En medio del conflicto entre las provincias patagónicas con la Nación, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, anunció este martes que parará la producción de petróleo por 24 horas en rechazo a la medida del Gobierno nacional y en una clara muestra de apoyo al gobernador de Chubut.

Dicha medida fue cuestionada por el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani (Pro) al señalar que “es totalmente fuera de lugar porque deja a la provincia muy mal parada” y respaldó al Gobierno.

En diálogo por Delta 90.3 el fueguino expresó: “Vemos de manera preocupante lo que pasa con Chubut y la Nación porque me parece equivocada la decisión del gobernador. Un poco también porque el Gobierno no tiene muchas cosas para mostrar que haya hecho bien a la hora de hacer ajustes, de administrar los fondos públicos, a la hora de publicitar los actos del gobierno además de que el estado provincial no tiene ninguna empresa que produzca hidrocarburos para la provincia”.

“No es que se cierra un grifo y se interrumpe el suministro es una idea totalmente equivocada, sobre todo en un Gobierno Nacional que a tierra del fuego la apoya en esto que es los subsidio que tiene que son el 0,33 del PBI”, planteó y agregó: “El presidente que ha sostenido y ha tenido por lo menos esa idea clara pesar de que hay diputados de LLA y del Pro del régimen y lo quieren eliminar. Tomar esta medida en apoyo a Chubut es totalmente fuera de lugar que deja a la provincia muy mal parada”.

Para Stefani “hay que resolver las cosas de forma institucional y no escalando la violencia, pero la Argentina tiene un grave problema de federalismo el Congreso nunca hizo una nueva ley de coparticipación que es de la década del 40 porque el esquema donde se reparten los recursos entre Nación y provincias es un delirio”, y manifestó: “¿Cómo lo vamos a resolver en el Congreso si todos los diputados de Patagonia somos 25 y solamente Buenos Aires tiene 50, Mendoza tiene 10. No lo vamos a poder resolver nunca”.

“Entramos en que la primera ley que fue modificada el 50% de los recursos iba a Nación y el otro 50% se distribuía en las provincias, pero la Nación en ese momento tenía salud, seguridad, educación, defensa, hoy no tiene nada y no transfiere a las provincias esos recursos”, indicó y cerró: “La provincia donde vivo no puede mostrar en qué gasta los fondos, porque no tiene transparente los actos administrativos públicos. Celebro que un presidente como este ponga sobre la mesa una discusión que la Argentina tiene hace 40 años bajo el escritorio y que ataquemos ese cáncer que es la corrupción”.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la minería creció durante el año 2023 un 9,7%, con gran participación del sector petrolero y la explotación de litio.

Este resultado se obtuvo luego de que, en diciembre, el Índice de Producción Industrial Minero registrara un alza del 10,8% interanual, y del 6,6% en comparación a noviembre.

La explotación de petróleo crudo subió 9% durante el 2023, la de gas bajó 0,7%, pero los servicios de apoyo a la extracción aumentaron 28,5%. En tanto, la explotación de litio creció 35% durante el año pasado, impulsada por un alza del 61% en diciembre.

La extracción de minerales para la fabricación de productos químicos mostró en diciembre un aumento de 57,7% respecto a igual mes de 2022, por lo que el acumulado del año llegó al 30,6%.

En cuanto a la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación registró un alza del 11,5% durante el año luego de una suba de 14,9% en diciembre respecto a igual mes de 2022.

La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se informe, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, las razones que fundan las diferencias numéricas de exportaciones entre el Registro de Contratos de Exportación de Hidrocarburos en contraposición con los datos publicados por el registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el registro del Consorcio de Gestión del Puerto Rosales y el registro de exportaciones de la provincia de Neuquén.

“Al analizar los datos de exportaciones de petróleo, surgen llamativas diferencias entre los registros del INDEC y los existentes en la base de datos publicada por la Secretaría de Energía. Por ejemplo, llama la atención la diferencia en los valores de exportación de petróleo crudo para el año 2022 que, de acuerdo al sistema SESCO del registro oficial, la Argentina exportó 3.316 millones de dólares, mientras que los datos del INDEC reflejan exportaciones por 3.867,5 millones de dólares, es decir una diferencia superior a los 550 millones”, explicó la radical.

En la solicitud, la mendocina pide que, a través de la Dirección General de Aduanas, organismo que integra la AFIP, se informe el volumen de petróleo crudo y monto exportado en el año 2022 y la recaudación asociada a dichas exportaciones discriminando por impuesto y retención.

Cabe destacar que, además del registro oficial, existen otras dependencias de gobierno que contabilizan las exportaciones. Entre ellas se encuentra el INDEC, el Consorcio de Gestión del Puerto Rosales, los registros de las provincias productoras de petróleo crudo y la AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas.

“Las inconsistencias de este Gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros públicos”, denunció la legisladora y agregó: “El año pasado advertí y pedí información sobre las exportaciones ante las faltantes de gas oil en surtidores y la capacidad ociosa en las destilerías. Hoy, cerrado el año, son evidentes los desmanejos del Gobierno”. “Han llegado a un punto tal en el que dibujan números pero ni siquiera se preocupan en coordinar sus propias mentiras”, lanzó.

En los fundamentos de su iniciativa, Latorre recordó que “el registro de contratos de exportación de hidrocarburos se crea en la Argentina en el año 2002 como una medida de emergencia emitida en tiempo de crisis, tendiente a proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.

Este instrumento tuvo como objetivo asegurar el suministro de combustible en el mercado interno, teniendo en cuenta que se habían verificado deficiencias en el abastecimiento de gas oil por parte de las firmas industrializadoras y comercializadoras de combustibles ante el aumento de las exportaciones de hidrocarburos líquidos y derivados, con la consecuente alarma que ello generó en los sectores productivos y de servicios afectados en todo el país.

“El registro de contratos de exportación se ha constituido en la herramienta regulatoria para monitorear el comercio exterior de combustibles. El fundamento principal que da origen a este sistema se encuentra en la Ley N°17.319 de Hidrocarburos, que en su artículo 6°, párrafo 4°, expresa que el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal situación, los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país. Es decir que resulta un deber indelegable del Estado asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos y derivados adoptando políticas conducentes a tal fin”, detalló.

A su vez, los criterios de funcionamiento del Registro de Contratos de Exportación se encuentran delimitados por el Decreto 645/2002 y la Resolución 241-E/2017 de la entonces Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, y demás normas modificatorias y complementarias. Según dichas normas, el registro deberá, entre sus funciones, llevar constancia documentada de las operación es de exportación sujetas a registro; otorgar una constancia de registro de la operación; establecer los productos cuya exportación estará sujeta a registro, (entre los que se encuentra la posición arancelaria 2709.00.10 Aceites crudos de petróleo); y garantizar que previo a obtener la autorización de la operación de exportación, se le ha otorgado a los potenciales agentes del mercado interno la posibilidad de adquirir dicho producto.

“El correcto funcionamiento del registro prioriza el abastecimiento del mercado interno, permitiendo que las empresas puedan comercializar los remanentes en el exterior”, enfatizó la diputada y añadió: “Las significativas diferencias encontradas no solo en valores sino también en cantidades en los distintos registros nos obligan a preguntar sobre los posibles errores u omisiones, quizás aún no detectadas, que podrían redundar en perjuicios para el Estado Nacional pero también para los Estados provinciales, dueños del recurso”.

Finalmente, Latorre dijo que “este tema requiere la mayor transparencia en el manejo de los datos de un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro país, pero con impacto en los recursos fiscales, tanto nacionales como provinciales”.

El pedido fue acompañado por Juan Martín, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Karina Banfi, Juan Carlos Polini, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Ximena García, Francisco Monti, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Gustavo Bohuid, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Roberto Sánchez, Mario Negri, Jorge Rizotti, Jorge Vara, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Hugo Romero y Ricardo Buryaile.

El bloque socialista, compuesto por los diputados nacionales Enrique Estévez y Mónica Fein, presentó en el Congreso un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe sobre el alcance de la resolución que aprueba la exploración offshore de hidrocarburos en Mar Argentino.

“Presentamos un pedido de informe para que el ministro Cabandié dé explicaciones acerca de la decisión de habilitar la explotación petrolera en el mar argentino”, explicó la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, y acotó: “Queremos saber bajo qué criterios lo aprobaron, por qué no lo enmarcaron en los compromisos ambientales que el mismo Estado ya firmó y cuál fue la opinión de las organizaciones del territorio”.

En este sentido, uno de los ítems del proyecto hace foco en la participación; consulta si se le dio voz a los municipios, provincias, defensores del Pueblo de territorios costeros y al Consejo Federal Pesquero, y si se tomaron en cuenta las opiniones de especialistas que asistieron a la audiencia pública.

Además, desde el socialismo remarcaron que “resulta fundamental realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”, y consultaron por qué no se contempló la realización de la misma en el proyecto de prospección sísmica offshore para la exploración de hidrocarburos en los bloques CAN 108, CAN 100 y CAN 114, ubicados en la Cuenca Argentina Norte de la Plataforma Continental, a 300 km de Mar del Plata.

“Los proyectos de explotación de combustibles fósiles en el mar son la antesala de un verdadero ecocidio que atenta sobre la biodiversidad y la vida marina y que también afectan otras actividades socioeconómicas como el turismo y la pesca”, explicó la legisladora nacional, y acotó: “Mientras los países invierten en energías renovables para luchar contra el cambio climático, acá seguimos apostando al pasado y destruyendo nuestros recursos para conseguir petróleo”, reflexionó Fein.

La exintendente de Rosario también indicó: “Esta agenda energética que nos propone el Gobierno va en contramano de la meta climática comprometida por el propio presidente”. En 2020 Alberto Fernández se comprometió a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y también la carbono neutralidad para 2050.

“En este contexto de crisis climática y ecológica necesitamos urgente una agenda ambiental de transición, acompañada de una política seria y con visión de futuro que permita preservar nuestros recursos naturales promoviendo un desarrollo ecológicamente sostenible y socialmente justo”, concluyó Mónica Fein.

Tras el importante derrame de petróleo que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la provincia de Río Negro, la diputada Jimena Latorre (UCR), junto a sus pares Ximena García y Pamela Verasay, realizaron un pedido de informe para que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente brinden información sobre lo sucedido. Asimismo, presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.

El pedido de informe consta de dos partes, por un lado se busca dilucidar las causas y consecuencias del derrame ocasionado por una falla en el sistema de oleoductos de la compañía Oldelval en Río Negro, que se propagó por unos 20.000 metros cuadrados de zona afectada, siendo el más grave en la provincia al menos en los últimos 10 años. Por otro lado, se pretende conocer el funcionamiento e inversiones de la empresa responsable del derrame dado que se investigan dos posibles factores: la antigüedad de la infraestructura y la cantidad de crudo que circula. 

“Creemos necesario se informe sobre el funcionamiento del sistema concesionado a Oldelval ya que el mismo se encuentra en el centro de las críticas. El salto en la producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas aseguraron que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban”, expresó Latorre.

También, la mendocina señaló que “no es menor que el accionista mayoritario de la empresa sea YPF, empresa en la que a su vez el socio mayoritario es el Estado argentino. Una situación que viene a sumarse a la crítica situación operativa y financiera de la principal empresa productora y refinadora del sector”.

“Es evidente que hay una confusión de roles en un escenario donde la autoridad de aplicación energética y ambiental no cumplen los relevamientos y controles; y la empresa que debería mantenerse fuera del diseño de las políticas energéticas toma las decisiones que le competen a la administración”, agregó.

El proyecto de ley denominado “Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Energía”, también presentado por las legisladoras, va en sintonía con el pedido de informes y busca precisamente evitar que estos incidentes tengan lugar y que los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar puedan mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia.

Quedan comprendidas dentro de las infraestructuras críticas del sector energético, las correspondientes a los subsectores de electricidad (infraestructuras e instalaciones de generación, transporte y distribución del suministro eléctrico), del petróleo (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y distribución por oleoductos) y gas (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y transporte por gasoductos).

A los fines de su ejecución, la ley crea una Comisión Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en Energía, y define los criterios básicos para que cada provincia junto a la comisión trabajen en la identificación de las mismas y se incorporen al Plan Nacional.

El Poder Ejecutivo nacional presentará en los próximos días en el Congreso un proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, con el objetivo de establecer un esquema de incentivos a partir de mayores autorizaciones de exportación garantizadas y de disponibilidad de divisas para iniciativas que se encaren en todas las cuencas que aseguren un incremental de producción en gas y petróleo.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que el articulado de la iniciativa ya está a disposición del presidente Alberto Fernández con los detalles de un nuevo régimen de promoción de Inversiones para los próximos 20 años, que “genere un horizonte de estabilidad y reglas claras en materia tributaria federal”.

“Es una ley con perspectiva federal, con incentivos a la especificidad de cada una de las regiones del país”, manifestaron al explicar que la futura norma “está destinada a garantizar el abastecimiento interno con valor agregado, empleo, sustitución de importaciones y mayores exportaciones”.

Para ello “se atienden los requerimientos cambiarios y de disponibilidad de exportaciones que necesitan las inversiones, mediante un esquema que genera beneficios para el productor y el abastecimiento interno”, agregaron.

A su vez, trata uno de los históricos reclamos de las empresas del sector que es la estabilidad fiscal y de todos los beneficios adquiridos desde el momento de adhesión al programa, en cuanto a derechos, aranceles, impuestos, tributos y tasas, en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales que adhieran oportunamente a la norma.

Para este impulso, se creará un régimen general de promoción de inversiones hidrocarburíferas, que tendrá una vigencia de 20 años y que contendrá regímenes particulares orientados a la promoción de actividades de exploración y producción de petróleo, de exploración y producción de gas natural y de exploración, producción, industrialización y transporte de hidrocarburos, obras de infraestructura energética y prestación de servicios.

La futura norma comprenderá a los proyectos nuevos, así como a los que están en desarrollo y tienen capacidad de incrementar su producción, y a los que están paralizados y requieren de una arquitectura de incentivo especial para ser considerados viables.

En particular se ofrecerá a los proyectos, que deberán cumplir montos mínimos de inversión anuales y sostenidos por plazos de hasta cinco años, niveles de exportaciones garantizadas que arranca en un piso del 20% y se extiende hasta el 50% de los volúmenes de producción incrementales.

Para delimitar esos volúmenes se tomará como base el máximo anual del bienio 2019-2020, o los últimos 12 meses a abril de 2021, cuando se comenzó a discutir la ley con la industria y los sindicatos del sector.

Además, se propone libre disponibilidad a las divisas provenientes de la exportación incremental que se calcularán en hasta un 50% del piso de 20% de permisos de exportación, y que se irá incrementando en la medida que lo haga la producción.

El esquema de inversiones mínimas será para los proyectos de exploración sísmica convencional de US$ 6 millones en un plazo máximo de 3 años; y en almacenaje subterráneo de gas desde US$ 30 millones a 3 años.

Para proyectos de producción convencional un mínimo de inversión de US$ 100 millones a 4 años; para los procesos de industrialización de hidrocarburos de US$ 300 millones a 4 años y en la producción de gas y petróleo no convencional como los de Vaca Muerta, de US$ 400 millones anuales sostenidos en 5 años.

En este último caso el 25% de la inversión comprometida deberá estar destinada al desarrollo de nuevos proyectos pilotos de manera de asegurar su sostenibilidad, en tanto que también se contempla proyectos más chicos en cuencas con declino marcado para los cuales se reducen compromisos y se amplían plazos.

En cuanto a otros beneficios fiscales regulares sólo tenderán a reducir el costo del gasto inicial de los bienes de capital para asegurar la viabilidad de la inversión de los proyectos mejorando la actual estructura, pero una vez en funcionamiento tributarán con las cargas impositivas previstas.

Se trata de beneficios en el Impuesto a las Ganancias, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aranceles y derechos de importación a bienes de capital, en particular con una mención a los proyectos costa afuera que son más onerosos.

Finalmente, se aborda otro tema sensible para el sector como lo son los derechos de exportación, los que podrán oscilar en tasas del 0% al 8% de acuerdo a una fórmula de cálculo en base al precio internacional del crudo Brent, mientras que se ratifica que los volúmenes adicionales se mantendrán dentro de lo contemplado en el Decreto 488 del año pasado.

De esta manera, se explicó que en conjunto se asegura que se logrará fortalecer el ingreso de divisas y las reservas del BCRA, promoviendo, desarrollando e incrementando el valor agregado regional y nacional en la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.

El esquema apunta a alentar la participación de las empresas regionales y nacionales como proveedores de la actividad, e incrementando la proporción de bienes y procesos tecnológicos elaborados y diseñados por trabajo argentino.

La iniciativa prevé dar un impulso al sector promocionando la producción convencional como no convencional -con distintos incentivos y requerimientos- y en todas las cuencas del país, así como todas las actividades que directa o indirectamente están relacionadas.

También se promueve el transporte, compresión, separación, tratamiento, almacenaje y la industrialización de los hidrocarburos y sus derivados a través de procesos que los utilicen como materia prima, incluyendo -sin limitación- la petroquímica, la producción de fertilizantes, la separación, la licuefacción de gas natural y la refinación de combustibles.

El senador nacional rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) intervino para evitar el freno a la actividad petrolera que se iba a llevar adelante a partir de la madrugada de este jueves. Trabajadores petroleros de Río Negro habían manifestado que se retirarían de sus puestos de trabajo.

El exgobernador medió con éxito un posible paro a la actividad del petróleo. El conflicto tiene que ver con las vacunas por el Covid-19 y el reclamo de los petroleros de que no han sido incorporados al plan de vacunación a pesar de ser empleados esenciales.

En comunicación con el secretario general del sindicato, Guillermo Pereyra, acordaron que este jueves la secretaria de Estado de Energía de Río Negro Andrea Confini y el Ministro de Salud, Luis Zgaib, recibirán a equipos técnicos de la organización gremial para analizar la incorporación ordenada de los trabajadores petroleros al plan provincial de vacunación.

La situación energética del país vuelve a ingresar en el ojo de la tormenta, ya que en los últimos meses se constató caída de producción de petróleo y gas, especialmente en el mes de febrero.

Precisamente, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi adelantó que en ese mes la producción de petróleo y gas del país registró un retroceso del 5,1 y 10,7 por ciento respectivamente.

El informe detalla que en febrero de este año la producción de petróleo mostró además un retroceso del 6,8% acumulado anual.

A su vez, en ese mismo mes, la producción de Gas disminuyó 10,7% interanual y 10,3% acumulada.

“Se redujo en todas las mediciones. En febrero, por quinto mes consecutivo, la producción no convencional disminuyó más que la convencional: se redujo 14,8% interanual”, expresa el informe.

Por otra parte, señala que la cuenca neuquina, donde se encuentran la mayoría de los desarrollos No Convencionales, fue la de mayor caída del país mostrando una reducción del 14,6% interanual y 12,5% acumulada en su producción.

“La producción total acumulada durante los últimos doce meses se redujo 10,3% (13.8 MMm3). Por su parte, en el mismo periodo la producción acumulada de YPF se redujo 21,5% (8.8 MMm3/d) explicando el 64% de la caída de la producción total de gas en el periodo y el 87% de la reducción de las tres principales productoras. YPF y Tecpetrol representan el 60% de la producción de gas de Vaca Muerta, y explican la caída de la producción de esta formación en los últimos doce meses”, detalla el Instituto.

Con relación a la demanda, se puntualiza que en febrero de 2021 las ventas de naftas y gasoil aumentaron 4,8% interanual y disminuyeron 5,8%, respectivamente.

El jefe del interbloque de diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, puso en duda el acompañamiento de su bancada a la sesión especial convocada por la oposición para este jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

Se trata del pedido que unificaron Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, presididos por Mario Negri y Eduardo “Bali” Bucca, para tratar el proyecto proveniente del Senado, que extiende beneficios impositivos para más de medio centenar de plantas productoras de biodiesel y bioetanol en todo el país.

“Mario Negri, Cristian Ritondo y ‘Bali’ Bucca tendrán que acercarse, conversar, plantearnos cuáles son sus intereses, y nosotros en consecuencia vamos a obrar. Hasta el momento ninguno se ha acercado a hablar con nosotros”, se limitó a decir Ramón en diálogo con Diputados TV.

Las dos principales bancadas de la oposición reúnen, con asistencia perfecta, 126 diputados, quedando a tan solo tres del quórum, por lo que la postura de Unidad Federal para el Desarrollo, que tiene seis integrantes, será clave.

De todos modos, el proyecto de ley requiere del voto de los dos tercios de los presentes para ser aprobado ya que no cuenta con dictamen de comisión.

Ramón sostuvo que hay “intereses económicos muy fuertes” en torno al tema: “Uno tiene que ver con la industria del petróleo, y el otro, con aquellos que siembran soja, caña de azúcar, y están intentando incorporarse a los combustibles de manera más amigable con el medioambiente”.

“El segundo tema es la caja de recaudación de los gobernadores de las provincias que gestan el petróleo o los biocombustibles, y en ese sentido hay fundamentalmente dos gobernadores que lo están empujando -el de Córdoba y el de Tucumán-, y gobernadores que pertenecen a la zona de producción petrolera, que en mi provincia genera, si no es el primero, el segundo origen de ingresos”, describió.

Y agregó: “Más allá de las consideraciones ambientales, de que necesitamos tener cada vez más energías limpias -sobre todo las que se consumen en gran cantidad, como los vehículos-, también hay un tema de hegemonía de provincias centrales como Córdoba, las llamadas “ricas”, que van a tener aún más hegemonía porque los ingresos que reporta este combustible son muy grandes”.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados resolvió activar la Comisión de Energía y Combustibles, que no se reúne desde hace casi un año, como respuesta a la presión ejercida por la oposición al convocar a dos sesiones especiales para el próximo jueves con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.

El oficialista Omar “Chafi” Felix, titular de la comisión, convocó a una reunión informativa para este lunes a las 17 con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien deberá justificar por qué el Gobierno decidió, hasta el momento, frenar la prórroga de la ley que otorga beneficios fiscales a plantas productoras de biocombustibles.

En octubre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la extensión de la ley por cuatro años, es decir hasta 2024, pero el Poder Ejecutivo no incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias para que pudiera ser tratado en la Cámara de Diputados a pesar de que los tiempos apremian, ya que el régimen vigente caduca en mayo.

Con el período ordinario ya en marcha, la oposición profundizó el reclamo para sancionar la ley y convocó a dos sesiones para el próximo jueves: la primera fue citada para las 11 a pedido de Juntos por el Cambio, y la segunda, a las 12, fue impulsada por el Interbloque Federal.

Si ambas bancadas aúnan esfuerzos y consiguen sumar a diputados de otros espacios, como Unidad Federal para el Desarrollo o el Frente de Izquierda, lograrían llegar a los 129 necesarios para el quórum, pero luego deberán reunir dos tercios de los votos para aprobar el proyecto ya que no cuenta con dictamen de comisión.

Es por eso que el Frente de Todos, con 117 integrantes sumados a aliados como el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag, no tendría inconvenientes en bloquear la sanción de la ley, a menos que varios oficialistas se rebelen y acompañen la votación.

Es que en el bloque presidido por Máximo Kirchner hay posiciones encontradas, dado que se trata de un tema transversal que enfrenta a las provincias que tienen plantas productoras de biocombustibles con aquellas que producen petróleo.

Sin ir más lejos, en los últimos días la diputada oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un proyecto propio para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con el objetivo de “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.

“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en su iniciativa.

Luego de que un sector de la oposición pidiera una sesión especial para este jueves con el fin de tratar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag llamó a “defender a toda la industria” y “no entrar en una suerte de controversia”.

“Lo que está faltando es sentarse en una mesa con todos los sectores que hacen a la matriz energética para defender a toda la industria y de todo el país, y no entrar en una suerte de controversia”, consideró Sapag en diálogo con parlamentario.com, y agregó que “todos los sectores son importantes; el secreto es unirlos en un norte común”.

Así se expresó la legisladora luego de que el Interbloque Federal formalizara un pedido para tratar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado y que prorroga la Ley 26.093 de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

Sapag, que tiene un monobloque en la Cámara baja, explicó que “el análisis sencillo de este tema indica que a mayor uso de bioetanol, menor uso de petróleo crudo; por lo tanto, son menos regalías para mi provincia y menos empleo para los neuquinos”, y a su vez “se plantea lógicamente una pelea entre las provincias de la Pampa Húmeda y del Norte contra la Patagonia”.

“Hoy la oferta de petróleo crudo en nuestro país casi se iguala a la demanda que proviene de las refinerías para el consumo interno, o sea que solo se exporta un excedente de crudo Escalante en Chubut que no puede ser refinado en nuestro país. Por lo tanto, esta competencia que se plantea no parece ser tal”, observó la diputada.

En ese sentido, opinó que “a medida que crezca nuestra producción, a mayor uso de biocombustibles deberíamos poder exportar nuestro crudo con valores internacionales, tal como se estableció en la presidencia de Cristina Kirchner con el decreto 929/13, que dejaba un saldo exportable del 20%. Eso es lo que hay que cumplir”.

“Deberíamos ir por el medio, sin tomar posturas extremas. Que sea ganar-ganar para todos los sectores”

Sapag señaló que “todos los proyectos presentados por legisladores representantes de provincias productoras de biocombustibles son peores que el actual régimen, por lo que una prórroga de dos años con las mismas condiciones que sufrimos los últimos 15 no pareciera ser un mal negocio”.

“Deberíamos ir por el medio, sin tomar posturas extremas, apoyando una fórmula de incorporación de los biocombustibles a la nafta que sea razonable, y al mismo tiempo que en materia de precios haya una ecuación razonable y de equilibrio para no cargar todos los esfuerzos financieros y comerciales en las refinerías, y principalmente en los consumidores. Que sea ganar-ganar para todos los sectores”, resumió la neuquina.

De ese modo, sostuvo que “hay una ecuación que le permite al país tener saldos exportables de petróleo y de soja para generar divisas, creando un círculo virtuoso de inversiones y de complementación para favorecer el trabajo y defender también el cuidado del ambiente con metas claras”.

“Lo mejor que nos puede pasar es que el tema no escale, porque no es necesaria la controversia”, insistió, y aseguró finalmente que “lo que está faltando es sentarse en una mesa con todos los sectores que hacen a la matriz energética para defender toda la industria y de todo el país”.

Los diputados de la UCR Jimena Latorre y Gustavo Menna solicitaron al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Darío Martínez, que convoque “a la brevedad” a una reunión virtual por el tema de la caída del precio del barril de petróleo y la parálisis de la actividad.

Los legisladores hicieron el pedido luego de que otra comisión, la de Educación, se reuniera este lunes por videoconferencia, en una experiencia inédita, con la participación del ministro del área, Nicolás Trotta.

La Comisión de Energía fue una de las que se constituyó de forma excepcional a través de una resolución del presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien nombró como titular a Darío Martínez (Frente de Todos) y como vicepresidentes a Omar De Marchi (Pro) y Omar Felix (Frente de Todos).

“Dada la actual situación, consideramos prioritario dar tratamiento a todos aquellos proyectos vinculados a la situación generada por la caída del precio del barril de petróleo crudo, desde los u$s68 que se encontraba al comenzar el año a los menos de u$s26 de la actualidad”, destacaron los diputados Latorre y Menna.

También advirtieron que “esto afectará fuertemente a las economías de las cuencas productoras con inconvenientes para las empresas contratistas regionales y los puestos de trabajo de miles de trabajadores”.

“Este escenario se ve agravado por la parálisis casi total de la actividad que se ha generado por las medidas de restricción de la circulación de personas y bienes dispuestas con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19”, señalaron los radicales al pedir la reunión de la comisión.

Por último, concluyeron: “Tenemos la posibilidad de encontrar soluciones a esta problemática dando tratamiento virtual en comisión a los proyectos que fueron presentados. La producción está ligada a la economía, a los puestos de trabajo y a la capacidad de salir de esta doble crisis juntos como sociedad”.