La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Cele Fierro impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál buscará obtener detalles acerca de la compra y manipulación de las nuevas pistolas Byrna que portarán los agentes de la Policía de la Ciudad.
En ese sentido, la opositora le exigirá al Gobierno de Jorge Macri que de información sobre la cantidad de pistolas que se adquirieron hasta el momento, así como la modalidad de compra y el valor por unidad; si se sumarán nuevas unidades; y cuantos agentes portan actualmente este tipo de herramientas.
También prevé conocer que fuerzas las portan y el tipo de capacitación recibieron; si el personal del SAME está debidamente capacitado para la atención de personas con heridas y/o secuelas, consecuencia de estas pistolas; entre otros puntos.
En los fundamentos de la iniciativa, Fierro recordó que “dichas pistolas, de color naranja y alimentadas por dióxido de carbono, pueden disparar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que liberan una sustancia similar al gas pimienta al impactar, inhabilitando al atacante durante 30 minutos, con un alcance de hasta casi 20 metros” e indicó que “estas armas estarían diseñadas para incapacitar momentáneamente o disuadir a una persona que representa un peligro, proporcionando una opción no letal para manejar situaciones potencialmente peligrosas”.
Al mismo tiempo que precisó que “estas pistolas sólo ‘reducen’ la letalidad policial cuando se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal. De este modo, corremos el riesgo de que su supuesta ‘no letalidad’ sea excusa para habilitar su utilización en cualquier otra situación como en contexto de movilizaciones en el marco del derecho constitucional a la protesta social” y consideró que “esto implica un retroceso en materia de derechos humanos y democráticos, dada la situación de una creciente crisis económica y convulsión social en el cual se adquieren estas armas, que profundiza la política de represión y criminalización de la protesta como única respuesta gubernamental a los problemas sociales”.
“Mientras esperamos anuncios de políticas públicas concretas para revertir la inseguridad y la causa de fondo, que es la desigualdad social que genera pobreza, exclusión, marginalidad y aumento de hechos delictivos, es que necesitamos conocer a fondo el motivo por el cual se suma al equipamiento de la policía este tipo de arma”, completó.