El evento, que se realizará hasta el 30 de agosto, fue declarado de Interés para la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, gracias a una iniciativa impulsada por la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña, Graciela Ocaña (CP).
En el marco de una ciudad con población envejecida, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de “Interés para la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores” al Congreso Mundial de Apoyos y Cuidados de Personas Adultas Mayores, el cual se realizará por primera vez en Latinoamérica en la Facultad de Derecho del 27 al 30 de agosto.
Fue gracias a una iniciativa impulsada por la legisladora de Confianza Pública y vicepresidenta tercera del Parlamento porteño, Graciela Ocaña, quien le entregó la distinción a la coordinadora del evento, Isolina Dabove.
En ese contexto, Ocaña explicó que “es fundamental brindar apoyo y reconocimiento a quienes dedican su vida al cuidado y promoción de las personas mayores. En la ciudad de Buenos Aires uno de cada cuatro habitantes tiene más de 60 años. Debemos velar por sus derechos, su independencia y velar por políticas públicas que mejoren su calidad de vida”.
El evento en cuestión está organizado por la “International Guardianship Network (IGN)” organización no gubernamental, sin fines de lucro, dedicada a brindar información, capacitación, e intercambio académico, a profesionales, cuidadores de personas con discapacidad y dependencia, familiares, voluntarios y a todos aquellos vinculados a las tareas de apoyo, asistencia y representación de personas mayores de edad, y a la promoción de la vida independiente, en el campo jurídico, político, económico y social.
El mismo contará con más de 600 profesionales de diversas disciplinas, exponentes a nivel internacional reunidos bajo los siguientes ejes: autonomía, género, salud mental, diversidad cultural y marcos normativos, entre otros. Los lineamientos que se abordarán están en línea con los ya comprendidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (UN, 2006) y los de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (OEA, 2015).
Participaron del reconocimiento las Congresales Gloria Monique de Mees de la República de Surinam; Soledad Cisternas Reyes, Chile; Marina Baras, Uruguay; Ferran Blanco Ros, España; Gloria Cerrato Tomás, España; Laura Tamblyn Wats, Canadá, y Jochen Exler-König de Alemania, entre otros.
También las diputadas María Sol Méndez (CP), Patricia Glize (VxM), Aldana Crucita (UCR-Ev) y el diputado Pablo Donati (FLR).
Funcionarios y especialistas expusieron en torno a “El rol de la República Argentina y sus alcances en la legislación nacional”.
La Comisión de las Personas Mayores, presidida por la diputada Gisela Marziotta (UP), realizó una reunión informativa sobre la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las personas Mayores, bajo la consigna “El rol de la República Argentina y sus alcances en la legislación nacional”.
La subsecretaría de Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, Alexandra Biasutti, analizó el alcance del artículo 17 de la Convención, sobre seguridad social.
“La protección que otorga la Convención va mucho más allá de la seguridad social y es un plexo normativo sumamente integral”, definió.
“En nuestro país la cobertura de los adultos mayores, en lo que hace a prestaciones contributivas y no contributivas de la vejez, alcanza al 97%, esto nos ubica como uno de los países con mayor cobertura en la región, esto puede explicarse por las moratorias previsionales y por la creación de la Pensión Universal Adultos Mayores (PUAM). No se trata únicamente de que la mayor parte esté cubierta, sino que también las prestaciones sean suficientes para tener un nivel de vida digno”, remarcó Biasutti.
“La mitad de los beneficiarios del régimen contributivo perciben hoy un haber mínimo y, el resto, haberes que oscilan entre el mínimo y el máximo. Solo el 2% cobran sobre ese máximo, que es el caso de los regímenes especiales”, explicó.
Con datos de 2023, Biasutti dijo que en Argentina hay 10,8 millones de aportantes al sistema previsional y 7 millones de beneficiarios, entre jubilaciones y pensiones, lo que implica una relación del 1,5 entre activos y pasivos. “Históricamente se decía que la relación ideal era que existan tres trabajadores cotizantes contra un jubilado”, añadió la funcionaria.
En tanto, el director general de Promoción de Derechos de las Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Fernández Bertuzzi, explicó las políticas públicas llevadas a cabo desde la gestión local.
“En CABA existe el programa Proteger desde el 1999, que tomó relevancia con la ley 5420 en el 2015. El programa tiene que ver con la intervención a través de equipos interdisciplinarios para brindar apoyo psicológico, emocional y poder brindar acceso justicia hacia adultos mayores que se encuentren en situación de violencia”, ejemplificó.
Mónica Roqué, médica y miembro del Comité Redactor de la Convención Interamericana sobre Protección de DD.HH. de las Personas Mayores, explicó que “dimos esta batalla porque no había ningún instrumento que defendiera a las personas mayores”.
“En el 2010 los gobiernos de la región empezamos a trabajar el desarrollo de este instrumento jurídicamente vinculante”, relató Roqué. “Pensar a las personas mayores como sujetos de derechos humanos significa pensar todo lo que aportamos, desde esa mirada pretendemos llevar adelante una política pública”, añadió.
Por su parte, Isolina Dabove, doctora en DD.HH. que integró la delegación argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención, explicó que la norma se propone “trabajar para la igualdad y la no discriminación inter-seccional, ya que en la vejez sufrimos todos los sesgos, por género, discapacidad, hasta la pertenencia a una religión o una minoría política”.
“Ojalá que podamos vivir una vejez digna y un país que tienda puentes respecto a lo que funcione, más allá de la política partidaria”, dijo.
Alejandra Vázquez, psicóloga especialista en violencia familiar, destacó que “la Convención aporta definiciones para el concepto de maltrato, abuso, abandono, negligencia y también define lo que es la discriminación por la edad, algo que vemos en distintos escenarios”.
“El artículo cinco hace referencia a que el Estado tiene que tomar un rol más activo para prevenir, sancionar y erradicar las practicas violentas”, señaló. Asimismo, Vázquez aportó datos de la ONU, que señalan que 1 de cada 6 personas mayores ha sido víctima de violencia.
Graciela Ocaña y Juan Martín dicen querer terminar “con el destrato que sufren las personas mayores y garantizar sus derechos”.
Los diputados nacionales Juan Martín y Graciela Ocaña, junto a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Claudia Levin, encabezaron un conversatorio que se basó en los detalles del proyecto ley para capacitación obligatoria, promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
La iniciativa propone una capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñen como funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del Sector Público Nacional definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los poderes Legislativo y Judicial de la Nación y Ministerio Público.
También dispone articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario.
Se aclara que la capacitación tiene como objetivo central que las personas participantes conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica.
El año pasado se sancionó la Ley Nacional 27700 que, cumpliendo con lo establecido en la Carta Magna, dio jerarquía constitucional a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada por la Organización de Estados Americanos.
Juan Martín señaló que “se intenta poner en la agenda una situación que lamentamos, de discriminación, de infantilización, de vulneración de derechos de las personas mayores”. Advirtió que esa discriminación sucede “inclusive hasta de buena fe, pero que se tiene que terminar porque, así como con otros colectivos que son discriminados hemos tenido medidas proactivas (Ley Micaela, Ley Lucio), y tomamos conciencia, lamentablemente sentimos que hay una deuda pendiente con las personas mayores que, además, a diferencia de otros colectivos, todos los seremos en algún momento. Por eso necesitamos empezar a tomar conciencia, visibilizar ese destrato y rezago y por eso este conversatorio tiene como correlato el proyecto presentado en el Congreso de Diputados de la Nación”.
Ocaña explicó que “se busca sensibilizar a los funcionarios del Estado y aquellos que tienen que vincularse con la problemática de las personas mayores acerca de esta realidad: hablar de los derechos de las personas mayores, un tema que no solamente se agota en las jubilaciones”. “Por supuesto -agregó la exdirectora de PAMI- sabemos la situación que están viviendo nuestros jubilados, con haberes mínimos de 100.000 pesos, con la problemática de los bonos que tampoco sabemos si se va a sostener. Pero lo cierto es que no se agota en esto el problema. Lo que queremos es que este proyecto sea un primer paso para garantizar los derechos de las personas mayores”.
En tanto, Claudia Levin indicó que la UNL “tiene un compromiso con la lucha contra toda forma de discriminación, en este caso lo que atañe a adultos mayores, que es un colectivo fuertemente discriminado, pero cuya discriminación está invisibilizada con conductas que no las percibimos como discriminatorias”. “Es dentro de ese marco que hemos elaborado junto con el diputado Juan Martín uno de estos proyectos de ley que es el tema de la capacitación de hoy y por supuesto hemos encontrado en Graciela una persona con semejante trayectoria un apoyo muy grande que agradecemos”.
Fue dictaminado en un plenario de comisiones, donde hubo cruces por la situación actual de los jubilados y las propuestas presidenciales. Se dictaminó también el proyecto sobre el programa “Argentina Inclusiva”.
Durante un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable este miércoles un proyecto de ley sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores, que fue consensuado entre la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) y el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT).
Al exponer, Catalfamo explicó que se trata de “una ley de orden público” dirigida a “todas las personas mayores de 60 años”, a quienes “se garantizan sus derechos”, los cuales “lamentablemente millones de veces se ven vulnerados”. “Es una ley similar a la Ley de Protección de Mujeres”, señaló y enumeró las distintas modalidades de violencias que contempla, entre ellas la patrimonial, porque “hay personas dentro del seno familiar que se abusan de la situación de las personas mayores”; y la violencia en residencias gerontológicas, entre otras.
Al enumerar algunos aspectos de la iniciativa, la senadora repasó que incluye “el fortalecimiento técnico de las distintas jurisdicciones”, campañas de difusión y capacitaciones y recomendaciones a los medios de “cómo deben dirigirse a este sector”.
Cuando tomó la palabra, Doñate destacó la tarea del PAMI y la voluntad de su directora, Luana Volnovich, quien puso a disposición “los equipos técnicos que trabajan en ese organismo y nos dieron una perspectiva muy completa”. El senador subrayó que los derechos de las personas mayores muchas veces se ven afectados por “el propio desconocimiento, la falta de empatía, la falta de conciencia” de parte de organismos públicos y empresas.
El oficialista indicó que esta ley contempla los principios que “establecen los marcos normativos internacionales” y, entre otros puntos, ponderó la “creación de la Defensoría de las Personas Mayores, similar a la de Niñas, Niños y Adolescentes”, que “va a gozar de plena autonomía”, así como también un observatorio en el ámbito del INADI.
Sobre esto último, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) recordó que “dentro de la Defensoría del Pueblo hay áreas específicas a adultos mayores”, por lo que preguntó “el impacto presupuestario de lo que eso significa” la creación de un nuevo organismo.
“El impacto es muy menor”, dijo Doñate, que igualmente se mostró a favor en todo caso de pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT) coincidió: “La incidencia presupuestaria de este proyecto es ínfima”.
Las personas mayores y la campaña electoral
Durante el encuentro, Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aseveró que “en estos tiempos políticos que estamos atravesando, en donde escuchamos a un candidato presidencial (en alusión a Javier Milei) que dice que la igualdad de oportunidades es una aberración, creo que todos vamos a coincidir en poder garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, incluidos -y con más razón- el de los adultos mayores. Es algo en lo que estamos completamente todos de acuerdos, al menos los que estamos sentados acá”.
“Tenemos que tratarlos con más respeto, hablan con un vocabulario que es vergonzoso”, cuestionó e insistió: “Creo que son los tiempos correctos para poder tratar una iniciativa en estos términos y marcar la clase de país que queremos”.
En el debate, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC), una de las macristas a favor de Milei, remarcó que “la mayoría de los jubilados hoy están bajo la línea de la pobreza, no hay mayor violencia que esa, inclusive la ejerce el Estado Nacional, que hoy le damos un rol de cuidador”. “Este proyecto es fantástico para Disney, para la Argentina de hoy nosotros nos estamos resignando a vivir en una condición que roza lo infrahumano”, lanzó, aunque coincidió en que “los adultos mayores merecen todo nuestro respeto”.
Recogió el guante el senador Guerra, quien opinó: “Hablar de violencia de esa manera, desde el Estado, me parece un poco fuerte. Yo creo que sí es necesario recomponer los ingresos, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo cuando estamos cercanos a una definición electoral sumamente importante. Y hay un sector que claramente lo está proponiendo, mientras que del otro lado directamente se está proponiendo la desaparición de las cuestiones sociales”.
El resto del temario
Entre los temas que se despacharon favorablemente, uno fue el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”, con media sanción de Diputados, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Otra iniciativa que tuvo aval fue una impulsada por la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC), sobre la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.
“No solamente tiene que ver con la condición del espectro autista sino también con otras patologías”, aclaró la senadora, que dijo que se trata de “generar un espacio amigable, que tenga toda la ausencia de contaminación sonora y ambiental, para que las familias que tienen en su seno niños o adultos” con estas patologías puedan “ir al supermercado, a la juguetería y a un patio de comidas a comer una hamburguesa” sin que “las personas se desregulen en ambientes que le son nocivos”.
Luego, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), lamentó que “para el común de la sociedad es más fácil señalar y no ponerse en el lugar del otro en estas situaciones”.
Finalmente, se dictaminó un proyecto sobre campaña de concientización del cumplimiento de la cuota alimentaria, promovido por Catalfamo, quien reclamó que prontamente se trate en el recinto el proyecto de Registro Nacional de Deudores Morosos.
Se trata de una iniciativa del diputado radical Juan Martín, que buscarevisar los estereotipos y prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro.
El diputado Juan Martín presentó un proyecto de ley para promover, proteger y ejercer los derechos humanos de las personas mayores. “Queremos valorar a la persona mayor, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo”, señaló el legislador radical.
“Las personas mayores, pese a que son cada vez más, constituyen un sector cuyas vulnerabilidades se encuentran invisibilizadas o en el peor de los casos, aceptadas por la sociedad”. Este es uno de los ítems del proyecto de capacitación obligatoria para la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, que cuenta con el aval de diez bloques parlamentarios.
“Es impostergable hacerle sitio a un nuevo sujeto socio-político y construir una sociedad para todas las edades. Estamos obligados a revisar los estereotipos y prejuicios de la vejez que la asocian a una etapa de la vida de deterioro, enfermedad, pérdida y pobreza y ahondar más bien en las oportunidades que presenta”, indica Juan Martin.
La iniciativa propone “la capacitación obligatoria sobre promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores para todas las personas que se desempeñen como funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del sector público nacional definidos en el artículo 8° de la Ley 24.156, en los poderes Legislativo y Judicial de la Nación y Ministerio Público”.
También dispone “articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario”.
El proyecto señala, además, que “las personas que se negasen sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas serán intimadas por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria y/o administrativas pertinentes de corresponder”.
La iniciativa fue presentada por el diputado santafecino Juan Martín y cuenta con el aval de 10 bloques de la Cámara. También propone capacitar a los encargados de los servicios sociales, de salud y personal encargado de la atención y cuidado de personas mayores.
El diputado nacional Juan Martín (UCR – Santa Fe) presentó un proyecto para la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito del Sector Público Nacional sobre la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores.
“Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta, sufren viejismo. Ese destrato injustificado, sólo por pertenecer a un determinado rango etario, no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Por eso, queremos avanzar con esta iniciativa”, planteó Marín en un video que subió a sus redes.
Además, contó que “esta iniciativa es fruto del programa institucional políticas y derechos para un buen envejecer de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, nuestra casa de estudios. Lo presentamos como propuesta que fue enriquecida por la facultad y, a partir de ahí, empezamos a conversar con colegas de todas las fuerzas políticas”.
“Junto a la decana Claudia Levin nos reunimos con muchos de ellos y con satisfacción podemos decir hoy que esta iniciativa cuenta con el aval de 10 bloques parlamentarios de la Cámara”, destacó y cerró: “Las personas mayores, aunque a veces no nos demos cuenta sufren viejismo, ese destrato injustificado solo por pertenecer a un determinado rango etario no puede tener lugar en la sociedad que queremos. Ahora a trabajar con fuerza para que se haga realidad y contemos pronto con una vergüenza menos”.
En la iniciativa, también propone articular acciones para capacitar a los encargados de los servicios sociales y de salud, personal encargado de la atención, personal de cuidado de personas mayores en los servicios de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios y a los familiares y personas que ejerzan tareas de cuidado domiciliario.
En esa línea, explica que la capacitación tiene como objetivo central que las personas participantes conozcan los aspectos conceptuales básicos y la estandarización normativa de los derechos humanos de las personas mayores que tienen jerarquía constitucional, para identificarlos, concientizar sobre su existencia y contenido, como asimismo promoverlos y protegerlos en la práctica.
La misma, deberá respetar y difundir los principios, deberes y derechos reconocidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre ellos: la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades de la persona mayor; su va valorización, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo; la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona; la igualdad y no discriminación; la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad; el buen trato y la atención preferencial.
Por otro lado, plantea que la autoridad de aplicación será responsable de garantizar la implementación de las capacitaciones por profesionales de la abogacía que comenzarán a implementarse dentro de los 180 días de entrada en vigencia la ley. A su vez, el Ejecutivo deberá implementar campañas de concientización en medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales, etc.
2945-D-2023La iniciativa de la senadora Cristina López Valverde prevé presupuestos mínimos y protocolos ante cierres o clausuras.
La senadora nacional Cristina López Valverde (FNyP) presentó un proyecto de ley que tiene por objeto establecer presupuestos mínimos para el funcionamiento, las actividades y los controles de los establecimientos gerontológicos de larga estadía en todo el territorio nacional.
La legisladora destacó que viene trabajando en la temática desde hace años, e incluso a inicios de la pandemia presentó la primera iniciativa que llegó a tener tratamiento en asesores.
En esta oportunidad, la iniciativa contempla las obligaciones de los establecimientos gerontológicos y los derechos de las personas mayores residentes, basados en lo establecido por Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“El objetivo principal de este proyecto es legislar en favor de los derechos de las personas mayores, de su autonomía y bienestar, por ello establecemos presupuestos mínimos que deberán cumplir los establecimientos gerontológicos y cómo actuar ante el cierre o clausura”, explicó la sanjuanina.
La propuesta también establece la creación de un Registro Nacional de Establecimientos Gerontológicos de Larga Estadía que deberá estar publicado en la página web de la autoridad de aplicación para conocimiento de toda la ciudadanía.
La iniciativa busca establecer que en organismos públicos y dependencias del Estado se los asista con adecuada atención a la hora de realizar sus trámites.
En su última sesión antes del recambio legislativo, el Senado dio media sanción a un proyecto que busca garantizar la atención presencial a las personas mayores para todos aquellos trámites, gestiones o diligencias administrativas que al presente se encuentran disponibles exclusivamente por medios virtuales.
De acuerdo a la iniciativa de la senadora Silvia Giacoppo (UCR), se considera persona mayor a aquella de 60 años o más, en los términos y con los alcances previstos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos humanos de las Personas Mayores -aprobada por Ley 27.360-.
El ámbito de aplicación de la ley serán los organismos del Estado Nacional, centralizados, desconcentrados, descentralizados, sociedades del Estado y otros entes que tuvieren participación estatal y que tuvieren atención al público.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara baja, indica que “las personas mayores acreditarán su edad presentando el documento oficial expedido por autoridad competente que acredite su identidad”.
De no contar la repartición, organismo o ente correspondiente con un sistema de atención presencial, las personas mayores podrán solicitar que se les proporcionen los elementos necesarios para poder realizar el trámite o gestión, agrega el texto.
La diputada del Frente de Todos presentó un proyecto de declaración y aseguró que “en el año 2050 serán más las personas mayores de 60 años que las menores de 14”.
La diputada nacional Mirta Tundis (Frente de Todos) presentó un proyecto de declaración que expresa el repudio “ante la decisión de la Organización Mundial de la Salud de incluir entre las enfermedades detalladas en el International Code of Diseases ICD-11, a la vejez, que se clasifica en síntomas generales (código MG2A) incluyendo asimismo un código de extensión para enfermedades relacionadas con la edad (XT9T)”.
En su iniciativa, la vicepresidenta de la Comisión de Personas Mayores explicó que “a raíz de la pandemia de Covid-19, las violaciones flagrantes de los derechos humanos de las personas mayores merecieron una mayor atención mundial y una sensibilidad social extremadamente intensa hacia el tema de la discriminación por edad”.
“En este contexto, la CIE 11, propuesta por la OMS, se constituye en el epicentro de esta tormenta perfecta, axiomáticamente plagada de desafíos y destinada a crear consecuencias negativas no deseadas, tales como incrementar la discriminación sobre este grupo etario”, señaló.
La legisladora oficialista remarcó que “el fenómeno de envejecimiento poblacional es una realidad irreversible provocada por el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, tan es así que en el año 2050 serán más las personas mayores de 60 años que las menores de 14, sin perjuicio de lo cual y conforme la “Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores de Argentina (Encaviam, 2024)”, sólo el 10% de la población de personas de 60 a 74 años y el 40% de las de 75 y más años, sufren alguna enfermedad que les genera dependencia, e infiriendo en consecuencia que el 90% de las personas de entre 60 y 75, y el 60% de todas las demás no las padecen”.
Apuntando sobre el concepto de fragilidad en el sistema de clasificación de la CIE, Tundis precisó que “la fragilidad es un concepto que incorpora funcionalidad y vulnerabilidad y es más predictivo de resultados adversos, incluida la mortalidad, la respuesta al tratamiento, la necesidad de institucionalización y una mayor utilización de los recursos sanitarios que la edad cronológica por sí sola”.
“La prevalencia de la fragilidad aumenta con la edad, pero el envejecimiento no es un sustituto de la fragilidad y la prevalencia de la fragilidad varía según los determinantes socioeconómicos y de salud de ese modo recepta esa diversidad y no resulta estigmatizante como el concepto de vejez”, indicó.
En los argumentos de su proyecto, la diputada completó: “Nunca puede considerarse que una etapa más del ciclo de nuestra vida igual a la niñez y la adultez puedan de manera autónoma y por sí sola considerarse enfermedad, por lo que debemos honrar el compromiso asumido al ratificar este instrumento internacional y a las personas mayores que son pilares de la sociedad, aportan a la comunidad su sabiduría, experiencia y engrandecen todos los días nuestra Nación”.
La iniciativa de diputados de Juntos por el Cambio se entregaría a aquellos individuos que sufrieron demoras en sus trámites jubilatorios durante la pandemia.
Los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Pro) y Martín Berhongaray (UCR), junto a cuarenta diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para las personas que han visto sus trámites jubilatorios demorados por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.
Sostienen quienes impulsan esta iniciativa que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, debido a la pandemia de Covid-19 durante el 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social, perjudicando en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.
La ausencia de atención por parte de las UDAI/Áreas operativas de la ANSES durante cuatro meses consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, tuvo como principal problema el retraso del inicio efectivo del turno para dar comienzo a la solicitud de la prestación. Esto generó, además, múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual ante las deficiencias en las respuestas obtenidas, la dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Inconvenientes que continúan hasta la fecha.
“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, afirmó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
En efecto, el perjuicio registrado se refleja en la drástica disminución de altas de jubilaciones durante el 2020. De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).
De acuerdo con la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo, “las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”.
Por ello, se plantea la necesidad de resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto. En esa línea, se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32), el cual, de aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.
Por otra parte, el diputado Martín Berhongaray, destacó que “la ANSeS está perjudicando a muchas personas que han cesado en toda actividad remunerada y no tienen otro ingreso, a pesar de que podían contar con la protección que aseguran las leyes jubilatorias”.
“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, concluyó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto.
Además de este proyecto, los diputados presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias, en lo referente a resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que hoy en día no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.
Acompañan también los proyectos los diputados Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Ximena Garcia, Mario Arce, Monica Frade, Pablo Torello, Hernán Berisso, Juan Aicega, Soledad Carrizo, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Gustavo Menna, José Riccardo, Fabio Quetglas, Lidia Ascarate, Laura Carolina Castets, Alicia Fregonese, Luis Pastori, Luis Petri, Ingrid Jetter, Martín Grande, Silvia Lospennato, Héctor Stefani, Diego Mestre, Leonor Martínez Villaba, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Gonzalo del Cerro, Carlos Fernández, Camila Crescimbeni, Luis Juez, María Luján Rey, Juan Martín y Jorge Enríquez.
