Presidida por Blanca Osuna (FdT), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles la segunda reunión informativa, donde recibió a 14 especialistas para continuar el debate sobre el proyecto de ley sobre Financiamiento Educativo.

Esta vez, estuvieron presentes: Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán; Analía Cubino, ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

También, expusieron ante Diputados Marcos Córdoba (decano de la facultad de Derecho de la UAI); Graciela Morgade, decana de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA; Mariano Nardowski, exministro de Educación de CABA (2007-2009); María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola; Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento; Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales; Héctor De Luca, director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora; Verónica Alzú, directora de la Técnica Nº8 de Quilmes; Javier Curcio, de la Fundación Alem; y Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte.

Por su parte, la oposición, a través del diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – ARI), planteó “acordar una metodología para próximas invitaciones”. Luego, Sabrina Ajmechet (Pro), al igual que en la primera reunión, insistió con que deben ser invitados los gobernadores provinciales y anunció que van a presentar una carta para convocarlos.

Las exposiciones

El primer expositor fue Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación de Tucumán, quien, además de representar a su provincia, afirmó representar “al norte grande en su carácter federal”. “Nación es querer vivir juntos e imaginar un futuro en conjunto y consideró que este proyecto tiene características federales y debe ser un hecho determinante”, enfatizó.

Asimismo, destacó que “no hay desarrollo sin inversión y la ley tiene un principio de solidaridad entre el Estado nacional y los provinciales”. Además, sostuvo que “en 40 años de democracia podemos, estadísticamente, decir que se ha ampliado el derecho a la educación en la Argentina y el proyecto viene a ratificar este rumbo de acción”.

En representación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -así pidió que llamen a su provincia-, estuvo Analía Cubino, quien sostuvo que “la soberanía es tan fundante como la educación”.

“Hablo desde un federalismo construido de las provincias hacia el centro y esto viene a fortalecer un debate para materializar conquistas que hemos tenido en estos cuatro años porque este federalismo marca la ampliación de derechos”, agregó.

Del mismo modo, planteó que “mis 57.000 estudiantes y los 8.000 maestros son tan importantes como los del resto del país”. “Las políticas son fundamentales para el crecimiento de nuestra gente y no hay que olvidar que el espacio escolar es un espacio de cuidado”, añadió.

La ministra celebró el agregado del proyecto respecto a cuidados maternales porque “es una innovación en la ley que atiende a un reclamo genuino a los colectivos feministas”. “Celebro que se nos haya escuchado para la redacción de este proyecto y tenemos que profundizar un modelo de país”, cerró.

A su turno, Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró que se considere a la educación como una política de Estado: “La educación superior forma el desarrollo cultural y económico del país”.

“Es un bien público preferente, y es preferente en bien el Estado lo financie”, agregó. Sin embargo, advirtió que “el presupuesto normativo calcula la inversión necesaria que es duplicada cada 15 de septiembre con la Ley de Presupuesto”.

Además, sostuvo que “la educación superior no solo forma egresados, sino también genera conocimientos para el desarrollo del país y hay que cuantificar la dimensión del financiamiento necesario para apalancar esas grandes posibilidades”.

Luego, Marcos Córdoba afirmó que “la incorporación de la educación en el ámbito abre las posibilidades para la equiparación de los componentes en la búsqueda de la igualdad de la formación a través de la educación”. Asimismo, señaló que “el porcentaje de la formación pública y privada nos muestra que la inclusión debe ser de todos los sectores”.

Brevemente, Rubén Soro, rector de la UTN, manifestó: “Cuando hablamos de federalismo me siento bien porque tenemos más de 30 sedes en todo el país”, y agregó: “Me pone triste -por la primera reunión- cuando los sectores dicen que la educación es un gasto y el momento es ahora cuando peligra la salud y la educación porque estamos a muy poquitos días de unas elecciones y los acuerdos deben superar el sistema de país hermoso que tenemos”.

También, la rectora de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren, expresó que “la educación es un derecho fundamental de los argentinos”. “Celebro esta propuesta que promueve a todos los niveles de educación integral y desde la UnaM, que es una universidad de frontera con 68.000 estudiantes y 30 carreras de grado, sabemos que esto le mejora de la calidad de la vida de los argentinos y es parte del federalismo”, indicó.

A su turno, Graciela Morgade, doctora en educación y decana de la facultad de Filosofía y Letras, manifestó: “Coincido con Cubino en tematizar la construcción de jardines maternales”. Sin embargo, propuso ampliar dos temas en el proyecto: “Hay que cambiar la escuela secundaria para que en esta ley estén los recursos, y tematizar que las universidades formen docentes porque hay fuertes cambios de las juventudes en cómo piensan al trabajo”.

El doctor Mariano Narodowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), cuestionó que “nunca se llegó al 6% de inversión con la ley anterior”. “Es una deuda educativa del Estado con el pueblo argentino y sería bueno que en este proyecto, cuando no se llegue al 6%, la diferencia debe quedar en el presupuesto siguiente”, propuso.

Por otro lado, señaló que “hay muchas acciones que necesitan financiamiento” y propuso que “haya un censo de infraestructura”. Por su parte, cuestionó: “Si no alcanzamos los 180 días de clases ¿por qué alcanzamos los 190? el número tiene que ser una meta y no un piso”.

Finalmente, expresó: “Si esta ley supera a las anteriores es mejor, pero con muchos problemas”. “¿Cuánto cuesta la educación de calidad? el mayor problema de la ley es el tema universidades”, consideró.

Muy emocionada, María Anastasia Meizoso, delegada de la cooperadora de la escuela de música Juan Esnaola, relató que “las familias y las cooperadoras somos iguales que el resto y tenemos el compromiso de luchar por la educación pública y gratuita”. “Les pedimos que se unan y dejen de pelear porque queremos a los pibes en la escuela y lo tienen que tener como derecho todos los pibes de nuestra patria”, indicó.

En tal sentido, Pablo Cesaroni, de Cooperadoras en Movimiento, manifestó que “en el pais hay 25.000 cooperadoras que de forma voluntaria colaboran y garantizan al funcionamiento de la escuela”. “Disminuir la desigualdad debe ser el desafío de todos los que estamos acá porque hay escuelas que necesitan inversión y se pueden ampliar”, añadió.

“Esto dará respuestas a la falta de vacantes y mejorará la calidad y el tema de los libros es el paso fundamental para ir a clases”, enfatizó Cesaroni, quien se mostró a favor de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa.

Con relación a la paritaria nacional docente, Sebastián Echemendi, especialista en relaciones laborales, explicó que “hay dos componentes que son el Fondo Compensador Salarial y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que fueron creados en la ley 2005 y se instituyeron en 2008”.

“El aporte de este proyecto es sustancial porque el juntar la paritaria docente, el fondo compensador y el FONID en una misma normativa, con rango de ley, es un gran avance y es esencial para la institucionalidad laboral”, destacó.

Por otro lado, sostuvo que “del 2003 al 2015 creció el salario real y bajó la conflictividad docente, pero en 2017 se derogó la PND y luego se arma un consejo negociador que no discute salarios y el resultado de la supresión subió la conflictividad docente y bajó el salario real”.

El director de la Escuela Técnica Nº5 de Lomas de Zamora, Héctor De Luca, remarcó que “sin financiamiento no hay educación y sin financiamiento no hay escuela técnica”. “Este hecho nos ha permitido poner un punto muy importante en las técnicas profesionalizantes y el séptimo año nos vincula específicamente con el trabajo”, destacó.

“Nuestra escuela se relaciona con más 65 empresas donde los alumnos van a realizar prácticas y están a la altura porque el 100% sale a realizar trabajos fuera de la escuela y al termino de sus prácticas son contratados por esos empresarios”, relató.

También, Verónica Alzú manifestó: “Soy de la última escuela que se creó en Quilmes inaugurada en 2008, tenemos alrededor de 300 chicos y la matricula fue creciendo”. “Hablar de educación de calidad es hablar de inversión, pero corremos por detrás de las tecnologías que tienen nuestras empresas”, afirmó.

“No podemos abrir puertas de talleres con tornos del año 40 y nosotros fuimos incrementando con planes de mejoras, pero esto no es suficiente. Con educación pública hablamos de inclusión, pero no pasa por meterlos en el aula sino por prestarles atención”, advirtió.

Desde la Fundación Alem, Javier Curcio, expresó: “Esto busca apuntalar a un sector imprescindible para focalizar en las discusiones del financiamiento para dar un contexto en los niveles que tenemos en las adecuaciones previas y la adecuación normativa”.

Sin embargo, al igual que Narodowski, cuestionó que “en los últimos años nunca se cumplió con lo del 6% del PBI”, y manifestó: “El nivel de inflación es tan alto que lamentablemente siempre los salarios van detrás de eso y el gasto educativo que tiene una incidencia salarial muy fuerte está por debajo de ese esquema”.

Por último, Gabriel Martínez, del Instituto Marina Vilte, parafraseó a los anteriores expositores, con cuales coincidió y expresó que “nos da mucha satisfacción que se planteé un proyecto de ley que incluya la continuidad y el incremento del financiamiento destinado a la educación”.

El proyecto

El texto propone un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

Además, establece la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

También, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

Por último, ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, se reunió este miércoles en su despacho de Casa Rosada con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Segio Massa, para analizar la agenda priorizada por el Ejecutivo nacional que requiere tratamiento en el Parlamento, de cara a la reactivación económica con trabajo e inclusión social.

“El Congreso tiene que acompañar la reactivación para la reconstrucción argentina, impulsando leyes que acompañen el desarrollo, con trabajo e inclusión”, afirmó el jefe de Gabinete tras la reunión, y en este sentido, agregó: “El Parlamento tiene un rol clave en la generación de consensos con todas las fuerzas políticas para avanzar en una agenda que tenga como prioridad mejorar la vida de los argentinos y las argentinas”.

Por su parte, Massa, luego del encuentro, se refirió  al Presupuesto 2022, destacó que se está trabajando en su ordenamiento teniendo en cuenta, sobre todo, la inversión pública a nivel federal: “En los próximos días entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y los gobernadores se va a coordinar para lograr que la inversión del PBI, que va a ser del 2,5%, uno de los niveles más altos de la historia del país, tenga un impacto fuerte en todas las provincias argentinas”.

También afirmó que, para el próximo año, se va avanzar en una serie de leyes de promoción económica, y, entre ellas, destacó aquella asociada a la construcción que “permitirá que con desahorro generemos inversión privada a partir de regímenes de promoción para el sistema constructivo argentino”.

Al ser consultado por el llamado a diálogo con la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que “se está definiendo una serie de temas porque entendemos que es muy importante que en el 2022, que no hay elecciones, todos pongan lo mejor para que Argentina salga adelante y salgamos de esta dinámica en la cual el Gobierno propone y la oposición se opone”. Y aseguró: “Me parece que es central pasar a un esquema en el cual, en aquellos temas en los que podamos construir consenso y previsibilidad para la Argentina, para los próximos 10 años, lo podamos hacer”.

El proyecto de ley del Presupuesto 2022 que está elaborando el Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, prevé un dólar a $159 para diciembre, un crecimiento del PBI del 4% y aumento de tarifas por recorte de subsidios, según un anticipo que circuló entre los legisladores del Frente de Todos.

Asimismo, la denominada ley de leyes estima un ahorro de hasta USD 8.000 millones en la renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tiempos, tal como lo prevé la ley, entre el 13 y el 15 de septiembre próximo el Ministerio de Economía enviará al Congreso el proyecto de ley.

Como todos los años, está previsto que Guzmán concurra al Parlamento a defender la iniciativa, cuyos lineamientos principales ya se encuentran en manos de legisladores del oficialismo.

En cuanto a la renegociación con el Fondo, el Ejecutivo prevé refinanciar la carga de deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 con ese organismo de crédito multilateral. La deuda trepa a US$ 44.000 millones, pero la intención es que el país recién comience a pagar vencimientos en 2025, el segundo año de la próxima presidencia, hasta 2031. En principio, la expectativa es conseguir un ahorro de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares en la renegociación entre plazo y tasas.

Según estos borradores, el proyecto de Presupuesto prevé un monto total para el presupuesto de 350,4 billones de pesos, y una vez más el sector de educación es el que lleva la mayor participación. Para avanzar en materia social, la iniciativa prevé en el rubro de protección social recursos por 11,5 billones de pesos, y para inclusión social se dispone de 21,7 billones de pesos.

Los sectores con más recursos serían educación ($49,3 billones), defensa ($41,9 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), hacienda ($23,9 billones) e inclusión social ($21,7 billones).

En cuanto a los subsidios a la electricidad, el objetivo es implementar una segmentación de tarifas con nuevo cuadro tarifario, y la reducción de los subsidios 2021, que equivalen al 4% del gasto público total. Asimismo, respecto de los subsidios al gas también habrá una segmentación tarifaria. Fija la puesta en marcha del plan “zonas frías” y aumentos de tarifas en zonas metropolitanas. El objetivo es una reducción de subsidios también en obras vinculadas al transporte de gas del PlanGas, según indica el borrador.

En lo que hace a los subsidios al transporte, donde se destinan entre $180 mil y $190 mil millones a nivel nacional, aumentan la porción destinada al interior en un 30%.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos – Buenos Aires) apuntó contra el exmandatario Mauricio Macri porque “cuando él dejó el Gobierno, la deuda externa había trepado al 45 por ciento del PBI” y lo cuestionó por “mentir y negar responsabilidades de su gestión”.

La dirigente oficialista le puso números a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, luego de que la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal saliera en defensa del expresidente, respecto de lo cual afirmó que “cuando Macri asumió, la deuda externa con relación al PBI era de menos del 14 por ciento, contabilizando incluso aquellos títulos que no habían ingresado en la reestructuración, que estaban pendientes”, sin embargo remarcó que “cuando Macri dejó el Gobierno, la deuda externa había trepado al 45 por ciento del PBI”.

En esta misma sintonía, Vallejos criticó a Macri por “mentir y negar las responsabilidades de su gestión”, respecto a que “acudió al Fondo Monetario Internacional a través de un crédito Stand by récord en la historia del organismo, por USD 44.000 millones”, lo cual “representa una cifra similar a los USD 50.000 millones del plan del FMI para combatir la pandemia en el mundo”.

“Estamos acostumbrados, después de haber tenido a Macri de presidente cuatro años, a escuchar sus mentiras. Dejó el cargo, pero no la maña con la que nos había acostumbrado”, enfatizó Vallejos.

En suma, remarcó que “Macri se involucró en la campaña al defender el rol del FMI y el crédito que tomó su gobierno”. El expresidente había manifestado que “Fondo se dedica a ayudar a un país que cree que hace las cosas bien”, y que el préstamo “no fue un negocio, fue una ayuda para Argentina”.

“Vidal lo respaldó al acusar al Gobierno de endeudar al país más rápido que Macri”, expresó la diputada nacional, lo cual generó incluso el rechazo del presidente Alberto Fernández.

Según ella, “no solamente aumentaron la deuda bruta, sino que lo peor de todo fue que además del volumen, la deuda se dolarizó, es decir la proporción de deuda en dólares creció muchísimo más que la proporción de la deuda total”, y puntualizó que “la deuda total se duplicó y la deuda externa más que se triplicó. Eso fue lo que pasó en materia de deuda”.

“Macri tampoco reconoció que los fondos que ingresaron por el crédito Stand By se hayan fugado del sistema productivo argentino, debido a la desregulación cambiaria que propició su gobierno”, señaló la presidenta de la Comisión de Finanzas y detalló que “desde el primer desembolso del FMI hasta diciembre del año 2019 se fugaron, entre FAE y capitales especulativos, todo el préstamo del organismo y USD 6.000 millones más”.

Por último, la legisladora del FdT concluyó que “a Macri también lo desmiente el informe elaborado por el Banco Central publicado el 15 de mayo del año 2020. Ese estudio precisó que entre 2015 y 2019, la formación de activos en el exterior (FAE) –más conocida como fuga de capitales– representó USD 86.000 millones de dólares”, y resaltó que “esto provocó las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”.

El rebrote de la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a este situación ha provocado que el mercado y diversos analistas coincidan en que el objetivo de llegar a cerrar el año con un déficit fiscal del 4,5 por ciento del PBI resulta muy difícil de alcanzar, al tiempo que se prevé que habrá un incremento en la emisión monetaria.

Este tema es motivo de evaluación entre los funcionarios del gabinete económico y los funcionarios técnicos del Fondo Monetario Internacional, en las conversaciones que siguen manteniendo para arribar a un acuerdo de facilidades extendidas.

El dato no es menor, ya que la situación fiscal, que mostró una mejora considerable en los últimos tres meses, comienza a evidenciar un cierto deterioro nuevamente y en especial si se proyecta el panorama de corto plazo.

Precisamente, en el Presupuesto para este año, el Gobierno fijó una pauta de déficit del 4,5% del PBI, complementado por un crecimiento económico del 5,5 por ciento.

El panorama venía bastante a favor de los objetivos del Gobierno y particularmente las metas establecidas por el Ministerio de Economía, pero las restricciones que se implementaron en abril y que continuarán ponen en de nuevo una gran dosis de incertidumbre sobre la evolución de la economía local.

En concreto, los especialistas esperan una clara desaceleración de la mejora económica, que se observaría con más nitidez a partir de mayo y junio, con lo cual se va a erosionar la recaudación impositiva.

De esta manera, con una menor recaudación impositiva sumado a la mayor asistencia que tendrá que hacer el Estado a distintos sectores económicos se percibe que la meta de reducción del déficit para este año no se cumplirá, al tiempo que se espera un aumento de la emisión monetaria, lo cual impactaría en el mediano plazo en la cotización del dólar y en la inflación.

Por otra parte, diversas entidades y especialistas vienen advirtiendo por el fuerte aumento de la deuda remunerada del Banco Central, lo que incide en el déficit cuasifiscal.

La deuda remunerada del Banco Central en concepto de letras de liquidez (leliq) y pases pasivos representa el 124% de la base monetaria, casi el doble del 63% del 10 de diciembre de 2019.

El cálculo fue dado a conocer por la Fundación Libertad y Progreso, en un informe en el que alertó que “el monto de deuda remunerada representa un pago de intereses mensual de casi $100.000 millones”, una “bola de nieve” que, además, es “equivalente a emisión futura” en la medida que no hay otros recursos para hacer frente a sus vencimientos.

La misma Fundación remarcó que la actual gestión del BCRA duplicó la deuda remunerada.

“La magnitud de dichos pasivos es tan grande que incluso supera a la base monetaria exactamente en 1,24 veces. Todo esto en un contexto donde el último dato de inflación fue un elevadísimo 4,8% mensual para marzo y enciende las alertas para los próximos meses”, añadió el informe.

Al respecto, el economista jefe de la fundación, Iván Cachanosky, advirtió que “el principal problema de la deuda remunerada es que es equivalente a emisión futura”.

“Es muy simple, los depósitos de la gente están respaldados hoy en gran medida por las Leliqs y no por pesos. Por lo tanto, si las personas comienzan a demandar esos pesos, los bancos tendrán que devolverle las Leliqs al BCRA y la entidad se verá obligada a emitir”, indicó.

En ese sentido, alertó sobre el “círculo vicioso” que se genera cuando “la bola de nieve de la deuda remunerada crece tanto”.