Escándalo y fuerte reclamo de UP por la composición de las comisiones

Germán Martínez y Paula Penacca denunciaron que no se aplicó el sistema proporcional D’Hondt para la integración de las mismas y que las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Pidieron que las votaciones de autoridades sean “transparentes” para que no les “roben y no usurpen” los cargos que les corresponden.

La conformación de las comisiones en Diputados este jueves no arrancó de la mejor manera, sino que fue entre gritos y con un fuerte reclamo por parte de los diputados de Unión por la Patria, que denunciaron que no se aplicó el sistema proporcional D’Hondt para la integración de las mismas y que las “empezaron a constituir informalmente con otros bloques sin anoticiarnos”. Por ello, pidieron que las votaciones de autoridades sean “transparentes” para que no les “roben y no usurpen” los cargos que les corresponden.

La primera y una de las más importantes de las comisiones en constituirse fue la de Presupuesto y Hacienda frente a la cual fue elegido para presidirla José Luis Espert. Y allí mostró sus cartas de entrada el exoficialismo. Fue el jefe del bloque UP, Germán Martínez, quien pidió saber si se realizó alguna modificación en la grilla de los integrantes de la comisión porque “comparándola con lo que ayer giró a la noche por parte de la secretaría parlamentaria”, a lo que Ariel Seguís director de la comisión -el encargado de conducir el encuentro-  le respondió: “Si, me han comentado desde la secretaria parlamentaria que ha habido una nueva RP 4 en el cual se han variado dos vocales, uno el diputado Luciano Laspina por la diputada Silvia Lospennato y otro el diputado Falcone por Marcela Pagano”.

El santafecino recordó: “Nosotros la última vez que nos vimos con quienes estamos acá fue en la sesión preparatoria el 7 de diciembre y en esa sesión el Cuerpo votó un criterio de conformación de las comisiones a partir de la aplicación del sistema proporcional D’Hondt de los bloques. Es una decisión que se tomó en el recinto y se volcó en la resolución 4850-D-2023”.

“Después vino la asunción del presidente (Javier) Milei con su discurso de espaldas al Congreso y estuvimos presentes en el momento de traspaso de mando. El martes empezamos a hacer gestiones para que se puedan constituir las comisiones e ir clarificando un ámbito y organizando el tiempo de sesiones extraordinarias que se venía anunciando desde la previa a la asunción. Nos respondían que teníamos que esperar la convocatoria a extraordinarias que no conocían el contenido del DNU ni las leyes que iban a ser ingresadas”, relató.

En esa línea, Martínez apuntó: “El 12 de diciembre Luis Caputo anunció un paquete de medidas, quien fue secretario de Finanzas de Mauricio Macri el de la bicicleta financiera, el del bono a los 100 años, el del peor acuerdo con el FMI, el de los Fondos Buitres, nosotros seguíamos insistiendo en distintos ámbitos pidiendo organizar el funcionamiento de la Cámara que a nuestro criterio tenía elementos muy concretos sobre cuántas comisiones nos correspondía a cada uno de los bloques, además qué comisiones iba a presidir cada uno de los bloques, el numero interno porque a esa altura ya había rumores de que se podía constituir una especie de mayoría para desandar lo resuelto el 7 de diciembre”.

“Al poco tiempo el 20 de diciembre se anuncia el mega DNU inédito, 366 artículos, llevándose puesto el artículo 96 INC 3 de la CN y hubo muchos de diversos bloques que salieron a cuestionar esa decisión con fortaleza y a las pocas horas seguíamos pidiendo certeza de cómo iba a ser la mecánica para organizarnos. Las extraordinarias se convocan el último día hábil de diciembre y al otro día anuncian la ley ómnibus con 664 artículos, más 218 de leyes conexas”, criticó.

Martínez le enrostró a los libertarios que el propio titular de su bloque, Oscar Zago, reconoció que el proyecto “roza el 70% de las comisiones”, y cuestionó: “Creíamos que iba a primar la racionalidad, pero no fue así. Nosotros pedimos que se constituya un ámbito de presidente de bloque, no lo hicieron y fueron a la Casa Rosada y les dijeron ‘tres comisiones’”.

Empezaron a constituir las comisiones informalmente con otros bloques sin anoticiarnos a nosotros. Ayer a las 11.35 de la mañana nos ingresó formalmente el pedido para constituir las comisiones. No respetaron la conformación de las comisiones con el sistema D’ Hondt, no avanzaron en la conformación de otras comisiones, resolvieron unilateralmente el giro en tres comisiones y se sientan acá como si nada hubiera pasado”, disparó el santafecino y cerró entre gritos: “No quiero que la discrecionalidad y arbitrariedad que roza la Casa Rosada se instale en el Congreso de la Nación. No es un tema nuestro solamente, sino de todos los integrantes de esta Cámara de Diputados. Este no es el camino para seguir la comisión”.

De forma breve y a los gritos, el diputado de izquierda Christian Castillo pidió impugnar la presidencia porque “no fue votado el diputado Espert y además lo quiero impugnar porque llamó intimidantemente a cárcel o bala contra la diputada Myriam Bregman y Nicolás del Caño no tiene la mínima propiedad siendo aparte un monobloque, por lo cual ni le correspondería estar en la comisión si se aplica el sistema D’ Hondt. Además, es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados”.

Minutos más tarde, en la conformación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, la diputada Paula Penacca se quejó porque “parece que todos los diputados de los diferentes bloques hoy están muy apurados”, y se refirió a lo ocurrido en la Comisión de Presupuesto: “Recién sucedió que finalizaron una comisión antes de iniciarla, que censuraron a todos los diputados de Unión por la Patria, que no nos dieron la palabra que llevaron a cabo una votación que, como mínimo, es poco clara, después de haber cometido irregularidades y situaciones que nos dan para pensar cuáles fueron efectivamente las elección de las autoridades en la comisión de Presupuesto recientemente”.

“La composición de las comisiones se realizó ayer y se publicó una resolución donde se nominaba quiénes eran los diputados integrantes y hoy de casualidad metieron por la ventana a dos diputados y nuestro bloque es la primera minoría no pudo ver la RP que establecen esos cambios”, denunció y disparó: “Votaron sin siquiera levantar la mano y si hay alguna duda sobre la elección de las autoridades, no de cualquier comisión, pero por sobre todo la más importante que es la de Presupuesto en relación a quiénes van a conducirla y los diputados de la primera minoría pedimos la palabra para hacer un planteo y pedimos que haya una votación transparente”.

Por último, chicaneó: “Si no tienen nada que ocultar por qué no lo vuelven a someter a votación en vez de censurar la palabra e irse como ratas cuando los barcos se hunden… oféndanse… la peor ofensa es falta a las instituciones, a la división de poderes y al funcionamiento de la democracia”, y cerró: “No se roben y no usurpen las autoridades de esta comisión”.

Tal cual había sucedido en las otras comisiones, UP planteó en el inicio de la reunión de Asuntos Constitucionales su disidencia con el tratamiento que les habían dado en la conformación de la misma. El presidente del bloque, Germán Martínez volvió a tomar la palabra, y tras aclarar que no tenían objeción por los nombres propuestos, reclamó lo que consideraba que les correspondía: la vicepresidencia primera de esa comisión.

Se quejó de que se hicieran cosas como que “alguien de un monobloque”, en referencia a José Luis Espert, presidiera una comisión como la de Presupuesto. “Venimos a plantear que la condición de primera minoría que tenemos en esta Cámara, habiendo tenido nosotros una actitud de ceder a La Libertad Avanza la posibilidad de avanzar con las designaciones de gestión, creemos que nos corresponde la primera vicepresidencia de esta comisión”, señaló el santafesino.

Ante su pedido de que alguien contestara su planteo desde la otra vereda, Silvia Lospennato recordó que “hay un acuerdo político alcanzado con los bloques de esta comisión” y aclaró entonces que “en estos términos no aceptamos ninguna otra propuesta”.

Más tarde, el diputado de izquierda Christian Castillo impugnó la forma como se había votado en la Comisión de Presupuesto. Y se quejó porque habían pedido en Asuntos Constitucionales la presencia de Myriam Bregman, pero no se atendió su reclamo. “A los bloques amigos le damos lugares, a los de la izquierda, que tenemos 5 diputados, no nos dan”, se quejó, y cuestionó directamente a José Luis Espert, impugnándolo como presidente de la comisión.

Luego desde UP sucesivos diputados insistieron en reclamar la vicepresidencia primera, argumentando que era lo que les correspondía, como primera minoría, cosa que rechazaron desde el resto de los bloques.

Al constituirse la cuarta comisión de la jornada, la de Legislación General, que justamente será cabecera del tratamiento de la ley ómnibus, Paula Penacca volvió a intervenir para reiterar que no se estaba respetando el reglamento interno de la Cámara, al no atender el reclamo de la primera minoría. Reclamó en ese sentido que la distribución de los argos se hiciera “en función de la proporcionalidad, como marca la Constitución y el reglamento, pero además que sea con el sistema D’Hont, por bloques.

“Tengo la obligación de dejarlo sentado. No se está respetando la voluntad popular, la sociedad votó algo en octubre que acá no se está viendo representado. Eso tiene que estar reflejado en la integración de las comisiones”, insistió Penacca.

Y agregó que así debía hacerse, “sobre todo para una ley como esta que está planteando cercenar muchos derechos y libertades de la sociedad. A 40 años de democracia, no solo estamos llevándonos puestas las instituciones, sino la democracia. Es gravísimo que estemos teniendo que vivenciar esto y que todos los diputados, sean del bloque que sean, estén mirando para otro lado”. Y concluyó reclamando representación a nivel de la vicepresidencia primera y una secretaría.

A su turno, el santafesino Eduardo Toniolli (UP) intervino para aclarar que no estaban objetando la presidencia de la comisión, sino que la vicepresidencia primera fuera ocupada por alguien de Juntos por el Cambio. “No sé qué elección ganó esa fuerza política para hacerse de una vicepresidencia de la comisión”, y habló de “despojo”.

Luego se quejó por el DNU y la ley ómnibus, con las que dijo que pretenden hacer “una reforma constitucional encubierta”.

Al final del debate Paula Penacca, tan activa a lo largo de toda la jornada, quien le respondió a la radical Carla Carrizo, que minutos antes le había advertido a UP que habían perdido una elección y debían respetar ese tipo de acuerdos del resto de los bloques. Sin nombrarla, la secretaria Parlamentaria del bloque UP dijo que “en las elecciones se gana y se pierde, lo que no se puede obturar es la división de poderes. Somos la primera minoría en este Congreso, entonces tenemos que respetar las reglas”.

Penacca: “Votar a Sergio Massa es un voto a favor de la Democracia”

La secretaria parlamentaria del bloque oficialista en Diputados planteó que el próximo domingo se elige “entre salir adelante y profundizar el desarrollo del país o caer en un pozo en manos de LLA que propone destruir todo”.

La secretaria parlamentaria del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Paula Penacca, opinó respecto del balotaje que tendrá lugar el próximo domingo 19 y planteó que “se elige “entre salir adelante y profundizar el desarrollo del país o caer en un pozo en manos de LLA que propone destruir todo”.

En declaraciones por la AM 750, Penacca expresó: “Hay mucha perspectiva de seguir hablando con la sociedad porque en la calle lo que percibo es que hay más personas decididas a elegir a alguien con responsabilidad y que pueda conducir los destinos de la ciudadanía hacia un lugar que nos sirva a todos, pero también hay mucha necesidad de hablar y por eso creo que mucha gente vio el debate porque es una decisión muy importante”.

Para la oficialista “el domingo va a ser un día trascendental porque es una elección muy importante en 40 años de democracia y sabemos lo que ha costado recuperar la posibilidad del derecho al voto”, y resaltó: “Además va a ser muy importante porque se elige entre salir adelante, avanzar, poder profundizar el desarrollo del país o caernos en un pozo de la mano de La Libertad Avanza que propone destruir todo. Eso nos pone en una situación de más nerviosismo y de esto de encontrarnos, pensar y debatir y de tomar una decisión que sea por el bien común”.

“La micromilitancia es proporcional a la cantidad de sectores de la sociedad que sienten que van a ser agredidos por las políticas de Milei, cuando eso pasa y la sociedad civil no está organizada en una estructura partidaria que está disputando una elección, sale a la calle para contar su realidad. Eso habla de la densidad que tenemos que tomar como argentinos este domingo y todo un sector que se ve agredido sale a la calle para salir a defender los derechos, tenemos una tradición marcada de defender los derechos. Eso es lo que se expresa en la calle”, manifestó.

En ese sentido, afirmó: “Votar a Sergio Massa es un voto a favor de la Democracia y lejos de ser una frase vacía tiene que ver con las declaraciones terribles que están en voz propia de los candidatos de La Libertad Avanza”.

Sobre los dichos de la candidata a vicepresidenta liberal, Victoria Villarruel, respecto del predio de la exESMA, Penacca aclaró: “Que el pueblo tenga acceso a un sitio donde se construye la Memoria como la exESMA es un derecho del pueblo donde se pone en juego lo que pasó en dictadura, es un derecho de construir memoria colectiva para que no vuelvan a pasar esos hechos aberrantes que pasaron”.

En tanto, cuestionó: “Están mirando una Argentina que no es la nuestra porque desconocen a los excombatientes de Malvinas, desconocen la lucha de las Islas, son todos agravios muy claros para la sociedad, creo que eso moviliza tanto”.

Por último, alertó: “En relación a los derechos de las mujeres y diversidades con Javier Milei el retroceso puede ser brutal, luego de haber consagrado los derechos después de haber peleado mucho tiempo en la calle y el resultado histórica. Villarruel hace algo absurdo porque plantea que este tema hay que discutirlo y que se exprese la ciudadanía como si la votación en el Congreso habiendo pasado por ambas cámaras no fuera la expresión de la ciudadanía. Fue una decisión que se tomó transversalmente, no fue algo partidario. Ella lo pone como si fuera algo impuesto que tiene que volver a discutirse. Milei también desconoce la brecha salarial entre varones y mujeres, son un montón de aspectos que hay que poner arriba de la mesa y lo que costaría volver a recuperarlo”.

Penacca admitió que tienen que “dar vuelta votos” para lograr aprobar las modificaciones a la Ley de Alquileres que vienen del Senado

La secretaria parlamentaria del FdT confirmó la sesión de Diputados el próximo martes para tratar Ley de Alquileres y apuntó contra JxC: “Ha demostrado que no le interesan los inquilinos”.

Luego de haber sido protagonista de un fuerte cruce verbal al cierre del plenario de comisiones tras el dictamen de la Ley de Alquileres, la diputada nacional y secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Paula Penacca, explicó la discusión que tuvo con la radical Karina Banfi. Por otro lado, confirmó que la Cámara baja sesionará el próximo martes para tratar alquileres, pero primero el oficialismo tiene que “dar vuelta votos” y apuntó contra JxC.

En diálogo por la AM 750, la camporista contó el duro cruce que tuvo con la vicepresidenta de la UCR al cierre del tratamiento sobre las modificaciones a la Ley de Alquileres: “Yo contesté a una provocación de la diputada Banfi. La verdad es que hay un nivel de impunidad a veces de los que representan a nuestra oposición que pocas veces reparan en los temas importantes para la sociedad y muchas veces se prestan a reproducir y a generar sentido común en relación a acusaciones falsas. Estábamos discutiendo un tema central, pero uno no tiene que dejar pasar ese tipo de cosas si te dicen que sos una chorra, evidentemente vas a contestar esa provocación”.

Veníamos discutiendo el tema de alquileres que es un tema que va a ocupar estos días hasta el martes que tenemos la sesión en la que vamos a tratar el proyecto que vino del Senado”, confirmó.

En este sentido, apuntó: “Hay algo de todo el tiempo estar corriendo la atención de los temas importantes. Me parece que en este tema de alquileres el bloque de JxC ha demostrado que no le interesan los inquilinos, que le dan la espalda a 10 millones de inquilinos en el país porque vienen insistiendo en sancionar una ley que justamente lo que hace es dejar de proteger los derechos de acceso a la vivienda digna que en Argentina es un derecho Constitucional”.

“Traen estos temas que, obviamente pueden ser de interés para la opinión pública, no tengo problema alguno en hablar de eso porque creo que estuvo mal lo que pasó con Insaurralde, creo que estuvo bien que en menos de cinco horas hubo una respuesta de nuestra fuerza política y que hoy no sea más ni funcionario del gobierno de la provincia ni candidato, pero creo que ellos también tienen cosas de las que hacerse cargo y es importante que se pueda medir con la misma vara”, manifestó y comparó: “Así como nosotros tuvimos esta reacción y entendimos que la acción de Martín no representaba los valores que hay que cumplir para tener una función pública, ellos deberían hacer lo mismo con ‘Pepín’ Rodríguez Simón que sigue prófugo hace más de mil días”.

Al respecto, denunció que “ahí aparece la intención de poner estos temas por delante y de no hacerse cargo de que están asumiendo decisiones en relación a la legislación vinculada con los alquileres que va a empeorara las condiciones en las que están muchos inquilinos”.

Al ser consultada si el oficialismo cuenta con los números para aprobar su dictamen, afirmó: “Tenemos que dar vuelta votos”, y recordó que en la sesión del 23 de agosto en Diputados la oposición logró media sanción a “un proyecto que va para atrás a las condiciones para inquilinos porque retrocede a 2 años el tiempo de la duración del contrato, deja librado al azahar el índice por el cual se van a estipular los aumentos. Esto es un engaño porque en la relación contractual porque las personas que necesitan vivir en algún lado no tienen mucho margen para negociar. Modificaron el plazo de actualizaciones llevándolo a 4 meses cuando era de 1 año. Todo esto empeora las condiciones de vida de los inquilinos”.

“Nosotros estamos trabajando con una mejora que hizo el Senado para dar vuelta algunos votos y lograr aprobar lo que nos envió”, manifestó.

Por último, se refirió a las expresiones de los candidatos libertarios sobre el terrorismo de Estado: “Es preocupante las expresiones de Javier Milei y Victoria Villarruel sobre el negacionismo porque ya hacen apología de la dictadura directamente. Me parece que hay que sentar postura para decir que nunca más al terrorismo de Estado”, y adelantó que “la semana que viene vamos a empezar a darle tratamiento a muchos proyectos vinculados a estos tipos de comentarios negacionistas para tener legislación y evitar este tipo de comentarios negacionistas y tiene que ser un repudio de la sociedad para cuidar la democracia”.

Penacca señaló que el “problema” del mercado de alquileres “tiene que ver con el proceso inflacionario y devaluatorio”

Al defender la ley vigente, tras la media sanción que la modifica, la diputada camporista consideró que a partir de la “incertidumbre” sucederá que “se va a limitar más la oferta”.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT) defendió la Ley de Alquileres vigente, tras la media sanción que la reforma, y señaló que “el problema central es macroeconómico, y tiene que ver con el proceso inflacionario y devaluatorio, que empezó en 2018, con la primera devaluación muy pronunciada en el gobierno de (Mauricio) Macri“.

Lo aprobado en la última sesión de la Cámara baja, “fue casi una derogación”, lamentó la oficialista, que apuntó que “cuando se generan estas incertidumbres el mercado inmobiliario reacciona retirando más propiedades del mercado; yo creo que se va a limitar más la oferta”.

La camporista analizó la complejidad de este sector porque “hay que despegar el valor de un mercado dolarizado, como es el valor de los inmuebles, pero obviamente los alquileres tienen que cobrarse en pesos. Esa diferencia entre lo que aspira a ganar un propietario por el valor de su inmueble, dolarizado, y lo que se puede pagar en función de los salarios es un problema central. Pero eso es más complejo, no se puede regular por ley. Tiene que ver incluso en estos últimos tiempos con imposiciones del Fondo Monetario Internacional, al que también nos llevó Macri”.

“No es culpa de la ley el problema del mercado de alquileres, que es algo que intentó instalar la oposición para modificarla quitándole derechos a los inquilinos y dándole más beneficios al sector inmobiliario”, cuestionó en diálogo con Radio Futurock.

Al referirse a su proyecto sobre regulación de los alquileres temporarios, la porteña resaltó que plantea la construcción de estadísticas, ya que “no hay claridad, porque justamente que sea opaco es parte del negocio”. “Hemos encontrado hasta 100 propiedades en manos de la misma empresa que alquila”, dijo.

Al aclarar que este formato “va a seguir existiendo”, por más que se apruebe la ley, sí mencionó el “tope de hasta tres propiedades” para que un propietario, organización o empresa puedan poner en alquiler.

Por último, la legisladora anticipó: “Ya estamos en coordinación con el Senado, hay una senadora del Frente de Todos que tiene un proyecto parecido, y tenemos ya un plan armado para que si no logramos avanzar en la Cámara de Diputados, donde tiene que tratarse en la Comisión de Turismo, que preside la oposición, vamos a avanzar por el Senado. Tenemos doble estrategia para que pueda avanzar en el Congreso”.

El oficialismo presentó un proyecto para regular los alquileres temporarios

Se trata de una iniciativa de la diputada Paula Penacca, que busca regular la actividad y pidieron sin éxito su tratamiento este mismo miércoles.

En pleno debate de una modificación de la Ley de Alquileres y en vísperas de la sesión convocada por la oposición para debatir esa norma, el oficialismo presentó una nueva iniciativa para sumar a esta discusión.

Se trata de un proyecto elaborado por la secretaria Parlamentaria de la bancada del Frente de Todos, Paula Penacca, que tiene por objeto regular la actividad de alquiler temporario.

Al ser presentada este martes 22 de agosto, la iniciativa no figuraba en el temario propuesto para la sesión especial de este miércoles, por lo que para habilitar que pudiera ser puesta a consideración, su autora pidió un apartamiento de reglamento que necesitaba una mayoría especial de 3/4 partes de los presentes que no consiguió. En su discurso, habló de la necesidad de establecer una regulación para evitar la competencia con los alquileres corrientes. “El objetivo es armonizar la actividad de los alquileres temporarios con fines turísticos con la oferta para el mercado de inmuebles residenciales”,

El proyecto cuenta con 11 artículos y allí se entiende por alquiler temporario aquellos que tengan por objeto la locación de inmuebles o habitaciones que se arrienden con fines turísticos, de descanso o cualquier otro fin, por un plazo de hasta tres meses.

En cuanto a las plataformas digitales de alquiler temporario, son aquellas a través de las cuales se comercialice, promocione, publicite, oferte o intermedie, por medios informáticos, ya sea a título gratuito y/u oneroso, alquileres temporarios respecto de las unidades habilitaciones situadas en todo el territorio nacional.

Con relación a las obligaciones de las plataformas digitales de alquiler temporario, las mismas deben habilitar un campo en la plataforma digital para que el propietario o administrador informe el número de inscripción, registro o licencia, según corresponda, en aquellas jurisdicciones que cuenten con registro o licencia habilitante para ejercer la actividad de alquiler temporario.

Deben proceder a la baja de aquellas ofertas, anuncios o publicaciones notificadas por el Ministerio de Turismo y Deportes o el que en un futuro lo reemplace, que incumplan obligaciones en cabeza de los anfitriones conforme la normativa vigente y aplicable en la jurisdicción que se encuentre la unidad habitacional, previo acto administrativo fundado y emanado de autoridad competente.

Para los pagos, el proyecto prevé utilizar la moneda nacional pesos argentinos para los anuncios y/u ofertas de unidades habitacionales radicadas en el territorio nacional que surjan como resultado de las búsquedas realizadas desde el territorio nacional; y para el procesamiento de pagos efectuados por huéspedes mediante la intermediación de la plataforma cuando se trate de transacciones realizadas a través de medios de pago electrónicos nacionales, respecto de unidades habitacionales ubicadas en el territorio nacional.

Asimismo las plataformas deben remitir al organismo de jurisdicción nacional con competencia en materia turística información anonimizada y desagregada, de manera semestral, respecto de la cantidad de operaciones realizadas en el país y sus respectivos montos, la que podrá ser utilizada únicamente a fines estadísticos y para la mejora de toma de decisión de política pública.

¿Qué propiedades quedan excluidas? No será de aplicación el caso en que cuatro más inmuebles con destino habitacional a la actividad de alquiler temporario, pertenezcan a un mismo propietario, se encuentren bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca. En estos casos, la persona titular deberá contar con habilitación, registro y la categorización que corresponda según la Ley Nº 18.828 o la que en el futuro la reemplace.

El proyecto reconoce que el alquiler temporario se ha transformado en un fenómeno internacional que no escapa a la República Argentina. Según estimaciones no oficiales, hoy existen más de 30.000 propiedades que se ofertan a través de alquiler temporario en todo el país.

No obstante ello, el alquiler de “Habitación con muebles que se arriende con fines de turismo, descanso o similares” solo se encuentra definido como una excepción al plazo mínimo legal de locación de inmuebles de tres años definido por la ley 27.551, sin brindar mayores especificaciones o definiciones claras respecto de los actores que intervienen en esta actividad, señala el proyecto.

Penacca explica que con su iniciativa “buscamos incorporar la definición del alquiler temporario y de las figuras del huésped, anfitrión y plataforma, previo a establecer obligaciones y derechos en cabeza de estos actores. La definición del alquiler temporario propuesta, se encuentra ajustada a lo dispuesto en el artículo 1199 del Código Civil Comercial de la Nación, en tanto indica que, si el plazo de un contrato de locación de inmueble se celebra por un plazo mayor a 3 meses, se presumirá que no fue hecho con fines de turismo, descanso o similares.

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“Junto a Massa vamos a recuperar la senda del crecimiento y desarrollo económico”

Así lo expresó la diputada camporista Paula Penacca que instó a la ciudadanía a “votar en defesan propia”. Además, cuestionó a la oposición y los calificó como la “alternativa que endeudaron el país con el FMI”.

La diputada nacional que busca renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires Paula Penacca (FdT) respaldó al precandidato presidencial, Sergio Massa, y convocó a la ciudadanía “a votar en defensa propia”, al tiempo que cuestionó que “quienes hoy se ofrecen como alternativa son los que endeudaron al país con el FMI”.

“La perspectiva de futuro de la Argentina es positiva”, sostuvo la camporista en diálogo por A24 y resaltó que “las posibilidades de crecimiento de nuestro país dependen de tomar las decisiones correctas como la inauguración del gasoducto y la explotación del litio, que son las medidas que impulsa Sergio Massa”.

Asimismo, Penacca remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires la campaña de Unión por la Patria “fue muy bien recibida ya muchos sectores de la ciudadanía creen que después de 16 años de gestión, hay problemas que el gobierno no tiene la voluntad de resolver”.

Por otro lado, advirtió que el principal problema de los habitantes porteños es el acceso a la vivienda. “Hay muchos sectores de la sociedad porteña que están muy cansados de los problemas que después de 16 años no se han resuelto en la Ciudad de Buenos Aires y desde el oficialismo porteño solo nos proponen una continuidad de estas políticas”, argumentó la diputada.

Asimismo, Penacca remarcó que en CABA “no se resuelven los problemas de acceso a la vivienda” porque “hay un desarrollo urbano descontrolado, a partir de la venta de tierra pública, que genera problemas de acceso a los servicios, ellos nunca resolvieron la falta de vacantes en las escuelas, estamos con los colectivos de vecinos que se organizaron a partir de estos problemas que te complican la vida”.

Reforma jujeña: buscan crear una comisión investigadora

La reunión de Peticiones, Poderes y Reglamento para crear una comisión investigadora sobre la reforma constitucional en Jujuy.

El oficialismo comenzará a analizar la creación de una comisión para investigar la reforma constitucional de Jujuy

Será en el marco de una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos a la cual han sido invitados expositores para que den su opinión sobre el proyecto.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la camporista Paula Penacca, convocó a una reunión informativa para este jueves 3 de agosto a las 11.30 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo “A” de la Cámara de Diputados a fin de presentar y comenzar a analizar el proyecto que buscar crear una Comisión Investigadora sobre la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy.

Además, serán recibidos varios expositores que aportarán su mirada sobre la creación de una Comisión sobre Pueblos Indígenas con competencia en los temas referidos a la promoción de los derechos de estos, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El proyecto que se pondrá a consideración fue presentado por la diputada nacional Leila Chaher (FdT – Jujuy) para “dar marcha atrás” en los artículos modificados de la Constitución provincial, medida que fue impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, con el apoyo del PJ jujeño lo cual generó controversias e incidentes en la capital jujeña.

A través de esa reforma, dos artículos volvieron a su redacción original de1986 que generaban “problemas” con las comunidades indígenas. Se trata de los artículos 36, que refería al “Derecho a la propiedad privada” y establecía que “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.

En segundo lugar, el artículo 50 sobre “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas” fue dado de baja tras su resalutación sobre que “el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Además, quedó establecida “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.

En contraposición, el punto que el oficialismo busca retrotraer está referido en el artículo 67 sobre el “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica” que establece que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”.

En los últimos días, una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunieron con manifestantes que estuvieron detenidos tras los incidentes por la reforma. Además, recibieron un petitorio de parte del Malón de la Paz, una organización compuesta por pueblos originarios.

Diputados recibieron un petitorio de pueblos originarios de Jujuy

El texto que recibió la comitiva del Frente de Todos plantea una serie de pedidos para avanzar en el Congreso contra la reforma constitucional de esa provincia.

Las diputadas nacionales Paula Penacca (CABA), Mónica Macha (PBA), Natalia Souto (PBA), Mara Brawer (CABA) y Lía Caliva (Salta), y el diputado Juan Marino (PBA), recibieron un petitorio del III Malón de la Paz en la Ciudad de Salta Capital.

En el marco de las protestas y el rechazo a la reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales, los miembros de los pueblos originarios entregaron a la comitiva de legisladores un documento con una serie de pedidos para avanzar en el Congreso nacional con una agenda legislativa vinculada a la reforma de la Constitución provincial.

Concretamente, en el documento le piden a los diputados y diputadas nacionales que gestionen una sesión extraordinaria en la Cámara a realizarse la primera semana de agosto para tratar las diferentes problemáticas que atraviesa la provincia de Jujuy en relación a lo que definieron como “la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT”, que es la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

El petitorio del III Malón de la Paz denuncia la “profundización de la violencia institucional en Jujuy, la represión, persecución, las detenciones arbitrarias, los procesamientos con imputaciones absurdas, acusaciones falaces y multas exorbitantes” que tuvieron lugar en la provincia desde que se trató la reforma de la constitución de Jujuy.

Sobre la nueva Carta Magna, el comunicado advierte que es “violatoria de los derechos y garantías establecidas por la Constitución Nacional, implicando esto la violación de derechos humanos y tratados internacionales”.

Durante la tarde del miércoles, tras la reunión con los miembros del Malón, la comitiva mantuvo una reunión con Daniel Hoyos, rector de la Universidad Nacional de Salta, en la que conversaron sobre las distintas necesidades y demandas de los pueblos originarios del noroeste argentino. El rector de la UNSa colaboró con el Malón de la Paz en cuestiones logísticas vinculadas al viaje que comenzó el martes. El III Malón salió desde Jujuy y tiene previsto llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1 de agosto.

Más tarde, durante la tarde de este miércoles, la comitiva viajó a San Salvador de Jujuy para continuar con su agenda. Entre otras actividades, realizaron una reunión con dirigentes políticos, sociales y sindicales de la provincia que también manifestaron su preocupación por la escalada de represión que tiene lugar Jujuy tras la reforma de la constitución.

Este jueves la comitiva continuará con su agenda visitando a la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra presa en su domicilio, y también, por la mañana, los diputados realizarán una conferencia de prensa para presentar el proyecto de ley para la creación de la “Comisión Bicameral Especial Investigadora de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy”.

La autora del proyecto es Leila Chaher, diputada nacional del Frente de Todos de Jujuy, y propone una comisión que estará integrada tanto por miembros de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación.

También visitarán al abogado defensor de las comunidades indígenas Alberto Nallar, que se encuentra detenido en su domicilio tras ser acusado de sedición el 12 de julio.

“El modelo de la oposición piensa las privatizaciones con la excusa de que le permiten ahorrar plata al Estado”

Así lo manifestó la diputada camporista Paula Penacca, al reforzar el debate que el oficialismo puso sobre la mesa en la campaña.

Tras el último discurso de Cristina Kirchner, el oficialismo busca instalar el debate sobre la privatización de empresas del Estado, lo que se tradujo incluso en un proyecto de ley presentado por Máximo Kirchner.

“No hay manera de pensar que una empresa estratégica como Aerolíneas Argentinas vuelva a estar en manos privadas”, expresó este jueves la diputada camporista Paula Penacca.

En ese sentido, apuntó que “el modelo de la oposición es un modelo en el que piensan las privatizaciones con la excusa de que le permiten ahorrar plata al Estado. Pero después concesionan servicios a empresas que les roban al Estado y le roban a la gente, como hizo (Horacio Rodríguez) Lareta en CABA con el servicio de acarreo”.

“El proyecto de ley que presentó el diputado Máximo Kirchner es muy importante. Plantea un resguardo más para proteger a una empresa estratégica para nuestro país como es Aerolíneas Argentinas. Si la oposición quiere volver a privatizar la empresa, ahora tiene que pasar por el Congreso, y se requiere una mayoría agravada”, destacó en declaraciones a FM Nacional Folklórica.

Además, la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista defendió que “hoy Aerolíneas Argentinas es una empresa pujante, que crece. Hoy Aerolíneas transporta, desde el momento en el que se estatizó, más del doble de los pasajeros que transportaba en ese momento. Reduce su déficit año a año, y hoy utiliza dinero del Tesoro presupuestado para el año pasado”.  

“Cualquier decisión política que incide tan fuertemente en un modelo país, es importante que se debata en el Congreso. Nosotros ya lo dijimos con la toma de la deuda externa que (Mauricio) Macri hizo entre gallos y medianoche”, agregó.

Penacca: “En la Ciudad hace 16 años hay un modelo de desarrollo totalmente entregado al mercado”

Al hablar de la cuestión habitacional, la diputada camporista cuestionó la falta de medidas del oficialismo porteño sobre viviendas.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT) cuestionó la política en materia de vivienda del Gobierno de la Ciudad y enfatizó: “Hace 16 años que hay un modelo de desarrollo urbano totalmente entregado al mercado”.

Precandidata a renovar su banca por Unión por la Patria, la porteña consideró que desde su espacio ven “mucha oportunidad de hacer una transformación profunda en la Ciudad, que ya hace 16 años es gobernada por el macrismo”.

“Hay un montón de necesidades de la población que no son cubiertas, en el distrito con el presupuesto más grande del país”, señaló la camporista.

Sobre una de ellas, la legisladora afirmó que hay que “atender una situación habitacional que está en crisis, el mercado de alquileres está en crisis”. “No hay ninguna medida del Gobierno porteño para asistir a quienes necesitan alquilar en la Ciudad. Lo único que hizo (Horacio Rodríguez) Larreta en este tiempo fue endeudar a los inquilinos. Te dan un crédito para que puedas entrar a un alquiler”, criticó.

“La vivienda es un derecho y no puede quedar totalmente librado al mercado. Tiene que existir una protección de la parte más débil”, continuó la secretaria parlamentaria del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, al tiempo que opinó que se deben regular “los alquileres temporarios para el turismo”.

Penacca expresó que “hace 16 años que hay un modelo de desarrollo urbano totalmente entregado al mercado, con propiedades dolarizadas, con venta de tierras que quitan la posibilidad al Estado de intervenir, con un Código Urbanístico que permite la construcción de grandes torres, que ponen en crisis a quienes ya tienen vivienda”.

“Se construye cada vez más, pero son edificios que no son accesibles a la clase media”, explicó en diálogo con AM750.

En relación a la Ley de Alquileres, defendió la postura del Frente de Todos para que “haya intervención del Estado para mediar en la relación desigual”, mientras que desde la oposición “quieren derogar todo tipo de ley y prohibir todo tipo de intervención del Estado, dejar librado al mercado y que sea sálvese quien pueda”, dijo.

Valdés llamó a militar para “desmazcotizar” al próximo presidente

Fue al presentar en la Biblioteca del Congreso de la Nación, junto a la diputada Penacca, el senador Parrilli y el doctor Ubeira el libro sobre lawfare para “seguir visibilizando la persecución” a la vicepresidenta.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés presentó en la Biblioteca del Congreso el libro ”Objetivo Cristina: El lawfare contra la Democracia en Argentina”, con el objetivo de ”seguir visibilizando la injusta persecución” que a su juicio sufre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “por no ser mascota del poder y representar los intereses del pueblo”.
“Seguimos desmazcotizando”, remarcó el legislador para apuntalar ese concepto, al encabezar la presentación que contó con las presencias de su par Paula Penacca; del senador Oscar Parrilli y del abogado penalista José Manuel Ubeira.
“Tengo el orgullo de presentar este trabajo, resultado de muchas personas en el mundo que significan bastante, y juristas que han investigado específicamente el caso de CFK. Este libro va a ser traducido al inglés y al francés y va a recorrer el mundo para mostrar cómo desde el partido judicial de la Argentina se ha perseguido a la vicepresidenta”, señaló Valdés.
En ese sentido, el diputado contó que investigó cuántas eran las causas que tenía Cristina Fernández de Kirchner y contabilizó un total de 634 denuncias.
“El segundo argentino con más denuncias fue Juan Domingo Perón con 123. Ha habido una obsesión, cada denuncia tenía aparejado detrás tapas y tapas de diario y horas de TV para demonizar la imagen de lo que ella representaba”, continuó.
Para el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, “esa demonización hizo que parte de una generación creciera consumiendo esos medios convencidos de esas calumnias y por eso termina sucediendo lo del 1 de septiembre, el atentado contra la vida” de la vicepresidenta, algo que “también fue naturalizado”.

En esa líneas, el legislador rescató la figura de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien “le dio la personería gremial al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), pese a la presión de los medios y el poder real”.
“Cristina nos dejó el mandato. Que ella no iba a ser mascota de nadie. Nosotros tenemos que militar para desmazcotizar también al presidente que suceda al presidente actual”, cerró.

Por su parte Ubeira criticó el accionar de la Corte y reivindicó el principio de juicio por jurados, al observar que “el Poder Judicial tiene que dirigir el debate, garantizar la legalidad del mismo y establecer una sentencia, pero el que decide la culpabilidad o inocencia es el pueblo”.
“La gente, si se les explica con claridad entiende, fundamentalmente porque hay que acudir al sentido de justicia que tiene el pueblo. Se considera que esos ciudadanos que integran los jurados son los representantes del pueblo, y yo prefiero ser juzgado por mis conciudadanos que por uno que seguramente no conozco pero que sí sé que lo pueden influenciar”, subrayó.
También hizo uso de la palabra Oscar Parrilli, quien expresó que “Cristina hoy esta proscripta dentro de nuestro propio gobierno; no lo hicieron entre el 2015 al 2019 (cuando gobernó Mauricio Macri). Se hizo el año pasado, cuando dictaron una condena y lograron el objetivo”.
“Lo tenemos claro, porque vamos a ir a unas elecciones en las cuales una presidenta, que ganó tres veces cuando integró la fórmula, no puede ser votada”, remarcó.
A su turno, Penacca -precandidata a renovar su banca- advirtió que “el modelo neoliberal es de hambre, de desocupación, de reforma previsional para excluir a nuestros viejos, de privatización de los recursos naturales”.
“Es lo que sucedió hace muy poquito, entre el 2015 y 2019, y por eso hay que estar atentos para que esa realidad no se repita”, puntualizó la legisladora.

Penacca: “En CABA se podría brindar una mejor calidad de vida a los vecinos, pero Larreta decide hacer otra cosa”

La diputada camporista acusó al radicalismo y a Lousteau de llevar adelante los programas del Pro. Además opinó sobre el uso de las armas “taser” en la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT- CABA) es la primera en la lista de precandidatos para renovar su banca en la Cámara baja por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria y este lunes apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta: “Está claro que CABA podría brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y decide hacer otra cosa”.

La actual legisladora nacional confirmó que estará presente junto a los metro-delegados y los trabajadores del subte en el reclamo por mejores condiciones sanitarias. “Hay 86 personas afectadas por asbesto en los subtes, material toxico y tenemos tres fallecidos. Creemos que es un reclamo urgente y queremos visibilizar los problemas de la mala gestión del gobierno de Larreta”, aseveró.

Entrevistada en FutuRock, Penacca expresó: “El nivel de cobertura que tiene este gobierno en los grandes de comunicación es muy grande porque ninguno de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires es difundidos”, y añadió: “En los últimos 16 años de la historia de CABA hay falta de espacios verdes, construcción indiscriminada de torres y la falta de construcción de red de subtes”.

En esa línea, sostuvo que el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Losuteau, “es lo mismo que Larreta”. “Hace bastantes años el radicalismo lleva adelante los programas de gobierno del Pro”, enfatizó Penacca.

Del mismo modo, agregó que “Lousteau vota en el Senado como vota el Pro y aplicaría las mismas ideas que pregona Patricia Bullrich”, en alusión a “recortar” el Estado y darles empoderamiento a las fuerzas policiales. Además, afirmó que “tenemos una policía política que es la de la Ciudad que se dedica a perseguir”.

Con más fervor, expresó que “hay una opción nueva que son los libertarios y son peor al macrismo”. A su vez, puntualizó que “hemos crecido en la Ciudad de Buenos Aires por nuestra expansión territorial, militamos desde La Cámpora y denunciamos la persecución contra Cristina Kirchner”.

Finalmente, dio su opinión respecto al uso e implementación de armas “taser”: “Son armas menos letales que han producido muertes y no se les puede dar usos fuera de control”. “No se puede quitarle la importancia del uso de donde conviene usarla. En una estación de subte puede generar un accidente no querido”, señaló.

Diputados debatirá otro proyecto para modificar la Ley de Sociedades Anónimas Simplificadas

Sancionada la ley en tiempos de Cambiemos, desde hace tiempo el oficialismo intenta sin éxito modificar esa norma y comenzará a debatir este jueves otra iniciativa para modificar la norma.

Tal cual lo había anticipado el jefe del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez, la Comisión de Legislación General se reunirá este jueves a partir de las 12 para debatir una modificación de la Ley 27.349, conocida como Apoyo al Capital Emprendedor.

Aprobado durante la gestión macrista, el régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) permite abrir una firma en 24 horas por internet, pero siempre fue cuestionada desde el kirchnerismo. En tiempos de su tratamiento durante la gestión Cambiemos y sobre todo en el transcurso del Gobierno de Alberto Fernández.

El Senado llegó a aprobar en su momento un proyecto del senador Oscar Parrilli para suspender el sistema por 180 días, que perdió estado parlamentario en Diputados, donde el 9 de junio de 2021 había alcanzado a tener dictamen. Esa iniciativa establecía que las SAS deberían ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un registro especial a cargo de la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y Emprendedores, como así también suspendía por seis meses la constitución e inscripción de SAS.

Ahora la Cámara baja comenzará a tratar un proyecto de Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. El titular de la bancada oficialista ya había adelantado el pasado 20 de abril que “en unas semanas vamos a empezar a debatir en comisiones el Régimen de Control y Transparencias para las Sociedades Anónimas Simplificadas, un invento societario de la época del macrismo usado para el bien de gran cantidad de emprendedores y para el mal que los monos que lavaron en 36 sociedades anónimas 1200 millones de pesos. Lo dice el fiscal federal N° 2 de Santa Fe”.

En efecto, sobre ese tema había hecho hincapié a principios de marzo el senador Parrilli, cuando a través de un hilo de tuits afirmó que la ley de Sociedades de Acciones Simplificadas fue “una pantalla de apoyo al capital emprendedor” de la banda los Monos. “Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el ‘capital Emprendedor’ del macrismo”, tituló Parrilli y explicó: “En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el ‘apoyo al capital emprendedor’”. Y sumó: “En los hechos, estas sociedades que se conforman por internet en tan sólo 24 hs., fueron utilizadas para evadir los controles de legalidad de los registros de comercio y la IGJ, cometer los delitos de lavado de activos y evasión fiscal y ocultar la verdadera operación comercial”.

“¿Sabés quien las utilizó? Los narcos de Rosario… ¡Los Monos! para mover su dinero sucio. Sólo en el año 2018, crearon 40 S.A.S. desde las cuales emitieron más de 12.000 facturas truchas, evadieron impuestos por $1.200 millones y blanquearon el dinero obtenido del narcotráfico”, precisó.

Y remató: “Todo esto lo denunciamos cuando en el Senado dimos media sanción al proyecto de ley de mí autoría para que las S.A.S. tengan el mismo control y supervisión que la ley exige para el resto de las sociedades. ¿Adivina que pasó en Diputados? Cambiemos nunca dio quórum para tratarlo”.

Ahora la Comisión de Legislación General comenzará a analizar el tema con una reunión informativa a la que han sido invitados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta, y el titular de la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez. Asimismo, concurrirán funcionarios de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El proyecto de Martínez establece que dentro del plazo de 60 días corridos todas las SAS deberán acreditar su existencia ante un registro público, y presentar sus estados contables correspondientes a los últimos 3 ejercicios económicos.

La norma impulsada por el Frente de Todos advierte en la normativa “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”.

“En otras palabras, la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”, expresa el proyecto que basa tal tesitura en “la voz e intervención de distintos actores de la vida institucional, jurídica y de organismos de control”.

El proyecto cita puntualmente a los invitados a la reunión de este jueves, como este párrafo que adjudica al juez Erbetta: “La dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.

Los autores aclaran que la propuesta legislativa presentada “no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”.

“Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes, y también, combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados”, concluyen los autores de la iniciativa, Martínez, Moreau y Penacca.

0940-D-2023

Diputados del FdT apuntaron contra D’Alessandro tras su renuncia: “Los chats dejan en evidencia que es un mafioso”

El ministro de Justicia y Seguridad porteño había pedido licencia tras la filtración sobre los presuntos chats que mantuvo con Silvio Robles, mano derecha del titular de la Corte Suprema.

La secretaria parlamentaria del bloque FdT en Diputados, Paula Penacca, y el diputado Leandro Santoro apuntaron contra Marcelo D’Alessandro luego de que comunicara a través de las redes su renuncia como ministro de Justicia y Seguridad porteña tras la licencia que se tomó por la filtración sobre los presuntos chats que mantuvo con Silvio Robles, mano derecha del titular de la Corte Suprema.

En su cuenta de Twitter, Penacca lanzó: “Marcelo D’Alessandro renunció porque no pudo seguir en el cargo luego de que salieran a la luz los chats que dejan en evidencia que es un mafioso”, y criticó que “(Horacio Rodríguez) Larreta lo sigue encubriendo, pretende que sea parte de su equipo técnico nacional”.

“¿Y en la Ciudad? Luego de estar más de tres meses sin ministro, asume Eugenio Burzaco”, cuestionó la camporista. En ese sentido, contó: “Quizás lo recuerden por el desalojo en el Indoamericano, su asesoramiento a Sobisch cuando la policía de Neuquén asesinó a Fuentealba o por su rol durante la represión en el Borda”.

Penacca sostuvo que “Larreta se quiso asegurar una continuidad bien a su estilo en la Ciudad para proyectar, con D’Alessandro a la cabeza, el funcionamiento mafioso en todo el país”. “Los porteños nunca vieron mejoras en materia de seguridad. ¿Queda alguna duda de lo que puede pasar a nivel nacional?”, se preguntó.

Por su parte, Santoro escribió: “Renunció D’Alessandro. Tardaron 78 días en convencerlo. Para acomodar el discurso dejaron a la ciudad sin seguridad. Si hubiese sido una ‘operación de inteligencia K’ no se iba. Ahora nombrarán al 5to ministro de seguridad de CABA en 5 años. Pd: Devuelvan las coimas de las grúas”.

El funcionario afirmó que su decisión de dar un paso al costado es “para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra”. La causa es sobre los presuntos chats entre el ministro y Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.

El oficialismo presentó un proyecto de “Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas”

La iniciativa busca modificar la Ley “Apoyo al Capital Emprendedor” sancionada en la gestión de Cambiemos porque “se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

En medio de la violencia que azota la ciudad de Rosario y luego de que en Diputados se emitiera este miércoles dictamen favorable de la iniciativa que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, el oficialismo presentó en la Cámara baja el proyecto de “Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas” para reforzar la lucha contra el narcotráfico tal como lo había anunciado en dicha reunión.

El texto lleva las firmas de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, del jefe del bloque del FdT, el santafecino Germán Martínez; y de la secretaria parlamentaria del interbloque, la camporista Paula Penacca.

El proyecto busca modificar la Ley 27.349, también llamada “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor” sancionada en marzo de 2017, ya que advierten que tiene “un bajo nivel de control y regulación de aspectos esenciales del tipo societario, escenario que posibilita el desarrollo de actividades ilícitas”, y agrega: “La regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”. En esa línea, establece que “se adapten a los lineamientos de la norma madre que hace al marco jurídico de las sociedades comerciales”.

Entre los aspectos principales de la iniciativa, que consta de 9 artículos, exige a todas las SAS constituidas en el territorio nacional que en un plazo máximo de 60 días corridos acrediten fehacientemente el domicilio denunciado como sede social y, además, presenten los estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos.

En ese sentido, advierte que “ante el incumplimiento de ambos requisitos en el plazo establecido, se tendrán como inactivas a las SAS se encuentren en falta. En consecuencia, los registros públicos de cada jurisdicción deberán reportar tal circunstancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien en forma automática y como medida preventiva, procederá a suspender la CUIT hasta tanto la SAS regularice su situación”.

Por otro lado, se exigirá a los sujetos emprendedores que conformen una SAS, que se inscriban en un registro que dependerá de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación.

Además, se requerirá que tanto las SAS como las sociedades de responsabilidad limitada, presenten sus balances ante los registros públicos o ante el organismo de control de personas jurídicas de su jurisdicción. En caso que no cumplan con lo expuesto por más de dos períodos, los socios o administradores responderán en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria ante terceros.

También se propone que la inscripción registral controle, no sólo los requisitos formales, sino también los sustanciales, procurando darle mayor transparencia a la constitución de este tipo societario.

Asimismo, se indica que, para el caso de las sociedades categorizadas como Mipyme, que sean SAS, y que dejen de serlo como consecuencia de superar los parámetros de la ley 24.467 y su reglamentación, deberán transformar su inscripción como SAS en los tipos societarios establecidos en la ley general de sociedades, ley 19.550. A tales fines se les otorga un plazo máximo de 6 meses. También, promueven la digitalización de los registros públicos de comercio.

“La propuesta legislativa que se presenta no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario. Por el contrario, apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS”, explican y agregan: “Apuntamos entonces a reglamentar, ordenar y otorgar seguridad jurídica a los contratantes y a la comunidad, favoreciendo la transparencia del tipo societario bajo análisis”.

“Hay que trabajar sobre las cuestiones referidas al lavado de dinero, lo de las SAS hay que leerlo en otro contexto distinto, tenemos un problema y negarlo sería equivocado”, aseguró Germán Martínez al referirse a la iniciativa ingresada a la HCDN en el día de la fecha, al tiempo que aclaró “no estamos en contra de la herramienta sino de su utilización, hay mucho por hacer”.

Por su parte, Penacca explicó “Este proyecto busca terminar con las prácticas de quienes abusan de las SAS para realizar maniobras ilícitas. El objetivo es encauzar la herramienta para que, efectivamente, sirva como un vehículo para que las y los emprendedores puedan realizar sus proyectos”.

Además, Martínez citó la investigación realizada por el fiscal santafesino Dr. Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda conocida como “los monos”. La investigación judicial informa que la banda vinculada al incidente creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020.

En el mismo sentido, reseñó un informe elaborado por el Ministerio Público de la Acusación, junto con la Oficina de Investigaciones, referido a las Sociedades por Acciones Simplificadas. En el documento enumera y desarrolla fundadas críticas referidas a las limitaciones de los organismos estatales sobre las SAS. Entre las conclusiones que surgen del informe, el organismo califica de “imprescindible la creación de leyes claras y perfectibles que ayuden a mejorar y desburocratizar, sumado a la necesidad de establecer medios de control efectivos por parte del estado”. Y profundizando concluye que “…la vulnerabilidad puede provenir no solo de la estructura habilitada por ley a este tipo societario específico sino también por la falta o escasez de control de las instituciones intervinientes”.

También, Martínez recordó las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Erbetta en la apertura del año judicial en Rosario, donde el magistrado identificó que “…la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia. Financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevadas adelante por nuestros fiscales”.

Del mismo modo, el jefe del bloque argumentó la falta de control de las SAS a partir de un estudio elaborado por la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del año 2022, que analiza en lo concerniente a lavado de activos, el periodo comprendido entre enero de 2017 y diciembre del 2020. Cabe destacar que dicho órgano se integra con quince miembros de distintas carteras nacionales, a los que se suman un magistrado del Ministerio Público Fiscal, a propuesta de la Procuración General de la Nación; y un magistrado del poder judicial de la nación a propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El documento releva y clasifica cuáles son los tipos societarios que más se utilizan como vehículos legales para el lavado de activos. Posteriormente, al análisis de riesgo preliminar, se lo completa y vincula con información correspondiente a casos concretos aportados por Unidad de Información Financiera. En este caso, la evaluación califica como vehículos legales de riesgo alto, en relación al lavado de activos, a tan solo dos tipos legales; las empresas extranjeras en primer lugar, y las SAS en segundo.

0940-D-2023-

Penacca, sobre la actitud de JxC en el Congreso: “Apostamos a que entren en razón”

Así se refirió la diputada oficialista a la decisión de la principal oposición de no debatir sobre otros temas mientras no se retire el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte.

En el arranque del período de sesiones extraordinarias, la diputada del Frente de Todos Paula Penacca se refirió a la postura de Juntos por el Cambio de no debatir sobre otros proyectos del temario hasta que no se dé marcha atrás con el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. “Apostamos a que entren en razón, a que tomen conciencia, a que en algún lugar también se sientan obligados con quienes los han votado”, sostuvo.

La secretaria parlamentaria de la bancada oficialista se preguntó: “¿Cómo se van a negar a la posibilidad de dilucidar, transparentar, cuál ha sido el funcionamiento de los integrantes de la Corte?”. En ese sentido, remarcó que el proceso que se iniciará se enmarca en “lo que dicta la Constitución, las leyes, nuestro reglamento y el de la comisión (de Juicio Político)”.

Para la porteña, la decisión de JxC de “aferrarse” a no tratar iniciativas en disconformidad con el juicio político contra los magistrados del máximo tribunal, “los debería calificar de cara a la sociedad”. “Reafirmarse en este objetivo de obturar el funcionamiento de la cámara es obturar el funcionamiento de la democracia”, añadió en diálogo con FM La Patriada.

En otro tramo, la camporista rechazó que esto sea una “embestida” contra la Justicia y dijo: “Nosotros estamos evaluando el desempeño de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia para mejorar su funcionamiento”.

Además, recordó que “hay por los menos cinco pedidos de juicio político al presidente (Alberto Fernández), presentados por la oposición, que ahora se rasga las vestiduras diciendo que el instituto del juicio político nosotros lo queremos utilizar para perseguir”.

“Con lo que sostienen, parece que estamos llevando adelante algo que es ilegal, y la verdad que no lo es”, enfatizó, para insistir que “tiene que ver con garantizar la independencia de la justicia”.

La legisladora manifestó que “es importante que el Congreso esté abierto, que esté funcionando, porque es el órgano por excelencia de nuestra democracia”. “Tuvimos dificultades para sesionar, en tres ocasiones la oposición ha dejado sin quórum el recinto. Nos quedaron cosas muy importantes sin sancionar como el plan de pago de deuda previsional, que es una herramienta central”, señaló.

Sobre la incorporación de la “Ley Lucio”, que la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, le pidió al presidente, Penacca aclaró que “se habilitaría su tratamiento en el Senado, por lo tanto no estaría estrictamente vinculado con el funcionamiento de la cámara de origen”, que fue Diputados, donde “el dictamen final fue la síntesis de varios proyectos”. En esa línea, apuntó que “el proyecto original es de Juntos por el Cambio”, lo que “da muestra que de nuestra parte ha habido y hay voluntad de tratar los temas. No hay ninguna negativa del bloque oficialista”.

Penacca apuntó contra la oposición porque “impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”

La secretaria parlamentaria del FdT le pidió a la bancada opositora que “deje de obturar el funcionamiento del Congreso” para poder tratar proyectos “que son de vital importancia para la ciudadanía”.

En el inicio del periodo del período de sesiones extraordinarias a las que convocó el presidente de la Nación, la secretaria parlamentaria del Frente de Todos en Diputados, la camporista Paula Penacca, le dejó un mensaje a la oposición y los criticó porque “impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”.

A través de su cuenta de Twitter, Penacca remarcó que “hoy arranca el período de sesiones extraordinarias y es necesario que la oposición esté a la altura y deje de obturar el funcionamiento de una de las instituciones más importantes de la democracia para que podamos tratar proyectos que son de vital importancia para la ciudadanía”.

En ese sentido, lamentó que “en las últimas dos sesiones de 2022 vimos cómo, sin querer dar quórum, impidieron que se pudiera tratar el proyecto de Plan de Pago de la Deuda Previsional”.

Asimismo, recordó las palabras de la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, cuando se aprobó el Presupuesto 2023 que “ya estaba previsto que más de 800 mil personas iban a jubilarse este año”.

“Entonces no se trata de una discusión presupuestaria; se trata de si todos nuestros adultos y adultas mayores van a poder acceder o no a su derecho. Un derecho que bien se pudo volver a reconocer a partir de las políticas llevadas adelante por Néstor y Cristina”, planteó la camporista.

En suma, cuestionó: “Pero sabemos que son los mismos que en 2017 llevaron adelante una reforma previsional que implicaba un enorme ajuste y Larreta en vez de pensar que había un pueblo movilizado defendiendo el derecho a jubilarse, terminó diciendo que habíamos venido a romper la Plaza”.

“Y así como estuvimos en esa jornada como pueblo, estamos ahora empujando para que este proyecto pueda convertirse en ley”, remató la oficialista.

Penacca expresó que hay “una oposición irracional que ha decidido que no funcione la Cámara de Diputados”

La secretaria parlamentaria del Frente de Todos lamentó que no se avance con la moratoria previsional por la falta de quórum. También habló sobre la coparticipación de la Ciudad y el diputado Gerardo Milman.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT) expresó este miércoles que hay “una oposición irracional que ha decidido que no funcione la Cámara de Diputados” en alusión al interbloque Juntos por el Cambio y las sesiones fallidas durante este mes.

Para la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, la “obturación del funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado es culpa y es un plan de la oposición”; mientras que, por otro lado, “tenemos una mafia que funciona en el Poder Judicial”.

En relación al proyecto de plan de pago de deuda previsional, la camporista lamentó: “Tenemos una oposición que decide que 800 personas en Argentina no tengan una herramienta para acceder a una jubilación porque no dan quórum”. “No le generan un perjuicio al bloque oficialista, sino a los argentinos y argentinas”, agregó.

Por otra parte, la legisladora se refirió al fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires sobre la restitución de fondos copartipables, y recordó que el expresidente Mauricio Macri “por decreto simple” le dio “una proporción brutal – a la Ciudad- en relación al resto de las provincias”.

Y acusó que en el Pro, “con (el presidente de la Corte, Horacio) Rosatti están intentando desde la Ciudad recuperar el Gobierno nacional. Le están pagando la campaña (a Horacio Rodríguez Larreta)”.

“Yo soy porteña, soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no me hace ciega, y puedo ver que la realidad económica de las otras provincias claramente dista mucho de la de la Ciudad”, enfatizó.

Además consideró que el 2,95% dispuesto por el máximo tribunal es “un número ridículo, arbitrario, sin justificación de por qué. ¿De dónde pretenden que lo saquemos? Es un atropello brutal el que está llevando adelante la Corte Suprema”.

Durante una entrevista en Radio El Destape, Penacca también habló sobre las acciones que desde el Frente de Todos podrían impulsar contra el diputado del Pro Gerardo Milman, no solo por “su vinculación con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner“, sino “por un posible recibimiento de dádivas, una vinculación impropia con una empresa” cuando era funcionario del Ministerio de Seguridad e “irregularidad en relación a contrataciones”.

“Tenemos una mirada clara por parte de nuestro bloque de que, si es cierto todo lo que se viene denunciando en los medios en relación a las actitudes de este diputado, está teniendo una conducta impropia a cuales son las normas que rigen de cómo debería ser un diputado y que efectivamente tendría que dejar de serlo”, sostuvo.

Tras la mención que CFK hizo sobre Milman en su último discurso, la diputada kirchnerista afirmó que quieren “investigar, tener acceso a la información, tener los debates dentro de los ámbitos institucionales y si tenemos la comprobación de las versiones” presentarán el pedido de expulsión.

La diputada Penacca reavivó la interna del FdT

Lo hizo a través de un tuit donde cuestionó al “albertismo” por “festejar la no postulación de Cristina Kirchner”.

La diputada nacional Paula Penacca (FdT – CABA) reavivó este jueves la interna dentro del oficialismo, y tras el anuncio de la vicepresidenta Cristina Kirchner donde afirmó que no será candidata en las elecciones del 2023, opinó que “pareciera que en la Casa Rosada lo festejan porque aumenta las chances de Alberto (Fernández)”.  

Además, explicó que CFK no será candidata por “la persecución, el hostigamiento y la proscripción a la que la sometió la mafia judicial y mediática”. Del mismo modo, disparó contra el “albertismo”: “Qué triste que además lo digan en un off”.

Los dichos de la diputada “cristinista” fueron a través Twitter, a partir del encabezado de una noticia que expresaba que las ausencias de los ministros Wado De Pedro -Interior y Justicia- y Sergio Massa -Economía- al acto de celebración por los tres años de gestión del presidente “no cayeron bien”.

Según el trascendido, el presidente Alberto Fernández “buscaría la reelección en 2023”. Sin embargo, las ausencias de los gobernadores cercanos a la vicepresidenta y del ministro Massa, evidenciaron que no hay nada definido dentro del FdT, e incluso “no todos apoyarían” tal candidatura.

En tal sentido, al continuar con la vigencia en 2023 de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la posibilidad de una interna dentro del Frente de Todos entre Alberto Fernández y otros precandidatos como el jefe de Gabinete Juan Manzur o Sergio Massa podría darse por mantener las diferencias mencionadas dentro de la coalición.   

Para Penacca, el acto de CFK fue “el festejo de la alegría militante”

La diputada del FdT consideró que “hay que profundizar la organización militante” de cara a las elecciones de 2023 e incluir a más sectores en la construcción política.

Luego del acto por el Día de la Militancia donde Cristina Kirchner dio un discurso en el Estadio Único de La Plata, la diputada nacional Paula Penacca (FdT-CABA) habló este viernes y definió a la jornada como “el festejo de la alegría militante”.

Para la secretaria parlamentaria de la bancada oficialista, “fue un encuentro de reflexión y debate político”. “La participación popular es fundamental para la construcción política de cara a las elecciones del 2023”, destacó.

En diálogo por AM530, la camporista consideró que “la gente entendió que del otro lado están el Poder Judicial, el poder económico y el poder mediático concentrado, y que vienen por todos los derechos adquiridos”. En esa línea, hizo una dura comparación de “la Justicia con las Fuerzas Armadas” y agregó: “Son los continuadores de perpetuar políticas económicas que quieren terminar con las clases populares”.

Respecto a la unidad dentro del Frente de Todos, la porteña sostuvo que “cuantos más actores que representan a distintos sectores de la sociedad se reúnan, será mejor la construcción política acorde para lograr ganar en 2023”. Así también afirmó: “Necesitamos la participación de todo el pueblo”.

Además, Penacca afirmó que “hay que profundizar la organización militante”. En sintonía con el discurso de CFK, la diputada señaló que “en primera instancia debemos recuperar el pacto democrático, que se rompió el 1ro. de septiembre con el intento de asesinato sobre la vicepresidenta, y segundo hay que alinear precios, salarios y tarifas estando al lado de la población día a día como tarea de la militancia”.

Diputados debatieron sobre acordar un horario de finalización de las sesiones

Fue en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde la mayoría de los legisladores presentes coincidió en que “no se puede seguir sesionando durante más de 20 horas”.

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, a cargo de la oficialista Paula Penacca, se reunió este miércoles para debatir entre otros temas sobre un proyecto de resolución que propone algunas modificaciones en el reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación.

La titular de la comisión avisó que “se tomarán los tiempos necesarios para incrementar el debate”, por lo que en esta reunión no hubo dictamen de ningún proyecto. Del mismo modo, los legisladores presentes expusieron diferentes posturas respecto a las modificaciones del reglamento de la Cámara baja.

En primer lugar, la diputada nacional Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) expresó que “las sesiones no pueden durar más de 20 horas”. En tal sentido, explicó que “mucha gente, que sigue virtualmente las sesiones, se pierde los anuncios más importantes por la larga duración de las exposiciones”.

Además, sostuvo que “todas las propuestas presentadas son compatibles”, y agregó: “En el proyecto de (Emilio) Monzó, se limitaron los tiempos de la palabra de cada expositor. Creo que nuestro trabajo es alimentar los debates, mejorando las intervenciones”.

Por otro lado, la diputada Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA) admitió que dudó sobre apoyar esta iniciativa. Sin embargo, contó que se animó porque consideró que “se puede reglamentar que las sesiones tengan un final a las 20 o a las 22 horas”. Además, sostuvo que “pasar a cuarto intermedio retrasa el avance de los proyectos”.

A su vez, cuestionó que se hayan realizado tantas sesiones especiales en el recinto y que “sean vistas con normalidad”. Por ello, afirmó: “Todos sabemos que las sesiones especiales se toman con normalidad y esos son los datos que nos deben llamar a reflexionar para trabajar en mejorar la calidad legislativa”.

Del mismo modo, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) manifestó: “No somos un cuerpo militar, somos un cuerpo colegiado de ciudadanos que nos vota. Ordenamos para funcionar, con el tiempo iremos cambiando las cosas que no cumplimos”, y agregó que “si las cosas no funcionan, la culpa es de la mitad más uno que vota a favor”.

Asimismo, el diputado de la UCR Manuel Aguirre se manifestó a favor de “poner límites horarios a las sesiones”; mientras que Mariana Stilman (Coalición Cívica) sostuvo que “es necesario que haya un horario de arranque y cierre de las sesiones”.

El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó que este tema fue acordado para tratar en la anterior reunión, y responsabilizó a la “polarización de bloques” como causante de tantas sesiones especiales en el recinto del Congreso de la Nación.

“El problema no es el reglamento, sino la falta de acuerdos. Hay vínculos con la polarización política, pero sostengo que las discusiones deben darse en ámbito político”, afirmó el jefe de bloque. Por otro lado, coincidió con la presidenta de la comisión y pidió que el tema “sea tratado con debate y consenso”.

Asimismo, la presidenta de la Comisión, Paula Penacca, remarcó que el proyecto busca “reafirmar algunas prácticas dentro del recinto y ver como se cumplen con las reglas que acordadas”. Además, enfatizó que “el contexto de polarización dentro del ámbito legislativo es el reflejo de la sociedad “.

“Debemos trabajar para ver cuál es el mejor momento para tratar los temas, porque los que son expuestos durante la madrugada pierden la atención de la gente”, explicó Penacca. en tal sentido, concluyó: “Debemos hacer un acuerdo de base y así, será más fácil poner horarios de finalización de las sesiones que nos ayudará a trabajar más y mejor. La semana que viene ampliaremos junto a asesores”.

Licencias por maternidad

En otro orden, la diputada Silvia Lospennato defendió más tarde su proyecto por el cual se pide la modificación del artículo 17 del Reglamento, sobre licencia por razones de maternidad: “El proyecto busca que durante las licencias por maternidad las diputadas sean reemplazadas (de manera optativa) por quienes les siguen en la lista y que durante ese tiempo sigan gozando de su dieta, con la posibilidad de que puedan decidir interrumpir esa licencia”, planteó la legisladora del Pro.

Lospennato defendió su propuesta para dar licencia a las diputadas por maternidad. (Foto: HCDN)

En tanto, las diputadas Karina Banfi (UCR-Buenos Aires) y Paola Vessvessian (FdT-Santa Cruz) respaldaron la iniciativa y coincidieron en poner en consideración que, “cuando hablamos de maternidad, tenemos que tener en cuenta que no solo sea la biológica, sino también incorporar la guarda con fines de adopción”. Además, la importancia de tener en cuenta el caso de la “la paternidad”.

A su vez, Dolores Martínez consideró procedente la iniciativa, pero advirtió que cada mujer vive la maternidad a su manera, y en tal sentido sugirió que muchas querrían seguir participando de las sesiones, en cuyo caso sugirió la posibilidad de hacerlo de manera virtual.

Por el contrario, la oficialista Carolina Moisés (Jujuy) manifestó su postura contraria al reemplazo por “maternidad o enfermedad”, al sostener que, quizás, esa persona que pueda reemplazar a la diputada de licencia no tenga “nada que ver ideológicamente con mi pensamiento”.

Finalmente, la titular de la Comisión, Paula Penacca (FdT), respaldó un proyecto de su autoría, por el cual propone una modificación de los artículos 114 y 117, sobre proyectos de institución o declaración de los días temáticos.

Diputados retomará el tratamiento de la moratoria previsional

Autoridades de la Cámara baja, con su presidenta a la cabeza, se reunieron con la titular de la ANSeS con el fin de analizar el plan de pago de la deuda previsional.

Con media sanción del Senado, alcanzada el 30 de junio de este año por 38 votos a favor, 18 abstenciones y 6 negativos, el proyecto de ley referido a la moratoria previsional impulsado desde el oficialismo no ha podido avanzar siquiera hasta el dictamen en la Cámara baja.

La última reunión en la que se abordó este tema en el marco de un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, data del 10 de agosto pasado. En esa oportunidad, distintos especialistas expusieron en torno al proyecto de ley. Obviamente no se avanzó con un dictamen y la presidenta del plenario, la mendocina Marisa Uceda, señaló en esa oportunidad a Diputados TV que “se van a dar todas las reuniones informativas que sean necesarias en la búsqueda de la construcción de los consensos que hagan faltan para garantizar que la ley efectivamente salga del recinto”.

La idea sería ahora reflotar el proyecto para completar su paso legislativo hasta el recinto, y para tal fin se reunieron este viernes la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau; la secretaria Parlamentaria Paula Penacca y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

Sobre el tema tuiteó Cecilia Moreau, quien precisó: “Para que casi 800 mil argentinas y argentinos con edad de jubilarse puedan hacerlo, nos reunimos con Paula Penacca y Fernanda Raverta “para trabajar en el Plan de Pago de Deuda Previsional que trataremos próximamente en el Congreso”.

“En Argentina solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres tienen la cantidad de aportes para jubilarse. Por eso, una nueva ley es fundamental para poder seguir garantizando la cobertura previsional”, agregó la titular de la Cámara baja.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancionara la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

El discurso de Paula Penacca que desató la polémica

Fue cuando la diputada camporista comparó al Gobierno de Macri con el de De la Rúa y el derrumbe de 2001, hablando de “un modelo económico neoliberal que expulsó a la juventud”.

La autora del proyecto que dio origen al proyecto para expropiar el predio de Cromañón, Paula Penacca (Frente de Todos-CABA) cerró el debate. Arrancó con tono agradecido, destacando el papel de los familiares, que –dijo- “han construido todo ese dolor tan profundo de las pérdidas en lucha”

Aclaró que la suya no era una frase hecha, “porque tenemos como pueblo una tradición en ese sentido”, y comparó esa lucha con la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “En esa lucha han encontrado muchísimos obstáculos –afirmó-. Además, tuvieron la capacidad de construir consensos en esta Cámara y que este sea un proyecto transversal también nos hace mejor como representantes del pueblo”.

Hasta ahí, puro consenso. Pero ahí la emprendió contra “los medios hegemónicos”. Penacca afirmó que los familiares y víctimas “tuvieron que también plantarse frente a la estigmatización de los medios. Después de lo que sucedió, los grandes medios construyeron un montón de mentiras sobre lo que sucedió allí”.

Por el contrario, sostuvo que “lo que en realidad pasó allí fueron actos de amor, de arriesgar la vida propia”, mientras que desde los medios “se construyeron mentiras, como la de que había una guardería de bebés en los baños”.

“También contra eso lucharon, y con pocas armas: la de la solidaridad, la de la organización”, enfatizó, advirtiendo que “cuando la juventud se organiza y es solidaria, es transformadora, y a algunos no les interesa la transformación, sino el estatus quo”.

Luego la emprendió contra “un Estado cómplice”, y afirmó que ellos “se comprometieron y organizaron en algo más, por eso nos traen esta propuesta, porque también quieren hacer un aporte a la sociedad”.

Les agradeció a los familiares “que nos traigan este debate en este momento de nuestro país. ¿En qué momento sucedió la masacre de Cromañón? En una Argentina que estábamos empezando a tratar de levantar, después de otro hecho trágico para nuestro pueblo que fue diciembre de 2001. Un pueblo que estaba siendo hambreado, que estaba siendo ajustado. Un pueblo donde además específicamente la juventud sufría, donde no había ninguna propuesta, donde toda la propuesta era individualismo y desesperanza”.

“Una Argentina donde muchos jóvenes se refugiaban en el rock, que era un espacio donde se construían otras cosas distintas a las que nos marcaba el sistema. Yo soy de esa misma generación”, sostuvo, afirmando que el rock construía “otra cosa; solidaridad, comunidad, un espacio de pertenencia, la posibilidad de pensar que había un futuro posible en la Argentina”.

Comentó que todos los que tienen su edad tienen algún conocido que en esa época se tuvo que ir del país “a probar suerte, a buscar un futuro distinto. Y sí, allá, los diputados y diputadas que quieren sacar rédito de este debate me dicen: ‘como ahora’. Y yo les digo sí, por eso es importante que lo traigan ahora. Porque también esta es una Argentina que estamos teniendo que levantar”.

Y estamos teniendo que levantar esta Argentina porque igual que en el 2001 se impuso hace unos años un Gobierno que con un modelo económico neoliberal también expulsó a la juventud; también expulsó a los científicos y científicas de nuestro país… También impuso un modelo de país en el que no entramos todos y todas”, enfatizó, desencadenando la reacción airada de la principal oposición.

Entre gritos, Penacca insistió en que “podemos disentir”, y mientras Cecilia Moreau pedía silencio, la diputada camporista admitió la importancia de tener un debate que pudiera “acalorar o generar algunas diferencias, en la base de acuerdo común que tenemos en acompañar este  proyecto, pero también considero yo, y es una opinión, que hoy  a la juventud también se la convoca a la desesperanza”.

“Hoy también hay algunos y algunas que convocan a la juventud a desorganizarse, que plantean que la política y la organización social o popular no es el camino. También hay quienes convocan a la juventud a odiar, y yo creo que hay claramente en este ejemplo que los jóvenes sobrevivientes de Cromañón quieren dejar a generaciones futuras, además de la memoria futura, que quede claro que ese día en Cromañón no hubo desesperanza, individualismo… Hubo amor y hubo solidaridad, y hoy tenemos la oportunidad de que esa frase que muy bien han acuñado los sobrevivientes de Cromañón, la hagamos efectiva: de que Cromañón nos pasó a todos”.

Tras un escándalo, se aprobó el proyecto para expropiar el predio de Cromañón

Si bien todo se encaminaba a una votación con absoluto consenso, el debate sobre la expropiación del predio donde se produjo la tragedia de 2004 devino en un cruce de acusaciones a partir del discurso final de la autora de la iniciativa, Paula Penacca.

La aprobación de la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón donde en 2004 se produjo la tragedia que costó la vida de 194 personas fue unánime, por 207 votos afirmativos. Pero ese consenso expresado a través del número no se compadece con el final bochornoso que tuvo ese debate.

La media sanción se corroboró en medio de los aplausos de víctimas y familiares de quienes sufrieron la tragedia registrada el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda de rock Callejeros. Pero ya en el recinto la concordia se había perdido. Fue a partir del discurso de la diputada autora del proyecto, Paula Penacca (Frente de Todos-CABA), que sobre el final le dio un toque político a su discurso al hablar de cuándo sucedió la tragedia: “En una Argentina que estábamos empezando a levantar, después de otra tragedia como la de diciembre de 2001”, dijo. Y trascartón se refirió a “un gobierno neoliberal que también expulsó a la juventud”, en referencia a la gestión de Mauricio Macri.

Hasta entonces, la única alusión política la había hecho el diputado José Luis Espert, al disparar contra Néstor y Cristina Kirchner, a quienes acusó de haber apañado en su momento a Aníbal Ibarra tras la tragedia. Las expresiones de Penacca parecieron salir en su respuesta.

Ahí estalló la reacción de la oposición, comenzaron los gritos y se perdió definitivamente la calma.

Tras el discurso de Penacca sobrevino el desbande y los diputados de Juntos por el Cambio amagaron con retirarse. Finalmente y entre gritos se quedaron, pero muchos omitieron hacer efectivo su voto y tuvieron que expresarlo ante la consulta de la presidenta del Cuerpo, y en esas circunstancias muchos aprovecharon para expresarse de manera crítica respecto de los dichos de Penacca en particular y el Frente de Todos en general. Y pidieron “disculpas” a los familiares que contemplaban la escena desde los palcos.

Fue el caso del diputado Alvaro González, que recordó que en tiempos de Cromañón era legislador porteño, y señaló: “Le pido a la bancada oficialista que tenga memoria y sean responsables y memoriosos, por los chicos de Cromañón”.

Graciela Ocaña también pidió disculpas “por estar presenciando esta escena”, y agregó: “Hay que tener memoria de lo que fue Cromañón y entender que la corrupción mata”.

Todo entre reproches por una supuesta falta de respeto de la presidenta del Cuerpo al titular del bloque Pro, Cristian Ritondo. “Yo no le falté el respeto al diputado Ritondo, nadie fue censurado en el uso de la palabra”.

La oficialista Blanca Osuna intervino para expresar que “todos y todas sabemos que hay diferencias de pensamientos y queremos acompañar este proyecto y que nos interpelen. En esta Cámara cada uno es libre de decir su posición y debe ser respetado. Esa es la base de la democracia”.

A su vez, Ritondo se reivindicó como autor del proyecto, como tantos otros. Y tras señalar que él estaba en la Legislatura porteña en los tiempos de Cromañón y los años siguientes, recordó “cuando el bloque de la diputada (Penacca) protegía a Aníbal Ibarra, a los chicos no los mató el neoliberalismo… los mató la corrupción de Aníbal Ibarra, que pertenece al Gobierno que hoy gobierna.

Tras la votación, Cecilia Moreau le dio la palabra a Paula Penacca para una cuestión de privilegio, pero ella declinó esa posibilidad. “No voy a hacer uso de la palara porque lo importante es que pudimos hacer”, dijo.

Mientras tanto, oficialistas y opositores se retiraban del recinto y ante la falta de quórum y ya sin temas por tratar, se dio por terminada la sesión.

Un proyecto consensuado

El incendio de Cromañón es considerado la peor tragedia mundial en la historia de la música rock y una de las mayores tragedias no naturales en la Argentina.

El proyecto fue impulsado, como dijimos, por la diputada Paula Penacca y figuran como cofirmantes a 24 diputados de todas las bancadas. En efecto, la iniciativa cuenta con las firmas de los diputados Cristian Ritondo, Mario Negri, Alejandro “Topo” Rodríguez, Rodrigo De Loredo, Juan Manuel López, Luis Di Giacomo, Margarita Stolbizer, Myriam Bregman, Diego Sartori, Mónica Fein, Romina del Plá, Mara Brawer, Carla Carrizo, Nicolás del Caño, Itai Hagman, Federico Fagioli, Karina Banfi, Maximiliano Ferraro, Tomás Ledesma, Facundo Manes, María Luján Rey, Alejandro Vilca Leandro Santoro.

El debate

Ofició de miembro informante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el pampeano oficialista Hernán Pérez Araujo, quien celebró en primer lugar el consenso alcanzado con el dictamen en ambas comisiones para la expropiación de los dos inmuebles en cuestión. “Este proyecto es producto del trabajo de las organizaciones de víctimas sobrevivientes y de familiares de víctimas fatales, del que creo que es el hecho más luctuoso de nuestra historia democrática reciente”.

“El Estado debe hacerse cargo no solo de la reparación de los daños, sino también de una obligación que viene imponiéndose de manera internacional que es la reparación simbólica”, enfatizó.

El legislador oficialista recordó la elocuencia percibida en el trabajo realizado en las dos comisiones que trataron el tema. “Fue muy elocuente en el trabajo en las dos comisiones el uso de la palabra de dos sobrevivientes de esta masacre que tristemente recordamos: Belkis Contino y Nicolás Papola, que nos hicieron partícipes del sentimiento de víctimas sobrevivientes, como familiares de víctimas fatales vienen padeciendo desde el 30 de diciembre de 2004 a la fecha”.

“En mi caso, y como muchos de nosotros, formo parte de una generación que vivió en carne propia lo que sucedió esa noche”, comentó en otro pasaje, puntualizando que “todos tenemos algún conocido o familiar que resultó víctima fatal o sobreviviente” de esa tragedia.

Pérez Araujo justificó la decisión de expropiar comparándola con otros casos registrados en otras partes del mundo y concluyó remarcando que algo así “no puede quedar solo en la reparación pecunaria, sino también debe ser simbólica”.

A continuación, María Luján Rey habló como diputada, pero sobre todo desde la experiencia de haber estado del mismo lado que hoy están los familiares de las víctimas de Cromañón, por haber sido ella una de las caras visibles de lo que representó la lucha por la Tragedia de Once.

“En este país se viven con intensidad a veces cosas que son irrelevantes y se relativizan cosas importantes”, arrancó la diputada del Pro, que habló de “una masacre, un crimen social, un crimen en el que murieron 194 jóvenes, en el que quedaron destrozadas familias… El dolor se convierte en enfermedad y así, durante años, las víctimas de Cromañón siguieron aumentando”.

María Luján Rey habló de padres, madres, hermanos, amigos, que “empezaron a buscar justicia; un camino que deben cursar las víctimas, aunque el sentido común nos dice que ese camino deberían transitarlo otros y las víctimas realizar el duelo”.

Tras recordar la Tragedia de Once, la diputada resaltó por su experiencia que “todos debieran entender que estas luchas son para toda la vida”. Y en esa lucha, dijo, “nos seguimos acompañando y no solamente compartimos marchas, aniversarios: compartimos la necesidad de tener en claro qué pasó y sobre todo que no se olvide por qué pasó. Para que en un futuro no vengan otros funcionarios corruptos, otros organizadores de shows que arrastren a nuestros hijos a la muerte”.

A su turno, Romina del Plá habló de un largo camino de lucha, porque en este país cada una de las masacres ha sido el resultado de una larga superposición de acciones donde se ha despreciado íntegramente la vida de las personas. En el caso de Cromañón está claro que se ha combinado de un modo tremendo, tanto el negocio privado, como el accionar de los funcionarios que bajo todos los mecanismos de la corrupción, de los negociados, del sostenimiento del negocio, han permitido esta masacre”.

Desde la otra vereda habló José Luis Espert, para quien el proyecto que dijo que apoyaría “es de una enorme sensibilidad social. La expropiación de un inmueble donde sucedió, desde mi punto de vista, la mayor masacre de nuestro país”.

Luego de señalar que las víctimas de Cromañón “deben ser honradas”, Espert consideró “apropiado avanzar en la expropiación de este inmueble, tal como en muchas partes del mundo donde han ocurrido tragedias también se han expropiado esas propiedades. Las familias lo merecen y anticipo mi voto afirmativo”.

A continuación, Espert le dio un toque político al considerar que “este espacio tiene que ser un espacio de memoria colectiva de la corrupción que hubo en torno a Cromañón”. Le apuntó en primer lugar al entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, y a “los padrinos de él que guardaron silencio. Hablo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner… Cuatro días tardaron en abrir la boca sobre lo que había pasado”.

Dijo esperar que con esta ley el Frente de Todos se redima de “la vergüenza de ese silencio” que atribuyó a la intención de “defender sin decirlo a su delfín”, en referencia a Ibarra, de quien recordó que fue abogado de la actual vicepresidenta en la causa del memorando con Irán, y también legislador porteño del espacio que hoy gobierna.

Aludió también a que muy cerca de esos inmuebles que se van a expropiar se desató “la mal llamada tragedia de Once, (que tuvo) 52 personas muertas y 789 heridos. Por lo tanto este nuevo espacio que se va a construir debería ser un espacio que nos invite a todos a reflexionar que la corrupción en el Estado mata”.

“Ojalá este predio no sea profanado como la ESMA lo fue por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que realizó allí la muestra ‘Neoliberalismo Nunca Más’, emparentando las ideas liberales que han hecho próspero al mundo con los asesinos de la dictadura”, dijo, pidiendo que ese espacio “no se profane, que no sea partidista, sino que realmente se le rinda culto a los que fallecieron”, y concluyó pidiendo “nunca más a la corrupción”.

A su turno, Myriam Bregman agradeció a los familiares y sobrevivientes “que nos mostraron cómo se consigue justicia”. “Muchas gracias por haber tenido el coraje y la valentía por haber enfrentado a los sucesivos gobiernos a un Estado siempre presente para poner trabas”. Y concluyó recordando el canto popularizado en “esas marchas que acompañamos tantas veces: ‘Ni la bengala, ni el rock & roll, a los  pibes los mató la corrupción”.

Al adelantar el acompañamiento del interbloque Federal al proyecto, Alejandro “Topo” Rodríguez consideró que esa aprobación “será una acción que ayude a desocultar Cromañón, porque 18 años después sigue estando allí, oculto, privadamente ajeno, cerrado”.

“No hubiésemos llegado hasta aquí si no hubiese sido por ese trabajo sabio de los familiares, de los sobrevivientes, de las amigas y amigos. Ellos han alcanzado un logro que no abunda”, resaltó, valorando el acompañamiento alcanzado en la Cámara baja. “Para que esta intención sea realidad efectiva, no solo basta con aprobar la ley: tenemos que trabajar estos días para asegurar que una partida presupuestaria respalde la intención que lleva esta ley y no termine en una mera intención”.

A su turno, el presidente del bloque radical, Mario Negri, expresó el reconocimiento de toda la Cámara “al obstinado, persistente y silencioso camino emprendido para que este día ocurra”.

“Un día difícil en el recuerdo y la memoria de muchos”, remarcó el legislador cordobés, que consideró esa tragedia como “un antes y un después en la historia argentina”. Detalló a continuación la “trampa mortal” en la que quedaron atrapados los concurrentes al boliche de Cromañón esa noche, y habló de “corrupción, desidia, gesto heroico de jóvenes que volvían a rescatar a los que pidieran”.

“Hoy 18 años después venimos a arropar aquel lugar donde el dolor se hizo carne”, agregó el jefe del bloque UCR, para quien “nada es inevitable: aquella noche también es evitable”.

En un mensaje leído, Negri agregó que “venimos a cuidar de la memoria”, una memoria que “ha sido protegida en buena medida estos 18 años, por ustedes, familiares, amigos de las víctimas, redes que disparaban, organizaciones que se creaban, sobrevivientes que siguen imaginando un futuro con aquel pasado. Ellos han ayudado a mantener viva la sensación de justicia y memoria”.

Cerró la extensa lista de oradores la autora del proyecto aprobado, Paula Penacca. La diputada camporista arrancó destacando el papel de los familiares, que –dijo- “han construido todo ese dolor tan profundo de las pérdidas en lucha”

Aclaró que la suya no era una frase hecha, “porque tenemos como pueblo una tradición en ese sentido”, y comparó esa lucha con la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “En esa lucha han encontrado muchísimos obstáculos –afirmó-. Además, tuvieron la capacidad de construir consensos en esta Cámara y que este sea un proyecto transversal también nos hace mejor como representantes del pueblo”.

Hasta ahí, puro consenso. Pero ahí la emprendió contra “los medios hegemónicos”. Penacca afirmó que los familiares y víctimas “tuvieron que también plantarse frente a la estigmatización de los medios. Después de lo que sucedió, los grandes medios construyeron un montón de mentiras sobre lo que sucedió allí”.

Comentó que todos los que tienen su edad tienen algún conocido que en esa época se tuvo que ir del país “a probar suerte, a buscar un futuro distinto. Y sí, allá, los diputados y diputadas que quieren sacar rédito de este debate me dicen: ‘como ahora’. Y yo les digo sí, por eso es importante que lo traigan ahora. Porque también esta es una Argentina que estamos teniendo que levantar”.

Y estamos teniendo que levantar esta Argentina porque igual que en el 2001 se impuso hace unos años un Gobierno que con un modelo económico neoliberal también expulsó a la juventud; también expulsó a los científicos y científicas de nuestro país… También impuso un modelo de país en el que no entramos todos y todas”, enfatizó, desencadenando la reacción airada de la principal oposición.

Esta semana esperan sancionar la expropiación de Cromañón

Con tal objetivo habrá un plenario de comisiones este martes, con el fin de emitir el dictamen correspondiente para el tratamiento posterior en el recinto al día siguiente.

La Cámara baja se propone dar media sanción esta semana a un proyecto de la diputada camporista Paula Penacca, que pretende declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde se produjo en 2004 la tragedia que costó la vida de 194 personas.

Con tal fin está prevista para este martes un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, en el que se buscará emitir un dictamen consensuado que permita el tratamiento del proyecto en la sesión prevista para el día siguiente, a partir de las 12.30.

El proyecto fue abordado el miércoles pasado durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se pretendía emitir dictamen, pero al modificarse un artículo se decidió aguardar a la espera del expediente del dominio e inhibiciones. Eso sucederá entonces en el plenario de este martes a partir de las 18.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.

Cabe destacar que el proyecto está firmado por diversos bloques con representación parlamentaria.

Participaron de la reunión del miércoles pasado sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia, que solicitaron modificar el texto al sumar la expropiación de la parcela lindera a Cromañón sobre Jean Jaures N° 51. Debido a esto, se resolvió convocar a una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda para emitir dictamen con las modificaciones propuestas, con los informes de dominio incluidos.

Avanzó el debate de la expropiación del predio de Cromañón

En la reunión de Asuntos Constitucionales se resolvió postergar la firma del dictamen, a la espera del informe de dominio, y se hará en el marco de un plenario con la Comisión de Presupuesto.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el legislador oficialista Hernán Pérez Araujo avanzó este miércoles con la iniciativa que prevé la expropiación del predio donde ocurrió la tragedia de Cromañón, para declararlo de utilidad pública. El proyecto es impulsado por la diputada nacional Paula Penacca (FdT-CABA), y acompañado por miembros de todos los bloques. Según se resolvió, volverá a ser analizado en el marco de una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para la posterior emisión su dictamen, tras el pedido de modificación de un artículo y a la espera del expediente de dominio e inhibiciones.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”. A su vez, organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia solicitaron que se agregara, en la redacción de la iniciativa, a la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51, al lado del predio.

En la Sala uno del segundo piso del “Anexo A”, estuvieron Nicolás Papola y Belkis Contino, sobrevivientes de la tragedia, quienes acompañaron el pedido de expropiación del predio y detallaron el pedido, para agregar a la parcela lindera mencionada.

Ambos sobrevivientes agradecieron a los diferentes bloques de la Cámara baja por el consenso y la unanimidad demostrada ante el proyecto de ley, y recordaron enfáticamente a las 194 víctimas y a los 4500 sobrevivientes de la tragedia de Cromañón. 

Nicolás Papola criticó a los medios gráficos nacionales por “haber mal informado sobre la existencia de una guardería en el baño de mujeres al momento de la tragedia”. Belkis Contino, por su parte, responsabilizó directamente al empresario Rafael Levy, dueño del lugar, por “haber armado una trampa mortal para los jóvenes” al no cumplir con los requisitos edilicios necesarios en el edificio.  “A través de este proyecto de ley confiamos en que se harán cargo en la construcción de memoria de la masacre de Cromañón para llegar a diciembre con la iniciativa hecha ley”, solicitaron.

La autora del proyecto, Paula Penacca, indicó que la declaración de interés de expropiar el predio fue unánime y manifestó que “adhiere a la modificación presentada por los jóvenes sobrevivientes porque no cambia la voluntad del sentido”. Por otro lado, anunció que antes de dictaminar y de pasar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, “se debía disponer del informe de dominio”.

La diputada Paula Penacca, autora del proyecto sobre Cromañón.

Las diputadas nacionales Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Laura Rodríguez Machado (Pro) y Carla Carrizo (Evolución Radical) coincidieron en que el proyecto debía ser “expeditivo con el informe de dominio” y que debía tratarse en un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la seguridad de que el acompañamiento es unánime.

En tal sentido, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) adhirió a la idea de “mantener las formalidades para hacerlo correctamente” y declarar de utilidad pública el predio, al igual que el jefe de bloque radical Mario Negri, quien anunció que el proyecto será “dictaminado” en la reunión plenaria de la semana que viene previo a la sesión de la Cámara de Diputados.

Datos personales de Internet y Convención Belem Do Para

Otro tema que trató la reunión fue el que otorga jerarquía constitucional a la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, elaborado en Convención de Belem Do Para suscripta en el año 94, y obtuvo el consenso de los 28 legisladores presentes para su posterior tratamiento en las comisiones de Relaciones Internacionales y de Mujeres y Diversidad.

Las diputadas Silvia Lospennato (Pro), Pamela Calletti (FdT) y Graciela Camaño sostuvieron que “no es la primera vez que se intenta constitucionalizar a la Convención Belem Do Para”, a la que consideraron como “una herramienta fabulosa en el ámbito de la Jurisprudencia de nuestro país para construir sociedad con perspectiva de género”.

El titular de la comisión anunció que la iniciativa obtuvo “el acompañamiento de los 28 diputados firmantes de los diferentes bloques”, por lo cual se logró el consenso y unanimidad del compromiso que habían pactado previo a la reunión.

En tercer lugar, se trató el proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo modificatorio del Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo, el cual pasó a la firma y al dictamen por mayoría.

La diputada Karina Banfi (UCR) manifestó la importancia de “proteger los datos biométricos en Internet” para avanzar en un marco internacional de “regulación de redes sociales para acordar criterios sobre la conversación pública”. Además, mencionó el tratamiento, a futuro, acerca del proyecto de ley sobre protección de datos personales que perdió estado parlamentario en tiempo pasado. De tal forma, el presidente de la comisión anunció la emisión del dictamen de la iniciativa.

El FdT le pide a Bullrich y Ritondo que repudien los dichos de Francisco Sánchez sobre la pena de muerte

El bloque de diputados oficialistas le envió sendas cartas a la titular del partido y el jefe de la bancada para que soliciten al legislador neuquino rectificar sus declaraciones en torno a CFK.

El bloque del Frente de Todos en Diputados le envió notas a Patricia Bullrich, presidenta del Pro, y Cristian Ritondo, jefe de la bancada macrista en la Cámara baja, para solicitarles que repudien los dichos del diputado neuquino Francisco Sánchez, quien planteó la pena de muerte para quienes cometan el delito de traición a la Patria en alusión a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Nos dirigimos a usted en su calidad de presidenta del Pro y apelando a la responsabilidad que conlleva la conducción de un partido político con representación nacional”, arranca la misiva dirigida a Bullrich, que lleva las firmas del presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, y la secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca.

En la carta, recuerdan que “en los últimos días, el diputado Francisco Sánchez ha tenido declaraciones públicas que hacen referencia directa a la aplicación de la pena de muerte a la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, y en las últimas horas, en ocasión de una entrevista radial, ha ratificado dicha posición”.

“Sinceramente, y en representación del bloque del Frente de Todos que nos toca conducir, entendemos que declaraciones de esa magnitud no deben ser avaladas, como tampoco convalidadas a partir del silencio“, señalaron.

En esa línea, remarcaron que “el rol que desempeñamos como dirigentes lo debemos hacer asumiendo la representación del pueblo y en estricto cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, la que debemos cumplir y hacer cumplir sin concesiones de ningún tipo”.

“Declaraciones como las del diputado Sánchez claramente van contra el mandato constitucional y constituye un desorden de conducta que, reiteramos, no podemos avalar como hombres y mujeres de la democracia”, subrayaron.

Los oficialistas le pidieron entonces a Bullrich que en “su partido se expida repudiando dichas declaraciones y que se solicite al diputado que se rectifique de sus dichos, toda vez que son inconstitucionales y generan un agravio al pueblo argentino y a la democracia”.

“Tal como el sábado 3 de septiembre la Honorable Cámara de Diputados de la Nación se expidió, con acompañamiento del bloque de su partido, creemos que hacerlo es ni más ni menos que contribuir a la paz social”, concluyeron.

En tanto, a carta enviada a Ritondo es similar, pero en ella Martínez y Penacca lo hacen “apelando a la responsabilidad que conlleva la conducción un bloque político; tarea que compartimos”.

También apuntan que al asumir como diputados, “lo hacemos jurando por la Constitución Nacional, la que debemos cumplir y hacer cumplir sin concesiones de ningún tipo”; mientras que las declaraciones de Sánchez “van contra ese juramento y constituyen un desorden de conducta que, reiteramos, no podemos avalar como hombres y mujeres de la democracia”, sobre la que generan un “agravio” como también “al cuerpo al que pertenecemos”.

El 22 de agosto pasado, en ocasión de la audiencia del juicio por la causa “Vialidad” cuando, en el final de sus alegatos, los fiscales pidieron una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos para la vicepresidenta, Sánchez publicó en su cuenta de Twitter: “12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”.

Pese a los repudios, e incluso el pedido de expulsión por parte de diputados oficialistas, este jueves el diputado macrista ratificó su posición. “Yo presenté el año pasado un proyecto de ley para que los delitos más aberrantes, a mí entender los delitos de violación de menores seguidos de muerte, sobre todo cuando tiene que ver con bebés, con criaturas pequeñas, correspondería la pena de muerte”, recordó en declaraciones a AM550.

Y señaló: “Cuando yo presenté este proyecto muchísimos argentinos de todas partes me pidieron que también lo amplíe (la pena de muerte) para los delitos de corrupción agravada, cosa que hice”. “Me parece que, independientemente de la visión de cada uno, son cosas que se pueden legislar, se pueden discutir, y si hay un ámbito para hacerlo es el Congreso de la Nación”, consideró sobre algo que ya fue abolido en la Constitución.

Mar de fondo por la sesión del martes 5 pedida por Juntos por el Cambio

Fue pedida por Juntos por el Cambio, entre otras cosas para derogar la Ley de Alquileres, pero necesita del aporte de otras bancadas para el quórum y después los 2/3 para aprobar cualquier proyecto. Malestar de otros sectores por decisiones “inconsultas”.

Termina el primer mes de sesiones ordinarias en la Cámara baja con más carretel en el debe que en el haber. Apenas una sesión -maratónica, eso sí-, generada por imperio de las circunstancias -la amenaza del default- y que dejó mucha tela para cortar pues marcó una división tácita en el seno del oficialismo. Pero solo dos comisiones se han constituido desde el recambio legislativo. Y si se tiene en cuenta que el trabajo en las comisiones es el eje fundamental de la labor legislativa, nada más claro para graficar el estado de parálisis en el que está sumida la Cámara de Diputados.

Se afirma semana a semana que en la siguiente esa situación se revertirá, pero ya esos anuncios no los cree nadie. Todo es un reflejo de lo que sucedió con las fracasadas sesiones extraordinarias, donde el Gobierno mandó un ambicioso listado de iniciativas de las cuales no pudo ser tratado ni una.

Apenas dos comisiones se han constituido desde el 10 de diciembre pasado y ambas fueron por la necesidad de tratar el aval al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Las discusiones sobre el resto continúan empantanadas y la responsabilidad por ello se le endilga tanto al oficialismo como la principal oposición. Es verdad que Juntos por el Cambio pretende hacer valer la victoria electoral conseguida en las legislativas de noviembre pasado y de ahí que reclame más presidencias; también es cierto que el oficialismo tiene sus propios problemas: con la división generada en el bloque Frente de Todos tras la renuncia de Máximo Kirchner, está opinado el reparto de las comisiones.

De hecho, también hay objeciones en torno a la conformación del propio bloque oficialista. Tras la salida del hijo de los Kirchner, presentaron sus renuncias la vicepresidenta Cecilia Moreau y la secretaria Parlamentaria Paula Penacca, aunque el nuevo jefe del bloque, Germán Martínez, las ratificó verbalmente. Lo cierto es que es el cargo de la diputada camporista el que más de uno objeta. Se trata de un puesto clave y es insólito que en el debut del santafesino Martínez al frente del bloque su secretaria Parlamentaria, que es quien debe encargarse de recolectar los votos, votara en contra.

Previsible, tratándose de una dirigente de La Cámpora que responde obviamente a Máximo Kirchner, pero más que suficiente que precisamente por ello se imponga un cambio. En aras de la armonía de un bloque muy revuelto, de momento la resolución de ese tema ha sido postergada.

La sesión del 5

En ese marco es que Juntos por el Cambio busca hacerse cargo de la agenda y es por eso que pidió una sesión especial para el 5 de abril. Solo dos temas han sido pactados para esa jornada, pero más que emblemáticos: la derogación de la Ley de Alquileres, que fue uno de los temas enarbolados en la campaña electoral a pesar de haber sido originalmente impulsada por Cambiemos cuando era gobierno, y la emergencia por los incendios en las provincias de Corrientes y Misiones. La pregunta del millón es si tendrán quórum, aunque se infiere que ese no sería el motivo principal de la movida opositora, sino dejar expuesto al oficialismo con su ausencia y forzar a pronunciarse con sus actos al resto de la oposición.

Es lo que han dejado trascender los convocantes aun antes de la formalización de este pedido de sesión que se conoció oficialmente el viernes pasado. Allí queda claro en las firmas el mapa variopinto de la convocatoria, que parece destinado a conformar a todas las partes internas: allí figuran los presidentes de los bloques principales de JxC, Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López, pero también los de los otros espacios que conforman el mosaico de la principal oposición, incluidos monobloques: Rodrigo de Loredo, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy y Carlos Zapata, entre otros.

Son 116 los miembros de JxC y a ellos se sumarán los 4 libertarios. Así lo confirmó el fin de semana José Luis Espert, que si bien no puede hablar en nombre de Javier Milei, va de suyo que ambos sectores estarán. El primero pidió sumar un proyecto propio: en tren de derogaciones, quiere avanzar también con la Ley de Abastecimiento.

Con 120 diputados supuestamente confirmados entonces, estarían faltando 9 para arrancar una sesión que después necesitaría de los 2/3 de los votos para aprobar algo sin dictamen. El interbloque Federal tiene 8 y bien podría ser la llave para la sesión, pero nada indica que estén dispuestos a sumarse. Su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez expresó a parlamentario.com sus diferencias con la actitud de los principales bloques de la Cámara. “Ese estilo de no conformar comisiones, pero convocar a una sesión especial sin que nada pueda concretarse puede convertirse en un mamarracho”, resumió el legislador bonaerense, que reclamó que “los dos grandes bloques tienen que ponerse de acuerdo de una vez, dejando ya la irresponsabilidad y permitiendo que toda la Cámara pase a trabajar de inmediato en una agenda acordada. Todo lo demás, es humo”.

“Lo único que falta es que ahora macristas y kirchneristas se vengan a hacer los salvadores”, dice “Topo” Rodríguez sobre la Ley de Alquileres.

Puntualmente respecto de la Ley de Alquileres que la principal oposición quiere ahora derogar, pero que también el Frente de Todos rechaza, señala Rodríguez: “Macristas y kirchneristas son los responsables del pésimo resultado que viene demostrando la ley de alquileres. Lo único que falta es que ahora se vengan a hacer los salvadores”.

No habría caído bien en el resto de la oposición que Juntos por el Cambio se cortara solo pidiendo una sesión especial sin buscar consensuar con los bloques “del medio” para buscar los votos que garantizaran esa sesión. Peor, la señal de querer dejarlos expuestos opera exactamente en sentido contrario. Una señal para asegurar la sesión sería abrir el temario para que los otros sectores pudieran sumar proyectos al temario y poner sus firmas en la convocatoria. De lo contrario, vale la analogía escogida por “Topo” Rodríguez: “Es puro humo”.

En este marco es que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se moverá esta semana con los jefes parlamentarios de la oposición, pero sobre todo los sectores del medio. El llamador será la Ley de Alquileres, que tal cual adelantó el viernes desde Salta pedirá suspender por 90 días, durante los cuales se pondrían a trabajar con una comisión para elaborar una norma que reemplace a la actual.

Lo cierto es que ya las inmobiliarias adelantaron sus reparos respecto de una derogación de la ley vigente, que terminaría dejando todo en un limbo por tiempo indeterminado.

Esa convocatoria de Massa podría garantizar que los bloques que necesitaría Juntos por el Cambio para poder sesionar el martes 5 no se plieguen a esa movida “llevados de las narices” por la principal oposición, tal la figura que deslizaron desde el oficialismo. Consultados por parlamentario.com, referentes de otro bloque clave como es el de Provincias Unidas, confiaron que están “abiertos al diálogo” con ambas partes y anticiparon que están trabajando en un proyecto propio de Ley de Alquileres. Y aclararon están conversando con los dos sectores.

Gesto de Snopek junto a diputados que votaron en contra el proyecto del acuerdo con el FMI

El senador jujeño participó de una reunión con el economista belga Eric Toussaint, quien aconsejó a la Argentina “suspender los pagos y declarar la deuda odiosa”.

legisladores k con eric toussaint deuda fmi

En la previa de la votación en el Senado del proyecto para refinanciar la deuda con el FMI que, se sabe, tendrá un grupo de senadores del núcleo K que no acompañará, uno de los legisladores que se contaba inicialmente como a favor de la iniciativa dio un gesto llamativo.

Se trata del jujeño Guillermo Snopek, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien se mostró bastante duro durante su intervención en el marco de la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien no solo consultó sobre qué pensaba de los cambios al proyecto que se habían hecho en Diputados -sacando su plan económico- sino que además preguntó: “¿Cuántos argentinos duermen en la calle?”. “La situación argentina es muy dura y no he escuchado en las exposiciones (de los funcionarios) cuáles van a ser las respuestas que le vamos a dar a los argentinos”, cuestionó.

En sus redes sociales, la diputada camporista Paula Penacca compartió este martes por la noche un encuentro que se dio en el despacho del senador cristinista Oscar Parrilli, y del que también formaron parte sus pares María Inés Pilatti Vergara y Matías Rodríguez, tres senadores que se cree no avalarán la iniciativa. Pero en ese grupo también se mostró Snopek.

Además estuvieron otras diputadas de La Cámpora como Gabriela Estévez y Florencia Lampreabe, que votaron en contra la semana pasada; y el diputado Itaí Hagman, referenciado en el Frente Patria Grande, que se abstuvo.

Penacca reveló que en la reunión con el economista y politólogo belga Eric Toussaint “se analizaron los principales aspectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Toussaint hizo referencia a la sanción en Bélgica de la ley contra los Fondos Buitre, sancionada en julio de 2015”.

“Antes de finalizar el encuentro afirmó que ‘Argentina tiene la oportunidad de suspender los pagos y declarar la deuda odiosa'”, señaló la diputada.

Con aval del oficialismo, organizaciones sociales se movilizaron al Congreso

Fue para pedir la sanción de una serie de proyectos, entre ellos las leyes de envases y de acceso a la tierra, antes de la finalización de este período legislativo.

En vísperas del recambio legislativo y ante la certeza de que la Cámara de Diputados ya no volverá a reunirse al menos con la actual conformación, organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizaron este jueves al Congreso para reclamar el tratamiento de una serie de iniciativas que ellos apoyan.

Se destacan entre ellas el proyecto de ley de envase y la ley de acceso a la tierra.

El oficialismo le dio su respaldo a la movilización con la presencia de numerosas figuras del bloque Frente de Todos, como las diputadas Paula Penacca, Daniela Vilar, Alcira Figueroa, Cecilia Moreau y María Rosa Martínez.

“Nos movilizamos por una #LeydeEnvases con Inclusión Social. Esta ley viene a saldar una deuda con el ambiente, con los miles de trabajadorxs cartoneros y cartoneras, a generar puestos de trabajo y a impulsar la reconversión de la industria”, tuiteó la diputada camporista Daniela Vilar, que agregó: “Esta ley viene a saldar una deuda con el ambiente, con los miles de trabajadorxs cartoneros y cartoneras, a generar puestos de trabajo y a impulsar la reconversión de la industria”.

En tanto que su par Paula Penacca, secretaria Parlamentaria del bloque que conduce Máximo Kirchner, expresó: “La Justicia Ambiental y la Justicia Social no pueden pensarse por separado. La Ley de Envases es una iniciativa que propone abordar el problema de los residuos urbanos que tenemos en el país apostando a la generación de empleo y cuidando tanto la salud como el ambiente”.

A su vez, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, resaltó el acompañamiento a las distintas organizaciones “en su movilización para pedir la sanción de la #LeydeAccesoAlaTierraYa, entre otras leyes importantes que esperamos poder tratar este año”.

Entre las leyes que esperan sanción del Congreso figuran también la que está dirigida a personas en situación de calle; la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena; y la ley conocida como Bety Quispe, que propone crear la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad en los Centros Integrales de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue el primer fracaso de una sesión para el Frente de Todos

Varias veces estuvo el oficialismo en Diputados en aprietos para conseguir el quórum, pero siempre había salido airoso… hasta ahora.

No fue un buen debut para Paula Penacca, flamante secretaria Parlamentaria del bloque oficialista que conduce Máximo Kirchner. Por primera vez desde que se constituyó, con la llegada al poder por parte de Alberto Fernández, el bloque no consiguió llevar adelante una sesión especial solicitada por el mismo. No habrá que cargarle las culpas a la joven diputada de La Cámpora, pues la tenía complicada, pero lo que a priori se estimaba difícil de conseguir se confirmó este martes, cuando a los 45 minutos del horario original al que había sido convocada la primera sesión presencial en 19 meses en la Cámara baja se dio por caída por falta de quórum. Al oficialismo le faltaron siete diputados para alcanzar el número necesario para arrancar la sesión.

Lo cierto es que esta fue la primera vez en que le sucede esto al bloque que preside Máximo Kirchner. Alguna vez había estado complicado, pero nunca tuvo que terminar mascullando bronca y sesionando en minoría. En rigor, solo una vez se las vio complicado, aunque terminó saliendo airoso.

Fue el 27 de febrero de 2020, precisamente en la última sesión presencial que hubo antes de que la pandemia diera inicio a la era de la virtualidad. En esa oportunidad, se debía votar la modificación de los regímenes especiales de jueces y diplomáticos. La reunión había sido convocada para las 12.15, y a las 12.49 produjo el ingreso del diputado Eduardo Valdés, el número 127. El 128 llegó 3 minutos después, el puntano Carlos Ponce. Y el número mágico se alcanzó con la llegada de la fueguina Mabel Caparrós, cuando apenas faltaba un minuto para los 45 minutos de espera que se estila como límite.

Ese día el oficialismo sentó en sus bancas a 114 diputados; el número necesario lo alcanzó con los 8 miembros que entonces tenía el interbloque de José Luis Ramón,  los dos de la izquierda (Nicolás del Caño y Romina del Plá) y la neuquina Alma Sapag, además de los cuatro miembros de Córdoba Federal.

Pero el detalle saliente fue que el quórum se había logrado con la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido votado por el Senado como embajador en Brasil, lo cual motivó una cuestión de privilegio de Mario Negri cuestionando la presencia de alguien cuya renuncia iba a ser justamente aprobada ese día. No por eso, sino porque ya lo consideraban en otro cargo.

“Es de absoluta anormalidad y torna inválido el quórum con el que se dio inicio a la sesión”, señaló entonces Negri. Sergio Massa replicó que “hasta que haya aceptación de la renuncia por parte del Cuerpo”, el designado embajador seguía siendo diputado.

Hubo una gran polémica, pero ninguna modificación de lo resuelto.

Lo cierto es que no es casual que precisamente en la última sesión presencial pre-pandemia el oficialismo haya tenido que sudar para reunir el quórum, y más de un año y medio después, al volver la presencialidad plena haya sufrido este traspié. La virtualidad es evidentemente facilitadora para ese trámite clave. Aunque un elemento seguramente de mayor peso es que el elemento diferenciador entre el presente y el pasado puede encontrarse en la derrota electoral del oficialismo, el pasado 12 de septiembre.

Una camporista cumplirá un rol clave en el bloque oficialista

Se trata de reemplazar las funciones que cumplía la renunciante Cristina Alvarez Rodríguez.

En el retorno de las sesiones vuelve a tallar la figura de un puesto clave en todo bloque importante: la Secretaría Parlamentaria. Es que esa persona es la que debe encargarse por ejemplo de reunir el quórum cuando corresponde.

En el caso del oficialismo en Diputados, dejó ese cargo para asumir como ministra de Gobierno bonaerense Cristina Alvarez Rodríguez.

¿Quién la reemplazará? La diputada camporista Paula Penacca, ya confirmada como nueva secretaria Parlamentaria.

Penacca es miembro de La Cámpora, muy cercana al presidente del bloque Frente de Todos, Máximo Kirchner, y es en la actualidad presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

Fue legisladora porteña entre 2013 y 2019, y en el Parlamento de la Ciudad ocupó la presidencia de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana.

Penacca arranca con una responsabilidad complicada, como es ocuparse de reunir el quórum para la sesión de este martes, en la que eso será complicado, por cuanto desde la  oposición adelantaron la intención de no facilitarle el quórum para el tratamiento del proyecto de ley de etiquetado frontal.

Desde el FdT salieron al cruce de Vidal por sus dichos sobre la Presidencia de Diputados

Legisladores oficialistas cuestionaron a la candidata a diputada por la Ciudad y calificaron a los opositores de “golpistas”.

itai hagman

Diputados del Frente de Todos salieron al cruce de María Eugenia Vidal, luego que la exgobernadora bonaerense expresara el interés de ir por la Presidencia de la Cámara de Diputados, en caso que Juntos por el Cambio se transforme en la primera minoría de ese Cuerpo luego de las elecciones legislativas.

A las voces de algunos dirigentes de la alianza opositora, como Elisa Carrió, se sumó ahora la candidata por la Ciudad, quien expresó durante una entrevista que “ahora la oportunidad es frenar el quórum (del oficialismo) en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados”.

Sobre sus declaraciones, el diputado Itaí Hagman criticó que “Vidal pide el voto para quedarse con la Presidencia de Diputados”. “Piensen esto: ¿Qué se habría dicho si en 2016 con (Mauricio) Macri presidente y el Frente para la Victoria primera minoría se hubiera planteado lo mismo? Golpistas y autoritarios lo mínimo, pero lo hace el PRO…”, resaltó.

En tanto, la diputada Paula Penacca escribió en su Twitter: “Alguien que le explique a Vidal que la democracia no es una herramienta para atropellar la República”. “Significó mucho esfuerzo consolidar nuestra democracia como para que ahora, quienes saquearon al pueblo, intenten dar lecciones sobre el funcionamiento de las instituciones…”, agregó.

“Se ve que a Vidal le gustan los departamentos caros y los golpes institucionales”, lanzó por su parte el senador nacional Mariano Recalde.

Otro que cargó duro contra la dirigente del Pro fue el diputado Rodolfo Tailhade, quien manifestó: “¿Así que Vidal dijo que va por la Presidencia de la Cámara? Bueno, yo voy por el procesamiento de esta corrupta, que se compró un departamento de medio millón de dólares con plata que se robó del Banco Provincia”.

Y advirtió que “antes del golpe institucional que está planeando, se va a tener que ocupar de la denuncia penal que voy a presentar por malversación de fondos públicos y posterior lavado de dinero con mucha prueba y documentación”.

También se refirió al asunto Leandro Santoro, primer candidato a diputado del FdT en la Ciudad, contrincante de Vidal, quien opinó que hay “cosas que Vidal no puede explicar: por qué se cambió 2 veces de distrito; cómo se compró un piso en Recoleta; y cómo es que se dicen republicanos y se quieren quedar con la Presidencia de la Cámara de Diputados para ponerse en la línea de sucesión presidencial, sin tener mayoría”.

“La exgobernadora devenida en porteña acumula incoherencias. Se embandera en la República y se quiere quedar con la Presidencia de Diputados, sin tener mayoría. Quienes nos hundieron, quieren venir a enseñarnos sobre el funcionamiento de las instituciones? No hay remate”, publicó el diputado Federico Fagioli en sus redes sociales.

La diputada Mónica Macha, por su parte, advirtió que “las declaraciones de Vidal son anti democráticas y confunden a la sociedad sobre el manejo de las instituciones” porque “no se sabe si es de provincia o de capital y tampoco sabe cómo funciona la gobernabilidad en nuestro país”. La diputada nacional afirmó que la oposición busca “ponerse en la línea de sucesión con el objetivo de desestabilizar y cercenar los recursos institucionales de nuestro gobierno”. En ese sentido y para finalizar afirmó que “la presidencia de la Cámara es un espacio clave en la línea de sucesión presidencial y debe ser respetado en términos democráticos por la voluntad popular que eligió a un frente político para gobernar en 2019”.

Diputados del FdT apuntaron contra Macri por supuesta maniobra de blanqueo de su familia

El legislador kirchnerista justificó así el veto presidencial de entonces y advirtió sobre un fideicomiso que pertenecería a la madre del exmandatario.

Al unísono, varios diputados del Frente de Todos sumaron críticas al expresidente Mauricio Macri porque el hermano de Macri declaró como propio un “trust” cercano a los 25 millones de dólares; cuyo titular era su madre, Alicia Blanco Villegas, que en 2020 -cuatro años después- lo re introdujo en su patrimonio, a pesar de que la ley sancionada en 2016 impedía en su artículo 83 que accediera al beneficio.

Para el diputado Carlos Heller, la maniobra realizada por Gianfranco Macri, hermano del expresidente, quien declaró como propio en 2016 un “trust” que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, “confirma que Mauricio Macri hizo trampa”.

“Se trata de una clara trampa a la ley que ellos mismos sacaron con ciertas particularidades. Recordemos que pusieron la cláusula que prohibía accedieran al beneficio los familiares del presidente para que se la voten, porque si no, no se aprobaba el blanqueo. Luego la vetaron para poder facilitar esta operación y aun así hicieron trampa”, explicó Heller.

“El veto parcial permitió que el hermano pueda, pero los padres no podían”, dijo Heller, quien agregó: “Aparentemente había una plata de la mamá de Macri, unos 25 millones de dólares declarados como de uno de los hermanos (Gianfranco) y ahora aparecen en la declaración de la mamá nuevamente”.

Según el artículo 83 de la Ley sancionada mientras Macri era presidente, quedaban expresamente excluidos de los beneficios los “cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de los funcionarios.

“Esto es grave. Me parece que hay un montón de cuestiones más allá de lo ético que debemos poner en debate, pero de esto no hablan los medios. Es una vergüenza, es grosero. Estamos hablando del 60 por ciento de lo que blanqueó el hermano de Macri y el tema no aparece en los medios”, dijo el diputado porteño.

Para el diputado bonaerense Rodolfo Taihlade se trata de “una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”, remarcó.

En tanto, la legisladora porteña Gabriela Cerruti consideró que “les molesta la plata en los bolsillos de la gente, porque la quieren toda en sus bolsillos”.

“Cada día queda más claro que Macri gobernó para él, para sus amigos ricos y para su familia”, ya que “la ley de blanqueo de capitales impedía que la madre de Macri pudiera blanquear las cuentas que tenía en el extranjero y lo que hicieron fue una maniobra para hacerlo a través de su hermano (Gianfranco) luego de que el ex presidente pidiera que se excluyeran a sus hermanos de la norma”, explicó la legisladora nacional.

Cerruti además indicó que “hicieron una ley a su medida, se llevaron la plata afuera para hacer negocios en el extranjero con plata que habían ganado en Argentina y después la trajeron sin pagar impuestos y con eso siguieron haciendo la bicicleta financiera”.

Para la diputada porteña, “lo mismo que hicieron con al mayor parte de la deuda que tomaron perjudicando a los argentinos y argentinas que la usaron para especulación financiera y que se fugó en dólares”.

“La familia Macri, al igual que (Horacio Rodríguez) Larreta, que (María Eugenia) Vidal y todo el grupo que lo secunda solo quiere regresar al gobierno para seguir haciendo negocios personales y para incrementar su fortuna, ellos y sus amigos a expensas de la enorme mayoría del pueblo argentino”, concluyó.

Al igual que Carlos Heller y Gabriela Cerruti, la legisladora Mara Brawer criticó la maniobra realizada por la familia Macri para blanquear capitales incumpliendo lo establecido por la Ley sancionada en el gobierno de Cambiemos.

“Durante la gestión de Mauricio Macri como presidente, su hermano blanqueó 35 millones de dólares. La ley no permitía el blanqueo de familiares de un funcionario público”, expresó Mara Brawer.

“Pudimos conocer lo que fue un verdadero blanqueo trucho. El hermano de Macri presentó como propio un fideicomiso de la madre de ambos por 25 millones de dólares. Un verdadero escándalo, se llenaron la boca hablando de la transparencia mientras movían millones de dólares sin declarar y mintiendo sobre su titularidad”, agregó la legisladora nacional.

Para Paula Penacca, “con esta noticia se confirma lo que todos sospechábamos: Macri impulsó el blanqueo de capitales para el beneficio de los negocios familiares”.

 “Siempre corriendo los límites de lo legal, Gianfranco Macri blanqueó como si fuera propio un fideicomiso de la madre del expresidente, algo que la ley de blanqueo expresamente impedía”, indicó Penacca.

El diputado Rodolfo Tailhade indicó: “Una familia dedicada al delito. Los 25 millones de dólares que la madre de Mauricio Macri tenía en negro, son producto de la evasión y el lavado. Por eso vamos a impulsar una denuncia contra Alicia Blanco Villegas y sus hijos Mauricio y Gianfranco. Los tres deberían estar presos”.

La diputada bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó la maniobra de blanqueo de la familia del ex presidente. “Macri ya dijo en televisión que la única forma que conoce de hacer plata es evadiendo impuestos”.

“Ahora sabemos también que lo otro que necesitaba era un gobierno que les permitiera blanquear ese dinero. El suyo”, agregó Vilar.

Por su parte el diputado porteño, Itaí Hagman, expresó: “Gianfranco, que es Macri, no pudo con su genio y la costumbre familiar: hicieron trampa incluso al blanqueo que armaron para sus amigos y parientes”; y advirtió “esta gente quiere volver a gobernar el país”.

Con la ausencia de JxC, se llevó a cabo un nuevo debate sobre violencia institucional en Diputados

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja se reunieron este viernes con expositores representantes de organismos que lidian con violencia institucional en la práctica.

Con la ausencia de Juntos por el Cambio y momentos de tensión entre el oficialismo y la principal oposición, las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados llevaron a cabo un nuevo debate sobre violencia institucional este viernes en una reunión remota. Entre exposiciones, el diputado Sebastián Nicolás Salvador (UCR-Buenos Aires) hizo una fugaz aparición para aclarar que su bloque estaba ausente por cuestiones del “funcionamiento de nuestra comisión”.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, abrió la discusión sobre aquellos casos en los que la violencia institucional se ejerce sobre niños y adolescentes. Propuso, por ejemplo, crear un capítulo especial en la ley dedicado a los niños. Planteó la necesidad de crear un mecanismo de protección para los menores que realicen denuncias.

Por su lado, el expositor Gustavo Palmieri, comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, se preocupó por delimitar la diferencia entre la violencia institucional y la tortura. “En Argentina -la violencia institucional- tiene una capacidad de articulación de denuncias y de respuesta muy importante”, aseguró. Puso el foco en la importancia de los registros de situaciones. Aclaró también que las víctimas “necesitan acompañamiento para superar las situaciones por las que han pasado”.

En el mismo sentido, Rocío Alcomada Alfonsín, también comisionada del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, pidió una articulación en la recepción  de denuncias de violencia institucional y tortura. “La idea no es que esto sea un obstáculo en lugar de una ayuda”, enfatizó. También insistió con la protección de las víctimas “esto en la Ley de Víctimas está garantizado”, recordó y aclaró: “Pero no para las víctimas de violencia institucional. Esto se puede agregar”. 

A continuación, María Laura Garrigós, interventora del Servicio Penitenciario Federal, admitió a propósito de la violencia institucional:  “Poder recibir denuncias sobre estos temas, sobre estas prácticas  lleva a diseñar un mapa que nos va a permitir trabajar sobre esas cuestiones, corregirlas”. Luego, se explayó en las capacitaciones de los oficiales y suboficiales. 

A modo de recuerdo de la situación ocurrida en debate anterior sobre violencia institucional, donde el oficialismo y la oposición se cruzaron ante los invitados, la diputada Paula Penacca (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, le otorgó la palabra al legislador Sebastián Nicolás Salvador, aunque no sin antes aclarar que le agradecía “que haya esperado hasta la finalización de las exposiciones” y que “me parece que es importante que respetemos las formas de funcionamiento que nos damos”.

El diputado radical, por su parte, se dirigió a los invitados para puntualizar: “Queríamos manifestar que la no participación no tiene que ver con el proyecto, que sí nos interesa”, en relación a la ausencia de Juntos por el Cambio. Explicó la razón de la no presencia del bloque como “por cuestiones ajenas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra comisión, donde a veces no tenemos participación y no tenemos posibilidad de proponer invitados”.

La presidenta del  Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo y exdiputada, Victoria Donda, consideró a la ley como “totalmente necesaria”. Luego de asegurar que desde el INADI advirtieron que la mayor causa de violencia en el país es “la pobreza asociada al racismo”, postuló: “Nos parece fundamental que esta ley vaya acompañada de otra”, y pidió “que por ley se establezca que los miembros de las fuerzas de seguridad se pueden capacitar en cuestiones de género y racismo”. 

Gabriela Torres, secretaria de Políticas integrales sobre Drogas de la Nación, especificó que “hay algo para desarmar la violencia”. Según Torres, “no sólo es capacitación sino que existan los recursos concretísimos de dónde mando a un pibe que consume, etcétera”. La funcionaria también pidió aclarar a dónde hay que ir en cada caso de violencia.

A su turno, la diputada Alcira Figueroa (Frente de Todos-Salta) criticó la falta de visión integral en el debate de la ley. Propuso “reformular un poco la función de las fuerzas de Seguridad, hacia qué estarían orientadas, para cambiar de raíz las acciones que uno ve cotidianamente” y pidió no sólo pensar en “la represión, el castigo”.

El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, cerró el encuentro con un agradecimiento a los expositores. Agregó, además: “Las leyes que protegen a los débiles son las leyes que se imponen como más necesarias, pero son también las que más cuestan después lograr que se cumplan efectivamente, que se territorialicen”.

La iniciativa de Ley Integral contra la Violencia Institucional establece la creación de un programa de reentrenamiento con perspectiva de DDHH para las fuerzas de seguridad y la asistencia integral y reparación a las víctimas, entre otros puntos clave.

Ante la perplejidad de los invitados, diputados se cruzaron en el debate sobre violencia institucional

En el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados los diputados Hugo Yasky, Fernando Iglesias y Paula Penacca protagonizaron un acalorado intercambio de opiniones.

En el quinto encuentro realizado en el marco del debate de la ley de violencia institucional, oficialismo y oposición se cruzaron este miércoles en presencia de las madres de víctimas invitadas. Las expositoras mostraron su decepción ante la pelea y María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, concluyó: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.  

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión remota este miércoles por la mañana en la que expusieron madres de víctimas de violencia institucional y funcionarios de la Justicia que trabajan con el tema. 

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, abrió el encuentro: “Ya existe esta ley y lo que no llega a saberse es que el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la ley de víctimas. No lo cumplen ni jueces ni fiscales, que no investigan y hostigan a las víctimas”. “Las víctimas, encima de lidiar con las muertes de nuestros hijos, tenemos que lidiar con jueces, con fiscales, con políticos”, expuso.

Patricia Isorni, presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero y parte del colectivo de Madres del Dolor de la provincia de Santiago del Estero, tildó a la situación de su provincia de “crítica” por un elevado caso de asesinatos. 

“Mi hijo ha sido asesinado”, aseguró, y denunció la falta de investigación por parte de las fiscalías. Explicó su caso: “Supuestamente dicen que fue un accidente de tránsito pero mi hijo tiene un disparo en la cabeza”. Inclusive, mostró la foto. Más adelante admitiría que la fiscal del caso la tiene “bloqueada en el teléfono”.

Patricia Isorni habló de la situación imperante en su provincia, Santiago del Estero.

María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, sostuvo: “Tengo que agradecer a los medios, que son los que hasta el día de hoy nos dan apoyo”. Por otra parte, denunció la situación de Córdoba: “Parece que la policía no forma parte del poder político, parece que no sé quién los nombra”.

“Yo pido que ustedes hagan algo”, “necesito que se haga visible lo que pasa en Córdoba”, solicitó.

“La Defensoría sólo el año pasado hizo más de 100 denuncias por violencias institucional de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que va del año ya tenemos 4 denuncias penales, por exactamente lo mismo”, arrojó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La verdad que nosotros felicitamos el proyecto, es bienvenido”, continuó. Amor agregó que “la verdad que las víctimas de violencia institucional no reconocen grietas, son víctimas”.

Por su parte, Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, consideró que el proyecto es “importantísimo” y agregó: “Creo que el problema debe instalarse en la opinión pública y también en el Congreso”. Martínez identificó “algunos defectos técnicos que tiene que mejorar”, tales como “una omisión en el articulado de cualquier referencia a la protección de las personas que denuncian estos hechos, a los familiares y a los testigos”.

La defensora General de la Nación pidió además no centrarse tanto en la violencia institucional por parte de la policía y visibilizar otras situaciones como la violencia judicial o por parte de políticos o por instituciones no gubernamentales.

Emelina Alonso, secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional opinó que “es fundamental que existan leyes como esta para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia institucional”.

Martha Arriola, ex subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y coordinadora del Movimiento Cuidadores de la Casa Común también propuso algunas consideraciones al escrito. “A mi me parece que ley integral contra la violencia institucional bien podría estar planteada desde los considerandos, los capítulos, los fundamentos como una ley de prevención y reparación integral a las víctimas de daños causados por la violencia institucional”, sugirió.

El diputado nacional Sebastián Nicolás Salvador agradeció a los invitados y señaló: “Además de tratar este proyecto, nosotros como diputados tenemos el rol de estar denunciando esto permanentemente. Hoy seguimos con los mismos hechos que están pasando hace un año”.

Luego, Karina Banfi se mostró “conmovida por escucharles la voz” a las madres devíctimas y consideró que “está faltando la decisión política” de no violar los Derechos Humanos. En el mismo sentido, habló de la persecución de senegaleses. Más adelante le advertiría a Hugo Yasky: “Lo que le tengo que decir al diputado Yasky se lo voy a decir en una cuestión de privilegio en el recinto por discriminar”. 

La diputada Gisela Marziotta opinó que “no hay Gobierno que se haya salvado” de la violencia institucional y por eso celebró que el proyecto esté en agenda. “Lo importante es que se convierta no sólo en agenda sino en política de Estado”, añadió, y además lo consideró un “punto de partida”.

En el mismo sentido, la diputada Mónica Macha pidió no avalar “discursos de violencia de ningún tipo” y entonces la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca aprovechó la ocasión para repudiar “el llamado al odio permanente, a la falta de consideración de las circunstancias”. 

“Incluso las circunstancias que atravesamos hoy que son muy difíciles,  generan situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia a veces se expresan de la peor manera, como fue la explosión de un artefacto, de una bomba, en un local partidario en Bahía Blanca. Una organización en la que yo milito además”, lamentó.

El cruce 

Mientras exponía, el diputado Hugo Yasky mostró su apoyo al pedido de Paula Penacca de denunciar otro tipo de violencia además de la institucional, lo cual ejemplificó con el atentado de este martes contra la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca. En ese momento, Fernando Iglesias interrumpió para pedir “moción de orden”. “Presidente, moción de orden, ¿me escucha? Usted es el presidente, moción de orden, moción de orden”, repitió el legislador opositor.

“Pida la palabra y después se la vuelvo a dar”, sumó Penacca, mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías le exigía a Iglesias que “aprenda a respetar”. El diputado se defendió: “Según el reglamento de la Cámara tengo derecho a pedir moción de orden. Lea el reglamento, Yasky”.

“Usted pida la palabra y se la volvemos a dar cuando termina el diputado Yasky. No hace falta”, prometió la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

Hugo Yasky finalizó: “No debemos dejar de plantear, y lo vamos a hacer en una declaración que va a proponer nuestro bloque, el gravísimo hecho que sucedió en Bahía Blanca, la voladura de un local partidario”. “Cualquier local partidario víctima de cualquier hecho de terrorismo es un local partidario de todos nosotros, seamos del bloque oficialista, de la oposición o de cualquier partido. Nosotros no podemos permitir que en un país donde ocurrió el terrorismo de Estado vuelvan a ocurrir estos hechos”, agregó.

A continuación, Penacca agregó: “A mí, en términos personales me daría vergüenza que entremos en una discusión a los gritos”. Propuso entonces, continuar en el orden de la palabra para las madres de víctimas. Iglesias, al no serle concedida su intervención, interrumpió: “Como siempre, no son capaces de respetar un sólo compromiso. Ni un pequeño compromiso son capaces de respetar. Me dijo que me iba a dar la palabra, ¿me la va a dar o no me la va a dar?”.

Penacca le contestó: “¿No puede respetar a alguien que no sea usted mismo?”, a lo que Iglesias contestó en tono de voz alto y luego se retiró de la reunión.

Los invitados reaccionaron indignados ante el hecho. “Ver estos arranques de violencia duele, y más duele saber que estas son las personas que nos están representando en este momento”, se lamentó Cristina Castro.

Cristina Castro se indignó ante la pelea de los legisladores.

Perdonen que los abandone, pero ya dejé de lado dos horas de mi trabajo y tengo que volver a trabajar. Porque las mamás que estamos acá somos laburantes. Nos dedicamos a eso. Una vida entera cuidando a nuestros hijos con mucho esfuerzo para que mueran en manos del Estado”, se disculpó por último.

En el mismo sentido, María Soledad Laciar admitió: “Estuve a punto de irme. Lo que pasó me parece una falta de respeto para nosotros. No tienen idea al dolor que nosotros pasamos, lo que nos cuesta estar enfrente de una cámara”. La mamá de Blas Correas continuó: “Estar acá y escuchar cómo pelean… tuvimos que presenciar una situación en la que sentí que nuestra presencia importaba poco”. 

“Hagan un mea culpa, nosotros estamos pidiendo justicia por nuestros hijos y acá se están peleando por si son de un partido o de otro, creo que lo podrían haber dejado para otro momento”, agregó. Por último, pidió “un poquito de piedad por lo que estamos pasando” y sentenció: “Después de lo que viví recién, no sé si creo que puedan hacer algo”.

El diputado Sebastián Nicolás Salvador cerró la reunión al pedir “preveer el formato de estas reuniones cuando vienen víctimas para no tenerlos tres horas, tienen que trabajar”. Además, insistió: “Hacer caras o hacer burlas, eso también es violencia”. “Tenemos que hacernos cargo de lo que pasó”, concluyó el radical.

Presentan proyecto contra la Violencia Institucional en CABA

La iniciativa fue presentada por la legisladora Lucía Cámpora y tiene como base el proyecto presentado a nivel nacional por la diputada Paula Penacca.

Legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley integral contra la Violencia Institucional ejercida por fuerzas policiales.

El proyecto busca generar herramientas para prevenir y erradicar casos de violencia institucional en el ámbito de la CABA así como establecer mecanismos de acompañamiento a las víctimas y sus familiares.

La iniciativa fue presentada por la legisladora Lucía Cámpora y tiene como base el proyecto presentado a nivel nacional por la diputada Paula Penacca.

La propuesta establece la creación de Centros de Recepción de Denuncias atendidos por personal ajeno a la Policía, a los fines de facilitar a las víctimas la presentación del caso.

Asimismo, propone la concreción de un Registro de Violencia Institucional que tenga a su cargo la tarea de registrar, clasificar y sistematizar las denuncias ocurridas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto también establece procesos de reentrenamiento en Derechos Humanos para la Policía de la Ciudad e incluye criterios para la participación de esta fuerza en manifestaciones públicas.

“La violencia institucional tiene por principales víctimas a los colectivos oprimidos y a lxs pibxs más humildes. El informe del Ministerio Público de la Defensa de 2019 muestra que un 64% de quienes denunciaron detenciones violentas en CABA eran jóvenes varones de entre 16 y 17 años”, señaló la diputada Lucía Cámpora en la presentación que se realizó en la Legislatura de CABA. Y agregó: “Cada caso de gatillo fácil, cada pibe o piba que atraviesa una situación de violencia institucional a nosotres nos duele porque sabemos que es una deuda de la democracia y por eso decimos violencia institucional: nunca más”.

“El proyecto es fundamental para que podamos identificar la violencia institucional y las particularidades que tienen estas violencias en nuestra ciudad, a partir de la definición política de una gestión que no cree que todos tengamos los mismos derechos”, agregó la legisladora Victoria Montenegro.

“Tenemos la responsabilidad política de marcar la agenda con estos temas. Hay víctimas y familiares que lo hacen desde un lugar de muchísima más dificultad, peleando contra el sistema judicial, el sistema policial y contra la cultura hegemónica”, señaló por su parte la diputada nacional Paula Penacca, autora del proyecto nacional. Miriam Medina, integrante del colectivo Madres en Lucha, expresó: “A nuestros hijos los mataron las fuerzas de seguridad del Estado. No queremos una policía que sea represora, que sea asesina, que sea criminal, que sea desaparecedora o torturadora. Eso nunca más. Porque mucha sangre joven y nuestra hemos perdido por el mal accionar de las fuerzas de seguridad del Estado. Es tiempo de que estas cosas cambien.”

Según el informe del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, en 2019 el 88.73% de las denuncias por violencia institucional en las que se pudo identificar a la fuerza interviniente tuvieron como responsables a agentes de la Policía de la Ciudad.

En un nuevo plenario, avanzó el debate sobre violencia institucional en Diputados

Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos se reunieron este viernes para continuar con el análisis del proyecto del oficialismo con la participación de familiares de víctimas.

Con la participación de familiares de víctimas, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados retomaron este viernes el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

“La ley que estamos analizando responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública”, explicó Paula Penacca, presidenta de Seguridad Interior y autora de la iniciativa junto a Hugo Yasky, titular de Derechos Humanos.

Al momento de las exposiciones, Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie, manifestó que “la historia sigue con la represión de las fuerzas de seguridad en democracia”, y por eso celebró el tratamiento del proyecto.

A su vez, Eva Paula Arraigada, del Movimiento Trans Nadia Echazú, expresó: “Ponemos un voto de confianza en esta iniciativa para que nuestra población deje de ser diezmada, criminalizada y perseguida”.

En tanto, Miriam Medina, de Madres en Lucha contra la Impunidad, dijo que los familiares de víctimas tienen que “transformarse a partir de la tortura y los asesinatos y buscar justicia a partir de la construcción colectiva”, y añadió: “Hoy tenemos la posibilidad de tener una ley que se ocupe de las familias”.

También participaron de la reunión informativa Dolores Demonty, integrante de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; y Agostina Villagi, de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Diputados continuarán el debate sobre un proyecto contra la violencia institucional

Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos se reunirán este viernes a las 15 con la participación de invitados.

Con la participación de invitados, las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados continuarán este viernes, desde las 15, el debate sobre el proyecto que busca prevenir y erradicar los casos de violencia institucional a manos de fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

El proyecto es encabezado por la diputada Paula Penacca y la intención del oficialismo es continuar con la ronda de exposiciones que inició días atrás con representantes de organismos de Derechos Humanos.

Para este viernes fueron convocados a la videoconferencia Miriam Medina y Dolores Demonty, de Madres en Lucha contra la Impunidad; Manuel Ayrton Blanco Ocampo, del Centro de Estudiantes del Colegio Fátima; e Ivanna Aguilera, del equipo Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

También estarán Eva Paula Arraigada, activista trans e integrante de los espacios La Nelly Omar y el Movimiento Trans Nadia Echazú; y Agostina Villagi, abogada integrante de la Asociación de Abogados Litigantes de Formosa.

La iniciativa en debate busca generar herramientas integrales contra la violencia institucional en todo el país, como la creación de un Centro de Recepción de Denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.

También se intenta garantizar una reparación a las víctimas -tanto económica como psicosocial- y se establecen reglas sobre el uso de armas, además de proponer capacitaciones específicas en derechos humanos para integrantes de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Representantes de Derechos Humanos respaldaron un proyecto contra la violencia institucional

La iniciativa, presentada desde el Frente de Todos, fue analizada en un plenario de comisiones de Diputados. Expertos advirtieron sobre abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante la pandemia.

Con la participación de representantes de Derechos Humanos, dos comisiones de la Cámara de Diputados comenzaron el tratamiento de un proyecto de ley que busca crear un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional cometidos por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el país.

La discusión se inició en un plenario virtual de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca -autora del proyecto-, y de Derechos Humanos y Garantías, que lidera Hugo Yasky.

La primera en exponer fue la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, quien consideró que “el involucramiento de todos los niveles del Estado es un paso fundamental para avanzar en prácticas de fuerzas de seguridad que sean respetuosas de los Derechos Humanos”.

“Desde Amnistía Internacional en 2020 hemos dado a conocer numerosos casos de hechos de violencia y uso abusivo de las fuerzas, sobre todo a partir de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en función del aumento de las facultades de control de las fuerzas de seguridad”, explicó.

En ese sentido, mencionó el asesinato de Luis Espinoza, la violencia en la comunidad Quom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Por su parte, José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advirtió que “en Argentina desde el principio de los tiempos hay un aparato del Estado autorizado a utilizar armas letales, que han usado contra el pueblo, no solo durante los gobiernos militares sino casi siempre”.

“Hay una historia de fracasos, de remanidas reformas policiales que siempre repiten lo mismo desde hace 34 años: que el Estado se controla a sí mismo (no es cierto); que los asesinos no serán más asesinos si reciben un curso de Derechos Humanos (no es cierto); o el intento descarado de (Sergio) Berni de negociar con la Policía bonaerense la concesión de negocios a cambio del supuesto control de las fuerzas”, enumeró.

A su turno, Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad, se refirió a la situación de Formosa, “una de las provincias más castigadas por la pandemia en cuanto a la violación de Derechos Humanos”, donde “prácticamente se ha dado vía libre a una opresión disfrazada de pandemia”.

“Comenzamos la pandemia con las personas varadas que sobrevivían al costado de la ruta; posterior a eso vino el problema de los aislados, que se aislaban en centros del gobierno hacinados, mezclados positivos con negativos, y terminaron siendo un foco de contagio”, describió.

También se refirió a las comunidades originarias y como abogado dijo haber visto a “mujeres embarazadas que huían al monte con las cesáreas que habían llevado a cabo sin su consentimiento”, y finalmente pidió que se constituya una comisión para monitorear la situación de la provincia in situ.

Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, sostuvo que “uno de los principales actores que inciden en la impunidad es el Poder Judicial, que muchas veces avala y legitima violaciones de derechos cometidas por agentes del Servicio Penitenciario, la Policía o las fuerzas de seguridad”.

La especialista señaló además que existen “discursos mediáticos que sostienen esa violencia institucional porque consideran que hay personas más valiosas que otras, sacan estereotipos, estigmatizan, cambian la versión de la realidad, y así van habilitando a las fuerzas policiales y limitando derechos siempre a ciertos sectores de la población”.

Por el CELS, Victoria Darraidou hizo observaciones técnicas al proyecto; y Néstor Miguez (APDH) comentó que se trabajó junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en un registro de casos de violencia institucional para diagnosticar la situación, sobre todo en el marco de la pandemia.

“Hemos visto el recrudecimiento de algunas formas. A partir de elementos necesarios para el control de la movilidad, las fuerzas de seguridad se excedieron en sus atribuciones e incurrieron en casos de violencia institucional, algunos de los cuales incluso terminaron en la muerte de las víctimas”, advirtió.

Al momento de la intervención de los diputados, Mónica Frade (Coalición Cívica) observó que “es más importante el comportamiento de la política, que es la que finalmente habilita la violencia institucional tal como la estamos viendo y como la describió el doctor Suizer” en el caso de Formosa.

En respuesta a Frade, la oficialista María Rosa Martínez afirmó que “cuando se ataca a Formosa de manera sistemática hay algunas actitudes de carácter antidemocrático, cuando se cuestiona a quien gobierna”, y destacó la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

En tanto, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) denunció que recientemente se produjo “una cacería contra activistas contra la megaminería en Catamarca”, que terminó con “doce detenidos que son presos políticos”. “Percusión constante, como le hemos visto en Chubut”, alertó.

La radical Karina Banfi pidió abordar el tema en forma “exhaustiva” en futuras reuniones y pidió escuchar también a las víctimas de violencia institucional, como Cristina Castro -madre de Facundo Astudillo Castro-, y a representantes de Human Rights Watch. Además, observó que “hoy la propia Ley de Seguridad Interior hoy tiene reglas básicas que no se utilizan”.

A su turno, Yasky indicó que “la violencia institucional existió en todos los gobiernos, y hay una matriz, que es que sufrimos el terrorismo de Estado de la forma más aberrante y sanguinaria que podamos imaginar”.

“Es más grave cuando se promueve la mano dura, cuando hay un discurso punitivo, cuando se estigmatiza la pobreza, pero es un tema que debemos resolver en el marco de la democracia”, opinó.

El proyecto

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Penacca, Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Advierten que en la Ciudad se denuncia solo uno de cada 3 delitos

Legisladores del Frente de Todos presentaron un informe que muestra lo que define como “graves fallas” en la política de seguridad en CABA.

Diputadas nacionales y legisladores porteños del Frente de Todos participaron de un encuentro virtual con vecinos, organizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) para analizar el mapa de delito de CABA y la necesidad de mejorar esa información para el desarrollo de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los porteños y porteñas.

Estuvieron presentes en la presentación del informe las diputadas nacionales Gisela Marziotta y Paula Penacca, junto a legisladores porteños, Claudia Neira y Matías Barroetaveña y el coordinador de Seguridad del Centro de Estudios Metropolitanos, Pedro Rozenwurcel. La consigna del encuentro fue: “Mapa participativo del delito en la ciudad. Aspectos, técnicos, jurídicos y políticos”.

Marziotta señaló que “en la Ciudad la gente tiene miedo de salir de noche, el miedo a la inseguridad no reconoce barrios. No obstante se puede observar que ciertos sectores de la ciudad con áreas calientes se mantienen constantes a lo largo del tiempo, donde se concentraron los robos, siempre es en los mismos lugares. Los datos oficiales son viejos, del 2019 y solo toma ciertos delitos. Entonces ¿cuál es la funcionalidad del mapa?”.

“Aun cuando la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 cuenta con un presupuesto ampliado y es una de las jurisdicciones con más efectivos policiales por habitante del mundo, la información y estadísticas es muy incompleta”.

En ese marco, los legisladores pusieron énfasis en expresar “lo que hoy no muestra el mapa del delito de la Ciudad”, a saber:

1)            Solo publican datos de delitos contra la propiedad, homicidios y lesiones en siniestros viales, ocultando, de esta manera, las violencias de género, los abusos sexuales, las lesiones dolosas, y delitos tales como los apremios ilegales y torturas perpetrados por la institución policial.

“La priorización de determinados delitos contra la propiedad denota un desinterés por otros delitos que diariamente se cobran vidas de mujeres, miembros del colectivo LGBTI+, niños, niñas, adolescentes tales como los delitos contra la integridad sexual y contra las personas en general”, expresaron.

2)            La información no se publica con la periodicidad necesaria: el último dato disponible es de diciembre de 2019. Los pocos delitos de los que hay datos se desagregan según la localización del incidente (por barrio y comuna), pero no es posible distinguir víctimas e imputados según género o grupo etario, ni contar con información acerca de las circunstancias de los hechos.

2)            En cuanto a la tasa de denuncia: los datos del último estudio del Observatorio Gente en Movimiento -realizado en el mes de agosto del 2020- permiten determinar que sólo uno de cada tres delitos es denunciado en la Ciudad de Buenos Aires: del total de información que provee la encuesta realizada, el 26% de los delitos se denuncian en comisarías, y un 11% se denuncian a través del 911. Además de esta ‘cifra negra’ de delitos no denunciados, es necesario destacar que en muchas ocasiones aún cuando los vecinos se acercan a realizar la denuncia, la policía desestima o desalienta la denuncia con algunas prácticas tristemente habituales (entre las más comunes, está el hábito de no registrar la denuncia alegando que no es la comisaría en la que se debe radicar). Todo esto permite confirmar la baja representatividad de los datos publicados para explicar el fenómeno delictivo en la CABA y la pertinencia de pensar en un mapa participativo como herramienta complementaria.

Propuesta opositora

Por lo expuesto, desde la oposición consideran necesario “pensar en un mapa del delito para la CABA que, en contraste con las limitaciones graves que tiene el de la actual gestión”. En ese sentido sugieren que ese mapa tenga las siguientes características:

1)            Que cuente con información actualizada.

2)            Que presente toda la información relevante: es necesario que se publique información al menos sobre los delitos que cuentan con una relevancia particular: los principales delitos contra las personas (homicidios dolosos y lesiones dolosas), contra la integridad sexual (abuso sexual simple, abuso sexual con acceso carnal), contra la libertad (amenazas, privación ilegítima de la libertad), contra la propiedad (robos y hurtos), etc.

3)            Que brinde información desagregada: conocer en qué circunstancias ocurren los delitos y las situaciones de violencia permite diseñar y evaluar políticas ajustadas a los fenómenos realmente existentes: conocer información estadística sobre las víctimas y los imputados (género, grupo etario, pertenencia o no a una fuerza de seguridad, qué vínculo existe entre ellos) permite comprender más cabalmente cuáles son las lógicas que subyacen a las dinámicas delictivas e intervenir de forma más adecuada.

4)            Que se encuentre contextualizado: la información estadística debe analizarse teniendo en cuenta una serie de pautas contextuales sin las cuales los datos no aportan demasiado. Por ejemplo: la incorporación de valores expresados en tasas además de en términos absolutos permiten dimensionar los valores presentados, además de habilitar la comparación con otras jurisdicciones; la inclusión de una serie histórica permite ver la progresión de un fenómeno y su comportamiento a lo largo de los años; el dato acerca de la tasa de denuncia permite comprender la incidencia de la llamada ‘cifra negra’ para un tipo delictual particular; etc.

5)            Que contemple otras fuentes de información: el cruce de información con otras fuentes para completar y complementar la información presentada es fundamental para que la estadística que se publica sea lo más completa posible. En particular, esto involucraría -por ejemplo- incorporar los datos que provienen de denuncias al 911 que constituyen una porción relevante del universo total de delitos que se denuncian (con las salvedades del caso y las limitaciones y potencialidades de este tipo de sistema de emergencia), e incorporar la información que provee el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) en relación a lo relevado por las Fuerzas Federales de Seguridad en el territorio de la CABA. Por su parte, las encuestas de victimización y percepción de seguridad también constituyen un insumo importante que permiten determinar la tasa de denuncia de cada tipo de delito o incidente, determinar los niveles de victimización y la percepción de seguridad de la ciudadanía. En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 2.593 contempla la realización de Encuestas de Victimización para abastecer al Sistema de información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC), si bien esta encuesta no se realiza desde el año 2010.

6)            Que sea participativo: el acceso a la información, y la participación y colaboración en su confección se consideran como fases sucesivas, recurrentes e interdependientes en los procesos de involucramiento y empoderamiento cívico. El acceso y aprovechamiento de los datos por parte de la sociedad como estrategia central de un esquema de gobierno abierto puede dar origen a usos innovadores de la información y a servicios que las instituciones del Estado no tienen capacidad ni obligación de proporcionar

Además, la creación de un canal a través del cual la ciudadanía pueda expresar su voz y sumar información respecto a estas temáticas podría aprovecharse como una oportunidad para generar espacios de evaluación y auditoría ciudadana respecto del accionar de las instituciones y, en particular, de las fuerzas de seguridad. Esto sería particularmente útil, no sólo para evaluar el accionar policial y la confianza de la población en las instituciones de seguridad, sino también para visibilizar problemáticas delictivas que tienden a ser invisibilizadas por las lógicas propias del engranaje policial, como la violencia institucional y la violencia de género, expresan.

Sostienen que “incrementar la transparencia, los mecanismos de rendición de cuentas, recuperando la “voz” de la ciudadanía, resulta central para mejorar nuestras instituciones en general y, en este proceso, la institución policial no puede ser una excepción, siendo necesario trabajar fuertemente para abandonar determinadas prácticas permeadas por la corrupción y las lógicas patriarcales que se siguen cobrando las vidas de las mujeres, niños y niñas y comunidad LGBTI+”.

El “Chino” Navarro recibió a diputadas para articular la agenda legislativa

El secretario de Relaciones Parlamentarias se reunió con Cristina Álvarez Rodríguez y Paula Penacca para profundizar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo de cara al nuevo período ordinario.

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, junto a la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, se reunieron con las diputadas nacionales del Frente de Todos Cristina Álvarez Rodríguez y Paula Penacca para avanzar en la articulación de la agenda legislativa del oficialismo de cara al inicio de sesiones ordinarias previsto para el 1ro. de marzo.

El encuentro se realizó este jueves en la Casa Rosada, donde dialogaron sobre la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llevar adelante las iniciativas impulsadas por el presidente Alberto Fernández.

“Nos reunimos con la idea de profundizar los aciertos que tuvimos el año pasado, que fue un año muy fructífero, y seguir mejorando la articulación entre Ejecutivo y Legislativo en la elaboración de proyectos, los debates en las comisiones, la presencia de ministros y la relación con el presidente y el jefe de Gabinete”, aseguró Navarro, quien adelantó que 2021 “va a ser un año mucho más dinámico porque la pandemia está en retroceso y va a haber mucha más actividad territorial”.

Gómez Mirada agregó: “Fue una muy buena reunión de trabajo con las integrantes del bloque del Frente de Todos para seguir trabajando entre el Ejecutivo y el Congreso en las iniciativas que los argentinos necesitan para la reconstrucción del país”.

Por su parte, Álvarez Rodríguez, secretaria parlamentaria del Frente de Todos en Diputados, destacó que durante 2020 se lograron sancionar 66 leyes. “Este año aspiramos a seguir creciendo en estas normas que rigen la vida de todos, que ayudan a salir a la mayoría de los argentinos de la profunda crisis en la que el macrismo nos dejó”, completó.

En la misma línea, Penacca remarcó que “el objetivo es trabajar en la mayor cantidad de leyes que el Ejecutivo necesite en estos años de gestión que tenemos por delante”. Además, la diputada explicó que durante la reunión trabajaron en “articular políticamente la llegada a cada una de las provincias con nuestros compañeros de bloque para fortalecer la construcción política”.

Diputados del Frente de Todos presentan un proyecto de ley contra la violencia institucional

Tal como se prometiera desde el año pasado, cuando estalló el caso de Facundo Astudillo Castro, el oficialismo impulsará una iniciativa para prevenir y erradicar estos casos. Habrá presentación oficial este martes, con un acto en formato virtual.

Los diputados oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky y Leonardo Grosso encabezarán la presentación de un proyecto de ley que tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia institucional.

El acto, que se realizará este martes a partir de las 18, contará con la participación de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; representantes de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil; y familiares de víctimas de gatillo fácil.

Según establece la iniciativa, el propósito es “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

Además, el proyecto indica pautas concretas de acción frente a las denuncias, con el objetivo de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz. Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad; y establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

“Se trata de un proyecto que construimos colectivamente, que cuenta con la participación y con los aportes de los distintos actores involucrados. El debate fue profundo y tenemos la decisión política de erradicar la violencia institucional”, sostuvo la diputada Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

La kirchnerista apuntó contra la gestión anterior: “Durante los cuatro años de macrismo se construyeron discursos de odio, y se alentó y legitimó el abuso policial desde las más altas esferas del gobierno sin importar el costo profundo que eso tiene para sus víctimas y para la construcción de fuerzas de seguridad democráticas”.

“Esta es una ley coherente con los ideales de nuestro proyecto político: defender los derechos humanos, no con fines electoralistas o desestabilizadores, sino porque sabemos que es la única forma de proteger la vida de nuestro pueblo”, agregó.

Por su parte, el diputado Leonardo Grosso remarcó que “en los últimos años se profundizaron los casos de violencia institucional porque el gobierno de (Mauricio) Macri, de la mano de Patricia Bullrich, tuvo una política de criminalización y de represión social. Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la justicia y ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”.

Finalmente, Hugo Yasky, titular de la Comisión de Derechos Humanos, consideró: “Como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral. Debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla. Ese es el sentido de este proyecto de ley”.

No dejan ingresar a Bolivia a tres diputados del Frente de Todos

Se trata de Leonardo Grosso, Paula Penacca y Federico Fagioli, quienes viajaron para ser veedores en las elecciones de este domingo. Fagioli fue detenido por la policía.

federico fagioli

“No nos dejan ingresar a Bolivia. Acusan al diputado Fagioli de haber cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció este viernes por la noche la diputada Paula Penacca a través de su cuenta de Twitter.

Tanto ella, como Federico Fagioli y el diputado Leonardo Grosso viajaron al vecino país para oficiar de veedores internacionales representando a la República Argentina en las elecciones de este domingo en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La legisladora de La Cámpora tuiteó luego que “la policía boliviana arremete con armas y una orden donde acusan al diputado Federico Fagioli de haber cometido de lesa humanidad. Solo para evitar que cumplamos con nuestro rol de veedores”, denunció.

Por su parte, Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita, publicó un video en el que muestra forcejeos con las fuerzas de seguridad y dice: “Así nos trata la dictadura de Jeanine Añez en Bolivia. Más de 60 efectivos armados y sin identificación detuvieron ilegalmente al diputado Federico Fagioli y golpearon a un diplomático argentino que nos acompañaba”.

El diputado Grosso agregó que “estamos autorizados por el propio gobierno boliviano para ser veedores internacionales y no nos dejan entrar, nos detienen, nos golpean. Es inentendible lo que está pasando”.

En otro posteo de su cuenta de Twitter, Grosso aclaró que esos tres legisaldores fueron invitados por la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, como veedores de acompañamiento electoral internacional para las elecciones del domingo. Al llegar, pasamos el Aeropuerto de Cochabamba sin ningún problema, pero cuando llegamos a La Paz nos detuvieron”.

A través de un comunicado, el diputado Federico Fagioli publicó en sus redes sociales que Migraciones lo retuvo ilegalmente al momento de arribar al aeropuerto de El Alto. “Pedimos solidaridad con la situación y, sobre todo, responsabilidad a la hora de impartir informaciones al respecto. Los organismos que corresponden están trabajando”.

Y luego consideró que este “es otro claro ejemplo de la avanzada de la derecha sobre las democracias en nuestro continente. Insistimos en que nos permitan acompañar los comicios para asegurar su transparencia y denunciar todo acto que viole los ddhh del pueblo boliviano y vivir según su constitución”.

Según un comunicado difundido por el diputado Grosso antes de viajar, detallaba que la función de los veedores internacionales es participar en la apertura del acto electoral en los distintos sitios de votación, recorrer centros de votación y estar presentes para el cierre de los comicios. Luego se instalarían en el Centro de Operaciones Electorales para observar el proceso de carga de datos y difusión de los resultados.

Designan a dos diputados para integrar el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata

La Cámara baja avaló a los oficialistas Ramiro Gutiérrez, como titular, y Paula Penacca, como suplente.

ramiro gutierrez

En el inicio de la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados designó a dos legisladores para formar parte del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

El presidente del cuerpo, Sergio Massa, manifestó que la solicitud fue enviada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, a fin de cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 26.364 -de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas-.

Los designados fueron, a propuesta de la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, el bonaerense Ramiro Gutiérrez -como titular- y la porteña Paula Penacca -como suplente-, ambos del Frente de Todos.

Paula Penacca

Al momento de los homenajes, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas (23 de septiembre), Gutiérrez agradeció la aprobación de su designación y destacó que Argentina fue “el primer Estado que se dio cuenta de la necesidad de trazar una política legislativa” en esta materia con “la Ley Palacios de 1913 que fue un faro que iluminó la conciencia a nivel mundial”.

Luego, el diputado ponderó la Ley 26.364 y expresó que “Argentina es un suelo de libertad, donde nos hemos preocupado por garantizar la vida, la integridad física, la identidad, la solidaridad” y que con esos “valores del pueblo y del Estado argentino” es “muy difícil que podamos asimilar hoy que haya personas que lucren con otras”.

Además, Gutiérrez enfatizó sobre la presentación de un proyecto de ley -junto a Penacca- de “una forma que esta faltando” para penalizar “la compra-venta de niños, niñas y adolescentes”, un “mercado de 32 millones de dólares de organizaciones mafiosas”.

Por su parte, Romina Del Plá (FIT-PO) homenajeó a “las madres y familiares de todas las víctimas, y a quienes se organizan y luchan contra este flagelo” que “en la actualidad afecta a 40 millones de personas anualmente”.

La legisladora apuntó que el desarrollo de una “enorme red internacional” se debe al “fracaso completo de las políticas y las herramientas jurídicas que los Estados vienen desarrollando contra este tráfico”.

Y advirtió: “En el marco de esta crisis internacional, agudizada por la pandemia, donde se calcula que 1.500 millones de personas van a quedar sin empleo, efectivamente este es un caldo de cultivo muy profundo para la trata de personas”.

Con lo cual, Del Plá agregó que “urge redoblar los esfuerzos para combatirla” y reclamó la falta de una ley de resarcimiento a las víctimas.

Diputados emitió un pronunciamiento conjunto sobre la desaparición de Facundo

Al cabo de la extensa sesión de este viernes, la oposición pidió votar una declaración por la desaparición de Facundo Astudillo y reclamó la presencia de Frederic y Pietragalla. Se acordó lo primero.

Al cabo de la sesión de la Cámara de Diputados, ya cerca de medianoche, la diputada radical Karina Banfi pidió un apartamiento del reglamento para emitir un pronunciamiento para declarar “la más sentida preocupación por los tres meses de desaparición que lleva Facundo Astudillo Castro, y citar al Congreso al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, para conocer las medidas adoptadas por las autoridades en este tema.

El pedido de Banfi generó un debate con el oficialismo, en el que Juntos por el Cambio reclamó un compromiso para que los funcionarios citados concurran al Parlamento habida cuenta de que “siete veces los citaron y no entendemos por qué no se ha puesto este tema en consideración de este cuerpo”.

Ofició como vocera del oficialismo la diputada Paula Penacca, quien si bien aclaró que tenían conocimiento de un proyecto de declaración sobre el joven desaparecido, ninguno de los funcionarios había sido formalmente citados. Pero amén de eso aclaró que como Cámara de Diputados tendrían que coincidir en un texto de consenso sobre el tema.

Intervino entonces la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien aclaró desafiante que “si hay algo en lo que tenemos ningún problema y que nos hemos caracterizado desde que este gobierno asumió, es que los ministros han venido todos y van a seguir viniendo. Me hubiese gustado que hiciesen el mismo reclamo por Rafael Nahuel, al que mataron por la espalda”.

El mendocino José Luis Ramón apoyó la moción de aprobar un texto de consenso y cuando se enfrascaban  en un debate sobre qué resolución tomar en definitiva, tomó la palabra Mario Negri para pedir que esa misma noche se resolviera hacer una invitación a la ministra de Seguridad con fecha para la semana que viene. “No para interpelarla, no queremos hacer escándalo”, aclaró, explicando que querían hablar sobre la inseguridad, porque “el delito está superando al virus”. Dijo que querían conversar y ver qué pasaba con esa desaparición. “Pero mientras se trabaja en un hermoso documento que no tengo ninguna duda que va a salir esta noche, querríamos irnos con la confirmación de que la ministra va a venir a reunirse con nosotros”, solicitó.

La respuesta estuvo a cargo de Máximo Kirchner, quien aclaró que había escuchado la palabra “miedo” y se preguntó fastidiado “por qué tendríamos que tener miedo. No tuvimos miedo nunca”. Por último sugirió hacer un exto y ver después cuándo concurrían los funcionarios al Congreso.

Al cabo de un cuarto intermedio, se votó el siguiente proyecto de declaración: “La Honorable Cámara de Diputados declara manifestar su más sentida preocupación por los tres meses cumplidos de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, joven de 22 años, quien fue visto por última vez hace 90 días en un retén policial de control en la localidad de Mayor Buratovich, provincia de Buenos Aires.

“Expresar solidaridad con la familia de Facundo y acompañar el reclamo por su aparición inmediato. Exigir que se investigue y se establezcan las responsabilidades en el caso judicial caratulado ‘desaparición forzada’”.

Diputadas del FdT proponen un reconocimiento al trabajo de cuidado no remunerado

Florencia Lampreabe y Paula Penacca, presentaron un proyecto de ley para “reconocer y aportar valor” al trabajo de cuidado no remunerado que llevan adelante, principalmente mujeres, para sostener los hogares.

Las diputadas nacionales del Frente de Todos, Florencia Lampreabe y Paula Penacca, presentaron un proyecto de ley para “reconocer y aportar valor al trabajo” de cuidado no remunerado que llevan adelante principalmente mujeres para sostener los hogares. 

La iniciativa propone el pago de una asignación mensual -equivalente a un salario mínimo vital y móvil- para aquellas personas que se ocupen del cuidado de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o adultas y adultos mayores dependientes. “En el marco del debate sobre la construcción de un futuro postpandemia, consideramos indispensable incorporar la reformulación del concepto de trabajo y la perspectiva de género como condicionante de la desigualdad social”, sostuvo Lampreabe. 

La iniciativa reconoce al trabajo de cuidado no remunerado, que incluye labores domésticas dentro del hogar y cuidados generales de las personas a cargo, como un “elemento central” para el sostenimiento de la vida, la economía y la sociedad. También resalta que “su subvaloración, feminización e histórica invisibilización ha acentuado las desigualdades de género y relegado a las mujeres y feminidades a la pobreza”. En este sentido, entre en sus fundamentos explica que “la asunción de las responsabilidades del hogar por parte de las mujeres libera a los varones de estas, posibilitando a ellos una mejor inserción en el mercado laboral”. 

Por otra parte, en el proyecto se aclara que su intención no es reforzar la división sexual del trabajo y sus consecuencias, “sino asumir una situación de base desigual que requiere medidas que reparen y reconozcan el trabajo efectivamente realizado, brindándole a sus destinatarias autonomía económica y patrimonial”. Y agrega que también son necesaria políticas integrales “abocadas a redistribuir de manera más equitativa los trabajos de cuidado”. 

En Argentina, según los últimos datos oficiales sobre el uso del tiempo (INDEC), casi trece millones de mujeres realizan tareas de cuidado, que les insumen – en promedio – 6.3 horas del día, mientras que los varones destinan a esas tareas tan sólo 2 horas diarias. 

La iniciativa contó con el acompañamiento de las diputadas del Frente de Todos Cristina Álvarez Rodríguez, Mónica Macha, Gabriela Estévez y María Jimena López.

Frederic se ausentó por segunda vez en la Comisión de Libertad de Expresión

La ministra había sido convocada nuevamente por Waldo Wolff (Pro) para hablar sobre la resolución que, según la oposición, habilita el “ciberespionaje”. El Frente de Todos vació la reunión.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, faltó por segunda vez a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, convocada por su presidente, Waldo Wolff, para dar explicaciones sobre la resolución 144/20, que según la oposición habilitó el “ciberpatrullaje”.

Se trata de la resolución que creó, a fines de mayo pasado, el “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, cuya aplicación se limita a la pandemia del Covid-19.

El 11 de junio, Wolff convocó a Frederic a una primera reunión informativa, pero la ministra se ausentó, y posteriormente, el 23 de junio, el diputado del Pro volvió a convocar a un encuentro, pero en ese caso ni siquiera se le cursó la invitación a la ministra, por decisión de autoridades de la Cámara baja que entendieron que esa comisión no era el ámbito pertinente.

Sin embargo, el legislador volvió a citar a Frederic para este miércoles, esta vez con una invitación enviada por él a su correo personal, pero la funcionaria tampoco asistió.

Lo cierto es que el mismo día de la convocatoria de Wolff, el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, dio explicaciones sobre la resolución y respondió preguntas ante la Comisión de Seguridad de Interior, el ámbito que correspondía según el oficialismo.

A pesar de esto, Wolff lamentó: “Estamos siendo plantados por segunda vez consecutiva, y además somos destratados, porque ni siquiera nos contestan”.

“Si nosotros consideramos que una acción de un Ministerio está afectando la libertad de expresión, es motivo suficiente para que convoquemos”, consideró, y agregó: “La ministra puede no venir, pero corresponde que nos responda por escrito”.

Los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Libertad de Expresión decidieron no asistir tampoco a la reunión y emitieron un comunicado justificando su decisión.

No nos vamos a prestar a instancias que solo buscan la trascendencia mediática”, sostuvieron los legisladores Marisa Uceda, Marcelo Koenig, Norma Abdala de Matarazzo, Lisandro Bormioli, Pablo Carro, Josefina González, Jimena López, Mónica Macha, Germán Martínez, Gisela Marziotta, Vanesa Massetani, Carolina Moisés, Vanesa Siley, Eduardo Valdés y Liliana Yambrun.

Los representantes del oficialista aclararon que la invitación “debe ser cursada a través de los mecanismos de la Cámara”, y sin embargo la misma fue “enviada al correo electrónico personal” de la ministra.

Además, los diputados señalaron que la resolución 144 “en nada afecta la libertad de expresión” y por lo tanto “no es esta comisión el lugar para debatir este tema”, sino la de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos).

“No nos vamos a prestar a estrategias de distracción que buscan ocultar, por ejemplo, los alcances de las investigaciones judiciales en curso que tienen que ver con acciones de espionaje ilegal realizadas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri”, denunciaron los oficialistas.

Fuks habló sobre el “ciberpatrullaje”: “No hay nada similar a la intimidación pública”

El funcionario del Ministerio de Seguridad defendió la resolución 144/20. Aclaró que se acota a la pandemia y que lo que se hace es recoger información “sobre temas” y no “sobre personas”.

El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, defendió este miércoles la polémica resolución 144/20 del Ministerio que dirige Sabina Frederic, al sostener que “no existe nada similar a la figura de intimidación pública”, en respuesta a las acusaciones de la oposición sobre “ciberespionaje”.

Fuks expuso ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside Paula Penacca (Frente de Todos), sobre la creación, a fines de mayo pasado, del “Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”.

El funcionario explicó que la resolución “tiene una virtud principal”, que es la derogación de otra resolución, la 31/18, firmada por el anterior secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “en la etapa preparatoria del G20”, donde se estableció “la mecánica para lo que se dio en llamar el ‘ciberpatrullaje’”.

Según Fuks, cuando asumió la gestión de Alberto Fernández se realizó una revisión de las resoluciones firmadas por el gobierno anterior para decidir cuáles mantener, cuáles enmendar y cuáles reemplazar, y en ese contexto se descubrió que la resolución 31/18 solo estaba en formato papel y no había sido publicada en el Boletín Oficial.

El secretario dijo que el “objetivo principal” de aquella normativa fue “establecer mecanismos de vigilancia a través de fuentes abiertas”, por los cuales “500 personas fueron investigadas en el G20” y además hubo “por lo menos seis casos de personas procesadas” bajo esta modalidad, entre ellas Javier Smaldone, Nicolás Lucero -quien estuvo preso por un tuit-, Maribel Durán y Martín Trabucco.

Incluso aseguró que “hay casos que fueron investigados a través de las redes que fueron anteriores a 2018, es decir anteriores a la existencia de la resolución” firmada por Burzaco.

Fuks destacó que la resolución 144/20, a diferencia de la “mecánica secreta” con la que fue firmada la anterior, fue el fruto de un “largo proceso de debate” con organizaciones de la sociedad civil como FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).

Además, remarcó la creación de una comisión asesora que debe evaluar la aplicación del protocolo, y que tuvo este mes su primera reunión, con la participación de dos representantes de la Cámara de Diputados, Penacca y Cristian Ritondo (Pro).

El secretario subrayó que la resolución tendrá vigencia solo durante la pandemia, con un plazo estimado, en principio, hasta el 12 de marzo de 2021.

También detalló que lo que se busca con el protocolo es detectar delitos de “comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos”; “venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”; y “ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud-”.

En ese sentido, aclaró que la información recogida “no es sobre las personas, sino sobre el tema”, y enfatizó: “No existe nada ni parecido ni similar a la figura de intimidación pública. Esa idea de un joven que por sus ideas va a ser perseguido no existe”.

Fuks señaló que “si una sumatoria de información en redes públicas y abiertas da cuenta no de la comisión de un delito individual, sino de un problema que requiere atención de la Justicia, el caso es inmediatamente girado a la Justicia”.

Además, destacó que la resolución se asienta sobre los principios de legalidad; necesidad; proporcionalidad; razonabilidad; protección de la razonable expectativa de privacidad; protección de los datos personales; protección de la libertad de expresión; no criminalización de las protestas en línea; y restricción de la discrecionalidad en el cumplimiento de las tareas preventoras.

También se mencionan los principios de profesionalización del personal afectado a las tareas de prevención del delito con uso de fuentes digitales abiertas; destrucción del material prevenido no judicializado; publicidad; transparencia y rendición de cuentas; y control y responsabilidad por el uso abusivo y violatorio de la ley.

Críticas a la resolución y el caso Astudillo

El diputado Jorge Enriquez (pro) advirtió que “cuando hablamos de ‘ciberpatrullaje’ hablamos del peligro sobre las libertades individuales, como la libertad de expresión o el derecho a reunión”, a través de una “vigilancia estatal online” similar a la del “Gran Hermano”.

“Entiendo el sentido de la resolución, pero veo la peligrosidad de que esté en el ámbito del Poder Ejecutivo”, dijo Enriquez, al sostener que se debe avanzar con una ley del Congreso.

Desde la UCR, Luis Petri apuntó que la resolución de Burzaco “no tenía más de cuatro artículos” y “era más cuidadosa” porque tenía un “objeto limitado, en la mayoría de los casos, a delitos federales”, vinculados, por ejemplo, al narcotráfico y la trata de personas.

En cambio, alertó que en la resolución actual “se habla de un protocolo de prevención del ciberdelito, pero es un protocolo de inteligencia, y esto no lo digo yo, lo dicen organizaciones que incluso fueron consultadas por el Ministerio”, como el CELS, que pidió “una ley del Congreso”.

Cuarenta y cuatro millones de argentinos podemos, con la excusa de la pandemia, ser investigados y ser víctimas de tareas de inteligencia, y las consecuencias las está viviendo el diputado Sahad”, sostuvo Petri (Ver abajo).

Por su parte, Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) señaló que “esta resolución no es ajena a la práctica de monitoreo de la población en redes abiertas, una práctica de inteligencia y de espionaje”.

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, requirió explicaciones a Fuks sobre el caso de Facundo Astudillo, el joven de 22 años desaparecido hace 68 días en provincia de Buenos Aires bajo carátula de desaparición forzada de personas.

“Esto parece que no lo registró nadie, ni las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación ni tampoco de la provincia de Buenos Aires. El 30 de abril fue visto por última vez en un retén policial, desde entonces intervino la Policía bonaerense” y hubo “terribles contradicciones” entre los policías que declararon, advirtió Frade.

La denuncia de Sahad

En la reunión infomativa, el diputado Julio Sahad (Pro), denunció un hecho de “gravedad institucional importante”: reveló que mientras cumple el aislamiento social en un hotel de La Rioja, tras haber dado positivo en el test de coronavirus, instalaron una cámara de seguridad frente a su casa.

Según detalló, el 1 de julio se colocó esta cámara frente a la vereda de su domicilio. “Una cámara que no es usada en La Rioja, la única cámara en ese sector, apuntando directamente a la entrada de mi casa”, describió, y advirtió: “Llama la atención que este hecho pase sin ningún tipo de justificación ni previo aviso”.

“Un intento desesperado por tapar el escándalo por espionaje ilegal”

Así definió la legisladora Paula Penacca la reacción de Juntos por el Cambio frente al asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner.

La diputada nacional del Frente de Todos Paula Penacca criticó duramente a Juntos por el Cambio por el pronunciamiento público que hicieron el sábado ante el crimen de Fabián Gutiérrez, y lo consideró “un intento desesperado por tapar el escándalo por espionaje ilegal”.

Entrevistada por Radio 10, la legisladora camporista señaló que “cualquier crimen es lamentable”, y consideró que “el respeto a los familias es el que no tuvo el macrismo con el comunicado que hizo público en el que quiso hacer responsable al gobierno del crimen y siembra el odio”.

“Hubo un apuro para responsabilizar a la vicepresidenta. Es repudiable, se han roto las reglas de la convivencia democrática”, sostuvo Penacca.

Agregó la legisladora que “el juez dijo que el crimen tenía que ver con un motivo personal y extorsivo”.

A su juicio, lo de la oposición “es un intento desesperado por tapar el escándalo por espionaje ilegal. Detrás de este comunicado está Mauricio Macri para intentar correr el eje”.

Penacca apuntó hacia el expresidente al señalar que “Macri no se ha presentado como parte de la causa, me parece que hay algo de esto detrás de este hecho repudiable”.

“Para nosotros es más importante trabajar y gobernar para la población y no vamos a dejar de lado nuestros principios para entrar en una guerra con la oposición, hay asuntos más importantes”, concluyó.

La ministra Frederic expondrá ante diputados

Se convertirá así en la quinta funcionaria de ese rango en participar de una teleconferencia frente a una comisión. Será este martes a las 17.

Sigue la ronda de ministros presentándose ante las comisiones de la Cámara baja, que hasta ahora es la única que se ha reunido de manera virtual para escuchar a los funcionarios. Este martes será el turno de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que expondrá ante los miembros de Seguridad Interior.

Dicha comisión, presidida por la diputada camporista Paula Penacca, se reunirá a partir de las 17, para escuchar a la ministra y realizar las preguntas correspondientes. Todo ello será a través de la plataforma digital dispuesta para tal fin en el marco de esta etapa abierta por la irrupción del coronavirus.

Frederic será la quinta ministra en presentarse, habiéndolo hecho ya los ministros de Educación, Nicolás Trotta; Desarrollo Social, Daniel Arroyo; Salud, Ginés González García, y Transporte, Mario Meoni, quien se presentó este lunes.

Este miércoles será el turno del titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, también a partir de las 17.