Diputados del bloque comandado por Miguel Pichetto, el radicalismo díscolo, Unión por la Patria y el santacruceño Sergio Acevedo incomodan al oficialismo con un pedido de sesión para el próximo martes a las 15, con el fin de tratar la reforma a la ley que regula el trámite de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Además, con la expectativa de rechazarlo, el temario incluye el DNU 846/24 sobre canje de deuda.

Días atrás estos bloques alcanzaron un dictamen consensuado en comisiones, a las que se emplazaron en la última sesión, para modificar la Ley 26.122 -diseñada por Cristina Kirchner senadora en 2006- y recortar así el poder del presidente Javier Milei y sus sucesores en el uso excesivo de DNU.

Sumando a todos los integrantes de los bloques que realizaron el pedido, más el santacruceño Acevedo (que se ha diferenciado en ocasiones de su compañero de bloque José Luis Garrido), los opositores reúnen 128, uno menos de los 129 que se requieren para el quórum. Será clave si bajan al recinto los miembros del Frente de Izquierda o la Coalición Cívica, que tiene su propio dictamen sobre el tema.

El oficialismo, de acentuada minoría en ambas cámaras, rechaza de plano una reforma de este tipo. Además, Milei ya anticipó que si la norma se aprueba la vetará, al considerar que tiene la intención de realizar "un golpe de Estado".

El Pro, aliado de La Libertad Avanza y clave con sus votos ante un eventual sostenimiento del veto -como lo fue en jubilaciones y universidades-, todavía no definió su posición. Con miradas divididas, pues hay miembros de esa bancada que en el pasado propusieron lo mismo, los legisladores integrantes de las comisiones optaron por no firmar ningún despacho.

Además del dictamen de la mayoría de UP, DpS y EF, hubo otros tres dictámenes de minoría: el de LLA, de rechazo, al que no adhirieron sus socios amarillos; el de la Coalición Cívica y el de la Unión Cívica Radical, encabezado por Karina Banfi.

Para la media sanción de la reforma de la Ley 26.122 se requieren 129 votos (mayoría absoluta), mientras que en el caso del rechazo del DNU de canje de deuda es por mayoría simple. Desde el entorno de los impulsores de la sesión se muestran confiados: "Creemos tener todo en orden".

El dictamen de mayoría sobre la modificación a la Ley de DNU consta de cinco artículos. Entre ellos establece que los decretos "perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días corridos contados desde su publicación".

Además, cuando los decretos sean dictados durante el periodo de receso parlamentario "las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

Uno de los cambios centrales es que "el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". Actualmente, para ser rechazado un DNU necesita ser votado en ese sentido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tal como ocurrió con el decreto sobre los fondos millonarios para la SIDE, el primero en ser volteado por el Parlamento.

Finalmente, el proyecto indica que "rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario".

Por otra parte, mediante el DNU 846/24, incluido en el temario de la sesión, el Poder Ejecutivo habilitó el canje de títulos de deuda en cualquier moneda sin los requisitos estipulados por la Ley de Administración Financiaera (mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales) y sin que se requiera autorización del Congreso.

Tras el pedido de la oposición, el oficialismo podría convocar a otra sesión con temario propio, para el miércoles 13, un día después. El proyecto de "ficha limpia" para impedir que condenados por corrupción puedan ser candidatos en las elecciones sería uno de los principales temas. En esa fecha podría confirmarse la condena contra CFK en la causa Vialidad.

Con el deseo de reactivar la Cámara de Diputados, que solo viene desarrollando reuniones informativas de manera remota, un grupo de diputados del interbloque Federal y Juntos por el Cambio presentaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un pedido de sesión especial para el próximo jueves.

La sesión fue pedida para este 30 de abril a las 12, para tratar una serie de proyectos relacionados con la pandemia de coronavirus, tales como un programa de Protección al Personal de Salud; otro de incentivo, protección y gratificación al personal de salud, científicos y fuerzas de seguridad abocados a la lucha contra la pandemia, y un boleto gratuito para trabajadores y profesionales de la salud.

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En la nota enviada a Massa, los diputados encabezados por el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca se manifiestan a favor de que la sesión sea o bien de forma telepática o bien combinada con la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota, asegurando que se cumplan los recaudos y el procedimiento de deliberación y sanción de leyes impuestos por la Constitución Nacional.

Inmediatamente después de conocida, la vicepresidenta del bloque Frente de Todos, Cecilia Moreau, salió a ponderar la convocatoria: “Agradezco que haya opositores que se preocupan por ayudar a resolver los problemas que hoy tiene nuestro país. En una sesión remota como propusieran @SergioMassa y Maximo Kirchner. Es hora de trabajar unidos, no de shows mediáticos”.

El dato saliente de la nota enviada a Massa es que la misma está suscripta por diputados de la oposición que incluyen a Juntos por el Cambio, pero no a la conducción del interbloque, lo que marca una división interna entre el ala dura y los dialoguistas. Se trata de legisladores vinculados al monzoísmo y a Martín Lousteau, como Sebastián García De Luca, Emiliano Yacobitti, Ana Carla Carrizo, Federico Frigerio, Juan Aicega, Dolores Martínez, Gabriel Alberto Frizza, Eduardo Cáceres, Marcelo Humberto Orrego, Felipe Álvarez, Domingo Luis Amaya, Francisco Sánchez, David Pablo Schleret, Gustavo Hein y Martín Grande.

También firman la nota los diputados del interbloque Federal Eduardo “Bali” Bucca, Graciela Camaño, Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Alejandro “Topo” Rodríguez, Paulo Leonardo Cassinerio, Jorge Sarghini, Enrique Estévez, Andrés Zottos y Claudia Gabriela Márquez, y por el Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag.

Son ocho proyectos, que incluyen también modificaciones a los impuestos a las Ganancias, para exceptuar los gravámenes sobre guardias obligatorias por parte de proesionales del área salud y docentes; una suma no remunerativa para trabajadores sanitarios, y hasta una pensión graciable para familiares de trabajadores del ámbito de la salud fallecidos por causa del Covit-19.

“Quienes solicitamos esta sesión extraordinaria consideramos que se encuentran configuradas las razones por las que usted debe buscar la instancia de funcionamiento que atienda la continuidad del poder que representamos y respete el aislamiento, las restricciones ambulatorias y las posibilidades de participación en el debate y el voto de aquellos miembros que por edad o enfermedades prevalentes se constituyan en población de riesgo”, expresa la nota.

Recuerdan los legisladores que otros parlamentos del mundo han funcionado, en el caso de Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Suiza y Nueva Zelanda, con presencia restringida de legisladores con derecho a voto por bloque parlamentario; en otros se ha previsto sesionar con videoconferencia y votar de manera electrónica remota, tales los casos de Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Rumania; y en otros se han implementado sistemas que combinan la presencia reducida de legisladores con votación electrónica remota, como España, Holanda y Polonia.

Asimismo se mencionan provincias cuyas legislativas ya han sesionado de manera remota, citando los casos de Mendoza, Salta, Córdoba y Santa Fe.

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