Milei tiene “plan B”: el federalismo inverso

El Gobierno recauda impuestos con precios nuevos y gasta de un presupuesto con precios viejos. Con esa base de menos gastos y más ingresos para el Gobierno central, avanza el plan para secar a las provincias.

Por Alejandro “Topo” Rodríguez

El presidente Javier Milei no le dijo la verdad completa al Wall Street Journal cuando declaró que “no hay Plan B”.

En la práctica, el mandatario argentino ya cerró la primera etapa de su gobierno y comenzó la segunda. El Plan B ya está en marcha.

Después de aceptar que el Congreso no aprobará la megambiciosa “Ley Ómnibus”, el presidente hizo que “Toto” Caputo simulara liviandad e indiferencia ante la eliminación del “paquete fiscal”.

No se sabe si Milei efectivamente está exultante, como dicen, convencido de que ha sido un triunfo y no una derrota legislativa; pero ya mandó su mensaje a las provincias sin ambigüedades: “se van a tener que ajustar sí o sí, porque no van a recibir ni un peso más por fuera de lo que les corresponde por la coparticipación”.

Efectivamente, la nueva etapa del Gobierno argentino se basa en el modelo del “Federalismo Inverso”, donde el Gobierno central se fortalece y las provincias se debilitan.

Ya en diciembre, Milei se ocupó de sentar las bases para la etapa que ahora comienza, cuando aumentó brutalmente el Impuesto PAÍS del 7,5% al 17,5%. Es toda recaudación para las arcas nacionales, porque ese tributo no se coparticipa. Nada para las provincias.

Hay que reparar que en 2023 la recaudación del impuesto PAÍS creció sostenidamente, mes a mes, llegando a duplicar los ingresos por retenciones en algunos períodos.

Pero además, en un movimiento silencioso que pasó casi enteramente desapercibido, al terminar el año pasado el nuevo gobierno decidió ajustar al menos 35.000 millones de dólares del Presupuesto Nacional, con el sencillo pase mágico de prorrogar la Ley de Presupuesto 2023.

Así funcionará lo que en las últimas horas Milei denominó “la licuadora”: recauda impuestos con precios nuevos y gasta de un presupuesto con precios viejos.

Con esa base de menos gastos y más ingresos para el Gobierno central, el presidente avanza en el plan para secar a las provincias, convencido de que el gasto de los gobiernos subnacionales es lo que engendra el déficit fiscal global.

Ese plan contra las provincias incluye una serie de decisiones que ya comenzaron con la definición oficial de no compensar a las jurisdicciones provinciales por la merma en la recaudación del impuesto a las ganancias, a consecuencia de la eliminación de ese tributo sobre el salario de los trabajadores.

Es una pérdida de aproximadamente 1,7 billones anuales, que podría compensarse con la coparticipación del 30% del impuesto al cheque; o con sólo un tercio del incremento previsto en la recaudación del impuesto PAÍS, luego del significativo aumento de su alícuota. Pero la decisión es no entregar ni un centavo de eso.

Además, a partir del 1 de febrero las provincias ya no estarán autorizadas a endeudarse con los bancos provinciales para pagar salarios o cubrir déficit.

Desde hace varios años se viene autorizando esa operatoria, pero la última prórroga aprobada por el Banco Central en enero de 2023 (Comunicación “A” 7674) no será renovada.

Ya no habrá más obra pública financiada por el gobierno central en las provincias. Pero, si hasta hace unas horas se mantenía la alternativa de que los gobiernos provinciales pudieran recurrir a fondos de organismos internacionales para avanzar con nuevas obras de infraestructura, ahora esa posibilidad también se cortará.

Más aún, el Gobierno nacional asegura que tomará esos créditos para contribuir a que las cuentas nacionales alcancen el equilibrio fiscal.

También se prevé limitar todas las transferencias destinadas a compensar y equilibrar los déficits de las cajas jubilatorias provinciales, las que oportunamente no se armonizaron con el sistema nacional de la ANSeS.

Por otra parte, está decidido no agilizar la formulación, aprobación y ejecución de nuevos proyectos del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, que financia obras en todas las provincias, pero por fuera de los recursos del Presupuesto Nacional.

Para desalentar mecanismos de financiamiento autónomo, no se rescatarán las cuasimonedas emitidas por las provincias, además de que no se aceptarán esos bonos como medio de pago para cancelar impuestos nacionales.

Si se cumple la promesa presidencial de no enviar a las provincias ni un solo peso más de lo que corresponde por las transferencias automáticas de la Coparticipación, ingresarán en zona de riesgo las transferencias no automáticas. Entre ellas, los denominados ATN (Aportes del Tesoro Nacional) que constituyen el 1% de la masa coparticipable.

Pero hay otras transferencias de ese tipo (no automáticas) que son más sensibles y socialmente delicadas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo. Se trata de recursos que cada mes se usan para pagar un refuerzo salarial a los docentes de todo el país.

¿También van a cortar o limitar ese Fondo de Incentivo Docente? Sería un atentado a la paz social, perpetrado desde el poder central.

No resulta nada extraño, entonces, que lo que habría escuchado el exministro Ferraro en una reciente reunión de gabinete sea totalmente cierto. Parece que Milei quiere dejarlos sin plata y fundirlos a todos.

También va tomando volumen y peso real la frase jamás oficializada: “si la ley no se aprueba, las más perjudicadas van a ser las provincias”,

¿Qué harán ahora los gobernadores de todos los signos políticos? ¿Van a facilitarle la aprobación de los retazos sueltos de eso que alguna vez fue la Ley Ómnibus?

Parece que algunos necesitan ir mirando encuestas de imagen para calcular el ritmo y el contenido sus posicionamientos.

Deberían saber que tienen enfrente a un gobierno central que ya decidió cortarles la cabeza ¿Y todavía están pensado aprobarle alguna delegación de facultades en el Congreso?

En el fondo, el discípulo Milei recupera la filosofía de uno de sus principales padrinos, quien predica hasta el hartazgo que el “pecado fiscal” argentino comienza y termina en las provincias.

Ellas, sostiene eternamente el padrino, siempre son las responsables del déficit fiscal y fueron las culpables de la crisis argentina en 2001. Un año inolvidable, por cierto.

Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal

Santilli: “La crisis económica la ha agravado la crisis política”

El diputado del Pro consideró que “es hora de mostrar un plan económico en camino” porque “hay mucha preocupación en nuestra sociedad”.

El diputado nacional Diego Santilli (Pro) cuestionó este lunes al Gobierno y aseguró que “la crisis económica la ha agravado la crisis política”. “Es hora de mostrar un plan económico en camino”, reclamó.

En esa línea, el macrista advirtió que “hay mucha preocupación en nuestra sociedad” porque “el salario dura para 15 días”. “Tenemos una clase media empobrecida. Hoy en Argentina el 17% de los trabajadores es pobre. Esto no ha pasado nunca”, subrayó.

En declaraciones a radio Mitre, el legislador de Juntos por el Cambio señaló que “Argentina necesita divisas, no se puede privar de exportar ninguno de los insumos que necesita exportar, necesita importación para poder producir”.

“Nueve de cada diez dólares que se pagan en exportaciones son para insumos que necesita la producción argentina”, agregó.

En otro tramo, cuestionó que “es el propio Gobierno el que con conferencias de prensa las últimas tres semanas ha puesto en vilo a toda la sociedad”.

“La angustia, el hartazgo, la desazón, la desilusión que tiene la sociedad es consecuencia de un plan económico que no existe y de un Gobierno que hace conferencias públicas donde se pelean unos con otros”, completó.

Inflación: tras conocerse los datos de mayo, la oposición le exige al Gobierno que se haga cargo de la situación

El INDEC dio a conocer este martes la inflación del mes de mayo que fue de un 5,1% y la anual trepó al 60,7%. Por este motivo, diputados de la oposición expresaron su preocupación y enojo hacia el Gobierno nacional.

La inflación no para de crecer, ya que este martes INDEC dio a conocer los índices del mes de mayo que alcanzó un 5,1% y el acumulado anual trepó al 60,7%, lo cual despertó la preocupación y el enojo hacia el Gobierno nacional por parte de diputados de la oposición.

Uno de ellos fue el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, que expresó a través de su cuenta de Twitter: “El 5,1% de Mayo confirma a Argentina entre los países con más inflación del mundo en medio de una estampida del riesgo país y del derrumbe de los bonos de deuda en pesos”.

Para el cordobés “es un jaque mate al programa financiero del gobierno”, y es “el resultado del ‘plan platita’. Irresponsables”.

“INDEC anuncia un 5,1% de inflación para mayo, 30% en lo que va del año. El dólar libre disparado. Mientras vivimos la peor crisis económica de los últimos 30 años, el gobierno echa culpas y construye relato. Ni siquiera tienen la decencia de la autocrítica”, cuestionó la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, Karina Banfi.

En el mismo sentido se expresó el titular del bloque Evolución Radical, el cordobés Rodrigo de Loredo, quien advirtió: “La inflación sigue en valores preocupantes para el conjunto de los argentinos, con este rumbo solo se consolidará una mayor pobreza y un cuadro social angustiante y cada vez más estructural”, y señaló: “El peor adversario del oficialismo es su propia puja interna, que se suma a la ausencia de un plan económico tendiente a reducir el déficit y equilibrar las cuentas pública”.

“La inflación ya arriba del 60% interanual, la peor cifra en 30 años. Pero como es menos que el mes pasado (5,1% vs 6%), el Gobierno seguro ya está celebrando que baja. Expertos en engañarse, pero a la que no engaña es a la población”, posteó su par el puntano Alejandro Cacace.

A su vez, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, apuntó: “Primero la pandemia, luego la guerra de Ucrania, dicen Alberto Fernández y Axel Kicillof cuando nuestra inflación es 10 veces más alta que Brasil. Ah, pero Bolsonaro”.

“La inflación interanual supera el 60%. Crece mes a mes, al igual que la angustia de los argentinos al ver que su sueldo o jubilación cada vez vale menos. Es aún peor, cuando vemos que el gobierno sigue sin un plan para solucionar los problemas más urgentes”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, Maximiliano Ferraro.

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal (Pro), sostuvo: “60,7% de inflación acumulada en los últimos 12 meses y el Gobierno ocupado en cambiar el diseño de los billetes. ¿Cuál es su plan económico presidente Alberto Fernández? ¿Nos lo explica?”.

“Los números hablan por sí solos. El populismo sigue batiendo sus propios récords. El 60,7% de inflación en los últimos 12 meses es el resultado de un Gobierno de incapaces”, expresó el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos)

Por el lado de Avanza Libertad, fue la diputada Carolina Píparo quien manifestó: “Se estima que el 2022 será el año más inflacionario de las últimas tres décadas y el dream team de científicos sigue sin encontrar el botón de la economía que iba a prender Alberto allá por 2019. Tampoco funcionó la guerra que le declararon a la inflación el 18/3. Payasos”.

“60,7% de inflación anual y $224 el dólar libre. ¿Qué puede salir mal? Insistimos: ocúpense de verdad de este tema porque es el principal problema del país”, reclamó Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense).

Diputada de la UCR exige al Gobierno que presente un plan económico

La legisladora Roxana Reyes impulsó esta solicitud y expresó su preocupación luego de conocerse los datos del INDEC sobre los índices de inflación del año 2021.

El INDEC reveló que el índice inflacionario del 2021 llegó al 50,9% lo cual despertó la preocupación de la oposición y el enojo. Por ese motivo, la diputada santacruceña Roxana Reyes junto a otros legisladores del bloque de la UCR pidieron al Gobierno nacional abandonar el relato y presentar un plan económico serio y real que combata las causas de la crisis.

“El Gobierno debe decirles a los argentinos cuál es la estrategia para que el país crezca y para eso deben presentar un plan económico. Es imposible hablar de crecimiento con la carga impositiva altísima que tenemos, el cambio de reglas de juego constante, este nivel de inflación, trabas a las exportaciones, limitaciones a las importaciones de lo que se necesita para la producción local”, sostuvo Reyes.

Además, la legisladora radical manifestó que “el Gobierno tiene un relato, que se adapta y va cambiando, pero que nada tiene que ver con la realidad que sufren los argentinos que ven cómo se deprecia el valor de su salario con una inflación anual del 50,9% solo superada por Venezuela y Sudán”.

“Con este nivel de inflación y sin un programa económico, sin reglas claras y con esta presión impositiva que impacta directamente en los ciudadanos y desalienta la inversión no se puede pensar en crecimiento y no se puede tapar con el relato”, cuestionó la diputada de JxC.

Para Reyes la inflación “es un problema muy serio que deteriora mes a mes el bolsillo de nuestras familias y que no está siendo atendido por el Gobierno, que mira para otro lado y prefiere tapar con discursos y publicidades este problema central de nuestro país”.

“Falta un programa, un rumbo en materia económica y reconocer que la inflación es el problema central”, señaló y agregó: “El Gobierno dice que va a conseguir superávit a partir del crecimiento que va tener la economía, pero en ningún momento plantea cómo va crecer esta economía; no hay más que una serie de enunciados lanzados al aire, sin programa, plan ni medidas.”

Sin inversiones no hay crecimiento

La diputada de la UCR indicó que “las previsiones de crecimiento de todas las consultoras de todos los organismos para este año son bajas porque esta es una economía que no tiene inversión, que tiene una carga impositiva altísima y que tiene un cambio de reglas de juego constante”.

Por otro lado, destacó que hay muchas dudas por la falta de un plan económico serio: “Desde el Gobierno dicen que vamos a crecer y que con eso se van a conseguir divisas y se va a pagar la deuda; pero nada dicen sobre qué medidas llevaran a ese crecimiento, que planes piensan aplicar y cuál es la estrategia para que el país crezca.”

Plan, la palabra prohibida por el kirchnerismo

Por Andrés De Leo. El senador provincial de Juntos por el Cambio y presidente de la CC-Ari bonaerense, le reclama al presidente Fernandez un plan que le permita cumplir con su promesa al pueblo argentino: “volver mejores”.

La economía ha caído más que en los países que el presidente Alberto Fernández tomaba como referencia para comparar en las estadísticas por la pandemia.

De manera singular, Alberto Fernández ha justificado la falta de un plan económico. El Presidente ha decidido hacerse responsable de la inexperiencia de un equipo económico que sólo se ha limitado en estos casi ocho meses de gobierno a cerrar un acuerdo con los acreedores públicos, empresa que fue útil para justificar, según el Ministro Guzmán, la no presentación de un plan con los objetivos y lineamientos económicos del país.

Para una economía que sigue en caída libre, con más de 330 mil nuevos desempleados desde el inicio del Gobierno de Fernández, 47 mil de ellos antes de iniciar la cuarentena, pese a la prohibición de despidos; 25 mil empresas registradas, con empleados, cerradas; aumento sideral de la pobreza y el empeoramiento de todas las variables económicas; el único remedio utilizado por el presidente es la emisión monetaria a discreción.

Ha optado por dejar para la salida de la cuarentena, la tarea de contener una inflación que se viene insinuando, pese a la parálisis económica, el control de precios de productos y de las tarifas de servicios públicos.

La falta de plan no se ve sólo en materia económica. Es más, el Presidente carece de un plan integral de gobierno. La inacción, la falta de coordinación y las peleas internas son cada vez más visibles, y la pandemia parece justificar todo.

Ministros desapercibidos, con excepción del ministro de Salud, por razones vinculadas a la pandemia, y de la ministra de Seguridad, por las disputas con su par bonaerense. También Daniel Arroyo quedó expuesto por el escándalo de los sobreprecios en la compra de alimentos, lo que exhibió que los responsables de las políticas sociales, y los negocios derivados de ella, no responden al ministro de Desarrollo Social, sino que fueron impuestos por el kirchnerismo.

El manejo de la pandemia, tan valorado por el Gobierno, nos muestra la falta de un plan. Más bien, las decisiones fueron detrás de los hechos. En un inicio el temor de la sociedad, alentado desde el Ejecutivo, resolvió una cuarentena extrema.

Luego, tras el agotamiento social y las necesidades económicas, en pleno ascenso de los contagios y fallecimientos, se decidió la flexibilización. A la vez, se observa la demora y poca utilización de los testeos masivos, lo que también ocurre en la política de rastreo y aislamiento de contagiados y sus contactos estrechos.

Es cierto que nuestro país necesitaba tiempo para preparar su sistema sanitario y a la sociedad para enfrentar la pandemia, pero era previsible que un confinamiento tan riguroso, el segundo más estricto en el mundo, resultaba insostenible en el tiempo.

La caída económica ha sido superior a la de las naciones que fueron utilizadas como referencia por el presidente Fernández para comparar con estadísticas que, en muchos casos, generaron reclamos diplomáticos por las distorsiones que presentaban. Y el plan de salida prometido hace unos días por el presidente a los legisladores de Juntos por el Cambio -y al resto de los argentinos-, brilla por su ausencia.

En lo que sí hay un plan claro, sin anuncios y no escrito, pero bien explícito, es el que le impuso Cristina Fernández de Kirchner a Alberto Fernández para su candidatura: desarticular todas las causas por corrupción que pesan sobre ella y funcionarios de su gobierno y el de su marido.

Desde ese momento el Fernández candidato advirtió que los jueces y fiscales iban a tener que revisar sus fallos. Ya como presidente, propuso la reforma jubilatoria para los agentes judiciales y el apuro en las renuncias para liberar vacantes en los juzgados, y envían al Congreso la reforma judicial, lo que pone en riesgo la división de los poderes y la verdadera independencia de los jueces.

Volviendo a la política económica, plan económico es una palabra que el kirchnerismo ha decidido no utilizar desde su llegada a la Casa Rosada en 2003. Para el kirchnerismo “plan económico” tiene una clara connotación vinculada a las crisis y fracasos. Pero hay una diferencia importante entre el kirchnerismo original de la polémica “década ganada” con el presente.

En la era Néstor-Cristina se pretendió instalar la idea de “modelo económico” como sinónimo de círculo virtuoso, con un claro mensaje propagandístico implícito. En cambio, este kirchnerismo de Alberto se conforma con no tener un plan, derivación de un modesto objetivo de metas, con el que el Presidente se ilusiona como una posible remake del 2003, desconociendo que las condiciones políticas, personales y económicas son distintas.

Sin modelo económico, sin plan y con metas de las cuales se conoce poco y nada, las políticas económicas del Gobierno empeoraron la situación. Se aplicó un impuestazo a sectores productivos y a la clase media. Se ajustó a los jubilados. Y esto no es atribuible a una pandemia que, por cierto, aceleró la caída económica.

Para antes de la cuarentena, la actividad económica seguía en picada, con cierre de empresas y aumento de la desocupación. Hoy, la inflación aún contenida vuelve a ser creciente; la brecha cambiaria superior al 70%; el déficit fiscal en ascenso, la emisión monetaria a discreción y un mundo sumido en una incertidumbre, nos alejan del escenario del 2003.

Las crisis generan oportunidades y esta no es una excepción. El pueblo argentino en su conjunto viene haciendo un esfuerzo extraordinario que nos permite soñar con no repetir fracasos del pasado. Y sobre la base de ese esfuerzo se pueden generar condiciones para transformar la matriz económica, productiva y social del país, robustecer las instituciones de la república y desarrollar el sistema educativo y sanitario para las décadas siguientes. Para eso falta un plan genuino que busque la mayor cantidad de consensos posibles. Y por sobre todas las cosas, un plan que le permita al presidente cumplir con su promesa al pueblo argentino: “volver mejores”.