El gobernador Martín Llaryora abrió este domingo las sesiones ordinarias de la Legislatura cordobesa desde Laboulaye, acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, todo el gabinete provincial y las principales figuras de la oposición —Luis Juez, Gabriel Bornoroni, Rodrigo de Loredo y Gonzalo Roca—, en un gesto político que enmarcó un discurso cargado de definiciones en materia económica, fiscal, previsional y de seguridad. Desde el inicio buscó diferenciar su modelo del nacional al subrayar la presencia del Estado en salud, educación, infraestructura y políticas sociales, señalando que el ajuste impulsado por la Nación afectó con mayor dureza a provincias y municipios, que debieron sostener programas esenciales.

En un tono crítico hacia la oposición, Llaryora renovó sus cuestionamientos por el bloqueo del Tribunal de Cuentas a la compra de drones destinados a Seguridad. “No hagamos papelones”, expresó, y acusó a ese organismo de actuar por motivaciones electorales, “jugando con la seguridad de la gente”. Aun así, reafirmó que la Provincia avanzará en la incorporación de tecnología en la lucha contra el narcotráfico, anunciando una inversión récord de más de 40 mil millones de pesos para ampliar centros de monitoreo, sumar lectores de patentes, controles de velocidad, tótems de seguridad y sistemas basados en inteligencia artificial, además de adquirir 500 vehículos para distintas fuerzas.

Llaryora reiteró que Córdoba impulsará un proyecto de ley Antibúnker o Antiaguantaderos destinado a desalojar inmuebles tomados ilegalmente y utilizados por organizaciones narco, con el objetivo de frenar su consolidación territorial. En el mismo sentido, destacó el funcionamiento de siete fiscalías antinarcotráfico y el aumento del 27% en los procedimientos en los últimos meses, junto con el fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la apertura de cinco nuevas sedes operativas en el interior provincial.

En materia previsional, realizó uno de los anuncios más fuertes de la jornada: la jubilación mínima provincial se elevará a $800 mil, consolidándose entre las más altas del país. El gobernador también anticipó que antes de fin de año se incorporará a más beneficiarios al 82% móvil y defendió con énfasis la autonomía de la Caja de Jubilaciones, remarcando que “mientras estemos nosotros, la Caja no se transfiere: se defiende y a nuestros abuelos se los cuida”. Recordó además que más de 50 mil jubilados recuperaron el 82% tras la Ley de Equidad Jubilatoria y que otros 10 mil dejaron de realizar aportes extraordinarios.

En su repaso económico, Llaryora aseguró que las decisiones de ajuste, reducción del gasto político y ordenamiento del Estado permitieron sostener el superávit y, como consecuencia, alivianar la presión tributaria. En esa línea, afirmó que este año retornarán 900 mil millones de pesos a los bolsillos de los cordobeses entre rebajas y actualizaciones por debajo de la inflación. Señaló que el 40% de los propietarios pagará 25% menos de impuesto inmobiliario y que el 11% abonará lo mismo que en 2025, mientras continúa la reducción de Ingresos Brutos para pequeños comercios y las exenciones productivas. Anticipó además que en 2027 la Provincia impulsará nuevas rebajas impositivas, apostando a dinamizar la economía local y contribuir a una recuperación nacional.

El mandatario también dedicó un tramo de su discurso a las políticas habitacionales: durante 2026 se implementará el Programa Córdoba Hogar, que permitirá que 5.000 familias accedan a su vivienda propia, mientras que otras 10.000 podrán obtener un lote mediante el Programa Mi Lugar. Aseguró que estas iniciativas no solo mejoran la calidad de vida, sino que impulsan empleo genuino en toda la provincia.

En materia institucional y territorial, destacó los avances del Plan de Territorialidad Judicial-Policial, con 27 distritos definidos en Córdoba Capital y Gran Córdoba, de los cuales 12 ya están operativos, y anunció una ley que otorgará inamovilidad a los jueces de paz para fortalecer su independencia. También confirmó el envío de la Ley de Protección Integral de las Víctimas del Delito, que propondrá denominar “Ley Joaquín” en homenaje al joven Sperani y en reconocimiento a su familia y a otras que transformaron el dolor en una causa colectiva.

Sobre el cierre, Llaryora defendió su gestión con un mensaje que buscó mostrar coherencia y continuidad: afirmó que los resultados de Córdoba “no son fruto de la casualidad”, sino de decisiones adoptadas “por responsabilidad, no por ideología”. En un año preelectoral, y ante la presencia plena de la oposición, sostuvo que “no es momento para tibios” y convocó a todos los sectores a acompañar las políticas centrales de la Provincia para sostener el desarrollo y la igualdad territorial.

La oposición más dura en el Congreso intentará abrir las puertas de los recintos de ambas cámaras esta última semana del período ordinario, con el fin de tratar una serie de temas pendientes antes de que antes del recambio legislativo hagan que queden definitivamente en el camino.

Es una cuenta regresiva que concluye este viernes, cuando termine el 143° período ordinario y se caigan todos los dictámenes, habida cuenta del recambio legislativo en ambas cámaras.

Será al cabo de un ciclo parlamentario inédito, por la cantidad de sesiones que hubo tratándose de un año electoral. En el caso de la Cámara baja, con 13 sesiones entre marzo y noviembre, fue un récord para los últimos años: solo en 2017 hubo tantas sesiones en un año electoral.

Nada que despierte satisfacción en el Gobierno, que debió padecer el presente 2025 al ritmo que impuso la oposición, que con un número superior al oficialismo con menos legisladores de la democracia debió resistir como pudo y se preocupó especialmente de defender los vetos presidenciales.

El ímpetu de la oposición se dio de bruces con el resultado del 26 de octubre. A partir de la inesperada victoria de La Libertad Avanza en casi todo el país, se dio un súbito freno en el Congreso, donde no volvió a haber sesiones. Los gobernadores mucho tienen que ver en eso.

Es algo que los bloques de Unión por la Patria intentarán revertir en esta última semana. En el Senado es donde tienen mayores chances, aunque son expectativas menguadas las del interbloque que conduce José Mayans, que haría un intento el próximo miércoles, dos días antes de la sesión de jura de los nuevos senadores nacionales. Sucede que ya las últimas dos semanas se había especulado con realizar una sesión para convertir en ley la modificación de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia como tema central. Pero por razones diversas vinculadas fundamentalmente con el quórum, esa sesión no se concretó.

Al concluir el martes pasado la reunión del Consejo Nacional Justicialista, el vicepresidente primero del peronismo, José Mayans, adelantó la intención de su bancada de sesionar dos días después “con un tema como DNU, que tenemos prácticamente dictamen, y si es posible este jueves”. Pero no sucedió.

Este miércoles se haría un último intento, según trascendió de fuentes parlamentarias, que dejaron interrogantes abiertos respecto del resultado que vaya a tener esa propuesta. En caso de que haya sesión, los miembros de UP votarían el proyecto tal cual llegó de Diputados porque “no nos van a dar los tiempos para poder tener la ley que regule los términos por los que este gobierno se maneja”, según confió el chubutense Carlos Linares.

El esfuerzo opositor por sesionar tiene que ver sobre todo porque en la nueva conformación que tendrá la Cámara alta, a Unión por la Patria, o Fuerza Patria -si así termina denominándose- se le hará imposible manejar la agenda, como en líneas generales pudo hacer hasta el presente, dada la drástica reducción que tendrá esa bancada. Y esa media sanción para reformar los DNU quedará durmiendo probablemente el sueño de los justos.

Aunque a decir verdad, no es el proyecto de ley que más desvele al kirchnerismo en particular.

¿Sesión en Diputados?

Hace tiempo que en la Cámara baja viene especulándose con una sesión, aunque los que solían sumarse a Unión por la Patria para brindar el plus necesario para conseguir el quórum han bajado prácticamente la guardia en las últimas semanas, dejándole a la principal oposición la responsabilidad de convocar a una sesión y ocuparse de reunir el quórum. ¿La razón? Las pocas expectativas que les despierta la posibilidad de reunir el quórum.

“No veo a los gobernadores dando número para que sea posible”, confió a parlamentario.com un integrante de esos sectores opositores que motorizaron este año buena parte de las sesiones.

Después de un año en el que la oposición marcó la agenda en la Cámara baja, muchos consideraron que no valía la pena dar una muestra de debilidad con una sesión frustrada. El tema es que a estas alturas, perdido por perdido, son muchos los que sugieren al menos hacer un intento para tener una última sesión, aunque sea en minoría. Lo cierto es que nadie convocó hasta ahora a una sesión para esta semana, ni en Diputados ni en el Senado.

Martín Menem espera confiado que la oposición no consiga su objetivo de sesionar.

Pero al menos el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, dejó claras esas intenciones el jueves pasado, cuando en el marco de la Comisión Investigadora por el Fentanilo Contaminado anticipó que harían un intento para sesionar este miércoles 26 de noviembre. Fue cuando concluía esa reunión y anunciaron que reiterarían la convocatoria al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, para concurrir esta semana, dado que por supuestas “razones de agenda” no lo pudieron hacer en las últimas dos oportunidades en que fueron citados.

Teniendo en cuenta la posibilidad de sesionar este miércoles, Germán Martínez sugirió no darle al ministro una nueva excusa para ausentarse, recomendando entonces invitarlo para el jueves. Al final, terminaron citándolo para ese día, pero también -para dejarlo sin argumentos evasivos- para este miércoles a las 9 de la mañana.

La verdad es que muy pocos son optimistas respecto de que Lugones vaya a concurrir finalmente a la comisión… pero tampoco que se pueda reunir quórum este miércoles para sesionar.

En caso de que sea convocada esa sesión, uno de los proyectos que incluiría el temario es el que busca devolverle al ENARD su autarquía financiera. El mismo obtuvo dictamen en un plenario de comisiones celebrado el pasado 21 de octubre y, como todos los demás, si el viernes no llega al recinto, se cae.

Con este panorama lleno de interrogantes, la oposición llega a esta última semana del período ordinario que, además, es corta, habida cuenta del feriado de este lunes. Con un oficialismo que espera confiado el viernes, cuando respirará finalmente aliviado por concluir un año en el que experimentó el bombardeo constante de una oposición que ya no volverá a tener la fuerza de la que gozó este 2025, al menos por los próximos dos años.

Mientras el Gobierno ajusta acuerdos en Congreso para poder aprobar algunas iniciativas en sesiones extraordinarias, a la par prepara una reforma a la Ley de Migraciones (25.871), que planea enviar al Congreso durante las sesiones ordinarias, con mayores controles y restricciones al acceso a la residencia.

El encargado de trabajar la iniciativa es el equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, que depende del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán.

La iniciativa incluye un régimen más estricto para la entrega de residencias a los estudiantes extranjeros. En Nación denuncian que no hubo un control directo de la presentación de la documentación durante la gestión anterior, y aseguran que hay casos en los que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina”.

Además, la Casa Rosada busca restringir a los inmigrantes ilegales que tienen hijos en el país y obtienen la residencia tras la confirmación de sus descendientes como ciudadanos argentinos. El trámite requiere la cédula de identidad o el pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino.

El proyecto que trabaja el Gobierno incluye también las medidas de arancelamiento sanitario y universitario a extranjeros no residentes que anunció en diciembre el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La Casa Rosada planea además reforzar el control fronterizo en el norte. La reforma migratoria que preparan en Balcarce 50 forma parte de una política restrictiva que el Ejecutivo busca impulsar para prevenir la llegada de enemigos extranjeros al país. “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, expresan en Nación.

Apuntan también a sumar colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno. Es por eso que la Casa Rosada impulsó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico de otros países que busquen operar en la Argentina.