Una de las consignas que el Gobierno de Javier Milei se regodea de mantener a rajatabla es la eliminación de la pauta publicitaria. La decisión que se anunció desde el día uno de esta gestión, por el término de un año, se extendió pasado el mismo, y todo indica que seguirá hasta el final de los tiempos de esta administración.

Pero entendiendo que esta medida cuenta con un resquicio por el cual sí puede canalizarse publicidad direccionada discrecionalmente es que un grupo de diputados radicales acaba de presentar un proyecto de resolución en el que se piden informes.

El proyecto está encabezado por Martín Tetaz y solicita a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que se informe a través de su titular, Diego Martín Chaher, el destino de la pauta publicitaria de la empresa YPF, indicando cuánto dinero destina y a cuáles medios de comunicación y/o publicidad va dirigido.

Invoca para tal fin el artículo 71° de la Constitución Nacional y el artículo 204 del reglamento interno de la Cámara, y es acompañado por los diputados Karina Banfi, Fabio Quetglas, Natalia Sarapura, Roberto Sánchez, Gerardo Cipolini y Gabriela Brouwer de Koning.

En los fundamentos se hacen eco los diputados radicales de informaciones de los últimos meses y de un estudio realizado por Agustín España, investigador de Conicet y director de la maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, que hace referencia a un aumento de aproximadamente el 40% en gasto publicitario realizado por YPF.

“Si bien es cierto que el Gobierno prolongó la prohibición de la pauta oficial, una medida que va en línea con la discursividad intensa sobre políticas de austeridad fiscal que señala el presidente Javier Milei -señala el proyecto-, pareciera que la empresa de mayoría estatal YPF, que recibe fondos públicos a cambio de publicidad y fluye hacia medios privados de todo el país, no va en línea con el plan de austeridad señalado por el Gobierno”.

Además, continúa el proyecto de Tetaz, “el criterio de selectividad para la asignación de esos medios y los montos e importes destinados siguen resultando una incógnita”.

Tetaz resalta la importancia de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, ya que “no hay información fehaciente sobre cuál es el destino de los fondos que se destinan a pautas publicitarias de la citada empresa, de la cual el Estado es parte”.

La diputada de Vamos por Más (VxM) Silvia Imas impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto que busca derogar la Ley N° 2587 que regula la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción periodística.
La iniciativa también ordena el cierre del Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social del distrito capitalino.

En los fundamentos de la iniciativa, Imas recordó que “la Ley 2587 fue dictada el 6 de diciembre de 2007 con el objeto de regular la contraprestación publicitaria de los medios vecinales de comunicación social con el Gobierno de la Ciudad” e indicó que “al examinarla detenidamente, se evidencia que la legislación introduce restricciones perjudiciales para la esencia de la libertad de prensa, un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. La implementación de órganos de control superfluos no solo complica la estructura del periodismo comunitario, sino que también desafía el principio de libertad que debería prevalecer en un país libre y democrático”.

“Un claro ejemplo de esta contradicción se encuentra en el artículo 2, que establece que los medios vecinales no deben tener fines de lucro, pero al mismo tiempo permite la publicidad, la cual, por definición, es onerosa. Además, el artículo 3 establece una estructura de control de los medios vecinales inadecuada en el contexto actual, en el que la comunicación se desarrolla de manera ágil y digital principalmente”, continuó y precisó que “por ello, el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social de CABA deberá cerrarse sin más trámite, dado que su subsistencia no encuentra basamento legal ni fáctico ante la derogación de la ley que le dio nacimiento y contenido”.

Sobre esa misma línea, Imas explicó que “el legislador no debe determinar cuál es el mejor modo de ofrecer un medio de información, sino el propio pueblo decidirá qué medio de prensa lee o escucha” y remarcó que “es importante considerar por qué la Ciudad de Buenos Aires debería dejar de subvencionar a los medios vecinales. En primer lugar, la subvención puede distorsionar la relación natural entre los medios y su audiencia, fomentando de este modo una dependencia económica que puede afectar la independencia editorial. En lugar de premiar la calidad del contenido y el compromiso con la comunidad, las subvenciones dan lugar a un enfoque sesgado”.

Al mismo tiempo que aseveró que “el uso de recursos públicos para financiar medios que deberían sostenerse mediante los ingresos derivados de la publicidad privada plantea interrogantes sobre la eficiencia del gasto público. Al destinar fondos a estos medios, la ciudad estaría limitando su capacidad de inversión en áreas prioritarias que beneficien a la comunidad, como la educación o la salud”.
“Por último, la subvención de medios vecinales puede crear un sistema en el que se privilegia a aquellos que se alinean con determinados criterios, en lugar de fomentar un ecosistema de medios diverso y plural. Este enfoque restringe el acceso a la información, debilitando la capacidad del público para tomar decisiones informadas”, siguió la legisladora.

Por lo que concluyó planteando que “los medios vecinales deben ejercer la libertad de información y prensa como más correcto lo consideren, fortaleciendo así la democracia y el derecho a la información en nuestra sociedad”.