Agujero Azul: fuertes reservas de funcionarios y empresarios hacia el proyecto aprobado en Diputados

La iniciativa que crea un área marina protegida tuvo cuestionamientos en el Senado, donde alertaron sobre la falta de información científica suficiente, la falta de recursos para controlar y monitorear, y la afectación que habría sobre la pesca nacional.

Gabriel Herrera, coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Comunicación Senado)

El Salón Arturo Illia del Senado fue escenario este miércoles de un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Presupuesto y Hacienda, que continuaron el análisis del proyecto de ley que crea el área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que este año podría perder estado parlamentario.

Fue una reunión informativa, de la que tomaron parte representantes del Poder Ejecutivo y representantes de Intercámaras (entidad que agrupa a las Cámaras Empresarias CEPA, CAPECA, CAPA, CAIPA, CAABPA, AEPC, UDIPA, CAFREXPORT Y CAPIP), todos los cuales expresaron sus fuertes reservas respecto de la implementación de esta iniciativa. Cuando no las críticas abiertas hacia una iniciativa que, sobre todo desde el sector empresarial, ven con ojos críticos.

Presidenta de la Comisión de Ambiente, la chubutense Edith Terenzi resaltó que ya hubo otras reuniones informativas, habiendo participado de la última organizaciones no gubernamentales, mientras que reservaron para esta jornada el espacio para representantes del Ejecutivo. “Pretendemos con mucha responsabilidad hacer de este debate lo más abierto y plural posible”, expresó la senadora Terenzi.

En primer lugar expuso el ministro Gabriel Herrera, coordinador de Política Oceánica y del Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien planteó cuáles han sido las principales observaciones que Cancillería que vienen planteando desde 2022 sobre el proyecto. Consideran que el mismo requiere mayor análisis y estudio, por cuanto en principio “no hay información científica suficiente que justifique la extensión del área y que se le asigne la mayor categoría de protección”.

Señaló que se trata de un área de interés científico “enorme, de enorme riqueza, pero no se cuenta con información científica que permita determinar qué es lo que queremos proteger, para qué queremos protegerlo y de qué queremos protegerlo”.

Herrera agregó que en el área proyectada subsiste un régimen jurídico con dos normas diferenciadas. En la columna de agua, hay libertad de navegación y pesca; en la plataforma continental, se aplica el concepto según el cual la Argentina goza de derechos soberanos para la explotación sobre el lecho y subsuelo, “lo cual genera desafíos y posible colisión de normas de derecho internacional”, planteó Herrera, para quien en definitiva el tema “no resuelve la pesca en la columna de agua adyacente: solo se puede aplicar al lecho y subsuelo”.

Herrera alertó sobre los problemas para controlar y monitorear semejante área. (Foto: Comunicación Senado)

“Esto puede llegar a generar conflicto a la hora de monitorear y controlar el Área Marina Bentónica Agujero Azul”, agregó el funcionario, que precisó que “habría dificultades muy grandes a la hora de probar que terceros estados efectúan o no pesca de arrastre, por ejemplo”. Añadió que Agujero Azul es un área que tiene el tamaño de Mendoza, con profundidades que van de 100 a 200 metros en algunas partes, a otras de 4.000 y 5.000 metros. “Complica aún más las tareas de monitoreo y control para cumplir las medidas de conservación que prácticamente son totales, de acuerdo con lo que dice la ley”, señaló. Herrera contó que hay entonces “una serie de actividades que no se van a poder visualizar” y recomendó “visualizar de qué manera el Estado argentino está en condiciones de llevar adelante ese control y con qué medios”.

En otro pasaje, sugirió a los senadores convocar a Prefectura y el Ministerio de Defensa, por cuanto sería importante que fueran escuchados para ver cómo llevar adelante esos controles.

Por último, señaló el aspecto relacionado con la investigación científica marina: la creación de esa área protegida podría complicar que se efectúen actividades de investigación científica marina por parte de terceros estados.

Cuando el senador Víctor Zimmermann, le preguntó sobre el costo fiscal, confió que “no hay análisis sobre costos” y esa es otra observación que hacen al proyecto.

A continuación expuso Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, quien recogió esa última referencia sobre costos para advertir que si alguna empresa argentina contara con cuotas de pesca y se prohibiera la actividad en el área en cuestión, tendría claramente un perjuicio.

“Existe parte de investigación que demuestra la importancia que tiene el área, pero estamos bastante lejos de tener un concepto acabado de lo que allí sucede. Hay cuestiones innegables, como algunos cañones submarinos que han sido protegidos incluso por flotas pesqueras que operan en el área”, señalo Navarro.

Agregó que si bien ese conocimiento resulta “importantísimo” y que “estamos de acuerdo en que si se requiere protección, debe hacerse, estamos lejos de poder identificar esta situación”.

Gabriela Navarro, directora de Planificación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación.

Recordó la funcionaria que ya se cuenta con la Ley Nacional de Pesca, que data de 1997, y que obliga a hacer  una administración bajo un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta las personas que viven de ese recurso. “Siempre que se hace una explotación, o que se  permite una actividad económica pesquera, se tienen en cuenta las vulnerabilidades”.

“Hemos ejercido derechos soberanos en el área. Allí se explota la vieira, la centolla, y ya existen medidas establecidas para el caso de que las empresas deseen explotar esos recursos. En el caso de la pesca de vieira, hay espacios de protección en nuestra plataforma. La explotación de este recurso más allá, implicaría tener zonas de reserva en el marco de la política pesquera para esos casos que sean únicos”, señaló. La directora de Planificación Pesquera agregó que “se han hecho viajes exploratorios, pero depende de que las empresas encuentre rentable o no lo que se encuentra en ese lugar, por eso tenemos el interés de seguir investigando”.

En otro pasaje de su exposición, Navarro confirmó que “no tenemos evaluación del costo que esto podría implicar para el control de la pesca, pero sí sabemos que en nuestro caso tenemos claramente el control de la pesca ejercicio sobre la flota, y esto eliminaría a nuestra flota de esa área y dejaría al resto de las flotas que operan en el área fuera de nuestro alcance. Para nosotros sería un enorme retroceso para nuestra flota: tenemos que salir del área y dejarla en manos de los que podrían operar en el área”.

Puso otro ejemplo con la pesca de arrastre en esa zona, que se realiza por ejemplo con el calamar. Eso está en la columna de agua, esto es, fuera de la plataforma continental. “Y no podríamos regularlo –aclaró-. Para nosotros ería bastante más restrictivo en relación con otras flotas. Dejaría a nuestra industria pesquera en peores condiciones”.

“Desde la subsecretaría consideramos que el proyecto no nos beneficia en términos de actividad y el uso sustentable de recursos, nos pone en desfentaja con relación a otras flotas extranjeras, y si bien estamos de acuerdo en la generación de otras áreas protegidas, en este caso no hemos sido consultados, ni habíamos participado en la generación de este proyecto”, sintetizó.

Por el contrario, sugirió que este proyecto no permitiría al Estado argentino evitar que una flota extranjera pueda pescar. “La restricción que la Argentina pudiera poner sobre esta área o la flota argentina, solo beneficiaría que la flota extranjera que está en nuestra área adyacente pueda seguir haciendo lo suyo sin control”.

Luego fue el turno de Laura Tombesi, subsecretaria de Ambiente, quien detalló inicialmente la participación que su área tuvo en distintas áreas marinas protegidas. Consideró que Agujero Azul es “un área de importancia biológica y ecológica”. Ya contaban con datos de buques de investigación española que daban cuenta de la importancia de rasgos geomorfológicos importantes en la zona, como son los cañones submarinos, una zona de alta productividad y grupos marinos vulnerables a la pesca u otras cuestiones antrópicas.

Al hacer un análisis espacial del área que se pretende proteger, admitió que “es un poco extensa; tal vez no sea homogénea en toda su área. Habría que delilmitar un poco más el área”.

También contó Tombesi que hicieron referencia a la factibilidad de implementación del proyecto. “Cualquier política pública debe ser analizada en todas sus etapas: desde el diseño de un área marina protegida, hasta su implementación”, señaló y advirtió que “suele ser costosa en un área tan lejana a nuestras costas, también  pensando en el monitoreo. Si decimos que vamos a proteger a las comunidades bentónicas, deberíamos poder monitorear eso que decimos que estamos protegiendo. Eso implica campañas de investigación, financiamiento para ello”.

“Hay que analizar el costo para implementar esta área”, cerró.

Por último, inttervinieron Darío Sócrate y Sofía Wholer, en representación de las cámaras de la industria pesquera. Wholer no anduvo con vueltas al señalar que “el sector se opone al proyecto. Existe una falta de procedimiento para establecer un área marina protegida”, explicó, precisando que “no existe un proceso participativo efectivo en el momento que se elaboren este tipo de proyectos. Para nosotros, los argumentos y la evidencia científica cumplen un rol fundamental para establecer un área marina protegida”.

“Tampoco se han hecho estudios que demuestren el verdadero impacto sobre la actividad entrópica en el lecho marino”, advirtió, enfatizando que “creemos que la información científica y de monitoreo para saber qué se está protegiendo y el nivel de impacto, es fundamental, y hay que establecerlo antes de crear áreas marinas protegidas”.

Agregó que “consideramos que hay una falta de identificación y cuantificación de los beneficios que para la población va a traer el área. No se hicieron los estudios, esto muestra que el balance costo beneficio no es positivo. Como está planteado el proyecto, ese balance es negativo, porque van a dañar intereses económicos de flotas que operan o van a operar en la zona”, y planteó también el costo que representaría para el Estado. “Creemos que no se prevé un mecanismo de financiamiento adecuado para garantizar la eficiencia del control de esta área”.

“No escuchamos cuánto dinero se va a requerir, ni si el Estado puede costearlo”, sintetizó, y finalizó diciendo que el resultado será “tener un área en papeles, donde no voy a poder gestionar, no voy a poder cumplir con la ley, ni serán tangibles los beneficios de los que habla. Solo que la pesca argentina no se va a poder desarrollar en esa área”.

Por último, Darío Sócrate advirtió que “los objetivos de un área marina protegida son proteger alguna cuestión del ambiente, no ordenar y administrar la pesca. Para que podamos hacer eso, hay que contar con los estudios científicos que permitan identificar qué se va a proteger y tener un esquema de participación suficiente”.

El representante de la industria pesquera argentina contó que solo habían tenido un contacto por zoom con la entonces diputada Graciela Camaño, impulsora del proyecto, en tiempos de pandemia, y que nunca más los habían invitado a participar, por eso agradeció la oportunidad brindada por los senadores. Y contó que ya hay áreas marinas protegidas que tienen algunos inconvenientes en su implementación expresa.

Explicó que si este proyecto fuera ley, se estaría tomando una medida unilateral sobre buques extranjeros, arrastreros, que están más allá de la milla 200, sobre la cual las autoridades marítimas internacionales no estarán de acuerdo. “Los demás países no solo no lo van a cumplir, sino que se van a quejar: doble problema”, resumió.

Sobre el final, Gabriela Navarro insistió en que el término “área protegida” es demasiado estricto, pues establece que allí “no se puede realizar ninguna actividad”. Y concluyó advirtiendo que al implementarla, debería haber un beneficio. "¿Quién aprovecharía el beneficio? Las medidas de protección que estamos tomando adentro, estarían beneficiando a los que puedan explotar afuera”, pues no se los podría controlar. Solo se controlaría a las empresas pesqueras nacionales.

Retenciones, biocombustibles y pesca: qué dijeron los representantes de sectores involucrados en la ley 

Diferentes invitados asistieron este lunes a la reunión informativa en la Cámara de Diputados, donde se trata la ley de bases propuesta por el Gobierno. 

Fotos: HCDN

Biocombustibles 

En su participación en el plenario de comisiones que debate la ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles se mostró a favor de las modificaciones a la legislación que regula el sector. “Argentina es un gran jugador mundial en biodiésel, pero viene perdiendo participación todos los años porque los países hacen crecer sus mercados internos con materia prima local. En 10 años se duplicó la producción global de biodiésel, mientras que en Argentina se redujo un 35% debido al marco regulatorio retrógrado que tenemos”, sostuvo. 

En esa línea, señaló que “el mundo tiene políticas de Estado con corte creciente, pero con libre competencia entre plantas de producción de biodiésel y petroleras, mientras Argentina está en el camino contrario desde hace más de 10 años”. A continuación, Castro cuestionó la ley sancionada en 2021 que redujo de 10% a 5% el corte obligatorio de biodiésel, “limitando inversiones y dejando fuera del mercado interno a todas las plantas exportadoras”. 

Actualmente, “más de la mitad de la producción de biodiésel tiene prohibido abastecer y competir, encareciendo el valor y reduciendo la cantidad de empresas que participan en el mercado interno”. “Tenemos un complejo agroindustrial altamente competitivo y no lo estamos aprovechando”, agregó. 

Por eso, sostuvo que apoya “los mecanismos de competencia introducidos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo” que “abre un camino de crecimiento el biodiésel, al adoptar un corte como en Brasil, de 15% para 2026”. “Establecemos por fin un horizonte de crecimiento para nuestra industria con un marco regulatorio más moderno, eficiente, sustentable; eliminando focos de conflictividad y discrecionalidad”, destacó. 

No obstante, observó que el proyecto también “alenta el desarrollo y crecimiento de energías renovables, pero por otro lado sube retenciones al aceite de soja que es la materia prima central, por lo que va a generar una caída de producción de aceite y eso podría impactar en el suministros”. 

Por el contrario, desde la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, Tomás Lorda consideró que “la ley ómnibus, tal cual está, para nuestro sector PyME directamente es nuestro certificado de defunción. Las PyMEs de biodiésel no fuimos preparadas para competir; el Estado argentino nos creó de esa manera, para que nos localicemos en el interior y pongamos plantas pequeñas”. 

“El sector aceitero, que es quien nos vende la materia prima, es también nuestro competidor y quien a partir del nuevo proyecto de ley podría entrar a abastecer al mercado interno”, explicó, con lo cual aseguró que “competir con nuestro propio proveedor será inviable”. “Establecería dos segmentos dentro del biodiésel para que las grandes compitan por un lado y las PyMEs por otro. Pero esto que suena como que sería la solución, nosotros seguimos quedando afuera, porque las PyMEs no podemos competir entre nosotros”, insistió y sumó que “las plantas que terminarían cerrando serían las más chicas y más alejadas del puerto, contrariamente a la ley original”. Pidió entonces que “se siga creciendo pero sin destruir lo anterior”.

En el mismo sentido, por la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz reveló: “Hemos logrado en una semana revertir ocho artículos que estaban presentados en este proyecto, que pretendían una sentencia de muerte para las PyMEs del sector. Pero esto no es suficiente”. “Visitamos a todos los bloques políticos, hemos tenido una recepción muy importante”, valoró, pero reclamó que “abran el debate para mejorar lo que falta mejorar”. 

Pesca

Otro de los puntos por los que hubo representantes invitados fue por la reforma sobre la Ley de Pesca, un tema que los gobernadores patagónicos han salido a rechazar y desde el Gobierno se mostraron dispuestos a retirar. 

Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), confesó: “Nos sentimos muy sorprendidos sobre la modificación y derogación de algunos artículos que afectan esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien”. Habló de que en este sector “continuamente se viene aggiornando la legislación y se vienen tomando medidas de sustentabilidad, de cuidado de recursos, de trazabilidad. Somos destacados en el mundo por uno de los caladeros más cuidados”. Sobre lo propuesto en la ley, señaló que “afecta a nuestra economía, al sentido exportador” y cerró: “Creemos que si esto avanza puede ser un gran error”.  

Desde Intercámaras de la Industria Pesquera de Argentina, Eduardo Boiero enfatizó que “las economías regionales no resistimos un 15% de derechos de exportación, algo que afectará fundamentalmente la producción de productos con valor agregado y nos lleva a tener que volver a exportar materias primas”. “El sector pesquero tiene sus costos muy dolarizados; no tenemos una renta que nos permita afrontar eso”, añadió. 

Además, pidió que “se elimine todo el capítulo” de reforma del Régimen Federal Pesquero, el cual tuvo “un consenso que hasta el día de la fecha se mantiene; no existe una conflictividad en el sector respecto a la Ley de Pesca”. “El Consejo Federal Pesquero tiene amplias facultades para resolver cualquier cuestión que se plantee”, siguió. 

Boiero opinó que los cambios planteados en el proyecto “parten de un grave error o un desconocimiento del sector: permitir una licitación internacional, permitir buques de bandera extranjera, permitir descargas en puertos extranjeros, permitir el uso de tripulantes extranjeros, no sólo acabaría con la industria pesquera, sino que representa una pérdida de soberanía para el país”. 

Retenciones

En nombre de CONINAGRO, Silvina Campos Carles sostuvo que “derechos de exportación en economías regionales son menos ingresos en forma directa, menores ingresos dentro de una cadena de valor que se distribuye de manera distinta” lo cual “restringe la competitividad de las cadenas”. 

“Cuando cambian los derechos de exportación en conjunto con una devaluación se modifica la estructura de ingresos y costos con dinámicas totalmente distintas. En general los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo, en cambio los derechos de exportación quedan. Un nivel de 15% deja muchas actividades afuera”, apuntó. 

A su turno, Gastón Utrera, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, aseveró que “las exportaciones de manufacturas de origen industrial no resisten la combinación del 15% de derechos de exportación y 17,5% de impuesto PAIS”, por lo cual “el Estado nacional no podrá recaudar lo que pretende recaudar a través de esos tributos”. 

“Es necesario recalibrar esos tributos para que efectivamente pueda recaudar y para que el sector pueda exportar, mantener empleos y contribuir a la actividad económica en el momento en que el plan económico más lo va a necesitar”, subrayó y solicitó “reducir la alícuota que establecen los artículos 200 y 201, con una excepción para las manufacturas de origen industrial”. 

Diputados dio dictamen al proyecto de trazabilidad de la pesca

Fue en el marco de una breve reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, en la que se resaltó el nivel de consenso alcanzado.

En la previa de la sesión informativa con Agustín Rossi, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la porteña Mariana Zuvic (CC-ARI), se reunió en la mañana de este martes para emitir dictamen favorable sobre el proyecto de ley, unificado entre los impulsados por el oficialista Carlos Selva y la radical Ximena García, para la creación de un Sistema Unico Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP).

El proyecto ya había tenido dictamen en una reunión celebrada el 16 de noviembre del año pasado, pero perdió estado parlamentario a fin de año. Fue lo que destacó la titular de la comisión en el inicio de la breve reunión, en la que expresó el objeto de esta iniciativa y destacó que en el marco de la elaboración de un texto unificado participaron el Ejecutivo, los gremios y la sociedad civil.

Recordó que en el tema ya se había trabajado el año pasado y “fue realmente destacable el trabajo que se realizó; encontramos allí mucho consenso y logramos despachar ese despacho que lamentablemente perdió vigencia. Uno de los expedientes que contenía ese dictamen era de 2021 y perdió estado parlamentario”.

Y mientras circulaba el dictamen para la firma, la diputada de la Coalición Cívica resaltó el consenso logrado en esa comisión.

Por problemas de tránsito llegó unos minutos más tarde la vicepresidenta de la comisión, Marcela Passo (FdT), quien al tomar la palabra recordó que “este es un tema que estuvimos debatiendo y mejorando intensamente en el transcurso del año pasado. Por estas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, el dictamen perdió estado parlamentario. Y por eso decidimos con la presidenta que apenas tuviéramos la oportunidad íbamos a tratar de retomarlo”. En ese sentido resaltó el “altísimo consenso” alcanzado entonces “y nos parecía una lástima que no pudiéramos seguir manteniéndolo”.

Destacó además la importancia que el tema tiene para nuestro país “sobre todo en lo que tiene que ver con las exportaciones y ponernos de cara al mundo y lo que puede demandar”.

Por último intervino Carlos Selva, autor de uno de los proyectos que fueron eje del dictamen y quien ya en 2018 presentó la primera iniciativa al respecto. Felicitó a la presidenta y su vice “por haber podido volver a insistir con esto”, y sin ánimo de exagerar sostuvo que “somos una potencia desde el punto de vista proteico y el recurso ictícola requiere que le prestemos atención. Nos interesa, nos ocupa y estamos tratando de colaborar para que la cosa sea más consolidada y proyectada, y que no quede supeditada a coyunturas, ni la predisposición y voluntarismo de funcionarios”. Por eso, remarcó, hace falta “que haya un marco normativo”.

Zuvic cerró la reunión resaltando la firma del dictamen de mayoría que seguía circulando. “Es un enorme orgullo, realmente. Han hecho un trabajo extraordinario”.

Cabe recordar que al suscribirse el dictamen el año pasado los diputados radicales Jorge Vara y Pedro Galimberti habían firmado “en disidencia”, por considerar que “la redacción de los artículos se aboca a pescadores de mar y dejan afuera a la pesca artesanal de ríos y arroyos que practican en sus provincias”. En esta oportunidad no hubo cuestionamientos públicos.

El dictamen

La iniciativa suscripta establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.

En el Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura , se incluyen los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, “con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y de sostenibilidad de los recursos pesqueros”.

Sus objetivos son garantizar la legalidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena de captura o crianza, desembarco, producción, distribución y comercialización de los productos y subproductos de la pesca y acuicultura, mediante la identificación de los operadores y la trazabilidad de las operaciones que realizan.

También prevé asegurar la autenticidad de la información trazada así como su disponibilidad en favor del Estado y de cada actor de la cadena productiva, desde el momento en que los productos y subproductos se dispongan en lotes, a más tardar, desde la primera venta.

Asimismo se establece la necesidad de “resguardar el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores en relación a la procedencia de los productos comercializados”.

El sistema pretende “simplificar los procedimientos administrativos tendiendo a la desburocratización e impulsando la eficiencia, celeridad y transparencia de los sistemas y procesos”.

“Promover la eficiencia del sector público y privado mediante la generación de información útil, auténtica y automatizada”, es otro de los objetivos de la norma.

Debatirán en Diputados sobre el reciclado de residuos de artes de pesca

Será en una reunión de la Comisión de Intereses Marítimos, presidida por la cívica Mariana Zuvic, este jueves a las 14.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados se reunirá este jueves, a las 14 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, para debatir sobre el reciclado de residuos de artes de pesca.

Al encuentro, que estará presidido por la legisladora Mariana Zuvic (CC-ARI), asistirán funcionarios y representantes del sector privado. 

Entre los invitados estarán, según pudo conocer parlamentario.com, el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Oscar Padín; la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza; y el jefe del Programa Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth.

La lista de oradores se completa con Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca; Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas; y Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales. 

Diputados comenzaron a debatir sobre el Sistema Nacional de trazabilidad de la Pesca

En la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos disertaron representantes del sector público y privado, y de ONG’S. La titular de la Comisión, Mariana Zuvic, informó que el próximo jueves a las 14 habrá otra reunión para continuar con el debate.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) se reunió este jueves en la Sala 3 en donde recibieron a representantes del sector público, privado y tercer sectores expertos que expusieron sobre “Sistema Nacional de trazabilidad de la Pesca y Acuicultura”.

Al comienzo del encuentro, Zuvic comentó que “también hemos cursado invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero por problemas de agenda hemos decidido con la vicepresidenta, Marcela (Passo), dar una nueva reunión de comisión que va a ser el próximo jueves a las 14”.

“También hemos sido informados que el Poder Ejecutivo está tratando este tema y para nosotros es realmente muy importante la visión de los funcionarios del Poder Ejecutivo porque es nuestra prioridad en esta comisión poder avanzar en políticas públicas de consenso”, destacó la presidenta de la Comisión.

En esa línea, sostuvo que “para nosotros es una prioridad tratar de que haya una amplia convocatoria de los sectores interesados en la temática. Es imprescindible que sea lo más amplio posible porque es prioritario para el trabajo legislativo para optimizar las leyes que vayamos a llevar al recinto y sean aplicables. Lo multidisciplinario y la participación de todos es clave, más allá de las situaciones políticas. Nuestra visión desde la comisión es esa”.

Zuvic explicó los dos proyectos a debatir en la reunión, uno de la diputada radical Ximena García y otro del diputado oficialista Carlos Selva. “Respecto al tema de la trazabilidad entendemos que entre las cuestiones que aporta es transparencia en una actividad tan importante como es la pesca y refuerza además la seguridad sanitaria de los productos que consumimos, protege al ambiente combatiendo la pesca ilegal y mejora la competitividad”, enumeró.

“Sabemos que gran parte de nuestras exportaciones van a mercados que ya tienen implementado el tema de la trazabilidad y también sabemos que muchas empresas en el país han adquirido el tema”, sumó la diputada de la CC-ARI.

En el uso de la palabra, la vicepresidenta de la Comisión la oficialista Marcela Passo quien ponderó la reunión para poder trabajar en “temas que son trascendentales e importantes para la Argentina”, y remarcó que la trazabilidad de la pesca “es una actividad importantísima”. También destacó el trabajo en conjunto entre asesores de los distintos diputados para “poder tener la mejor ley para sus destinatarios”.

A su vez, pidió a los invitados a que “se expresen con total libertad para ayudarnos a encontrar los caminos para perfeccionar los proyectos” porque “el objetivo es transparentar el sistema, encontrar los caminos para que la sostenibilidad del recurso sea efectiva a través de la ley y no menos importante que los consumidores tengamos la posibilidad de tener la información concreta e importante de los productos que consumimos”.

En su intervención, la diputada y autora de uno de los proyectos, la mendocina Ximena García explicó que “nos gustaría principalmente escuchar a los representantes de los sectores que hoy trabajan en el sector productivo y a las organizaciones para poder avanzar en un dictamen unificado que contemple los aportes que hagan y se abra un canal de diálogo para continuar el trabajo”.

“Lo que proponemos con esta iniciativa es crear un sistema de trazabilidad que sea capaz de dar acceso a todos los atributos de los alimentos en todos los estados de las etapas de la cadena productiva para combatir la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. Al mismo tiempo para generar seguridad alimentaria, eliminar y disminuir los riesgos alimentarios y para generar una producción sostenible y garantizar y fomentar las relaciones internacionales”, explayó García.

Y cerró: “Los países del mundo miran lo que hacemos por eso consideramos que avanzar en una ley consensuada con todas las voces de quienes intervienen en la producción, organizaciones ambientales y el Gobierno, es fundamental para que el país siga consolidándose en el mercado internacional generando valor agregado”.

A su turno, el diputado Carlos Selva recordó que “es la segunda vez que volvemos a presentar el proyecto, pero es la primera vez que avanza con una profundidad y desarrollo de los artículos consensuado”.

Al igual que sus predecesores, reiteró que el objetivo es la transparencia, la seguridad alimentaria. “El objetivo principal era poner en valor todo el potencial del litoral marítimo, la valoración de los trabajadores, de la industria”, ponderó Selva.

Desde Fundación Vida Silvestre, Fernando Mirraño, contó que “hace muchos años que trabajamos con una mirada en nuestro mar argentino buscando abordar las problemáticas que afectan la conservación de este ecosistema y su biodiversidad, pero siempre mirando las actividades humanas que allí se desarrollan”.

En esta línea realizó aportes con informes para “abordar algunos de los problemas como la pesca ilegal no documentada y no declarada, la problemática del descarte, la captura incidental de algunas especies y todo el impacto que eso tiene en el ecosistema y por lo tanto en los resultados de la actividad económica es importante tener en cuenta la actividad económica y los puestos de trabajo”.

Para Mirraño este proyecto “va a permitir asegurar el origen legal del producto, cumplir con los estándares internacionales de la pesca sustentable y, por lo tanto, abrir mucho más las oportunidades de comercio internacional en este sentido, combatir el comercio ilegal, tomar decisiones informadas de distintos sectores y, en términos generales, poder regular la actividad pesquera bajo la ley federal de pesca que tenemos que es muy buena”.

Por su lado, Darío Sócrates, director ejecutivo de la Cámara de Armadores Poteros Argentino, explicó que “combatir la pesca ilegal es para nosotros, que sufrimos la presencia de un montón de buques ilegales, que pescan del lado de afuera de la milla 200 es realmente una cosa que nos gusta” y aclaró que es pesca “no reglamentada más que ilegal, salvo que se determinen cuestiones de depredación”.

“Algún día vamos a poder avanzar con la regulación sobre esos espacios que de alguna manera también van a colaborar a conocer que pasa con nuestros recursos y realmente se traduzca en un grado de sustentabilidad importante”, bregó y agregó: “Ninguna empresa de la Argentina que se considera más o menos seria va a estar en contra de que se reglamenten este tipo de cuestiones, precisamente el mundo va para ese lado. Creemos que ese es el camino y queremos estar”.

Asimismo, solicitó que se encuentre un solo mecanismo que “garantice y controle la trazabilidad de los productos pero que sea uno solo, en muchos casos sucede que termina habiendo 5 sistemas de trazabilidad y lo que tenemos que hacer es tratar de unificar estas cuestiones”, dijo por último el especialista.

Desde la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina, Eduardo Boyero, manifestó: “Pretendemos un marco legal que logre un solo buen proyecto y ese solo sea el que funcione”, porque “en Argentina no hay captura ilegal o no reglamentada, eso sucede fuera de las 200 millas. Muchas veces el sector pesquero es desconocido y por eso nos gusta estar presentes aquí, asumimos la responsabilidad de no comunicar la parte positiva del sector pesquero y solo se conocen errores y problemas”.

En la misma línea, Ayelén Fortunato de la Cámara pesquera Argentina Alfa comentó que “hay un proyecto muy enfocado desde lo sanitario y otro desde lo comercial”, y sumó: “Comparto 100% la idea de que no podemos hacer duplicidad y quintuplicidad de datos, todo lo esgrimido en los proyectos el sector pesquero lo realiza primero, desde el privado, desde el año ´69 que se empezaron las exportaciones con requisitos sanitarios y con trazabilidades si hay alguien que sabe de esto es el sector pesquero fue el primero en hacerlo”.

“Utilizar los sistemas que ya están para mejorarlos y trabajar en base a ellos -para no perder tiempo ni recursos- que no son necesarios porque ya el sector los está usando. El sector está abierto a los cambios y a la necesidad de abrir mercados”, consideró.

Daniel Flores del Sindicato De Conductores Navales sostuvo: “Como trabajadores a bordo conocemos todo el proceso desde que comienza hasta que se procesa y se descarga”, y agregó: “Entendemos que en los proyectos hay puntos interesantes como el cruce de información y el acceso público a esa información pública a nosotros nos suma y mucho hablamos de una mejora continua en la pesca y esto favorece”.

“Si hay aspectos que se tienen que rever como la documentación, por ejemplo, a nosotros nos suma el tema de los decomisos, que vamos a tener más información de cómo fue y como se produjo, más información de la descarga cruzado con Senasa”, sugirió y aseguró: “Estamos enfocados en tener más información sobre la captura no sólo en los convenios sino para trabajar sobre los descartes”.

Por su parte, Ángel Navarro, secretario de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), expresó: “Vemos con beneplácito esta ley”, y dijo que las cámaras ya están con trazabilidad hace muchos años.

“Nuestra visión apunta más a la informalidad que son los fresqueros de costera la cual tenemos en los puertos Lavalle, Rawson, Camarones, San Antonio Oeste. La pesca costera es un pescado que se descarga y a veces no se declara en ese sentido ha habido mucho decomiso. Ese pescado va a planta y hay mucho trabajo en negro, se saca mucho pescado en bloque y no se declara. Este proyecto le daría un poco más de claridad ese pescado que no se está declarando”, explicó sobre el proceso.  

Por último, María Eugenia Testa, del Circulo de Políticas Ambientales aportó que “nosotros hemos sido parte de las consultas este año y el año pasado, desde 2021 veníamos realizando talleres y eventos para promover la trazabilidad”. “Nos interesa la defensa del ambiente y la posición del sector privado que es la mejor conjunción para sacar una ley que apoye el desarrollo sostenible del mar”, manifestó.

“Consideramos importante la consulta a la industria pesquera, que es una industria generadora de empleo, que genera divisas para el país y tiene riesgos para la inversión y, también, es una actividad se realiza en espacios que son comunes a todos los ciudadanos y explota recursos también comunes a todos los ciudadanos y ahí radica nuestro derecho constitucional de gozar de un ambiente sano”, aseveró Testa.

Piden incluir a la pesca en la eximición de derechos de exportación

Desde el radicalismo se fundamentó el pedido en "la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina".

El diputado chubutense Gustavo Menna (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto por el que pidió incluir a la pesca en el decreto presidencial emitió el 30 de diciembre de 2020, para disminuir y eximir de derechos de exportación a producciones regionales. Fundamentó el pedido en la preeminencia que tiene la región en las capturas y embarques de las principales especies ictícolas de la Argentina.

El proyecto indica que el decreto 1060/2020 "omite a la actividad pesquera, que en la Patagonia concentra la mayor proporción de capturas y embarques de especies como langostino, merluza hubbsi y calamar illex a través de los puertos ubicados en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego".

El decreto nacional dispuso una reducción sustancial de derechos de exportación para diversos productos de distintas economías regionales y, en algunos casos, “la medida significó establecer aranceles cero, es decir, la desgravación total de las exportaciones de esos productos”, indicó el diputado.

Teniendo en cuenta la necesidad de la Argentina de obtener divisas para generar producción y empleo, Menna calificó de “auspicioso” el sentido del decreto, aunque “una vez más, ¨no ha tenido en cuenta a la Patagonia como una de las economías regionales que aporta de modo relevante a las exportaciones”.

"El decreto hace foco en los productos agroindustriales pero omite a la actividad pesquera, estrechamente ligada a la región que, pese a las condiciones adversas que atraviesa, exporta productos por más de u$s 2.100 millones anuales, se trata del octavo complejo exportador argentino y emplea a más de 23.000 personas en forma directa", apuntó el legislador chubutense.

Asimismo, explicó que “el eje de la actividad pesquera se ha desplazado hacia la Patagonia, tanto en lo que respecta al ámbito marítimo de capturas, como a los puertos en que se llevan a cabo los desembarques”.

“Lamentablemente se ha convertido en una constante propia de una visión marcadamente centralista del país, el postergar y relegar a la región, tal como aconteció hace pocos días, cuando se excluyó al Ferrocarril Transpatagónico de las obras ferroviarias anunciadas por el Ministerio de Transporte”, concluyó Menna.

Acompañaron a Menna en esta iniciativa sus pares patagónicas del bloque radical Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

Dictamen favorable a un proyecto de promoción para mujeres, travestis y trans en el sector pesquero

La iniciativa, impulsada por la chubutense Nancy González, recibió aval durante un plenario de las comisiones de Banca de la Mujer y Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado.

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Las comisiones de Banca de la Mujer y Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado dieron este miércoles dictamen favorable a un proyecto de ley que tiene por objeto la promoción en la participación de mujeres, travestis y trans en el sector pesquero.

La impulsora de la iniciativa, la chubutense Nancy González (FdT), destacó que la propuesta se trabajó con los diferentes actores involucrados y señaló que a pesar de "la buena voluntad de las empresas y los armadores, veíamos que las mujeres no tenían muchas veces posibilidad de embarque".

A partir de esta norma se proyecta que "se vayan adaptando los barcos y las navegaciones a las mujeres", quienes "se han integrado al mundo marítimo como cualquiera de los hombres", resaltó la senadora oficialista. Y agregó: "La mayoría de estas mujeres son sostén de familia y lo hacen con la total responsabilidad y amor a la tarea de la misma manera que lo hace un hombre".

Por su parte, el riojano Julio Martínez (UCR) consideró que "este proyecto va en el sentido correcto, creo que es lo que hay que hacer". Al relatar su experiencia sobre la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas, el exministro de Defensa recordó que "la tarea la había comenzado (Agustín) Rossi, y antes de Rossi, (Nilda) Garré"; por lo cual enfatizó que se tiene que tratar de "una política de Estado".

De qué se trata el proyecto

La iniciativa tiene por objeto "promover y garantizar la participación, el acceso, la conservación y el progreso de las mujeres y de las personas travestis, transexuales y transgéneros en el empleo en la flota pesquera nacional".

El texto modifica el artículo 40 de la Ley 24.922, de Régimen Federal de Pesca, referido a cómo deben estar constituidas las tripulaciones de los buques, incorporando dos incisos.

Uno de ellos indica que "como mínimo el 30% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por mujeres"; y otro que estima que "como mínimo el 1% del personal de la tripulación de los buques pesqueros deberá estar constituida por personas travestis, transexuales y transgéneros".

Y se subraya que "bajo ningún aspecto este porcentaje será limitante de un número mayor para el acceso de las personas protegidas" por la ley.

Para acceder al Régimen de Promoción, los/as empleadores deberán acreditar haber cumplido con los porcentajes establecidos, los cuales son progresivos: 20% del cupo para el primer año de entrada en vigencia de la ley; 60% del cupo para el tercer año; y 100% para el quinto año.

Las empresas que acrediten el cumplimiento de esas metas establecidas podrán acceder a beneficios fiscales: estarán obligadas únicamente al pago del 50% de las contribuciones patronales; y podrán realizar una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 70% de las retribuciones correspondientes del personal mujeres, travesti, transexual o transgénero embarcado en cada período fiscal.

La iniciativa también prevé que "el régimen de promoción es para todos los puestos y/o tareas que puedan darse dentro del buque pesquero, quedando especialmente incluidas aquellas que sean de jerarquía como capitanías".
"Los armadores que cuenten con personal jerárquico mujeres, travesti, transexual o transgénero tendrán derecho al cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las Ganancias o sobre los capitales, equivalente al 100% de las retribuciones correspondientes a ese personal", agrega.

Además, se establece un programa de capacitación para todo el personal marítimo que deberá dictar la Prefectura Naval Argentina en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; se prevén multas para quienes no cumplan con la norma; y se crea la Oficina de Consejería de las Mujeres y de las Diversidades en el Ámbito Marítimo, bajo la órbita del Consejo Federal Pesquero.

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La pampeana Norma Durango condujo el debate como titular de la Banca de la Mujer. (Foto: Comunicación Senado).

Proyectos de declaración de la Banca de la Mujer

Previo al plenario, la Banca de la Mujer pasó a la firma un paquete de proyectos de declaración, entre ellos uno consensuado entre iniciativas de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), de repudio por el femicidio de la profesora Paola Tacacho en San Miguel de Tucumán, que fue asesinada por Mauricio Parada Parejas, a quien había denunciado por acoso en reiteradas ocasiones.

Por otra parte, se avaló un texto consensuado de adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el 15 de octubre; y la declaración de interés del Día Internacional de la Igualdad Salarial, celebrado el 18 de septiembre.

Además, entre los proyectos, se aprobó un beneplácito por el logro de la periodista deportiva Ángela Lerena, quien se convirtió en la primera mujer de la historia de la televisión en comentar partidos de la Selección Argentina de fútbol masculino, a partir del 8 de octubre de este año cuando empezaron las eliminatorias sudamericanas del Mundial Qatar 2022.

Piden saber si hay contagios de coronavirus en los buques pesqueros amarrados en Mar del Plata

Diputados de la Coalición Cívica consideraron “alarmante que la actividad pesquera continúe sin el establecimiento de procedimientos para dar seguridad sanitaria a las tripulaciones y al personal”.

Diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución en el que le solicitan al Poder Ejecutivo que brinde informes sobre la situación sanitaria y de seguridad de los buques pesqueros Atlantic Surf III y Scirocco, amarrados en el puerto de Mar del Plata.

El pedido de informes fue firmado por los legisladores Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Mariana Stilman, Alicia Terada, Rubén Manzi y Héctor “Toty” Flores.

“Resulta alarmante que la actividad pesquera continúe sin el establecimiento de principios, métodos y procedimientos para dar seguridad sanitaria a las tripulaciones y al personal de la cadena de valor del producto de la pesca”, señalaron.

Según los diputados, “el buque es una cárcel metálica que afecta la salud y estabilidad mental y emocional de las personas. El mal se llama mamparización y es muy característico y crónico en la gente embarcada”.

El proyecto requiere información sobre la situación epidemiológica de la tripulación e identificación de los tripulantes contagiados; la fecha de zarpado y período de navegación; la fecha probable de conocimiento del contagio; y la identificación de los contactos estrechos de los contagiados, anteriores o posteriores a esa fecha.

Los diputados también consultaron por las medidas tomadas por las autoridades de ambos buques ante el contagio -en particular, acerca de la atención médica recibida-; y la aplicación del aislamiento social a la tripulación.

Basterra: “Hemos visto la mejor predisposición de gremios y empresarios” en el marco de la pandemia

Mientras que “el gremialismo fue el tutor de la salud de los trabajadores”, el empresariado aceptó enfrentar los “conflictos de rentabilidad”, destacó el ministro de Agricultura y Ganadería en una reunión informativa del Senado.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, destacó este jueves que existió “la mejor predisposición” por parte de gremios y del sector empresario para ajustarse a los “lineamientos” sanitarios por la pandemia del Covid-19 y, a la vez, no frenar la actividad.

Basterra formuló esos conceptos durante un informe brindado en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, que preside el senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).

Por videoconferencia, y acompañado por numerosos funcionarios de su cartera, el ministro señaló que “nuestros productores entienden lo que significa tener que tomar decisiones” en este contexto, por experiencias de epidemias surgidas de animales, como la fiebre aftosa.

Por eso, consideró que “el abordaje en tres etapas -contención, mitigación y salida- fue de fácil comprensión” para el sector agropecuario.

Rodríguez Saá debutó como presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería (Foto: Comunicación Senado)

Según el funcionario, una de las premisas fundamentales fue la de “garantizar el alimento para cada uno de los ciudadanos”, como así también “que no cese el flujo de comercio exterior, atento a la difícil situación del país en términos de la deuda”.

Sin embargo, subrayó que “la premisa por encima de estas dos” es “que todas las actividades se lleven adelante con la dimensión del riesgo y con el principio de preservar la vida ante todo”.

“Nada puede ser más importante que preservar la vida. Si no se preserva la vida no hay posibilidades de producir”, enfatizó Basterra.

En ese sentido, señaló que “esta situación nos exige a todos alcanzar consensos y acuerdos para poder llevar adelante este tremendo desafío que es luchar contra un enemigo invisible”.

Al referirse a los protocolos sanitarios, aclaró: “Desde nuestro Ministerio no quisimos definirlos como tales porque un protocolo conlleva una obligación de cumplimiento; por lo tanto, definimos lineamientos para llevar adelante las actividades, con atenuación extrema de los riesgos de contagio de los actores que participan en la actividad”.

Así, se acordó “que estos lineamientos sirvieran de base para la discusión de los gremios con las patronales, y el resultado fue más que óptimo: hemos visto la mejor predisposición de los gremios para que no se pare la actividad, y la mejor predisposición de los empresarios a ajustar sus procesos de producción, en muchos casos con conflictos de rentabilidad”.

Basterra puso como ejemplo que “se gasta dos o tres veces más en el traslado de personal para la cosecha, que demanda evitar el hacinamiento”, y sin embargo “esta situación fue claramente comprendida porque entendemos que sostener la producción no es un privilegio, sino una responsabilidad para garantizar el alimento y el flujo de bienes”.

Del mismo modo, dijo que “el gremialismo cumplió un rol muy importante: ser el tutor de la salud de los trabajadores”.

En tanto, mencionó el caso particular de la pesca, donde “el confinamiento es absoluto porque una vez que los trabajadores se suben al barco”, éste comienza a navegar y se torna imposible la atención médica.

Por esa razón, “fue necesario agudizar las medidas de control para que en el personal de la pesca la probabilidad de riesgo sea la mínima”, indicó.

La Cuota Hilton y el precio de la carne

En otro tramo de su exposición, Basterra admitió que “es probable que no se cumpla este año” la Cuota Hilton, el cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes.

“Veníamos cumpliendo, pero el ‘parate’ que generó la pandemia en Europa nos pone a todos en una situación muy difícil al bajar la demanda”, dijo, aunque por otra parte destacó que se empieza a ver una “reactivación” en China con “nuevo interés comercial por carnes argentinas”, en el marco de la reapertura gradual de la actividad.

El ministro aludió también a los aumentos de los precios internos de los alimentos, particularmente la carne, y afirmó que actualmente se ve una “tendencia a la baja”.

“El precio de la carne tiene distintos componentes. La producción de nuestros animales y la incumbencia que tiene nuestro Ministerio llega hasta el frigorífico”, explicó, y recordó que “el paro de comercialización adoptado por tres de las cuatro entidades agropecuarias a principios de marzo hizo que el mercado se anticipara con las ventas”.

Basterra afirmó que la medida de fuerza tuvo que “un impacto sobre el Mercado de Liniers que hizo que los días posteriores, ante la ausencia de hacienda, hubiera un incremento de precios importante que impactó inmediatamente al consumidor”.

Hoy quedó la inercia de estos precios. Los representantes de los frigoríficos y los productores nos dijeron que esta tendencia iba a tender a normalizarse. En estos momentos estamos a valores iguales o debajo de los previos existentes al inicio de cese de la comercialización”, afirmó.

Basterra hablará ante la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado

El ministro del área expondrá este jueves. El miércoles a las 15 se realizará la reunión constitutiva y Adolfo Rodríguez Saá asumirá la presidencia.

Mientras avanzan los preparativos para la primera sesión remota, que será el próximo miércoles 13, el Senado retomará esta semana las rondas virtuales de ministros, con la presentación del responsable de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra.

Basterra -quien expuso el pasado 13 de abril en la Cámara de Diputados- encabezará este jueves una videoconferencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para explicar las medidas llevadas adelante en el marco de la pandemia del Covid-19.

Previamente, este miércoles a las 15, la comisión realizará su reunión constitutiva, en la cual el entrerriano Alfredo De Angeli (UCR) le cederá la presidencia al puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos).

En su presentación ante la Cámara baja, Basterra defendió las políticas del Ministerio para que “ninguna actividad se interrumpa” por la pandemia.

“Hemos ido avanzando para que ninguna actividad se interrumpa”, destacó Basterra

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca habló del trabajo realizado para evitar contagios de Covid-19 y garantizar la provisión de alimentos.

“Hemos ido avanzando para que ninguna actividad se interrumpa”, destacó este lunes el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien encabezó una reunión virtual de la comisión homónima en la Cámara de Diputados y habló de los distintos protocolos para evitar contagios de Covid-19.

En una reunión remota de la comisión presidida por el diputado José Ruiz Aragón -que se cortó en varias oportunidades por problemas técnicos-, Basterra explicó que el objetivo es “garantizar la provisión de alimentos” y “el flujo de las mercaderías”, aunque advirtió que las medidas preventivas tomadas están sujetas a modificaciones permanentemente según el avance de la pandemia.

“Con gremios y patronales estamos trabajando en la segunda etapa, que es la de la mitigación -es decir, cuando el virus comienza a difundirse y empiezan a aparecer casos directamente relacionados a la actividad-, para ver cuáles van a ser los protocolos para que la actividad no pare”, informó.

El funcionario celebró que solo se detectaron dos casos de coronavirus, uno en la industria láctea y otro en el sector de la carne.

En tanto, negó que el trabajo de los productores sea un “privilegio”. “Nuestro sector tiene un profundo compromiso con la sostenibilidad de nuestra sociedad”, sostuvo, y explicó que en este contexto se busca “garantizar provisión de alimentos, antes que las exportaciones”, lo cual se hizo “con un sentido epidemiológico”.

“Hemos interactuado con los sectores productivos, tanto patronales como gremiales, para definir lineamientos que garanticen la realización de actividades con un riesgo atenuado, para preservar la salud de los trabajadores”, señaló.

En ese sentido, puso como ejemplo “la situación compleja de la pesca” ya que “una vez que un barco se hace a la mar no puede regresar a los 15 minutos y ser atendido por una ambulancia”, por lo cual se elaboraron protocolos “que se han ido ajustando” para evitar que la actividad se frene.

El ministro también mencionó que existen dificultades en la floricultura, una actividad que está dentro de las excepciones pero “cuyos canales comerciales están afectados”.

Basterra destacó el trabajo conjunto con la UATRE, el gremio de los peones rurales, y ponderó la labor conjunta entre la Secretaría de Agricultura Familiar y el SENASA para atenuar los riesgos de contagio.

Por otra parte, dijo que se busca “garantizar el flujo de las mercaderías” y reconoció que “en algunos casos puede haber demoras porque algunos protocolos exigen distanciamientos”. A su vez, elogió el trabajo de los gobiernos provinciales “para que los pueblos habiliten el tránsito”.

“Nuestro presidente fue muy claro y dijo que prefiere la vida a que se incremente el porcentaje de situaciones no deseadas como la pobreza. Antes que nada es preferible tener que recuperar la economía y no tener que llorar a cientos de muertos”, coincidió Basterra.