El diputado nacional de Juntos por el Cambio Alberto Asseff expresó su repudio a lo que considera una “extorsión” de parte de Camioneros para afiliar nuevos asociados “mediante bloqueos a las empresas o incluso al sector público, como es el caso de San Nicolás”, y expresó que esto se resuelve “con autoridad, porque la ley tiene la legitimidad para actuar”. 

En “Hoy Nos Toca”, con Daniel Santa Cruz, por el Canal de la Ciudad, Asseff dijo que “el problema de los sindicatos promueve la informalidad laboral y es una pésima señal para las inversiones. Porque no es proteger a los trabajadores, sino, extorsionar a los mismos trabajadores que dicen proteger”, y agregó: “El sindicalismo es necesario, pero si se le da un rol político y excede lo sindical se pervierte sus objetivos. Por ejemplo, hoy existe la obligación de pagarla cuota sindical, aunque no se esté afiliado, que es algo inconstitucional que está rigiendo en la Argentina y hay que derogarlo”. 

Luego, el titular del Partido UNIR hizo un breve análisis sobre el movimiento sindical actual y dijo que “hoy está cada vez más retraído, hay cada vez menos obreros sindicalizados y mucha informalidad de mano de obra no calificada que hace changas y cobra planes sociales. Eso desespera a los sindicatos porque si se pierde la cultura del trabajo y hay exceso de planes ya no se puede cobrar cuotas”. 

Consultado sobre la situación de la dirigencia de los movimientos sociales, Asseff explicó que “hoy tienen un poder inmenso, pues cada vez se entrega más dinero para planes y pasa por las manos de los dirigentes, que lo entregan discrecionalmente”, y luego recordó la tarjeta alimentar y dijo que “los planes deberían ser por tiempo limitado y entregado sin intermediación de dirigentes. Esa tarjeta fue saboteada por los mismos dirigentes sociales”. 

Por último, el diputado finalizó explicando que “los planes son fuente de dependencia porque el cobrarlo depende de no estar cobrando por un trabajo, trabajo -además- cuya remuneración no alcanza para pagar el costo de vida actual. Por lo tanto, quien cobra el plan se ve sometido a la discrecionalidad del dirigente social que lo puede extorsionar y utilizarlo para sus fines políticos”.