El diputado nacional Javier Sánchez Wrba (Pro), recién asumido en la Cámara baja en reemplazo de Hernán Lombardi, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales y comerciales para quienes cometan delitos o prácticas abusivas durante situaciones de extrema vulnerabilidad social, como las vividas recientemente en la ciudad de Bahía Blanca.

La iniciativa, titulada “Ley de Agravamiento de Sanciones en Contextos de Conmoción Social”, establece que las penas para los delitos cometidos durante o inmediatamente después de desastres naturales, catástrofes humanas o tecnológicas se incrementen al doble. Además, prevé que las multas por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y otras normas comerciales también se dupliquen en estos contextos.

“Lo que vivimos en Bahía Blanca fue una verdadera tragedia, con familias enteras afectadas, infraestructura devastada y servicios esenciales colapsados. No podemos permitir que haya quienes, en medio del dolor y la desesperación de la gente, se aprovechen para cometer delitos o abusos comerciales", expresó Sánchez Wrba.

Y agregó: “No sólo nos referimos a los hechos más visibles, como los robos, sino a situaciones que generan aún más daño e inseguridad, como la violación a la propiedad y las usurpaciones. Estas acciones siembran el miedo entre quienes ya lo ha perdido todo y complican las tareas de evacuación y restablecimiento del orden”.

El proyecto, que cuenta con el acompañamiento de otros diputados del bloque, también contempla que la diferencia recaudada por estas sanciones agravadas se destine directamente a la asistencia y recuperación de las víctimas y de las comunidades afectadas.

“El objetivo es claro: quienes cometen delitos en medio de una catástrofe no sólo deberán enfrentar penas más duras, sino que lo recaudado por esas sanciones irá a reparar los daños sufridos por la población. Se trata de justicia y de reconstrucción social”, afirmó el legislador.

Sánchez Wrba concluyó que “la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar con firmeza y equidad en situaciones de crisis y garantizar que la solidaridad y la justicia prevalezcan por sobre la especulación y el delito”.

Los ministros de Justicia y Seguridad Nacional, Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, anunciaron este lunes que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que reforme el Código Penal e incremente las penas contra quienes intencionalmente provoquen incendios.

La propuesta es una iniciativa del presidente Javier Milei y será incluida en las sesiones extraordinarias que llevará adelante el Poder Legislativo. Incluye, además del aumento de las condenas, el carácter de delito excarcelable y crea agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas.

También cuando el objetivo del incendio es intimidar al Gobierno.

Actualmente la pena para quienes inician fuegos es 3 a 10 años de prisión, pero si el incendio genera peligro de muerte o mata, asciende a un máximo de 20 años.

De ser aprobado el proyecto, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años en caso mínimo y hasta 25 años de máxima.

Cabe consignar que el año pasado impulsaron los diputados Laura Rodríguez Machado (Pro) y Gabriel Bornoroni (LLA), ambos de la provincia de Córdoba, en ocasión de los graves incendios registrados en esa provincia. Esa iniciativa presentada el 27 de septiembre del año pasado, que modifica los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación, sobre incremento de penas para quienes inician incendios intencionales.

Ese proyecto tuvo dictamen, pero luego no avanzó hacia el recinto.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes cometan el delito de hurto o robo de teléfonos celulares con el objetivo de desalentar el mercado ilegal de estos dispositivos a través de modificaciones en las normas de encubrimiento.

El proyecto propone la inclusión de un nuevo inciso en el artículo 163 del Código Penal, que establezca penas agravadas específicamente cuando el hurto involucre equipos de telefonía celular. Además, se modifica el artículo 277 del mismo código para aumentar las penas relacionadas con la adquisición y ocultamiento de celulares robados, al tiempo que se excluye la posibilidad de reducir las penas cuando se trate de estos dispositivos.

Agost Carreño destacó la importancia de los teléfonos celulares en la vida cotidiana, señalando que "los teléfonos celulares excedieron su finalidad original de hablar por teléfono; hoy en día son una herramienta de trabajo, álbumes de fotos, billeteras, terminales bancarias y repositorios de nuestra vida personal". El legislador subrayó que el objetivo no es penalizar más severamente el robo por el valor económico del dispositivo, sino por lo que representa su privación y los daños asociados.

Según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los teléfonos celulares son los bienes más robados en Argentina, representando el 26.6% de los casos de robo o hurto. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se roban alrededor de 10.000 celulares por día, lo que equivale a 416 por hora, una situación alarmante que, según Agost Carreño, requiere una respuesta legislativa contundente.

"Endurecer las penas y desalentar el comercio ilegal de celulares es un primer paso, pero sabemos que se necesitan políticas integrales de Estado para hacer imposible o extremadamente difícil la utilización de un equipo robado", concluyó el autor del proyecto.

La iniciativa que fue acompañado por sus colegas Miguel Ángel Pichetto, Francisco Morchio y Alejandra Torres.