Berenice Iañez (FdT) impulsó en la Legislatura porteña un pedido de informes acerca de los motivos que llevaron a su fallecimiento a tres hombres durante las últimas semanas y buscará obtener detalles acerca de la intervención del SAME.
Después de que se conocieran los lamentables fallecimientos de tres hombres que se encontraban en situación de calle, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Berenice Iañez presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución mediante el cual buscará obtener precisiones acerca de lo sucedido.
En ese sentido, la opositora le pedirá al Gobierno porteño que informe si el programa Buenos Aires Presente (BAP), le dio asistencia al hombre identificado como Héctor, quien falleció el lunes 12 de junio en la calle Leopoldo Marechal al 1300 del barrio de Villa Crespo; a Orlando, quien murió en la esquina de Cabildo y Pampa el 7 de junio; y a Ramiro, cuyo deceso se produjo el 27 de mayo en la esquina de Valentín Gómez y Salguero, en días previos a sus fallecimientos.
Además buscará conocer si, en el caso de que el BAP se haya contactado con ellos, habían detectado que padecían alguna problemática de salud. Al mismo tiempo que prevé saber si los tres hombres fallecidos habían gestionado algún subsidio habitacional.
Sobre esa misma línea, Iañez pidió que “en caso de que otras reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hayan tenido contacto con los tres hombres fallecidos en los días y meses previos a sus muertes, brinde detalles sobre las áreas que intervinieron y cuál fue la intervención de cada una de ellas” y que se “informe si el SAME tuvo contacto con los tres hombres fallecidos el día de cada una de estas muertes”.
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora afirmó que “resulta imprescindible que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brinde toda la información oficial disponible sobre la asistencia que les dio a estas tres persona en los días previos a su fallecimiento. En particular, requerimos saber si el programa Buenos Aires Presente (BAP) tomó contacto con ellos, si les ofreció alojarse en algún centro de inclusión social y, por sobre todo, si tomó conocimiento de que tuvieran problemas de salud”.
“No podemos dejar de mencionar que una gran parte de la población que se encuentra en situación de calle se niega a alojarse en los llamados centros de inclusión social por diversos motivos. Por un lado, la mayoría de estos establecimientos no permiten el alojamiento de familias completas, sino que algunos alojan a mujeres con niños/as y adolescentes, mientras que otros sólo reciben a varones adultos. Por otra parte, muchos de ellos sólo permanecen abiertos durante doce horas, por lo cual las personas que se alojan pasan la noche allí, pero a la mañana siguiente deben volver a la calle, y a la noche siguiente tienen que volver a intentar conseguir un lugar donde dormir”, cerró Iañez.
Tras el fallecimiento de una beba a metros de la Casa Rosada, se publicó este miércoles en el Boletín Oficial la decisión sobre la norma que fue sancionada en diciembre de 2021.
Tras la conmoción por la muerte de una beba de tres meses, que se encontraba viviendo junto a sus padres a metros de la Casa Rosada, el Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley 27.654 de asistencia a personas en situación de calle y familias sin techo.
De acuerdo al decreto 183/23, el Ministerio de Desarrollo Social -autoridad de aplicación- podrá “suscribir convenios y articular acciones con otros organismos públicos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, instituciones académico-científicas, sindicales y organizaciones de la sociedad civil con reconocida trayectoria en la perspectiva de derechos de la normativa, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos” de la ley.
Además, se encuentra facultado “para dictar las normas complementarias, aclaratorias y demás disposiciones que fueren necesarias para su mejor cumplimiento”.
En los considerandos, el Poder Ejecutivo señaló que la ley “constituye un instrumento jurídico fundamental que tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.
“Las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle constituyen una de las expresiones sociales más graves de la precariedad habitacional, y que necesitan mayor atención por parte del Estado. Los problemas derivados de la situación de calle se encuentran localizados, principalmente, en los grandes centros urbanos del país, y tienen un origen multicausal que no se corresponde únicamente con la falta de acceso a la vivienda, sino también con otras causas como las realidades económicas, laborales, migratorias, vinculares, familiares, de salud, subjetivas e institucionales, entre otras”, se expresó.
Y agregó que “por ello, resulta necesario dar respuesta al conjunto de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, con políticas de Estado que comprendan las múltiples dimensiones que se entrecruzan y que colaboran en la producción del problema”.
En otro párrafo de los fundamentos, el Gobierno subrayó que “durante la década de 1990, el modelo económico neoliberal significó la pauperización de las condiciones de vida de las personas trabajadoras, y quedaron en evidencia sus consecuencias más graves con la crisis del año 2001, en donde aumentaron los índices de pobreza y la cantidad de personas en situación de calle, que superaron todos los niveles históricos debido al impacto del desempleo masivo y al desmantelamiento de la estructura productiva y de servicios del Estado”.
La ley, que se sancionó en el Senado en diciembre de 2021, dispone la creación de una red nacional de centros de integración social con atención las 24 horas con espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral.
También, un sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata y la capacitación obligatoria a todas las personas que intervienen en la atención de personas en situación de calle.
Por otra parte, el Estado debe realizar acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para acreditar la identidad personal, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, CUIL y CUIT y toda documentación que sea tendiente al reconocimiento de su identidad.
Y establece, entre otros puntos, el derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público.
La Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves un proyecto de resolución que insta al Gobierno local a brindar detalles sobre las herramientas que se disponen para ayudar a ese grupo poblacional.
Después de que se registraran varios ataques contra esta población, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de resolución para que el Gobierno porteño brinde detalles respecto de las personas en situación de calle y las herramientas de las que dispone el Estado para poder asistirlos.
En ese sentido, los legisladores exigirán que se informe acerca de los planes y proyectos del Gobierno de la Ciudad que contemplan la ayuda para que las personas en situación de calle y riesgo de situación de calle reconstruyan un proyecto de vida basado en la educación y el trabajo que mencionó Horacio Rodríguez Larreta en la apertura de sesiones legislativas 2022. También se pedirán detalles acerca de “cómo se planea que para este año se cubra el 100% de la Ciudad en 60 minutos para la atención de personas en situación de calle y riesgo de situación de calle”.
Sobre esa misma línea, se buscará conocer la cantidad de llamadas a la línea 108, resolución de las mismas y derivaciones hacia otros programas; así como también las tareas específicas que desarrolla el Programa Buenos Aires Presente (BAP) y la cantidad de personas que fueron asistidas en el mismo desde enero de este año. Asimismo se indaga sobre el Plan Refuerzo BAP.
Además se le exigirá al Gobierno porteño que indique en que horarios funciona el Operativo Frío, el funcionamiento de los Centros de Integración que asisten a las familias en situación de calle y si el personal que interviene fue capacitado para tratar con este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad.
El texto en cuestión fue impulsado por los legisladores del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, Alejandro Amor, Maia Daer, Claudio Américo Ferreño, Claudia Neira y Cecilia Segura Rattagan.
Los legisladores de ese espacio presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad que busca introducir modificaciones a la Ley nº 3.706, mediante las cuales buscarán “proteger integralmente y operativizar los derechos” de este grupo de personas.
Con la intención de seguir ampliando derechos, los legisladores de la Coalición Cívica (CC ARI) retomaron una agenda histórica y presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley que busca modificar la Ley Nº 3.706 que tiene como finalidad “proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”.
La iniciativa es de autoría de Lucía Romano (VJ), pero también lleva la firma de Facundo del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero (VJ). La misma pretende actualizar lo establecido por ley en 2010, en función de los aprendizajes de su implementación, de avanzada en el país, y de las nuevas realidades que atraviesa esta población.
De esta manera se propuso introducir modificaciones a partir de “4 ejes esenciales, que facilitarán la definición de la mejor política pública posible para asistir, proteger, remover los obstáculos y trabajar en el desarrollo y la inclusión de las personas en situación de calle, teniendo como norte su integración al tejido social, su capacitación, educación y la clara visión de alcanzar su plena autonomía como sujetos de derecho plenos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
El primer eje está basado en la participación de organizaciones de la sociedad civil y el reconocimiento a su labor sobre la problemática. En segundo y tercer lugar, se busca transformar el relevamiento actual en un censo anual de personas en situación de calle efectiva y a la vez relevar todas las personas en riesgo de situación de calle, en función de lo cual se podrá realizar un diagnóstico detallado y conocer la situación de cada persona para determinar la categorización en subgrupos y/o segmentos “por características específicas”, que permitan un abordaje específico en cada caso.
De este modo, en lo que refiere al presupuesto destinado a esta problemática, se considerará “la información relevada con sus características específicas como base y meta en la definición presupuestaria”. Y un cuarto punto, propone la creación de un “Sistema Integral de Abordaje, Asistencia y Desarrollo de Personas en Situación de Calle” orientado a la integración de todos los dispositivos y programas referidos a situación de calle y riesgo de situación con foco en el desarrollo de las personas y su proyecto de vida.
Este último punto es central del proyecto, apunta a superar la instancia de la asistencia para trabajar en el desarrollo de las personas incorporando acciones tendientes a alfabetización, terminalidad educativa, capacitación en oficios y otras que buscarán acompañar a las personas en concretar un proyecto de vida que junto con la atención de otras necesidades básicas hagan sostenible la superación de situación de calle para integrarse plenamente.
Al respecto del proyecto de su autoría, Romano concluyó señalando que “la transformación social de nuestra ciudad está en la calle, mejorar esas realidades nos van a permitir avanzar”.
Es a partir del ataque de una mujer contra un indigente en Pompeya al que intentó quemar. La reacción de Federico Fagioli.
Un incalificable incidente se vivió días pasados en Pompeya, pero trascendió en las últimas horas a partir de la difusión de un video en el que se ve el episodio de características dramáticas: allí se ve a una mujer prendiendo fuego las pertenencias de un indigente que está durmiendo, que salvó su vida por la intervención de un vecino que lo llamó antes de que las llamas llegaran a alcanzarlo.
El episodio sirvió como disparador para recordar que el último año se aprobó una ley que atiende la situación de las personas en situación de calle. La iniciativa fue impulsada por el diputado oficialista Federico Fagioli y tuvo media sanción el 26 de octubre en la Cámara baja, para ser convertida en ley en la sesión del 9 de diciembre pasado.
“Bronca, rabia, furia, tristeza profunda. No me salen las palabras para describir ni para relatar lo sucedido. Por eso nos invito a reflexionar profundamente como sociedad, a humanizar cada palabra, a pensar que todo esto le sucedió a una persona”, tuiteó el diputado del Frente de Todos, que detalló el episodio en el que una mujer prendió a fuego a un “indigente” que se encontraba durmiendo en una calle del barrio porteño de Pompeya. “No es ciencia ficción ni se parece en nada a esas películas que no son aptas para menores de 16 años. Es el título de una noticia más y es la triste realidad”, señaló Fagioli.
Agregó que “una mujer tomó la decisión de agarrar su encendedor y prender fuego a otra persona. Podría haberlo matado, podría haber quemado todo su cuerpo. A veces me cuesta creer que somos esta humanidad. Definitivamente no es la que soñamos, ni siquiera la que toleramos. No tengo palabras”.
“Hoy ese fuego me arde adentro, me quema a mí también, porque no puedo entender que existan personas con semejante crueldad y esto es reflejo de la sociedad que hemos construido. Nos cansamos de repetirlo: este no es un hecho aislado”, agregó el legislador, que contó luego que “a las personas que viven en la calle las patean, las golpean, las violan y sí, también las prenden fuego. Por eso pensamos, armamos, presentamos, debatimos y sancionamos una ley nacional que ampare a las personas que se encuentran en semejante situación de vulnerabilidad”.
Fagioli apuntó que “como dimos esas batallas, hoy nos urge que se empiece a aplicar. Debemos hacernos cargo y activar soluciones para desnaturalizar estas violencias. No nos permitamos más ser esta humanidad. Urgente reglamentación de la Ley Nacional para Personas en Situación de calle y familias sin techo!”.
La iniciativa impulsada busca garantizar integralmente los derechos humanos de estas personas.
La Cámara de Senadores aprobó por 44 votos a favor, 3 votos negativos y siete abstenciones un proyecto que busca garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la Argentina.
Se trata de un programa impulsado en la Cámara baja por el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli junto a varias organizaciones sociales. La iniciativa se implementará a través de un relevamiento anual para dimensionar la problemática.
Dicho relevamiento permitirá garantizar el acceso gratuito a documentación personal y a la creación de una referencia postal para el acceso a los servicios socioasistenciales y administrativos.
La primera oradora fue la correntina Ana Almirón (FdT) quien manifestó, en su última sesión, que desde su asunción en “esta banca decidí representar a los sectores más vulnerables esta norma representa eso significa garantizar y proteger derechos a los más vulnerables. Lo hice oponiéndome a proyectos que limitaban derechos, en los cuatro años anteriores que endeudaban a los sectores vulnerables y luego de estos dos años del 2019 ampliando derechos, garantizando derechos”.
“Los sectores vulnerables no pueden esperar y necesitan respuestas urgentes. Esta media sanción viene a garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de calle o aquellas personas que están en riesgo. Es la primera vez que el Congreso de la Nación trata una norma que garantiza derechos a personas en situación de calle, que provoca una desigualdad y tiene que ver con una demanda estructural y un problema de la sociedad y como sector de la política”, precisó.
“Venimos a reparar esa desigualdad y esa vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las personas en situación de calle. Esta iniciativa consagra los derechos que ya están en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, lo que hace es aplicar a la autoridad que va a ser el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con los distintos ministerios, sino también con organizaciones sociales, con universidades, con sindicatos”, agregó la senadora correntina.
Y continuó: “También la interrelación entre los distintos estamentos del estado nacional, provincial y municipal eso habla del verdadero federalismo”. “Las personas contempladas en esta norma se encuentran en una vulnerabilidad extrema por eso la urgencia. Si bien contemplamos muchos de los derechos, muchas veces se les imposibilita el acceso a servicios públicos, de la infraestructura y espacios públicos”, manifestó.
“Los deberes que tiene el Estado como responsable no solo el acceso a una vivienda digna sino también permitirle una real inclusión que tiene que ver con el acceso a la educación, a la tramitación del DNI, servicios, establece programas de políticas públicas. Debe hacer un relevamiento en conjunto con el INDEC para dar un diagnóstico certero para saber cuántas familias hay efectivamente viviendo en situación de calle”, precisó Almirón.
En tanto, el legislador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) sostuvo que en su provincia hay “altos índices de indigencia y marginalidad y que el Estado debe estar presente para resolver los problemas de las personas que tienen una alta vulnerabilidad”. Sin embargo, cuestionó que el proyecto no pasó por las comisiones de Población y de Presupuesto y Hacienda para debatirlo porque “es un tema trascendente”.
En ese sentido, destacó estar de acuerdo con el objetivo principal de la iniciativa “garantizar y hacer operativos derechos para personas vulnerables”, con la autoridad de aplicación, pero criticó: “Me hubiese gustado que haya en ese ámbito de aplicación y de conformación representantes de nuestras provincias porque este relevamiento que es imprescindible sería bueno que puedan participar nuestros funcionarios”.
“Todos sabemos la importancia que es tener una vivienda para poder desarrollarnos, integrar a nuestra familia y crecer”, precisó sobre uno de los puntos del proyecto y remarcó: “Nosotros en nuestra provincia tenemos muchos asentamientos. Es imprescindible que los gobiernos provinciales y municipales estén en el ámbito de aplicación”, señaló el senador radical.
Por consiguiente, la legisladora María Alejandra Vucasovich (Santa Fe) cuestionó: “Que cada argentino tenga su vivienda y su trabajo, no veo en esta ley que se cumpla esa intención. Que se cumpla ese deseo para todos los argentinos, no solo para las personas en situación de calle. Una ley que viene a tratarse sobre tablas, sin haberse consultado a las provincias, una ley que habla del derecho a la salud para indigentes, ¿pidieron relevamiento? ¿Consultaron si los distritos tienen programas y leyes para tratar este tema?”.
“No sabemos cuánta plata le vamos a afectar en el presupuesto de un país en bancarrota. No entiendo qué quieren decir cuando hay ampliación de derechos, ¿Qué les vamos a dar? ¿Ampliación de derechos para que duerman en una plaza, generar trabajo para sacarlos de esa situación? Solo veo intenciones de generar recursos para darles vaya saber a quién. Solo veo una intención de llevarlos para las marchas”, arremetió.
Y cerró su fuerte discurso la santafesina: “Derecho a las plazas tenemos todos. Los indigentes tienen tanto derecho como cualquier otro ciudadano sino lo ejercen hay que ir contra esos que no lo cumplen. Debe ser que vivo en otro país”.
La última oradora fue la legisladora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) quien criticó “Gobernaron 12 años para sacarlo y dos años más, dado la urgencia porque la problemática de la situación de calle no es nueva. Gobernaron 14 años, esto no fue un proyecto de ley”.
“El problema de esta ley es que no es federal, es mentira. Plantean qué áreas del Gobierno van a estar y agregan ‘las que sean necesarias para su intervención’. Plantean un número telefónico que me parece bien, pero ¿una persona del Chaco va a llamar y va a ser atendida por alguien que está en la Avenida 9 de julio? ¿eso se va a votar? No se sabe la cantidad de plata, a qué organización se la van a dar. Están dejando afuera a las provincias, están dejando dibujados y pintados a los ministros de Desarrollo, a las mujeres de los comedores que conocen y saben de la situación”, enfatizó Tagliaferri.
Por último, concluyó: “Esta ley es ambiciosa, pero como esta planteada es para repartir plata para los grupos sociales amigos y dejar desdibujado al poder de cada provincia”.
Lo que el proyecto propone:
La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara baja y obtuvo el aval en un plenario. Tiene entre los objetivos crear una red nacional de centros de integración social y brindar el derecho al acceso y uso de infraestructura de los servicios del espacio público.
El Senado cerró su semana de actividades con una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Derechos y Garantías que mantuvo un encuentro de forma virtual en donde obtuvo dictamen el proyecto de ley que garantiza los la protección y los derechos de las personas en riesgo de situación de calle y familias sin techo, el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con 191 votos a favor.
“Esta media sanción busca garantizar los derechos de las personas que se encuentra en situación de calle o aquellos que están en riesgo de estar en tal situación”, comenzó la titular de la comisión de Legislación General Ana Claudia Almirón (FdT – Corrientes) y agregó que “también trata los derechos y la interrelación que tiene con los distintos estratos nacionales, provincial y municipal para garantizar los derechos fundamentales. Hay una interrelación que realizan con asociaciones, con sindicatos, con universidades, entre otros”.
En otro sentido, sumó que el proyecto contempla: “Las personas en situación de calle o con riesgo a eso, que residan en establecimientos públicos o privados y no cuenten con vivienda, las personas notificadas de un desalojo, personas que habiten en asentimientos precarios, sin acceso a servicios públicos y en condiciones de hacinamiento”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Julio Martínez (UCR – La Rioja) consideró que “es un tema complejo, importante y necesario que requiere un tratamiento más intenso, creo que hay que tener invitados y no se puede agotar en el día de hoy. Necesitamos lo mismo que en Diputados porque hay advertidas inconsistencias, incompatibilidades. Puede mejorarse para lograr una buena ley”, y ratificó que “es un tema necesario”. En ese contexto, manifestó la “molestia” del bloque por “por el cambio de giro que hubo injustificado, puede ser por una cuestión política, ha sido algo desprolijo y necesitamos una explicación. Se necesita también el impacto económico y la opinión de la Comisión de Presupuesto”.
Por consiguiente, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun (FdT) manifestó: “La satisfacción de poder avanzar en este tipo de normativas que son importantes. La situación de calle de tantos argentinos requiere del debate en el Parlamento. En este caso entiendo que hay que darle la premura del caso, más allá de que hay que estar abierto a mejorar la normativa”, y agregó: “Comprendo las palabras del senador Martínez, pero debemos avanzar en que tengamos una normativa concreta que regule la situación que padecen tantos argentinos. Hay una necesidad de involucramiento del Congreso y entre los distritos organismos del Estado nacional”.
Por su parte, Silvina García Larraburu (FdT – Río Negro) precisó que “es un día importante porque reconocer los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo amerita premura y que lo pongamos en tratamiento. Es un proyecto que se trabajó con organizaciones muy importantes en materia de derechos”.
“Después de cuatro años de un ajuste más dos de la pandemia que ha puesto en jaque a todo el planeta, sin duda debemos desde el ámbito legislativo atender este problema. Es un día muy importante para darle dictamen”, concluyó la senadora rionegrina.
También hizo uso de la palabra la senadora Cristina López Valverde (FdT – San Juan) quien destacó: “Si bien los derechos de las personas en situación de calle son los mismos que los de todos, no está demás focalizar en estos grupos. Rescato esos aspectos que hacen a la operatividad y abren la posibilidad de programas”.
Lo que el proyecto propone:
La iniciativa impulsada por el diputado Federico Fagioli obtuvo media sanción, en el marco de un consenso alcanzado entre oficialismo y oposición. Se busca garantizar integralmente los derechos humanos de estas personas.
La Cámara baja aprobó por 191 votos a favor y 7 abstenciones un proyecto que busca garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la Argentina.
Se trata de un programa que viene trabajando desde hace meses el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli junto a varias organizaciones sociales. La iniciativa se implementará a través de un relevamiento anual para dimensionar la problemática.
Dicho relevamiento permitirá garantizar el acceso gratuito a documentación personal y a la creación de una referencia postal para el acceso a los servicios socioasistenciales y administrativos.
El debate fue abierto por el diputado kirchnerista Hugo Yasky, quien señaló que “son decenas de miles los niños y familias que están hoy en la calle. Vamos hoy a legislar en nombre de ellos, que son las víctimas más patentes de la desigualdad”.
“De un país que todavía tiene como asignatura pendiente una justa distribución de la riqueza”, agregó, admitiendo que estas “son leyes paliativas, no son leyes que resuelven la cuestión de fondo, pero es una necesidad absoluta, que el Estado no puede delegar en el sector privado”.
El diputado de origen sindical detalló la norma que busca paliar la situación de aquellos que están en situación de desamparo. “Una serie de acciones de parte del Estado nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social y las autoridades provinciales”, señaló, destacando entre ellas “garantizar el derecho a la identidad personal”, por cuanto es una situación recurrente “la carencia hasta de identidad de aquellos que sufren la situación de permanencia en la calle”. Asimismo establece el derecho a los servicios socioasistenciales y el apoyo para la obtención del trabajo digno.
En ese marco el proyecto establece para estas personas un cupo en los planes de vivienda nacional. Además, la participación de las organizaciones sociales en la confección del relevamiento de estas personas en situación de calle, como así también plantea la necesidad de que en los centros de contención de la familia en situación de calle funcione la institución educativa, como así también la institución para la formación del trabajo.
A continuación, la diputada Mara Brawer le puso al debate un tono político al hablar de un reciente desalojo de un asentamiento que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Recordó también cuando durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Jefatura de Gobierno funcionaba la UCEP encargándose del desalojo de personas en situación de calle. Se refirió a ese grupo como “una patota del Estado que por la noche les pegaba a las personas en situación de calle. ¿Y quién conducía a la UCEP? Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, el mismo que hoy está prófugo de la justicia”.
Desde la oposición, Carmen Polledo (Pro – CABA) calificó como “importante” el tratamiento de este proyecto y celebró la manera como pudieron consensuar esa iniciativa. “Todas las grandes capitales del mundo tienen personas en situación de calle, y es en los regímenes totalitarios donde se invisibiliza el tema porque se los expulsa mediante la utilización de mecanismos represivos”, señaló, para contestarle luego a la diputada que la había antecedido.
“Evidentemente desconoce lo que ha sucedido en los barrios desarrollados en CABA. Le quiero contar que cada uno de esos desarrollos de urbanización e integración tienen una ley atrás. Y esa ley atrás fue votada por el Frente para la Victoria en ese momento”, le advirtió. Y tras mencionar el Barrio 31, Padre Mujica, Fraga, Rodrigo Bueno, concluyó: “Realmente me sorprende… Ustedes creen que no hicimos nada, y siguen diciendo que de la nada salió todo esto. Lamento que no se acuerden que ustedes y su fuerza inteligentemente lo acompañaron”.
A la hora de los cierres, Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) señaló que “la calle no es un lugar para vivir” y aclaró que “no es un eslogan, sino una convicción de todos los que estamos aquí”. Ponderó el consenso alcanzado para avanzar con ese proyecto y aprovechó para destacar las tareas que desarrolla la Ciudad de Buenos Aires para las personas en situación de calle, viendo como “muy positivo que el Estado nacional a través de esta ley destine recursos económicos y humanos para reforzar esta ley para trabajar en forma conjunta y coordinada, respetando el trabajo de las jurisdicciones que tienen una responsabilidad primaria en la materia”.
Abogó también para que la ley de Presupuesto vaya a contemplar los fondos necesarios “para que esta política no sea simplemente una expresión de deseo, sino una política concreta para mejorar los servicios que el Estado pone a disposición de esta población”.
Muy ponderado por sus pares por haber sido el promotor de esta iniciativa, cerró el debate Federico Fagioli, quien agradeció y felicitó a “las compañeras y compañeros de las organizaciones sociales” que vienen trabajando desde hace años en ese proyecto, como así también a los compañeros de su bloque y a Máximo Kirchner que “cuando redactamos este proyecto, nos dijo que era urgente avanzar en el tratamiento de este proyecto, porque es una deuda histórica que tenemos con uno de los sectores más postergados de la Argentina”.
“Para las personas en situación de calle es muy alegre este día -dijo-. Por primera vez las personas en situación de calle se sienten contenidas por el Estado. Este proyecto lo que hace es recuperar la subjetividad de las personas que se encuentran en situación de calle, vuelve a humanizarlas”, dijo, remarcando que esa personas “tienen vulnerados todos sus derechos básicos”.
“Imaginate, si no tenés lo más básico garantizado, ¿cómo podés pensar tu proyección como persona, cómo podés pensar en conseguir un trabajo?”, se preguntó, enumerando a continuación las situaciones de maltrato y humillación que tienen las personas que viven en la calle. “Por eso no estamos hablando de recuperar un techo, sino su humanidad que fue arrebatada, olvidada, ignorada, invisibilizada”, precisó.
Los diputados del FdT presentaron un pedido de informes a través del cual buscarán conocer detalles acerca de la solicitud, tramitación y entrega de los mismos en la Ciudad.
Debido al aumento de la pobreza en la Ciudad y a nivel nacional, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución para obtener información relacionada a la solicitud, la tramitación y entrega de subsidios habitacionales para personas y familias que se encuentran en situación de calle.
En ese sentido, los opositores le exigirán al Gobierno porteño que informe si a partir de agosto de 2021 se ha modificado la normativa que reglamenta el otorgamiento de los subsidios de apoyo habitacional para personas y familias que se encuentran en situación de calle; sila normativa vigente incluye nuevos requisitos para el otorgamiento de los subsidios habitacionales; que señale la cantidad de subsidios solicitados y cantidad de subsidios otorgados entre marzo y agosto de 2021, cuando se solicitaron desde inicios de agosto y si está previsto incrementar el monto de los subsidios.
En los fundamentos de la medida, los legisladores recordaron que por medio del decreto 690/06 creó el programa Atención para Familias en Situación de Calle, el cual consiste en un subsidio mensual durante seis meses, que puede ser renovado a criterio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El subsidio debe ser utilizado para cubrir gastos de alojamiento o para obtener una solución habitacional definitiva.
Según el decreto de 2006, pueden tramitar este subsidio las personas residentes en la ciudad de Buenos Aires que se encuentren en situación de calle y posean ingresos inferiores al índice de la canasta básica alimentaria calculado por el INDEC.
“El 5 de agosto de este año, se publicó el decreto 264/2021 por el que se modificó gran parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. A partir de esa modificación, el área que tiene a cargo todos los programas relacionados con la atención a personas en situación de calle subió de rango. Pasó de ser una subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato a ser una secretaría de Inclusión Social y Atención Inmediata. Dentro de esta secretaría funcionan el programa Buenos Aires Presente (BAP), los hogares y paradores para personas en situación de calle y el programa de Atención para Familias en Situación de Calle, que es el que consiste en el otorgamiento de los subsidios habitacionales”, precisaron.
Al mismo tiempo que remarcaron que en simultáneo al cambio de estructura en el Ministerio, a principios de agosto “comenzaron a llegarnos al despacho reclamos de distintas organizaciones sociales según los cuales, a partir de ese momento desde el Gobierno Porteño se empezaron a exigir nuevos requisitos para las personas que solicitan un subsidio habitacional. Desde las organizaciones aducen que esta ampliación en los requisitos implicó que se demorara la respuesta oficial a las personas solicitantes de los subsidios”.
“Vivir en situación de calle implica una situación extrema de vulneración de derechos. Sin acceso a la higiene básica, a la alimentación de calidad, y expuestas a todo tipo de violencias, las personas que enfrentan esta situación requieren políticas públicas urgentes”2, sentenciaron.
La iniciativa lleva la firma de Lorena Pokoik, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño y Claudia Neira (FdT).
Juntos por el Cambio marcó diferencias en la iniciativa de ley oficialista y pidió 48 horas para firmar dictamen. El Frente de Todos lo pasó a la firma con el compromiso de “seguir analizando punto por punto” para “lograr consensos en todos los artículos” del texto. La idea es que llegue al recinto de la Cámara baja con un amplio acuerdo.
Un proyecto de ley que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle no obtuvo el visto bueno del plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja y quedó en suspenso por 48 horas mientras el oficialismo y la oposición logran consensuar algunos puntos en conflicto.
Al finalizar el plenario, el dictamen de mayoría del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli, que también debe llevar el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, pasó a la firma con el apoyo del FdT y algunos aliados, pero esperará el tiempo reglamentario de 48 horas para sumar las firmas de JxC.
Tras el debate de casi dos horas, la diputada porteña Carmen Polledo de Juntos por el Cambio fijó la postura crítica de ese interbloque al proyecto y adelantó que “si no se logran consensuar -en estas 48 horas- esos puntos del articulado y se modifican, Juntos por el Cambio presentará un dictamen propio con estas correcciones”.
Al cierre de la reunión, Federico Fagioli, el diputado oficialista autor del proyecto, manifestó: “Seguiremos trabajando fuertemente para lograr el mejor texto posible, con el mayor de los acompañamientos para dar una respuesta integral a muchas personas que están sufriendo en las calles”.
En ese sentido, Polledo consideró que “Hay voluntad entre el oficialismo y nosotros para encontrar puntos de acuerdo para poder votar oportunamente todos juntos”.
Tras detallar los programas implementados por el Gobierno porteño en la materia y señalar que JxC “está de acuerdo con el espíritu en general del proyecto”, remarcó: “Tenemos algunas diferencias en varios puntos que nos parecen relevantes”.
En primer lugar, señaló que “debe ser precisada la categoría por la cual se establece que una persona está en situación de calle, ya que la extensión prevista -según como está redactado el artículo 4- incluye a los que viven en los barrios populares, en instituciones o que no tienen seguridad en un futuro inmediato. Se propone eliminar el inciso C del artículo 4”, dijo.
Polledo, en el artículo 5, marcó que “no en todos los casos hay una vulneración de derechos o una ausencia del Estado” cuando una persona está en situación de calle.
Asimismo, consideró que “en el artículo 8 se habilita el uso indebido del espacio público a impedir que el Estado pueda intervenir para liberar cualquier ocupación”.
“Al tener inmunidad, la ocupación se transformaría en una apropiación del espacio público. Este artículo es gravísimo porque invita a incentivar las tomas de espacios públicos con diversas finalidades”, apuntó.
También pidió “incorporar una guía para dar respuestas a una intervención cuando esas personas sean niños, niñas o adolescentes”.
Otra de las críticas fue que “se podría implementar un sistema en paralelo sobre la misma temática que responda a dos autoridades distintas y eso en la práctica sería poco beneficioso, ya que habría una autoridad nacional y otra local”.
Por otra parte, señaló que “los derechos que en este proyecto de ley dicen reconocerle a las personas en situación de calle ya están reconocidos en convenciones con rango constitucional y por eso esta iniciativa tiene mucho de impacto publicitario, porque no es de buena técnica legislativa, legislar lo que ya está vigente”.
El proyecto, elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica, propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.
La iniciativa prevé, además, la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.
También estipula la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una “red nacional de centros de integración social” con formación y capacitación en oficios.
Ministros de Desarrollo Social de varias provincias y de diferentes espacios políticos expresaron este miércoles en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados su respaldo a un proyecto de ley del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli para instrumentar políticas de ayuda y contención a las personas que están en situación de […]
Ministros de Desarrollo Social de varias provincias y de diferentes espacios políticos expresaron este miércoles en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados su respaldo a un proyecto de ley del diputado del Frente de Todos Federico Fagioli para instrumentar políticas de ayuda y contención a las personas que están en situación de calle.
En una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud de la Cámara baja, los ministros de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; de Tucumán, Gerardo Yedlin; de Chaco, María Pía Chiacchio Cavana; el subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza, Alejandro Verón, y el subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de CABA, Maximiliano Corach, expusieron sobre esta propuesta y coincidieron en varios puntos.
A lo largo de la reunión realizada por videoconferencia conducida por los titulares de las comisiones, Hugo Yasky y Pablo Yeldin, los funcionarios expresaron su respaldo al proyecto del dirigente social y diputado oficialista Fagioli y solo puso algunos reparos el representante porteño Corach.
El proyecto contempla la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle y una línea telefónica nacional.
Al abrir la reunión, Yasky manifestó que es necesario tratar el proyecto de las familias en situación de calle con el objetivo “de garantizar integralmente y hacer operativo los Derechos Humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de caer en situación de calle”.
Por su parte, el diputado Yedlin afirmó que ahora “se va a trabajar con asesores en conseguir un dictamen de acuerdo, un texto que nos unifique y podamos sacar una norma para un tema que tanto nos aúna y preocupa a todos los argentinos”.
Larroque señaló: “Vamos acompañar el proyecto de Fagioli que nos viene muy bien en la provincia de Buenos Aires” y dijo que es “es importante que el Estado pueda asistir a la personas en situación de calle”.
“Nosotros tenemos que seguir profundizando permanentemente las políticas porque la solución va a tener que ver con el cambio de modelo económico, con la recuperación plena de la producción y empleo en la Argentina”, destacó el funcionario bonaerense.
Fagioli agradeció los respaldos y señaló que es una “problemática nos afecta a todos y todas, y creo que es muy importante que como sociedad dejemos de mirar hacia un costado y nos hagamos carne de esta problemática, la tomemos y empezamos a generar las políticas necesarias”.
Por su parte, Corach relató que en la ciudad de Buenos Aires “el trabajo con las personas en situación de calle se divide en dos, por un lado lo referido a la emergencia y por otro la solución de fondo para esta problemática, que requiere mucha más atención y acompañamiento”.
El funcionario porteño planteó algunas dudas sobre la necesidad de tener una ley ya que “es un tema de responsabilidad de cada distrito”.
Por su parte, Chiacchio Cavana manifestó su “apoyo al proyecto presentado por Fagioli, que es representativo del trabajo que viene realizando el Gobierno de Chaco que tiene una mirada para abordar en forma interdisciplinaria el tema de ayuda a las personas en situación de calle”.
Agregó que “para generar políticas públicas se deben respetar: objetivos de desarrollo sustentable; perspectivas e identidades de género; la heterogeneidad étnica; y la descentralización y federalismo de las políticas”.
En tanto, el titular de Desarrollo Social de Tucumán sostuvo que el proyecto “es muy importante y estuvimos trabajando en esta ley que busca tratar un tema complejo que no tiene soluciones únicas y viene a traer una línea operativa que nos va a ayudar”.
“Para nosotros es muy importante poder contar de manera federal que es lo que estamos haciendo y de poder pensar las políticas públicas de manera global”, agregó.
El funcionario mendocino Verón felicitó al autor del proyecto y dijo que “tiene muchos puntos en común con muchas políticas aplicadas en Mendoza como en el caso de los refugios que tiene diferentes modalidades, ya que algunos son nocturnos y otros funcionan las 24 horas”.
Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle. El encuentro contará con la participación de María […]
Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.
El encuentro contará con la participación de María Pía Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social de Chaco; Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de Tucumán; Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense; Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza; y Maximiliano Corach, subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires
La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Federico Fagioli en marzo pasado, y hace dos meses atrás se llevó atrás a cabo la primera reunión informativa en la que funcionarios -entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo- brindaron su respaldo al texto.
Al respecto, Fagioli (FdT) expresó: “El proyecto de ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo nace desde la realidad misma. Esa realidad constantemente invisibilizada, profundamente ignorada y deshumanizada”, apuntó.
“Tenemos que avanzar hacia políticas que restituyan derechos humanos y constitucionales. No hablamos solamente de acceder a un techo sino de una serie de vulneraciones que no pueden permitirse. Es tiempo de que abordemos la problemática de manera integral y federal, comprendiendo su complejidad”, agregó.
Asimismo, el legislador bonaerense señaló: “Tenemos muchas expectativas de que el tratamiento progrese. Estamos trabajando mucho para construir los consensos necesarios para que este proyecto sea ley”, cerró.
La Iniciativa
El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.
Se prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
Entre sus puntos principales, la propuesta contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.
Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.
La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.
El proyecto fue elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica, y propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.
Las comisiones de Derechos Humanos y Salud mantendrán una reunión informativa, con la participación de especialistas, este miércoles a partir de las 15.
Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados retomarán este miércoles, a partir de las 15, el debate de un proyecto de ley que tiene como objetivo brindar asistencia integral a las personas en situación de calle.
El encuentro contará con la participación, según pudo averiguar Parlamentario.com, de Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social de Mendoza; Maximiliano Corach, subsecretario de Asistencia y Cuidado Inmediato de Ciudad de Buenos Aires; Maria Pía Chiacchio Cavana, ministra de Desarrollo Social de Chaco; Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social de Tucumán; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense.
La iniciativa fue presentada por el diputado oficialista Federico Fagioli en marzo pasado, y hace dos meses atrás se llevó atrás a cabo la primera reunión informativa en la que funcionarios -entre ellos el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo- brindaron su respaldo al texto.
El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.
Se prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
Entre sus puntos principales, la propuesta contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.
Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.
La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.
La legisladora del FdT Laura Velasco se presentó ante la Justicia para indagar acerca del censo realizado por el Ejecutivo local explique la forma en la que se realizó el censo acerca de las personas que se encuentran en situación de calle o que están en riesgo de calle.
La diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, realizó una nueva presentación judicial que indaga sobre cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante el censo anual 2021 de personas en situación de calle y riesgo de calle, al que lo obliga la Ley 3.706 así como el fallo judicial de agosto de 2016.
Si bien hace un mes el Ejecutivo local contestó una intimación en este sentido, para Velasco “la respuesta no sólo es insuficiente sino que no tiene correlato con la realidad: fue completamente evasiva y aportó datos erróneos con el mero objeto de evitar el control de un censo que vuelve a realizarse de forma irregular. Por eso queremos que nos expliquen y acrediten con documentación cómo realizaron este relevamiento”.
Asimismo indicó que “el Gobierno de la Ciudad no se toma en serio a esta población tan vulnerable y vulnerada, por eso pretenden hacer pasar un conteo por un censo” y remarcó que “según establece la 3706, el objetivo es contar con información desagregada que posibilite un diagnóstico a partir del cual fijar políticas públicas puntuales para los distintos subgrupos; no es sólo cuantitativo, sino cualitativo. Y de la forma en que fue planteado por el Ejecutivo porteño esto era inviable, tanto desde lo metodológico como en término de plazos”.
Además recordó que “tanto el fallo como la legislación vigente plantean la necesaria participación de expertos en la materia, ONGs y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo de calle, pero fueron las propias organizaciones e instituciones las que denunciaron días atrás, a través de un comunicado, que el GCBA había incumplido todos los acuerdos y se encaminaba a realizar el censo sin su presencia”.
Por otro lado Velasco manifestó que “si bien resulta entendible lo informado por el gobierno porteño sobre el censo 2020 y la necesidad de suspenderlo debido a la pandemia, justamente por eso era fundamental contar ahora con un plan adecuado a esta realidad, el cual no existio” y pidió tener “en cuenta que hoy la Ciudad tiene un promedio de casos diarios muy superior a cualquier cifra registrada en el distrito durante todo el año pasado. Queda así a la vista la falta total de planificación con que se realizó este relevamiento. Una muestra más: al 22 de abril ni ellos sabían cuándo se iba a hacer”.
Cabe recordar que en marzo pasado, la opositora presentó un proyecto que solicitaba al Gobierno de la Ciudad que informe si tenía previsto vacunar contra el Covid 19 a las personas en situación de calle, en riesgo de calle y a las que viven en paradores; y, en caso afirmativo, de qué modo garantizaría la aplicación de la segunda dosis.
La legisladora, además, propuso inmunizarlas durante el censo 2021 a cargo de Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Si bien el GCBA dijo regir las etapas de vacunación del distrito según lo establecido por la cartera sanitaria nacional, lo cierto es que al día de hoy ni siquiera se encuentran incluidas aquellas que están dentro de las franjas etarias sobre las que ya avanzó el plan que lleva adelante la Ciudad.
“Hay adultos mayores de 70 años y muchísimas personas con enfermedades pulmonares en calle, por eso es de suma importancia saber cómo se va a proteger en esta segunda ola a todas estas familias y personas en extremo vulnerables, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida e imposibilitadas de realizar una inscripción web”, manifestó la diputada porteña.
Y completo: “La Ley 3.706 le otorga a las personas en situación de calle y riesgo de calle el derecho a un acceso pleno a todos los servicios socio-asistenciales que brinda el Estado y entidades privadas conveniadas con este. Por lo tanto, es el Gobierno porteño quien debe garantizar la inmunización de esta población, como ocurre con el resto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en la Ciudad de Buenos Aires”.
La propuesta presentada se ocupa de la prevención, la asistencia y la promoción de acciones tendientes a evitar la situación de calle en la provincia de Buenos Aires.
Hace algunas semanas, la noticia del secuestro de una menor tuvo en vilo al país, sobre todo cuando se conocieron las condiciones en las que vivía con su madre en CABA, debajo de una autopista.
La niña finalmente fue localizada en Luján y recuperada por la policía de la provincia de Buenos Aires, y así el tema fue lentamente desapareciendo de los medios. Sin embargo, las causas sociales que hacen que no se trate de un hecho aislado, siguen estando presentes.
En este punto en el que la discusión del tema va perdiendo interés en los medios, toma relieve un proyecto de ley presentado en septiembre de 2020 en el Senado de la provincia de Buenos Aires, por el senador provincial del Frente de Todos Marcelo Feliú.
La iniciativa parlamentaria se ocupa de la prevención, la asistencia y la promoción de acciones tendientes a evitar la situación de calle en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto de ley que ya había sido presentado por Feliú en su paso por la Cámara baja provincial, hace años, ahora se encuentra en estudio en la comisión correspondiente, pero en la otra Cámara del Legislativo bonaerense.
La idea principal de la propuesta legislativa es garantizar la protección, promoción y restitución de los derechos de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle, con el fin de crear condiciones de desarrollo equitativas para una vida digna.
La iniciativa parlamentaria profundiza, amplia y se presenta como un abordaje actualizado e integral de la ley 13.956, de 2011, de creación del Programa de Asistencia Integral para personas en situación de calle en la provincia de Buenos Aires, partiendo de una situación que no es la mejor: en la actualidad la provincia carece de datos y estadísticas sobre la dimensión y magnitud de la problemática.
La Defensoría del Pueblo bonaerense, en octubre del año 2017, realizó un relevamiento de alcance provincial. Se indagó acerca de la atención a personas en situación de calle por parte de los municipios en el territorio de la provincia; los modos de atención en cada municipalidad y la relación con las autoridades provinciales responsables.
Del total de 135 municipios contactados, accedió a responder cerca del 60%. En los demás casos se argumentó falta de autorización institucional o se afirmó desconocer la problemática.
De los que accedieron a contestar, el 60% afirma tener casos de personas en situación de calle; de ese porcentaje, alrededor del 70% de los casos dice no tener áreas específicas ni personal capacitado, ni paradores para atender a los ciudadanos en esta situación.
Aquellos municipios que sí trabajan con personas en situación de calle y no tienen paradores (la mayor parte), dice alojar a los ciudadanos y ciudadanas, según el caso, en hospitales, pensiones de tránsito, organizaciones religiosas, alquileres temporales sostenidos desde el municipio, o refugios para mujeres víctimas de violencia de género.
En este sentido, el proyecto de ley en debate en el Senado provincial propone la realización de un relevamiento anual sobre el fenómeno, que permita recopilar datos de utilidad para el diagnóstico y la toma de decisiones políticas eficientes.
De todos los estados de vulnerabilidad social, la denominada ‘situación de calle’ es uno de los más paradigmáticos y dolorosos. Quienes lo padecen, llegan a ese punto tras haber sufrido múltiples traspiés en su trayectoria vital, incluyendo desempleo, adicciones, violencia doméstica o trastornos psicológicos y/o psiquiátricos.
Por eso, en la propuesta en análisis se habla de realizar un “abordaje integral” de la problemática, no sólo de las personas en situación de calle sino también de aquellas en riesgo a la situación de calle, abarcando las áreas de identificación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo, salud y educación.
Bajo estos presupuestos, se busca amparar a quienes residen en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deben egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no disponen de lugar donde alojarse para el momento del egreso, es decir personas en riesgo a la situación de calle, como así también quienes están próximos a ser desalojados y no tienen recursos para procurarse una vivienda.
En la iniciativa sobre la que trabajan los legisladores “hay un especial énfasis en fortalecer las estrategias de intervención ligadas a la promoción social, desde el reconocimiento de las causas diversas y complejas de la problemática, como así también de los deseos y posibilidades de las personas que constituyen este grupo vulnerable, para impulsar la reconstrucción de los lazos afectivos de las personas en situación de calle en redes de cooperación y ayuda mutua”, según explicó un especialista que colabora en la redacción final del texto.
En relevamientos realizados por la Defensoría del Pueblo se ha podido constatar que la mitad de la población estudiada reconoce tener alguna enfermedad y que no llevan a cabo ningún tratamiento para su estado de salud.
Por lo tanto, es necesario promover el diseño de políticas de salud que atiendan las particularidades del contexto de calle para lograr una mayor eficacia en materia sanitaria.
Otro eslabón clave, que se aborda en el proyecto de ley, de la política pública que atienda las particulares condiciones de la población en situación de calle, tiene que ver con el acceso al DNI.
El requisito de proporcionar información sobre un domicilio real, como condición para la gestión y entrega de DNI, es algo que no siempre puede cumplimentar una persona que literalmente vive en la calle.
Motivo por el cual “se vuelve significativo repensar modalidades de gestión del documento para las personas en situación de calle que no puedan acreditar domicilio, y regularizar, mediante procedimientos ágiles y gratuitos, la entrega de partidas de nacimiento y documento nacional de identidad”, según se detalló.
Es importante reconocer el despliegue de estrategias de abordaje de la situación de calle que ponen en juego las organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, “es importante que desde el Estado se consideren y repiensen las formas de apoyo y promoción a las actividades de estas organizaciones, que favorezcan no sólo la dimensión de asistencia alimentaria, sino también el trabajo de promoción social, cultural y familiar de las personas que están en situación de calle, entre otras cuestiones”, consideró el senador bahiense Marcelo Feliú.
En ese sentido, el proyecto de ley incorpora en el diseño de política pública en materia de disminución y erradicación de la situación de calle; la articulación, promoción y fortalecimiento de la labor de actores claves de la sociedad civil que tienen experiencia, trayectoria y proyectos para el abordaje de esta problemática social.
En resumen, el proyecto de ley presentado, según su propio autor, propone “una serie de normas básicas y directrices, orientadas hacia la asistencia y la promoción de acciones tendientes a evitar la situación de calle, que servirán de sustento a todos los planes, programas y políticas públicas en la materia”.
“Se pretende que a través de esas políticas pueda garantizarse niveles mínimos de satisfacción de derechos como el derecho al desarrollo, a la identidad, a la educación; el acceso a la justicia y a los servicios de salud y prestaciones sociales, el derecho a una vivienda digna y al trabajo fomentando de la empleabilidad, entre otras cuestiones”, concluyó el legislador sureño Marcelo Feliú.
Se trata de una iniciativa de los legisladores del Frente de Todos (FdT) a través de la cual buscarán conocer si hubo intervenciones por parte del Ministerio de Espacio Público tendientes a prohibir la permanecía de personas sin hogar en la vía pública.
Dado al crecimiento sostenido del número de personas en situación de calle, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual le exigirá al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que brinde precisiones acerca de la permanencia de estas personas en la vía pública.
En ese sentido, los legisladores buscan indagar acerca de si hubo acciones y/o intervenciones del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana dirigidas a “prohibir la permanencia o presencia de personas en situación de calle en espacios públicos de la Ciudad desde el 1 de enero del 2020 hasta la actualidad” y la cantidad de personas que se encuentran en esa situación.
También solicitarán información sobre si el mencionado Ministerio trabaja en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en las intervenciones y desalojos; si las personas en situación de calle desalojadas fueron enviadas a algún establecimiento, dispositivo u hogar; entre otras cuestiones.
Al mismo tiempo, los legisladores le pedirán al Ejecutivo que informe que es lo que ocurre con las pertenencias de las personas desalojadas y si el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana cuenta con protocolos o procedimientos de intervención en espacios públicos frente a la permanencia o presencia de personas en situación de calle.
En los fundamentos de la medida, los opositores aseguraron que “motiva este pedido de informes la inquietud de diferentes organizaciones sociales y organismos de derechos humanos frente a las intervenciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a las personas en situación de calle que transitan o permanecen en diferentes espacios públicos” y recordaron que “según el último censo popular realizado en el año 2019, existen 7251 personas en situación de calle, de ellas 5412 no tienen acceso a paradores, ni establecimientos con convenio con el gobierno de la ciudad, es decir que duermen en la vía pública. Se relevó que 80% son varones, 19% son mujeres y 1% declara ser travesti o trans. 871 son niños y 40 mujeres embarazadas”.
“Hemos tomado conocimiento mediante vecinos/as y organizaciones sociales, que han acontecido intervenciones policiales irregulares sobre personas en situación de calle, al menos en el barrio de Palermo. Esto ya ha sido tomado de forma preocupante”, señalaron y concluyeron afirmando que “amerita conocer y tener información respecto al accionar, protocolos y procedimientos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana frente a las intervenciones sobre personas en situación de calle que transitan o permanecen en espacios públicos y también sobre sus pertenencias”.
La iniciativa presentada por el oficialista Federico Fagioli se tratará en un plenario de comisiones al que asistirán funcionarios.
Las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de Diputados, que presiden los oficialistas Hugo Yasky y Pablo Yedlin, respectivamente, comenzarán este martes, a partir de las 18, con el tratamiento de un proyecto de asistencia a personas en situación de calle y familias sin techo.
La iniciativa, presentada por el legislador del Frente de Todos Federico Fagioli, se empezará a debatir con la participación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; la secretaria de Inclusión Social de dicha cartera, Laura Alonso; y la titular de la Sedronar, Gabriela Torres.
El proyecto tiene como objetivo “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.
El texto prevé la creación, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, de un “espacio de articulación para coordinar la implementación” de la ley, el cual será interministerial y del que también serán parte representantes de universidades, sindicatos y organizaciones sociales.
Entre sus puntos principales, la iniciativa contempla el derecho a la identidad, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas -DNI, partida de nacimiento, pasaporte, CUIL-.
Abarca además el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos; de los servicios socio-asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y a la vivienda digna.
El Ministerio de Desarrollo Social tendrá que, juntamente con el INDEC, realizar un relevamiento a nivel nacional para obtener cifras reales de las personas que se encuentran en situación de calle.
Asimismo, se establece la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social respetando las características propias de las personas y de los grupos familiares; proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos.
La iniciativa incluye además un artículo por el cual, dentro de los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.
El diputado nacional del FdT se refirió a su proyecto de ley para personas en situación de calle y criticó al Gobierno de la Ciudad.
El diputado nacional Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires) hizo referencia este viernes al proyecto de “ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo”, tras el secuestro y posterior rescate de M. que puso al descubierto la problemática. “La situación de calle terrible”, afirmó y enfatizó que “lo que le pasó a M. no debería haber pasado nunca”.
“El proyecto yo lo presenté a mitad del año pasado, ahora el 11 de marzo lo presenté formalmente en la Cámara de Diputados junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación”, indicó el legislador nacional en alusión a su iniciativa de consigna “La calle no es un lugar para vivir”.
En cuanto al Gobierno de Larreta, el referente del movimiento Nuestra América denunció, en diálogo con radio AM750, que “el Gobierno de la Ciudad reconoce que hay 1.300 personas en situación de calle y nosotros en 2019 cuando realizamos un censo nos dio que hay más de 7.000. Que sólo hay 1.000 niños y niñas. Entonces para nosotros es muy grande la responsabilidad que tiene”.
Agregó que “hay espacio, hay lugares físicos, tienen recursos para poder desarrollarlo, podrían llevar adelante un montón de políticas que no lo están haciendo”.
El oficialista aclaró que “para nosotros no hay que esperar que sucedan hechos terribles como el del otro día, porque es una problemática que está, uno camina por la Ciudad de Buenos Aires y se cruza en todas las esquinas a una familia o una persona en situación de calle”.
Fagioli pidió la “ visibilización de la problemática, por eso la creación de un registro, la creación de una red nacional de centros que aborden la problemática de forma integral, hay que romper con la lógica de los paradores en donde las personas entran a las ocho de la noche y se van a las seis de la mañana” y aclaró que se necesitan “24 horas”. Esos puntos están incluídos en el proyecto de ley, que también contempla “la creación de una línea telefónica nacional gratuita para reportar estas situaciones” y “acompañar con un móvil”.
“Hay que dejar de mirar para el costado”. “Hay que abordar la problemática del acceso a la vivienda en todos sus puntos como la falta de trabajo, de educación…”, concluyó el diputado bonaerense.
En consonancia, la diputada del Frente de Todos (FdT) Lorena Pokoik impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener precisiones acerca de qué asistencia estatal recibió la nena que vivía en situación de calle junto a su madre.
La diputada Lorena Pokoik (FdT) presentó un proyecto de resolución para conocer si, con anterioridad a su secuestro, el Gobierno porteño le había brindado algún tipo de asistencia a la niña que se encontraba en situación de calle.
El secuestro y posterior rescate de M., la niña de siete años que estuvo desaparecida durante tres días, puso de manifiesto la dramática situación de los niños que viven en situación de calle. Es por ello que la diputada del Frente de Todos (FdT) Lorena Pokoik impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener precisiones acerca de que asistencia estatal recibió la nena que vivía en situación de calle junto a su madre.
A través de esa iniciativa le exige al Gobierno de la Ciudad que informe si el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervino para proteger los cuidados y derechos de M. y que se detalle qué tipo de intervención brindó y en qué fechas. Además buscará conocer si también hubo algún tipo de intervención por parte de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Asimismo prevé obtener detalles acerca de que programas y organismos han intervenido para brindar asistencia integral a la madre de M. y si desde el programa “Buenos Aires Presente” se ha intervenido para brindarles asistencia a la nena y su mamá; entre otras cuestiones.
En ese sentido, Pokoik indicó que “la desaparición de M. el pasado 15 de marzo es un tema que nos tuvo consternados y que también preocupó y tuvo latente a toda la ciudad. Es por eso que presenté este documento para que la Ciudad nos informe, entre otras cosas, que tipo de asistencia brindó el Estado porteño; si intervino el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o si tomó cartas en el asunto la Dirección General de Niñez y Adolescencia, o que programas y organismos han intervenido para brindar asistencia integral a la madre de M., entre otras cuestiones”.
“Vivir en situación de calle, con todas las dificultades materiales y de salud que eso implica, también supone una situación de inseguridad que se torna más peligrosa siendo mujer y/o niña. Es probable que si el estado hubiera atendido esta situación, como tantas otras, y hubiera dado una solución definitiva no estaríamos pidiendo por la aparición de M.”, indicó y concluyó afirmando que “lamentablemente hoy el Estado ve a M. a través de los ojos de una investigación penal por eso queremos saber con qué atención la vio antes de su desaparición y cuánto hizo para que ella y su familia viva en condiciones de dignidad y derechos”.
La iniciativa también lleva la firma de Claudio Morresi, Claudio Ferreño, Leandro Santoro, Ofelia Fernandez, Matías Barroetaveña y Cecilia Segura. También acompañan el legislador Manuel Socias, Maru Bielli, Santiago Roberto, Lucía Campora, Laura Velazco, Javier Andrade y Victoria Montenegro (VJ).
Se trata de un pedido del diputado Santiago Roberto (FdT) presentó dos proyectos para solventar la situación de los porteños que alquilan y otro para garantizar la asistencia a personas sin hogar.
En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, el legislador del Frente de Todos (FdT) Santiago Roberto presentó en la Legislatura porteña dos proyectos de ley para solventar la situación de los porteños que no cuentan con un techo propio. La primera de ellas busca brindar asistencia para inquilinos e inquilinas de viviendas familiares, mientras que el segundo, apunta a brindar atención a familias en situación de calle.
El proyecto de atención para inquilinos de vivienda familiar, se orienta a proteger tanto a los dueños de las propiedades como a las familias que alquilan (que abonen hasta 42 mil pesos mensuales de alquiler, y que este alquiler represente más de 20 por ciento de sus ingresos), ante situaciones de incumplimiento del contrato por falta de pago y/o deudas, que podrían generar el desalojo.
Además propone crear un registro de inquilinos y propietarios. Los inquilinos que se inscriban en el registro, podrán acceder a un subsidio equivalente al 30% del monto mensual del contrato vigente por un período de seis meses consecutivos. El instituto de la Vivienda (IVC) se hará cargo del pago de este subsidio.
Asimismo, en caso de la existencia de deudas por alquileres, se instrumentará, a pedido de los inquilinos, los propietarios o ambos, y con acuerdo expreso de las partes al respecto, un subsidio correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del total de la deuda acumulada a partir de marzo de 2020, que será abonado al propietario, y descontado del saldo de la deuda que mantenga el inquilino. Por el saldo de la deuda, a solicitud de las partes el Banco Ciudad adquirirá al propietario acreedor el 50% restante de la deuda y ofrecerá al acreedor opciones de cancelación al contado o en cuotas.
El proyecto resalta que no se podrá desalojar a familias inquilinas sin haber brindado como alternativa una solución habitacional definitiva para la persona o familia locataria.
En ese marco, Roberto resaltó que “con estas iniciativas buscamos que las y los inquilinos no queden en la calle, y que los propietarios puedan cobrar el alquiler, que muchas veces, es el plus de ingreso sumado a una jubilación o a un ingreso moderado que les permite llegar a fin de mes”.
Por otra parte, el diputado también presentó un proyecto para crear un programa de “Atención para Familias en Situación de Calle”, que propone otorgar una actualización de los montos que perciben las familias (hoy de 8.500 pesos), por 500 Unidades Fijas, lo que refleja un monto de 19.500 pesos. En los casos en que el grupo familiar esté integrado por personas con discapacidad y/o adultos mayores los montos se incrementarán un 50%. Lo mismo ocurrirá cuando la persona solicitante resulte víctima de violencia familiar o de género.
Al respecto, manifestó que “frente a la inoperancia del gobierno de la Ciudad para brindar asistencia a personas que viven en extrema vulnerabilidad social, proponemos un proyecto que busca actualizar los montos de los subsidios a números que se asemejen a la realidad y poder garantizar un techo a quienes viven en la calle”.
Ambas medidas también llevan la firma de los diputados Matías Barroetaveña, Cecilia Segura y Laura Velasco (FdT).
La diputada del FdT Laura Velasco pidió que se inmunice a este grupo de personas durante el censo de abril. “Es una población en extremo vulnerable, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida”, aseveró.
Luego de que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunciara la inminente llegada de la segunda ola de Covid 19, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual le solicitará al Ejecutivo local información acerca de si está previsto vacunar contra el Covid 19 de manera prioritaria, y en qué etapa, a las personas que se encuentran en situación de calle, en riesgo de calle y a las que viven en paradores.
Asimismo exigió que, en caso de que se avance con esa vacunación, se informe de qué modo se implementará un registro y un seguimiento para garantizar la aplicación de la segunda dosis.
En ese sentido, Velasco señaló que “nos estamos refiriendo a un población en extremo vulnerable, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida y, como consecuencia de ello, también imposibilitada de realizar una inscripción on-line, con la que se hace difícil organizar un proceso de vacunación” y remarcó que “por eso, creemos que es de suma importancia saber si existe planificación respecto al acceso a la vacuna por parte de estas personas”.
Además recordó que en abril el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad junto a organizaciones civiles que trabajan con personas en situación de calle, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Estadísticas y Censos y el Ministerio Público de la Defensa porteños realizarán el censo anual que incluirá a todas las personas que se encuentran habitando la vía pública y a quienes estén alojados en hogares y Centros de Inclusión social, propios y conveniados. Es por ello que consideró que “sería una buena ocasión para llevar adelante la vacunación de esta población”.
Según el último censo popular realizado en 2019, existen 7.251 personas en situación de calle, de las cuales 5.412 no tienen acceso a hogares ni paradores, es decir, que duermen en la vía pública; 871 son niños y 40 mujeres embarazadas.
En el marco de un amparo que tiene a la legisladora Velasco como querellante, hace dos semanas el juez Guillermo Scheibler intimó al Gobierno porteño a que, frente al reciente inicio del Plan de Vacunación contra el Covid 19 en la Ciudad, informe el cronograma previsto para la población en situación de calle alojada en Hogares dependientes del GCBA así como para el personal que allí trabaja.
“Si bien el Ejecutivo porteño contestó, lo hizo sin dar precisiones y sin explicar por qué ni siquiera comenzó a vacunar a las personas en situación de calle que se encuentran dentro de los grupos prioritarios determinados a partir de las etapas establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación, a las que dice adherir. Una muestra más de que para el Gobierno de Rodríguez Larreta existen ciudadanos de primera y de segunda en la ciudad de Buenos Aires”, afirmó Velasco.
Al mismo tiempo que concluyó señalando que “el actual sistema de inscripción para acceder a la vacuna se realiza vía web, lo cual excluye y es inviable para las personas en situación de calle. En la Ciudad tenemos la Ley 3.706, que otorga a quienes se encuentran en esta situación de extrema vulnerabilidad el derecho a un acceso pleno a los servicios socio-asistenciales que brinda el Estado y entidades privadas conveniadas con este. Por eso es importante saber si el Ejecutivo porteño cuenta con algún plan para garantizarle a esta población el acceso a la vacuna contra el Covid 19”.
La Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad insistió en que es necesario conocer el número de personas sin techo y cuál es el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran.
La Defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad, Bárbara Bonelli, anticipó que el miércoles próximo el Gobierno porteño realizará el censo anual para conocer la cantidad de personas que viven en situación de calle y cuál es el grado de vulnerabilidad en que se encuentran. Además recordó que la Defensoría aportará veedores que abarcarán todo el territorio del distrito capitalino y exigió más políticas para asistir a estas personas.
En ese sentido, Bonelli explicó que “las personas en situación de calle son las que tienen el mayor nivel de vulneración de derechos y que es por ello que la política de identificar a esas personas es muy importante” y consideró que “trabajar en políticas integrales de inserción que reconozcan la diversidad de situaciones de las personas que se encuentran en calle y trabajen por cambiar esa realidad”.
Al mismo tiempo que remarcó que, seguramente, se descubra que hay infinidad de casos que por la situación de pandemia y de vulnerabilidad se han sumado a esta situación, además de los que ya se encuentran de forma estructural en calle, los que tienen situaciones de padecimientos de salud mental y otros que a pesar que viven en la provincia durante los días de semana realizan alguna changa en la Ciudad y viven en las calles.
Sobre esa misma línea, Bonelli que es imperioso “conocer la realidad de las personas que viven en la calle y ver cómo esto, los está afectando para poder ayudarlos” y exigió que se desarrolle una política de vivienda de largo plazo “debido a que las políticas habitacionales de emergencia en la Ciudad son deficientes ya que el subsidio que se entrega es muy bajo y no soluciona el problema social ni habitacional de la personas, además de ser una política altamente costosa para la Ciudad”.
“Por eso resulta necesario para solucionar el problema realizar censos que identifiquen las distintas problemáticas de las personas que se encuentran viviendo en la calle, pero que éstos datos tengan un correlato en el diseño de políticas públicas nuevas que atiendan a resolver la situación de calle, la calle no es un lugar para vivir”, aseveró.
Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández (FT) presentaron un proyecto a través del cual buscarán que la Ciudad garantice y facilite el acceso a viviendas dignas para los sectores más vulnerables.
Tras haber presentado el expediente en la Legislatura porteña y a la espera de que el mismo sea tratado en comisión, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández presentaron por videoconferencia el proyecto de creación del “programa integral de vivienda para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, destinado a garantizar y facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle.
En ese contexto, Fernández expresó que “es impactante que la problemática de las personas en situación de calle no haya traído ninguna medida extraordinaria de la Ciudad de Buenos Aires en este tiempo” e indicó que “las respuestas ante las problemáticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires tienen que ser abordadas integralmente. Este proyecto busca una respuesta más estable”.
Mientras que Valdés sostuvo que “con la pandemia, las desigualdades quedaron al descubierto, nos mostró lo que la agenda pública ignoraba. Este proyecto busca una salida superadora, resolver la falta de vivienda poniendo a disposición unidades habitacionales de forma duradera, no paradores” y destacó que desde el FdT buscan “soluciones de fondo, queremos que se visibilice este crimen social que significa que la gente duerma en la calle”.
En el encuentro virtual también estuvieron presentes Horacio Ávila de Proyecto 7, Eduardo Resse del CELS, Martín Lemma y Marisa Tadei por la Defensoría del Pueblo. “Se ha avanzado mucho por las luchas, no por lo que nos gobiernan. En todos los años macristas solo recibimos palos. Vamos a defender el proyecto en todos los espacios donde tengamos que hacerlo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede seguir ocultando los niveles de pobreza que tiene”, aseguró Ávila.
La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes Inmuebles y un stock mínimo de viviendas disponibles, al igual que la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil y la construcción de Centros de Integración. Asimismo establece que la entrega de la vivienda será compatible con la percepción de ingresos provenientes de las asignaciones de “Ciudadanía porteña”, “Subsidio habitacionales”, “Nuestras familias”, entre otros.
Los beneficiarios de este programa serían todas las personas en situación de calle, en riesgo de encontrarse en esa situación y destinatarios de los Programas del sistema de alojamiento transitorio en hoteles. Aunque tendrán prioridad en la asignación las familias con niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans y travestis, y las personas que ya se encuentren en situación de calle.
El Frente de Todos (FdT) impulsó una iniciativa que busca crear un programa de viviendas que buscará atender la situación habitacional de esos ciudadanos, aunque se le dará prioridad familias con niños, personas con discapacidad o que sufran violencia de género.
Debido a la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el aumento de la pobreza a nivel nacional, los diputados del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández promovieron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear el “programa integral de vivienda para las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”, destinado a garantizar y facilitar el derecho al acceso de una vivienda digna para las personas que se encuentran en situación de calle.
La iniciativa contempla la creación de un Registro de Bienes Inmuebles y un stock mínimo de viviendas disponibles, al igual que la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil y la construcción de Centros de Integración. Asimismo establece que la entrega de la vivienda será compatible con la percepción de ingresos provenientes de las asignaciones de “Ciudadanía porteña”, “Subsidio habitacionales”, “Nuestras familias”, entre otros.
Los beneficiarios de este programa serían todas las personas en situación de calle, en riesgo de encontrarse en esa situación y destinatarios de los Programas del sistema de alojamiento transitorio en hoteles. Aunque tendrán prioridad en la asignación las familias con niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, personas con discapacidad, personas trans y travestis, y las personas que ya se encuentren en situación de calle.
Al respecto de la medida, Valdés aseguró que buscan “fomentar el desarrollo de un Estado presente y activo en la coordinación entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil” y precisó que “hace tiempo que el sistema de paradores, subsidios habitacionales ha colapsado. Planteamos un cambio de paradigma que proponga soluciones de fondo”.
Asimismo indicó que “en la Ciudad de Buenos Aires se calcula que más de 7500 personas se encuentran en situación de calle, se cuestionan los métodos para censarlas y no se brindan las soluciones” y destacó que “el proyecto de vivienda primero viene a fomentar el desarrollo de un Estado presente y que brinde soluciones a la grave situación que estamos atravesando con políticas públicas en favor de quienes peor la están pasando”.
Sobre esa misma línea manifestó que prevé que “se garantice y se facilite el derecho a acceder a una vivienda digna para personas en situación de vulnerabilidad social, con la utilización de inmuebles en desuso y desocupados con los que cuenta el ejecutivo porteño” y afirmó que “esta iniciativa replica experiencias exitosas como las de Estados Unidos, España, Francia, Dinamarca, Holanda o Bélgica. Nuestra ciudad tiene recursos comparables con las capitales de esos países, debemos exigir una solución digna para los porteños y porteñas”.
“Muchas de las personas que se encuentran en situación de calle a menudo son víctimas de consumos problemáticos o cuentan con problemas de salud mental; el Estado debe asistirlas con programas de reinserción social”, resaltó y aseguró que “por eso, mediante un Consejo asesor integrado por diversos actores de la Ciudad ofrecemos una herramienta para complementar el trabajo fragmentado que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad”.
Por lo que concluyó señalando que “no podemos esperar distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Es tiempo de cambiar o pasaremos todos los inviernos indignados frente a una realidad que empeora. Nuestro objetivo es construir una ciudad más justa y que brinde soluciones habitacionales a los miles de porteños y porteñas que se encuentran desamparados”.
“La calle no es un lugar para vivir”, sostuvo la legisladora porteña, que alertó sobre la cantidad de gente muerta a la intemperie en plena pandemia.
El sábado una persona fue prendida fuego mientras dormía bajo la autopista, en Virrey Cevallos entre San Juan y Cochabamba. Ante ello se elevaron varias voces críticas desde el Frente de Todos. Entre ellas, la de la diputada porteña Lorena Pokoik, quien sostuvo este lunes que “le pedimos al gobierno de la Ciudad que actúe rápidamente y que despliegue un fuerte operativo en toda la Ciudad”.
“Queremos prevenir y evitar situaciones similares. Éste grave hecho lo dio a conocer la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle”, comentó la legisladora kirchnerista, que se manifestó “consternada”. Y agregó: “Ya son muchas las personas que murieron a la intemperie durante la pandemia, personas que deberían estar en algún hotel o parador de la Ciudad”.
Pokoik recordó que el 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería; el 7 de junio fue Leonardo Macrino, que había sido desalojado de un hotel del barrio de Monserrat. Más tarde Sergio, de 63 años, amaneció muerto en México y Sánchez de Loria.
La diputada siguió enumerando: “el 27/06 fue Dimitri, en avenida Caseros y Lavardén. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, fue desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra; y el sábado 4 de julio este hecho”.
“¡Basta! Necesitamos cuanto antes una solución”, concluyó la presidenta de la Comisión de Promoción e Integración Social de la Legislatura porteña.
La legisladora del Frente de Todos reclamó que el Gobierno porteño brinde a las personas que están sin techo soluciones solo “asistenciales”.
“Hoy murió Sergio, de 63 años, dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria, San Cristóbal”, manifestó este domingo la legisladora porteña Lorena Pokoik, luego de que se conociera el deceso de una persona en situación de calle fallecida en la Ciudad de Buenos Aires y con síntomas de haber contraído coronavirus.
La legisladora kirchnerista señalo a través de un comunicado: “El sábado 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. Hace una semana fue Leonardo, un hombre en situación de calle que fue desalojado de un hotel y que presentaba síntomas de Covid y del que todavía esperamos los resultados de su autopsia”, y agregó que “hoy nos enteramos de esta tragedia, que no es tragedia, es desidia del Gobierno porteño. Todas estas muertes son evitables”.
Sergio era diabético y pasó la noche con fiebre y una tos prolongada. Al llegar al lugar, personal del SAME confirmó su fallecimiento. “Nuevamente el Estado llegó tarde a este caso. Tres muertes en dos semanas. Esto no da para más Horacio Rodríguez Larreta”, alertó Pokoik.
“El 108 colapsa para recibir denuncias sobre personas en situación de calle, el SAME llega luego de varias horas, la única solución que les brindan a las personas que duermen en la calle son frazadas y comida caliente, o llevarlos a un parador donde corren riesgo de contagiarse coronavirus. ¿Dónde está el Gobierno que flexibiliza la cuarentena pero no se hace cargo de las consecuencias”, preguntó la diputada.
Pokoik concluyó señalando que “en el peor momento, el Estado porteño no prevé estas situaciones y su principal política es netamente asistencial. Necesitamos que empiece a gobernar señor jefe de Gobierno. Es urgente que piense en los que peor la están pasando. Queremos que ponga todas las herramientas del Estado al servicio de los más postergados. Cuenta con todo el presupuesto y recursos: es una decisión política”.
Se trata de una iniciativa que se extiende hasta el 13 de junio próximo y que incluye ollas populares en barrios vulnerables.
Los legisladores del Frente de Todos Cecilia Segura, Juan Manuel Valdés,
Laura Velasco y Claudio Ferreño (presidente de bloque) lanzaron una campaña solidaria “NadieSeSalvaSolx” para juntar ropa de abrigo, frazadas, elementos de higiene, artículos de limpieza y alimentos no perecederos para personas en situación de calle y aquellas que se alojan en centros y paradores porteños.
La iniciativa, de la que participan la Agrupación Envido, Somos – Barrios de Pie, ParTE y Reconquista, se extiende hasta el 13 de junio próximo y las donaciones serán retiradas bajo la modalidad ‘puerta a puerta.
También, está previsto la realización de ollas populares en barrios de extrema vulnerabilidad.
Según el último censo popular realizado en 2019, en la Ciudad de Buenos Aires hay 7.251 personas en situación de calle y, debido a la crisis económica y la pandemia de Covid-19, se estima que hoy esa cifra habría aumentado un 30 por ciento.
Más de la mitad de esas personas hoy no tienen centro o parador donde estar, aún abiertos los dispositivos del operativo Frío. Faltan muchos espacios para alojar a todos los que hoy viven en las calles de la Ciudad, pero además, es necesario garantizar que las condiciones de estos lugares sean las adecuadas para que no se propague el contagio, como sucedió en el parador de Retiro.
“Desde el bloque que integro en la Legislatura porteña hemos planteado medidas concretas para asistir a las personas en situación de calle en el marco de esta pandemia, pero además, hemos recorrido paradores y centros y hemos observado que las condiciones son inadecuadas para atender a esta población. Por eso, hicimos un reclamo al Estado para que se provean frazadas, alimentos y elementos de higiene y protección; pero en el mismo sentido y mientras esperamos la respuesta del Gobierno porteño, decidimos abrir un canal de solidaridad”, explicó Laura Velasco.
Para Cecilia Segura, “hace falta un Estado presente y promotor, que dé respuestas humanas. Ante su ausencia y falta de empatía con la población que peor la está pasando, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Con la solidaridad de los porteños y las porteñas y el trabajo de las organizaciones sociales se están supliendo, con mucho esfuerzo, estos déficits”.
Por su parte, Juan Manuel Valdés señaló: “Plantear la cuarentena cuando no se dispone de un hogar es muy difícil. En la Ciudad de Buenos Aires hay 7250 personas que duermen en la calle y para ellos dirigimos esta campaña solidaria que busca traer soluciones, ropa, abrigo, material de higiene y de esa manera construir una sociedad más justa y solidaria. Sabemos que esto solamente sirve para tapar la urgencia, pero hoy es lo que necesitamos para construir ese futuro que todos queremos”.
Desde el inicio de la pandemia, Velasco y Segura presentaron un proyecto de emergencia con propuestas concretas y presupuesto específico para atender a las personas en situación de calle en el marco de la pandemia de Covid-19, además de varios pedidos de informes respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno porteño para evitar contagios y proteger a esta población tan vulnerable.
“Esta campaña busca dar una respuesta a quienes más están sufriendo la emergencia sanitaria. Por eso, les pedimos a todas las personas que quieran hacer donaciones que nos avisen y vamos a estar acercándonos a retirarlas. De esta situación tenemos que salir con un Estado presente y con más solidaridad social”, explicó Velasco.
Vale recordar que, durante el fin de semana, el partido ParTE desarrolló una olla popular en la localidad de Tigre, en el barrio Bancalari, con la participación de Grabriela Zamora (hija del intendente de Tigre) y vecinos de la zona.
El legislador Eugenio Casielles (CF) impulsó en la Legislatura porteña una iniciativa para que esa Casa exprese su preocupación por esta situación y le solicita al Gobierno local que implemente las medidas pertinentes para “preservar la salud de la población”.
Debido al incremento de los casos positivos de Covid 19 en paradores y hogares para personas en situación de calle, el legislador de Consenso Federal Eugenio Casielles presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración, a través del cual buscará expresar su preocupación sobre estos hechos y exigió que se implementen las medidas de prevención de la propagación del virus.
También pidió que se revean las medidas tomadas al interior de los paradores y hogares y recordó –en los fundamentos de la medida- que “recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este virus como pandemia frente a los niveles alarmantes de propagación y velocidad con la que se traspasa, sin embargo el concepto de pandemia no destaca lo nocivo que resulta cuando infecta a una persona con enfermedades crónicas preexistentes, especialmente aquellas relacionadas con las afecciones respiratorias y las inmunológicas”.
Al mismo tiempo que consideró que “las personas en situación de calle son una población de extrema vulnerabilidad ya que muchos de ellos cuentan con enfermedades de base que son compatibles para complicar el cuadro” y celebró “las medidas que está tomando el Gobierno para hacerle frente a esta pandemia, pero creemos que es primordial que no se excluya a esta población”.
En el proyecto Casielles concluyó recordando las recomendaciones de la OMS y pidió que sean implementadas en estos lugares, entre las cuales se encuentran: “presencia de agua y jabón en las zonas comunes en cantidades necesarias para cubrir las necesidades de todos”, “alcohol en gel, en entradas, salidas y zonas de comedores”, “disponibilidad de personal médico para detectar síntomas y hacer un seguimiento en caso de que se presente alguno”, entre otras.
Los diputados del FdT impulsó un proyecto de ley a través del cual buscarán brindarle contención a esas personas y propone que se brinden subsidios a centros culturales, clubes de jubilados, iglesias, entre otras instituciones.
En medio de la pandemia por el coronavirus, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley a través del cual pidieron que todos los inmuebles de dominio privado de la Ciudad que se encuentren desocupados y cuyo uso principal sea “habitacional” alberguen a albergar a personas en situación de calle.
Para poder ser utilizados con ese fin, los inmuebles deben encontrarse inscritos en el Registro Único de Bienes Inmuebles. Además el proyecto contempla la creación de un Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil Voluntarias que pongan sus instalaciones a disposición.
A partir del registro propone un subsidio para las parroquias, iglesias, clubes de barrio, centros culturales, centros de jubilados y toda organización de la sociedad civil que ponga a disposición su espacio para albergar a personas en situación de calle y personas en riesgo de situación de calle durante la emergencia sanitaria.
La iniciativa lleva la firma de Juan Manuel Valdés, Matías Barroetaveña, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Lucía Cámpora y Ofelia Fernández (FdT), quienes en los fundamentos de la misma explicaron que “en la Ciudad hay 7251 personas en situación de calle o riesgo de estarlo, de acuerdo con el segundo censo popular de personas en situación de calle, llevado adelante por la Defensoría del Pueblo de CABA, la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) y más de 50 organizaciones de la sociedad civil, en julio del 2019”.
Sobre esa misma línea, los legisladores indicaron que “de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Económico de CABA, centralizada en el Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI), el Gobierno de la Ciudad cuenta con al menos cinco inmuebles desocupados cuyo uso principal es habitacional, tres localizados en el barrio de Flores (comuna 7), uno en Almagro (comuna 5) y otro en San Cristóbal (comuna 3)”.
“Dado que la población en situación de calle sufre la violación sistemática del derecho a la integridad de las personas consagrado en el artículo 12 inciso 1, como de la violación del derecho a la vivienda digna y hábitat adecuado consagrado en el artículo 31, ambos de nuestra Constitución de la Ciudad, poner a disposición los espacios físicos ociosos con los que ya cuenta el Gobierno de la Ciudad es una medida razonable que busca atender de manera inmediata la seguridad habitacional y sanitaria de esta población. En simultáneo, es una de las maneras de evitar erogaciones innecesarias”, concluyeron.
Cabe destacar que además Valdés le envió una nota al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, solicitando que se ponga a consideración del Ejecutivo Porteño la propuesta presentada.
