La Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este martes a un proyecto que busca jerarquizar por ley el Programa de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que funciona desde 2017 y ha mostrado resultados efectivos, al reducir un 50% la tasa de embarazos en menores.

La iniciativa, que obtuvo despacho de mayoría, fue consensuada entre propuestas de Mónica Fein (EF) y Blanca Osuna (UP). Hubo además un dictamen de minoría, encabezado por Silvia Lospennato (Pro), con diferencias en torno al financiamiento; y otro de La Libertad Avanza, de rechazo.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), destacó que se trata de "un programa muy importante, que ha permitido el descenso del embarazo no intencional adolescente a la mitad" y "ha superado las barreras de distintas administraciones; empezó en el gobierno de Mauricio Macri, continuó en el de Alberto Fernández y hoy continúa también en el de Javier Milei". No obstante, "por algunas llegadas menores de insumos a las provincias, la posibilidad de hacerlo ley de alguna manera nos garantiza que se mantenga en el tiempo", señaló.

Además, el tucumano aclaró que "no es un programa que de ninguna manera tenga que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, ni con la hormonización para cambio de género", sino con "asesoramiento, educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración".

Por otra parte, cuestionó "el derrotero al cual nos ha sometido la presidencia de la Cámara" porque "nos han dado cuatro giros para que esta ley pueda salir", es decir, deberá pasar por más comisiones. "Muestra poca voluntad de que esto se concrete", agregó.

A su turno, Fein ponderó que el plan ENIA "ha sido evaluado por organismos internacionales como muy positivo, y a partir de esa experiencia es que proponemos que se convierta en ley". Consideró que este programa sirve para "promover una consciencia de lo que es el abuso sexual infantil" y crearlo por ley es convertirlo "en una política de Estado".

En tanto, Osuna expresó que aprobar esta ley sería "dar un avance sustantivo respecto de una política trascendente en relación a la vida de niñas y adolescentes". "Brindar a las jurisdicciones cooperación técnica, económica y financiera necesaria para la implementación de esta ley es clave", subrayó.

Al fundamentar el dictamen alternativo, Lospennato explicó: "Nuestro dictamen lo que hace básicamente es reflejar la resolución que está hoy vigente. Tenemos diferencias en temas de financiación, nosotros creemos que la salud es una competencia concurrente de Nación y provincias y que corresponde que las provincias asuman parte de la financiación de este plan. Creemos que el personal corresponde que lo financien las provincias".

Al igual que Yedlin rechazó que se haga una tergiversación en torno al objetivo del plan. "No hay mejor política antiaborto que evitar el embarazo no intencional", aseveró.

La diputada Carla Carrizo (UCR) recordó que "hay acuerdo entre los funcionarios de las tres gestiones de gobierno" sobre que "al programa hay que cuidarlo, mantenerlo, sostenerlo". "No dividamos lo que los propios funcionarios han venido a decirnos que funciona bien", recomendó y enfatizó: "¿Cuánto invertimos en adolescentes? Poco y nada, ¿les vamos a sacar este programa que garantiza vidas? El programa es barato, no es caro, minimiza costos al sistema de salud".

En su intervención, la legisladora Carolina Gaillard (UP) resaltó que "si no está el financiamiento garantizado difícilmente este programa pueda mantenerse en pie con un Gobierno que se caracteriza por motosierra y licuadora para todo. Y que tampoco se ha caracterizado por sostener las políticas de género y el grado de humanismo que necesitamos. Tiene que continuar pero si no hay financiamiento esto se torna abstracto".

Al justificar el dictamen de rechazo, el diputado Manuel Quintar (LLA) aseguró que esto no significaba que "la posición del bloque o el Gobierno sea el rechazo al plan, sino una cuestión de que entendemos que no es necesario sobrelegislar este tema". "El programa está vigente, va a seguir vigente, se va a mantener en el tiempo, no estamos en contra del plan", insistió y habló de una eventual violación de la Ley 24.156.

El oficialista, vicepresidente de la comisión, opinó que avanzar con esta ley sería "dotar de una burocracia innecesaria" y "legislar en contra de la Ley de Bases, con la que estamos tratando de desburocratizar el Estado".

Por otro lado, durante la reunión se comenzó a debatir sobre distintos proyectos para crear el Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO), que reúna a los ministerios de todo el país, tal como sucede con la salud o la educación.

Al respecto, la diputada Andrea Freites (UP) manifestó que "es imperiosa la necesidad de poder articular entre las distintas jurisdicciones, y los distintos ministerios de Desarrollo Social de las provincias, cuando tenemos un Ministerio de Capital Humano desde diciembre de 2023 que no gestionó una política clara a nivel país, no reunió a los ministros y tampoco dio continuidad a los distintos programas que tienen que ver nada más y nada menos que con los alimentos".

"Uno de los grandes desafíos de la política social es institucionalizar, definir con claridad qué le toca a la Nación, qué le toca a las provincias y qué a los municipios", dijo el exministro de Desarrollo Social y actual diputado Daniel Arroyo (UP).

Luego de pasar a la firma proyectos de resolución y declaración, la diputada Marcela Campagnoli (CC-ARI) hizo un reclamo para que se inicie con el debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental. Habló específicamente sobre tres modificaciones en torno a internación, prohibición de hospitales monovalentes y el rol del médico.

"Yo sé que es un tema sensible, yo no estoy en contra de la ley, no estoy en contra de nadie. Estoy a favor de los pacientes y de los familiares", sostuvo y remarcó que "es un reclamo permanente de todos los sectores sociales y todas las regiones del país". "Yo creo que los que decís son los puntos que hay que discutir y se podrían mejorar", coincidió Yedlin, asintiendo que pueda darse el debate próximamente.

La Comisión Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UP), se reunirá este martes a las 13.30 en buscan del dictamen al proyecto que apunta a asegurar la continuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

El texto fue elaborado en base a propuestas de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y la diputada de UP Blanca Osuna, entre otras iniciativas similares que se consideraron.

En el marco de reuniones de asesores de la comisión se llegó a consensos en torno al plan ENIA, luego de coincidir diputados de diversos bloques en el carácter exitoso de esta política publica que se viene ejecutando desde el comienzo del gobierno del expresidente Mauricio Macri.

Según los resultados, el plan ENIA logró reducir a la mitad los embarazos adolescentes en Argentina. Este logro es significativo en términos de salud reproductiva y desarrollo social, ya que, según el Ministerio de Salud de la Nación, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años y el 85% de los embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales.

Por otro lado, Yedlin destacó que en la reunión continuará el debate de un proyecto que "busca crear el Consejo Federal de Desarrollo Social (COFEDESO), tal como existe en el ámbito de la salud pública, de modo que también Desarrollo Social garantice no sólo la participación de todas las provincias sino puedan opinar y decidir".

Con la presencia de especialistas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados debatirá el próximo martes, desde las 13.30, sobre “las experiencias, políticas, buenas prácticas y balances” del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA).

A raíz de la desinversión por parte del Gobierno nacional, con la no renovación de contratos de profesionales y asignación de insumos, diputados como Pablo Yedlin (UP) -presidente de la comisión-, Cecilia Moreau (UP), Pablo Juliano (UCR) y Carla Carrizo (UCR) presentaron sendos pedidos de informes. 

Por su parte, los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón (PS) impulsan una iniciativa para que el programa se jerarquice a través de una ley. 

El Plan ENIA, que tiene como objetivo reducir el embarazo en adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años en todo el país, se implementó en 2018, bajo la gestión de Cambiemos, y luego fue sostenido por el gobierno del Frente de Todos. 

Sin embargo, este año se dieron por finalizadas 619 contrataciones de consultores que significaban 1.150 millones de pesos. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, aseguran que mantendrán el plan, pero quieren que sean las provincias las encargadas de sostenerlo. 

Desde su inicio hasta el 2021, el Plan ENIA logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa un caída del 49%. Así, Argentina pasó de tener 69.803 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.938 niñas menores de 15 años que tuvieron un hijo o hija en 2019 a 46.236 adolescentes entre 15 y 19 años y 1.394 niñas menores de 15 años tuvieron un hijo o hija en 2021.

La reunión fue encabezada por el senador nacional Oscar Parrilli (Rio Negro), que fue acompañado por Eduardo “Wado” De Pedro, Silvia Sapag y la diputada nacional Mónica Macha. También estuvo presente la Intendenta del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza.

Estuvieron presentes, además, trabajadoras del ámbito de la salud y representantes de Amnistía Internacional; UNICEF; Fundación Huésped; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación Kaleidos; Sociedad Argentina de Ginecología Infantojuvenil (SAGIJ); Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Asociación Argentina de Anticoncepción (AMAdA) y Surcos Asociación Civil.

Durante el encuentro se llevó adelante un intercambio entre los presentes acerca del desmantelamiento del Plan ENIA dado por la no renovación de los contratos de 619 trabajadores.

Dicho plan se concibió como una política para abordar el problema del embarazo no intencional en la adolescencia en Argentina desde una perspectiva integral, uno de los problemas clave para el desarrollo e inclusión social de las y los adolescentes. La misma lleva cinco años de implementación, dos gestiones de gobierno nacional y ha producido resultados claros.

Se trata de una política intersectorial, interjurisdiccional y clasificada como un plan de referencia para América Latina por su diseño e impacto comprobado sobre la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, la cual ha llegado a reducirse hasta un 49% en solo tres años.

En el final, se resolvió trabajar en forma conjunta entre los legisladores y los representantes de la sociedad civil, comenzando por solicitar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de situación del plan y elaborar un proyecto de ley que dé continuidad a esta política pública que tantos resultados positivos obtuvo.