Los diputados nacionales de la UCR Manuel Aguirre (Corrientes) y Pedro Galimberti (Entre Ríos) presentaron un proyecto de resolución en el Congreso de la Nación con el propósito de evaluar detalladamente el estado de las Rutas Nacionales 12, 14 y 174, así como la situación de la concesionaria CRUSA.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad imperante de garantizar la transparencia en la gestión de las vías de comunicación terrestre y de asegurar un mantenimiento adecuado que responda a las demandas de los ciudadanos que transitan diariamente por estas importantes arterias viales”, explicó Aguirre.

En la iniciativa, el correntino resaltó “la importancia estratégica de las rutas nacionales en la conectividad del país y en el desarrollo del comercio internacional, subrayando la necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial para beneficio de todos los ciudadanos”.

Así, expresó preocupación por el estado actual de la calzada en varios tramos de las rutas mencionadas, lo cual requiere una “revisión inmediata y acciones concretas para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte terrestre en la región”.

El proyecto de resolución también busca obtener información detallada sobre las acciones y negociaciones realizadas con la concesionaria CRUSA, así como el listado de imputaciones y sanciones recibidas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

Aguirre enfatizó la importancia de conocer el estado actual de las obras de mejora incorporadas al Plan Económico Financiero de la Concesión, financiadas con el “Recurso de Afectación de Obras”, con el objetivo de evaluar su ejecución y efectividad en la mejora de las condiciones de las rutas.

Además, el diputado destacó la necesidad de establecer acuerdos “claros y transparentes para el traspaso de la responsabilidad de la administración de las rutas en caso de que la continuidad de la concesión no sea viable”.

“Esta medida se presenta como fundamental para garantizar la continuidad de las labores de mantenimiento y mejora de las vías de comunicación, así como para asegurar la eficiencia en la prestación de servicios a los usuarios que dependen de estas rutas para sus desplazamientos diarios”, remarcó.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Emergencia Agropecuaria, puntualmente busca reducir los reduciendo del 50% al 30% para considerar la situación como emergencia, y del 80% al 50% para declararlo como desastre.

En principio, la iniciativa propone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, u el organismo que en el futuro lo reemplace, será la Autoridad de Aplicación y establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Así, busca la creación de una Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que será presidida por la Autoridad de Aplicación, y estará integrada por los representantes del Consejo Federal Agropecuario y miembros de las asociaciones de representantes de productores agropecuarios con personería jurídica nacional, y tendrán como función formular propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del sistema.

También, podrá solicitar al Ejecutivo Nacional la declaración de emergencia o desastre agropecuario que se encuentren o puedan ser afectadas por factores de origen climático, meteorológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables que, por su intensidad o carácter extraordinario, afecten la producción o capacidad productiva.

“Los estados de emergencia y/o desastre agropecuario deberán ser declarados por los productores, mediante el canal físico y/o digital que elabore la provincia en la que se encuentre o ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. En caso que sea la Comisión quien recepcione las declaraciones, se encargará de informar a la provincia las declaraciones recibidas, instándole a declarar la zona en Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario. Asimismo, convocará a la adopción de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor de veinte (20) días”, agrega.

El artículo 6, propone que para gozar de los beneficios emergentes los productores afectados en su producción o capacidad de producción en un 30%, se acreditarán en situación de emergencia y los productores afectados en un 50%, se acreditarán en situación de desastre.

También plantea agilizar las tramitaciones de los productores ante el Estado y habilitar la presentación digital de las Declaraciones Juradas, ya sea ante las Provincias o la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

En otro punto, busca reforzar el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) que pasaría a ser de un 5% del total de la partida presupuestaria asignada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Además, con el objetivo de mantener un valor constante se establece que los recursos del Fondo se compongan del valor equivalente a 20 millones de litros de nafta especial que, a valores de agosto de 2023, serían 5 mil millones de pesos. El proyecto también contempla prórroga del vencimiento, excepción de impuestos, pago de aranceles de aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino, reducción de alícuotas, suspensión de la iniciación de juicios e intimaciones, entre otros beneficios.

El diputado nacional Pedro Galimberti cerró su campaña como precandidato a gobernador de Entre Ríos, de cara al próximo domingo cuando competirá en la interna contra Rogelio Frigerio. En su discurso, el radical cuestionó a la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio por haber “inclinado la cancha”.

Acompañado por su par Facundo Manes, Galimberti expresó en su discurso: “Nuestra elección no es nacional porque, por esas cosas alguna dirigencia de allí, entendió que lo nuestro no era importante. Y nos inclinaron la cancha”. “Este espacio ha sido un proceso de construcción política para esta provincia, una provincia que hace 20 años es gobernada por el mismo signo político y, más allá de algún cambio de nombres, no tiene nada nuevo para ofrecer”, aseguró.

“Los entrerrianos, el próximo 13 de agosto, vamos a tener la posibilidad de elegir. La Entre Ríos que perseguimos, la de una provincia diferente, se define este domingo”, añadió el legislador de la UCR.

Además, destacó: “Hoy nuestro espacio tiene representación en los 17 departamentos de la provincia y eso ha sido fruto de un trabajo de construcción que se desarrolló durante mucho tiempo. Los nombres que encabezan o integran una lista, por supuesto que son importantes, pero lo más importante de eso, es la idea”.

“Nosotros estamos convocados para construir una provincia diferente. Una provincia que se tiene que ocupar de la educación en serio. No tenemos nada más importante que hacer que educar a nuestros jóvenes para el mundo que viene”, agregó.

También defendió que propone “un verdadero plan de gobierno, construido no con un producto enlatado. Lo hemos construido sobre la base de la recorrida constante, de la charla, la mirada de los docentes, del policía que se levanta a la mañana y cruza la provincia para hacer una guardia, de los productores”. “Estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para construir esa alternativa de cambio en esta provincia, con las necesidades y las soluciones para los entrerrianos”, completó.

Por su parte, al momento de hacer uso de la palabra, Manes hizo alusión al crimen de Morena Domínguez en el partido bonaerense de Lanús. “En la Argentina tenemos que recuperar el sentido de Nación, y esa chica debe ser nuestra hija, por eso, no quería omitir que estamos en un momento de profundo dolor”.

En esa línea, observó que “no solo por la desigualdad económica, por la pobreza, por la educación. Somos una sociedad con miedo, con miedo a que nuestros hijos se quieran ir del país, o a que nos maten por nada, como a Morena. Por eso, la reconstrucción que requiere Argentina no puede ser de oportunistas iluminados, tiene que ser de un partido histórico, de centro popular, como lo es la Unión Cívica Radical”.

“Estos días que faltan son clave. En cada foto que pongan en las redes expliquen por qué sus vecinos, sus amigos, familiares, tienen que ir a votar y elegir a Pedro. Las elecciones se definen en los últimos días. Yo los felicito por haber tenido el coraje de creer en ustedes mismos, de luchar contra toda la adversidad. Si Urquiza se levantara hoy, estaría orgulloso de ver a alguien que pertenece a esta tierra, a este entrerriano (Galimberti) luchando por su gente”, resaltó el diputado.

En tanto, Ana D’Angelo, compañera de fórmula de Galimberti, manifestó: “Se termina una campaña heroica que empezó con una decisión que se tomó en Buenos Aires de forma discriminatoria, sin darse cuenta de que aquí había personas de carne y hueso, ciudadanos que piensan y que sienten. Nos hicieron enfrentar con una campaña con toda la adversidad, con recursos ostentosos, pero nadie de los que estamos acá se apichonó, lejos de eso, sacamos pecho para seguir nuestro camino”.

“Los entrerrianos llevamos en nuestro ADN el federalismo y la autonomía. Porque, además, no tuvieron en cuenta que muchísimos de nosotros, llevamos bien adentro la rebeldía de Alem. Tenemos dignidad y tenemos como valores fundamentales, para recuperar la política, la conducta y la coherencia”, afirmó.

Darío Schneider, también presente en el cierre de campaña, confesó que para él es “un honor” poder “acompañar en el lugar de diputado provincial a Pedro Galimberti, este hombre que se ha puesto esta campaña al hombro, ha recorrido toda la provincia, no ha dejado un lugar para visitar. Seguramente llegó a muchos lugares donde nunca nadie, ni un político o dirigente llegó. Ese es el gobernador que necesitamos”.

“Me enorgullece, realmente, ver a nuestros intendentes como transforman sus localidades. Y sabemos que todas esas transformaciones las podemos llevar al Gobierno provincial, para que, también, cambie la vida de todos los entrerrianos. Para eso, vamos a ganar las elecciones este 13 de agosto. Yo digo siempre que, en esta contienda, en estas PASO, la única propuesta realmente trasformadora es la de Entre Ríos Cambia, las demás son propuestas de continuidad”, añadió.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR) competirá en la interna por la gobernación de Entre Ríos contra Rogelio Frigerio -quien recientemente renunció a su banca- y las elecciones locales serán junto a las nacionales, ya que la provincia no desdobló. En ese contexto, reclamó: “Queremos participar en igualdad de condiciones”.

Desde el entorno del radical explicaron que “presentadas las listas en todas las categorías y los armados locales para la competencia partidaria dentro del frente aliancista Juntos por Entre Ríos, la dirigencia nacional, mediante acuerdos no explícitos en los armados territoriales, estaría dejando sin el pegado a uno de los candidatos del mismo frente electoral provincial”.

“Estamos haciendo la presentación ante la jueza (María) Servini de Cubría para dar el debate en todos los ámbitos, tanto en la justicia como en lo político”, aseveró Galimberti, exintendente de Chajarí.

Respecto de las conversaciones con las autoridades nacionales de la coalición opositora, el entrerriano comentó: “Estamos hablando, lo que esperamos es que prime el sentido común y de conducta democrática para resguardar a todos los que conformamos el frente. Hay localidades en las que sólo estará la boleta de nuestro espacio, pretendemos que la voz de los entrerrianos sea escuchada y respetada. De no ser así, esta alianza no tendría correlato con la realidad de lo que los entrerrianos quieren, que es decidir en las urnas los candidatos que los gobiernen y no los mandatos de Buenos Aires”.

“No se entiende mucho qué es lo que está pasando, parece que menosprecian la expresión cívica y democrática de la gente. Hay que estar atentos a las experiencias de otros armados provinciales donde después tenemos resultados adversos por la manipulación de la dirigencia que cree tener la encuesta ganadora”, reclamó Galimberti.

Finalmente, el legislador sostuvo que “en el contexto difícil que vivimos hoy, sumarle comportamientos conflictivos al enojo que la gente tiene con la clase política, no demuestran la actitud de diálogo que tanto necesitan los vecinos. Sólo estamos pidiendo competir, en igualdad de condiciones”.

Varios diputados nacionales del bloque de la Unión Cívica Radical, encabezados por Pedro Galimberti, presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno informe sobre la situación del país respecto de su pertenencia al Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Al igual que Galimberti, acompañaron con su firma esta iniciativa los diputados radicales Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Gustavo Bohuid y Julio Cobos.

Galimberti expresó: “Según declaraciones recientes de funcionarios, el Gobierno argentino habría enviado una carta al organismo solicitando el retiro de la Nación Argentina del mismo”, agregó: “El 5 de mayo, representantes de los demás países miembros emitieron una declaración sobre la intención de Argentina de cesar su membresía”

El autor del proyecto de resolución sostuvo que le dijeron, de otras naciones, que ven con sorpresa la comunicación realizada por la República Argentina, y que existe la intención de ser reconsiderada su membresía, aunque por ahora continuará contando con su participación plena en la institución.

El diputado señaló que “la situación es preocupante ya que, según la información publicada por el Ministerio de Economía hay en ejecución 25 proyectos financiados con recursos del FONPLATA, por un monto de 602,56 millones de dólares, de los cuales 346,23 millones de dólares -el 57 por ciento- tienen previsto su desembolso entre 2023-2027. Esto nos preocupa ya que, de ser verídica la información, la misma se tornará efectiva en un año, es decir, durante el siguiente período presidencial”.

“Estas son las razones que nos llevaron a presentar el proyecto para tener una declaración de certeza respecto de cómo está el país en cuanto al FONPLATA. Además, interesa saber qué deuda tiene el país con dicho organismo y, en caso de que efectivamente se haya solicitado el retiro de la Argentina del mismo, cómo se realizará el plan de pago de las obligaciones pendientes y cómo continuará el financiamiento de las obras a finalizar luego de 2023”, señaló Galimberti.

Una de las obras que se desarrolla con este Fondo en Entre Ríos es la refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (Uruguay), adjudicada el 19 de octubre de 2021 y las tareas se iniciaron en septiembre de 2022, por un monto inicial de 475 millones de pesos, a finalizar en 2024. Aunque posteriormente, en el listado de Obras que Inciden en Ejercicios Futuros, adjuntada al artículo 11 de la Ley de Presupuesto 2023 (Ley 27.701), se enmarca esta obra a finalizar en 2025, con una asignación total de 632,9 millones de pesos.

“Estas obras son sólo unos ejemplos de los proyectos en ejecución con recursos del FONPLATA que, ante una eventual retirada de la Nación de este organismo de crédito, quedarían comprometidos su finalización”, advirtió Galimberti.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) habló este lunes sobre la situación de la provincia de Entre Ríos (dónde será precandidato a gobernador el próximo 13 de agosto) y aseveró: “Hay lugares donde el Estado judicial si puede no pasar, no pasa”.

Además, el exintendente de Chajarí expresó que “vemos un escenario donde vamos a tener que trabajar las miradas a mediano plazo y por otro, salir hacer una tarea de política en el territorio”. Así también, remarcó: “Hay lugares del interior donde el Estado del interior hace agua”.

Entrevistado por Radio Universidad de Entre Ríos, Galimberti agregó: “Estamos convencidos que vamos a hacer una gran elección porque estamos llegando a todas las comunas del gobierno”. En esa idea, manifestó que “tenemos casi 280 gobiernos locales donde se eligen autoridades y eso generará una situación diferente a otros lugares donde se vota”.

Con relación a la interna de Entre Ríos con el diputado Rogelio Frigerio (Pro), explicó: “Nosotros también tenemos apoyo importante de sectores del Pro”. “El espacio Entre Ríos Cambia es mucho más que el radicalismo y nosotros sabemos por dónde ir”, enfatizó.

Al referirse a las elecciones nacionales, manifestó: “Hay que empezar a torcer la manera en la que se administra el país”, y agregó: “Tenemos que dirimir el liderazgo con una mirada más amplia en JxC porque hay temas donde las posiciones no son comunes”.

“Particularmente soy un fuerte defensor del federalismo, pero si en Entre Ríos avanzamos a la boleta única estos problemas terminan bastante”, señaló en alusión a facilitar los procesos electorales. Además, siguió: “La gente iría y marcaria con una cruz. Hay que discutir estas cosas”.

Por último, habló de la conformación de las listas y concluyó que “en principio tenemos un compromiso de sostener los principios de igualdad para mantener las condiciones”.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto para que el Ejecutivo Nacional, por intermedio de Vialidad Nacional, informe sobre el estado de las negociaciones con la empresa Caminos del Río Uruguay por el Corredor Vial Nacional Número 18, ya que la concesión culmina el 31 de octubre del corriente año, y si, en caso de resolverse el fin de la concesión, informe si se realizará una nueva licitación pública.

A través de su cuenta de Twitter, el radical tituló: “DE LA RUTA DE LA MUERTE A LA RUTA DEL ABANDONO. Los argentinos, y los entrerrianos en particular, sufrimos la Autovía Nacional 14. Lo que antes fue ‘la ruta de la muerte’ hoy es la ‘ruta del abandono’. Hay una empresa prestataria de servicios deficientes y de un Estado ausente”.

En su iniciativa, Galimberti pidió saber también los montos percibidos por Vialidad Nacional en concepto de “Recurso de Afectación a Obras”, como parte de la tarifa aplicada en todos los peajes del Corredor Vial 18.

“El estado de ejecución y situación actual de las obras de mejora incorporadas al Plan Económico Financiero de la Concesión que fueron realizadas con el recurso antes mencionado. El estado, condiciones y plazos en los que Vialidad Nacional recibió las obras referidas a la construcción de la Autovía Nacional 14, desde Ceibas, provincia de Entre Ríos, hasta Paso de los Libres, provincia de Corrientes”, sumó.

También, exigió conocer “el estado, condiciones y plazos en los que se transfirió la responsabilidad de la administración y conservación de la Autovía Nacional 14, desde la localidad de Ceibas, Entre Ríos; hasta la localidad de Paso de los Libres, Corrientes, a la empresa Caminos del Río Uruguay”.

“Si en el proceso previo o durante el traspaso de la responsabilidad de la administración y conservación de la Autovía Nacional 14 se realizaron objeciones por parte de la empresa concesionaria a la Dirección Nacional de Vialidad”, consultó.

Diputados nacionales de la UCR, encabezados por Pedro Galimberti, presentaron un proyecto de ley por el cual proponen una modificación al Código Penal, que incluye la condena perpetua para casos de homicidios que sean causados a todo personal del servicio de transporte público de pasajeros que se encuentre en funciones dentro de una unidad del servicio. También incorpora agravantes para los hechos de robo producidos dentro de unidades de transporte público de pasajeros.

“El objetivo es establecer condenas más severas para quienes atenten contra la vida y la integridad física del personal y de los usuarios del servicio”, explicó Galimberti.

Y agregó: “El Estado debe cuidar la seguridad de las personas, actuando preventivamente, e impartir justicia sobre los hechos que atenten contra la vida o produzcan lesiones o daños”.

En primera medida, se incorpora el inciso 13 al artículo 80 del Código Penal de la Nación, estableciendo la condena perpetua en los casos de homicidios que sean causados a todo personal del servicio de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades (sea transporte automotor, de colectivos, ferrocarriles, subte, entre otras), que se encuentre en funciones dentro de una unidad del servicio correspondiente. De esta manera, se incorpora este agravante al delito por homicidio, establecido en el artículo 79 del Código Penal.

Asimismo, la incorporación de este inciso significa un agravante para los delitos referidos a lesiones o daños a la salud, establecidos en el capítulo 2 del Libro Segundo del Código Penal, como marca el artículo 92 del referido Código.

Por otra parte, se incorpora como agravante para los hechos de robo aquellos que sean producidos dentro de unidades del servicio de transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades

Acompañan el proyecto con su firma los diputados Manuel Aguirre, Gustavo Bouhid, Marcos Carasso, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Lisandro Nieri, Jorge Rizzotti y Víctor Hugo Romero.

Mientras el dólar sube y baja constantemente a cada hora, la escalada de precios golpea al bolsillo del consumidor, por lo que algunas consultoras ya estiman una inflación de abril del 8%. Ante ese panorama, el diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para que Nación instrumente la “pronta” emisión de billetes de $5.000 y $10.000.

La iniciativa del radical solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, realicen las gestiones correspondientes ante Casa de Moneda para “instrumentar la pronta emisión de billetes con valores de $5.000 y $10.000”.

“Instrumentar el retiro, paulatino, de la circulación de los billetes de $10, $20 y $50 para ser intercambiados con los nuevos billetes de mayor valor. Instrumentar la emisión de monedas de valores de $25 y $50”.

Además, plantea instrumentar “el retiro, paulatino de la circulación de monedas de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, para ser intercambiadas por las nuevas monedas de mayor denominación”.

“El problema de la inflación no se resuelve con la emisión de billetes de mayor denominación. Pero, mientras eso no ocurra algo hay que hacer”, sostuvo el entrerriano.

Entre los fundamentos remarcó que “el nivel de inflación acumulado en estos años de gobierno, desde
diciembre de 2019 hasta los últimos datos publicados, correspondientes a marzo de 2023, es de 387%”, lo cual “disminuye la capacidad de compra de los billetes existente”.

“Considerando que el billete de máxima denominación actual continúa siendo correspondiente a 1.000 pesos desde que asumió el actual gobierno, el mismo no acompaña el marco inflacionario”, indicó y recordó que “la primera emisión de este billete de 1.000 pesos data de diciembre de 2017, con un valor equivalente a 51,87 dólares. Sin embargo, con el transcurso de los años y debido a las falencias macroeconómicas, este billete, para la fecha del 24 de abril de 2023, apenas equivale a 4,4 dólares estadounidenses”.

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El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Rios) presentó un proyecto de resolución instando al Gobierno Nacional a la realización de obras de asfaltado y acondicionamiento de la pista principal del Aeropuerto de Gualeguaychú.

Según explicó: “Se trata de una inversión pequeña pero importante, ya que esto le permitiría obtener la rehabilitación de la pista por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil, para ser utilizado para servicios sanitarios, para usos de las Fuerzas de Seguridad y para atender incendios en la región”.

“La actividad aeroportuaria en Gualeguaychú comenzó en 1947 y hasta 1989 el Aeropuerto revistió la categoría de Internacional, la cual se perdió, entre otras cosas, por la falta de inversión. Las últimas obras de reasfaltado, por ejemplo, datan de 1983”, contó el entrerriano.

Y sumó: “Por esta razón desde 2021 el Aeropuerto fue clausurado definitivamente. La falta de operatividad del aeródromo perjudica a la economía, al desarrollo regional y afecta al cuidado de la salud de los ciudadanos”.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó -junto a más diputados radicales- un proyecto por el cual solicitan a las autoridades de la Secretaría de Energía que Laura Andino sea sustituirla en el cargo de coordinadora del Plan Estratégico del Litio de YPF Tecnología.

El Gobierno Nacional nombró hace una semana a Laura Andino en ese cargo, pese a estar procesada judicialmente como posible co-autora del delito de lavado de activos y eso viola el Código de Ética de YPF. Además, su marido Gustavo Gentili, que fuera presidente del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) también atraviesa una situación judicial.

Por otra parte, Galimberti también señaló que “debe considerar que la extracción y producción de litio es una de las actividades más importantes de cara a la electromovilidad del futuro y el desarrollo de la industria eléctrica. Sin embargo, Andino, que es abogada y se acredita como profesional de las ciencias económicas, no cuenta con experiencia previa ni conocimientos especializados en el área objeto de la designación”.

Acompañan con su firma el proyecto el jefe de bloque radical, Mario Negri, y los diputados, Mario Barletta, Víctor Hugo Romero, Gabriela Lena, Roberto Sánchez, Jorge Vara, Manuel Aguirre, Gustavo Bouhid, Gerardo Cipolini y Juan Carlos Polini.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR -Entre Ríos) alertó que la salud en su provincia está “patas para arriba” y apuntó contra el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, que “tiene prioridades invertidas en muchas áreas”.

A través de un hilo de tuits, el radical contó: “Recién leo que el Hospital de mi ciudad, Chajarí, acaba de incrementar, en un año electoral, un 10% la dotación de personal, pasando 26 agentes a planta permanente. Me puse feliz por los trabajadores, pero me duró poco”.

“Fui a mirar la ley de presupuesto 2023 y encontré que el Hospital Santa Rosa tiene 254 agentes, pero sólo 148 son del Escalafón de Sanidad. El resto son administrativos, técnicos y personal de servicios. De los 26 nuevos trabajadores en planta sólo 8 son enfermeros”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que “la salud pública no se hace sólo con personal de salud, pero en una casa donde se ejerce el ‘arte de curar’ el personal de Escalafón General nunca debería ser igual o mayor al personal médico y de enfermería”.

“No es mi intención juzgar el trabajo que el personal realiza con empeño, esmero y dedicación”, aclaró Galimberti, pero sí pidió “hacer notar cosas que no están bien y que deberemos cambiar en esta Entre Ríos ‘patas para arriba’, de prioridades invertidas”.

Los diputados radicales Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos) y Fernando Carbajal (UCR-Formosa) presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Contenciosos Administrativo N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata del magistrado que, en el marco de la acción de amparo promovida por el diputado Germán Pedro Martínez (jefe del bloque Frente de Todos), declaró nula la Resolución Nº689/22 de la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante la cual se habían designado a los representantes de la misma ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“El fallo en cuestión resulta arbitrario e ilegal, toda vez que ha avanzado en la consideración de una cuestión que se tornó abstracta”, afirmaron los legisladores.

Y agregaron que el magistrado “pretendió avanzar sobre las facultades propias de otro poder del Estado como es el legislativo, dándole pautas respecto de cómo debe en el futuro designar a sus representantes, extralimitándose en su función, lo que resulta atentatorio de nuestro Estado Constitucional de Derecho”.

En este sentido, los diputados sostuvieron que “avanzar sobre la competencia de otro Poder del Estado es una falta grave, que tipifica como mal desempeño y el juez resulta pasible de ser removido”.

“En definitiva, podemos afirmar que la sentencia constituye un error judicial inexcusable configurativo de la causal de mal desempeño, lo cual se encuentra cabalmente acreditado y la consecuencia indefectible que la misma acarrea es la sanción de remoción”, argumentaron los denunciantes.

Tras las declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a favor de la implementación del sistema de Boleta Única de Papel, el espacio Juntos Entre Ríos Cambia, que promueve la precandidatura de Pedro Galimberti, reclamó “reglas claras en el método y calendario electoral” 

“Hace un tiempo que le pedimos al gobernador reglas claras y sus recientes declaraciones no hacen más que sembrar especulaciones, pero ninguna decisión en firme. Desde nuestro espacio vamos a ofrecerle a los entrerrianos una alternativa diferente y lo haremos en cualquier circunstancia y bajo las reglas electorales que se establezcan, pero necesitamos conocerlas y que Bordet deje de jugar a las escondidas”, precisaron en un comunicado, añadiendo que es necesario previsibilidad para mejorar la participación democrática. 

En el comunicado admiten que están de acuerdo con modernizar el sistema electoral, pero sostienen que el planteo del gobernador es “oportunista y poco claro”, por lo que “si realmente desde el Gobierno entrerriano se analiza la posibilidad de implementar la Boleta Única sería bueno, además, que expliciten en base a qué modalidad o sistema se piensa, ya que hay distintas experiencias en otras jurisdicciones del país, y a partir de cuándo regiría esta reforma”, indicaron. 

Desde Entre Ríos Cambia también expresaron que, de adoptarse la Boleta Única Papel para el próximo turno, “implicaría un desdoblamiento electoral, no en las fechas, sino en la convivencia de dos métodos de elección simultáneos, uno nacional y otro provincial”. 

Finalmente, reclamaron a Bordet la convocatoria a una mesa de diálogo interpartidaria donde se debatan las reformas y se tomen “decisiones sensatas” que tengan como prioridad “el fortalecimiento de la democracia y la participación de todos aquellos que aspiren a lugares de representación pública y política”. 

El diputado nacional de la UCR en Juntos por el Cambio Pedro Galimberti reclamó por nota a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la reglamentación de la ley del Régimen de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer.

Se trata de la Ley 27.674, promulgada el 18 de julio de 2022, que en su artículo 3 crea el Programa Nacional de Cuidado Integral del niño, niña y adolescente con cáncer.

“A casi tres meses de su promulgación, y considerando la urgencia y la importancia para el tratamiento y cobertura de una enfermedad tan compleja para el paciente y su familia, es imperativo que se aceleren los tiempos para su pronta reglamentación”, expresó Galimberti.

El último registro de Oncopediatría hospitalario (ROHA) señala que hay 1349 casos de cáncer infantil, pero dicho número es del año 2019, aunque fue publicado en 2021.

El diputado nacional Pedro Galimberti, pre-candidato a gobernador por Juntos Entre Ríos Cambia, estuvo en Gualeguaychú donde, en el salón de la Cooperativa Eléctrica, mantuvo un encuentro con un centenar de vecinos de esta ciudad. En esta ocasión estuvo acompañado por el intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, entre otros dirigentes.

Al término del encuentro, donde se abordó el panorama nacional, provincial y local, el legislador habló del desarrollo que viene el espacio político que encabeza, en todos los departamentos, y auguró que la elección de 2023 será completamente distinta a la de 2021.

“El justicialismo estuvo, en 2021, por debajo de su piso histórico y, desde lo político, uno observa que habrá una recomposición. Además hay que considerar cómo incidirá el factor Milei, si vamos a una elección simultánea con Nación. Yo creo que los comicios del año próximo serán mucho más reñidos, que habrá sorpresas, que nadie tiene la elección asegurada, porque las encuestas fallan y son de quienes las pagan. Lo dice la realidad, no lo dice Pedro Galimberti”, afirmó.

En este sentido, el precandidato a gobernador comentó que desde Entre Ríos Cambia se está trabajando en la formulación de una alternativa para que el pasado no vuelva disfrazado de futuro y en el armado de las mesas departamentales del sector, que son los ámbitos de desarrollo político-territorial y de crear una opción de gobierno que los entrerrianos visualicen como opción de cambio.

“Venimos muy bien. La semana pasada lanzamos el espacio en Gualeguay y ahora, en Gualeguaychú, apostamos a crecer y consolidar el equipo para que, como siempre decimos con Darío Schneider, el intendente de Crespo, podamos competir en todas las categorías en todas las ciudades. La de 2023 será una elección de abajo hacia arriba y por eso, más que contar cantidad de intendentes, hay que contar cómo vienen los armados locales y departamentales, que es lo que verdaderamente hará la diferencia», expresó.

Respecto a la reunión de Gualeguaychú, además del panorama nacional, se habló de la agenda de problemas de la provincia, entre ellos las falencias en salud, el pésimo estado de los caminos rurales y las rutas entrerrianas, y la necesidad de alentar a los emprendedores que quieren salir adelante. En el plano local los vecinos expresaron su preocupación sobre el medio ambiente, energía, jubilaciones, docentes, salud, el flagelo del consumo de drogas, turismo y la asfixiante presión tributaria.

En noviembre de 2021 pocos hablaban, desde la política, del caso Goyeneche. Parecía que el silencio era saludable, sobre todo ante las inciertas derivaciones que podía tener el caso. Hoy, con Urribarri condenado y Goyeneche destituida, muchos alzan esa voz que en su momento estaba callada.

En ese momento firmé una nota de opinión respecto del tema, donde señalé que la apertura de una causa de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos de corrupción, se inscribe dentro de una trama donde mandaderos del juego sucio hacen fuerza para tapar la luz con sombras.

Sin embargo, no se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la connivencia que existe en nuestra provincia entre algunos miembros de los poderes del Estado. Es aquí donde, desde hace mucho tiempo, entiendo que radica la cuestión principal.

El asunto hoy tiene nombre y apellido, Cecilia Goyeneche, pero dicha connivencia ha sido algo frecuente, sobre todo en los gobiernos peronistas de los últimos veinte años donde hemos visto un sin número de atropellos y cambalaches.

Por lo tanto, la Justicia debe dejar de ser el lugar de «adscripción permanente» para quienes son amigos o parte del gobierno de turno y sin estoy convencido que estas actitudes políticas deben ser dejadas de lado, de lo contrario será muy difícil forjar una provincia con verdadera calidad institucional.

Con la mesura que corresponde por ser un integrante de un poder del Estado, no puedo dejar de afirmar que Goyeneche fue acusada por una fiscalía ad-hoc, creada luego del hecho, lo cual constituye una violación a los más elementales principios del derecho de defensa en juicio. Irregularidad que no tengo dudas será subsanada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los hombres públicos debemos actuar con cautela y prudencia, evitando la judicialización de la política y la politización de la justicia, algo que parece fácil de decir pero, a juzgar por los hechos, difícil de implementar y si bien no soy juez para juzgar, tampoco soy ingenuo para señalar que «aquí no pasó nada», y estoy seguro que, con o sin destitución, el caso Goyeneche será recordado como el hecho que desnudó esa compleja trama de convivencias que, como dijimos, no es nueva y debe ser desterrada para lograr una provincia con un Poder Judicial verdaderamente independiente.

Cuando sostengo que tenemos que construir «una provincia diferente» apunto básicamente a trabajar para modificar tal estado de cosas, eliminando fundamentalmente la cepa de la corrupción de la función pública, para lo cual necesitamos de mujeres y hombres probos que logren revertir la degradación institucional que nos aqueja y garanticen que el Estado de Derecho permanezca siempre vigente.

* Diputado Nacional por Entre Ríos

En una presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) solicitó la apertura de un procedimiento de remoción del juez Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná, como así también la suspensión del mismo, tal como lo establece el artículo 114 inc. 5 de la Constitución Nacional.

El pedido se realiza con motivo de la actuación del magistrado en el marco de la causa “Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”, por intermedio de la cual Alonso, el pasado 12 de abril, dictó una medida interina que ordenaba a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, que se abstuvieran de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, medida que a los pocos días fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándola nula y calificándola de “alzamiento contra el Máximo Tribunal del país”.

La medida precautelar, como se recordará, fue solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto en el marco de una acción de amparo promovida ante el denunciado, en el contexto en el que los estamentos del Consejo de la Magistratura de la Nación estaban en proceso de dar cumplimiento a lo ordenado en fecha 16 de diciembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia.

En este sentido Galimberti entiende y comparte, con el criterio de la Corte, que Alonso actuó sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por dicho Tribunal.

“Como vemos, la contundencia de esta sola afirmación resulta suficiente, para someter al magistrado denunciado al proceso de remoción”, expresó el legislador en la presentación, que calificó la situación de un “absurdo jurídico”.

Este “error judicial inexcusable” es, a juicio de Galimberti, causal de mal desempeño y amerita la sanción de remoción, ya que no cabe duda que la conducta de Alonso atentó contra la propia organización del Poder Judicial.

En la presentación se cita, además, como fundamento, una segunda causal, que es la de negligencia grave en el ejercicio del cargo, por no tener su despacho al día; y una tercera, que es haber puesto la jurisdicción al servicio de profesionales que representaban a integrantes de las fuerzas de seguridad domiciliados fuera de la provincia de Entre Ríos entre 2008-2013.

El diputado nacional Pedro Galimberti presentó un proyecto de resolución en el que requiere al Gobierno nacional que brinde información sobre el funcionamiento del Correo Argentino, ante la presunción de un “posible conflicto de intereses” en la contratación de la empresa “Flecha Log SA” (operadora comercial de OCA), que compite con Correo Argentino en el servicio de logística y transporte de productos (paquetería, cartas, valores, etc.). 

“Según fuentes periodísticas el 8 de octubre pasado Flecha Log SA se hizo cargo de OCA, por intermedio de la Compañía Multimodal Logística (CML), una empresa que conformó el grupo patagónico Clear, allegado a Cristóbal López”, señala el proyecto del legislador entrerriano. 

En este sentido, la presentación del diputado Galimberti requiere que se “remita todos los antecedentes y resultados si se hubiera practicado un informe de evaluación previa para determinar si se estaba ante un probable conflicto de intereses y si al respecto se han realizado las respectivas consultas a la Oficina Anticorrupción y cuál ha sido la respuesta”. 

Asimismo, se solicita informar sobre qué empresas existen en el mercado en condiciones de presentarse para prestar los servicios adjudicados y cuáles de ellas se han presentado a los llamados a concurso realizados desde Correo Argentino. 

Según consta en la información reciente, publicada en el sitio web de Correo Argentino, el 28 de marzo pasado, mediante el concurso 025LP01370, se adjudicó a Flecha Log SA, la logística y transporte. Lo mismo ocurre con el concurso 025LP01348 del 11 de abril, y el 025LP01378 del 19 de abril. 

“Pretendemos conocer si en el mercado no existe otra u otras empresas que se presenten a los llamados a concursos de precios que no estén relacionadas en forma directa con la competencia en el mismo rubro. Y en el caso que así no fuere, si la empresa de Correos Oficial se ve beneficiada con esta adjudicación, que se nos explique de qué manera se realiza el control y seguimiento de los beneficios en la logística y transporte en relación a su competencia, que a su vez administra y comercializa en el mismo rubro y mercado”, escribió el legislador radical en los fundamentos de su proyecto. 

Cabe recordar que el Correo Oficial de la República Argentina es una empresa pública constituida como Sociedad Anónima, cuyo único accionista es el Estado Nacional. Funciona en la órbita de la Secretaría de Innovación Pública y depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, según la información que aparece en su sitio oficial. 

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos) cuestionó duramente la medida cautelar del juez Daniel Alonso, del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, que frenó la designación de nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura por parte del Congreso Nacional.

El diputado también objetó “la intención del Frente de Todos de impedir el normal funcionamiento del Consejo que se dedica al concurso y designación de los jueces”.

Galimberti destacó que “es una medida para ganar tiempo, porque un juez Federal es incompetente frente a lo que ordena la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un traje hecho a medida del Gobierno nacional y un absurdo jurídico que pretende, a través de un juez incompetente, modificar los efectos de una sentencia emitida por el máximo tribunal nacional”.

“Llama mucho la atención el trámite exprés que le dio el juez Alonso a la presentación del diputado (Marcelo) Casaretto, ya que solo en unas horas dictó la cautelar que ordena a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional que se abstengan de designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura”, destacó el diputado enterriano.

Para Galimberti, lo que solicitó el diputado Casaretto “es el primer intento por obstruir el funcionamiento del Consejo y con ello se corre riesgo que el Gobierno Nacional luego argumente que el mismo no puede funcionar porque no están designados los representantes políticos, lo cual podría dar lugar a arbitrariedades”.

“Hay que dejar de buscar jueces amigos para tratar de impedir que las instituciones del país funcionen. El kirchnerismo debería, después de 15 años, que fue el plazo que estuvo vigente la ley por ellos sancionada, dejar de intentar ganar tiempo y designar a los representantes de los bloques legislativos, cumpliendo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo dictado el día 16 de diciembre”, remarcó Galimberti.

“Si para el viernes no hay nueva ley como ordena la Corte, se restablece la vigencia de la sancionada en 1997 y el Congreso debería nombrar sus representantes si no, corremos el riesgo de dilación que terminará afectando el funcionamiento del Consejo y la prestación del servicio de justicia independiente”, advirtió el diputado entrerriano.

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) presentó un proyecto en el que solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre los objetivos alcanzados en el Plan Nacional Juana Manso, por el cual se provee de tecnología al sistema educativo, ya que “tenemos que contar con datos ciertos sobre el cumplimiento de las metas propuestas”.

En concreto, Galimberti pide saber la cantidad de netbooks distribuidas hasta la fecha, las provincias que las han recibido y las instituciones educativas que han sido depositarias. También pide informes sobre la cantidad de dispositivos que se planean entregar durante el 2022.

“El Plan Nacional Juana Manso se presentó en 2021 y prometía una inversión de 20 mil millones de pesos para la compra de 633.000 computadoras. Sin embargo, de la respuesta del Ministerio de Educación de la Nación a un pedido de acceso a la información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, se desprende que al día 15 de noviembre de 2021 sólo se habían entregado el 4,3% de los dispositivos (27.844 de 633.000), repartidos entre 12 provincias”, denunció.

En este sentido, el legislador entrerriano señaló que “no solo no se cumplió la meta, sino que además los datos revelan que hay un federalismo de mentira, porque sólo 12 jurisdicciones del país pudieron acceder a las netbooks destinadas a los estudiantes”.

Además, el diputado sostuvo: “La conectividad del sistema educativo nacional es mala. El mismo Ministerio de Educación informó que resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país (25.902 sobre un total de 50.382) y esto es un agravante, que no es nuevo, pero que me preocupa ante el pronto inicio del ciclo lectivo”,

Por último, el legislador recordó que, cuando fue intendente de la ciudad de Chajarí, impulsó un programa de acceso a créditos para “la adquisición de bienes tecnológicos con fines educativos, que se denomina ‘Chajarí Conecta’ y que todavía el municipio hace frente a los costos de conectividad de las escuelas”.

“La Nación aparece distante de la gente y a la provincia, al menos en Entre Ríos, parece no interesarle muchos de los problemas reales y concretos que padecen las comunidades educativas”, concluyó.

Los diputados nacionales electos Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Pedro Galimberti de Juntos por Entre Ríos, y Carolina Gaillard del Frente de Todos recibieron los correspondientes diplomas de parte de la Junta Electoral Nacional. 

La ceremonia se llevó a cabo en la Sala de Audiencias “Juan Bautista Alberdi” de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y no contó con la presencia del también electo diputado Enrique Tomás Cresto, que había encabezado la lista del frente que gobierna en la provincia.

Tras la entrega de los diplomas, el exministro Rogelio Frigerio dijo estar honrado por haber sido elegido por el pueblo entrerriano para representarlo en el Congreso de la Nación: “Espero estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas que se están generando en la provincia sobre un futuro mejor. Esperamos no defraudar. Vamos a trabajar incansablemente para estar a la altura de las expectativas que, entendemos, hay en el pueblo entrerriano”, expresó. 

Por su parte, Gaillard consideró que “en esta etapa es fundamental -más allá de la reactivación económica- la recuperación emocional de una sociedad golpeada por dos años de pandemia. Voy a trabajar fuertemente para que las áreas de salud mental del sistema público sean fortalecidas para que la ciudadanía pueda tener una atención integral. Vamos a legislar para mejorar la calidad de vida de la gente”. 

El oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la Justicia y la gran mayoría de los entrerrianos desconoce o mira con perplejidad los acontecimientos. Vayamos por parte. 

La justicia es un servicio público y un poder independiente. Sin embargo, algunas decisiones del Ejecutivo «influyen» sobre ella, condicionando su independencia. 

Hoy en la justicia se tramitan dos de las causas de corrupción más importantes de la historia provincial, que involucran directamente al poder político y donde los actores protagónicos aparecen ligados al oficialismo: los contratos truchos de la legislatura y delitos varios que se le imputan al ex Gobernador Urribarri por el desvío de fondos durante su mandato. 

Ahora bien. Tan pronto como algunos asuntos empiezan a ver la luz siempre aparecen los «mandaderos» del juego sucio que hacen fuerza para tapar la luz con sombras. Intervienen allí actores del poder político y de la propia justicia. 

La apertura de una causa de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos, se inscribe a esta trama. No se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la convivencia entre poderes, que viene de vieja data y que hay que desmontar. 

Habrá que seguir el caso con atención porque, como decía, algunos sólo miran con perplejidad estos movimientos, pero la gran mayoría permanece ajeno a estas situaciones que podrían generar un grave precedente para la institucionalidad entrerriana. 

En agosto y noviembre los entrerrianos fuimos a votar y en esa expresión democrática y popular señalamos que algo no va bien, que hay que torcer rumbos y que hay que hacer cambios. Quienes ven amenazada su continuidad en el poder político y judicial están haciendo lo imposible para que nada cambie. 

Pero quienes creemos en otra forma de hacer las cosas y en la independencia de los poderes no podemos dejar pasar la situación por alto y bregar para que, al final de esta historia, podamos decir: fue justicia. 

En una carta que compartió el diputado nacional electo por Juntos por Entre Ríos e intendente de Chajarí Pedro Galimberti denunció que “el oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la justicia”, a la cual describió como “un servicio público y un poder independiente”.

“El oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la justicia y la gran mayoría de los entrerrianos desconoce o mira con perplejidad los acontecimientos”, cuestionó Galimberti y definió que “la justicia es un servicio público y un poder independiente. Sin embargo, algunas decisiones del Ejecutivo ‘influyen’ sobre ella, condicionando su independencia”.

“Hoy en la justicia se tramitan dos de las causas de corrupción más importantes de la historia provincial, que involucran directamente al poder político y donde los actores protagónicos aparecen ligados al oficialismo: los contratos truchos de la legislatura y delitos varios que se le imputan al exgobernador Urribarri por el desvío de fondos durante su mandato”, señaló.

Y agregó: “Tan pronto como algunos asuntos empiezan a ver la luz siempre aparecen los ‘mandaderos’ del juego sucio que hacen fuerza para tapar la luz con sombras. Intervienen allí actores del poder político y de la propia justicia”.

“La apertura de una causa de enjuiciamiento a la procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos, se inscribe a esta trama. No se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la convivencia entre poderes, que viene de vieja data y que hay que desmontar”, manifestó el diputado electo de Juntos.

En esa misma línea, aseguró que “habrá que seguir el caso con atención porque, como decía, algunos sólo miran con perplejidad estos movimientos, pero la gran mayoría permanece ajeno a estas situaciones que podrían generar un grave precedente para la institucionalidad entrerriana”.

“En agosto y noviembre los entrerrianos fuimos a votar y en esa expresión democrática y popular señalamos que algo no va bien, que hay que torcer rumbos y que hay que hacer cambios. Quienes ven amenazada su continuidad en el poder político y judicial están haciendo lo imposible para que nada cambie”, apuntó el intendente.

Por último, aseguró: “Pero quienes creemos en otra forma de hacer las cosas y en la independencia de los poderes no podemos dejar pasar la situación por alto y bregar para que, al final de esta historia, podamos decir: fue justicia”.