A través de la norma, votada hace dos semanas en la Cámara de Diputados, alrededor de 800 mil personas sin los aportes suficientes van a poder acceder a una jubilación.
Mediante el decreto 132/23, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.705 de Plan de Pago de Deuda Previsional, que permite beneficiar alrededor de 800 mil personas que no cuentan con los aportes suficientes para poder acceder a una jubilación.
El proyecto había recibido media sanción en el Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. Mientras que, después de varios meses de retraso, en la Cámara de Diputados se sancionó finalmente el pasado 28 de febrero, con 134 votos a favor y 107 en contra.
La ley establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la norma contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realizará teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS.
El jefe del interbloque Federal reclamó que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico”.
En su discurso durante el debate del plan de pago de deuda previsional, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, hizo foco en la desigualdad en el mercado laboral entre mujeres y hombres, al tiempo que reclamó que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico”.
“La situación de las mujeres no solo en el mercado laboral, sino en la estructura social Argentina, es un aspecto de profundo análisis”, señaló el bonaerense, quien apuntó que “especialmente las mujeres más humildes, las de los niveles socio-económicos bajos y muy bajos, son las que más soportan sobre sus hombros la carga del trabajo doméstico no remunerado, en comparación con los hombres pero también con sus pares mujeres de los niveles medios”.
En esta línea, el legislador indicó que “las mujeres dedican el doble del tiempo a ese trabajo doméstico no remunerado que los hombres; y también hay una discriminación en el acceso al propio mercado laboral, incluso cuando en promedio las mujeres tienen mayor calificación en cuanto al nivel educativo alcanzado”.
Rodríguez agregó que “cargan con el flagelo de la subocupación y la desocupación más las mujeres que los hombres” y comparó: “Cada 1.000 pesos que gana un hombre, una mujer recibe solo 790 pesos”.
Yendo al “impacto de las políticas de los últimos gobiernos”, el diputado detalló que durante el gobierno de Cambiemos “el trabajo asalariado sin descuento jubilatorio aumentó”. “Tomando los datos del primer trimestre de cada año, creció de 33,4% en 2016 a 33,9% en 2018 y 35% en 2019”.
“En el actual gobierno, en 2020 creció a una posición más alta que en el gobierno anterior, fue de 35,8%”, dijo y cuestionó al oficialismo: “¿Qué dice el supuesto gobierno peronista de hoy? Que estamos soportando sobre el mercado laboral y sobre el régimen previsional los efectos de la pandemia. No es cierto”.
A continuación, expresó que “cada vez que nos alejamos más de la pandemia, más crece el trabajo asalariado sin descuento jubilatorio”, alcanzando casi el 38% este año.
Luego de recordar que iba a acompañar el proyecto, “Topo” advirtió que “los gobiernos tienen que hacerse cargo no de asignar derechos cuando ya se rompió el derecho básico, que es a tener un trabajo remunerado con aporte jubilatorio”.
Juntos por el Cambio planteó una resolución a raíz de los carteles que fueron colocados en oficinas de la ANSeS. Graciela Camaño estalló contra Carlos Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, presente en el recinto.
En medio de un escándalo por la presencia de un sindicalista en el recinto, la Cámara de Diputados rechazó tratar sobre tablas un proyecto de resolución impulsado por Juntos por el Cambio para repudiar los carteles de escrache contra legisladores que en diciembre pasado no dieron quórum para tratar el proyecto de plan de pago de deuda previsional.
La habilitación para tratar el tema resultó con 102 afirmativos, 111 negativos y 5 abstenciones, que fueron del interbloque Provincias Unidas y la cordobesa Natalia de la Sota.
Durante las cuestiones de privilegio, el primero en referirse al tema fue Martín Tetaz (Evolución Radical), quien planteó la queja “contra el sindicato de trabajadores de la ANSeS que ha empapelado las oficinas de ANSeS en una práctica completamente fascista”.
“La oficina pública no puede tomar partido por una posición política puntual”, resaltó y agregó que los trabajadores del organismo previsional “no son empleados del Gobierno nacional, del PJ, del Frente para la Victoria. Son empleados de la Nación”.
El porteño cuestionó que “el afiche no solamente es fascista y tendencioso sino absolutamente mentiroso”. “Dice ‘buscalos’ como si fueran delincuentes. ¿Por qué son delincuentes? ¿Por qué hay que buscarlos? ¿Porque piensan distinto?”, se preguntó.
Además, Tetaz dijo que el cartel era “mentiroso” al sostener que “un millón de personas no van a poder jubilarse”. En ese sentido, defendió la PUAM “por la cual todo el mundo mayor de 65 años tiene derecho a percibir una pensión por adulto mayor” y subrayó: “En el dictamen de minoría que firmó nuestro bloque hay derecho para todos los argentinos a una jubilación proporcional a los aportes que han hecho cada uno de ellos”.
Lo interrumpió la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense-IF), pero no para contradecirlo, sino todo lo contrario: para “adherir absolutamente”. “Es de una extrema gravedad, además de una absoluta ignorancia”, advirtió la legisladora, que señaló que los carteles se colocaron “sin saber lo que opinábamos los diputados; y fuimos colocados en un cartel de ‘búsquenlo’, de un organismo público por parte de una organización sindical”.
“No cabe dudas que acá hay responsabilidades”, afirmó y sostuvo que “se ha cometido un delito porque se ha incitado a la violencia sobre una cantidad de diputados”. Para Camaño, se trató de “lanzar un operativo político”. “Fue muy grave lo que ocurrió y la responsable funcionaria tiene que darnos algún tipo de explicación”, apuntó en referencia a Fernanda Raverta, titular de la ANSeS, quien estaba presente en el recinto.
La diputada completó que esta “es una cuestión que no solamente vulnera nuestra dignidad y nuestros fueros, sino que además es una actitud delictiva”.
Después tomó la palabra Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC), quien remarcó que eran 131 los diputados afectados y alertó: “No es solamente el gremio, son las autoridades institucionales de la ANSeS… la licenciada Raverta fue diputada nacional”. La porteña habló de “violaciones explícitas a la Constitución y la Ley de Ética Pública” y reclamó que se necesita “poner un punto” porque “la política del escrache es un delito”. Encargada de presentar el proyecto, pidió la votación nominal para habilitar su tratamiento.
Visiblemente molesto, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó que en Labor Parlamentaria se había acordado el orden de la sesión y “el tiempo de apartamientos del reglamento ya pasó”, lanzó, aunque dijo que la cuestión después la podían debatir.
Y comparó: “Nosotros somos los que en el mes de enero, en la primera semana, todas nuestras caritas, faltaron nuestros domicilios, estuvieron en los diarios Clarín y La Nación por ser parte de la Comisión de Juicio Político. Cuando lo dicen Clarín y La Nación es democracia, cuando lo dice otro no”.
Sin embargo, el vicepresidente del Cuerpo, Omar De Marchi (Pro-JxC), que en ese momento presidía la sesión, explicó que de acuerdo al reglamento se podía pedir una moción en cualquier momento, y que si Carrizo sostenía el pedido, tenía que hacer lugar. Carrizo ratificó su solicitud y además pidió que sea nominal la votación.
En el mientras tanto, Camaño volvió a hablar para pedir que echaran del recinto a un sindicalista que estaba en uno de los palcos, al que acusó de ser el artífice de los carteles. Más precisamente el señalado fue Carlos Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. “Mientras usted leía la resolución, ese señor de verde que está en ese balcón, que supuestamente es el autor intelectual del cartel, tuvo el atrevimiento, con esa mirada socarrona, de aplaudirse. ¡Así les va a los trabajadores, señor presidente! Con personajes como éste, que cree que auto-aplaudiéndose y haciendo carteles políticos cree que se resuelven los problemas de los trabajadores”.
“Lo que estamos por votar tiene que ver precisamente con la ineficiencia del Estado y de los sindicalistas de tener sus trabajadores debidamente registrados”, añadió la diputada y reclamó que “ese personaje se retire. No puedo admitir que esté este señor acá, este es el señor que hizo los carteles”.
Pasada la votación, Silvia Lospennato (Pro-JxC) leyó los artículos 218 y 219 del reglamento de la Cámara, por el cual se faculta al presidente del cuerpo a mandar a retirar a alguien del recinto. Ya de vuelta en el estrado, la titular de Diputados, Cecilia Moreau, dio por cerrado el capítulo: “Le voy a pedir a la Secretaría Administrativa que a través de la Secretaría de Seguridad pida las cámaras. Está todo filmado para ver qué ocurrió y en el transcurso de la próxima media hora tomaremos una resolución”. Cuando se retomaron las cuestiones de privilegio, Ortega se fue del palco. Pero ya volvería.
En efecto, previo a la votación la diputada Silvia Lospennato pidió a la presidenta del Cuerpo informar qué había resuelto, pues el sujeto en cuestión había retornado a los palcos.
“Tengo un informe de la Dirección de Seguridad”, respondió Cecilia Moreau, que más tarde lo leyó precisando que según habían visto en los videos, no se identificaban en la persona señalada “expresiones gestuales violentas”, y que sí expresaba voces que resultaban inaudibles, razón por la cual no encontraban motivo para echarlo. Y se dio el tema finalmente por concluido.
En la previa de recibir a Alberto Fernández, fue citada una sesión para este martes desde las 10.30. El oficialismo espera contar con la ayuda de aliados, la izquierda y un sector del interbloque Federal para poder alcanzar el quórum.
En el filo del cierre de las extraordinarias, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados buscará alcanzar el quórum para llevar a cabo una sesión este martes -desde las 10.30- con la intención de aprobar el proyecto de plan de pago de deuda previsional y otra iniciativa sobre informatización y digitalización de historias clínicas.
En medio de un contexto trabado, pues Juntos por el Cambio mantiene su postura de no dar quórum mientras se lleve adelante el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, el oficialismo confía en contar con el apoyo del interbloque Provincias Unidas -que ha resultado siempre aliado-, el Frente de Izquierda y un sector del interbloque Federal para poder abrir la reunión. Sin embargo, en caso de que se alcance el quórum, JxC bajará.
En la reunión de Labor Parlamentaria se acordaron establecer 12 cuestiones de privilegio; 3 homenajes, y 2 pedidos de apartamientos. Respecto de los temas a tratar propiamente dicho, habrá 50 oradores sobre el plan de pago de deuda previsional y una decían para historias clínicas.
Otro dato saliente que tiene que ver con las dificultades del oficialismo para contar con todas las presencias necesarias para asegurar el quórum: la oposición no aceptó correr el horario de inicio.
La Cámara de Diputados tuvo su última sesión el 24 de noviembre pasado. Durante diciembre, cuando todavía no estaba el proceso de juicio político en marcha, pero sí un conflicto por los representantes en el Consejo de la Magistratura, se frustraron todas las sesiones: la preparatoria del 1ro. no tuvo quórum; la siguiente se abrió, pero se cayó luego del ingreso en medio de un escándalo, con JxC reclamando irregularidades reglamentarias; y la citada para el 21 de ese mes tampoco alcanzó el número de 129 para el quórum.
Durante el caluroso verano, mientras transcurrieron reuniones de distintas comisiones, se especuló con varias fechas para una posible sesión, pero finalmente se citó, con bastante tiempo, para un día antes de la Asamblea Legislativa, cuando el presidente Alberto Fernández asistirá a dejar inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias. Motivo por el cual hay quienes hablan de una “sesión corta”, pues el recinto deberá acondicionarse para el día siguiente.
El primero de los temas a tratar es el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación.
La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum.
En diciembre pasado culminó la prórroga por decreto de la última moratoria vigente, la cual no se volvió a extender por esa vía. La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, dijo que eso era “complejo” dado que por decreto no se podía ampliar el período de la misma y que lo mejor era que saliera una nueva ley.
Raverta asistió durante febrero en dos ocasiones a la Cámara baja para reclamar por el proyecto y fustigar a la oposición de JxC por no dar quórum para que se pueda debatir.
La iniciativa establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
Por otra parte, el segundo punto del temario es un proyecto de creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, que salió del Senado en noviembre de 2020 y en caso de no ser tratado caería con el inicio de un nuevo período legislativo.
Las diputadas oficialistas Gisela Marziotta y Paula Penacca apuntaron contra la oposición en un comunicado. La actividad será este miércoles a las 18.30.
Las diputadas oficialistas Gisela Marziotta y Paula Penacca convocaron este miércoles, a las 18.30, a un “abrazo al Congreso” para reclamar por la aprobación del proyecto de plan de pago de deuda previsional.
Luego que se convocara a una sesión el próximo 28 de febrero para tratar el tema, que quedó sin sancionarse en las sesiones frustradas del mes de diciembre, las legisladoras buscan darle visibilidad a la importancia de la ley.
“El Congreso no puede detenerse, el derecho a jubilarse tampoco”, reza una de las consignas de la cita al abrazo simbólico. Mediante un comunicado, las integrantes del Frente de Todos remarcaron que “por primera vez en 17 años en la Argentina no hay una normativa para la moratoria de las jubilaciones y la oposición, al no dar quórum en la Cámara baja, le está negando este derecho básico a la sociedad”.
“El proyecto de plan de pago de deuda previsional ya obtuvo media sanción en la Cámara alta, pero no avanza porque Juntos tiene el Congreso detenido”, apuntaron contra la oposición y advirtieron que “si se mantiene esta postura de la oposición y no se concreta la aprobación de la ley, según un informe de la ANSeS, unas 800 mil personas no podrán acceder a la jubilación en todo el país”.
Marziotta y Penacca sostuvieron que “a 40 años de la vuelta de la democracia no se puede permitir que se le niegue un derecho elemental a una porción de la población por mezquindad política de la oposición en un año electoral”.
“El Congreso debe funcionar a partir de ideas, proyectos y, sobre todo, lograr avanzar en normativas que garanticen una vida más digna para la sociedad argentina”, afirmaron.
Organizada por Gisela Marziotta, la jornada también contaría con la participación de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta. Será este miércoles a las 14.
Con la intención de presionar a la oposición sobre la necesidad de aprobar la ley de plan de pago de deuda previsional, el oficialismo convocó a una audiencia pública para este miércoles a las 14 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara de Diputados.
La jornada está organizada por la porteña Gisela Marziotta y contará con la participación de adultos mayores y representantes de sindicatos. Además, estaría también la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.
La funcionaria expuso el pasado 1ro. de febrero en el marco de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que el año pasado ya firmó dictamen del proyecto, pero que volvió a reunirse durante este período extraordinario para poner sobre la mesa la importancia del tema que forma parte del temario que definió el Poder Ejecutivo para tratar durante el verano.
La iniciativa fue diseñada por el kirchnerismo en el Senado y recibió media sanción en junio pasado, pero en la Cámara baja no se pudo debatir en dos sesiones frustradas que hubo durante diciembre.
El oficialismo advierte que, ante la caída de la última moratoria que estaba vigente, el 31 de diciembre pasado, unas 800 mil personas se encuentran en condiciones de no poder acceder a una jubilación por falta de aportes.
Si bien el Frente de Todos cuenta para este tema con el apoyo de sus cuatro aliados del interbloque Provincias Unidas y los cuatro diputados del Frente de Izquierda, todavía negocia para lograr que un sector del interbloque Federal baje al recinto y se pueda conseguir el quórum para un eventual sesión antes de que termine el período extraordinario.
En contra del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema y bajo la orden que bajó desde la Mesa Nacional, los legisladores de Juntos por el Cambio no están dispuestos a habilitar el número para una sesión. Asimismo, tienen un dictamen de minoría sobre la moratoria, una cuestión que divide aguas dentro de la bancada.
La titular de la ANSeS expuso en Diputados sobre las consecuencias de no contar con la ley y cargó contra “los diputados y diputadas que no vinieron a trabajar” en referencia a la última sesión frustrada.
Con la intención de exponer sobre las consecuencias que tiene sobre 800 mil personas no contar con una herramienta que les permita jubilarse, aún sin contar con los aportes suficientes, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, asistió este miércoles a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde enfatizó que es “imprescindible” aprobar la ley de plan de pago de deuda previsional y reclamó a la oposición “que nos dejen discutir” en el recinto.
Tal como había expresado en declaraciones radiales en la previa, la funcionaria admitió que el Poder Ejecutivo está analizando prorrogar por decreto la última moratoria vigente -que venció el último 31 de diciembre- pero hacerlo por esa vía “no resuelve el problema de fondo”.
Al abrir el encuentro, la presidenta de la comisión, la camporista Marisa Uceda, reconoció que se trataba de una reunión “no es muy ortodoxa, pero ante circunstancias extremas o graves uno tiene que acudir a todas las herramientas que pueda para dar solución a conflictos como el que vamos a tratar hoy”.
La mendocina dijo que no iba a hacer mención de quienes no estaban presentes y reveló que el encuentro fue solicitado por Raverta “ante las infinitas consultas de perjudicados porque este proyecto de ley no ha tenido la sanción”.
Los integrantes de Juntos por el Cambio no asistieron bajo el argumento de que ese tema ya se dictaminó y ahora resta tratarlo en el recinto.
La iniciativa salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum. A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número.
En su alocución, la directora ejecutiva de la ANSeS señaló que iba a “caracterizar el momento que estamos atravesando”, el cual “requiere de una profunda reflexión”. “Nosotros vivimos en una Argentina donde, a partir de 2004, gobierno de Néstor Carlos Kirchner, se contaba con una norma para que aquellos hombres y mujeres que tuvieran la edad de jubilarse y le faltaran años de aportes”.
Al enumerar los beneficios de acceder a una jubilación, y en alusión al ingreso, la camporista defendió que “ en gobiernos nacionales y populares siempre es para arriba, nunca para abajo. En otros gobiernos sabemos que se ha recortado 13%”.
Además, mencionó la ley que se aprobó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, para “poder darle continuidad a una política de inclusión previsional”.
“Un plan de pagos significa saldar algo que debes. Digo esto porque por ahí en los medios es fácil confundir a la gente y hay quienes creen que tratamos de regalar jubilaciones”, aclaró e indicó que “siempre los que se incluyeron al sistema a través de una moratoria fueron pagando mes a mes”.
Yendo a la cuestión, Raverta expresó que “esa normativa que teníamos los argentinos, que ya creíamos que no había manera de retroceder, terminó el último día del año pasado” y “a partir del 1ro. de enero en las oficinas de ANSeS, todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad de jubilarse y a los que les tenemos que decir que antes del 31 de diciembre era bien fácil y ahora es bien difícil”.
“Les tenemos explicar que es difícil porque no contamos con una norma, y que esa norma es una ley que tiene media sanción del Senado” pero en diciembre “lamentablemente los diputados y las diputadas de la oposición no vinieron a trabajar, no bajaron a la sesión y no dieron quórum”, cargó contra Juntos por el Cambio.
La funcionaria resaltó que “el plan de pago de deuda previsional se trata de que hombres y mujeres puedan acceder a lo que ya es tradición”. “El 95% de los hombres y mujeres de la Argentina que tienen edad de jubilarse, están jubilados. Queremos seguir manteniendo ese nivel de cobertura. El alcance de esas jubilaciones y pensiones es enorme, único en la región”, continuó.
En un mensaje a la oposición, la titular de la ANSeS sostuvo: “No pedimos que alguien vote en contra de sus ideas, pedimos que nos dejen discutir, que esta ley se pueda tratar en el recinto y así de esa manera, el oficialismo, como funciona en democracia, intente juntar los votos necesarios para tener una ley que entendemos como Gobierno que es imprescindible para que 800 mil personas puedan acceder a una jubilación durante este año”.
“El argumento de derogación presupuestaria ya está saldada. El Presupuesto ya se discutió; ya tenemos un presupuesto asignado para poder dar cumplimiento a las normas que el organismo necesita”, aseveró y señaló que “no es algo que le viene bien a nuestro Gobierno, a nuestra fuerza política, a la ANSeS. Le viene bien a los argentinos y argentinas, porque en Argentina hay una sola mujer de cada diez que tiene 30 años de aportes. Por eso es absolutamente urgente que podamos debatir en el recinto esta ley. No hay argumento de ‘no quiero porque hay otras leyes’”.
Finalmente, recordó que cuando fue diputada, durante el gobierno de Cambiemos , se aprobó la modificación de la fórmula de movilidad, a través de la cual “se perdieron 19,6 puntos”. “Yo vine al recinto, discutí y voté en contra”, mencionó, pero igualmente “el oficialismo construyó mayoría y cambió la ley”.
A partir de la nueva fórmula, que se debatió en 2020, “ya de esos 19,6 se recuperó 6,7 de la capacidad de compra de las jubilaciones argentinas”. “Ustedes me dirán ‘en dos años se llevaron 20 puntos de las jubilaciones argentinas y en un poco más de tres años solo recuperamos 6,7’. Sí, porque destruir es un instante y reconstruir es mucho tiempo y esfuerzo”, subrayó.
Uno de los diputados que tomó la palabra en una sala semivacía del Anexo de la Cámara baja, donde asistieron, además de los invitados, legisladores del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Juntos Somos Río Negro, fue el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien mencionó que “había muchos comentarios en la previa de que nosotros íbamos a venir acá a chicanear, a decir cualquier cosa y me parece que quedó clarísimo con la exposición de la titular de la ANSeS que lo que estamos buscando es más información, más argumentos y más debate”. “Porque estamos tan cerca de tener una ley, que sería una pena no tenerla. Nuestro espacio político quiere una ley y para eso estamos tratando de tratarlo en extraordinarias”, ratificó.
El resto de los expositores
Luego de Raverta, expusieron una serie de invitados, entre los que hubo un solo ausente: Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad.
Sandra Zapatero, secretaria de Previsión y Seguridad Social de la CTA, manifestó la “preocupación por la dilación en el tratamiento de este proyecto de ley” al recordar que “una sola de cada diez mujeres y tres de cada diez varones están en condiciones de jubilarse” actualmente. Sin embargo, “esto no tiene nada que ver con los trabajadores y las trabajadores” formales, en cuyos casos “ muchos empleadores no han hecho los aportes y sí los han deducido de los salarios”.
“Mucho más injusto es para los que estuvieron casi toda su vida laboral en situación informal, y para quienes se dedicaron a las tareas de cuidados”, añadió Zapatero, quien consideró que “necesitamos que esta reparación, que es tan justa, necesaria y urgente, sea acompañada por la participación de la riqueza nacional. Tenemos que pensar en un impuesto que grave a los más ricos”.
En tanto, Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, propuesta por el Frente de Izquierda, alertó que el 80% de las personas que no podrán jubilarse “son mujeres”. “Hoy en día la gran mayoría de las personas que se jubilan lo hacen gracias a una moratoria y esta opción ya está cerrada. Sólo queda acceder a la PUAM, que es una pensión un 20% más baja que el haber mínimo, y que para las mujeres significa elevar la edad jubilatoria a los 65 años”, explicó.
“Es importante una moratoria previsional, pero es insuficiente, porque aún teniendo una ley por los próximos dos o cuatro años este problema no se va a solucionar, porque hay un problema más grave en el sistema previsional que es el del desfinanciamiento y un mercado laboral cada vez más fragmentado”, advirtió.
A su turno, Silvana Capece, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, aseguró que “es importante que este proyecto se trate, se debata y salga, porque la imposibilidad de acceder a las prestaciones previsionales incluye también la imposibilidad de acceder al seguro médico. Es decir, hay un agujero dentro de la obligación constitucional del Estado Nacional”. En esa línea, dijo que “si bien este proyecto se tiene que aprobar, es obligación del Estado evitar que esto suceda. Llamamos al Estado Nacional y a los Estados provinciales a que articulen las medidas que sean necesarias para el debido contralor de las prestaciones previsionales”.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Micaela Branco señaló: “El concepto central de esta ley es cumplimentar con todos aquellos que por situaciones, por todos conocidas, y por algunos ejercidas, no pudieron completar. Porque de eso se trata, completar el pago de una deuda previsional en la cual incurrieron hombres y mujeres por cuestiones ajenas a su voluntad en la gran mayoría. Se trata de una deuda contraída por carencias estructurales de un sistema”.
En la misma línea, Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente, resaltó que “este debate por la moratoria nos llega en un momento en el que se ve, por parte de los trabajadores, una Argentina en negro, una Argentina informal. Esta gente que llega a la edad jubilatoria y no se puede jubilar es víctima de un largo proceso de informalidad laboral, de precarización, y no debe caer sobre ellos el blanqueo de esa situación pasada. Son las patronales las que deben pagar y el Estado también”.
La directora ejecutiva de la ANSeS fue citada para una reunión que se realizará este miércoles a las 11. El proyecto ya cuenta con dictamen y está incluido en el temario de extraordinarias.
Mencionado por el oficialismo como uno de los temas más urgentes a tratar en el período de sesiones extraordinarias, el proyecto sobre plan de pago de deuda previsional, que apunta a que personas -alrededor de 800 mil- sin aportes suficientes puedan acceder a una jubilación, volverá a debatirse este miércoles, cuando se reúna la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados.
Comandada por la camporista Marisa Uceda, la comisión fue citada a las 11 para abrir nuevamente la discusión sobre la iniciativa, que ya tuvo dictamen -la oposición firmó uno propio en minoría-, pero quedó sin poder tratarse en el recinto cuando se frustró la última sesión.
Entre los invitados se destaca la presencia de la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien reclamará, sobre todo a los diputados de la oposición, que den quórum y aprueben cuanto antes la norma. Este martes, en declaraciones radiales, la funcionaria admitió que en el Poder Ejecutivo analizan prorrogar por decreto la moratoria que venció en diciembre pasado.
El proyecto salió del Senado el 30 de junio de 2022 por impulso del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados hubo dos reuniones informativas en julio y agosto, pero finalmente el dictamen se firmó a fines de noviembre. Y se incluyó en el temario de la sesión del 21 de diciembre, que no se pudo realizar por falta de quórum. A favor de esa iniciativa, el interbloque Provincias Unidas y el Frente de Izquierda habían bajado al recinto, pero igualmente al Frente de Todos no le alcanzó el número.
Además de Raverta, los invitados a exponer son: Sandra Zapatero, de la CTA; Silvana Capece, de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires; Micaela Mara, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Lucía Ortega, especialista en derecho previsional, propuesta por el diputado Nicolás Del Caño; Eugenio Semino, especialista en derecho previsional; Sebastián Gramajo, abogado especialista en previsión social; y Javier Palma, secretario de Acción Social y Previsional de la Asociación Gremial Docente (UBA).
La intención es agitar el tema ante la opinión pública, como método de presión a Juntos por el Cambio, que mantiene la postura de negarse a sesionar mientras persista el interés oficial en enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema.
El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.
Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
La directora ejecutiva de ANSES cargó contra Juntos por el Cambio por la falta de quórum en la Cámara baja para discutir el Plan de Pago de Deuda Previsional.
La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, se refirió a la falta de quórum de la Cámara de Diputados de la Nación para discutir el Plan de Pago de Deuda Previsional para que hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados, puedan regularizarlos.
“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente. La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800 mil argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la PUAM”, expresó Raverta.
“El plan de pago tiene efectos muy positivos y es novedoso en cuanto a que genera previsibilidad al permitir adelantar cuotas antes de cumplir la edad jubilatoria, afianzando la cultura previsional. Además, es beneficioso en términos de recaudación para el sistema, por lo que no hay motivo para que la oposición no quiera, al menos, sentarse a discutirlo. Dejar sin esta posibilidad a las argentinas y los argentinos, en lo inmediato, perjudica a casi 800 mil personas”, agregó la titular de ANSES.
El Plan de Pago de Deuda Previsional alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes realizados. Estas personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación. Por el otro, quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y no alcanzarán los 30 años de aportes. En este caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.
