A pocos días de asumir como diputado nacional, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) celebró “el hecho de tener una tercera fuerza” en el Poder Legislativo, algo que le parece “saludable para la democracia”.
Pero opinó que al Congreso hay que llevarlo “a ser el que era en 1900, que era la envidia de la academia y la política europea que venía a revisar la excelencia de las actas de los debates”.

“Hoy uno mira lo que es el Congreso, todos con fueros, es una runfla de delincuentes, por supuesto hay que salvar honrosas excepciones, con un montón de asesores, hay quienes han llegado a tener 60”, cuestionó el libertario.

En diálogo con Radio Continental, el diputado electo que encabezó la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires reveló que “si (Sergio) Massa era presidente, yo tenía una larga lista de derogación de leyes, porque creo que hemos tenido una inflación legislativa en los últimos 40 años, sobre todo sobre el ciudadano, para regularlo y controlarlo. Pero con (Javier) Milei en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que hay que hacer primero”.

“Igual, no desatiendo algunos aspectos que, si queda lugar para tratar, tengo una larga lista como la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres”, señaló y, al ser consultado por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sostuvo: “Aborto no sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”.

En ese sentido, agregó que le parece que “somos unos salvajes si estamos hablando de las leliqs y la tasa de interés y no creemos en la vida… Sí, por supuesto, yo la derogaría. De los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes me parecen de los más pobres”.

“Me he puesto en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo… Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, expresó.

Respecto al plan de gobierno de Milei, “Bertie” Benegas Lynch apuntó que “lo primero es recortar el gasto del Estado, que es donde roba la política, sin tocar partidas sociales, que no solo implican los subsidios sino planes”.

“El plan social es algo indigno para el argentino, algo muy macabro de la política que es el clientelismo para perpetuarse en el poder. Milei siempre dijo que estamos en el quinto subsuelo del infierno, por lo que a las víctimas del sistema no podés sacarles los planes en un contexto de desempleo y pobreza que hay. Hay que preparar al sector privado, que hoy está absolutamente deprimido, para que pueda recibir ese capital humano que está desaprovechado”, observó.

El economista opinó que “lo de los planes sociales ha sido como el clímax del feudo, que no recauda, recibe porque es adicto del Gobierno nacional por la coparticipación. Así tenés provincias que llegan al 85% entre empleados públicos y planes, entonces dicen, ‘me votan’”. “Lo que a mí me dio esperanza es que en esas provincias feudales ha ganado Javier, lo cual te dice que la Argentina está viva en su dignidad. La gente tiene un plan y no quiere tener la cánula endovenosa con las migajas del gobierno cuando puede forjar su propio destino y ser mejor”, añadió.

Consultado por las protestas que se podrían generar a partir de ciertas medidas antipáticas, el libertario enfatizó que “no se puede tolerar que usen a la gente como rehén, incluso a sus propios hijos con los cochecitos. Si no tocás partidas sociales, la gente interesada, la vulnerable, no tendría por qué hacer ningún reclamo. Y los planes sociales no se tocan. Lo que se ve es gente que usa a otra como carne de cañón para proteger sus propios privilegios”.

Por otra parte, aseguró que “para que la salida de los subsidios no le impacten al usuario, como hizo (Juan José) Aranguren en su momento, que creo que fue un error, es recalibrar la ecuación económica y financiera de los contratos de las empresas de servicios”.

“La gente que dice que el empleado público es un vago, un ñoqui, no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo en eso, simplemente está inmerso en un sistema de incentivos equivocado”, manifestó.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) remarcó que la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de dar de baja a más de 400 planes sociales en la provincia “evidencia que es imprescindible que se transparente la información sobre la forma en que se otorgan esos beneficios”.

Lena recordó que semanas atrás presentó un pedido de informes sobre los planes sociales nacionales que tienen como beneficiarios a la población de la provincia de Entre Ríos y que todavía no ha tenido respuestas de ningún tipo. En esa presentación, la legisladora requirió que se proporcione el número total de beneficiarios de dichos planes, y que se desglose esa información según el tipo de plan social que se está otorgando.

“No hay ninguna duda de que frente a la acuciante situación de pobreza y necesidad en la que vive gran parte de población es imprescindible que el Estado asista a esas familias. Según el INDEC, Concordia es la ciudad el país con mayor pobreza infantil con un estremecedor índice de casi el 70%. Por eso, cada peso que se destina a paliar esa situación debe tener el destino correcto. Es necesario que exista la mayor transparencia en cuanto a su distribución para tener una visión clara de la realidad social en la que se encuentran los beneficiarios y para el diseño e implementación de políticas públicas eficaces y eficientes en el área de desarrollo social”, subrayó la diputada nacional.

Lena enfatizó que “los planes sociales dados de baja fueron otorgados irregularmente, con datos falsos” y por eso reclamó “que se informe claramente de qué forma se distribuyen esos planes, cuántos son y de qué tipo de asistencia se trata”.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que endurecerá el acceso a los planes sociales, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscará repudiar la propuesta de “una reforma laboral para terminar con lo que él y los empresarios llaman ‘la industria del juicio’ y el anuncio de quita de planes sociales”.

En los fundamentos de la iniciativa, el trotskista aseveró que “Larreta anunció que va a recortar la ayuda alimentaria, Ciudadanía Porteña, a las familias que no pueden acceder a trabajar o estudiar” y consideró que “en medio de la campaña electoral Larreta, igual que todos los políticos capitalistas, desde Patricia Bullrich, Javier Milei o Cristina Fernández de Kircher, han salido a atacar a los que menos tienen”.

“Los responsables de la desocupación, del hambre y la pobreza, que crece en todo el país y la ciudad, echan la culpa a las víctimas de sus políticas de ajustes, quitando el único sustento que tiene una familia para poder comer. No quieren generar trabajo solo quieren ajustar”, insistió. Al mismo tiempo que recordó que “en Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno Nacional y actualmente en la Ciudad aplican una política que destruye la fuente de empleo y genera mayor precarización laboral”.

Sobre esa misma línea, Solano planteó que “disputando el apoyo de los empresarios y el FMI, Larreta no sé privó de plantear que es necesario una reforma laboral porque los trabajadores tendrían muchos derechos” e insistió en que “para crear trabajo no  hay sacar ninguna ayuda alimentaria, se debería generar a partir de la urbanización real de las villas.  A partir de obra público y construcción de escuelas, jardines y hospitales que faltan en muchos barrios.  Nada de eso ocurre se prioriza realizar negocios con la tierra y espacio público desalojando y expulsando trabajadores de la Ciudad”.

“El Gobierno de la Ciudad tampoco tiene el interés en la formación y capacitación de nadie.  Es el responsable de la falta de vacantes y de la deserción escolar y el derrumbe de la educación que es total. Con escuelas que no pudieron funcionar en plena ola de calor por falta de agua y ahora están contaminadas con ratas.  El motivo de este anuncio es replicar el ajuste que se aplica en todo el país en la ciudad y disputar apoyo de empresarios y el FMI”, cerró el legislador.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que endurecerá los requisitos para acceder a planes sociales en el distrito capitalino y aseguró que en caso de ser electo presidente prevee extender la medida a todo el país.

En ese sentido, el alcalde porteño informó que los beneficiarios deberán asistir a capacitaciones y conseguir trabajo para no perder la asistencia estatal.

“Venimos viendo un aumento de los planes, pero por otro lado la pobreza no baja. Cada vez hay más planes y cada vez hay más probres. Entonces, la conclusión es muy clara: así como están, los planes no funcionan”, aseguró Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo que advirtió que los planes “no están mejorando las concidiones de vida de los que los reciben y, lo peor de todo, no se vinculan al trabajo. Peor todavía: hoy hay gente que decide no tomar un empleo formal porque, si no, pierde el plan. Justo al revés”.

Frente al escenario descrito, cuestionó: “Acá todos hablan de convertir los planes en trabajo, pero ninguno o muy pocos dicen efectivamente cómo hacerlo (…) Nuestra propuesta es concreta: los planes sociales tienen que ser directos, tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que quienes los reciban puedan vivir cada día mejor”.

Para graficar la situación se refirió al programa Ciudadanía Porteña, el cual”va directo del Estado al beneficiario. No tenemos intermediarios. Y también incluimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero vamos a hacer más”. Por lo que explicó que se buscará dotar a los beneficiarios de “herramientas” que les permitan conseguir un empleo. “Hoy queremos presentar una nueva medida para limitar la temporalidad del plan, para que sea una ayuda en la emergencia, pero que nunca desincentive la búsqueda y conseguir un trabajo”, continuó.

“El futuro es capacitación y trabajo. Por eso estamos sumando a los planes dos nuevas condiciones: la primera es la capacitación para conseguir un trabajo. Vamos a ofrecer cursos de capacitación orientados a las demandas actuales y concretas del mundo laboral y esta capacitación va a ser obligatoria. Tienen que cumplir, como mínimo, 40 horas de capcatiación por año. El que no lo cumple, pierde el programa”, aseveró Larreta.

Mientras que en relación con la segunda contraprestación, el alcalde porteño explicó que “tiene que ver con conseguir un trabajo. Desde el Gobierno vamos a acercarles a los beneficiarios ofertas relacionadas a sus intereses, a sus conocimientos y al curso que hayan tomado. Por eso, ir a las entrevistas y aceptar los trabajos va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación a entrevistas laborales o si se rechazan más de dos ofertas, pierden el programa. Es al revés que hoy. Hoy si aceptan el plan pierden el programa”.

“Tenemos que cambiar esa lógica, porque el plan social tiene que ser un incentivo para aceptar un trabajo. La política social tiene que ser un puente desde donde estamos hacia donde queremos estar”, remarcó.

Tras realizar el anuncio a nivel local, el precandidato a presidente manifestó: “tenemos que dar el debate para que esta medida que estamos tomando en la Ciudad sea nacional, para que a nivel nacional los planes sean directos, temporales e incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá a que, si me eligen presidente, el 10 de diciembre termino con la intermediación de los planes sociales, termino con organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades de los que menos tienen”.

“También voy a exigir las contraprestaciones correspondientes y a llevar este sistema a todo el país. Insisto en que la única manera de salir adelante es trabajando, esa es la mejor política social”, completó.

Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, dieran detalles acerca de la quita de un plus de escolaridad en planes sociales para las familias que no escolarizaron a sus hijos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual buscará obtener información sobre las sanciones aplicadas a beneficiarios del programa “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho”.

“La semana pasada, Acuña y Larreta anunciaron la eliminación del plus de escolaridad a 1445 familias que perciben el subsidio Ciudadanía Porteña porque no presentaron el certificado de regularidad escolar”, comenzó diciendo la legisladora en sus redes sociales y lanzó con dureza: “como si no tuvieran responsabilidad directa en garantizar que estos niños  accedan a su derecho a la educación,  anunciaron la medida como una forma de combatir la deserción escolar, a través de esta ‘sanción económica’ a las familias”.

Al mismo tiempo que advirtió que “la deserción escolar está vinculada a condiciones muy complejas de vulnerabilidad social que se agravan cuando las instituciones estatales no acompañan ni realizan un abordaje integral” y remarcó que “el pedido de informe para que el GCBA explique qué medidas tomaron para que estos niños retomen la escolaridad y que apoyos, redes y acompañamientos territoriales les han brindado a ellos y a sus familias”.

A través de la iniciativa recientemente presentada, la legisladora exigió conocer cuántos hogares dejaron de percibir el plus por escolaridad del mencionado subsidio; el género y comuna de los menores afectados; las medidas implementadas por el Gobierno porteño previamente a la quita del plus y las que se realizarán para que los menores retomen la escolaridad; entre otros puntos.

“Penalizar en vez de acompañar a los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes que se encuentran atravesando procesos de desafiliación educativa y social no hace más que empeorar la situación que el Estado debería reparar. Se está desarticulando la ya deficiente política que pretende coadyuvar a garantizar el derecho a la alimentación y a condiciones de higiene del hábitat del niño. No parece ser este el mejor camino para la reinserción escolar efectiva de los niños y adolescentes, por el contrario, se están vulnerando aún más sus derechos”, sentenció Segura.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO/Frente de Izquierda) presentó un proyecto de declaración para repudiar los dichos del legislador liberal José Luis Espert respecto a “meter bala” a los manifestantes que se movilizaron contra la suspensión de los planes sociales.

En la iniciativa reza: “Repudiar enérgicamente las manifestaciones públicas del diputado nacional José Luis Espert que ha llamado a encarcelar y ‘meter bala’ a los trabajadores desocupados que vienen movilizándose en reclamo de trabajo genuino y contra la decisión de la ministra de Desarrollo Social de suspender a 160.000 personas del Plan Potenciar Trabajo”.

Además, repudió las suspensiones realizadas por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que “dejan sin ingresos a los 160 mil beneficiarios del programa, como parte del ajuste que está aplicando el gobierno nacional”.

Presenté en @DiputadosAR un repudio a los dichos de José Luis Espert que llamó a “meter bala” a los trabajadores desocupados que se movilizan contra la suspensión a 160 mil personas del Plan Potenciar Trabajo, ordenado por Tolosa Paz.
¡Fuera los fachos como Espert y Marra! pic.twitter.com/nDOnRrPgIa

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) February 8, 2023

Por último, expresó su apoyo, acompañamiento y solidaridad con los trabajadores desocupados nucleados en la Unidad Piquetera.

Entre los fundamentos del proyecto, Del Plá recordó que el martes 7 el Polo Obrero organizó una movilización sobre el “Piquetazo Nacional” a lo que Espert publicó en su red social de Twitter: “Cárcel o bala”.

“No es la primera vez que el diputado fomenta la violencia hacia los trabajadores. Estas son expresiones fascistas contra los trabajadores que ejercen su derecho democrático a reclamar al Estado por trabajo genuino”, planteó la diputada de izquierda y manifestó que “busca instalar una agenda represiva contra los luchadores en tiempo donde el pacto con el FMI traerá profundos choques entre el Estado y los trabajadores”.

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Luego de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicara un Decreto a través del cual se declaró la incompatibilidad del programa “Ciudadanía porteña” con varios planes sociales, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para obtener detalles acerca de la medida.

En ese sentido, los opositores buscarán conocer “los motivos por los que el Gobierno de la Ciudad decidió la incompatibilidad del programa Ciudadanía Porteña con subsistemas no contributivos y de planes, programas o subsidios sociales, nacionales, provinciales, municipales y/o del Gobierno porteño” y le exigirán al Ejecutivo local que informe “si se tiene planificado modificar otros requisitos o compatibilidad de programas que ejecuta la Ciudad y que otorgan derechos, algún tipo de asistencia y/o beneficio a las personas con vulnerabilidad social”.

Además prevén obtener información sobre la cantidad de personas que se verían afectadas por esta incompatibilidad; los procedimientos y cómo se llevará a cabo la baja del programa Ciudadanía Porteña al detectarse incompatibilidades; y las “políticas públicas el Gobierno de la Ciudad planea realizar para que las personas que están alcanzadas por los programas que serían incompatibles con Ciudadanía Porteña, puedan acceder a mayores ingresos para disminuir la desigualdad” en el distrito.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “el programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho brinda un refuerzo alimentario a los hogares con vulnerabilidad social, que fue creado por la Ley Nº 1878 de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005” e indicó que “el subsidio se entrega a través de una tarjeta magnética precargada, emitida por el Banco Ciudad y Cabal, que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar”.

“Este mes mediante la resolución 246/2022 de la ANSES el Gobierno de Alberto Fernández eliminar las incompatibilidades de la Asignación Universal por Hijo con otros programas del mismo tipo que existan en otras jurisdicciones”, precisaron y consideraron que “los programas que benefician a millones de personas no son un plan social sino un derecho otorgado por el Estado a personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Considerando los niveles de desigualdad social en la Ciudad, quitar la compatibilidad de programas que aminoran la misma, es de suma preocupación”.

Sobre esa misma línea, los peronistas detallaron que “según un relevamiento del CEM (Centro de Estudios Metropolitanos) conformado por la Universidad Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Universidad Nacional de Hurlingham, realizado en Junio del 2022, a la desigualdad histórica entre el norte y el sur de la Ciudad, se le sumó en los últimos años una profundización de las diferencias entre ambos sectores de la Ciudad. Por ejemplo, durante el 2020 los hogares más ricos recibieron 8,3 más ingresos que los hogares más pobres. En 2015, esa diferencia era de 6,7”.

Asimismo recordaron que “el mismo informe sostiene que la zona sur presenta los peores indicadores en la materia: 24% de los ocupados son empleados informales, un problema que casi no afecta a los trabajadores de zona norte (9%). Otra vez, los jóvenes del sur son los más afectados: 60% de ellos trabaja de manera informal y resaltaron que el informe señala que “más de la mitad de los hogares de la zona sur, conformada por los barrios de La Boca, Villa Soldati y Villa Lugano, entre otros, tienen ingresos inferiores a los necesarios para cubrir los gastos de la canasta básica por lo que se encuentran en situación de pobreza”.

A su vez afirmaron que “si se toma como referencia el género, el ingreso promedio de una mujer joven de zona sur fue de 17 mil pesos versus 83 mil pesos que recibió un varón adulto de zona norte” y destacaron que “las diferencias socioeconómicas se trasladan también a los indicadores de mortalidad infantil. La media de la Ciudad es de 7,1 cada mil nacidos vivos. En la Comuna 4, ubicada al sur, ese número crece hasta 9,8, mientras que en las comunas 1 (donde está ubicado el Barrio 31) y la 7 (donde está la villa 1-11-14) la mortalidad infantil es de 8,8 y 8,9, respectivamente”.

“Es importante contar con información concreta sobre los efectos que puede conllevar para miles de familias que perciben Ciudadanía Porteña y otros derechos otorgados por otras jurisdicciones y el mismo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

El proyecto lleva la firma de Laura Velasco, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Juan Pablo O’Dezaille, Cecilia Segura, Manuel Socías, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (FdT).

El diputado nacional Waldo Wolff (Pro) presentó este lunes una denuncia penal tras conocerse irregularidades en la auditoría realizada sobre los planes sociales y señaló que “había nombres de personas muertas usados para cobrar” beneficios.

El macrista recordó que la auditoría, a la que calificó como “una caja de Pandora” fue ordenada por el exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

En diálogo por Radio Mitre, el legislador relató: “Nos presentamos con una denuncia penal. Hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito”.

“Lo más ilegal de toda la cuestión es usar el nombre de un muerto, incluso, hasta puede haber encubrimiento de partes de funcionarios públicos”, advirtió, al tiempo que afirmó que intentará ser querellante en la causa. “Deben devolver el dinero, porque es defraudación y estafa”, enfatizó.

Asimismo, explicó que “esta denuncia es posible que la junten” con la del fiscal federal Guillermo Marijuan, “pero el Gobierno intenta bajarle el tenor”. “Hay que terminar con la joda de una vez por todas. La próxima causa Vialidad va a ser el decreto de los 400 millones de pesos a las cooperativas para que construyan”, continuó.

Wolff recordó que Marijuan “había comunicado que podría pedir la suspensión de los planes sociales cobrados de forma irregular” ya que “que si hay una persona que pague Bienes Personales no puede cobrar un programa social”.

En el cierre, el diputado de Juntos por el Cambio indicó que “hubo un entrecruzamiento entre la base de datos del plan Potenciar Trabajo con personas fallecidas, con los que habrían adquirido dólares y con los que hicieron declaraciones de Bienes Personales y ahí habrían surgido 250 mil inconsistencias”.

Presente denuncia penal contra los 2.800 estafadores que cobraron planes beneficiarios de personas muertas y pedí también que se investigue la responsabilidad penal de funcionarios e intermediarios. https://t.co/pL7Pn9coQk pic.twitter.com/ahPtHX6Ioi

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) November 14, 2022

Los dirigentes de la Coalición Cívica Fernanda Reyes, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin, Mariana Stilman, Héctor “Toty” Flores y Hernán Reyes, presentarán este lunes un pedido de informes ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, para que brinde información acerca de los beneficiarios titulares del plan “Potenciar trabajo” sobre los cuales se hubieran detectado incompatibilidades y otras irregularidades en los criterios de ingreso.

“Suponemos que los que incorporaron beneficiarios con incompatibilidades son los dirigentes y funcionarios que otorgan y reciben estos planes. Es decir, los que están de los dos lados del mostrador. A la incompatibilidad se le suma la posibilidad de uso de estas personas”, afirman los diputados.

La CC señaló en reiteradas ocasiones la “falta de control” por parte del Poder Ejecutivo Nacional del acceso y la distribución de los planes sociales.

También, el pedido de informes elaborado por Fernanda Reyes y que acompañan por los dirigentes de la CC solicita al ministerio que indique qué organismos avalaron el ingreso de estos titulares que registran incompatibilidades para acceder al plan, cuántas de ellas ingresaron de manera directa sin validación de información, a que unidades ejecutoras pertenecen y a qué organizaciones.

“Luego de haberse conocido que 253.184 titulares del Programa Potenciar Trabajo (18,3% del total) declararon Bienes Personales y que 35.398 (2,6% del total) compraron dólares a través del mercado oficial, lo realmente importante de esta noticia es la falta de verificación de compatibilidades para el ingreso al plan”, señalaron los dirigentes de la CC.

“Suponemos que una cantidad importante de las personas que tenían incompatibilidades para recibir el plan ingresaron al Potenciar Trabajo con la verificación directa de la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Economía Social, cuyo titular es Emilio Pérsico y que está integrada por funcionarios que son dirigentes de organizaciones sociales”, plantean desde la CC. “Es decir, creemos que los dirigentes de las organizaciones sociales, que diseñan, asignan, ejecutan y controlan los planes sociales, incorporaron gente que no cumplía los requisitos correspondientes”, agregaron.

“Queremos saber cuántas personas fueron incorporadas de manera directa por Pérsico. Además intuimos que la proporción de irregularidades es mayor entre estas personas. Esto sería una prueba directa del manejo discrecional y arbitrario que realizan estos dirigentes de los planes sociales”, manifestaron.

La CC requiere, además, que se informe la cantidad de veces que se cruzó o verificó la información contenida en las bases de datos vinculadas al Programa “Potenciar Trabajo” con el Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS) o con información de otros organismos o dependencias públicas, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades para el acceso al mismo en los años 2020, 2021 y 2022 hasta la fecha más actualizada posible. Solicita también en detalle la fecha, el tipo de cruces y verificaciones realizados y el organismo o base de datos con los cuales se realizó para cada caso.

El diputado nacional Luciano Laspina (Pro) advirtió este viernes por uno de los artículos del decreto 728/22, publicado este viernes en el Boletín Oficial, a través del cual el Gobierno nacional dispuso un límite a las altas de planes sociales.

De acuerdo a la medida, no se incorporarán más beneficiarios a los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial; al tiempo que quienes actualmente reciben una ayuda del Estado puedan ser formalizados.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador de Juntos por el Cambio criticó puntualmente el artículo cuatro del decreto, al que calificó como “una carta de rendición ante la extorsión de las ‘organizaciones sociales’ kirchneristas”.

Según el santafesino, el artículo 4 “obliga a ‘realizar’ $300.000 millones de obras públicas con esas organizaciones. Algunas cooperativas ‘tienen dueño’ o son una nueva estructura de punteros. Un delirio”.

Financiará con más impuestos las estructuras políticas del kirchnerismo con una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas. La locura es total.

— Luciano Laspina (@LaspinaL) November 4, 2022

“Financiará con más impuestos las estructuras políticas del kirchnerismo con una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas. La locura es total”, señaló Laspina e insistió: “Seamos claros. Son USD 1.000 millones de dólares al año administrados por los líderes piqueteros. Una vergüenza”.

Finalmente, el macrista explicó que “el decreto promueve canalizar en favor de estas cooperativas el 30% de la obra pública nacional (!) en obras de hasta 1 millón de dólares. No está claro el método de contratación. Además, permite un margen de preferencia (indeterminado) para estas cooperativas en licitaciones”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco pidió este miércoles en la sesión del Senado una moción de preferencia para que se trataran dos proyectos dirigidos centralmente a generar un régimen de transición hacia el empleo privado que pueda ir disminuyendo gradualmente la enorme carga que representa para el Estado Nacional el sostenimiento de los planes sociales.

En ambas iniciativas, una del senador fueguino y otra de su par chaqueño Víctor Zimmermann, se hace eje en la necesidad de reducir estos planes para generar fuentes genuinas y sustentables de empleo privado.

Ambos proyectos fueron acompañados por más de una quincena de senadores de Juntos por el Cambio y presentados hace más de un año sin que, hasta el momento, hayan sido siquiera considerados por el oficialismo.

“Sergio Massa anunció que el Ministerio de Desarrollo Social empezará una ‘auditoría’, junto a otras entidades, para relevar cuál es el estado de situación de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Nosotros hace varios hace más de un año planteamos crear un incentivo doble: por un lado, otorgar beneficios fiscales a quienes tomen nuevos trabajadores empadronados en distintos planes, asignaciones y programas de asistencia social y, por el otro, favorecer el ingreso a un trabajo en blanco para quienes, hasta el momento, gozan de tal beneficio”, sostuvo Blanco.

Para el senador de la UCR “es una pena” que el Gobierno nacional haya perdido más de un año de tiempo para llevar adelante esta tarea que, desde Juntos por el Cambio, hemos propuesto hace 13 meses.

“El proyecto de mi autoría establece un mecanismo de ayuda concreto y gradual a la baja para quienes tomen a estos empleados. El empleador recibirá del Estado Nacional durante el primer año de contrato el equivalente al 100% de lo que percibía el beneficiario. Ese porcentaje se reducirá al 65% durante el segundo año de contratación y será de un 35% para el tercer año”, agregó.

El senador fueguino planteó que “como el nuevo ministro de Economía no se anima ni a decir la verdad ni a ir a fondo con las iniciativas que son realmente necesarias, presentó el día de su asunción una propuesta parecida a la nuestra que contempla una cláusula disparatada según la cual al finalizar un año de trabajo en el sector privado “el trabajador podrá optar si se queda en ese trabajo o si vuelve al plan”.

 “Los proyectos que el senador Zimmerman y yo hemos presentado buscan incentivar al capital privado para reinsertar a personas asistidas por el Estado, de manera tal que se pueda reducir el costo fiscal y contribuir al crecimiento sostenido que nuestro país necesita y por eso pedimos que el senado los trate de forma urgente”, finalizó el senador Blanco.

La senadora nacional Mariana Juri (UCR) mantuvo una reunión con el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, donde abordaron uno de los temas de la coyuntura: la conversión de planes sociales en empleo formal.

El encuentro fue revelado por la legisladora, quien en Twitter publicó una foto junto al mensaje: “El gobernador @rodysuarez nuevamente genera respuestas prácticas a problemas nacionales. Con el programa #Enlazados, Mendoza transforma planes sociales en empleo formal”.

A su vez, aseguró que desde la Cámara alta seguirá “trabajando para impulsar en el país el proyecto de ley Nuevas Oportunidades de Empleo”.

Así se refirió la radical a su iniciativa que busca crear un “Programa Nacional de Nuevas Oportunidades de Empleo y Programa para la Formación y Entrenamiento Laboral Enlace”.

La propuesta tienen el objetivo de favorecer la reconversión de los planes sociales en empleo genuino, con remuneraciones adecuadas y acceso a los derechos laborales.

Los beneficiarios podrán ser todas aquellas personas que posean uno o más planes sociales entregados por el Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo al proyecto, el beneficiario del plan que es contratado por el sector privado continuará percibiendo el plan social, mientras que el empleador pagaría el total del salario que por convenio corresponde a dicho trabajador, menos el monto del plan social que el beneficiario recibe.

De esta manera, el beneficiario del plan recibiría la totalidad de la remuneración de convenio, pero el empleador pagaría un monto menor dado que continuaría vigente el plan por el término de 12 meses.

El gobernador @rodysuarez nuevamente genera respuestas prácticas a problemas nacionales. Con el programa #Enlazados, Mendoza transforma planes sociales en empleo formal. Seguiremos trabajando para impulsar en el país el proyecto de ley Nuevas Oportunidades de Empleo. pic.twitter.com/674pb7XPvZ

— Mariana Juri (@mariana_juri) August 8, 2022

En cuanto a las cargas patronales, la persona empleadora deberá abonar el 100% de las cargas que correspondan por el monto total de dinero que recibe la persona trabajadora contratada, incluyendo seguro de riesgo en el trabajo y obra social que corresponda.

A su vez, la persona empleadora gozará de una reducción del 20% del pago de las contribuciones patronales del Régimen Nacional de Seguridad Social.

Una vez pasados los 12 meses, las partes podrán continuar con la relación laboral, debiendo la persona empleadora asumir la totalidad de los pagos en concepto de salario de la persona trabajadora.

Por otra parte, el Programa para la Formación y Entrenamiento Laboral Enlace se crea en el ámbito de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con alcance para mayores de 18 años en condiciones de desempleo y/o beneficiarias de uno o más planes sociales.

Los objetivos de este programa, al cual se pueden acoger de manera voluntaria, es “promover la inserción laboral genuina y la adquisición de experiencia; y enlazar a las personas desempleadas y beneficiarias de planes sociales con empleos genuinos”.

Las prácticas de formación y entrenamiento laboral durarán dos meses como mínimo y hasta seis meses, con una carga horaria superior a las cuatro horas por día, pero hasta 20 semanales.

La finalidad de ambas propuestas es “proponer una herramienta destinada a convertir la ayuda y asistencia social desplegada por el Estado Nacional mediante numerosos planes sociales en empleos genuinos, que aporten remuneraciones adecuadas y signifique el acceso a los derechos laborales”.

Tras la denuncia contra el Polo Obrero (PO) por retener el 2% de los subsidios que cobran, el legislador de Vamos Juntos (VJ) Darío Nieto propuso a través de las redes sociales que el pago de los planes sociales se realice con criptomonedas para “transparentar” el proceso y evitar la participación de terceros.

En ese sentido el oficialista, que además fue ex secretario de Mauricio Macri, comenzó preguntándose qué ocurriría si “¿hackeamos los planes sociales, terminamos con los intermediarios y gestores de la pobreza y hacemos que le lleguen directo a las personas que lo necesitan, sin favores, control de asistencia a marchas o retornos de dinero?”.

Al mismo tiempo que señaló que “en Argentina existen más de 140 tipos de planes o ayudas sociales (300 mil millones de pesos por año aproximadamente). Surgieron como una solución ‘provisoria’ en momentos de emergencia socioeconómica, pero cada vez hay más” y explicó que esto ocurre porque “como desde hace décadas vivimos de crisis en crisis, es una constante que las soluciones ‘provisorias’ se conviertan en permanentes: también estamos llenos de declaraciones de emergencia o impuestos que iban a durar una temporada pero nunca se fueron”.

“La gestión de los planes está (mal) tercerizada en movimientos sociales y municipios amigos del poder. El kirchnerismo llegó al extremo de sumar a su Gobierno a los dirigente sociales y darles poder para que sean ellos los que usan la lapicera y asignen la plata a discreción”, agregó y consideró que “hoy la situación es un descontrol: entre el Estado y la persona que recibe el plan hay una banda de intermediarios, manejos turbios, poca transparencia, denuncias de ‘retornos’ de dinero disfrazados de aportes voluntarios o pedidos de favores como asistencia a marchas y piquetes”.

Asimismo Nieto argumentó que “esto que parece imposible de resolver tiene una salida posible: blockchain. Una tecnología que sirve para almacenar información de forma 100% descentralizada (sin ni un solo intermediario), trazable (registra todos y cada uno de los movimientos) y transparente” e indicó que “si la distribución se hace vía blockchain, cortamos con el curro de raíz. Chau punteros (la plata va directo del Estado a la persona que realmente lo necesita), desvíos de guita (se sabe de dónde viene y a dónde va cada peso) y controles de asistencia a marchas y piquetes”.

“En Argentina, desde hace años venimos debatiendo los mismos problemas y proponiendo soluciones parecidas, que no resuelven. Pero en el mundo hay cada vez más tecnologías innovadoras, disruptivas que están cambiando todo y que simplifican muchas cosas”, sentenció el oficialista.

Luego de que el Polo Obrero (PO) fuese acusado de retener un porcentaje de los planes sociales de sus militantes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseveró que es necesario replantear el “sistema de planes sociales” y criticó que haya organizaciones sociales que “intermedien” en el cobro de los mismos.

En el marco de una recorrida por La Rural, el alcalde local afirmó que “no puede ser que haya organizaciones que intermedian, que condicionan a la gente, que las obligan a ir a las marchas” e indicó que hay que sacar “a los intermediarios, el que tiene que dar los beneficios es el Estado, no organizaciones que nadie votó. Eso garantiza transparencia y que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a marchas”.

Asimismo consideró que “una de las grandes maneras de reducir el impacto de los cortes (de calles) es que no haya intermediarios. También que el Gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad”.

Por otro lado, Rodríguez Larreta analizó la crisis económica que atraviesa el país y planteó que ve “con altísima preocupación esta situación de Argentina, donde la gente no llega al fin de la semana”.

“Eso afecta a los que menos tienen, y el Gobierno se empecina en no presentar un plan económico”, sentenció.

En relación a los cambios que se dieron dentro del gabinete nacional tras la renuncia de Martín Guzmán, el diputado nacional Daniel Arroyo mantuvo una mirada positiva y aseguró que se están implementando acciones para que la Argentina pueda superar la crisis. “Yo creo que se han tomado algunas decisiones en cuanto al tema del equilibrio fiscal que son necesarias para empezar a paliar la crisis. Me parece que tenemos que ir a un plan antiinflacionario rápidamente”, explicó.

“Creo que las medidas que tomó la ministra (Silvina) Batakis fueron correctas para poder calmar, sobre todo la cuestión cambiaria”, agregó y aseveró que “siempre que hay un cambio de ministro de Economía en nuestros país se altera el conjunto, pero hay un problema de tensión cambiaria y todos saben en un barrio que si aumenta el dólar aumentan los precios y por otro lado está costando mucho llegar a fin de mes. Así que yo espero que esta decisión que ha tomado, esa política que yo creo que es correcta, pueda derivar en otro conjunto de políticas y en generar un plan antiinflacionario en el corto plazo”.

En diálogo con Actualidad Política TV por Canal Metro, Arroyo analizó la disparada inflacionaria, que atribuyó a varios factores. “Un elemento es la concentración económica y los formadores de precios. El primer elemento es que se duplicó el precio de los alimentos en el mundo, hoy hay inflación en el mundo. Por supuesto que tenemos mucho más nivel de inflación que el resto de los países, pero es un fenómeno mundial y también por un tema de expectativas”, destacó.

No obstante consideró que “la inflación está en la concentración económica, pero corre al conjunto de la situación social”, por lo que subrayó que el país necesita “generar un plan inflacionario que creo tiene tres partes. Una parte es precios, un conjunto de corte de carne, de precios cuidados que sean accesibles, establecer un conjunto de precios que realmente en este contexto internacional, desenganchar una parte de los precios de la canasta básica respecto del precio internacional”.

“Una segunda parte de crédito, no solo hay un problema de precios de alimentos, sino de endeudamiento de la familia. Pero no alcanza. La gente se endeuda y los más pobres se endeudan al 200% de interés anual en la cocina”, precisó, resaltando que en tercer lugar “hay una cuestión macroeconómica que tiene que ver con el equilibrio fiscal, que es lo que se ha planteado. Ser muy cuidadosos con la emisión monetaria y un acuerdo de precios y salarios. Para mí todo junto, todo articulado a la vez, ese es un plan antiinflacionario. Mi mirada es que tenemos que hacerlo rápidamente”.

Por otro lado, el diputado se mostró en contra de la eliminación de los planes sociales, pero planteó la necesidad de reconvertirlos. “No hay manera de eliminar los planes sociales en un contexto de 37% de pobreza (…) hay que ir transformando planes sociales en trabajo. Pero este contexto, el grueso de las personas que trabajan son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que está en comedores, en merenderos, son personas que las llevan como pueden y que en general están endeudadas y no les alcanza la plata”, argumento.

“Creo que la salida es vincular programas sociedad de trabajo, crear un sistema de crédito no bancario para capitalizar con máquinas y herramientas a la gente que trabaja por su propia cuenta y un ingreso universal ciudadano para los próximos tiempos”, sentenció.

Por otro lado, en relación a la crisis interna que se vive dentro del FdT y de las especulaciones respecto de que el presidente Alberto Fernández podría no llegar a concluir su mandato, Arroyo fue contundente: “En la Argentina no hay crisis institucional. En la Argentina hay un serio problema económico y hay debates dentro del frente de todos acerca de qué políticas hay que encarar. Pero no hay crisis institucional en la Argentina”.

“Hay claramente problemas serios para llegar a fin de mes y un debate sobre cómo encaramos la actividad económica con los 47 millones de argentinos adentro, hay un debate profundo, pero no hay crisis institucional. El modelo que tenemos hoy es un presidente y una coalición de gobierno con distintas miradas”, concluyó el diputado.

El senador nacional Sergio “Oso” Leavy (Frente de Todos – Salta) manifestó que “nadie quiere tener un plan social, pero es lo único que te da estabilidad”. A su vez, depositó su confianza en la ministra de Economía, Silvina Batakis, porque “va a lograr bajar la inflación y los precios de los alimentos”.

En diálogo por la FM 89.9, el salteño analizó: “Cuando terminó el gobierno de Cristina dejaron 250 mil planes porque el índice de desempleo era bajo. Nadie quiere tener un plan, pero es lo único que te da estabilidad”, y recordó que durante la presidencia de Eduardo Duhalde los planes llegaron a 2 millones.

En suma, consideró necesario trabajar “para que los planes tengan un proceso”. “Te dan un plan y podes entrar a trabajar en la actividad privada. Si durante un año ese empleador te mantiene, perdes el plan. Pero si antes del año, por ejemplo, estuviste cosechando seis meses, perdes el trabajo genuino, podes volver al plan. Eso creo que es algo que va a destrabar porque se pierde el plan momentáneamente”, amplió al respecto.

“A los peronistas nos dicen que somos planeros. Yo no conozco ningún intendente, senadores ni diputados que tengan planes”, agregó Leavy. Remarcó que la gestión de los mismos está a cargo de las organizaciones sociales y dijo: “Hoy bajó 7% la desocupación, si a esos planes los empezas a incluir, seguramente vas a tener muchas soluciones”.

En la misma línea, aseguró que “hoy los indicadores macro de la argentina están bien”. “Estamos exportando como nunca y bajando el desempleo, lo que pasa es que tenemos que bajar la inflación, bajar el precio de los alimentos”, subrayó.

Por otro lado, destacó que “el trabajo de (Martín) Guzmán fue muy bueno en acomodar la pandemia que nos dejó (Mauricio) Macri”, y añadió: “Ahora creemos que Batakis va a lograr bajar la inflación, que los precios de los alimentos bajen, que todos los argentinos tengan trabajo digno”.

En relación a la discusión sobre los planes sociales y la iniciativa que impulsa un sector del oficialismo -con visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner-, la diputada nacional Silvia Lospennato opinó que “los planes sociales (aunque los llamen salario) son la forma en que la política pretende esconder su incapacidad para generar empleo”.

“Para generar empleo se necesita estabilidad macroeconómica y confianza”, aseguró y criticó que “este Gobierno es totalmente incapaz de generar ninguna de estas dos condiciones”.

La legisladora del Pro resaltó, en un hilo de Twitter, que “sin trabajo genuino no hay inclusión. Es sólo ‘un como si’ para comprar tiempo”.

“Necesitamos una política social que integre a partir de la producción y el empleo y no sólo desde el consumo. Las transferencias directas de ingresos nunca serán suficientes. La contención no es inclusión confundirlas nos condena a la pobreza”, completó la opositora.

El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de resolución para “traer un poco de luz al recinto acerca de cómo se distribuyen los planes sociales en la Argentina en función de la apertura de investigaciones judiciales sobre el otorgamiento de los mismos y ante la necesidad de la concreción de políticas de generación de empleo genuino”.

Esto se produce a pocos días del “sincericidio” de dirigentes del Polo Obrero que admitieron quedarse con un 2% de lo que reciben en planes sociales los integrantes de esa organización. “Ese aporte involuntario realizado por todos nosotros con el pago de los impuestos debía ser investigado -aseguró Milman-. Y así fue. El fiscal (Guillermo) Marijuan tomó cartas en el asunto y los denunció por amenazas y extorsión. Esta decisión judicial se produce en un momento en que el Gobierno bicéfalo analiza traspasar a municipios y provincias parte de los planes que maneja el Polo Obrero y otras organizaciones piqueteras”.

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal.

El jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur se presentó ante el Senado a principios del mes de junio, pero “no se explayó en nada acerca del rol de los movimientos sociales en la administración de los planes sociales”, explicó Milman. “Es por dicha razón que tomo muchos de los interrogantes que no fueron respondidos de manera explícita para que, en una próxima comparecencia, tenga la oportunidad de informarnos cuál es el rol de estas organizaciones piqueteras, qué cariz quieren otorgarle a los planes al traspasarlos a los municipios y cuándo se implementarán programas capacitación para búsqueda de empleos genuinamente creados por el mercado”, concluyó.

Acompañan el proyecto de Milman sus pares de JxC Laura Rodríguez Machado, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, María Sotolano, Alberto Asseff, Victoria Morales Gorleri, Francisco Monti, Manuel Aguirre, Gabriela Lena, Lidia Ascarate, Gerardo Cipolini, Gabriela Brouwer de Koning, Juan Carlos Polini y Carlos Zapata.

El diputado nacional Rubén Manzi (CC-ARI- Catamarca) abogó por la eliminación de cualquier tipo de intermediario en la administración de los distintos tipos de planes sociales que, con recursos del Estado Nacional, se reparten entre organizaciones sociales.

En tal sentido, afirmó que “los planes sociales en manos de los gobernadores van a terminar fortaleciendo los feudos”, en respuesta a la posición fijada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que días atrás se expresó a favor de quitarles la administración de los planes a las organizaciones sociales para entregárselas a gobernadores e intendentes, postura que también compartió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

“Es real que no podemos seguir permitiendo que los dirigentes de las organizaciones sociales tengan de rehenes a los beneficiarios de los planes sociales, a quienes manipulan y utilizan políticamente”, sostuvo el legislador, quien agregó: “Pero tampoco estoy de acuerdo con que el manejo quede en manos de los jefes comunales o de los gobernadores”.

En tal sentido, detalló que “uno de los problemas graves de la Argentina es la democracia de baja calidad en el interior. Entregar la administración de esos planes a los gobernadores terminaría por acentuar la tendencia a crear feudos, unicatos donde el gobernador termina siendo jefe del gobierno, del partido político, de la Justicia y la legislatura, lo cual es sumamente dañino para la sociedad y para la democracia”.

“En Catamarca, si bien no existe ese nivel de concentración del poder, muchas de las acciones del gobernador Jalil tienen a hegemonizar el poder, desde la concentración económica, a la concentración del manejo político”, afirmó e insistió: “Los planes sociales en manos de los gobernadores van a terminar fortaleciendo los feudos”.

El legislador nacional sostuvo que los planes “son recursos del Gobierno nacional puestos en función de la gente que por alguna circunstancia carece de ingresos regulares, y deben ser cobrados en forma directa, a través de la bancarización y sin intermediarios de ningún tipo”.

También cuestionó que “la concentración de la gran cantidad de personas que hoy dependen de un plan -alrededor de 1,2 millones de personas en todo el país- está generando situaciones graves, donde los cabecillas de estas organizaciones retienen porcentajes de los magros ingresos que representan estos planes”.

“Están concentrando recursos millonarios para financiar sus organizaciones a costa de la pobreza, con lo cual, termina siendo redituable para estas organizaciones que la gente no tenga trabajo, que no pueda progresar, porque mientras más gente se caiga del sistema, más poder acumulan estas organizaciones; es un círculo vicioso macabro al que hay que ponerle un coto”, cuestionó.

Y finalizó que para ellos “el Gobierno tiene que dejar de discutir quién ‘gerencia’ la pobreza y comenzar a pensar alternativas para comenzar a incorporar a toda esa masa de gente al trabajo formal”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) se refirió al debate en torno a los planes sociales y destacó la iniciativa de un Salario Básico Universal: “El 98% de la gente que recibe un plan, trabaja. Quizás lleva adelante los trabajos que no quieren hacer otros. Está mal planteado llamarlo trabajo no genuino”, y ponderó: “Me gusta la iniciativa del Salario Básico Universal, como me gusta todo lo que suba el piso de dignidad de la población”.

En diálogo por la señal DTV, Valdés trazó un recorrido histórico de los movimientos sociales: “La emergencia social de la Argentina, y la crisis de 2001, calaron muy profundo. Las cirujas, en la ciudad en ese entonces pasaron cinco mil a 125 mil. Eran quienes hurgaban en la basura. En ese momento emerge la necesidad de que se organicen, y presentamos la ley para que la policía dejara de reprimir a quienes buscaban en la basura material para recuperar y reciclar. Hay cooperativas que lograron atacar problemas como el paco en lugares donde el Estado no llega”.

Por otro lado, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se explayó sobre la participación argentina en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas: “Fue creado después de la segunda guerra mundial para resolver los enclaves coloniales que tenía el mundo. Quedan 17, de los cuales 11 son del Reino Unido. El comité tiene como misión verificar si hay o no enclave colonial de acuerdo a sus parámetros. Naciones Unidas, en 1965, determinó que Malvinas era colonia, y exhortó al Reino Unido a dialogar con Argentina sobre la soberanía de Malvinas. Todos los años se vuelve a votar por unanimidad la vigencia de aquella resolución”.

Al respecto, destacó la intervención de Alberto Fernández en el G7: “Este gobierno tiene una política activa respecto de la restauración del diálogo, y eso se refleja en que el presidente, ante la primera oportunidad que tiene, le plantea a Boris Johnson la necesidad de trabajar primero que nada sobre la cuestión Malvinas”.

“Vemos al mundo repetir una y otra vez la cultura del descarte, nosotros trabajamos por la vida y por el encuentro en la diferencia. Las voces de Europa a veces suenan ajadas frente a la realidad del mundo que vivimos. Les molestan los migrantes, nosotros los recibimos con los brazos abiertos”, comparó el diputado oficialista y cerró: “Es bueno que el G7 invite al presidente para escuchar una voz distinta y que representa el mundo que ellos van a necesitar: el de los minerales y los alimentos”.

La diputada bonaerense del Frente de Todos Lucía Klug instó a “repensar la relación de las personas con el trabajo”, y respaldó el proyecto de implementación de un salario básico universal porque “hay un vacío que no puede cubrir el Estado ni el mercado”. 

En diálogo con La Mecha por Radio Provincia, la legisladora sostuvo que “el nivel de pobreza y descontento de la gente trabajadora es muy grande, por eso debemos pensar una política de seguridad social para las personas que, aun trabajando (y quienes no tienen trabajo) no pueden llegar a cubrir sus necesidades básicas”. 

Por esto, señaló necesario “repensar la relación de las personas con el trabajo” y “las nuevas formas de trabajo emergente”, como las que genera la economía popular, y consideró que “no es una locura” plantear la implementación del salario básico universal “porque hay un vacío que no puede cubrir el Estado ni el mercado”. 

En tanto, la diputada explicó que “sería un ingreso que transferiría el Estado a través del sistema de ANSES” de $13 mil, a todas las personas que no pueden cubrir las necesidades básicas: “Tenemos que caminar hacia una naturalización de la transferencia de ingresos del Estado porque se subsidian un montón de actividades tanto en el ámbito público como privado, así que estigmatizar a aquellos que reciben una ayuda social del Estado no es el camino”, manifestó.  

Klug aseguró además que el salario básico universal no se superpondría a las diferentes prestaciones que entrega el Estado: “Son cuestiones distintas. En el caso del programa Potenciar Trabajo es una complementación del salario para quienes trabajan en una cooperativa. Quienes sigan trabajando dentro de la economía popular van a seguir cobrando porque es un derecho que se ganaron”.  

Por último, dijo que “dentro del Frente de Todos existe un consenso” para votarlo. “Ojalá se convierta en una realidad. Quiero ver cuántos millones de personas se anotan”, concluyó. 

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, aseguró que hay “una desvergonzada pelea en el oficialismo por la caja de la pobreza -los planes sociales- y el uso de los pobres”.

En un hilo de tuits, el legislador cordobés afirmó que “desde que asumió el kirchnerismo los planes sociales crecieron un 657%: Eran 1,6 millones de planes, ahora son más de 12 millones. Pasaron de representar el 0,1% del PBI al 4,5%. Hoy se pagan dos billones de pesos. Estos números son la demostración patente del fracaso K”.

“Néstor Kirchner les dio los planes a las organizaciones sociales para restarle poder a los barones del conurbano. Cristina quiere dárselos a los intendentes porque las organizaciones ya no le responden. Hay una desvergonzada pelea por la caja de la pobreza y el uso de los pobres”, sostuvo Negri en un segundo tuit.

En tanto, manifestó que “la solución no es sacarles los planes a las organizaciones sociales y dárselos a intendentes y gobernadores” sino que “la solución es un plan de crecimiento que vaya aumentando el empleo”. Por consiguiente, preguntó: “¿Eso va a ser fácil y de un día para el otro? No, pero hay que decirle la verdad a la sociedad”.

En un último tuit, Negri consideró: “Necesitamos un plan que genere crecimiento a partir del sector privado y aumente las exportaciones. Tener una política fiscal y monetaria que pare la inflación. Y transformar la ayuda social en planes de empleo y en seguros de desempleo con vencimiento, no más a perpetuidad”.

La vicejefa del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apuntó este lunes contra el secretario de Relaciones Parlamentarias y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, mientras se refería a la discusión sobre la gestión de los planes sociales.

“Nunca lo vimos por la Cámara (baja), muy pocas veces, y no se ha involucrado jamás en los debates del Parlamento”, criticó la legisladora y lanzó: “No estaría entre los funcionarios que funcionen”.

En diálogo con AM750, la bonaerense opinó sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el plenario de la CTA, el pasado 20 de junio, y consideró: “Yo no creo que hubo un ataque. Cristina, como mujer, planteó el empeoramiento de las mujeres en los barrios”.

Tras recordar que comparte bancada con muchos compañeros que provienen de distintas organizaciones sociales, a los que ve “con la nobleza que laburan todos los días”, Moreau dijo que la cuestión se trata de “discutir qué hacer con los planes, algo que tiene que ver con la discusión sobre redistribución de los ingresos”.

“Los planes tienen que ser un puente al empleo. Sergio Massa lo viene planteando hace tiempo ya”, subrayó la dirigente massista.

Además, advirtió que en los barrios “cuando vos a las mujeres le preguntas de dónde son y quién se lo da al plan, no te dicen cuál es la organización, porque tienen miedo”; y denunció que a algunas de ellas “le sacan una parte todos los meses si no pueden ir a las marchas”. “Es hipócrita no reconocer que ocurre”, expresó.

En ese tramo de la entrevista, la diputada cuestionó que “una organización o dos hicieron política toda la semana (de los dichos de CFK), poniéndose en un lugar personal, cuando nadie los atacó”.

Sobre las diferencias internas del oficialismo, y las versiones de la semana pasada acerca de una posible renuncia de Massa a la presidencia de la Cámara baja, Moreau afirmó que “en ningún momento estuvo en dudas o en riesgo la pertenencia del Frente Renovador al Frente de Todos”.

“Tenemos diferencias que tienen que ver con ideas y no está mal que las discutamos”, opinó y observó que “si no se resuelven”, la oposición “saca ventaja electoral” sobre eso.

Pese a que opinó que “es muy pronto” para hablar de las elecciones de 2023, la vicejefa de la bancada oficialista sostuvo: “Creo que no tenemos que bajar los brazos, porque puede ocurrir que bajando los brazos el macrismo vuelva, y no hay cosa peor para Argentina que vuelva el macrismo”.

Ley de Alquileres

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Legislación General se refirió a los dictámenes sobre reforma de la Ley de Alquileres y planteó que “la principal diferencia que tenemos (con la oposición) pasa por el rol del Estado en la cuestión de la vivienda” y la discusión sobre si “tiene que ser un negocio para algunos o un derecho para todos”.

La massista dijo que “entiende” que algunos propietarios son personas que “laburaron toda su vida y tienen un departamento, o jubilados que lo tienen como una renta extra”, pero rechazó la defensa de los sectores vinculados a “la especulación de las grandes inmobiliarias”.

“El dictamen de Cambiemos es un retroceso, vuelve a un mecanismo donde el poder está de un lado”, resaltó, y aunque admitió que la norma actual tiene “complicaciones” y “no funcionó”, aclaró que “fue sancionada en el marco de una pandemia” y “estuvo suspendida mucho tiempo” hasta que se implementó.

Finalmente, aseguró estar “preocupada porque salga este dictamen”, que plantea la posibilidad de actualizaciones trimestrales, algo que “es dañino para lo económico y social” y responde “a la timba del mercado de alquileres”.

Por José Angel Di Mauro

Una buena noticia entre tantas malas y muy malas: la desocupación se ubicó en el 7% al cierre del primer trimestre de este año: 3,2 puntos menos que en igual período de 2021. Y la tasa de empleo alcanzó el récord del 43,3%, según datos del INDEC. En números concretos, los desocupados suman alrededor de un millón y medio, 700 mil menos que a comienzos del año pasado, cuando -vale recordar- estábamos todavía en pandemia. Pero la ocupación ya supera el nivel de los años anteriores a la pandemia. Hasta aquí la parte llena del vaso.

Ahora la otra, cruda y preocupante: un 80% del incremento del empleo verificado a lo largo del último año correspondió a asalariados informales. Podrá decirse que este dato representa la vuelta al empleo (informal) de aquellos que lo perdieron cuando arrancó la pandemia, pero lo cierto es que la masa de trabajadores que no aportan al sistema jubilatorio es cada vez mayor. Alrededor de 8 millones de personas trabajan en la economía informal: entre un 35 y un 45% del total de esa tasa récord de empleo, según quien lo mida. Una bomba de tiempo. Una más.

La cifra de habitantes de nuestro país que reciben planes sociales asciende a 1.300.000 personas, según destacó Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su extenso discurso en Avellaneda, donde volvió a dejar en claro que no se siente parte de un gobierno que a su juicio ha fracasado, tiene rumbo de colisión y al que no obstante sigue dándole “recomendaciones”. “Hay algo que va a haber que revisar, porque con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, dijo tres días antes de que se conociera ese dato oficialmente. Porque hay que reconocerlo: Cristina está súper informada acerca de esta administración, con datos que recibe de manera continua.

Fue ese tramo de su mensaje en el que reclamó que el Estado nacional recupere “el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Dos días después se mostró junto a un intendente ultra K: el de Pehuajó, Pablo Zurro, de quien dijo que se acercó hasta el Senado para entregarle una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Dijo que también se lo había enviado al ministro de Desarrollo Social de la Nación. Ese proyecto no existe como tal; se limita al compromiso del municipio a pagarles a los beneficiarios un adicional mensual, a cambio de asignarles tareas o capacitaciones. El municipio tiene la potestad de controlar el cumplimiento de las pautas dictadas por ellos mismos. Vino justo para adecuar al discurso vicepresidencial. El objetivo parece claro y es el de liquidar el poder creciente de las organizaciones sociales.

Fiel a su estilo, la vicepresidenta no necesitó decir a quién específicamente se refería. El Movimiento Evita, que maneja buena parte de los planes que reparte el Gobierno nacional, acusó recibo. También el presidente Alberto Fernández, para quien esa poderosa agrupación es una suerte de contrapeso frente a La Cámpora. Puede decirse que el Evita -que administra 130.000 planes Potenciar Trabajo, una caja de unos $2.860 millones mensuales- y la CGT son los dos sostenes reales que le quedan al presidente de la Nación. Sobre todo para evitar que la calle termine de desestabilizarlo.

A la calle le teme la vicepresidenta, que ha visto con recelo lo sucedido en países como Chile, Colombia, Perú y ahora Ecuador, con multitudes soliviantadas. Es la génesis de sus dichos del Día de la Bandera: si las políticas sociales están tercerizadas, no será el Estado el que pueda administrar esos ánimos. Y ya se sabe también que con la izquierda -que maneja miles de planes- no es mucho lo que se puede negociar. Una inquietud compartida con los gremios, inquietos ante el crecimiento de los “autoconvocados”.

Una alternativa para los planes sociales ven en la ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal. Tal es el nombre del proyecto del diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, que presentó el pasado 4 de mayo. Se trata de una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos. En caso de convertirse en ley, el monto a percibir sería igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto informada por el INDEC.

El proyecto cuenta con la adhesión de buena parte del oficialismo; vale decir que no tiene la anuencia general de esa bancada. Sobre todo cuando es rechazada desde Economía, donde se preguntan qué parte no entendió el resto del oficialismo sobre reducir el déficit.

Pero la iniciativa va ganando espacio en el seno del Frente de Todos, sobre todo el alineado con la vicepresidenta. En la provincia de Buenos Aires la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez asimiló las declaraciones de la CFK con el salario básico universal. “Las políticas sociales deben ser de acceso universal y no tienen que estar condicionadas por ninguna organización”, afirmó, remarcando que “es una discusión de presente y de futuro acerca de ir avanzando hacia el salario básico universal y otros programas que nos permitan abordar la complejidad de este momento”. En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien sin ambages dijo que “llegó la hora de debatir el salario universal”, y que es “unánime” entre los intendentes la idea de “la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”.

“Hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el salario universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate”, resumió el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

El salario básico universal puede poner también en apuros a una oposición en estado deliberativo. Porque sería incómodo aparecer oponiéndose a una alternativa de ese tipo si realmente viniera a reemplazar el festival de planes vigente. Máxime cuando se recuerda que fue Elisa Carrió la inspiradora de la AUH. En 1997, quien todavía militaba en el radicalismo impulsó junto a la también diputada nacional Elisa Carca el proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI). Una propuesta que representaba un cambio en los modelos focalizados de asistencia social y se enmarcaba en los regímenes de renta básica universal, en este caso para todos los niños y niñas menores de 18 años, sin focalizar respecto de la situación laboral o socioeconómica de sus familias. Ningún oficialismo se animó a avanzar con esa iniciativa, hasta que en 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó impulsando algo similar a través de un DNU, creando la Asignación Universal por Hijo.

¿Por qué impulsó esa administración semejante iniciativa? Porque la oposición, que acababa de propinarle en las elecciones del 28 de junio de 2009 la primera derrota al kirchnerismo, ya hablaba de reflotar esa propuesta para llevarla al Congreso. Con la nueva composición de ambas cámaras que se constituirían recién en diciembre, podrían imponerla por ley, y hubiera sido muy antipático para el gobierno de CFK vetarla. Por eso la implementó con otro nombre y por decreto, a pesar de contar todavía con mayoría en ambas cámaras: no tuvo que compartir la autoría con nadie.

Algunos se ilusionan con la posibilidad de que el salario básico universal pueda ser para el oficialismo una tabla de salvación similar a la que constituyó la AUH para Cristina hace trece años.

Pero con una inflación ya por arriba del 70%, necesitará mucho más que una buena ley este gobierno para sobreponerse. Sobre todo cuando el pronóstico es muy grave pues el BCRA no ha podido hacerse de dólares en la mejor parte del año para conseguirlo, con una liquidación de cereales récord.

Es que el drenaje sigue siendo intenso, sobre todo en materia de energía. Para el mes en curso se gastaron 2.000 millones de dólares y para julio harán falta 2.400 millones solo en importaciones de energía. En mayo, el drenaje de dólares fue de 7.800 millones: 1.600 en energía y 6.200 en otras importaciones.

La vicepresidenta calificó ese cuadro inquietante como “festival de importaciones”. De eso debe haber hablado en la reunión de más de dos horas que compartió el viernes con el economista Carlos Melconian. Más allá del genuino interés de Cristina de explorar alternativas para sortear la grave crisis económica, esa reunión estuvo destinada a mostrarla precisamente preocupada por buscar alternativas aun en quienes no comparten su pensamiento. Incomodar de paso -y sobre todo- a Martín Guzmán y Alberto Fernández; y mostrarla ajena a esta gestión. Como si no fuera parte del mismo gobierno, mal que le pese a la portavoz Gabriela Cerruti.

El diputado nacional Juan Carlos Alderete (FdT) se refirió a las críticas de Cristina Kirchner sobre la tercerización de los planes sociales y afirmó que fueron “una pena las expresiones de la vicepresidenta de la Nación”, porque “aportan a esa derecha reaccionaria, a esos oligarcas que siempre nos han descalificado”.

En defensa de los movimientos sociales, el líder de la Corriente Clasista y Combativa recordó que las organizaciones “siempre han cumplido un rol tremendamente importante en la sociedad”, donde “el Estado sigue estando ausente en muchos lugares”.

En ese sentido, destacó que trabajan “preocupados no solo por la falta de trabajo, sino sobre las adicciones, la violencia de género, buscando perspectivas de laburo” en los sectores más vulnerables.

Tras mencionar que cuando asumió Néstor Kirchner fue convocado junto a Luis D’ Elía para contar cuáles eran los proyectos que tenían, el legislador oficialista defendió la ayuda social a cambio de trabajo.

En declaraciones a AM530, el dirigente aseguró que “hemos pedido permanentemente al Estado que haga un control” sobre los programas, y “el Gobierno lo está haciendo”. Además, “desde diciembre del año pasado se suspendieron todas las altas y bajas”.

Tras expresarse a favor del salario básico universal, que impulsan desde el sector del Frente Patria Grande, Alderete dijo que “a la vez también tiene que haber proyectos para poder ayudar a ese beneficiario a prepararse” y capacitarse en oficios. En esa línea, consideró que tendrían que firmarse convenios con universidades para la obtención de títulos vinculados a la obra industrial.

“Estamos en contra de que por un programa social no se cumpla la contraparte”, sostuvo y reconoció que hay “una muy mínima cantidad de gente que no quiere trabajar”, pero “la inmensa mayoría sí”, resaltó.

Y ponderó lo realizado desde su organización que “del 2004 al 2015, ha construido 6.200 viviendas en 18 provincias, hemos hecho obras de impacto turístico, y actualmente hemos firmado un convenio directamente con AySA para hacer redes de cloacas de alta impulsión”.

El diputado nacional Emilio Monzó (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley que busca reconvertir las prestaciones del programa nacional Potenciar Trabajo en empleo genuino. Al respecto señaló: “Tenemos que debatir cómo damos trabajo a los argentinos, no quién maneja la caja de los planes”.

La propuesta plantea generar incentivos que fomenten la contratación bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado. La misma contempla una serie de beneficios para aquellas empresas del sector privado que contraten a beneficiarios del Potenciar Trabajo.

En primer lugar, prevé una reducción del 100% de las contribuciones patronales al sistema previsional por un plazo de 24 meses contados desde el inicio de la relación laboral. Asimismo, el Estado aportará el monto del plan social, equivalente a medio salario mínimo vital y móvil, como parte del salario del empleado durante 12 meses. De esta manera, quienes acceden al Potenciar Trabajo podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones del mismo durante dicho período.

En otro orden, el proyecto establece que la autoridad de aplicación de la norma – esto es, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y la AFIP- implemente acciones de capacitación laboral para brindar herramientas que permitan una mejor inserción social y laboral de los beneficiarios del plan, con especial atención en cerrar brechas de género y etarias.

“Hoy la discusión en torno a los planes sociales pasa por quién los maneja, cuando en realidad deberíamos darle a la gente las herramientas para que consiga trabajo genuino y deje de depender de los planes para poder vivir”, sostuvo Monzó

 Y explicó: “La protección social en nuestro país es una de las más importantes de la región y, sin embargo, ha demostrado ser insuficiente para resolver el problema de la pobreza. El Potenciar Trabajo tiene más de 1.200.000 titulares activos, pero, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, apenas el 2 % de esos beneficiarios pudieron acceder al régimen de ingreso protegido al empleo. Necesitamos generar nuevas alternativas para ayudar a los argentinos a salir de la pobreza”, indicó el dirigente bonaerense.

Por último, Monzó puntualizó: “En un país en el que seis de cada 10 chicos son pobres tiene que ser prioridad de todas las fuerzas políticas pensar alternativas para ir reduciendo de forma efectiva la pobreza”.

Proyecto-de-ley-reconversion-de-planes-sociales-1

Nadie puede negar la centralidad de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que con su reaparición pública el lunes pasado marcó agenda de modo tal que no paran las reacciones.

Sobre todo con el tema de los planes sociales, cuestión sobre la cual ya le contestó el propio presidente Alberto Fernández.

Este miércoles mantuvo un encuentro con el intendente ultrakirchnerista de Pehuajó Pablo Zurro que luego se encargó de difundir a través de su cuenta de Twitter. Allí contó que el jefe comunal le acercó una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo. Me contó que también se la envió al ministro de Desarrollo Social de la Nación”, señaló.

Según pudo saberse, el proyecto que Zurro le llevó a la vicepresidenta al Senado contempla que quienes reciban el programa Potencial Trabajo deban trabajar 20 horas semanales en su barrio, a cambio de un plus municipal y de una cobertura médica.

No fue el único tuit de Cristina Kirchner de este miércoles, pues más temprano había vuelto con su presión al presidente Fernández respecto del uso de “la lapicera”. Lo hizo al tuitear una publicación de elDiarioAR, que consideró “ilustrativa” respecto de “los resultados del ‘uso de la lapicera’.

La nota refiere a una empresa “a la que CFK ‘obligó’ a exportar pescado para equilibrar importaciones’ y que ahora anunció su primer envío de trucha a Japón.

La nota refiere a Newsan, líder en importación de electrodomésticos y, a su vez, el principal exportador de pesca del país. Cristina la puso como ejemplo de firmas que en 2011 acataron su exigencia de balancear la salida e ingreso de dólares.

En su tuit de este miércoles, Cristina señaló que de esta manera “se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo. O sea… GOBERNAR, que de eso se trata”, tuiteó. Teléfono para Alberto…

Ilustrativa nota de @elDiarioAR sobre los resultados del “uso de la lapicera”: se generan dólares que demanda la economía y trabajo genuino que necesita el pueblo. O sea… GOBERNAR, que de eso se trata.https://t.co/p4e9GH3moG pic.twitter.com/raFwAIpmp4

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 22, 2022

Uno de los tramos que más reacciones disparó Cristina Kirchner en su discurso del lunes fue sin dudas aquel en el que se refirió a la distribución de planes sociales. Fue sobre el final de su exposición, cuando resaltó la existencia de un 7% de desempleo, advirtiendo que paralelamente “tenemos un millón 300 mil planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, dijo, tras lo cual sostuvo que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y  la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

“A mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo; el peronismo es laburo, es trabajo, el peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, son las que más las basurean en prácticas misóginas machistas”, precisó la vicepresidenta.

Le salieron a contestar muchos desde el propio Frente de Todos, y por supuesto las organizaciones sociales. También el presidente de la Nación. Pero desde el Congreso lo hizo una diputada oficialista, Natalia Zaracho, quien representa a los movimientos sociales y reivindica su procedencia cartonera.

“Cristina se equivoca en lo que dice porque lo que muchos llaman planes nosotros los convertimos en trabajo hace mucho tiempo”, dijo la diputada oficialista que de todas maneras no rompió lanzas con la vicepresidenta, pues aclaró: “Igual la perdonamos porque la queremos y sabemos que ella siempre defiende al pueblo”.

Zaracho señaló que “nosotros planteamos el Salario Básico Universal”, y se manifestó a favor de “la universalización de los planes y que lo maneje el Estado, el SBU es eso, un ingreso mínimo para que a ninguna persona le falte el plato de comida, borrando la indigencia de la Argentina de una vez”.

Luego la diputada aclaró que no se debe confundir “empleo con trabajo”. En ese sentido remarcó que “nosotros trabajamos. Lo que faltan son derechos”.

“El salario social complementario (lo que mal llaman planes) es una base de 18 mil pesos que tenemos. Nadie vive con esa plata, nosotros le sumamos nuestro trabajo para llegar a un sueldo digno”, explicó la diputada que concluyó precisando que “los cartoneros venden lo que reciclan, los textiles lo que cosen, los campesinos el alimento que producen, etc. Eso es la economía popular. Así nos ganamos la vida en un trabajo que nos inventamos para subsistir”.

La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro – Córdoba) junto a sus pares José Núñez (Santa Fe), Gustavo Hein (Entre Ríos) y Pablo Torello (Buenos Aires), presentaron un proyecto de ley “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad” en el que se unifican todos los planes sociales y se condiciona la continuidad de los mismos al cumplimiento de trabajo y capacitaciones; además, establece un plazo máximo de 12 y 24 meses para percibir el beneficio.

“Hay reformas que no pueden esperar más. Claro que el Estado tiene que estar con aquellos que más lo necesitan, pero de ahí a hacer de los planes un modo de vida existe una gran diferencia. Vincular los planes con el trabajo y la educación es el primer paso para que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades”, señaló El Sukaria.

El fin es “promover y posibilitar la inserción laboral de aquellas personas que no se encuentran en el mercado formal del trabajo, mientras perciban una prestación social por parte del estado Nacional”, puntualizó la diputada cordobesa y aclaró: “Mientras el beneficiario trabaje seguirá cobrando el plan social”.

“Las empresas tienen un 100% de bonificación en las contribuciones patronales sobre esos nuevos empleos por dos años”, contó la vicepresidente del Pro cordobés.

“Debemos inculcar el estudio y el esfuerzo como pilares básicos que cualquier sociedad debe tener para desarrollarse. Queremos que vuelva el mérito, todo lo contrario, a lo que predica el gobierno Nacional”, concluyó la referente amarilla.

Por su parte, Núñez expresó: “Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo”.

Junto a un grupo de Diputados presentamos un proyecto para crear un Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad con el objetivo de ir transformando los planes sociales en empleo genuino.

— José Núñez (@josenunezjurado) June 13, 2022

El proyecto:

Según el proyecto -que ingresó este lunes a Diputados- para que los beneficiarios de planes puedan acceder al mercado laboral se conformará un programa de pasantías en distintas empresas inscriptas en un registro, es decir, apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.

En caso de formalizarse el empleo, el Estado continuará pagando el plan por el lapso de un año mientras que el empleador deberá cubrir (durante ese periodo) la diferencia entre lo percibido por el plan y el salario establecido por convenio colectivo.

El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social. El incumplimiento de este punto generará como consecuencia la baja automática del beneficio. Concluida la capacitación, el beneficiario quedará automáticamente inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas que suscriban.

La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este “Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad”.

Junto a los diputados @josenunezjurado, @SoherElSukaria y @Pablo_Torello, presentamos un proyecto de ley en el Congreso para convertir planes sociales en empleo genuino. (Abro hilo) pic.twitter.com/CGuzX1yONA

— Gustavo Hein (@gustavohein_) June 13, 2022

No obstante, la ley aclara que, una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.

Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.

“Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral”, señala el proyecto en su articulado.

La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.

Por otra parte, el proyecto establece que “si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva”.

La propuesta también lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.

En lo que va del año, el centro fue testigo de más de 2.500 piquetes con un único objetivo: reclamarle al Gobierno más planes sociales y alimentos, lo que generó complicaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En este contexto, el diputado nacional Gerardo Milman (Pro) presentó un proyecto de ley para que las organizaciones que realicen piquetes no tengan planes sociales.

“Bajo el gobierno kirchnerista se consolidó una alianza perfecta, por un lado, aumentó la dependencia de las organizaciones respecto de los recursos económicos del estado; por otro, el peronismo en el poder buscó la manera de restituir los lazos con los sectores populares diluidos en la época menemista. Para ello, orientó estratégicamente los planes dando origen a organizaciones de desocupados ‘oficialistas’, como el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita y a organizaciones barriales de pequeñas dimensiones que reproducen la lógica clientelar sobre las clases populares”, expresó Milman en la presentación del proyecto de ley.

Y agregó: “El cobro del plan exige como contraprestación la realización de una tarea de asistir a las marchas y piquetes, ya que esto es una condición que establece el movimiento para recibir el plan”.

Además, el proyecto plantea que “en el caso de sorprender a representantes o representados de estas asociaciones cometiendo un delito deberían retirarle su personería, sobre todo cuando impiden la libre circulación de un ciudadano, derecho garantizado por el Art. 81 de la Constitución Nacional donde indica que ‘Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala’, y tipificado penalmente en el Artículo 194 del Código Penal pena a ‘El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años’”.

“Es importante destacar que el presente proyecto busca defender los derechos de los demás ciudadanos a la libre circulación; y penar que las movilizaciones y manifestaciones callejeras sean utilizadas para actos vandálicos o el cometido de delitos”, aseguró el diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Entre las sanciones que figuran en el documento, se apunta a suprimir la personería jurídica y el embargo de bienes, cuentas bancarias o patrimonio a los fines de indemnización y/o reparación económica, además de la quita del beneficio económico estatal. “En caso de condena contravencional o penal confirmada en segunda instancia, toda registración, personería jurídica y/o administrativa otorgada, subsidio, prestación y/o beneficio económico que perciba, será suprimida”, dice en una parte del artículo 2.

Mientras que en el artículo 3, expone que “los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y patrimonio perteneciente a las asociaciones sociales o responsabilidad solidaria de sus representantes serán embargados a los fines de indemnización y/o reparación económica de los daños ocasionados en el marco de manifestaciones públicas de las que fuera partícipe. Serán denegados cualquier solicitud de beneficio económico estatal de cualquier naturaleza, así como también el pago de los que ya hubieren sido acordados previo a la situación prevista en el artículo primero de la presente ley”.

Con eje en las políticas sociales, y desde el partido de La Matanza, los dirigentes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio conversaron este viernes sobre la situación social y económica del país y emitieron un comunicado en el que opinaron sobre medidas que se deberían tomar en cuanto a empleo, planes sociales y pobreza.

Del encuentro también participaron representantes de las fundaciones de cada uno de los partidos que integran la alianza: Pensar (Pro), Alem (UCR), Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal).

“La pobreza en nuestro país alcanza a 17,2 millones de personas (un 37% de la población), de las cuales 3,8 millones están en situación de indigencia (un 8%), afectando particularmente a más de 5,7 millones de niños y niñas”, apuntaron en el comunicado que dieron a conocer luego de la cumbre.

En ese sentido, advirtieron que “lejos de ser solo una cuestión coyuntural, es una situación persistente en el tiempo. En los últimos 35 tuvimos un 36% de pobreza promedio y nunca estuvimos por debajo del 26%. Hay un núcleo del 30% de la población que vive una situación de pobreza estructural”.

“En Argentina trabajar no implica no ser pobre. Más de 5 millones de ocupados son pobres, lo que representa a 1 de cada 3 trabajadores”, enfatizaron sobre la realidad que atraviesan incluso los asalariados.

Por eso, los dirigentes de la oposición consideraron que “no se puede cambiar esta realidad sin una macroeconomía ordenada y un plan de crecimiento y desarrollo claro, que contemple reformas estructurales que potencien capacidades productivas del sector privado. Pero con eso solo no alcanza”.

En esa línea, fueron más allá y expresaron que “la política social y la política económica deben estar integradas, para que cada una actúe en complemento y potencie a la otra. En esta integralidad y heterogeneidad reside la posibilidad de éxito de la construcción de una matriz de desarrollo nueva, que nuestro país necesita”.

“Para el año 2021, el gasto en servicios sociales representó un 65% del gasto total. Sin embargo, no hay que confundir: el gasto en servicios sociales incluye las prestaciones de educación, salud y seguridad social (asignaciones y jubilaciones), entre otras, y no se trata únicamente de lo destinado a ‘planes y programas sociales'”, aclararon.

Sobre esas cifras, indicaron que “el gasto en promoción y asistencia social representó un 5,2% del gasto total y un 1,2% del PBI. Las principales líneas dentro de esta partida son el programa Potenciar Trabajo al que se destina un 40% del total, y las prestaciones alimentarias a las que se destinan un 37% del mismo”.

“La ejecución de estas líneas presenta hoy dos grandes obstáculos en torno al objetivo de terminar con la pobreza: por un lado la implementación de forma intermediada, particularmente para la línea Potenciar Trabajo y, por otro, la superposición y dispersión de programas y competencias cuando se trata de transferencias alimentarias”, subrayaron.

En el texto, los integrantes de la coalición opositora sostuvieron que “la persistencia del fenómeno de la pobreza evidencia la necesidad de reformas profundas en la política social para cambiar esta realidad”.

En función de ello, propusieron que “el Estado debe volver a tomar la dirección de la política social de manera directa, sin intermediación, terminando el clientelismo político y estando al servicio del desarrollo integral de cada persona”.

“La mejor política social es el trabajo. Necesitamos tanto de una macroeconomía estable, como de herramientas concretas que permitan mejorar la empleabilidad y formalizar el trabajo de los sectores vulnerables , dando lugar a la articulación real entre el sector público y privado”, reclamaron.

También pidieron por una “red de protección social para la igualdad y la libertad” ya que “las políticas sociales en su conjunto deben construir una red de protección social clara y transparente, basada en la autonomía, el desarrollo y la libertad de la persona, con prioridad en la primera infancia”.

“Los programas sociales deben ser efectivos. Los planes sociales deben tener objetivos claros, ser directos, temporales y condicionados de modo que sean concebidos como un puente entre donde estamos y queremos estar”, agregaron.

Finalmente, opinaron que hay que “atacar la pobreza estructural” y para “terminar con esta situación es necesario realizar una inversión en infraestructura y bienes públicos, haciendo foco en primera infancia, educación y salud”.

Mesas programáticas

A principio de año, desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio establecieron una serie de encuentros para debatir temas programáticos de la agenda pública nacional, realizadas con el trabajo mancomunado de las fundaciones de cada uno de los partidos que integran la coalición.
“En cada encuentro se exponen las problemáticas actuales y se debaten soluciones de cara a los planes de gobierno que viene desarrollando Juntos por el Cambio”, destacaron.

La agenda incluye los próximos encuentros de debate: Producción en Río Cuarto, Córdoba (10 de junio); Desarrollo Sostenible en Paraná, Entre Ríos (1ro. de julio); Relaciones Internacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (18 de julio); Energía en Neuquén (29 de julio); y Educación (con lugar y fecha a definir).

El diputado nacional Álvaro González (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe de manera “precisa y detallada” sobre los planes y programas sociales que se asignan en todo el país.

En la iniciativa, solicita que se enumere e identifique los programas, planes y proyectos sociales vigentes indicando “beneficiarios, financiamiento, monto total, criterio y monto de asignación por beneficiario, requisitos de acceso y permanencia, duración del otorgamiento del beneficio, causas y procedimientos de suspensión y extinción del beneficio, mecanismos de verificación de cumplimiento de la normativa”.

Además, pide que informe los organismos del Estado Nacional que son competentes o intervienen en la administración de los programas, planes y proyectos sociales; si en algunos casos, los beneficiarios son organizaciones sociales que luego administran el otorgamiento de la ayuda social por su cuenta.

También, que explique sobre la ejecución del Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales y sobre el grado de actualización del Mapa AccionAR.

Presenté en @DiputadosAR un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional explique sobre los Planes Sociales que se asignan en todo el país. pic.twitter.com/yEqz6W6ey4

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) May 2, 2022

La Coalición Cívica le requiere información a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); al Ministerio de Desarrollo Social de Nación y a la Oficina Anticorrupción, acerca del otorgamiento y el control de los planes sociales.

Los dirigentes presentarán cuatro pedidos de acceso a la información pública a los cuatro organismos, y el bloque de diputados nacionales elaborará un proyecto de resolución, todos con el objetivo de reclamar precisiones acerca de la administración de la política social. “Tenemos que terminar con los funcionarios que están de los dos lados del mostrador, con los que se otorgan planes a ellos mismos”, afirmaron.

Las presentaciones fueron realizadas por el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; la diputada provincial Maricel Etchecoin; el diputado porteño Hernán Reyes; el concejal por La Matanza Héctor Toty Flores y la dirigente Fernanda Reyes, además del proyecto presentado por el bloque de diputados que conduce Juan Manuel López.

En cuanto al plan Potenciar Trabajo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, y teniendo en cuenta que la manera en la que se gestionan los recursos asignados es discrecional y a través de intermediarios, los dirigentes de la CC reclaman que se informe cuántos titulares del programa participan en proyectos según el tipo: socio-laborales, socio-productivos y de capacitación; cuáles son los mecanismos de acceso al programa para las personas físicas, y cuáles para constituirse como Unidad de Gestión No Gubernamental; cuántas y cuáles son las cooperativas y organizaciones sociales constituidas como Unidades de Gestión No Gubernamental, y cuántos titulares asociados hay a cada una de ellas; qué mecanismos de auditoría existen acerca del uso y direccionamiento de los fondos públicos gestionados a través de la intermediación de las Unidades de Gestión No Gubernamental, y qué resultados está teniendo el programa en términos de egreso de quienes hubieran participado en procesos de capacitación o que hubieran ingresado a empleos formales.

Al INAES, que tiene a cargo el registro de las cooperativas y mutuales, el control de cumplimiento de los requisitos formales y de actividad, y la distribución de apoyos financieros (subsidios o préstamos), los dirigentes de la CC le solicitan que indique la cantidad de cooperativas conformadas al solo efecto de percibir planes sociales del programa Potenciar Trabajo, y la distribución territorial de dichas cooperativas. También la cantidad de subsidios y de préstamos otorgados por el INAES a través de su directorio y la fluctuación de ambas operaciones entre 2015 y 2022. Además, se le pide que informe la cantidad de subsidios entregados a las cooperativas de trabajo vinculadas a los planes sociales durante 2020 y 2021, e identifique cada cooperativa que recibió este tipo de apoyos.

Los dirigentes de la CC sospechan que “la cantidad de reportes durante el 2020-2022 ha sido mucho menor que las realizadas durante la gestión anterior. Esto es relevante porque muchas cooperativas y mutuales realizan operaciones financieras por fuera del ámbito regulatorio del BCRA, por lo que el sistema de controles es más bajo. Por lo tanto, se le solicita que indique la cantidad de reportes de operación sospechosa recibió por parte del INAES en el período 2015-2022; la profesionalidad con la que la UIF analiza y sistematiza los reportes de operación sospechosa, identificando aquellos que conlleva un mayor riesgo y aquellos que no. Por eso queremos conocer si utilizan una matriz de riesgo y si tienen mecanismos de inteligencia artificial destinados a facilitar la identificación de reportes que requieren un mayor análisis”.

En ese sentido, apuntaron: “Desde la asunción del nuevo Gobierno que preside Alberto Fernández, funcionarios pertenecientes a organizaciones sociales que nuclean a cooperativas de trabajo creadas a los efectos de percibir planes sociales del Potenciar Trabajo, se encuentran a cargo de organismos estatales destinados al control de las cooperativas, el destino de subsidios y la distribución del Potenciar Trabajo. Esto ha provocado que, en una gran cantidad de casos, funcionarios deriven recursos públicos a sus propias organizaciones políticas y fiscalicen el cumplimiento del destino supuesto de dichos recursos”.

Por lo tanto, la CC le reclama a la OA que brinde información acerca de si los funcionarios que forman parte de las organizaciones sociales han puesto de manifiesto esta situación en sus respectivas declaraciones al momento de asumir sus cargos y si la Oficina Anticorrupción ha iniciado, a pedido de parte o de oficio, investigaciones tendientes a identificar y mitigar los riesgos de estos conflictos de interés.

Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, señaló que “con el tema planes sociales hay que ser muy serios, el oficialismo tiene que dejar de usar a los pobres y la oposición tiene que controlar que no se abuse de ellos y no se robe”.

Por su parte, Ferraro sostuvo que “está claro que los funcionarios que dan subsidios están de ambos lados del mostrador. Otorgan y reciben fondos a través de cooperativas asociadas y amigas. Encima, luego vemos cómo usan a los pobres de manera escandalosa y juegan su interna en el gobierno. El presidente debe tomar urgentes cartas en el asunto. Los funcionarios que presenten conflictos de interés deberían renunciar y elegir de qué lado del mostrador están”.

A su turno, Reyes aseguró que “tenemos que ir al fondo de la cuestión con los planes sociales. Y hay que cortar por el eslabón más fuerte, no por el más débil. El eslabón fuerte son las organizaciones sociales, los funcionarios y los intermediarios que se enriquecen a costa de un sistema perverso. Que rindan cuentas por su actividad como funcionarios y por el sistema perverso que administran”.

En suma, Toty Flores manifestó que “el Gobierno debe rendir cuentas sobre lo que está pasando. La política de planes sociales fracasó y ha sido funcional a dirigentes cobardes que utilizan a los sectores más pobres para conseguir poder y dirimir internas. La salida debe implicar un cambio de lógica y plantear un proceso de recuperación hacia el trabajo”.

Fernanda Reyes, dirigente de la CC sostuvo que “el Gobierno Nacional ha utilizado históricamente los planes sociales como política de control social y deben dar explicaciones. Crearon un sistema que no funciona porque los que quieren salir adelante no pueden, mientras unos pocos se quedan con los recursos de todos. Hay que terminar con la práctica clientelar. Es el primer paso para salir de la pobreza.”.

Por último, Etchecoin planteó que “el gobierno de Alberto Fernández y muchos referentes de organizaciones se tienen que hacer cargo de haber generado, con los planes sociales, un sistema de extorsión y control de personas pobres. Usaron a esas personas que padecen necesidades. Una actitud sumamente violenta. Por eso es urgente cambiar el sistema de planes sociales por una política para la capacitación de empleo”.

El diputado nacional Alberto Asseff del bloque Juntos por el Cambio (JxC) junto a los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas pide información informe sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales.

Asseff recordó los primeros planes sociales que aparecieron en Argentina con las Cajas PAN que se otorgaron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, así como los planes otorgados durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde, que puso en marcha el plan social Jefas y Jefes de Hogar que “buscaba ayudar económicamente a 2 millones de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población”.

Luego el presidente del Partido UNIR evaluó que “existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años. Actualmente existen un total de 141 planes y programas sociales”, y lamentó que “en los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”.

Asseff finaliza explicando que “un plan social es una herramienta de gobierno válida y necesaria para un fin específico. Abordar una situación de vulnerabilidad, y/o dar respuesta a situaciones concretas como educación, créditos, formación cultural, producción, etc. Lamentablemente hoy día la asignación de un plan social es simplemente el otorgamiento de dinero sin nada a cambio; provocando ello mayores gastos, déficit y una rueda sin fin de controversias”.

Un grupo de diputados nacionales del Frente Pro, encabezados por Alberto Asseff, presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe sobre los requisitos y condiciones en los que se asignan los planes sociales.

En la iniciativa recordaron que los primeros planes sociales aparecieron en Argentina con las Cajas PAN que se otorgaban durante el gobierno de Raúl Alfonsín. También, durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde existía el plan social “Jefas y Jefes de Hogar, que buscaba ayudar económicamente a 2 millones de familias en un momento donde la pobreza superaba el 50% de la población”.

“Existen hoy aproximadamente 22 millones de personas que reciben asistencia social en forma de un programa alimentario y por prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo. Esta cifra indica que la cantidad de personas que perciben una ayuda estatal se ha multiplicado por 10 en los últimos 19 años. Actualmente existen un total de 141 planes y programas sociales”, fundamentaron.

A su vez, denunciaron que “en los últimos años, una gran parte de los líderes de los movimientos sociales, a quienes le llegan la mayoría de esos programas sociales, se han adueñado del manejo de los fondos de los mismos y también del otorgamiento y de su distribución”.

“Un plan social es una herramienta de gobierno válida y necesaria para un fin especifico. Abordar una situación de vulnerabilidad, y/o dar respuesta a situaciones concretas como educación, créditos, formación cultural, producción, etc. Lamentablemente hoy día la asignación de un plan social es simplemente el otorgamiento de dinero sin nada a cambio; provocando ello mayores gastos, déficit y una rueda sin fin de controversias”, concluyeron.

Acompañan con su firma los diputados Karina Bachey, Héctor Stefani, Gerardo Milman, Lidia Inés Ascarate, Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez y Germana Figueroa Casas.

Informacion-sobre-planes-sociales

El diputado oficialista Juan Carlos Alderete cuestionó que “el Gobierno -y lo digo siendo parte de él- va en carreta para atender las necesidades más urgentes”, al referirse al acampe de organizaciones sociales la semana pasada en la 9 de Julio, en reclamo de más planes sociales.

En diálogo con AM1110, el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa señaló que “estamos en crisis y tenemos que buscar soluciones que sean políticas de Estado”. Además, advirtió que “si los gobiernos no le dan importancia” a estos reclamos “se equivocan tremendamente”, porque “más temprano que tarde la Argentina puede explotar frente a las necesidades”, ya que “estamos viviendo una crisis que golpea muy duro cuando hablamos de hambre”.

“Es cierto que hay buscar de qué método hacemos visible el reclamo”, admitió, pero argumentó que si la protesta se hace en cualquier plaza “no sale en ningún medio”, mientras que cuando se trata del centro porteño “por lo menos se pone en discusión” el tema.

En la entrevista, el legislador cuestionó la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de pedir que le saquen planes sociales a quienes participen de cortes: “Eso lo que va a causar es mayor bronca. Hay que sentarse en una mesa de negociaciones para buscar soluciones, no para el guitarreo”.

A la vez, planteó que “los programas sociales tendrán que reinventarse” porque “tampoco pueden seguir funcionando como están funcionando”. Pero remarcó que “estamos hablando de gente que no tiene ni siquiera un plan, que va a los comedores a comer, a las distintas organizaciones y religiones que tienen comedores y copas de leche”.

“El propio Gobierno nacional, mi gobierno, tiene la estadística de cuánta gente estaba sin trabajo y no cobraba ningún plan, y largó el IFE: nueve millones”, continuó.

Alderete abogó por resolver la cuestión “solo con política y dialogando”, y no “haciendo declaraciones que no ayudan para nada, porque eso nos llevaría a la lucha de pobres contra pobres”.

Por otra parte, criticó: “Lo que dijo el ministro (Juan) Zabaleta tampoco ayuda para nada, con el término ‘extorsión’. A mí me tratan de extorsionador, es como que soy un delincuente. ¿Cómo me va a tratar de delincuente?”.

“Los piquetes vienen de principio de siglo, han sido invitados por los anarquistas en Europa, el movimiento obrero lo adoptó acá como uno de los tantos métodos de lucha”, recordó y subrayó que “parecería que algunas veces cortan la calle o una avenida, o una ruta, otro sector más acomodado que el que no tiene nada, y eso sí es un reclamo”.

Los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Martín Berhongaray presentaron dos proyectos de ley que buscan sancionar a quienes sean beneficiarios de planes sociales y ataquen edificios públicos. Una medida de este tipo fue la que tomó el propio Gobierno nacional contra uno de los acusados de atacar el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner la semana pasada.

El texto del proyecto plantea que se excluya “del pago de beneficios sociales, subsidios, y planes sociales a todo aquel que participe individual o colectivamente en el ataque al mobiliario público nacional según lo dispuesto en el artículo 184, inciso 5, del Código Penal de la Nación”.

Asimismo, indica que deberán propiciarse “la realización de tareas de trabajo voluntario en concepto de reparación de los daños causados a quien se encuentren excluidos de los beneficios”.

Pero va más allá al establecer que se sancione “a los representantes de organizaciones, jefes de organizaciones políticas y todo aquel que coordine, promueva, incite u organice ataques colectivos contra el mobiliario público con multa de dos veces el valor de los daños materiales”.

También, los diputados de Juntos por el Cambio piden que se “aplique ‘Protocolo de Manifestaciones Públicas’ dispuesto por el Ministerio de Seguridad en el año 2016 (bajo la conducción en ese momento de Patricia Bullrich) en todo el territorio nacional”.

La otra iniciativa busca incorporar un párrafo al artículo 211 del Código Penal, incluido en el capítulo de delitos contra el orden público, de modo de establecer que podrá ser sancionado con penas que van desde los 2 a los 10 años de prisión, aquel que “en el transcurso de una manifestación pública, utilizare elementos aptos para ocultar su identidad, y llevare o tuviere consigo objetos capaces para producir daño a las personas o a las cosas, en particular mediante golpes, cortaduras o fuego”.

Al respecto, Berhongaray sostuvo que “la experiencia cotidiana brinda ejemplos permanentes de situaciones en las cuales, bajo el pretexto de manifestar su opinión, o de reclamar un derecho o una prestación, se producen actos de violencia ajenos a la libre expresión del pensamiento, con el resultado de daños a las personas o a las cosas”.

“Lo ocurrido con ocasión del debate sobre el financiamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, donde un grupo muy reducido de personas -con violencia y ocultando su identidad- atentaron mediante medios incendiarios contra personal policial, con resultado de graves lesiones, y dirigieron una pedreada contra el edificio del Congreso de la Nación, es buena muestra de lo expresado”, agregó el pampeano.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a los planes sociales durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y adelantó que avanzarán en “convertirlos en empleo formal”. También, afirmó que enviarán al recinto del Parlamento el proyecto de ley de Empleo Joven para “facilitar la inserción laboral de los jóvenes” porque “están entre los sectores más afectados por la pandemia”.

“Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas”, aseguró el jefe de Estado en un tramo de su discurso.

En ese sentido, señaló que “el crecimiento genera empleo y esas tareas requieren cada vez más de saberes y conocimientos”, por lo que “vamos a potenciar la capacitación a través del Programa Fomentar, que desplegará capacitación presencial y virtual para la inserción laboral. En 2022 llegaremos a 350 mil personas”.

En tanto, adelantó: “Para facilitar la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo enviaré al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Empleo Joven” porque “sabemos que los jóvenes están entre los sectores más afectados por la pandemia. Por eso lanzamos varias iniciativas para ayudar a que se sobrepongan”.

“Con el Programa Potenciar Inclusión Joven generamos capacitación para casi 50 mil jóvenes junto a una beca de estímulo económico. En 2021 hemos otorgado más de un millón de becas Progresar. Con el curso Argentina Programa hemos formado a miles de personas en el pensamiento computacional”, destacó Fernández.

El diputado nacional y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto para que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, informe sobre las políticas para eliminar gradualmente el empleo informal, regularizar el sistema laboral, dar oportunidades al empleo de jóvenes “configurando una fuga de cerebros y emprendedores quizás la peor de nuestra historia”, para gradualmente “transformar la asistencia social en trabajo formal”.

Al respecto, Asseff solicita un programa fiscal para favorecer a los trabajadores no asalariados y cuentapropistas, así como también incentivos fiscales para los empleadores afectados por la pandemia “junto a lo cual deben presentarse propuestas a los gremios y sindicatos para regularizar la situación de los trabajadores informales”.

Por último, el titular del Partido UNIR pide al Gobierno programas para generar empleo durante el año 2022, de modo que se realicen propuestas concretas se establecerán para el trabajador registrado, pero que continua por debajo de los índices de pobreza.

Como parte integral de la propuesta del legislador del Pro, se contempla la incesante migración de jóvenes argentinos -conocida como fuga de cerebros-, por lo que exige políticas para generar incentivos a jóvenes profesionales y emprendedores y argumenta que “el Gobierno debe convocar a las cámaras de empresarios de las actividades económicas más relevantes del país”.

Entre los fundamentos, el diputado que integra la coalición de JxC manifestó: “El trabajo de los asalariados no registrados se incrementó 18,9% en el tercer trimestre de 2021 y el de los cuentapropistas, 11,1%, mientras que el de los formales lo hizo solo 2,4%. El informe ‘Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra’, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el que se dice que el empleo total creció en el tercer trimestre de 2021, respecto de igual período de 2020, un 8%. Pero si se observa solo el empleo asalariado, que creció 7%, se verá que de esa masa el de los no registrados aumentó 18,9%, mientras que el de los registrados lo hizo solo 2,4%”.

“Asimismo, el organismo estadístico destacó que, en el caso de los trabajadores no asalariados, es decir aquellos que trabajan por cuenta propia (Monotributistas y otros), se incrementó en el tercer trimestre de 2021 un 11,1%, comparado con igual período del año anterior”, agrega el texto.

Por otro lado, precisa: “Este proyecto abarca la relación ‘planes sociales’ y generación de trabajo genuino, para ello se debe comprender la situación que atraviesa el país en lo que respecta al empleo y los planes y programas sociales”.

“Argentina necesita respuestas superadoras a los problemas actuales, dar confianza al sector privado, herramientas para que puedan producir y generar las condiciones necesarias para que el desempleo que hoy es un plan y programa social se convierta en un empleo digno y con crecimiento como así también, la informalidad se pueda regularizar”, concluye.

Acompañan con su firma la iniciativa los diputados Héctor Stefani, Gerardo Milman, Adriana Ruarte, Gustavo Hein, Karina Bachey, Claudio, Poggi, Gabriel Chumpitaz, Francisco Sánchez, Gerardo, Cipolini, Aníbal Tortoriello, Virginia Cornejo y Alfredo Schiavoni.

Asseff-proyecto

El candidato a diputado nacional Javier Milei por la Libertad Avanza por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló sobre su programa de medidas y dejó en claro las diferencias con José Luis Espert. Respecto a la asignación universal por hijo aseguró: “No estoy de acuerdo con reducirla”, y remarcó que “las personas beneficiarias de planes sociales son víctimas del sistema”.

En declaraciones por la FM 107.5, Milei señaló: “La estructura y el armado que tiene José Luis no es la misma que tenemos en capital, por eso no hacemos campaña juntos porque tenemos elementos de lo que tiene que ver con la construcción que no son los mismos, no en todas las cosas estamos de acuerdo”.

Respecto al arancelamiento universitario aclaró que esta de acuerdo con “un sistema de bauchers. La sociedad considera que todos deben tener educación, entonces hay un sistema por el que se recaudan esos fondos”, y explicó que “todas las instituciones, tanto privadas como estatales, son aranceladas y vos con tu baucher podes asistir a la que quieras y no estar condenado a elegir un tipo particular de institución”.

“Es una forma de implementar un sistema de competencia entre instituciones porque mejoraría el servicio”, agregó el candidato porteño y ejemplificó que “este sistema funciona en Suecia. Esos fondos no los dilapidas porque muchas veces sostener estructuras y la gente no estudia, también podes tener sistemas de becas como en Rusia”.

Por otro lado, sobre la asignación universal por hijo manifestó: “No estoy de acuerdo en reducirla, porque quién soy yo para meterme en las decisiones de los individuos para reproducirse, quién soy para determinar el tamaño de la familia, no estoy de acuerdo”.

“Tengo otras posturas respecto a lo que son programas sociales. Para mis las personas que son beneficiarias de planes sociales son víctimas del sistema y la revisión de los mismos debería ser la segunda generación de reformas con una economía robusta y una vez que estas en ese contexto los programas van a ser abandonados por las personas”, manifestó Milei.

Por último, sobre meter preso a los sindicalistas que hacen huelga sostuvo que “la huelga es un derecho consagrado en la Constitución”, y concluyó que “hay que comprender que hay distintos tipos de familias liberales y tenemos diferentes posturas respecto a algunas cosas”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, asegurpo que “transformar los planes sociales en empleo genuino es darle dignidad a nuestra gente”, durante un acto para la firma de convenios de obras de transporte ferroviario en La Matanza, junto al intendente peronista Fernando Espinoza.

“Creemos en una patria para todos, en una Argentina que incluya”, expresó. Por la tarde, participó junto al ministro Alexis Guerrera y a la ministra de Gobierno de PBA, Cristina Álvarez Rodríguez, del anuncio de obras de infraestructura para el Puerto de San Pedro.

Durante el encuentro, Massa remarcó: “Con inversión y trabajo, la Argentina se vuelve a poner de pie”. Y añadió: “Es un día importante porque cuando abrimos el boletín oficial vimos que otro compromiso que asumimos en 2019, que había quedado postergado por el daño de la pandemia, se cumplió. Sí, hoy se firmó el decreto que permite transformar los planes sociales en trabajo genuino, con capacitación laboral”.

“En 2015, Argentina tenía 140 mil planes, pero en el 2002 teníamos casi 2 millones de planes jefas y jefes de hogar. Salimos de esa crisis transformando planes sociales en trabajo. Pero en el 2019, después de un gobierno que transformó el trabajo en planes, terminamos con más de 800 mil planes sociales en la Argentina. Y vino la pandemia y tuvimos que seguir asistiendo. Todos estamos convencidos que no hay nada más digno que permitirle a un trabajador tener empleo, con obra social, con aporte jubilatorio, con el seguro de ART, y por eso transformar planes en empleo es darle dignidad a nuestra gente”, agregó.

Massa también insistió en la idea de construir acuerdos entre todos los partidos para definir políticas de estado, y afirmó: “El 15 de noviembre, la Argentina sigue. Aquellos que pensamos distinto, aquellos que tenemos distintas propuestas de caminos para construir este país, nos tenemos que sentar a la mesa a darle certezas a los argentinos. Tenemos que construir acuerdos alrededor de algunas políticas de estado: la educación, la ciencia y tecnología, el cuidado de nuestros jubilados, la transformación de los planes en empleo, son temas centrales, que requieren de un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que requieren soltar la miseria de la disputa electoral y pensar por una vez en el país, en nuestra patria”.

“Quiero decirle a la oposición que sí, que aunque sigan atacándonos, los vamos a seguir convocando, porque creemos en un patria para todos, en una Argentina que incluya y porque entendemos, como entiende nuestro Presidente, que el futuro de los argentinos es de todos y no de un grupo chiquitito que pretender usar la política y el poder en beneficio propio”, agregó.

Los funcionarios visitaron la Estación Laferrere, los túneles bajo a nivel cercanos y las obras de peatonalización y reordenamiento urbano del centro comercial de la zona.

Para Espinoza, “es un día tan importante, que se recordará como el día de la revolución en las obras del transporte ferroviario del distrito”, destacó Fernando Espinoza, quien además resaltó que entre las obras que se realizarán como parte del convenio firmado “estamos construyendo tres túneles bajo nivel y dos puentes aéreos sobre la estación de Ramos Mejía”.

“Se invirtió 10 mil millones de pesos en túneles bajo nivel en Laferrere, González Catán y San Justo. Y en la construcción de un parque a la vera del ferrocarril Roca, que beneficiará a vecinos de San Justo, Villa Luzuriaga y Ramos Mejía”, explicó el intendente al detallar los trabajos que ya están en marcha en conjunto con el Ministerio de Transporte y Vialidad de la Nación.

“Estas obras generan miles de puestos de trabajo de forma inmediata y cambian para siempre la realidad de la mitad de La Matanza porque también pudimos hacer realidad la obra de la planta de red cloacal para 600.000 vecinos del distrito. Una obra mega millonaria en la que ya avanzamos con la primera de las ocho etapas”, enfatizó el jefe comunal y remarcó: “Estamos poniendo en marcha el motor de la economía y generando una revolución en obra pública”.

También estuvieron en el encuentro el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el diputado nacional Juan Carlos Alderete y el gerente del Ferrocarril Belgrano Sur, Daniel Novoa.

Por la tarde, el titular de la Cámara de Diputados participó junto con el ministro Guerrera, la ministra de Gobierno de PBA, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente Cecilio Salazar, de los anuncios por obras para la reparación de los sitios de atraque del Puerto de San Pedro.

Además, acompañaron el jefe comunal de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli, las candidatas a diputadas nacionales Micaela Morán y Agustina Propato, el subsecretario de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires, Juan Cruz Lucero, entre otros.

El Poder Ejecutivo oficializó este martes el decreto 711/21, sobre programas de formación, empleo e intermediación laboral, que tiene el objetivo de que los beneficiarios de planes sociales pasen a tener un empleo registrado.

La medida lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Según establece la norma, las carteras de Desarrollo Social y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social “efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

“En todos los casos, la aplicación del programa específico estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: a) incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y b) límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados”, indica.

Además, señala que “la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada”.

“El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios”, agrega y aclara que “en los casos de pluriempleo deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”.

El decreto define que los Ministerios competentes tendrán que “elaborar un cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”.

También contempla la reducción de contribuciones patronales para los empleadores y establece que “producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral”.

“En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, las trabajadoras y los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo”, completa.

El presidente Alberto Fernández firmó el Decreto Nro. 711-2021 para convertir planes sociales en empleo registrado para todas las personas que se encuentran percibiendo algún tipo de asistencia.

El decreto indica a los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo que conviertan sus planes sociales vinculados al desempleo, trabajo precario y formación en programas de inserción al mercado laboral formal.

La conversión se llevará adelante mediante la reducción de entre 90 y un 95 por ciento de las contribuciones patronales a los empleadores y empleadoras que contraten personas que se encuentren cobrando algún plan social.

La promoción será del 95 por ciento si la contratación se realiza a mujeres y personas trans; y de un 90 por ciento cuando se trate de generar empleos para varones. El beneficio se aplicará durante los primeros 12 meses de contratación.

La prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En casos particulares, puede determinarse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada.

Para proteger el empleo existente, el régimen solo es aplicable a las nuevas incorporaciones que realicen las empresas y que resulten en una ampliación de la planta total de trabajadores.

El Gobierno presentó el programa “Un Puente al Empleo” con el objetivo de convertir los planes asistenciales en empleos decentes. Se anuncia como una exención del 100% de las contribuciones patronales por 2 años más la posibilidad de tomar por 1 año el monto del plan como parte del salario. En el texto del proyecto se especifica que el descuento es solo sobre las contribuciones patronales al SIPA –no incluye asignaciones familiares, desempleo, obra social, ART y cargas sindicales– y está topeado en 2 salarios mínimos. Además, tiene que implicar aumento de planta, no se puede tener empleados no registrados (por eso la ley contempla un blanqueo laboral) y hay que estar al día con el pago de las cargas sociales.

IDESA publicó este fin de semana un informe en el que recuerda que el antecedente más reciente de este programa es el plan “Empalme” propuesto en el año 2017 por el Gobierno de Cambiemos. Los objetivos y el diseño son parecidos. La diferencia principal es que permitía tomar como parte del salario 2 años de plan, pero en sentido contrario no contemplaba exenciones sobre contribuciones patronales. “Esta iniciativa del gobierno de Mauricio Macri fue un rotundo fracaso”, afirma la nota.

¿“Un Puente al Empleo” podrá lograr mejores resultados? Suponiendo un empleador que toma un beneficiario de plan asistencial por 2 años (lo que dura la exención) a un sueldo de 2 salarios mínimos ($64.000). Su situación sería la siguiente, expresa IDESA:

• El trabajador le genera un costo laboral total en concepto de salarios, cargas sociales e indemnización por despido de $2,8 millones a precios actuales.
• El beneficio del “Un Puente al Empleo” de 1 año de subsidio al salario (con el plan) y la exención de contribuciones por 2 años ascendería a $360 mil a precios actuales.
• Esto implica que el incentivo para el empleador que contrate un beneficiario de plan asistencial sería un ahorro del 13% del costo laboral total.

Estos datos muestran que tomar un beneficiario de plan asistencial reduce un 13% el costo laboral. Este cálculo sólo computa el costo monetario directo de la relación laboral. El estudio alerta que faltan considerar los costos de aprendizaje, adaptación al entorno de trabajo, tramites burocráticos y eventuales conflictos o demandas judiciales. Dado que los beneficiarios de planes asistenciales tienen bajos niveles de educación y carecen de experiencia laboral relevante, es altamente probable que el programa del gobierno fracase como el “Empalme” de Macri.

El informe de IDESA sostiene que “el programa, además de voluntarista, usa una frase sensible (convertir los planes en empleos) para seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras”. En ese sentido se indica que el artículo 5° del proyecto de ley se establece que para utilizar 1 año de plan como parte del salario el beneficiario tiene que participar en cursos de capacitación y formación suministrados por estas organizaciones. Por eso se advierte que “este es el método tradicional que se utiliza para transferir recursos públicos a las organizaciones piqueteras. El artilugio para desviar fondos públicos hacia las organizaciones piqueteras pasa por alto que, como lo demuestran las mejores prácticas internacionales, el ámbito más pertinente para el entrenamiento orientado al trabajo es la empresa, no una organización piquetera”.

Recuerda la nota que hace 30 años que se viene intentando dinamizar el empleo registrado ofreciendo reducciones transitorias en los costos laborales no salariales. Desde las “modalidades promovidas de contratación” previstas en la Ley Nacional de Empleo de 1991 cambian las denominaciones, pero no la sustancia ni los previsibles fracasos. La razón es que, con inestabilidad macroeconómica e instituciones laborales muy distorsivas, una reducción transitoria de costos laborales resulta un incentivo irrelevante para los empleadores, especialmente cuando se trata de personas con bajos niveles de calificación.

IDESA concluye señalando que “las evidencias acumuladas en 3 décadas no dan margen para esperar que este tipo de programa logre convertir planes en empleos. Al contrario, su ‘éxito’ estará en seguir transfiriendo recursos públicos a las organizaciones piqueteras. Por eso, es fundamental que en el debate parlamentario se transparenten los objetivos. El proyecto es eficaz para seguir usando a los pobres en beneficio de las organizaciones piqueteras. Pero si la meta es reducir la pobreza hay que modernizar las instituciones laborales para disminuir los costos no salariales y los riesgos de contratar un trabajador”.

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo aseguró que “la mayoría de los beneficiarios de los planes sociales trabajan por cuenta propia en oficios”, al referirse al proyecto del oficialismo para convertir los planes sociales en empleo genuino, y que se presentará este jueves con impulso del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

“Este proyecto básicamente está orientado a quién tiene un plan social. Queremos que pueda tomarse un tiempo para convertir el apoyo del Estado en un actividad laboral. Es importante capacitar a estas personas porque la mayoría trabaja por cuenta propia en otros oficios”, señaló el exministro de Desarrollo Social.

En declaraciones radiales, el oficialista indicó que “en términos generales, las personas en situación de pobreza trabajan en cinco o seis sectores productivos que son la construcción, la actividad textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas, y el reciclado”.

“En esos cinco sectores productivos está la mano de obra intensiva en términos generales y a lo que se apunta es a ir generando un puente de acompañamiento”, explicó y resaltó que “otra modalidad es la prestación de herramientas y la capacitación” porque “la mayoría de los que tienen planes sociales trabajan por su propia cuenta en oficios y es importante poder capacitarlos”.

Por otra parte, en referencia a la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, Arroyo dijo que la idea del Frente de Todos es llevar a cabo “una campaña más territorial y escuchar a la gente” y, en alusión a los problemas económicos, admitió que “el tema de los alimentos es algo central por la inflación”.

“En la Argentina el problema del hambre es muy importante, pero saber qué se está comiendo también. Por ello, la ley de etiquetado (frontal) de alimentos es fundamental”, apuntó sobre el proyecto que no se pudo tratar en la sesión que no tuvo quórum esta semana.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este miércoles que enviará al Congreso un proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción. Además, el titular del bloque Frente de Todos escribió en su cuenta de Twitter que con esta iniciativa se “construirá un puente hacia el trabajo para los argentinos”.

“Mañana ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, anunció Massa en la red social del pajarito.

El programa ‘A construir’ que impulsa el Gobierno tiene como meta “el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados”, con prioridad para “beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo”.

Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas.#ArgentinaUnida♥️🇦🇷 pic.twitter.com/mppogzDeKX

— Sergio Massa (@SergioMassa) October 6, 2021

El presidente Alberto Fernández se había referido concretamente del problema del desempleo y los subsidios en el cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en donde participó y reconoció: “A nosotros no nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado”.

En este sentido, el mandatario expresó que la apuesta del Gobierno pasaba por “ver cómo convertimos planes sociales en empleo” para “devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo”.

“Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo”, aclaró. De esta manera, el subsidio que reciben los beneficiarios de planes sociales pasaría a convertirse en una porción del salario en la industria de la construcción, con una etapa previa de capacitación.

El primer paso fue dado en agosto pasado con los trabajadores rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones. A ese inicio le siguió el programa ‘Construir Trabajo e Igualdad’, anunciado por el Gobierno y que, en los hechos, implica la transformación de planes sociales en trabajo en el sector de la construcción.

En este sentido, el Poder Ejecutivo tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la creación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.

La senadora nacional y candidata a renovar su banca María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) resaltó que “los planes sociales son la consecuencia de esos modelos económicos de quienes hoy piden quitar las indemnizaciones por despido expulsando a los trabajadores del mercado laboral”, en alusión a proyectos presentados por legisladores de Juntos por el Cambio.

Durante un acto de inauguración de obras de renovación en la plaza Manuel Belgrano en la localidad de Villa Mugueta, en el departamento San Lorenzo, la santafesina sostuvo: “El general Manuel Belgrano, cuyo nombre lleva esta plaza, nos legó además de la bandera el amor por la patria y también el arraigo, la generación de empleo y la industrialización de la ruralidad”.

“Belgrano abrazaba las ideas de que nuestro país no fuera solo agroexportador, sino también sostenía la necesidad de industrializar todo lo que se produce en el campo generando agregado de valor y trabajo argentino para constituirnos en un polo de desarrollo mundial”, agregó.

En esa línea, la legisladora kirchnerista expresó que “por eso creemos firmemente en que la mejor manera de generar empleo es llevando adelante un modelo de desarrollo con justicia social. En un país que sólo exporta granos caben nada más que 15 millones de argentinos y argentinas”.

También, manifestó su deseo de que “las cooperativas y la economía popular tengan también un lugar en esta reconversión de los planes sociales en empleo y así destruir ese viejo paradigma que quieren instalar que nosotros tenemos como política de Estado los planes sociales”.

Durante el acto, la senadora estuvo acompañada por la presidenta comunal, María Laura Mozzi, el párroco Sebastián Combi y autoridades de instituciones educativas y civiles y en un marco de una gran concurrencia de vecinos.

La senadora nacional por Santa Fe María de los Angeles Sacnun, candidata a renovar su banca por el Frente de Todos, presentó el proyecto ley “Programa integral más y mejor trabajo argentino” para convertir los planes sociales que reciben los desocupados y desocupadas en trabajo, potenciando el empleo, incrementando la productividad y el desarrollo económico.

Con ese programa, dijo Sacnun, “vamos a contribuir al sostenimiento y promoción del empleo genuino, impulsar beneficios para las MiPyMEs, cooperativas y actores de la economías popular, favorecer la reinserción en el mercado laboral de trabajadores desocupados y subocupados, afianzar los derechos laborales y la capacitación y formación de los mismos”.

El proyecto de ley contempla el fortalecimiento del empleo, brindando apoyo económico a los trabajadores. “Nuestra idea -sostuvo Sacnun- es promover nuevos puestos laborales incentivando la contratación de trabajadores que reciben programas sociales. Y el empleador deberá pagar al trabajador el salario en su totalidad junto con las cargas sociales y aportes patronales, de acuerdo al convenio colectivo de trabajo que rija la actividad. En tanto el Estado Nacional, a través de los órganos de aplicación, procederá al aporte del monto total de cada programa social al empleador de la totalidad de trabajadores registrados de manera directa y automática”.

Beneficiarios

Los sujetos beneficiados que se inserten en el mercado laboral por medio del Programa serán los trabajadores y trabajadoras:

a) Que perciban programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo y/o los que en el futuro los modifiquen o reemplacen;

b) Que perciban el Programa Progresar, Potenciar o programas implementados por el Ministerio de Desarrollo Social sobre la materia;

c) Egresados de Cursos de Formación Profesional promovidos por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social,
d) Que estén inscriptos en el marco de ferias de empleo;

e) Que hayan participado de un proyecto de Entrenamiento para el Trabajo.

Por último la senadora Sacnun señaló que “con ese programa vamos a priorizar el arraigo de las poblaciones, la perspectiva de género y diversidades con una mirada federal del territorio nacional y un especial tratamiento de las juventudes”.

La senadora nacional y presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Pymes, Nora Giménez, mantuvo un encuentro con el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, en donde analizaron los avances de la implementación del Decreto 514/2021 que entró este miércoles en vigencia y aseguraron que “otros sectores ya nos están pidiendo se extienda la medida”.

“Por impulso de la entidad junto a la senadora se logró dar respuesta a una problemática, favoreciendo tanto a trabajadores rurales beneficiarios de planes sociales como a productores agrícolas, que no conseguían mano de obra para labores culturales como cosecha, poda, raleo y carpida, entre otras”, expresaron.

Por su parte, Giménez resaltó que “sin trabajo no hay producción y sin producción no hay trabajo”, y agregó que “la pandemia desnudó problemas estructurales de las economías regionales y debíamos darle una respuesta urgente”.

En tanto González señaló “ese producto que se llama gestión sólo funciona si interactuamos el sector público y privado”, y, en ese sentido, remarcó la necesidad de “trabajar junto a UATRE y los coordinadores regionales del Ministerio de Trabajo de la Nación para darle difusión a los beneficios, con el fin de alcanzar una implementación de manera eficaz”.

Por otro lado, Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME, comentó que están “monitoreando que ANSES y AFIP adecúen sus sistemas informáticos para evitar inconvenientes en la compatibilización al efectuar las altas y/o bajas de empleados”, y aseguró que “es fundamental armar una campaña para que el trabajador golondrina, que es el más vulnerable, se entere de este beneficio”.

Por último, la senadora del Frente de Todos invitó a la entidad a trabajar en una nueva ley Pyme participativa porque “hace falta un instrumento legislativo actualizado que pueda dar respuesta a los problemas de este momento”.

La diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que “viene a solucionar un grave problema que es una injusticia social”, ya que declara que no existe incompatibilidad entre los beneficios sociales que paga el Estado con los trabajos en relación de dependencia o autónomos y busca “alentar la conversión de los planes sociales”, debido a que es “una etapa de transición desde el beneficio hacia el empleo genuino”.

En el texto del proyecto se establece que “la prestación de todo tipo de beneficio social del Estado, ya sea monetaria o no monetaria, asignaciones por hijo y planes de empleo, y toda otra prestación semejante, otorgadas por el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, no son incompatibles con ninguna forma de empleo, ya sea el mismo prestado en relación de dependencia, como trabajador autónomo, monotributista o trabajador eventual”.

En ese sentido, Lena subrayó que “quienes pueden acceder a un empleo luego de estar desocupado se encuentran con la traba que impide que un beneficiario de prestaciones sociales estatales pueda trabajar en blanco sin perder ese beneficio”, por lo que “en muchos casos se constituye en un incentivo a no buscar trabajo o no ingresar en el mundo del empleo porque es más inestable desde el punto de vista del mediano y el largo plazo que el beneficio social”.

“Esto se agrava en zonas de economías regionales donde quienes trabajan lo hacen generalmente de forma temporaria o en las zafras y cosechas, por lo que de ninguna manera le conviene dejar el plan por una temporada que puede durar dos o tres meses máximos”, explicó la diputada opositora y señaló que “en esos casos, muchas veces se acude a la peor solución que es incorporar a esos trabajadores de manera informal, sin seguros, sin aportes y sin cobertura social”.

Por último, la legisladora entrerriana destacó que “este proyecto de ley viene a solucionar un grave problema que es una injusticia social”, porque “es un modelo que está en crisis y que viene siendo cuestionado por las organizaciones sociales. Es una transición desde el beneficio y la asistencia del Estado a un empleo y trabajo digno”.

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR- provincia de Chaco), impulsó un proyecto de ley para la “reconversión de los planes sociales hacia el trabajo genuino en el sector privado”, lo que permitirá “el saneamiento de las cuentas públicas, dará promoción a las Pymes y al crecimiento de la actividad económica”, el cual ya tomó estado parlamentario y cuenta con el acompañamiento de 16 senadores de todo el país.

El legislador radical explicó que se busca “un marco legal de promoción e inserción laboral de beneficiarios de programas y planes sociales”, mediante la “articulación, coordinación, continuidad y fiscalización de esas ayudas económicas y los estímulos ofrecidos a los empleadores”, no obstante, el proyecto propone que “quienes se incorporen como nuevos empleados en los términos y condiciones de esta ley, durante un plazo de hasta treinta y seis (36) meses contado desde el inicio de la relación laboral, continuarán percibiendo dichos planes y/o programas nacionales”.

Para lograr ese propósito, se establecerán “pautas de regulación, ampliando la población objetivo, teniendo en cuenta la estructura empresarial de la Nación, con especial atención en las MiPymes. Además, cuenta con un esquema de capacitación e incentivos fiscales”.

“Sabemos que los anhelos individuales de los argentinos respecto al empleo encuentran obstáculos históricos difíciles de sortear, agravado a causa de la pandemia”, sostuvo Zimmermann y ratificó que “en este marco es importante la presencia del Estado como articulador fundamental para posibilitar el acceso de los sectores sociales afectados por el desempleo”.

En suma, el senador chaqueño afirmó que “con este proyecto pretendemos aportar una herramienta más, para incentivar desde el Estado la formalización plena de personas al mundo laboral, y por supuesto, alentar a la creación de nuevos puestos de trabajo”, y agregó que “ésta propuesta posibilitará la reconversión de los planes y programas sociales en trabajo formal, como así también la disminución paulatina de las ayudas sociales a cargo del Estado, debido a la inserción en el mercado laboral de miles de desempleados”.

Finalmente, Zimmermann sostiene que “esta propuesta la hacemos en respuesta a las demandas de muchos chaqueños que nos plantean la necesidad de recuperar la dignidad del trabajo y de emprendedores que requieren de un impulso para la generación de empleo genuino”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego) presentó un proyecto para que las empresas PyMEs y los responsables inscriptos cuya facturación sea igual o inferior a la establecida para dichas empresas puedan contratar como nuevos trabajadores a beneficiarios de planes y programas de Asistencia Social otorgados por el Estado Nacional.

El proyecto fue acompañado por los senadores Silvia del Rosario Giacoppo, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard, María Belén Tapia, Víctor Zimmermann, Alfredo De Ángeli, Julio Martínez y Stella Maris Olalla.

“Este proyecto pretende crear un incentivo doble: por un lado, otorgar beneficios fiscales a quienes tomen nuevos trabajadores empadronados en distintos planes, asignaciones y programas de asistencia social y, por el otro, favorecer el ingreso a un trabajo en blanco para quienes, hasta el momento, gozan de tal beneficio”, explicó el senador fueguino.

Aclaró que “el proyecto establece un mecanismo de ayuda concreto y gradual a la baja para quienes tomen a estos empleados. El empleador recibirá del Estado Nacional durante el primer año de contrato el equivalente al 100% de lo que percibía el beneficiario. Ese porcentaje se reducirá al 65% durante el segundo año de contratación y será de un 35% para el tercer año”.

El nuevo trabajador gozará de todos los beneficios que “seguramente ni siquiera imaginó”, agregó el legislador, precisando que “tendrá un trabajo digno, una obra social para él y su familia, la cobertura de una ART, vacaciones pagas, aguinaldo y la perspectiva de una jubilación futura; además podrá acceder a créditos o financiación bancaria o a la obtención de una tarjeta de crédito a través de su recibo de haberes”.

Para el autor, “esta es una ley por la que todos ganan: las personas que consigan un empleo; gana la empresa que conseguirá beneficios tributarios transitorios y gana el país que podrá disminuir sus niveles de pobreza, potenciar su producción y ponerle fin a un sistema asistencial que se ha transformado en una insana costumbre que, en vez de consagrar derechos y autonomías, sólo sirve para conculcarlos y relativizarlas”.

“Este proyecto busca incentivar al capital privado para reinsertar a personas asistidas por el Estado, de manera tal que se pueda reducir el costo fiscal y contribuir al crecimiento sostenido que nuestro país necesita”, finalizó el senador Blanco.

Con la firma de los principales referentes del PRO bonaerense, el diputado Alex Campbell, integrante del bloque de JxC, presentó un proyecto de ley que plantea “limitar la asistencia” a personas y organizaciones sociales que participen “de las tomas de terrenos y propiedades”.

“Le estamos pidiendo al gobernador Axel Kicillof que no sean cómplices de las usurpaciones, que reaccionen frente a un delito que se extiende en nuestra provincia”, dijo el diputado opositor y brazo legislativo de la ex gobernador María Eugenia Vidal.

El diputado opositor hizo uso de los cinco minutos para insistir en el tratamiento de la iniciativa, sabiendo de la negativa del bloque oficialista del FdT que comanda Facundo Tignanelli a avanzar en el tratamiento “sobre tablas” del expediente.

“El objetivo del proyecto de ley es desincentivar la toma de tierras quitándole los planes sociales a aquellas personas u organizaciones que promuevan o participen de las usurpaciones en la provincia de Buenos Aires; esa es la iniciativa de nuestro bloque que, lamentablemente, el oficialismo no quiso tratar ‘sobre tablas’ como lo solicitamos por la urgencia del tema”, dijo el diputado Alex Campbell que reclamó una “respuesta ya para los bonaerenses” y deslizó “el silencio es ausencia, abandono y complicidad”.

El proyecto de ley presentado expresamente limita “la prestación de Programas de asistencia provincial a personas y Organizaciones Sociales que participen y/o fomenten usurpaciones de terrenos o propiedades en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Más adelante agrega que “la restricción al acceso de asistencia por parte del Estado provincial en los casos mencionados, tendrá una duración de 2 años una vez que la Autoridad de Aplicación tome conocimiento por cualquier medio del hecho en cuestión”.

Para los legisladores que presentaron la iniciativa “resulta preocupante el creciente número de casos de usurpaciones y tomas de terrenos”.

La negativa del oficialismo se desarrolló en silencio, pero el diputado independiente que funciona como aliado del FdT, Mario Giacobbe, mostró una parte del argumento “de resistencia”, los planes no pueden ser “un premio o un castigo para un chico de cinco años que tiene que ir con su madre a armar una casilla en una toma”, al tiempo que reclamó caer con todo el peso de la ley a aquellos que “delinquen con estas necesidades”.    

Los opositores enumeraron que “en las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas de terrenos en La Plata, San Fernando, La Matanza, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo, Marcos Paz, entre otros” distritos del conurbano.

Los legisladores opositores recordaron, además, que la legislatura, recientemente, sancionó la Ley 15.172 suspendiendo las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales hasta el 30 de septiembre a fin de eliminar desalojos habitacionales durante la crisis sanitaria, como para evitar estas acciones.

 “No puede haber ninguna duda: el Estado tiene que estar siempre del lado de la ley”, dijo Campbell.