A la reunión de la Comisión de Salud le siguió este martes en la Cámara de Diputados un encuentro de la Comisión de Discapacidad, donde se giró a Asuntos Constitucionales un pedido para que ponga en tratamiento rápidamente los proyectos referidos a interpelaciones y pedidos de informes por el caso de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelan una presunta red de coimas que involucraría a importantes funcionarios del Gobierno.

Las distintas resoluciones impulsadas por la oposición tienen como cabecera a esa comisión, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que en ocasiones anteriores ya fue emplazada en varias oportunidades.

Además, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, anticipó que la semana que viene volverán a reunirse para avanzar con un proyecto que disponga que se vuelva a dar de alta a las pensiones suspendidas durante la gestión de Spagnuolo, además de comenzar a tratar una reforma de la ANDIS.

En primer lugar, el diputado socialista Esteban Paulón recordó que la discapacidad fue “un área de las más estigmatizadas por este Gobierno” que “se empeñó en vincular cada derecho conquistado con un supuesto curro de la casta política”. En ese marco, hablaron de que “las pensiones estaban infladas, que personas que no necesitaban el CUD lo tramitaban, que tenían el privilegio de no pagar los peajes”, señaló.

“En el medio del estigma vino el maltrato, las colas interminables, las auditorías fantasmas, las notificaciones a domicilios truchos para dar de baja las pensiones por discapacidad”, recordó el santafesino.

Sobre su pedido de interpelación, afirmó que quedó “abstracto” en cuanto a Spagnuolo, “pero sí hay una funcionaria que sigue estando y que es la que tendría que ver con este esquema de recaudación, y que es la funcionaria que como tiene pánico de que se le escuche su voz, pidió a un juez violar abiertamente la Constitución Nacional, en un acto claramente inconstitucional de censura previa”, dijo en referencia a Karina Milei.

Además, Paulón cuestionó a “un Gobierno que en dos semanas no logra dar una respuesta tan simple como que no hubo corrupción o no hubo coimas. No lo pudieron decir. Entonces, que vengan a dar explicaciones al Congreso”. “El hilo conductor de todos los escándalos que le ponen opacidad a este Gobierno tiene el nombre de Karina Milei, quien más temprano o más tarde tendrá que venir a dar explicaciones a este Congreso”, aseguró.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva expresó: “No vamos a aceptar que la única respuesta del Gobierno sea correr al funcionario del que surgen estos audios escandalosos y no avanzar con una sola respuesta por parte de los funcionarios involucrados”. “No vamos a aceptar que la única respuesta sea no seguir brindando información”, enfatizó.

“Este Gobierno aspira a la degradación institucional constante, lo que no podemos permitir es que aspire a cerrar este Congreso”, añadió la bonaerense, que desafió a que “si tenemos que crear 100 comisiones investigadoras para que los funcionarios sean obligados a comparecer y dar declaraciones”, lo hagan. “Agotemos todas las vías que tengamos que agotar”, sumó.

En su intervención, Eduardo Valdés criticó que “Spagnuolo se llenó la boca con la palabra auditoría. Y en distintos medios se reflejó como en 2024 y 2025 la dirección de la ANDIS se floreaba con la palabra auditoría. En este Gobierno, esa palabra significa recortar derechos”.

“Spagnuolo dice en los audios que (Federico) Sturzenegger lo obligó a reducir drásticamente el área de auditoría de la ANDIS. De 16 personas quedaron 4. ¿Así auditaron a 110 mil personas? ¿O fueron bajas sin revisión, como también se desprende de los audios? ¿Por qué Sturzenegger decidió vaciar el área? Para poder recortar derechos y para que no se controlen los contratos con las droguerías”, observó el legislador de UP.

Durante la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo destacó la “tarea extraordinaria, impresionante” del colectivo de personas con discapacidad en contraste con “la hipocresía sin límites del Gobierno”. “Donde decían que no había plata congelaron las prestaciones, liquidaron 110 mil pensiones. Hay plata para las coimas y no hay plata para los discapacitados; hay plata para sobreprecios en el PAMI, pero no para un aumento módico para los jubilados, y esto está indignando a mucha gente”, advirtió.

“Estamos ante una gran oportunidad política: se les acabó el relato, el mileísmo con esta situación no tiene más relato. Ese discurso de la casta contra el pueblo, la casta son ellos. La casta empresarial, la casta de lo peor de la política y el pueblo son las personas con discapacidad, los jubilados y los niños y niñas. Hablaban de corrupción de otros y los corruptos son ellos, y la corrupción con lo peor, con la salud y las personas con discapacidad. No deberían hablar más de la casta y la corrupción, deberían venir a dar explicaciones”, sentenció la radical Natalia Sarapura.

En tanto, Natalia de la Sota manifestó la “indignación respecto a lo que ha sucedido”. “En los audios quedó claro que le estaban defendiendo un porcentaje a Karina Milei, cosa que no se puede creer”, dijo la diputada de Encuentro Federal, que cuestionó las medidas tomadas en el área. “No tienen idea lo que es la discapacidad ni el interior del país. Hay que trabajar muchísimo es suspender la baja de las pensiones”, consideró.

Durante el encuentro, los oficialistas Gerardo Huesen y Carlos García estuvieron presentes. En el cierre, García tomó la palabra y distintos diputados de UP salieron a contestarle.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó el acto durante el cual se entregaron 200 pensiones para personas con discapacidad, que tuvo lugar en el Centro Universitario de la Innovación (CUDI). Allí, el jefe comunal –que estuvo acompañado por funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)– expresó: “Gobernamos pensando en nuestra gente, con amor hacia los que más necesitan”.  

“Este es un día muy emotivo porque hace exactamente seis años que en La Matanza no podíamos entregar ni una sola pensión para aquellos vecinos y vecinas que habían iniciado los trámites de pensiones por discapacidad”, dijo Fernando Espinoza ante los asistentes al emotivo acto.  

En ese sentido, manifestó: “Durante los cuatro años del Gobierno de Macri y de Vidal no se entregó ni una sola pensión por discapacidad en La Matanza. Durante el gobierno anterior, en toda la Argentina, se encajonaron más de 100 mil trámites de pensiones. Ellos no gobernaron escuchando al pueblo, ellos no gobernaron al lado de los que más necesitaban, ellos gobernaron solamente para los sectores ricos de la Argentina, para pocos. Y la diferencia es que nosotros gobernamos para todos y todas”.  

Luego, el Intendente explicó que “durante la pandemia no podíamos hacer este tipo de encuentros por los protocolos que debíamos seguir, pero de todas maneras entregamos más de 3.600 pensiones por discapacidad en los últimos dos años en La Matanza”. 

Además, el jefe comunal destacó que “a partir de ahora muchas vecinas y vecinos con discapacidad pueden acceder a su pensión y a su obra social, están recuperando un derecho que se les negó por mucho tiempo”.  

En otro tramo de su discurso, Espinoza recalcó: “Necesitamos gobernar con empatía. Empatía es escucharnos. Necesitamos escucharnos, necesitamos terminar con la grieta. Necesitamos generar más justicia social”.  

“Lo que tenemos que entender es que se viene una nueva Argentina. A partir de este nuevo año, a partir de que entramos en la pospandemia y dejamos atrás lo peor y vamos a tener una vida normal, la vida que queremos”, resaltó Fernando Espinoza.  

Para finalizar, el intendente remarcó: “Vamos a seguir en este camino, el de hacer realidad lo que decía Evita: “Donde hay una necesidad, hay un derecho”. 

Estuvieron presentes en el acto la directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, Paula Martínez, y el director de Abordaje Territorial, Marcelo Villareal, de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). 

La diputada provincial Laura Aprile presentó este miércoles un proyecto para que los beneficiarios de pensiones provinciales por discapacidad reciban un bono de 3 mil pesos. Se trata de una medida excepcional y por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio.

“Es necesario que la provincia acompañe a las personas con discapacidad de manera extraordinaria durante este momento. Los espacios de enseñanza, asistencia alimentaria y sanitaria y socialización están cerrados por el aislamiento”, explicó la diputada y agregó que “el Estado debe estar presente en un momento tan difícil, garantizando un apoyo económico para evitar caer en una situación de mayor vulnerabilidad”.

Se estima que solo uno de cada tres personas con discapacidad y en edad económicamente activa tiene trabajo y en un contexto de crisis y caída de ingresos generalizada, es vital que desde el Estado se implementen políticas proactivas.