La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participará este jueves, a partir de las 15, del lanzamiento de un plan del municipio de Lomas de Zamora basado en el programa “Qunita”, implementado a nivel nacional durante su gestión como presidenta.

La titular del Senado volverá así a mostrarse en un acto, tras su última aparición pública cuando se cerraron las listas para las elecciones. La actividad estará encabezada por el intendente de Lomas, Martín Insaurralde.

“Qunita” fue un plan lanzado en 2015 con el objetivo de reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su período de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.

La actual diputada Graciela Ocaña (Pro) denunció supuestas irregularidades en el programa, pero semanas atrás la Justicia sobreseyó a todos los acusados, incluidos el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, segundo precandidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia.

El senador nacional Martín Doñate (Frente de Todos) presentó un proyecto para restituir por ley el Plan Qunita y retomar el programa nacional para la reducción de la mortalidad infantil, garantizando el acceso equitativo a los insumos y recursos necesarios para una adecuada atención del recién nacido y su crianza.

La iniciativa fue presentada luego que la Justicia sobreseyera a todos los acusados en una causa por supuestas irregularidades en la gestión de los kits para recién nacidos, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La denuncia había sido impulsada por la diputada del Pro Graciela Ocaña.

A través de su Twitter, el legislador oficialista recordó: “Hace 5 años me presenté en la justicia y pude frenar la decisión del juez Claudio Bonadio y del gobierno de Mauricio Macri de prender fuego y destruir los kits del Plan #Qunitas por ‘sospechar la existencia de precios abultados intencionalmente’ durante el gobierno de Cristina”.

“#Qunitas había logrado bajar la mortalidad en bebés en la Argentina y en mi provincia, Río Negro. Logramos a través de esa medida cautelar parar esa inmoral decisión del gobierno de Macri y de los abusos y delirios del juez Bonadio y la mesa judicial macrista”, agregó.

El proyecto de ley propone que el programa se denomine “Qunita-Ares”, en homenaje al fallecido joven diseñador Santiago Ares, quien inspiró la idea de la instrumentación de un kit “para bajar los índices de mortalidad infantil en zonas marginales del país, en tanto el registro más alto de muerte temprana se debe a lo que se denomina colecho”, según datos que surgían antes de la aplicación del programa en 2015.

Según Doñate, la pretensión de la ley “es transformar el programa con carácter de política de Estado, un programa que fue frenado y judicializado por parte del gobierno de Mauricio Macri y cuyas consecuencias no sólo fueron la vida y la salud de los bebés y sus madres”, al tiempo que apunta a “recuperar la política que se había instrumentado en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015”.

Para ello “se establece la manda legal de entrega de un kit con insumos y recursos necesarios e indispensables para el cuidado del o la recién nacido/a, el cual incluirá en todos los casos una cuna desarmable, con sistema de encastre y bolsillos de tela, de fácil armado sin la necesidad de ninguna herramienta, un colchón y ropa de cama”, se explicó en un comunicado.

Además, “otros insumos que el Ministerio de Salud de la Nación determine como indispensables en el cuidado de la salud del o la recién nacido/a certificados por los estándares de calidad de organismos públicos”.

La iniciativa indica que el kit deberá incluir también “indumentaria para el/la recién nacido/a, porta bebé, bolso materno, neceser y bolso cambiador con artículos de higiene para la mujer y persona gestante y el/la recién nacido/a, termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios y preservativos, bata, camisón y pantuflas, chupete, babero, mordillo, sonajero, libro de cuentos infantiles y guía de cuidados”.

Las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Roxana Reyes impulsan un pedido de informes para que el Gobierno aclare si relanzó el polémico Plan Qunita en la provincia de Santa Cruz, tal como trascendió en medios de comunicación locales, y que fue suspendido en el año 2016 por contener elementos peligrosos para la salud.

Ocaña denunció penalmente en 2015 la licitación del Plan Quinita por 900 millones de pesos con grandes repercusiones en el ámbito judicial, tanto por investigaciones concernientes a la peligrosidad de ciertos productos que integraban el kit, como por aquellas que investigaban la existencia de sobreprecios, razón por la cual se imputó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el actual ministro y vice de Salud bonaerense respectivamente, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

Al respecto, las diputadas coincidieron en que “esos kits, independientemente de si fuesen o no los mismos que se entregaban en el año 2015, ameritan contar con la aprobación de los expertos luego de ser sometidos a rigurosos análisis de calidad y seguridad” y agregaron que “así como para el caso de la pandemia causada por el Covid-19 escuchamos a los expertos en salud y tomamos las medidas que aquellos juzgan pertinentes, en este caso debe ocurrir exactamente lo mismo ya que de no ser así son susceptibles de poner en riesgo la vida de las personas”.

Asimismo, indicaron que “los defectos y deficiencias que presentaban estos productos ponen en riesgo las vidas de las personas a las que pretenden beneficiar por lo que es de suma urgencia que se determine si los mismos han sido subsanados o, por el contrario, si son los mismos kits que, almacenados en depósitos desde la suspensión del plan, fueron recogidos y nuevamente entregados desatendiendo los análisis de seguridad preexistentes”.

Por otro lado, el proyecto de resolución presentado pregunta además si “los kits que actualmente se están distribuyendo fueren los mismos que años atrás habían sido sometidos a análisis debemos conocer si, entre otros, el porta-enfant, que era considerado peligroso, fue extraído y todo lo que pueda ser mercadería vencida como por ejemplo las cremas que integraban el mismo”.

El 14 de septiembre del 2016 el juez que entendía en la causa ordenó destruir 60 mil cunas del plan “Qunita” por considerarlas inseguras, medida que encontró justificada atendiendo al informe elaborado por el INTI y en virtud del cual expresó que “las cunas y sacos de dormir resultan riesgosos para la salud de acuerdo a dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a informe de la Sociedad Argentina de Pediatría”.

El Plan Qunita fue lanzado con la intención de evitar muertes de recién nacidos producto del colecho y así brindarles ayudas a las familias que lo necesitan para que los recién nacidos tengan un lugar en su hogar donde puedan descansar.

Sin embargo, los sobreprecios en la compra de los productos y la pésima calidad de los materiales que fueron entregados envolvió de corrupción la licitación.