La denuncia penal fue presentada por un diputado bonaerense en contra de la administración central, acusándola de una compra “escandalosa” de patrulleros con un costo que “duplicaría los valores” del mercado.
La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N°16 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, continúa a la espera de información clave del Gobierno bonaerense sobre la polémica compra de patrulleros que habrían salido más del doble de su valor real.
La gestión de Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, están en la mira por presunto fraude por la administración pública, mientras la causa avanza y las respuestas del Ejecutivo no llegan.
A principios de marzo, el diputado bonaerense de la Coalición Cívica Luciano Bugallo, presentó una denuncia penal contra Kicillof y Alonso, acusándolos de una compra escandalosa de patrulleros con un costo que “duplicaría los valores” del mercado.
“La denuncia es clara: queremos que se investigue hasta el final cómo se manejaron los fondos públicos en esta compra que huele a corrupción”, comentó el legislador.
En la presentación, según informó el denunciante, se señala la posible comisión de delitos como fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público y exacciones ilegales, entre otros.
La sospecha radica en que el Ministerio de Seguridad bonaerense adquirió, mediante compra directa a la concesionaria Stampa Automotores S.A., 12 Fiat Cronos 1.3 GSE por un valor unitario de $56.416.566,26.
La compra de los vehículos se realizó el 21 de enero de 2025 y se facturó bajo modalidad Factura B, un tipo de comprobante que se usa en operaciones con sujetos exentos de IVA o consumidores finales.
El valor real de mercado de un Fiat Cronos 1.3 GSE en marzo de este año era de $26.823.000. Incluso aplicando el 20% de incremento que algunas agencias pueden sumar, el precio no superaría los $32.187.600, al mes de marzo de 2025.
“Los números no cierran por ningún lado. Lo que pagó el gobierno de Kicillof supera en casi un 140% el valor real del vehículo”, denunció Bugallo.
Además, la concesionaria Stampa Automotores S.A. no realiza ningún tipo de modificación para convertir los autos en patrulleros, más allá de ofrecer repuestos originales y accesorios básicos como portabicicletas o cestos para mascotas.
Los peritajes realizados sobre las boletas de compra del Ministerio de Seguridad revelaron que no se especifican agregados clave como blindaje, cristales especiales, rejas de seguridad, balizas, equipos de radio o localización, ni cámaras de vigilancia, lo que refuerza la hipótesis de una compra con sobreprecios injustificables.
Especialistas sostienen que el costo de los blindajes de los patrulleros es lo más caro como así también los cristales blindados, el kevlar en las puertas, la reja de seguridad, las balizas, el equipo de radio, el equipo localizador y la cámara. Como se dijo, nada de esto figura en las boletas fiscales.
Ante esta situación, la denuncia presentada por Bugallo solicita que se analicen las facturas emitidas por la concesionaria y el expediente administrativo del Ministerio de Seguridad.
La investigación quedó en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ya requirió al Ejecutivo bonaerense la documentación necesaria para esclarecer el caso. Sin embargo, el gobierno de Kicillof aún no ha entregado los informes solicitados.
“Estamos ante una gestión que, ante un escándalo de esta magnitud, opta por el silencio y la falta de transparencia”, criticó el diputado Bugallo.
A través de una presentación ante la Justicia una senadora opositora mostró su malestar ante el gobernador Kicillof por el envío de patrulleros a la provincia de Santa Fe.
En las últimas horas, la senadora bonaerense del PRO, Florencia Arietto, anunció que denunciará penalmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su ministro de Seguridad, Javier Alonso, luego de que el Ejecutivo enviara a Rosario, Santa Fe, 80 patrulleros y dos minibuses para colaborar en la lucha contra el narcotráfico.
La presentación de la “denuncia penal contra (Axel) Kicillof y su Ministro de Seguridad (Javier Alonso) por incumplimiento de los deberes de funcionario público al tomar recursos de todos los bonaerenses para enviarlos a otra provincia desamparando a quien tiene que proteger y estando en emergencia en seguridad”, sostuvo Arietto.
Además, la senadora bonaerense del PRO consideró que en caso de que haya hechos de inseguridad sin atender en la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad directa será de Axel Kicillof por “haber quitado patrulleros e insumos” que tenían por destino atacar el delito en la región.
Cabe consignar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió 80 móviles, medios logísticos y puso a disposición personal policial especializado para colaborar en la lucha contra el narcotráfico del gobierno de la provincia de Santa Fe, acción que fue ponderado por el gobernador santafesino, el radical Maximiliano Pullaro.
“Lamento que Maximiliano Pullaro se suba a este show; la provincia de Buenos Aires está en emergencia en seguridad, los bonaerenses estamos a merced de irresponsables. Los policías salen con patrulleros maltrechos y sin apoyo. Buenos Aires está infectada de narco. Asco”, expresó la senadora Arietto en sus redes antes de la presentación ante la Justicia.
Cuestionaron al ministro provincial Sergio Berni por la decisión adoptada en municipios gobernados por la oposición.
El bloque provincial de Juntos por el Cambio manifestó su “profunda preocupación por la decisión del ministro de Seguridad, Sergio Berni, de quitar a municipios gobernados por nuestro espacio político parte de la flota de patrulleros en forma discrecional, arbitraria e inconsulta”.
Para la bancada conducida por Maximiliano Abad, “resulta incomprensible que siendo la inseguridad uno de los problemas que más preocupa a nuestros ciudadanos y siendo los intendentes el primer mostrador de las demandas de los bonaerenses, se haya decidido quitar los patrulleros de los municipios opositores sin un destino declarado”.