El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto integral para reformar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, con el objetivo declarado de prevenir y sancionar el fraude, ordenar el padrón de beneficiarios y adecuar el alcance de las políticas públicas a los recursos disponibles del Estado. La iniciativa reemplaza tanto la normativa vigente en la materia como la ley de emergencia en discapacidad aprobada por la oposición, cuya implementación el Ejecutivo viene bloqueando.

Estos son los puntos principales de la norma que ya genera debate:

Objetivo central: combate al fraude

● El proyecto se plantea como una ley “contra el fraude” en las pensiones no contributivas por invalidez.

● Parte del diagnóstico de un crecimiento “exponencial” del número de pensiones otorgadas en las últimas dos décadas y de la detección de irregularidades administrativas y médicas en auditorías oficiales.

Redefinición de la pensión por invalidez

● Restablece el criterio de invalidez laboral, desplazando el enfoque más amplio incorporado por la ley de emergencia.

● La pensión será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

● Es incompatible con el trabajo formal y con la inscripción en regímenes laborales o tributarios.

Auditorías y control permanente

● Obliga a realizar auditorías periódicas para verificar requisitos documentales, socioeconómicos y médicos.

● Habilita el cruce de datos con Anses, organismos tributarios, SINTyS y otras bases estatales.

● Permite la suspensión preventiva del beneficio ante inconsistencias objetivas, con derecho a pedir rehabilitación provisoria.

Reempadronamiento obligatorio

● Ordena un reempadronamiento general de los titulares de pensiones no contributivas por invalidez.

● Prevé plazos mínimos, opciones presenciales y remotas y medidas de accesibilidad.

● El no cumplimiento habilita la suspensión automática y, eventualmente, la baja del beneficio, con garantía de debido proceso.

Cambios en el sistema de prestaciones por discapacidad

● Redefine el principio de universalidad: garantiza un piso mínimo de prestaciones, pero sin aranceles ni valores uniformes en todo el país.

● Los valores y modalidades de financiamiento quedan sujetos a las competencias y capacidades de cada jurisdicción.

● Cuando el Estado nacional sea responsable, los aranceles deberán actualizarse trimestralmente.

Nuevo esquema de financiamiento

● Establece partidas presupuestarias específicas dentro del Ministerio de Salud.

● Introduce mecanismos de compensación presupuestaria en caso de insuficiencia de crédito.

● A diferencia de la ley de emergencia, subordina la expansión de derechos a la disponibilidad de recursos.

Rol de las provincias y la Ciudad

● Habilita convenios con provincias y CABA para la administración de programas de salud de los beneficiarios.

● Define un esquema de corresponsabilidad financiera entre Nación y jurisdicciones locales, especialmente para futuros beneficiarios.

Derogaciones y sustituciones

● Sustituye artículos centrales de la ley de emergencia en discapacidad.

● Deroga disposiciones clave de esa norma y restaura la vigencia de leyes anteriores modificadas por ella.

Fundamento jurídico y político

● Invoca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resaltando el principio de cumplimiento progresivo según recursos disponibles.

● El Ejecutivo busca reemplazar la lógica de emergencia por un marco de control, focalización del gasto y sostenibilidad fiscal.

Tal cual había trascendido este viernes al cabo de la reunión de la mesa política de la Casa Rosada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresa por el Senado y propone una revisión profunda del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El texto modifica la Ley Nº 13.478 y sus modificatorias, introduce cambios en la Ley Nº 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad) y reformula aspectos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793. Precisamente este último punto es central en el envío de esta norma al Parlamento, ya que se trata de una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei, ratificadas por ambas cámaras.

La iniciativa se conoció este sábado, conjuntamente con el envío de una nueva ley de Salud Mental, también a través del Senado.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el proyecto se enmarca en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional—, pero subraya que el cumplimiento progresivo de los derechos económicos y sociales debe realizarse “de manera proporcional a los recursos disponibles”, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. En ese marco, el mensaje al Congreso pone el foco en la evolución del sistema de pensiones por invalidez: entre 2003 y 2023, la cantidad de beneficios pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000, un crecimiento que el Ejecutivo califica de “exponencial” y que, según afirma, no tiene antecedentes comparables a nivel internacional.

El diagnóstico oficial es contundente. El texto señala que investigaciones administrativas y judiciales detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales”, con irregularidades que incluyen domicilios inexistentes y la falta de acreditación médica suficiente. Para el Ejecutivo, esta situación generó un “injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y perjudicó especialmente a quienes sí se encuentran en una situación de invalidez real y comprobable.

A partir de ese diagnóstico, el proyecto define como objetivo central “establecer mecanismos normativos específicos orientados a prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”. La iniciativa busca reordenar los criterios de acceso, fortalecer los controles y reintroducir un eje más restrictivo vinculado a la invalidez laboral.

Uno de los cambios estructurales es la redefinición del beneficio de pensión no contributiva por invalidez laboral. El texto reafirma su carácter de prestación mensual inembargable equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y reintroduce con claridad el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. En esa línea, se establece de manera expresa la incompatibilidad de la pensión con la posesión de un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes generales o simplificados de trabajo, un punto que recorta el universo potencial de beneficiarios respecto de interpretaciones más amplias vigentes en los últimos años.

El proyecto también faculta al Poder Ejecutivo a otorgar pensiones a personas sin suficientes recursos, no amparadas por un régimen previsional y mayores de 70 años, o bien a quienes se encuentren imposibilitados para trabajar, según los requisitos que determine la reglamentación. Con esta formulación, el Gobierno busca volver a una delimitación más acotada del universo elegible.

El capítulo más extenso y sensible de la iniciativa está dedicado al sistema de auditorías, control y reempadronamiento. La Secretaría Nacional de Discapacidad, en el ámbito del Ministerio de Salud, será la autoridad encargada de implementar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios. Para ello, se habilita el cruce de información con bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos, incluso exceptuando de manera específica las restricciones del secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esta verificación.

Cuando de esos cruces surjan incumplimientos objetivos, la autoridad de aplicación podrá disponer la suspensión preventiva del beneficio. No obstante, el proyecto incorpora garantías procedimentales: el titular podrá solicitar la rehabilitación provisoria inmediata de la pensión hasta tanto se dicte una resolución definitiva, y tendrá derecho a ser informado de manera clara y a participar del proceso de auditoría médica.

Además, el texto instruye al Ejecutivo a realizar un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los beneficiarios deberán actualizar su información personal, socioeconómica y médica dentro de un plazo no inferior a 90 días —prorrogable por única vez por 30 días— y constituir domicilio físico o electrónico para notificaciones. La reglamentación deberá prever modalidades presenciales, remotas o mixtas, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y las condiciones de accesibilidad. El incumplimiento del reempadronamiento habilitará una suspensión automática y, de persistir, la baja del beneficio mediante acto administrativo fundado, con garantía de debido proceso.

En paralelo al endurecimiento de los controles, el proyecto también incluye disposiciones orientadas al financiamiento y la continuidad de prestaciones en discapacidad. Se establece con mayor precisión cómo se afrontará el costo fiscal de las pensiones y de la atención médica asociada, asignando las partidas al Ministerio de Salud y previendo compensaciones presupuestarias desde el Tesoro en caso de ser necesario. El Ejecutivo remarca, en los fundamentos, que esta arquitectura busca evitar los desfasajes financieros introducidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que —según sostiene— amplió derechos sin contemplar adecuadamente los recursos disponibles.

En materia de prestaciones básicas, la iniciativa introduce ajustes al principio de universalidad del sistema. Se aclara que la universalidad no implica homogeneidad de aranceles ni de esquemas de financiamiento entre jurisdicciones, sino la garantía de un piso mínimo prestacional común, respetando la organización federal y las asimetrías regionales. Para el caso del Estado nacional como ente obligado, los valores de los aranceles deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad, con referencia al Índice de Precios al Consumidor cuando no se efectúen actualizaciones en término.

El proyecto también prevé la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada jurisdicción organice el programa de prestaciones de salud para titulares de pensiones no contributivas, definiendo responsabilidades de financiamiento para afiliados actuales y futuros.

Con el envío de esta iniciativa, el Gobierno abre un debate de alto impacto social y político. Mientras el Ejecutivo argumenta que la ley apunta a preservar recursos públicos y garantizar equidad en el acceso a las pensiones, el tratamiento parlamentario anticipa discusiones intensas sobre el equilibrio entre control, sostenibilidad fiscal y protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.

Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados, presidida por Daniel Arroyo (UP), la oposición pasó a la firma el dictamen de distintos proyectos de resolución y declaración por los cuales se reclama al Poder Ejecutivo que frene la baja de pensiones por invalidez y restituya aquellas que habían sido suspendidas.

Sobre esto, Victoria Tolosa Paz (UP) se preguntó: "¿Qué certeza tenemos hoy con la intervención de la ANDIS y la actuación del nuevo director de que realmente han suspendido el método que habían creado legalmente para dar de baja las pensiones?".

Por eso, consideró "urgente" pedir información sobre "cuáles fueron las bajas reales, con nombre y apellido y cuáles fueron los motivos de la baja". "En la provincia de Buenos Aires es alarmante la cantidad de bajas que se han dado", dijo.

A su turno, Eduardo Valdés (UP) reclamó: "Necesitamos saber quiénes son los empleados de la ANDIS que cobraron horas extras por dar bajas, que luego recibían premios por eso".

"Esto va a quedar en la historia como ejemplo de maltrato y humillación de parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Un Estado que decidió avasallar al sector más vulnerable de la sociedad", enfatizó.

Por su parte, Blanca Osuna (UP) señaló que "las provincias fueron expresándose con reclamos de distintos formatos y con respuestas positivas, como el caso de Catamarca con una medida judicial con orden de restitución" de pensiones.

También mencionó a La Rioja y Misiones con acciones por parte de los gobernadores, y Buenos Aires y Formosa con presentaciones por parte de los defensores del Pueblo.

Durante la reunión, Alejandro Vilca (FIT) denunció una "intencionalidad deliberada del Gobierno de dar de baja las pensiones". Sobre el pedido de informes solicitado, indicó que buscan conocer "cómo se realizaron técnicamente las auditorías, desde las notificaciones, qué exámenes médicos se exigen y los criterios". Ante las "irregularidades", exigió que "se restituyan las pensiones".

Aunque el proyecto no estaba en el temario, Roxana Monzón (UP) reveló que presentó un pedido de informes que "pone el foco en una empresa que hasta ahora no tuvo trascendencia" y que fue la encargada de "la logística y la distribución de las cartas documento, de los telegramas y de las notificaciones". "Estamos en presencia de un plan macabro llevado a cabo por una gran empresa de logística", lanzó.

Ley de Emergencia en Discapacidad: respuesta a Guillermo Francos

En el arranque de la reunión, Arroyo subrayó que "la Ley de Emergencia en Discapacidad ya es ley y el Gobierno tiene que promulgarla, y tiene que ponerla en marcha. Es una ley que es obligatoria, no es un consejo, no es una propuesta. Hay que compensar las partidas presupuestarias y esa es la tarea del jefe de Gabinete".

"La ANDIS tiene que actualizar el nomenclador como primer mecanismo", apuntó y sostuvo que " esta ley no tiene impacto presupuestario, sino lo que hace es compensar la deuda que el Estado tiene con las personas con discapacidad y sus familias".

En ese sentido, el legislador recordó que el nomenclador tuvo un 0.05% de aumento en todo este año. "La masa de recursos que no se aplicó a discapacidad sería interesante saber a dónde va. ¿Dónde aplicaron los recursos que les correspondían? Porque no se actualizó el nomenclador", agregó.

En referencia al discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional, Juan Marino (UP) aseguró que para las personas con discapacidad y sus familias "no solo lo peor no pasó, lo peor recién está arrancando". "Esta mentira de que ahora la prioridad sería Capital Humano con salud, educación, jubilados y discapacidad... Mentira, un mentiroso. Esos aumentos que anunció para 2026 son sobre la base de una inflación trucha del 10% proyectada en el Presupuesto y un dólar que cerraría este año en $1.325, cuando ya rompió ayer el techo de la banda", remarcó.

Respecto a lo dicho por Guillermo Francos sobre que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, pero no la reglamentarán porque "no están establecidos de dónde salen los recursos", Marino le recordó al funcionario que en la norma se expresa "taxativamente" que "la facultad de determinar la reasignación presupuestaria es del jefe de Gabinete". Y le advirtió que así lo haga, "si no quiere incurrir en el delito de los deberes de funcionario público" y tener una causa penal o un pedido de juicio político. "Si no la cumple habrá que ir a los tribunales para que le ordenen que la cumpla", completó.

Mientras que Ernesto "Pipí" Alí (UP) manifestó: "(Francos) tiene que leer el artículo 260 y el 264 del Código Penal, ahí va a entender perfectamente de dónde va a sacar la plata. O la va a sacar para los discapacitados o para pagarle a los abogados por la causa judicial que se va a comer".

En un contexto de creciente preocupación por el recorte de derechos en el área de discapacidad, el diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitando al Poder Ejecutivo información precisa sobre el destino de los fondos obtenidos tras las bajas masivas de pensiones por invalidez laboral.

El pedido se fundamenta en el informe de gestión N° 144 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó la realización de auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la baja de más de 110.000 pensiones. Según el informe, estos recursos serían redirigidos para mejorar el sistema prestacional, aunque hasta el momento no se han visto reflejados en actualizaciones de aranceles ni en mejoras para los beneficiarios.

Valdés, uno de los legisladores más activos en temas vinculados a la discapacidad, exige respuestas concretas sobre:

☑ La existencia de mayores recursos en ANDIS producto de las bajas.

☑ La falta de actualización de aranceles desde noviembre de 2024, pese a la promesa de redireccionamiento.

☑ La persistencia del monto de $28.000 para quienes concurren a Talleres Protegidos, sin cambios desde febrero de 2023.

☑ La reasignación específica de los fondos obtenidos por las bajas.

☑ La situación actual de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, tras el desplazamiento de Daniel Garbellini, responsable de programas clave como Incluir Salud y PACBI.

El legislador también recuerda que Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, lo que obliga al Estado a garantizar el acceso a prestaciones y servicios adecuados.

La presentación de Valdés se produce apenas días después de que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que refuerza el clima de tensión entre el oficialismo y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad.