Quedó listo para el recinto el proyecto para apartar a jueces por tener posturas contrarias a la perspectiva de género

Ante la ausencia de JxC, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado pasó a la firma el proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el senador kirchnerista Oscar Parrilli, se reunió este martes para debatir sobre un único tema: un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Desde el Salón Arturo Illia, sin la presencia de JxC y con los números ajustados para el quórum, Parrilli dio por comenzado el encuentro al expresar que “es un esfuerzo muy grande trabajar así en el Senado, porque aún en los temas no conflictivos, nos encontramos con un bloque opositor que pareciera que ni siquiera va a dar quórum para levantar la bandera. Se nos hace bastante difícil y complicado”, y agradeció a los senadores del FdT que “permiten, a pesar de la desidia de la actitud casi infantil del bloque opositor de no participar de las reuniones al no dar quórum, para tratar el tema para el cual hemos sido citados”.

En un breve resumen, el neuquino explicó que el proyecto a tratar “modifica varias leyes respecto de las inhibiciones, recusaciones y excusaciones que se pueden llevar adelante en contra de jueces, fiscales, en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género. El proyecto propone la modificación de varios artículos del Código Procesal Penal”.

A continuación, fue la autora de la iniciativa la encargada de profundizar sobre el texto, pero antes le tiró un palito a la oposición: “Gracias a los compañeros del FdT, básicamente por venir a trabajar y poner cuerpo en esta iniciativa”. También se refirió a los medios de comunicación y los comentarios de la oposición, sobre todo apuntó contra el titular del interbloque de JxC, el radical Alfredo Cornejo, que dice que “todo esto es un disparate”.

“Me hubiera gustado poder discutirlo, poder explicarlo y dar testimonio con distintas sentencias judiciales a lo largo y ancho del país porque entendemos que este proyecto de ley no solamente es necesario, sino también es urgente”, remarcó Fernández Sagasti vicejefa del interbloque oficialista.

Y siguió: “He leído noticias y comentarios de la oposición que no sé si son en virtud de la desinformación o mal intencionadas o ambas, pero este es el lugar para sacarnos las dudas, discutir y si hay que mejorar el proyecto hacerlo”.

En ese contexto, sostuvo que el proyecto de ley “es muy oportuno tratarlo” porque “hace pocos días miles de mujeres marchamos alrededor del país conmemorando el 25 de noviembre el Día de la no violencia contra la mujer y una de las consignas de esa marcha era ‘Reforma judicial feminista’”. En tanto, consideró: “Entiendo que este proyecto no es la solución a todos los flagelos que las mujeres y el colectivo LGTBQ+ tenemos a la hora de denunciar y buscar una sentencia en contra de las violencias, pero sí es una forma de sentirnos protegidas y hacer efectivas las garantías de imparcialidad ante la ley que establece la Constitución Nacional”.

En suma, precisó que la iniciativa hace modificaciones al Código Procesal Penal Federal, al Código Procesal Penal Nacional y a la Ley de Violencia Contra las Mujeres cuyo objetivo es “garantizar que las personas sean juzgadas a partir de la perspectiva de género y la no discriminación”, y acotó: “Algo que es de sentido común, no creo que nadie en su sano juicio pueda estar en desacuerdo con la garantía de que una sentencia tenga perspectiva de género y no sea discriminatoria”.

En alusión a los comentarios dados por la “desinformación” sobre el proyecto, explicó: “Deben tener perspectiva de género, no solamente porque esto tiene raigambre constitucional y convencional. Lo que estamos planteando tiene que ver con garantizar normas constitucionales, convencionales y supralegales”.

En tanto, la mendocina definió a la perspectiva de género como “una herramienta conceptual que busca mostrar las desigualdades que hay entre los varones y las mujeres por diferencias culturales que a lo largo de los siglos se han perpetrado en contra de nuestro género, el femenino. Con eso, se trata de un mecanismo de identificar la discriminación, la desigualdad, la exclusión por cuestiones de género”.

El Poder Judicial es viciado, corporativo, elitista, misógino y patriarcal”, definió.

“Quien imparte justicia, no incorpora la perspectiva de género y el principio de no discriminación a una sentencia judicial, claramente no está impartiendo justicia”, agregó y remarcó que “es lo conceptual que estamos tratando hoy”.

Por consiguiente, apuntó sus cañones contra el Poder Judicial al que tildó de “viciado, corporativo, elitista y misógino, patriarcal”. “Lo sabemos en virtud de la sentencia, no es una perspectiva subjetiva de este proyecto. Hay muchos jueces que dictan sentencia sin perspectiva de género y muchas veces homofóbicas e innumerables veces transfóbicas”, remarcó.

“A veces los jueces adelantan su juicio sobre una sentencia cuando tienen dichos homofóbicos o en contra de la perspectiva de género”, cuestionó Fernández Sagasti y agregó: “Lo que nosotros queremos con este proyecto es que se incluya y garantice a las mujeres y al movimiento LGTBQ+ en los procesos judiciales, es la garantía de la imparcialidad porque si no tienen perspectiva, no se han capacitado con la Ley Micaela, no tiene perspectiva de género los jueces o juezas o son homofóbicos, el justiciable que va a pedir justicia, que lo protejan ante una situación de violencia, no va a sentir con derecho que el juez es imparcial porque no va a aplicar el sin números de leyes que tenemos en el país para combatir con este flagelo”.

 En ese contexto, contó que hay casos de jueces y juezas que han firmado la sentencia con “párrafos que son alarmantes y lo que proponemos es que el justiciable pueda recursarlos para que no se le prive el derecho y la garantía de imparcialidad en juicio”. “Que se apliquen las leyes con perspectiva de género y que los jueces se capaciten”, exigió.

Asimismo, ejemplificó con un caso de la provincia de Mendoza de un asesinato del joven Alejo Hunau en 2004 en donde el juez, José Valerio, absolvió al asesino y citó textual los argumentos del magistrado: “La víctima tenía desviada sexualidad y una conducta licenciosa que, a criterio del Dr. Valerio, lo hace responsable de su propio asesinato”, y explicó que “este fallo fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza luego del repudio generalizado que provocó”.

“El juez Valerio es juez actual de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza a propuesta del senador Cornejo cuando era gobernador”, denunció la oficialista. También recordó el caso de la joven Lucía Pérez de Mar del Plata: “Por muchos años llevamos la bandera de ella para que se haga justicia. Fue un femicidio y el en el 2018 quienes integraban el Tribunal Oral Criminal N°1, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas absolvieron a los asesinos Matías Farías de 26 años, Juan Pablo Offidani de 45 y Alejandro Maciel de 62 del femicidio de Lucía que tenía 16 años”.

Y siguió: “Estos jueces para absolver se enfocaron en indagar sobre la personalidad, las actitudes y el comportamiento de Lucía. Su carácter, su vida social, sus relaciones con los hombres y así dictaminaron que no estaba comprobado que no hubiera consentido el acceso carnal”. En tanto, contó que “ambos jueces fueron suspendidos por unanimidad y se anuló el fallo. Hasta que condenaron a los femicidas y no condenaran a la víctima como hizo el primer fallo, la familia tuvo que peregrinar dos años hasta el nuevo juicio”.

También hizo mención de un caso ocurrido en 2002 en Chubut donde una mujer denunció una violación grupal y la “justicia le dio la espalda en reiteradas ocasiones. Solo 3 fueron sentenciados”. “Si tienen ganas de entender lo que pasa en la justicia argentina respecto a la perspectiva de género es un caso escalofriante las palabras de las magistradas”, lamentó y disparó: “Reducir a la chicana de que detrás de este proyecto está la agenda judicial de la vicepresidenta, es sin valores y sin ética este flagelo aberrante de dirigentes políticos”.

“Este es un proyecto simple en el que todos deberíamos estar de acuerdo porque todos sabemos cuáles son los procesos que vivimos las mujeres en las provincias cuando vamos a denunciar acoso, abuso sexual, maltratos, violaciones. Cualquier persona con sentido común diría ‘estamos de acuerdo que si sabemos de un juez que no tiene perspectiva, que no es empático con las denuncias, queramos sentirnos que van a aplicar las leyes que emanaron de este Congreso”, sostuvo Fernández Sagasti y exigió que el Poder Judicial “se haga eco de proteger la vida de las mujeres en la Argentina”.

La oficialista manifestó: “A través de esta legislación se pone un granito más para seguir combatiendo esta cultura patriarcal que nos mata, que nos revictimiza que hace que el 87,4% de los casos de abuso sexual haber tenido en su niñez y adolescencia no se denuncian porque las muejeres no creemos en la justicia, que es un lugar que obtengamos justicia”.

 “En el país 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres, y un 40% de ellas son menores de edad según un informe realizado por la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres”, comentó y sumó que según la encuesta anual de UNICEF a niños y niñas 2019-2020 el 11% de las mujeres en el país sufrió abuso sexual durante su financia o adolescencia, el 87,4% las personas no denunció los hechos y sobre el 15,2% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias.

Discutirán un proyecto para apartar a jueces por tener posturas contrarias a la perspectiva de género

Se trata de una iniciativa de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que comenzará a debatirse en comisión este martes en la Cámara alta.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que conduce el senador kirchnerista Oscar Parrilli se reunirá este martes para debatir sobre un único tema: un proyecto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, por el cual se modifican diversas leyes respecto de la inhibición, recusación y excusación de jueces en caso de tener una posición contraria a la perspectiva de género.

Este proyecto fue presentado en marzo de 2021 y contó entonces con el acompañamiento de buena parte del bloque Frente de Todos. Tiene apenas cuatro artículos que modifican el Código Procesal Penal. El primero de sus artículos introduce un inciso en el artículo 55 de la Ley 23.984, el referido a motivos de inhibición del juez. Allí se indica que “el juez deberá inhibirse de conocer en la causa cuando exista uno de los siguientes motivos”, agregándose como causa de inhibición la siguiente: “Si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.

En su artículo 2°, incorpora un inciso al artículo 60 del Código Procesal Penal Federal, referido a motivos de recusación. De tal manera, el juez deberá apartarse del conocimiento del caso “si manifiesta judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.

Asimismo se modifica el artículo 16 de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es el referido a derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y adminstrativos. Ese artículo indica que los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, una serie de derechos y garantías. El proyecto de Fernández Sagasti agrega allí el siguiente inciso: “A ser juzgadas con perspectiva de género y sin discriminación, contando con juzgadores y juzgadoras imparciales, siendo motivo de inhibición y recusación de magistrados y magistradas manifestar judicial o extrajudicialmente una posición contraria a la perspectiva de géneros, hostilidad hacia las mujeres y población LGBTIQ+, utiliza discursos de odio, o no respeta y hace respetar la ley de identidad de género”.

En sus fundamentos, el proyecto que comenzará a debatirse en comisión a partir de este martes, señala que “los y las jueces que adopten una posición parcial contraria a valorar con perspectiva de género los casos sobre los que se informa, en cumplimiento de la doctrina sobre recusación que hemos desarrollado en las secciones anteriores, corresponde que se inhiban o apartarlos de las actuaciones”.

Agrega el texto que “la falta de reconocimiento de la identidad de género de los y las justiciables constituye trato discriminatorio que se traduce en criminalización y acoso por parte de las autoridades”.

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Proponen incorporar la perspectiva de género en los procesos de familia del Código Civil y Comercial

La senadora sanjuanina Cristina López Valverde presentó la iniciativa que busca “derribar estereotipos instalados” y “desintegrar mandatos patriarcales”.

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La senadora nacional Cristina López Valverde (Frente de Todos) presentó en la Cámara alta una iniciativa para incorporar la perspectiva de género a los procesos de familia del Código Civil y Comercial, con el fin de remover los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder dominantes.

Puntualmente, el proyecto propone incorporar al Código Civil y Comercial la perspectiva de género como “un principio general” a aplicarse en los procesos del Título VIII contenido en el Libro segundo que regulan las relaciones de familia.

“Es fundamental que este principio sea observado en todas las etapas de estos procesos: divorcio, régimen patrimonial del matrimonio, uniones convivenciales, alimentos, derecho de comunicación, compensación económica, adopción, responsabilidad parental”, se enumera.

La legisladora sanjuanina señaló que “usualmente en el trámite de estos procesos se exponen las desigualdades de acuerdo con algunas estructuras familiares de tipo patriarcal que quedan al descubierto en los momentos de quiebre de las familias y muchas veces las mujeres sufren una doble discriminación o expulsión, tanto en el seno intrafamiliar como en el ámbito jurisdiccional al momento de hacer valer sus derechos”.

Para la oficialista, “incorporar la perspectiva de género permitirá derribar los estereotipos instalados históricamente para despojarnos de ellos al momento de evaluar situaciones en las que intervienen grupos minoritarios y oprimidos. Implica desintegrar esos mandatos patriarcales en los que fuimos educados y educadas en los aspectos de nuestra vida, laboral, institucional, familiar, desde lo simbólico hasta lo real”.

La UCR bonaerense se capacitará en perspectiva de género

Será el primer partido político de la Argentina en poner en práctica esa modalidad.

El presidente del Comité Provincia de la UCR, Maximiliano Abad, y la vicepresidenta Érica Revilla, firmaron un convenio con la Facultad de Derecho y el Observatorio Jurídico Angélica Barreda, de la  Universidad Nacional de Mar del Plata, con el objetivo de que toda la institución partidaria se capacite en perspectiva de género. La Unión Cívica Radical se convierte así en el primer partido político de la Argentina que se va a capacitar en dicha materia.

La nueva conducción de la UCR bonaerense expresó su voluntad de transformación de la realidad y la gestión activa que consolide al tradicional partido, que este sábado cumplió 130 años, como un partido para el futuro. Por eso, las autoridades destacaron “que no puede haber un partido que pretenda dicha transformación si no se revisa internamente, evoluciona en sus prácticas y pone en primer lugar la búsqueda de equidad y justicia en cada actividad y en el diseño de sus plataformas y proyectos”.

“El objetivo es alcanzar a todos los actores del partido, desde la dirigencia, funcionarios y referentes, hasta la militancia. Para ello se adoptó un esquema que comenzará con la formación de formadores, y luego se irá ampliando hasta alcanzar a la totalidad de los miembros”, resaltó Abad.

El lanzamiento  de  dichas  capacitaciones se realizará de modo virtual, vía Zoom, este jueves 1 de julio, desde las 18. Contará con las disertaciones de Maximiliano Abad,  de Erica Revilla, miembros de la Facultad de Derecho, del presidente de la Juventud Radical de la Provincia, Manuel Cisneros y la doctora Diana Maffía, referencia indiscutida de los estudios de género en el país.

Avanzó un proyecto que incorpora perspectiva de género a la legítima defensa

Obtuvo dictamen un proyecto elaborado por tres diputadas y un diputado del oficialismo y la oposición, que contempla la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, se emitió dictamen a un proyecto que busca incorporar la perspectiva de género al concepto de legítima defensa del Código Penal.

La modificación implica que tanto jueces, juezas como fiscales y fiscalas tengan que analizar el contexto de violencia que padecía la mujer previo a encuadrar el caso en uno de los supuestos de la legítima defensa.

Es así que en el dictamen se unificaron cuatro proyectos de ley, elaborados por Silvia Lospennato (Pro), Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), Enrique Estévez (Partido Socialista) y Claudia Najul (UCR). El texto modifica el artículo 34 del Código Penal para incorporar la perspectiva de género en la regulación de la legítima defensa como eximente de la responsabilidad penal.

Al comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (Frente de Todos – Entre Ríos ), consideró la necesidad de “abordar proyectos de violencia de género para mejorar las herramientas legislativas e incorporar cuestiones pendientes de género en el ámbito penal”.

“No es casual la fecha, 3 de junio, tiene que ver con que se cumplen seis años del ´Ni una menos´ ese hecho histórico, primera movilización de las mujeres para reclamar por sus derechos”, recordó.

En ese sentido, Mónica Macha (Frente de Todos – Buenos Aires), presidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, recordó que a través de la militancia “hemos logrado que muchos de los temas de la agenda feminista y transfeminista sean parte de la agenda política central”.

Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires) celebró los “acuerdos políticos transversales en pos de avanzar en políticas públicas que sigan contribuyendo a reducir las desigualdades, los femicidios y, como este proyecto, incluir la perspectiva de género en el Estado”.

Como autora de una de las iniciativas en debate, la diputada Lospennato mencionó que el proyecto sistematiza una práctica que “la jurisprudencia ya viene reconociendo”. “Hubo un gran consenso y escuchamos a muchos especialistas, fiscalas, abogadas y abogados penalistas, y esas reuniones sirvieron para que podamos avanzar con más celeridad”, recordó.

La diputada Álvarez Rodríguez, que también presentó uno de los proyectos, dijo que “la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar, que se defienden de sus agresores, terminan siendo criminalizadas por una justicia sin perspectiva de género”.

Por su parte, el diputado Estévez, autor de otro proyecto de ley, advirtió sobre “la presunta neutralidad de la ley penal”, al considerar que “no es tal cuando se dan situaciones de desigualdad y violencia estructural que están inmersas en nuestro sistema de justicia”. “Esto exige un cambio de paradigma, que permita comprender la reacción de las víctimas de violencia de género”, explicó Estévez.

En tanto, Najul recordó que “existe jurisprudencia” y citó un antecedente en la provincia de Mendoza, donde la justicia tuvo en cuenta el contexto de violencia de género estructural.

El proyecto de ley plantea sustituir el inciso 6° del artículo 34 del Código Penal. “Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia y respecto de las conductas para impedir agresiones físicas en un contexto de violencia de género en el ámbito intrafamiliar, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, celebró el trabajo realizado por los legisladores y legisladoras para consensuar este proyecto cuyo objetivo es incorporar la violencia por motivos de género como causal de legítima defensa.
Por su parte, Carolina Gaillard, quien preside la comisión de Legislación Penal destacó que este dictamen se de en el marco de una fecha tan emblemática. “Hoy se cumplen seis años del Ni Una Menos, aquella movilización donde espontáneamente salieron millones de mujeres a reclamar por sus derechos”.

Avanza el anteproyecto para crear un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género

Se realizó en Casa Rosada la primera reunión de la Comisión Redactora del anteproyecto de ley. La ministra Gómez Alcorta destacó la decisión presidencial en la materia con el fin de elaborar una norma “que cimiente la política pública para una organización de los cuidados más justa”.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, encabezó este jueves la primera reunión de trabajo de la Comisión Redactora del anteproyecto de ley para crear un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género. Es la primera vez en la historia que un Gobierno nacional asume el compromiso de avanzar hacia un cambio de paradigma profundo que implica crear nuevas obligaciones de largo plazo para el Estado Nacional, incluir nuevos derechos y principios, y convertir un asunto que por tanto tiempo fue considerado “privado, familiar y femenino” en un asunto público, social y de todos los género.

La comisión que integran expertas y expertos que hace décadas trabajan la temática del cuidado y con trayectoria en la academia, la función pública y la sociedad civil tiene el mandato del ministerio de llevar adelante la redacción del anteproyecto a través de un proceso participativo en el que se deben escuchar a todos los sectores involucrados en el cuidado.

En el encuentro estuvieron presentes la economista e investigadora Corina Rodríguez Enríquez; Virginia Franganillo, socióloga, especialista en estudios de la Mujer y directora del Observatorio de Género y Pobreza de la UNSAM; Marisa Herrera, doctora en derecho, investigadora del CONICET, integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación y del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerios Públicos; la abogada Laura Pauttasi, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, investigadora principal del CONICET y socia fundadora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); la socióloga e investigadora Eleonor Faur; la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA; el abogado Jorge García Rapp, experto en seguridad social; Mercedes Mayol Lasalle, especialista en Educación y presidenta a nivel mundial de la Organización Mundial para la Educación de la Primera Infancia y  la médica Romina Rubin, especialista en gerontología y geriatría que integran la comisión redactora del anteproyecto de ley.

La ministra Gómez Alcorta junto a los miembros de la comisión redactora. (Fotos: MMGyD)

En la reunión, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que en el contexto de la pandemia las necesidades de cuidado no entraron en cuarentena y que, por el contrario, “la injusta división del trabajo se hizo sentir intensivamente todos los días”. Sin embargo, destacó que fue un año en el que se visibilizó colectivamente la desigual organización social de los cuidados, su impacto en términos de género y de clase. “No hicimos más que transformar en política pública una demanda creciente de los movimientos de mujeres y de la diversidad”, sostuvo.

En ese marco dio cuenta de las distintas políticas que se impulsaron desde el ministerio desde el inicio de la gestión: la construcción del Mapa Federal del Cuidado, para identificar los espacios públicos y comunitarios de cuidado así como los espacios de formación en cuidados, con el objetivo de estudiar la demanda potencial de infraestructura de cuidados en los distintos territorios; la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados, que integran 14 organismos  nacionales, con el objetivo de coordinar las políticas de cuidados vigentes y planificar las pendientes y la Campaña Nacional “Cuidar en Igualdad. Necesidad, derecho y trabajo” que se está desarrollando en todo el país con el objetivo de discutir federalmente patrones culturales, necesidades particulares de cada territorio y prioridades de cada región. Estas iniciativas constituirán, además, insumos centrales para el anteproyecto de ley.

“Hoy nos encontramos para dar comienzo a un cuarto pilar que se nutrirá de todas las instancias antes mencionadas y que es, a su vez, su objetivo último, un instrumento concreto que esperamos provoque el cambio estructural que necesitamos para ir hacia la igualdad en los cuidados. Por decisión del presidente Alberto Fernández, creamos esta comisión redactora para la elaboración de un anteproyecto de ley que cimiente la política pública para una organización de los cuidados más justa”.

“La familiarización e invisibilización de los cuidados significa la feminización de la responsabilidad de cuidar con su respectivo impacto en la pobreza temporal, la pobreza de ingresos, la brecha salarial e incluso la perpetuación de situaciones de violencia de género. Creemos que la desigualdad en los cuidados está en la base de la desigualdad de género y es por eso que esta temática tiene que ser abordada con una perspectiva feminista. Una visión global que abogue por la igualdad de género en esta esfera”, explicó Gómez Alcorta. Y agregó: “Cuanta más infraestructura pública y comunitaria de cuidados haya, cuanta más diversidad de opciones de apoyo para la autonomía y más protección social para quienes cuidan, los cuidados se tornarán cada vez más una responsabilidad de toda la sociedad”. 

“Lejos de pensar la ampliación de políticas de cuidado como un gasto, vemos en la inversión en este tema un accionar muy concreto como política social, en parte porque los cuidados están en el fondo de muchas problemáticas sociales sobre las que el Estado debe trabajar. Los hogares más pobres son los que más horas dedicadas al cuidado tienen. Las trabajadoras del cuidado son las más precarizadas. Por ello, la política de cuidados contribuye a reducir la desigualdad social y la pobreza”, sostuvo.

Por último Gómez Alcorta aseguró que “este sector económico puede tener un rol central en la pandemia y pospandemia. Siendo la economía del cuidado el único sector que se mantuvo completamente activo en este contexto, siendo uno de los sectores que más aporta “invisiblemente” a la generación de riqueza en el PBI,  pensamos a esta sector y a la ampliación de políticas en el tema como una fuente de empleo hacia el futuro, como una inversión que incluso le ahorra al Estado futuros gastos que aparecen cuando estas políticas no están y como un aporte central a la economía que realmente nos importa: aquella que mejora la calidad de vida”.

El MMGyD tendrá a cargo la coordinación técnica de la Comisión Redactora, la cual contará con un plazo de ocho meses para elevar el anteproyecto final. El jueves 19 de noviembre la Mesa Interministerial recibirá a la Comisión para trabajar en los  lineamientos generales.

La Comisión Redactora ad honorem iniciará el proceso de instancias consultivas el viernes 27 de noviembre. Recibirá a centrales y organizaciones sindicales del mundo del cuidado y continuará el trabajo con organizaciones feministas, de la primera infancia, de la vejez, de la discapacidad, de la economía popular, del sector empresarial, entre otras.

De la reunión también participaron Lara González Carvajal, jefa de Gabinete del MMGyD; Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad; Pilar Escalante, subsecretaria de Políticas de igualdad; Lucía Cirmi Obón, directora Nacional de Políticas de Cuidado e Iris Pezzarini, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado.

El “compromiso” firmado por la Bicameral de Comunicación Audiovisual sobre igualdad de género en los medios

El documento consta de seis puntos a los que los legisladores se comprometen para llevar adelante medidas sobre el tema.

La Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, presidida por la diputada Gabriela Cerruti (Frente de Todos), firmó este martes un “compromiso para la construcción de medios de comunicación con perspectiva de género”.

En el documento, los legisladores reafirman su “compromiso” con “la incorporación y fortalecimiento de la igualdad de género en los medios de comunicación públicos de la Argentina”, al tiempo que, afirman, llevarán adelante medidas tendientes a seis puntos:

  1. Promover la creación de ámbitos de capacitación continua a fin de implementar la Ley Micaela en RTA S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E.
  2. Impulsar acciones que amplíen y visibilicen la participación de mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ desde una perspectiva intercultural que incorpore a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y migrantes de la Nación Argentina, en los distintos ámbitos de RTA S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E. , en la búsqueda de garantizar equidad en la representación de géneros.
  3. Fortalecer la participación de las mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ en los ámbitos de decisión y puestos jerárquicos, así como en el resto de la planta del personal de RTA S.E., Contenidos Públicos S.E. y Télam S.E., promoviendo asimismo la equidad en las condiciones laborales.
  4. Incorporar de manera transversal la perspectiva de género en los contenidos de los medios audiovisuales de RTA S.E., en las señales audiovisuales de Contenidos Públicos S.E. y en Télam S.E.
  5. Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente tendiente a prevenir y erradicar la violencia de género y el acoso en el ámbito laboral.
  6. Impulsar una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, del ámbito de la comunicación audiovisual, medios comunitarios e incentivar las buenas prácticas con el sector privado a fin de construir medidas tendientes a la igualdad de género y a la representación equitativa de los géneros en el ámbito de la comunicación.

Funcionarias y periodistas abogaron por una ley de igualdad de género en los medios públicos y privados

Por más de dos horas, las invitadas expusieron sobre la problemática en la Bicameral de Comunicación Audiovisual. Asistieron las responsables de RTA, Contenidos Públicos y Télam, entre otras. La comisión elaboró un “compromiso para la construcción de medios con perspectiva de género”.

Por Melisa Jofré

Durante una reunión de más de dos horas, funcionarias y periodistas expusieron ante la Bicameral de Comunicación Audiovisual, donde abogaron por la aprobación de una ley que establezca la igualdad de género en los medios públicos y privados, plantearon sus opiniones y explicaron la situación actual que se vive en el ámbito de la comunicación.

Tras las intervenciones, la comisión, presidida por la diputada oficialista Gabriela Cerruti, pasó a la firma entre sus miembros un “compromiso para la construcción de medios de comunicación con perspectiva de género”, el cual consta de seis puntos.

La primera funcionaria en exponer fue la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, quien destacó que según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “ningún país, incluso los más desarrollados, han alcanzado una igualdad de género total”. Además, un informe de 2017 del Foro Económico Mundial pronosticó que la brecha existente entre hombres y mujeres “se va a alcanzar de reducir recién en 100 años”.

La periodista recordó que años atrás, “cuando a una mujer se la convocaba para co-conducir en un noticiero de televisión se le pedía que casi sea un adorno”. “Somos una generación que rompió con eso, que mostró que pensábamos y ahí empezaron a preocuparse”, dijo y señaló que “aunque hemos transitado muchas conquistas, el patriarcado y el machismo sigue imperando en los medios”.

Lufrano, quien asumió en enero, indicó que en RTA los cargos jerárquicos estaban ocupados por un “75% de hombres y 25% de mujeres”. Al repasar algunas de las medidas tomadas desde la nueva conducción, destacó la capacitación de la Ley Micaela para todo el personal, la incorporación de una conductora trans (Diana Zurco) en el noticiero de la Tv Pública y la inclusión de una columna de género y diversidad.

Además, la titular de RTA resaltó la incorporación de más de 20 directoras en Radio Nacional, en emisoras de distintos puntos del país; la creación de asambleas de trabajadoras; y la firma de un convenio que próximamente se hará en conjunto con la Asociación Argentina de Actores para la prevención, el tratamiento y remediación de situaciones de violencia de género.

En cuanto a los puestos de empleo, la funcionaria subrayó que “a la hora de una vacante son muchos gerentes los que ponen palos”, y consideró que “resta hacer mucho trabajo con los sindicatos, porque en las bolsas de trabajo se le dan prioridad a los varones y no a las mujeres”. También enfatizó que desde su gestión buscará “promover el cupo femenino para los puestos jerárquicos y no jerárquicos” e “incorporar la perspectiva de género” a toda la programación, entre otros objetivos.

Foto: Comunicación Senado.

A su turno, la responsable de Contenidos Públicos S.E, Jésica Tritten, explicó que los canales Encuentro, Paka-Paka y DeporTV “tienen producción delegada”, con lo cual en esta nueva etapa se buscará estimular que aquellas PyMEs productoras y universidades públicas “que presenten el plan de trabajo con paridad de género” serán las que tengan mayores posibilidades de contratación.

Al hacer un repaso por cómo se aborda la perspectiva de género dentro de cada canal, la funcionaria remarcó que en DeporTV “hay que hacer un trabajo pedagógico increíble”, y reveló las reacciones que hubo entre los varones cuando por primera vez se hizo una transmisión con una relatora y una comentarista mujer.

También añadió que “en las áreas técnicas tenemos un desafío importantísimo” y pidió “generar políticas y leyes que ordenen estas situaciones para las mujeres”.

Por su parte, la directora de Agencia Télam, Bernarda Llorente ponderó que el Gobierno “lo primero que ha hecho es poder traspasar una visión de género a todas sus políticas de Estado”. “La equidad y la igualdad repercuten en la calidad democrática”, sostuvo.

La periodista recordó que las mujeres “no solo hemos sido discriminadas de los puestos de decisión, sino también hemos sido subestimadas desde la audiencia”. “Las mujeres hemos sido maltratadas en los medios, no solo a través de estereotipos de género, sino también hemos sido subestimadas intelectualmente”, agregó y recordó a Bernardo Neustadt cuando hablaba de “Doña Rosa”.

Al afirmar que “los medios de comunicación no han sido ajenos al modelo patriarcal”, Llorente precisó que en los medios “solo hay 11 accionistas mujeres, muchas de ellas con relación de parentesco en la propiedad de los medios”. “La igualdad en los medios estatales, en este momento, es una decisión que la estamos implementando, pero los privados tienen que tomar el ejemplo”, enfatizó.

La titular de la agencia resaltó que Télam tiene un directorio completamente compuesto por mujeres, y valoró la incorporación de una directora sobre géneros y diversidades, ya que esta mirada “es fundamental para empezar a cambiar una cultura y determinados sentidos comunes”. “Es mucho lo que hemos hecho en estos meses y lo que falta por hacer”, completó.

Foto: Comunicación Senado.

De la jornada participaron también María Andrea Mallimaci, directora de Comunicación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, quien destacó la “necesidad de trabajar en conjunto” en la que coincidieron la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. “Los medios públicos deben ser la avanzada de todo proceso de adquisición de derechos”, expresó.

En tanto, el secretario de Medios, Juan Francisco Meritello, precisó que “de los 20 cargos jerárquicos que tenemos, 17 son mujeres. Y no me di cuenta cuando lo hice. No es que buscamos que sean mujeres, buscamos lo mejor para cada una de las áreas”. “Encuentro un enorme profesionalismo y capacidad en las mujeres”, manifestó.

La voz de las periodistas

Luego de las exposiciones de los funcionarios, la senadora Norma Durango (FdT) y las diputadas Mónica Macha y Gisela Marziotta (FdT), impulsoras de proyectos sobre el tema, celebraron la reunión y aportaron sus visiones al respecto.

Pero además se dio participación a periodistas. Una de ellas fue Florencia Alcaraz, de LatFem, quien habló de la necesidad de que la iniciativa contemple “la representación más justa en los medios de comunicación”. Asimismo, solicitó que se construya un proyecto con la participación de todos los sectores, mediante un “proceso colectivo, federal, plural”.

Desde LatFem también intervino Agustina Paz Frontera, quien repasó puntos centrales del proyecto que presentó Mónica Macha, el cual no solo plantea la incorporación de más mujeres, sino de más personas del colectivo LGBTIQ+. “El binarismo es insostenible en la nueva realidad”, señaló y mencionó la idea de sumar “voces de indígenas, migrantes, discapacitados”, entre otros.

Por Periodistas Argentinas, Mariana Carbajal sostuvo que “es necesaria una normativa y regulación; queremos una representación con equidad”. “Basta hacer un paneo por la televisión o por los portales de noticias para ver cómo aparecemos las mujeres”, dijo y ejemplificó que mientras en la televisión aparecen “varones gordos, pelados, con arrugas”, en las mujeres “hay un canon que establece ciertos estándares” y “ni hablar de las ausencias de otras estéticas e identidades”.

Finalmente, Nancy Pazos pidió “rapidez” para que salga un solo proyecto consensuado y consideró que “hay que pensar en los medios del interior del país”. Además, opinó que una forma para hacer posible la aplicación de la norma sería “premiar o no con pauta publicitaria (desde el Estado) a los medios que tengan aplicada la Ley Micaela, que tengan un protocolo sobre violencia de género”.

La Legislatura porteña se capacitará en materia de género

Agustín Forchieri insistió en la necesidad de que los diputados y todo el personal legislativo realicen la capacitación enmarcada en la “Ley Micaela”.

Debido al crecimiento de los casos de violencia de género y de los femicidios, la Legislatura de la Ciudad en conjunto con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y su Secretaría de Asuntos Académicos, desarrollaron un curso para que  diputados, funcionarios y empleados de toda especialidad y jerarquía de la Casa, para que se capaciten de manera obligatoria y virtual en perspectiva de género.

El curso consta de tres módulos –que se darán divididos en nueve clases virtuales-, en donde se tratarán temas relacionados a la no violencia contra las mujeres y anti discriminación en el marco de la implementación de la “Ley Micaela”. La misma se pondrá en marcha a partir de este miércoles.

Las clases las dictarán especialistas, con asignaturas como la construcción de las masculinidades, los feminismos y colectivos, los tipos de violencia, los deberes del Estado y los dispositivos de denuncia, entre otros. Para obtener la certificación deberá completarse un trabajo de integración final.

En ese sentido, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y diputado de Vamos Juntos, Agustín Forchieri, aseguró que “detrás de esta capacitación existe un trabajo inmenso en un contexto muy complejo” y consideró que “es fundamental erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y es por eso que decidimos reinventarnos para seguir adelante con nuestro objetivo que es acercarnos más hacia una Legislatura con perspectiva de género; hacerlo en conjunto con la Universidad de Buenos Aires es sin dudas una garantía de excelencia”.

“En este contexto es importante seguir adelante con el trabajo, es por eso que buscamos una forma para que desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio sigamos construyendo un entorno más igualitario y un espacio de reflexión sobre nuestros actos y discursos” concluyó Forchieri”, concluyó.