferentes bancadas habían adelantado el rechazo de la redacción del artículo 2 y ratificaban el texto de la vigente norma.

Al tomar la palabra durante la votación en particular, el diputado radical Fernando Carbajal propuso una reforma al artículo 2 que establece que el Registro de Datos quede bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, por lo que argumentó que jurídicamente “es algo que desaconsejan”. Así, el formoseño remarcó que el Registro actualmente tiene dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación por lo que planteó dejarlo así y no trasladarlo al de Seguridad: “Eso es un grave error porque le da una parcialidad necesaria y le quita confiabilidad, certeza y seguridad a esa prueba que puede llegar a producir el banco”.

“Es conveniente para ello que esté alejado del organismo administrativo que, tiene como función la persecución criminal. No podemos mezclar esa generación de pruebas poniéndola en manos en el mismo ministerio que le damos la función de perseguir delincuentes. Tiene que permanecer en el ámbito del Ministerio de Justicia cuya función con asegurar la imparcialidad y no con la fijación de la política criminal”, fundamentó y pidió que se reemplace para “asegurar confiabilidad e imparcialidad de los informes que puede dar el banco de datos”.

En el mismo sentido y en nombre de UP coincidió el rionegrino Martín Soria quien expresó: “Desde nuestro bloque está a favor de mejorar esta herramienta fundamental para el esclarecimiento de hechos aberrantes y cualquier delito grave. Nosotros creamos esta herramienta en el 2013 y la pusimos a andar en 2021. Coincidimos con Carbajal sobre la ubicación del Banco Nacional Genéticos no en la órbita de Seguridad sino donde está actualmente en Justicia”.

La miembro informante, Laura Rodríguez Machado rechazó las modificaciones propuestas y ratificó la redacción del texto original para “respetar el trabajo realizado durante meses y en respeto a quienes expusieron y los criterios en los cuales están los artículos. Vamos a mantener el proyecto tal cual presentado”. Sin embargo, el artículo fue rechazado con 126 votos negativos, 111 votos afirmativos y 2 abstenciones.

Caído el artículo, el jefe del bloque UP, Germán Martínez, alertó que “no hay ubicación del Registro de Datos Genéticos hasta que no votemos”, por lo que planteó “poner a consideración que podamos ubicar el tema en el Ministerio de Justicia donde estaba y la mayoría de los bloques lo ha manifestado”.

Tras más de una hora de cuarto intermedio, Martínez leyó la redacción del nuevo artículo: “Sustitúyase el artículo 2 la Ley 26.879 por el siguiente: ‘El registro creado funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia’”. Así las cosas, la nueva votación resultó aprobada con 231 votos afirmativos y 7 abstenciones.

¿Quiénes rechazaron la redacción original del artículo 2?

A todo el bloque de UP y de los cinco diputados del Frente de Izquierda se le sumaron los radicales Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Pablo Juliano, Facundo Manes, Roxana Reyes, Jorge Rizzotti y Danya Tavela.

También de la Coalición Cívica los diputados Victoria Borrego, Maximiliano Ferrado, Mónica Frade, Juan Manuel López.

En cuanto al bloque Innovación Federal votaron en contra Alberto Arrua, Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega.

El bloque Encuentro Federal también votó dividido, siendo por la negativa Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulon, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizzer y Alejandra Torres.

Los representantes del Frente Por Santa Cruz Sergio Acevedo y Luis Garrido, mientras que las abstenciones fueron de Marcela Campagnoli (CC-ARI) y Julio Cobos (UCR).

Anunciado oficialmente por el vocero presidencial el jueves pasado en su conferencia habitual en Casa Rosada, el proyecto de ley para modificar la Ley de Seguridad Interior permitiendo la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas despertó la reacción adversa nada menos que del general César Milani.

Si bien el proyecto todavía no ingresó al Parlamento, el ex jefe del Ejército en tiempos de Cristina Kirchner opinó del mismo calificándolo como “desastroso”. Le adjudicó el impulso del mismo a la ministra Patricia Bullrich y “su subordinado (Luis) Petri” -así define al ministro de Defensa-, y avalado por el presidente Javier Milei, Milani les atribuye a los mencionados “ignorancia, improvisación e irresponsabilidad” por tal iniciativa, aunque hace votos porque el Gobierno no tenga “éxito” en “introducir a las Fuerzas Armadas en conflictos en el marco interno relacionados con el narcotráfico y el terrorismo”.

Sostiene Milani que “las Fuerzas Armadas no están preparadas, alistadas, equipadas ni instruidas para conflictos de este tipo, ya que su principal misión es prepararse para intervenir ya sea disuasiva o efectivamente en conflictos de origen externo que necesariamente requieran la utilización de armamento letal propio de la Infantería, los blindados, la artillería, los medios de Ingenieros, , comunicaciones, la Fuerza Aérea y los medios navales de combate necesarias en el campo de batalla junto al resto de las especialidades y servicios”.

A través de un largo pronunciamiento en la red social X, el general preferido de CFK sostiene que “para las operaciones en el marco interno tienen a disposición centenares de miles de efectivos de todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales que por lo visto no conducen como deberían. Desconocer la utilización de las Fuerzas Armadas es de una profunda ignorancia impropia de los cargos políticos que ocupan, de una improvisación alarmante y de una irresponsabilidad terrible que puede traer consecuencias gravísimas al interior de cada una de las fuerzas”.

“Todas las experiencias de este tipo en otros países han provocado una catástrofe para las propias fuerzas y en especial para el pueblo que sufrió estos experimentos. Colombia, México y Perú son algunos ejemplos de esto”, expone Milani, para quien “la historia y la justicia juzgarán a los que impulsaron estos proyectos, a los legisladores que lo aprueben y a los miembros de las fuerzas, especialmente las más altas jerarquías, que cumpliendo directivas contrarias a su misión principal y subsidiarias , inmorales y extremadamente peligrosas para la población, ordenen ejecutar este tipo de acciones”.

Poco después de encabezar un acto en La Boca al frente del partido que preside, Mauricio Macri dio este jueves por la noche el primer reportaje desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Allí habló finalmente en público respecto de quien hoy se encuentra muy distanciado luego de los reacomodamientos al frente del Pro: Patricia Bullrich.

“Le ha aportado al Gobierno su experiencia que ganó con nosotros en el Ministerio de Seguridad”, dijo ante la pregunta de Jonatan Viale en el programa “La ves?” de TN. Pero respecto de la relación personal que mantienen tras los últimos cortocircuitos, no dudó en señalar que “lo que está mal es que ella hable con este desdén, esta forma peyorativa del Pro. Todos los que estábamos hoy en el acto nos matamos para que ella ganara; a ninguno le causó gracia que saliera tercera. Ella no puede tener esta actitud tan destructiva… Porque esto de ‘fusionemonos’, que ‘se absorbió’, a nadie le gustó, porque el Pro tiene una historia, 20 años, tenemos mucha gente valiosa que ha gobernado, que sabe gobernar”.

“No puede uno decir de golpe que toda esa historia no vale”, cerró Macri sobre Bullrich, aclarando que no tenía “ningún conflicto personal” con nadie.

Respecto del Gobierno nacional, tal cual lo había hecho durante el acto, deslizó un reproche hacia Karina Milei y Santiago Caputo, a pesar de no nombrarlos puntualmente: “Ayudamos a pesar de su entorno. Todo lo que hemos hecho ha sido con la contra de ellos”, apuntó. Y sobre la hermana del Presidente, manifestó no conocerla, no haber mantenido hasta ahora una charla con ella. “No sé qué piensa”, deslizó.

Ponderó a Luis “Toto” Caputo y a Federico Sturzenegger, de quien dijo creer que “tendrían que haberle dado más tareas”. Por ejemplo, “que cierre las empresas del Estado”. En ese sentido, dijo haber sentido “vergüenza ajena” al ver a “senadores socios nuestros en Juntos por el Cambio defendiendo de a una a las empresas del Estado. Lograron reducir a una lista mínima las que son privatizables”.

Señaló que se refería a los senadores del radicalismo, aunque no hizo nombres. “No hay ninguna empresa del Estado que justifique su existencia. La única explicación para que un senador haya votado que Aerolíneas sea empresa del Estado es que le deben regalar pasajes… querer acomodar a una hija de azafata… Porque si ya está demostrado: salvo Venezuela y Aerolíneas nadie tiene una aerolínea estatal”.

¿Y por qué el Gobierno no las cierra o no las privatiza?, le preguntaron, a lo que Macri respondió: “Porque no consiguió los votos… Igual hay una vía: con un decreto simple, que todas se transformen en sociedades anónimas y se puedan liquidar”.

“Hay que liquidarlas, hay que achicar el Estado a la expresión mínima necesaria. Es el momento, ahora los argentinos lo aceptan. En el 2015 hasta el 2019, hasta cuando cerré el Fútbol para Todos me lo discutían. Ahora los jóvenes no transan más con ese cuentito”, enfatizó.

Ante la pregunta sobre la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, Macri contó que le dijo al presidente que no estaba de acuerdo. “Me parece que es un error”, resumió, remarcando que “lo más importante a restablecer en la Argentina es la confianza. Consideró que arreglar la economía y frenar la inflación está bien, pero “lo más importante a restablecer en la Argentina es la confianza”. Y para ello, “la pata más importante es la justicia. Entonces, nominar a alguien que ya genera cuestionamientos enormes a la Corte, no lo entiendo… Pero bueno, es una decisión de él”.

E insistió: “Es el debate que no queríamos tener”. A su juicio, el presidente tenía que proponer para la Corte Suprema de Justicia a alguien que no genere debate, y se puso como ejemplo, con los dos nombres que eligió para completar la Corte durante su gestión.

Respecto de la suerte que vaya a correr el juez federal en el Senado, Macri dijo creer que “la mayoría de los senadores del Pro van a votar en contra. La mayoría, creo que hay algunos que no están pensando de la misma manera”.

Tras señalar sobre el gobernador bonaerense que “Axel va a terminar de destruir al kirchnerismo, dijo no entender su postura respecto del RIGI. “No querer algo que trae empleo, trabajo, ¡qué absurdo!”, observó, y respecto de los cuestionamientos que se hicieron en el Congreso respecto de las “demasiadas garantías” que otorgaba el RIGI a los inversores, Macri lo justificó recordando que este es “un país que defaulteó 8 veces. Somos muy cuestionados en nuestra credibilidad”.

Consultado por último sobre si sería candidato el año que viene, Macri respondió: “Uh, ya me dijeron lo mismo en el 21 y en el 23… Yo lo que quiero es ayudar a que la Argentina salga adelante”, dijo, afirmando que no tenía intención de ser candidato. “Incluso los libertarios que me están proponiendo, pero yo puedo ayudar mucho más en fortalecer los equipos y sacar la Argentina adelante”.

Ante la repregunta de si desde el oficialismo se lo  habían propuesto, admitió que “hubo una propuesta para el año que viene, pero me parece que no es el lugar donde puedo aportar más”.

“Además, no te gusta, un poco te aburre”, le dijo Viale a lo que Macri se sinceró: “Fui un pésimo diputado… No sabía qué hacer ahí, estábamos en minoría, éramos cuatro gatos locos y todos eran kirchneristas… No podés ejecutar”.

Aclaró por último que “por suerte hay gente que lo hace y lo hace muy bien, porque también es apasionante ese debate. Nosotros tenemos diputados muy buenos, como (Silvia) Lospennato que hace discursos apasionantes. No todos podemos hacer de todo. Yo era un gran hombre de pase gol, pero no era bueno definiendo”.

El presidente Javier Milei desembarcará de lleno en la arena electoral, de cara las elecciones legislativas del año próximo, con un acto que compartirá el 20 de agosto en La Plata con la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y extitular del Pro, Patricia Bullrich, y el diputado libertario Miguel Angel Espert, quien se vislumbra como candidato del espacio de la Libertad Avanza (LLA) para esos comicios y, también, para las de gobernador en 2027.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a parlamentario.com que Milei y su mesa chica decidieron incursionar de lleno en el terreno electoral y, puntualmente, en la provincia, el distrito electoral más importante del país, con casi el 40% de los sufragios y en el que gobierna el peronista Axel Kicillof, nada menos quien seguramente será el principal competidor suyo si decide ir a la reelección en 2027.

La elección de llevar a Bullrich -hoy no solo su aliada partidaria sino su ministra de Seguridad- demuestra claramente que la aspiración de Milei es unir las fuerzas de LLA y Pro en territorio bonaerense, para intentar despegar del 25% logrado el año pasado por la entonces candidata libertaria Carolina Píparo, quien obtuvo ese porcentaje, 20 puntos menos que el ganador, Kicillof.

Bullrich -enemistada y enfrentada con Macri- es hoy la armadora del líder libertario para plasmar un dato que indican las encuestas: la mayoría de los seguidores del Pro apoyan la gestión de La Libertad Avanza.

Esa es la idea de Milei cuando hace pocos días habló de “fusión” de ambas fuerzas, una palabra que no le gustó a Macri ni a sus principales integrantes de la mesa chica del Pro.

Claro que sería una “fusión” sin acordar los términos con el Pro oficial, el que  encabeza Macri, sino un “fusión” liderada por afuera, con Bullrich, y con un acuerdo concretado en pleno acto electoral con los ciudadanos votantes, no con los dirigentes.

El anuncio del acto libertario-Pro bullrichista pone con la guardia alta a Macri y sus principales espadas en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, el flamante presidente de la Asamblea del Pro es Martín Yeza, de la provincia de Buenos Aires.

Yeza,  exintendente de Pinamar  y actual diputado nacional, fue elegido por Macri en ese cargo partidario luego de la fractura con Bullrich, quien inicialmente había sido elegida para ese puesto por el ahora presidente del Pro.

El acto de Milei en La Plata -aún no se sabe el lugar- será el primero de un listado que se está elaborando puntillosamente para iniciar la carrera electoral para octubre próximo.

La mesa chica de Milei -Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor plenipotenciario y alter ego del jefe de Estado- considera que LLA tiene que lograr un mayor volumen de legisladores en el Congreso para el año próximo, y proyectan que el grueso de ellos provendrá de sufragantes que venían apoyando al Pro.

La diputada nacional Vanina Biasi (FIT – CABA) se refirió a la denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan sobre el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y la posterior defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y lanzó: “Ella busca incidir frente a la justicia para que su aliado político no sea investigado”.

“Desde el comienzo Valdes es parte del entorpecimiento de la investigación porque primero se llamó a silencio durante días mientras el escándalo crecía, luego apoyó la hipótesis de que fue atropellado, una maniobra distracciones de una de las imputadas, más tarde, la prima de Loan denunció que ella y su madre, Laudelina, declararon bajo amenaza de José Fernando Codazzi, íntimo de Valdés, y Diego Pellegrini senador de la UCR, quienes le dijeron también que Patricia Bullrich iba por ellas”, denunció Biasi.

De igual manera, sostuvo que “resulta un escándalo que la justicia federal haya demorado tanto la apertura de una causa contra el gobernador y que una vez más las declaraciones de Bullrich se orienten a dirigir al poder judicial e intentar torcer el rumbo de la investigación”, y agregó: “Ella misma debiera ser sentada en el banquillo de los acusados”.

Asimismo, cargó que “uno de los implicados, Carlos Pérez vinculado a tareas de espionaje en la Armada, es responsable de tenencia y distribución de pornografía infantil”.

También, manifestó que “el propio padre de Valdés tiene una denuncia por violar durante 10 años de una mujer menor que hoy es una mujer con una causa abierta desde hace 6 años que la justicia correntina moldeada por los Valdés, decidió cajonear”.

"Lo cierto es que algo huele a podrido en Corrientes y en lugar de agilizar la investigación, el gobierno provincial y la justicia la frenan con maniobras para no quedar pegados. Se trata de régimen político comprometido con la corrupción y los negocios más oscuros contra el pueblo”, aseveró la diputada nacional Vanina Biasi.

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles apuntó con dureza contra la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por sus dichos acerca de la interna que se está viviendo dentro del Pro y le pidió que se dedique a los temas relacionados con la seguridad, ya que “los argentinos eligieron dejar atrás todo eso”.
El libertario realizó su descargo luego de que la funcionaria analizara la fuerte interna que se está viviendo dentro de ese partido y el rol que tomaron sus principales dirigentes. “Es algo esencial, de dónde estás parado. Estamos parados del lado del Gobierno; hay gente del Pro y radicales que quieren que salga adelante”, marcó y sumó: “Estamos del lado del oficialismo; ser oposición es estar del lado del kirchnerismo, de los que generan incomodidades, traban leyes y no permiten avanzar. Nosotros vamos a avanzar igual con las herramientas que tenemos”, aseveró Bullrich.
Atento a esta situación, Casielles salió al cruce. “La ministra de Seguridad sigue sin entender que es ministra de seguridad”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X -ex Twitter-.
“Piensa en sus internas, la rosca y el pasado, sin entender que los argentinos eligieron dejar atrás todo eso y vivir en un país próspero y seguro donde no te maten ni roben en la calle, ni desaparezcan pibes como Loan. Que, dicho sea de paso, a pesar de todo su show mediático, sigue sin aparecer”, sentenció el legislador.

El presidente de la Asamblea del Pro y diputado nacional, Martín Yeza, volvió a cargar duro contra la ministra de Seguridad y extitular del espacio, Patricia Bullrich, tras manifestar que La Libertad Avanza “ya absorbió” al Pro.

“No solo no fuimos absorbidos, sino que votamos 116 a 0 cambiar la forma que nos trajo hasta acá”, escribió en su cuenta de “X” y apuntó: “Es difícil entender que una ministra de un tema tan delicado para todos los argentinos haya quedado tan herida como para seguir con este tema y dañar más de lo que ya ha hecho a un partido que solo la ayudó”.

Yeza compartió un posteo de la cuenta Juventud Nacional del Pro en el que se referían a la reunión del partido llevada a cabo a principios de este mes, que terminó entre acusaciones y gritos de ambos lados, con el sector aliado a Bullrich abandonando la reunión.

Además, en una entrevista que emitió LN+ Yeza deslizó: "No sé si Patricia Bullrich está dentro del Pro o es libertaria. Lo que sí sé es que el Pro la puso en un lugar donde nunca había estado. Fue nuestra candidata a presidenta, llevamos su boleta. Y yo, sin metáfora, casi me mato en la ruta para militar su campaña. Entonces decís 'che, no parece una estrategia muy exitosa para que nos generes respeto'".

"Quizás es líder, pero hay distintos calibres. A mí me hace sentir mal que una persona que piensa y siente así, y es capaz de opinar así sobre personas que creyeron en ella, haga algo así. Entonces ahí pienso que hay algo de desagradecimiento e ingratitud que no me gusta", disparó el ex intendente de Pinamar, quien aclaró: "No la juzgo porque es una generación que está acostumbrada a ser como tiburones y estar a matar o morir".

Luego, insistió: "Patricia es ingrata con mucha gente, con las personas que creímos en ella. Y eso no se hace". Consultado sobre qué le diría si la tuviera frente a frente, Yeza exclamó: "Pato dejate de joder. ¿Por qué no hacemos las cosas normales? Sos una buena ministra de Seguridad y no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que es necesario para que al Gobierno le vaya bien".

"Cuando veo que hacen esos posicionamientos me pregunto por qué. Cuál es el sentido práctico de ponerte más libertario que Karina (Milei) ni más mileísta que Milei, si ni Milei quiere tanto del Pro como disolvernos. De hecho, está agradecido", remarcó Yeza.

Y añadió: "Ahí es donde digo, a título personal, que es una generación obsoleta para resolver los problemas de Argentina, de la que vale la pena aprender sus aciertos, que son difíciles de cometer, como su coraje, su convicción de ordenar la seguridad y el orden público, pero hay una cosa de sus errores que obedece a un tema generacional. Nadie te pide tanto (en relación a Bullrich)".

Al mismo tiempo, subrayó que Bullrich quiere "romper el Pro" y respondió puntualmente acerca a las declaraciones de la ministra a la prensa española. "Eso no lo dice alguien que quiere lo mejor para ese partido. Me parece muy obvio lo que está haciendo y no me gusta. Tenemos problemas mucho más graves en Argentina", señaló. Pese a todos estos cuestionamientos, dejó fuera a Bullrich del grupo de dirigentes "obsoletos".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, ya “absorbió al Pro”, y adelantó que trabajará para la campaña del gobierno en 2025, al tiempo que se refirió a su relación con el ex presidente Mauricio Macri.

En declaraciones televisivas, Bullrich fue consultada sobre si “¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al Pro a todos sus votantes?”, a lo que afirmó: "Ya están, porque yo soy parte de Pro, estoy en el Gobierno y los votantes nos están acompañando".

La expresión de la titular de la cartera se da a pocos días de que el ex presidente Mauricio Macri la desplaza de la titularidad de Asamblea partidaria del partido amarillo y haber ungido al diputado Martín Yeza.

"Yo como perteneciente al Pro tomé una decisión, como candidata a presidenta, que fue apoyar a Javier Milei. Comprometernos con un gobierno de cambio, en contra de lo que podía ser la continuidad del populismo o de (Sergio) Massa", agregó.

Sobre su con relación Macri, Bullrich explicó: "No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes. Lo que no me gusta es que haya un intento de decir estamos en la oposición. ¡No!". “Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes. Les dijimos: acompañen a Javier y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando", añadió Bullrich.

En esa línea, continuó: "Mi compromiso no es mío personal. Yo le pedí a 6,2 millones de personas que voten a Milei. Tengo un compromiso de millones de personas y nuestra suma fue matemática. Los votos de Javier más los votos de Patricia".

Además, diferenció a Macri de Milei en la gestión: "La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije voy contra los piquetes y vamos. Nunca me dijo ¡ojo, tené cuidado!".

Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, firmado por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), para establecer, a través de una modificación al Código Penal de la Nación, el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos, como por ejemplo sería el caso de los autores materiales del atentado contra la AMIA.

La modificación al Código en el articulo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

De igual manera, establece: “La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, salvo en el caso de los supuestos previstos en el Capítulo V del Título II del Libro III de este Código”.

A su vez, este proyecto señala que el juicio en ausencia será aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue: Delitos previstos en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; previstos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes; y el Código Penal.

De igual manera, también ingresó el texto del Poder Ejecutivo que toma de referencia anteriores iniciativas impulsadas por el ministro de Defensa, Luis Petri; y los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Alberto Asseff (MC) y Graciela Camaño (MC).

Esta redacción menciona que el juicio en ausencia se aplica en naciones como España, Italia, Alemania, Austria y Francia y propone que “bajo pena de nulidad en todos los casos, el juicio en ausencia sea registrado por medios audiovisuales y debidamente resguardados hasta la culminación definitiva”.