En medio de la embestida del Gobierno contra periodistas en el marco de la decisión de prohibir la difusión de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el escándalo por presunta corrupción en la ANDIS, diputados de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocaron este martes y recibieron a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico quienes adelantaron que presentarán más pruebas y audios.

Desde la comisión repudiaron el pedido del Gobierno a la Justicia de allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas que difundieron los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que reveló un presunto esquema de corrupción.

“Hicimos esta reunión ante la negativa de la presidenta de la comisión María Emilia Orozco a convocar. Hace un año que no se convoca. No pueden negarnos reunirnos ante la gravedad de la persecución que está llevando adelante el Gobierno mediante acciones judiciales y de otro tipo sobre dos periodistas”, denunció el vicepresidente de la comisión, el diputado de izquierda Christian Castillo.

“Luego de que destaparon la olla de las coimas en la ANDIS. Lo que hacen es usar a algún juez o fiscal para que haga espionaje ilegal y perseguir y amedrentar. Lo hicieron durante el tratamiento de la Ley Bases”, apuntó el diputado del FIT y sumó: “Quieren hacer una censura previa llena de incongruencias. Desde hace un año pedimos hacer una reunión formal de la comisión para repudiar otros hechos, pero el modus operandi que tiene el oficialismo en esta Cámara es no convocar”.

Castillo apuntó que “el Gobierno dijo que no había plata para jubilados ni discapacitados, pero mientras se la afanaban con la coima y lo mismo pasó en el PAMI. El intento de silenciar las denuncias es para que esto no se investigue y no se pueda llegar al final”.

A su turno, la diputada de UP Carolina Gaillard criticó: “Esta comisión de libertad de expresión estuvo clausurada porque desde que se constituyó la comisión no pudimos sesionar para denunciar hechos gravísimos que acontecieron. Estamos padeciendo la censura como en épocas de dictadura. Jamás pensé que en más de 40 años de la recuperación de la democracia íbamos a tener que informarnos por medios extranjeros. La libertad es el único derecho constitucional que no puede ser restringido. Este es un Gobierno que pretende censurar la libertad de prensa”.

En su alocución, el periodista Jorge Rial expresó: “Me sorprende mucho escuchar que esta comisión está casi clausurada hace un año. Me gustaría ver a la diputada Orozco acá porque es su lugar natural y tendría que estar trabajando”.

“Estamos acá para denunciar una persecución del aparato del Estado contra nosotros que solo estamos informando sobre corrupción en el Gobierno”, planteó y comparó: “Esta es otra etapa de este Gobierno que en menos de dos años sistemáticamente ha hecho un plan que primero reprimió, después le metió la mano en los bolsillos a los discapacitados hasta que aparecimos nosotros a destapar esto”.

“Lejos de callarnos, les adelanto que mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto y estamos dispuestos a compartirlo con la justicia porque el laburo del periodismo es esto".

Rial sumó: "Vamos a mostrar más pruebas que no son solo audios, los ponen nerviosos los audios, no sé qué les pasa en la Casa Rosada. Es documentación que muestra cómo, de manera aleatoria se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios a los discapacitados. Lo vamos a mostrar a partir de mañana”.

Rial sostuvo que “no es fácil tener del otro lado al Estado, sobre todo a este que es muy voraz. Es un punto de quiebre esto porque se metieron con la libertad de expresión y si nos llevan puesto a nosotros, se van a llevar puesto todas las libertades porque no creen en la Constitución porque es como la criptonita para ellos”.

A su turno, el periodista Mauro Federico aclaró que no tiene relación con servicios de inteligencia: “No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing”, dijo.

También negó tener vínculos con el empresario Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano y uno de los apuntados por el Gobierno como posible responsable de las filtraciones, y agradeció el apoyo de Rial.

“Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Si no hubiera sido por Jorge yo no tendría trabajo hoy. Jorge puso el cuerpo, nos bancó”, le agradeció y agregó: “Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.

El inicio de la reunión se demoró más de media hora, a la espera de los periodistas, que concurrieron al Congreso después de concluir su programa en C5N. Asistieron a la reunión diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la izquierda y la Coalición Cívica. Estuvieron Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Yolanda Vega, de Innovación Federal; Héctor Baldassi, del Pro, y todos los del bloque Coherencia, menos la periodista Marcela Pagano. Del bloque Liga del Interior estuvo Mariano Campero.

Entre los diputados que intervinieron durante la reunión, el diputado del flamante bloque Coherencia Carlos D’Alessandro se pronunció sobre su nuevo rol opositor. Y lo hizo cargando contra el partido que hasta hace pocos días integró: “Éramos La Libertad Avanza y nos estamos convirtiendo en La libertad Atrasa”. Y siguió: “Militamos la libertad y nos convertimos en censura. Lo que está pasando es tremendo y muy peligroso”.

“Desde el bloque Coherencia, que conformamos cuatro diputados que nos alejamos (del oficialismo), pero que nos alejamos pidiéndole coherencia a los diputados que dejamos. La realidad está demostrándonos que estamos convirtiéndonos en lo que buscaos combatir”, señaló en otro pasaje y concluyó diciendo que “rehazamos y denunciamos este atropello a la libertad de expresión”.

El Senado de la Nación puso en marcha este jueves la conformación de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que quedó a cargo de la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), mientras que el bloque radical y los libertarios hicieron reserva de la vicepresidencia y de la secretaría respectivamente.

Sobre ello, Moisés bregó para que cuanto antes los bloques designen a las autoridades, habida cuenta de la cantidad de expedientes que requieren tratamiento. En tanto, acordaron como día y horario de reunión los miércoles a las 11.

“Esta comisión tiene tareas fundamentales en la vida democrática. Siempre se dice que hay tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero los medios de comunicación en esa época es un gran poder a la hora de dirimir la voluntad electoral y soberana del pueblo”, planteó Moisés.

En esa línea, manifestó: “Esta comisión tiene responsabilidad a la hora de legislar en la materia que compete a cuatro derechos fundamentales y deben están en equilibrio como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa y el derecho a la información”, y remarcó: “Me gustaría que sobre estos cuatro ejes se puedan analizar las propuestas, porque esos cuatro derechos deben ser los tutelados y estar en equilibrio”.

Moisés se refirió al Sistema Nacional de Medios Públicos, precisamente el cierre de Télam y La TV Pública “reducida a su mínima expresión”, Radio Nacional que “siempre ha sido una herramienta de comunicación federal que ha tenido presencia en todas las provincias y, más allá de ser un organismo de distribución de la información, siempre fue un espacio de producción de información, de voces, federalismo real”.

“Es un tema que deberíamos revisar como senadores y, más allá de los intereses de un proyecto de Gobierno, tenemos que representar los intereses de los pueblos, de nuestras provincias y este de un proyecto de país”, expresó.

En otro orden de cosas, también propuso trabajar sobre la Inteligencia artificial porque “nos debemos una regulación sobre la Inteligencia artificial que sea moderna, que sea conducente, pero sobre todo que sea profesional y con personas que realmente conocen sobre la temática”.

“Es un tema que, políticamente, tiene un enorme impacto y no lo estamos tomando en la agenda parlamentaria como corresponde, a pesar de que hay otros proyectos. Es una buena metodología para que busquemos especialistas, escuchemos a quienes saben, miremos qué es lo que ha pasado ya en otros países como España, que ya tiene legislación e incluso ya hay prueba y error sobre cosas que no funcionaron”, comentó.

Por otro lado, la titular de la comisión mostró preocupación por los reiterados ataques del Ejecutivo a la prensa. “Necesitamos generar de alguna manera alguna protección ante los ataques permanentes a determinados periodistas solamente por opinar diferente. También tenemos en el otro plato de la balanza que es la baja densidad profesional de algunos periodistas que tienen voces altamente influyentes. Deberíamos ver la Ley de Ética para un servicio que tiene un rol social tan fundamental”.

A su turno, su compañero de interbloque el catamarqueño Guillermo Andrada señaló que “esta es una comisión que, en el contexto actual, es complicado entre los medios de comunicación, los periodistas y el Poder Ejecutivo Nacional. Requiere que tengamos una mirada de compromiso hacia la libertad de expresión, hacia la pluralidad informativa que es necesaria, porque es una herramienta para que la democracia funcione”.

De forma breve, el radical Víctor Zimmermann avizoró tener un “enorme desafío” porque hay casi 100 proyectos de declaración y comunicación para su tratamiento y hay 18 proyectos de ley.  “La tarea va a ser ardua seguramente”, opinó.

Luego se expresó la fueguina Eugenia Duré (UP): “Parece importante en el día de hoy por todo lo que venimos viviendo también en los medios de comunicación, sobre todo lo que refiere al estado de situación muy crítica de los trabajadores y trabajadoras de prensa de los medios públicos de comunicación”.

“Desde el comienzo del Gobierno nacional, ya con la Ley Bases, se quiso privatizar cada uno de esos medios: Radio Nacional, canal 7, la televisión pública y demás. Me parecía importante hoy que nosotros podamos poner palabra y que la comisión también haga un repudio, y que los senadores y senadoras acompañen, lo que el presidente de la Nación está ejerciendo en cuanto a la violencia hacia periodistas sobre todo mujeres”.

Dure hizo mención a las periodistas Julia Mengolini, María O’ Donnel y Romina Manguel que, en los últimos días, “han sufrido ataques directos del presidente de la nación. No podemos naturalizar que el presidente de la nación sigue diciendo insultos en su Twitter que tiene la verificación presidencial”.

Así, la fueguina leyó algunos posteos de la cuenta oficial de Milei donde escribió ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas basura’. “Hay también dichos en entrevistas que son irreproducibles, y me parece que nosotros también tenemos que poner palabra en eso, porque lo han hecho no solamente las periodistas aludidas en su programa, sino también por ejemplo el New York Times dice ‘La guerra de Milei contra los medios de Argentina se evidencia en una campaña impulsada por la Inteligencia artificial’, o ‘Preocupación internacional por la libertad de expresión en el país’”, mencionó Duré.

También informó que FOPEA y la OEA repudiaron las expresiones “agraviantes y violentas de Milei contra periodistas que son incompatibles con la investidura que representa el presidente. Desde FOPEA manifestaron la reiteración de un discurso hostil que estigmatiza a quienes ejercen el periodismo en Argentina”. En ese sentido, Dure comentó que hay un reclamo internacional para exigir que Milei “frene sus ataques a periodistas”.

Por último, hizo mención a un informe que publicó el diario La Nación el cual reveló que “durante el primer año de Javier Milei como presidente dijo 739.000 palabras, 4.000 son insultos. Le concedió en solo un año 58 entrevistas a medios de comunicación y pronunció 84 discursos oficiales totalizando 89 horas de audio, en las que 739.000 palabras entre ellas 4.000 insultos”, y cerró: “Hoy las mujeres periodistas en la Argentina también tienen en este caso una persecución política por parte del presidente de la Nación”.

De igual modo coincidió el radical Pablo Blanco quien planteó: “Tenemos que hacer un severo llamado de atención de la violencia que se está engendrando lamentablemente. La violencia política que uno lo ve a diario como ayer en la Cámara de Diputados, lo que sucede con el presidente de la Nación permanentemente no solo contra las periodistas mujeres, la prensa en general y adversarios políticos en particular. No es un muy buen ejemplo el que está dando el presidente de la Nación, pero tenemos que recapacitar y hacer una consideración genérica”.

“Tenemos que hacer un severo llamado de atención al presidente de la Nación y a las autoridades nacionales de que la libertad de expresión no autoriza a decir a cualquier cosa, lo primero que uno debe tener es el respeto a quien opina distinto y a la población. Hay que recapacitar en cómo nos movemos nosotros ante las agresiones”, cerró.

Repudio a la detención de las militantes políticas

En tanto, el neuquino Oscar Parrilli (UP) adhirió a las palabras de sus pares, pero sumó la situación que están viviendo cuatro militantes políticas que “han sido detenidas injustamente y arbitrariamente por una jueza por expresar su opinión”, tras el ataque a la casa del diputado liberal José Luis Espert.

“Uno puede estar de acuerdo no con el método que ellos utilizaron que, en definitiva, no pasa más allá de una transmisión a una norma municipal o una contravención municipal, pero está claro que hay un abuso desmedido por parte de la justicia, por parte de un diputado que se encarga precisamente de utilizar la violencia verbal y, a veces, hasta física y, obviamente mediática y simbólica, en contra de dirigente político compositores emulando lo que hace el presidente de la Nación. Tenemos que expedirnos sobre esta injusta actitud y este abuso de autoridad que lleva adelante una jueza federal con una detención arbitraria que nos hace recordar las viejas etapas de la dictadura”, explayó Parrilli.

“Yo quiero llamar a la reflexión a esto y creo que la comisión debe en algún momento expedirse y ser muy tajante. Uno puede tener la opinión que quiera, pero lo que no puede hacer es utilizar violencia mediática simbólica y verbal para agredir a otros dirigentes políticos y luego utilizar la justicia para perseguir”, sentenció.

Por último, el jefe del bloque de UP, José Mayans, señaló: “Esta comisión tiene un rol central, sobre todo lo que es la comunicación social. Primero de medios que buscan hacer desaparecer que, prácticamente, eran la voz en todas las provincias argentinas porque somos un Estado federal y, obviamente, necesitamos la expresión de todas las provincias argentinas”.

“Pero esto que acaba de pasar es realmente grave. Una acción verdaderamente grave por parte de la justicia para tomar medidas contradicionales y llevarle directamente a prisión. Estamos viviendo momentos que son muy graves, sobre todo en materia de las garantías constitucionales de los ciudadanos”, apuntó.

Mayans reclamó que el Parlamento “tiene que tomar carta en el asunto porque la violencia solamente engendra violencia y esto se va a poner peor”, y cerró: “La violencia que tiene el presidente cuando se expresa contra los periodistas, los políticos, el Parlamento que es inusual realmente. Hay que tomar cartas en el asunto porque hay que prevenir estas cosas”.

En vísperas del Día del Periodista, diputados de distintos bloques de la oposición presentaron una iniciativa para que por ley el Estado garantice la protección de la tarea periodística, frente a los constantes ataques y riesgos a los que se ven sometidos los profesionales de la prensa.

El proyecto lleva las firmas de Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

En el texto se propone un marco normativo integral que contemple, entre otras cuestiones, la definición de principios rectores; la creación e implementación de mecanismos de protección y sistema de alerta temprana; la obligación estatal de investigar y sancionar agresiones contra periodistas y/o su entorno; y el reconocimiento del derecho a la protección de las fuentes informativas.

“La actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”, sostuvieron los legisladores en los argumentos.

Y agregaron que "esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”.

Uno de los artículos prevé que "el Estado tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa". En este sentido, se deberá "adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia" contra prensa; la capacitación periódica de funcionarios y empleados; y garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas, entre otros puntos.

También se establece la creación en el ámbito del Poder Legislativo Nacional de un "Mecanismo de Protección Interinstitucional", que articulará sus funciones con organismos e instituciones que cumplen tareas relacionadas con el objeto de la ley y podrá suscribir convenios con las mismas.

"En un contexto en el que la labor periodística se ve cada vez más amenazada, se vuelve indispensable que el Estado asuma un rol activo en la protección de quienes ejercen esta función esencial. El periodismo constituye una herramienta fundamental para la vida democrática", enfatizaron los diputados.

A su vez, advirtieron que "tanto en nuestro país como en la región, se registra un preocupante aumento de ataques, amenazas, hostigamientos, estigmatización, vigilancia, restricciones y represiones al trabajo de los profesionales de la comunicación".

El Gobierno nacional oficializó este viernes nuevos requisitos para que los medios y periodistas puedan acreditarse en la Casa Rosada y la oposición denuncia que es una clara censura a la libertad de expresión.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 1319/2025 que deroga la disposición anterior de 2024 y tiene como objetivo “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”.

La normativa establece un plazo de 30 días hábiles para que los medios y periodistas presenten sus solicitudes de acreditación, que serán válidas desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.

Entre las novedades, se incluye un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, una declaración jurada obligatoria y una “matriz de evaluación objetiva” para evaluar a los postulantes, según una grilla con puntos que toma en cuenta factores como el “índice de medición de audiencia y alcance” en los últimos tres meses.

Además, se limitó la cantidad de trabajadores de prensa que podrán asistir a las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y de conferencias dentro de la Casa Rosada, según establecen los anexos firmados por el subsecretario de Prensa Javier Lanari. Así, solo podrán acceder hasta 25 periodistas a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” acreditados bajo la modalidad Anual. Además, otros 36 profesionales podrán asistir desde la Sala de Conferencias.

Según el Gobierno, esto es necesario para garantizar “condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”.

En suma, se estableció un código de vestimenta ara las conferencias "será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional". “Este requerimiento responde al protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden correspondiente. En consecuencia, los acreditados y/o participantes tendrán que cumplir con el mismo a fin de preservar las buenas costumbres, el respeto por las instituciones y la importancia del evento", sostuvieron.

Al respecto, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, denunció “censura previa, cerco a la libertad de prensa”.

“Nuevas disposiciones limitan aún más el acceso y el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada. Además de la reducción drástica del número de acreditados -solo 25 podrán ingresar a la sala de periodistas y 36 a la sala de conferencias-, se impone un código de vestimenta formal, la moderación previa de las preguntas, y se advierte que la circulación por áreas no autorizadas será considerada una falta grave. A esto se suma un control sobre las métricas de los medios presentes, introduciendo un ‘criterio de evaluación’ que hasta ahora no ha sido especificado”, cuestionó.

En ese sentido, chicaneó: “A semejante dislate, solo les faltó incluir que las preguntas deberán ser remitidas con anterioridad, al igual que las notas periodísticas que serán publicadas posteriormente”.

“Estas medidas limitan el derecho a preguntar libremente y condicionan el tratamiento editorial de los hechos”, denunció y apuntó contra la libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión que “se pasea con su perro caniche por todos lados y mantiene cerrada, bajo siete llaves, la comisión, en una inacción nunca vista”.

Vos decís que esto está en armonía con el gobierno de la "libertad"...?
Ah pero no pueden ser comparados con la previa al advenimiento de Hitler...!
Es un deber organizar la oposición republicana. https://t.co/O11WIjyifb

— Monica Frade (@MonicaFradeok) May 23, 2025

“Un gobierno que le teme a la prensa es un gobierno que le teme a la verdad. El decreto que restringe el trabajo periodístico en Casa Rosada no busca orden, busca silencio. La libertad de prensa no se limita, se garantiza. Y se defiende siempre”, expresó el diputado cordobés Oscar Agost Carreño.

El diputado socialista Esteban Paulon acusó: " PREPARADOS PARA PROVOCAR. En medio del discurso desregulador el gobierno de Milei REGULA al extremo la tarea del periodismo en la Rosada Trajes pitucos, declaraciones juradas, limitaciones y criterios de selección ridículos para ingreso. Tienen pánico a la libertad de expresión". Su par Mónica Fein sumó: "Mientras el gobierno incrementa las agresiones a la prensa, restringe las acreditaciones en Casa Rosada e impone condiciones para ejercer el periodismo. Es un abuso de control sobre los medios de comunicación y un nuevo retroceso en un derecho fundamental para la democracia".

Y la libertad? código de vestimenta para periodistas? Más que para ministro o legislador @madorni se parece más al director facho de alguna escuela secundaria.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) May 23, 2025

“Estoy preocupada por el clima hostil que genera el Gobierno contra el periodismo. Todos, incluso un gobierno tienen derecho a cuestionar coberturas o disentir con líneas editoriales, PERO el discurso oficial actual que descalifica sistemáticamente a medios, periodistas y comunicadores, tildándolos de ‘ensobrados’, ‘mentirosos’ y pidiendo que se los odien, produce un ambiente peligroso que erosiona la libertad de prensa, inhibe el debate público y motiva la autocensura”, alertó la diputada radical Karina Banfi.

En un largo posteo, Banfi señaló que “los periodistas Gabriel Levinas y Baby Etchecopar no le temen al poder y entienden muy bien las reglas del debate público. Les preocupa que estas agresiones los pongan en peligro, como pasó con el periodista Roberto Navarro. Temen por los valores democráticos en los que quieren vivir. Nosotros, también”, agregó.

La diputada radical sostuvo que “un gobierno debe fortalecer las voces críticas, no buscar su silenciamiento”, y advirtió que “la prensa no está para agradar al poder, sino para interpelarlo. Defender el derecho del gobierno a expresarse no debe implicar avalar ataques a quienes ejercen el periodismo, porque eso daña el derecho de toda la ciudadanía a recibir información plural y veraz”.

Así las cosas, sostuvo que “cuando se naturaliza pedir cárcel para periodistas cruzamos una línea peligrosa. Creer que se puede meter preso a quienes opinan es inconstitucional. Si no se repudia, creamos cultura de hostigamiento a la expresión. ¿Queremos eso?”, preguntó.

Añadió Karina Banfi que “defender la libertad de expresión incluye aceptar la crítica, el disenso y la expresión que molesta. Si miente, se desmiente. Si desinforman, es obligación del Gobierno informar”.

“El camino de las autocracias al estilo Maduro u Orban no va a funcionar en Argentina, no insistan. No le funcionó a los k, no les va a funcionar a los libertarios tampoco. La sociedad está comprometida con los derechos humanos desde hace más de 40 años”, precisó y cerró: “Buscar con manifestaciones violentas callar voces no es una muestra de poder, es una señal de miedo”.

En un extenso posteo en la red social X, Silvia Lospennato, cabeza de lista del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, donde el partido amarillo jugará un partido definitivo en las elecciones del 18 de mayo, sobre todo contra La Libertad Avanza, la diputada nacional se pronunció luego de la fuerte andanada oficial contra el periodismo. Una andanada en la que el presidente Javier Milei sostuvo en reiteradas oportunidades la última semana que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”, y uno de los influencers oficialistas estrella le pidió al mandatario meter preso a un periodista.

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública […]. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre”, posteó Lospennato, transcribiendo una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva OC-5/85).

“La libertad de expresión es una garantía consagrada en los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. No puede ser vulnerada por ningún ciudadano, pero mucho menos por quienes ejercemos cargos públicos”, advirtió la diputada del Pro, que agregó: “Este derecho tiene dos dimensiones: una individual (el derecho a expresar ideas y opiniones) y otra colectiva (el derecho de la sociedad a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole). Cuando se vulnera la libertad de expresión, no solo se afecta a quien se intenta silenciar —sea por censura directa o amedrentamiento—, sino que se perjudica a toda la sociedad”.

En un posteo encabezado por esta sentencia: “No naturalicemos lo que está mal. Amenazar no es un chiste. Sin libertad de expresión no hay democracia”, Lospennato advirtió que “no podemos mirar para otro lado cuando la calidad de la democracia se deteriora. Los que alzamos la voz cuando el kirchnerismo decía ‘vamos por todo’ y llamaba a escupir periodistas en la plaza, hoy no podemos —ni debemos— hacer silencio”.

Alertó la diputada que “el odio engendra violencia. Quienes no queremos una sociedad violenta, quienes amamos la Libertad y la República, debemos levantar la voz. No naturalicemos la agresión hoy para no arrepentirnos mañana, cuando ya sea tarde”, y concluyó expresando su solidaridad “con todos los que defienden su derecho a expresarse en libertad”.

Luego de un renovado embate presidencial contra el periodismo en general, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró que Javier Milei “ha cruzado todos los límites” y le reclamó: “¡Basta de perseguir al periodismo!”.

Ferraro enumeró: “Reposteó a un influencer de su entorno que pedía meter preso a un periodista por decreto. Además, afirmó que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. Estas declaraciones no solo son inadmisibles: son un ataque directo a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, pilares fundamentales de una democracia y de una república que se enriquece con la pluralidad”.

“Organizaciones como FOPEA y Reporteros Sin Fronteras han denunciado el creciente hostigamiento a la prensa por parte del gobierno. Argentina cayó 26 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa. El mensaje que se está enviando desde el poder es claro: al que piensa distinto, se lo castiga”, advirtió el diputado de la CC.

En ese sentido, Maximiliano Ferraro expresó “toda nuestra solidaridad con los periodistas agredidos y con el periodismo argentino en su conjunto. No se trata de una polémica en redes: se trata de un intento sistemático de imponer miedo y la autocensura”.

Y cerró: “La defensa de la libertad de prensa no admite medias tintas. No se trata de estilos personales, ni de justificar agravios con el carácter ‘particular’ del presidente. Estamos hablando de un valor esencial de la democracia, y cuando se ataca, se condena. Sin peros”.

A través de sus redes sociales, un grupo de legisladores salió a repudiar la actitud intimidante que Santiago Caputo tuvo con el reportero gráfico Antonio Becerra, quien lo fotografió en su llegada al debate de los candidatos a legisladores porteños y el poderoso asesor presidencial le tomó una foto a su credencial.

“Mi solidaridad con el fotógrafo agredido ayer por Santiago Caputo. Repudio esta y cualquier forma de intimidación. Necesitamos una convivencia democrática que respete la disidencia y la pluralidad”, expresó el senador radical Martín Lousteau.

Al hacerse eco de un posteo de Lula Levy, la candidata de Evolución en la Ciudad, el presidente de la UCR Nacional pidió que “todos los candidatos condenen esta agresión”. “En democracia, el poder no se ejerce atacando al que piensa distinto. La violencia verbal y física desde el Estado hacia periodistas, trabajadores de la cultura y a cualquiera que piensa distinto es un intento de disciplinamiento”, advirtió el economista.

Por su parte, el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes, quien fue protagonista de un episodio similar con Caputo, quien lo increpó en los pasillos del Congreso el pasado 1ro. de marzo, alertó: “Controla la SIDE y amenaza a un fotógrafo por hacer su trabajo. A Cabezas le costó la vida sacar una foto en democracia. No normalicemos estos gestos mafiosos”.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi observó que “a Pablo Grillo le dispararon. A Kaloian lo echaron por registrar al agresor. A Antonio Becerra, fotógrafo de Tiempo Argentino, lo apretó Santiago Caputo por sacarle una foto. No son hechos aislados. Es un patrón de disciplinamiento, de castigo al que muestra, al que incomoda, al que no se calla. Van por la prensa porque mostrar la realidad los pone en jaque. Porque si se muestra todo, el gobierno se cae. Todo el repudio a este gobierno patoteril que amedrenta a quienes más los incomodan”.

“Santiago Caputo está sin correa. Se siente amo y señor de la Argentina. Siente que puede andar intimidando a propios y ajenos. Cuando ves a Santiago Caputo, sabés que el modelo está mal, mal y mal”, manifestó el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes.

En defensa de Caputo, el presidente Javier Milei compartió este miércoles un posteo de Agustín Laje, escritor y líder de la Fundación Faro, cercano al Gobierno, que reza: “¿Cómo funciona la cosa? ¿Los periodistas te pueden meter una cámara en la cara y acosarte mientras estás tratando de conversar con otras personas, pero uno no puede, a su vez, sacarle una foto al periodista? Estos tipos verdaderamente se creen por encima de todos y de todo”.

A lo que el diputado radical Martín Tetaz replicó: “Laje no entiende que una de las funciones principales del periodismo en una democracia republicana es la de acotar el poder abusivo del Estado. Efectivamente Agustín, la idea es que el periodismo publique información del poder, no que el poder le saque fotos a los periodistas”.

No en referencia únicamente al episodio del asesor con el fotógrafo, pero sí sobre las renovadas críticas de Milei hacia el periodismo (apuntó en las últimas horas contra el periodista Nacho Girón), la diputada radical Karina Banfi consideró que “es inaceptable que el gobierno nacional siga agrediendo a periodistas como sistema”.

“Terminar con la inflación es un objetivo de la sociedad por el que los argentinos estamos haciendo muchos sacrificios. Respetar el esfuerzo de los ciudadanos implica también enfocarse en lo importante y dejar las peligrosas distracciones de la agresión para la tribuna. El presidente no debe llamar a odiar a los periodistas y sus asesores no deben intimidarlos. El desafío del camino por delante requiere de la convivencia democrática como modo de vida, no de la polarización gratuita”, sostuvo la bonaerense.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, el cordobés Pablo Carro, criticó duramente al presidente de la Nación, Javier Milei, por haber “dinamitado las capacidades del Estado para garantizar la conectividad”, a partir de la eliminación las exenciones del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódica y la derogación de la resolución 1.491/2020.

Como primer cuestionamiento, el legislador cordobés cargó: “Milei dinamita las capacidades del Estado para garantizar la conectividad. Tras meses de vaciamiento a Arsat y el descuido de la Red Federal de Fibra Óptica, el Gobierno renunció a 100 MHz de espectro que el Estado Nacional debía usar para mejorar las comunicaciones móviles”.

Y luego indicó que “eso no es todo” porque “el gobierno de Milei también busca eliminar las exenciones del IVA para diarios, revistas y publicaciones periódicas, tanto impresas como digitales, y así debilitar aún más al periodismo”.

Milei dinamita las capacidades del Estado para garantizar la conectividad. Tras meses de vaciamiento a Arsat y el descuido de la Red Federal de Fibra Óptica, el Gobierno renunció a 100 MHz de espectro que el Estado Nacional debía usar para mejorar las comunicaciones móviles. Va🧵

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) October 21, 2024

“Con la excusa de la libre competencia entre empresas periodísticas, se eliminarán las reducciones progresivas del IVA, perjudicando a PyMEs y medios cooperativos y comunitarios, encareciendo los costos y el precio final que deben pagar las y los argentinos por la información”, señaló Carro.

Por último, cuestionó la derogación 1.491/2020, que obligaba a incluir señales informativas en la programación de servicios de TV, y cerró: “Quieren callar al que piensa distinto. Quieren imponer el relato que festeja el oscurantismo que propone Milei. Quieren llevarse puesta la democracia”.

 

La diputada de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) María Inés Parry presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa de declaración mediante la cuál buscará que se manifieste la “extrema preocupación por el sostenido recorte de acreditaciones periodísticas en Casa Rosada”.
“El ejercicio de una prensa libre de presiones y censura es imprescindible para la información pública que por obligación tiene el Estado que brindar”, sostiene el documento.
En los fundamentos del texto, la radical recordó que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara que se restringirá el acceso de periodistas y medios a la Casa Rosada, para lo cual se tendrá en cuenta el alcance y audiencia del mismo, así como también ciertas características que tendrían que cumplir los comunicadores que quieran desarrollarse allí.
“La intención de restringir el acceso periodístico a la Casa Rosada se da semanas después de que el gobierno le rechazara la renovación de la acreditación a la periodista Silvia Mercado, por sus posiciones críticas”, sostuvo la legisladora, quien también recordó que desde que el presidente Javier Milei asumió sus funciones apuntó contra varios comunicadores, entre ellos Jorge Lanata, Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá, María Laura Santillán, Jorge Fontevecchia, Romina Manguel, Silvia Mercado, Luisa Corradini, Marcelo Bonelli, Víctor Hugo Morales y María O'Donnell, entre otros.
Por lo que concluyó señalando que “la política nacional vive un momento de tensiones que se proyectan sobre una economía en profunda crisis, que arrastra graves problemas estructurales. En este contexto, la labor de los medios, con sus más diversas orientaciones y opiniones, recobra gran importancia. Resulta trascendente comprender que los medios de comunicación libres pueden asegurar la transparencia, la responsabilidad de las instituciones y el estado de derecho, promoviendo la participación en el discurso y en los debates públicos y políticos”.
El texto también lleva la firma de los diputados Jessica Barreto (PS), Aldana Crucitta, Lucio Lapeña, Francisco Loupias, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev), María Sol Méndez, Sebastián Nagata y Graciela Ocaña (CP).

Protagonista central de todas las mañanas con sus conferencias de prensa diarias con las que busca de alguna manera ordenar el discurso político de su Gobierno, Manuel Adorni reconoce que por momentos se pregunta si es lo mejor pararse frente a la prensa todos los días, o hacerlas salteadas.

“La casta también está en el periodismo”, dice durante la entrevista concedida a parlamentario.com. En la misma dio su interpretación de lo que justamente para él representa la casta, y aclara: “La casta no es naturalmente el político”.

Reconoce las dificultades de La Libertad Avanza en materia numérica en el Congreso, pero resalta que aun así “la ley de Bases va a terminar siendo una realidad”.

- Como ferviente seguidor de Juan Bautista Alberdi, el presidente Javier Milei propuso un nuevo ordenamiento jurídico y político, inédito. ¿En qué puntos centrales creen que se avanzó y en qué temas les falta hacerlo?

- Es una pregunta compleja, porque en definitiva siempre vamos a considerar que falta todo por hacer. Centralmente, nosotros consideramos que la gente nos votó por tres principales pilares centrales: nos votó por la economía, por la seguridad y por la batalla cultural, entendida como la búsqueda de libertades. Esto de entender que a lo largo de los años logramos que mucha gente entienda -que tal vez no lo veía- cómo el Estado le iba comiendo libertad.

En Seguridad, el trabajo que está haciendo (la ministra del área) Patricia Bullrich es absolutamente sensacional, dentro de su jurisdicción. Está claro que la seguridad del ciudadano depende de las diferentes provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la parte económica tiene que haber un ordenamiento de la macroeconomía, que lo estamos logrando, aunque todavía nos queda un camino largo por recorrer, porque cuando vos tenés un Banco Central quebrado, cuando no tenés prácticamente una moneda, cuando venías corriendo una inflación altísima. Y además tenías un delirio dentro del Banco Central con las Leliqs y con estos pasivos remunerados… Todavía hay mucho camino por recorrer, pero por un lado tenés el saneamiento del Banco Central y del otro lado tenés la no emisión y el equilibrio de las cuentas públicas.

Y después tenés la batalla cultural, que gran parte de esa batalla -el presidente dice un 25%, que es una gran parte, pero yo no lo tengo medido en porcentajes-, pero parte de esa batalla cultura está en cuestiones como la ley Bases y el DNU, que en definitiva es eso: es traducir la batalla cultural o el deseo de libertad en cuestiones cotidianas.

Vos cuando analizás la ley Bases, más allá de que hay cuestiones específicas en lo laboral, en inversiones, etcétera, son cuestiones estrictamente de libertades. Es que las empresas que vengan a invertir, el Estado no las confisque, que el trabajador tenga más posibilidades de trabajar libremente. La verdad es que es una parte de los tres pilares la ley Bases.

- Alberdi también pensó en una nueva Constitución .¿Se adecua esta Constitución al pensamiento liberal, o piensan que debería haber reformas a futuro?

- Esta Constitución tiene base en aquella Constitución liberal que ha tenido modificaciones -la última en 1994-. Es una linda pregunta, pero tal vez no soy yo el indicado para contestarla. Te la respondo al revés. Esta Constitución nos permite hacer todo lo que queremos hacer. Y después en tal caso lo que no se pueda hacer nos iremos topando en el medio, ¿no? Y no será porque nosotros somos respetuosos de las reglas de juego actuales y es el respeto absoluto e irrestricto por la Constitución, porque no limita a los ciudadanos. La Constitución nacional no es para los ciudadanos y para regir el comportamiento de los ciudadanos. La Constitucional nacional es para que el ciudadano tenga poder y para que el ciudadano esté bien representado y para controlar, limitar y cercenar los abusos de poder que pueda tener el Estado o los diferentes gobiernos en el manejo del Estado. Así que para nosotros el respeto por la Constitución es total. No es parte ni de la discusión de café si estamos o no en acuerdo o desacuerdo con alguna cuestión constitucional.

- Para ustedes el Estado presente terminó definitivamente. ¿Ahora cuáles son los ejes del nuevo Estado que proponen?

- El Estado presente no terminó. El Estado presente tomamos la decisión de que se termine. Y estamos haciendo todo en consecuencia para que se termine. Un Estado presente que nos ha hecho mucha burla, porque de presente la verdad que tuvo bastante poco, cuando uno ve los datos de pobreza, los de indigencia, los de niños pobres, los que marcan el nivel educativo, los del nivel en el sistema de salud, etcétera. Así que de Estado presente poco ha tenido. Sí fue presente para los que hicieron negocios con el Estado, sean políticos, empresarios o sindicalistas. Pero conceptualmente el Estado presente terminó, pero la cuestión es que lo estamos desarmando, como en el Inadi, en Télam y en empresas públicas… En fin, todo lo que vamos haciendo para desarmar este esquema que es difícil, porque uno dice: ‘Pero ustedes dijeron que iban a terminar con todo, un Estado chiquitito’. Pero bueno, la burocracia, la ley, la norma, los tiempos de todo este elefante no son los que a uno le gustaría tener, pero vamos a hacer siempre todo lo posible.

- ¿Están conformes con la estructura de este Poder Ejecutivo? ¿Es eficaz? Porque ustedes redujeron ministerios, estructuras, cargos jerárquicos. ¿Están conformes con esta estructura o quieren ir por más?

- El tema de las estructuras efectivamente se ha diseñado en base a lo que conceptualmente creemos mejor. En el medio nos dimos cuenta de que Infraestructura (el ministerio creado al iniciar la gestión, y que fue desarmado con la salida de Guillermo Ferraro) no tenía mucho sentido que no dependa directamente de Economía, al margen de seguir achicando estructuras. Por ahora en este esquema nos sentimos cómodos, nos parece que es un esquema razonable. Tal vez la gente de a pie no lo tiene muy presente, pero nosotros la reducción que hemos hecho. Yo solo en mi área, cuando la rediseñamos, ahorramos 500 millones de pesos por año a dinero de hoy. El ahorro que se ha hecho en estructura es muy importante. Después, si mañana surge que operativamente queremos eliminar un ministerio o sumar o restar una secretaria serán cosas que iremos viendo. No nos parece relevante. Nosotros hicimos lo más chico, lo más eficiente, lo más reducido que considerábamos. Y después, la propia experiencia nos irá marcando si esto puede continuar así o no.

- Un tema que queda pendiente en el Poder Ejecutivo es el nivel salarial. Porque con esta inflación, siendo que hay un congelamiento de los salarios para los cargos jerárquicos, en un momento se va a tener que definir una política.

- Esas son decisiones del presidente de la Nación que nosotros respetamos, apoyamos, y nos debemos a lo que él decida. Entiendo que en algún momento va a haber un debate sobre lo que tienen que ser los salarios del Poder Ejecutivo. Igual me parece que nos debemos un debate de todos los salarios públicos, de todo lo que pasa desde el primero al último. Me parece que nos debemos un debate serio, sincero, de cuánto es que tiene que ganar un trabajador para determinadas tareas, que hoy te diría que agarres el puesto que agarres, tenga o no jerarquía, te vas a encontrar con que hay un cierto grado de irracionalidad en eso. A nivel integral se va a tener que debatir.

- El presidente en estos cuatro meses cargó muchas veces contra el Congreso. ¿Hasta dónde llega la disconformidad? ¿Qué tipo de Congreso, teniendo en cuenta que es un poder independiente, quiere?

- El presidente lo que pretende es que le den las herramientas que le han dado a otros gobiernos. El presidente no pretende ir contra ningún poder; ni contra el Judicial, ni contra el Legislativo. Ahora es difícil entender cómo es el primer presidente a que lo enloquecen por un DNU, a tan corto plazo de haber asumido y a tan corto plazo de haber ganado una elección como la ganó. Y la verdad es que el presidente tenía la expectativa de que la política se comporte distinto. La política en general, no solo los diputados y senadores, sino también gobernadores u otros funcionarios de diferentes poderes. La verdad es que esperábamos que ante el apoyo de la gente, ante lo que consideramos un cambio de época y un hartazgo general de la gente por la vieja política, entendíamos que algunos caminos iban a ser un poco más llanos, cosa que no ocurrió. Pero también entendemos que lo que hacemos es muy disruptivo en términos de terminar con algo muy rancio y muy de otras épocas, y esto de pensar una Argentina para dentro de 50 o 100 años haya generado una sorpresa en algunos por no querer moverse del 10 de diciembre y por no aceptar que la gente quiere otra cosa, y otros porque tal vez no habían comprendido lo que queríamos hacer y ahora lo comprendan y efectivamente apoyan. Eso no lo sé, no me meto en las decisiones de cada legislador. De hecho, el propio presidente fue legislador. No es algo general, es algo particular el cuestionamiento que hace o que pueda hacer de algunos de los poderes. Jamás va ser general, de hecho estamos en una república y en ese marco es que hoy estamos gobernando y es que llegamos a la presidencia.

- Vos hablaste de la vieja política. El presidente hizo eje en la campaña electoral en las arbitrariedades de la casta política. ¿Cómo va esa pelea?

- En definitiva todas las preguntas que me hiciste tienen que ver con la casta política, o en parte con la casta política. La casta política nosotros la definimos como aquel al que lo único que le interesa es hacer negocios para sí mismo con el Estado, o que sin ser grandes negocios defienden el statu quo para que su vida trascienda a través de que el contribuyente simplemente le pague su buena vida. Y eso es lo que consideramos casta; nosotros no consideramos que el funcionario sea casta. Yo no soy casta, el presidente no es casta. Todos los funcionarios, al menos los que yo conozco dentro del Gobierno y los que son colaboradores nuestros, no son casta. La casta no es naturalmente el político, naturalmente no se define como casta. Se define como casta al revés: la persona que siendo político, siendo empresario, siendo sindicalista, lo que único que le interesa es el statu quo y esa es la definición para nosotros de casta.

- Yendo al otro poder independiente. Ustedes han propuesto a dos juristas para integrar la Corte. ¿Cuál es la visión de la Corte para el Gobierno.

- Lo mismo que pensamos para el resto de los poderes y para el resto de las funciones del Estado: que sean independientes. Nosotros tenemos todo lo que pensamos para la Argentina; básicamente los tres pilares que te nombré: economía, seguridad y batalla cultural, que tienen si se quisiera una base necesaria para esa construcción, que es la seguridad jurídica, que son las instituciones fuertes. Cualquier país que haya crecido, que haya sacado gente de la pobreza, que haya terminado con la inflación y que uno considere repúblicas y democracias modernas están en general correlacionadas con las instituciones. Hay buenas instituciones; tenés respeto por la ley, hay igualdad ante la ley -no igualdad ante los ciudadanos-, igualdad ante la ley y esa igualdad te da desarrollo, porque efectivamente las reglas están claras y porque uno se abre para empezar a competir, a trabajar, a invertir, a apostar y arriesgarse. Así que en esas instituciones está el Poder Legislativo, está el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con todo lo que eso conlleva, y en la justicia hay un montón de problemas, que están en los otros poderes, pero también hay vacantes que todavía no se han podido cumplimentar. Como en todas las áreas del Estado, seguramente te vas a encontrar con funcionarios que no son idóneos, no son aptos, o que no condicen con las buenas costumbres, la moral y la ética. Este es un camino largo y las instrucciones que están absolutamente despedazadas no se solucionan, no se sanean de un día para otro, y eso lo tenemos claro y es parte del problema que decidimos enfrentar. Para nosotros, la seguridad jurídica es absolutamente fundamental.

- Respecto del Congreso, el presidente suele decir que si no le dan las herramientas como la ley de Bases va a esperar las elecciones legislativas de 2025 para tratar de imponerlas. ¿No hay una sobreestimación de las expectativas? Porque es difícil, por más que gane el Gobierno las próximas elecciones tener una mayoría.

- Bueno, pero pensémoslo al revés. Hoy teniendo 40 diputados y 7 senadores, que se puede decir que responden a las ideas nuestras, la ley Bases va a terminar siendo una realidad. Vos me vas a decir que no es la ley Bases original… pero bueno, danos tiempo, y esto de -te lo enlazo con la pregunta anterior- el respeto por las instituciones y el respeto por los poderes del Estado, efectivamente los estás viendo ahí. Si la política no quiere acompañar, nosotros no vamos a hacer nada para modificar eso por fuera de la ley y por fuera del respeto al Poder Legislativo. Entonces, si la política, y especialmente la política legislativa, no nos da las herramientas, no hay ningún problema. Haremos todo lo que podamos para que la gente nos siga apoyando en las elecciones y poder modificar la composición del Congreso, para que cada vez más voces liberales y más voces que quieran otra Argentina se sumen y nos puedan facilitar el trabajo que estamos haciendo.

- Todo indica que se va a aprobar el proyecto de ley de Bases y el paquete fiscal, y entonces se va firmar el Pacto de Mayo con los gobernadores. ¿Cuál es espíritu de ese acuerdo y si es el puntapié para algo más?

- Me parece que originalmente el Pacto de Mayo, desde lo filosófico, no desde lo político es: Señores, la Argentina que queremos para todos, la Argentina decadente hoy, la sufrimos todos en mayor o menor medida, y el Pacto de Mayo tiene que ser el inicio de una foto de otra Argentina. De una Argentina, a pesar de lo que nos dicen y nos atacan, una Argentina donde estemos todos tirando para el mismo lado. Con matices: no, yo puedo ser más liberal, vos menos liberal, pero que haya cuestiones que no se discutan más en la Argentina.

Esto de la propiedad privada, de que mañana te venga un loco a quererte expropiar un campo o a expropiar cualquier otra cosa, no puede pasar más. Y en esta lógica, el Pacto de Mayo tiene que ser una imagen, tenemos que transmitir que hay cosas que no van a pasar más en Argentina, más allá de que dentro del Pacto de Mayo hay cuestiones que tenemos que resolver hace 40 años, como el de la coparticipación. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires aporta más de lo que recibe? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires aporta más de lo que recibe? ¿Por qué otras provincias aportan menos de lo que recibe? ¿Eso es razonable, no es razonable? Bueno, será razonable para el que recibe más de lo que aporta, pero será poco razonable para las jurisdicciones que aportan más de lo que reciben, porque detrás de eso hay gente trabajando, produciendo y que aporta esos impuestos. Y son temas que hay que discutirlos, no podemos seguir haciéndonos los zonzos. Me parece que el Pacto de Mayo desde lo filosófico es una vuelta de página muy interesante para la Argentina, no solo para política, para la Argentina en general va a ser muy interesante.

- El ajuste de la motosierra se siente en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Cuándo se podrá sentir un alivio?

- Por supuesto, empezamos a ver alguna -de hecho el Presidente ya que ustedes le persiguen tanto los retuits y los me gusta en su red X, el presidente muchas veces retuitea algunos informes donde empezás a notar la famosa V, a la que hizo muchas veces referencia. Esta caída abrupta en términos de las correcciones y de empezar a barrer fuera de la alfombra y no debajo de la alfombra todo el desastre que nos dejaron. Por supuesto que hizo una corrección en el poder adquisitivo y eso está claro. Lo dijimos siempre; también dijimos que íbamos a pasar meses complicados, pero ya empezamos a ver algún síntoma de que tal vez -y digo tal vez, porque solemos hablar con números ciertos y no con suposiciones- podemos entender que algunos sectores empezaron a mostrar ya estar en una parte más baja de la V y con ganas de empezar a resurgir. No hay nada que no haya estado en el análisis, sabíamos que íbamos a pasar dos o tres meses muy complejos y lo estamos transitando de la manera más decorosa con lo que tenemos, porque las alternativas eran catastróficas y optamos por el camino serio y razonable.

- El Pro está acompañando en el Congreso, Hay una parte en el Gobierno, como Patricia Bullrich. ¿Creen que puede haber una acción conjunta en las elecciones legislativas del año próximo?

- Todo puede ser, pero nosotros tenemos una unión natural, que se da en base a las ideas. De hecho hoy el Gabinete está compuesto por gente del Pro. En el gabinete está la doctora Bullrich en uno de los ministerios más relevantes, que tiene a uno de los tres pilares que te marqué que tenía la base del proyecto de país que tenemos. En definitiva, el doctor (Luis) Petri, más allá de su afinidad con el radicalismo, la acompañó a Patricia Bullrich en las elecciones como candidato a vicepresidente. Me parece que naturalmente confluimos en las ideas. Después tenemos algunos matices, como todo.

- El presidente criticó bastante al periodismo. ¿Vos cómo ves al periodismo? ¿Las conferencias de prensa diarias llegaron para quedarse, o estás pensando en otro modelo de comunicación, o en algo nuevo?

- La última pregunta me la deberías responder vos. ¿Qué opinás sobre las conferencias diarias y si aportan o no o son mejor hacerlas salteadas o esporádicas o “cerrutianas”? Lo cierto es que paso momentos en que digo “bueno no la hagamos todos los días, sino cada tres, o dos días, o día por medio”, o cada vez que hay gabinete o los días que no hay gabinete. Por ahora todos los días me parece que es una dinámica muy divertida para mí y para los que están les puede sumar información en el día a día.

Con respecto al periodismo, estuve 12 años en los medios de comunicación. No solo son compañeros de muchos periodistas, sino también de medios o de directivos de medios. Creo que en el periodismo hubo siempre periodistas buenos y periodistas malos. Y medios buenos y medios malos. Y la casta también está en el periodismo. Hay casta periodística, por supuesto, como en cualquier profesión. Vos encontrarás médicos buenos y malos, e ingenieros buenos y malos, y eso no está mal. Lo que pasa es que en el periodismo el tema es que la mentira o la verdad de lo que el periodismo pueda transmitir, la mentira duele más porque están comunicando a personas que tal vez no están al tanto del tema y que ustedes en algún punto tienen la responsabilidad de transmitirlo en la manera más clara y con la mayor verdad posible.

Lo dije en la última reunión de ADEPA, que nuclea medios periodísticos. Nosotros estamos para gobernar y ustedes para decir la verdad. Todo lo que escape a eso cuando yo no gobierne o yo no haga cosas que vayan en contra de la ley, de la moral o de lo que sea, ustedes van a salir a contarlo y van a salir a que yo esté controlado, a que corrija o que me vaya a mi casa, como un fracaso rotundo en la función.

Ahora, cuando ustedes mienten y cuando ustedes mienten además con cosas nuestras, nosotros tenemos el derecho de salir a cuestionarlos.

Después, el presidente tiene sus formas, yo tengo la mía y otro funcionario tiene la suya, pero me parece que no podemos andar discutiendo del periodismo como casta, como un clan. Hay periodistas buenos y periodistas malos y se terminó, y el periodista malo por la mentira vamos a salir a cuestionarlo. Y los demás periodistas tienen que estar felices de que eso pase, porque enaltece la profesión y porque al buen periodista le beneficia que el sistema se vaya limpiando del mal periodista que tanto daño le ha hecho a la profesión. Y te lo digo por tantos años de convivir en un ámbito periodístico donde ves periodistas buenos y periodistas malos.

El diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) se refirió a los dichos del titular del bloque oficialista, Germán Martínez, sobre avanzar en una ley para frenar los “discursos del odio” y afirmó que “estaría toda la oposición en contra de una ley que quiera callar al periodismo". Además, cuestionó al Gobierno porque “hizo un intento burdo de echarle la culpa a los medios y a la oposición de haber generado el atentado contra la vicepresidenta”.

En diálogo por Radio Rivadavia, Tetaz destacó: “La respuesta de la oposición estuvo más que a la altura de los acontecimientos”, y criticó: “Lo que ocurre es que el mismo viernes cuando la mano le temblaba al tirador, el Gobierno hizo un intento burdo de echarle la culpa a los medios y a la oposición de haber generado este evento”.

“La posición de la oposición fue clara en varios sentidos. En primer lugar, el repudio generalizado en todo el arco político sin excepción y en segundo lugar lamentar la manipulación que quería hacer el Gobierno con este hecho. Lo que ocurrió es una respuesta muy rápida de la oposición”, ratificó.

En ese sentido, volvió a criticar: “El peligro no es solamente la irresponsabilidad, es un poco más grave porque el peligro es que trate de utilizarse una situación grave para luego silenciar al periodismo porque esto pasó en otros lugares y momentos del país”.

 “Que no venga después de esto el intento, que ya por supuesto salimos a cruzarlo, de entonces ahora una ley contra el odio, para tratar de filtrar la opinión de los periodistas. Esto es gravísimo y no tiene por qué ocurrir”, advirtió el diputado de JxC.

Y sumó: “El Gobierno quiso manipular esto políticamente para sacarle un rédito y se quiso posicionar el viernes en un acto que pretendió ser un acto en defensa de una democracia que no estaba en peligro. Al contrario, pone en peligro que quieren que los medios no opinen, que el periodista este ahora ante un tribunal que juzgue cada cosa que dice. Eso es lo que tenemos que evitar que suceda ahora”.

“El Congreso está claramente en oposición a este tipo de cosas. Por supuesto nada del sector duro del kirchnerismo que, el primer comunicado, que no se sabía bien qué había pasado, del Frente para La Victoria de diputados del kirchnerismo duro tratando de mostrar que esa era la consecuencia de la escalada del odio que había generado el periodismo y la oposición”, cuestionó Tetaz.

Respecto a la sesión del sábado pasado ponderó que “hubo asistencia perfecta, nadie especuló con esto y todos fueron a cumplir con su posicionamiento político de rechazo a lo que había pasado”, y señaló que “al mismo tiempo hubo visiones muy críticas de todo el arco oposición del intento de manipulación y del intento de callar a la oposición y a los medios”.

“No creo que se atrevan a llevar una ley al Congreso que busque silenciar al periodismo, sería un escándalo y estaría toda la oposición en contra de esa ley. Habrá un debate estratégico si ocurre, espero que no y que gane la democracia, pero si ocurriera de que alguien quiere llevar esta ley mordaza, habría más de 129 votos en contra de esa ley. No sé si la Izquierda para este tipo de cosas los acompañaría. No veo al interbloque Federal y los de Córdoba apoyando este tipo de barbaridades no veo a los socialistas en esta línea”, opinó el diputado.

Periodistas y especialistas expusieron este viernes sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina y los desafíos en materia de nuevas regulaciones, durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que preside Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, enumeró una serie de “prioridades” que deberían abordarse en la agenda legislativa, y en primer lugar sostuvo que “el Estado debe recuperar un rol activo en la regulación para poner límites a la concentración” de medios.

Para graficar el “grave problema de concentración de las comunicaciones”, Kejval indicó que “solo cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de la radio y televisión abierta del país, es decir que unas pocas empresas privadas producen la información que nutre a los argentinos”.

“Los niveles de concentración de la propiedad de los medios se vieron acrecentados por las políticas desregulatorias de los últimos años”, consideró la académica.

Por otra parte, sostuvo que “el Estado debe tener un rol activo en la producción de diversidad y pluralismo” y en ese sentido pidió “poner en valor a los medios comunitarios”.

También remarcó la necesidad de “una ley que garantice la distribución plural y democrática de la publicidad oficial”, así como otra ley “que garantice un plan nacional de conectividad”, y una última que establezca la equidad de género en los medios de comunicación tanto estatales como privados.

Por su parte, Fernando Ruiz, de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), definió a la entidad que preside como “una organización militante en defensa del periodismo, más allá de la posición personal” de quienes ejercen la profesión.

“Cuando una patota entró a Tiempo Argentino en 2016, cuando agredieron a un móvil de C5N la semana pasada o cuando agredieron a Osvaldo Bazán en 2017 siempre estuvo FOPEA defendiendo a esos periodistas”, aseguró, y agregó: “No nos importa si la violación a la libertad de expresión se produjo en el gobierno de (Mauricio) Macri con el espionaje a periodistas o si se realizó bajo un gobierno peronista o kirchnerista”.

Ruiz advirtió que “a veces se usan expresiones muy agraviantes contra el periodismo y desde voces muy potentes se instalan discursos de odio”. “El país está viviendo momentos muy difíciles y eso no se puede agravar trayendo del pasado esos resentimientos”, opinó.

Además, observó que “hoy se acusa a periodistas de formar parte de asociaciones ilícitas, de ser torturadores, de ser parte de una banda de espías”, y a su vez “desde el Gobierno nacional están pidiendo convertir a los medios públicos en medios de propaganda oficial”.

En otro orden, Ruiz advirtió que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción” y además “se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

El expositor insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Momentos después, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, recogió el guante y le respondió a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

Por otra parte, la abogada opinó que “como no es atendible que un Estado censure, tampoco es atendible que a través del control de los medios de comunicación un solo sector de la sociedad pretenda moldear de una sola manera la construcción de sentido”.

Además, se refirió al “nivel dramático de concentración de las carreteras por las que circula la información, que son las redes. “Unas pocas personas, con solo apretar un botón, podrían dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina”, afirmó, al hablar de la fusión Telecom-Cablevisión.

Peñafort advirtió cómo a través del no acceso a la conectividad pueden verse vulnerados otros derechos, como el derecho a la identidad, dado que para tramitar el DNI es necesario sacar un turno previamente por Internet.

Por eso, propuso “regular el acceso a las redes y que el ejercicio de derechos a los que se accede a través de las redes no tenga una limitación económica”.

En tanto, la periodista Silvia Naishtat, quien además es secretaria de la Academia Nacional de Periodismo, presidida por Joaquín Morales Solá, explicó que esa entidad busca “generar un espacio de debate sobre el periodismo”.

Asimismo, afirmó que “para quienes vivimos la dictadura, decir que no hay libertad de expresión en nuestro país es una falta de respeto a la historia”, aunque consideró que hay que “estar en guardia”.

A su turno, Agustín Lecchi, del SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) consideró que “la libertad de expresión no es un valor individual ni de los periodistas, sino un valor de toda la sociedad”.

Lecchi denunció que durante la gestión de Macri se vivió “la situación más crítica desde la vuelta a la democracia en nuestro país” para el periodismo, con “la pérdida de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional” y “57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio menos”.

“La concentración creció como nunca antes y eso es un problema, como también es un problema las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas”, sostuvo.

El dirigente gremial advirtió que “no podemos ejercer el periodismo en las condiciones en las que lo estamos ejerciendo. No hay nada más apremiante que tener que tener cuatro trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes”.

En ese sentido, dijo que el salario de los periodistas “cayó un 50% en los últimos cuatro años”, y por ese y otros motivos esta semana se realizó un cese de tareas, un “apagón informativo” de dos horas. “No nos gusta hacer estas medidas, pero nos lleva la presión que vivimos todos los días”, dijo.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.

La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que “es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo”.

“Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión”, denunció.

El titular de FOPEA agregó entonces que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”.

“Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

Ruiz insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Además, señaló que “los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política”.

Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

La abogada recordó a su “cliente y amigo” Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada “El uso político de una muerte”, la del excanciller.

“Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar”, recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: “No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten”.

El descargo de Graciana

“Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando”, cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.

La letrada sostuvo que “los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores” y “lo que no pueden es dejar de honrar la verdad”.

En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: “Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina”.

“Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito”, aseveró.