La iniciativa se enmarca dentro del fenómeno “deepfakes” y propone penas de prisión desde 4 a 8 años a quienes sin consentimiento modifiquen o generen imágenes, videos, audios, rostros en detrimento de actividades personales. La pena será de seis a diez años si los afectados son menores de dieciocho años.
A fin de proteger la integridad y privacidad de las personas frente al avance tecnológico, el diputado nacional Juan Fernando Brügge (HCF) presentó un proyecto de ley que busca penalizar el uso no autorizado de imágenes personales mediante tecnología de inteligencia artificial.
El proyecto se enmarca en la creciente preocupación global por el fenómeno de los "deepfakes" y establece sanciones severas para quienes utilicen esta tecnología con fines ofensivos o dañinos.
Según la iniciativa de Brügge se impondrán penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes, sin el consentimiento informado y expreso de la persona implicada o de sus herederos, generen o modifiquen videos, audios, rostros de personas, grabaciones de voz y escenarios ficticios con la intención de hacerlos parecer reales, en detrimento de las actividades personales y profesionales de alguna persona humana o jurídica.
Además, se contemplan agravantes si las acciones son cometidas contra menores de edad, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad, incrementando la escala penal en un quinto en su mínimo y máximo.
El proyecto también especifica que estarán exceptuados de la penalidad aquellos contenidos generados y modificados utilizando técnicas de inteligencia artificial que sean claramente identificados y que tengan fines de interés general, educativo, histórico, científico o cultural, así como parodias y ejercicios del derecho a informar, siempre que se refieran a funcionarios públicos o personas de notoria exposición pública.
En términos específicos, la iniciativa incorpora el artículo 129 bis al Código Penal de la Nación, estableciendo penas de prisión de cuatro a ocho años para quienes utilicen inteligencia artificial para crear, exponer, exhibir, comunicar, distribuir, reproducir, transmitir, comercializar o intercambiar imágenes, audios o videos de índole sexual íntimo de una persona o grupo de personas sin su consentimiento. La pena será de seis a diez años si los afectados son menores de dieciocho años.
Adicionalmente, se propone la incorporación del artículo 157 ter al Código Penal, que establece penas de prisión de dos a cuatro años para quienes supriman, oculten o editen el aviso claro y visible de que un contenido ha sido generado o modificado utilizando inteligencia artificial.
Brügge argumentó que “la rápida evolución de la inteligencia artificial ha generado nuevos desafíos para la humanidad, convirtiéndose en una herramienta tanto útil como potencialmente dañina”, y explicó que el fenómeno de los "deepfakes" permite la creación de contenidos audiovisuales manipulados que pueden desinformar y dañar la imagen y reputación de las personas.
El proyecto de ley también se alinea con iniciativas legislativas en otros países de América Latina, como Brasil, México y Colombia, que han comenzado a trabajar en regulaciones para penalizar el uso indebido de "deepfakes". Estas iniciativas buscan proteger la integridad de las instituciones y los derechos de las personas frente a la manipulación digital.
