La Cámara alta aprobó por una unanimidad un proyecto de declaración en el que respalda lo legislado acerca del límite exterior de la plataforma continental e insular argentina y rechaza la pretensión del gobierno chileno de extender la suya.
De forma sorpresiva, el gobierno de Chile estableció una nueva demarcación de la plataforma marina en aguas argentinas, lo que generó la rápida reacción de la Cancillería – a cargo en esos tiempos de Felipe Solá– y luego de una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores, los senadores elaboraron un proyecto conjunto saltando cualquier grieta política en tiempos electorales.
Durante el tratamiento en el recinto en forma presencial, el miembro informante y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), sostuvo que “las relaciones con Chile están plagadas de gestos heroícos como la gesta sanmartiniana para liberar Chile” y remarcó que “todas las diferencias siempre las supimos resolver de forma positiva a través del diálogo”.
En esa línea, el senador puntano convocó al diálogo y pidió que se reactive la Comisión Bilateral Argentino Chileno.
A la hora de criticar el accionar del gobierno de Chile, Rodríguez Saá aseveró que “el decreto chileno es arbitrario, inconsulto y violatorio de los tratados internacionales vigentes”.
“Esto no es aceptable para la Argentina. Hay que resolverlo a través del diálogo”, aseguró.
A su turno, el senador mendocino Julio Cobos (JxC) señaló: “No podemos obviar el contexto en que se realiza esta pretensión del Gobierno de Chile, el 21 de noviembre hay elecciones. Curiosamente unos días antes modificó la carta náutica número 8 que por decreto le da fuerza y legitimidad de decreto presidencial que pretende corregir lo que no está especificado en el Tratado de Paz que no está delimitado en la carta náutica hacia el sur la soberanía o extensión marítima únicamente hacia el oeste y no al este”, indicó.
En esa línea, precisó: “La pretensión es extender hacia el este, pretendiendo al querer o incorporar a su soberanía 5 mil kilómetros de nuestra soberanía y 25 mil kilómetros cuadrados que son patrimonios de la humanidad porque son aguas internacionales”.
“Dos cosas importantes caben mencionar, el Tratado de Paz con Chile y la Convención de los Derechos del Mar para que sepan que están equivocados los hermanos chilenos. Son dos pilares que queremos destacar y lo dice en el comienzo de nuestra resolución que convalidamos todo lo realizado por COPLA y la plena vigencia del Tratado de Paz”, subrayó.
Cobos ratificó el “rechazo a cualquier pretensión de extenderse y de incorporar 5 mil kilómetros cuadrados tanto de territorio argentino como internacional”.
Para el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) subrayó que “nada de lo que ha hecho Argentina en este tema no ha violentado el derecho internacional”.
“Cuando analizamos los alcances del Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) vemos cuáles son los alcances: límites de las zonas marítima, zona económica exclusiva, plataforma continental, derechos de navegación, pases y seguridad en los mares, entre otras”, destacó.
Por eso, consideró que “el marco que nos da la Conmevar tanto Argentina como Chile están adheridos y destacar que dentro de los 3 organismos que crea la Conmevar, las determinaciones que toman en este caso la Comisión de Límites Continental es de aplicabilidad obligatoria”.
Weretilneck afirmó que “la posición del presidente de Chile no respeta la tradición diplomática, por lo que vamos a rechazar la petición”.
En tanto, el senador fueguino Pablo Blanco sostuvo que “la postura de Juntos por el Cambio, independientemente de algunas opiniones particulares de algunos dirigentes, está clara, y es la defensa irrestricta de la soberanía argentina en todos los espacios que nos corresponden y las Islas Malvinas”.
¿Qué dice el proyecto aprobado?
El texto aprobado expresa el “más enérgico rechazo” del Senado de la Nación a la “pretensión del gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental”.
También califica a la norma como una “violación al Tratado de Paz y Amistad celebrado con la Argentina en 1984” que desconoce “la demarcación del límite exterior de la plataforma continental” de conformidad con “la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
Los senadores ratifican “su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el cual se ajusta” al tratado firmado entre los presidentes Raúl Alfonsín y Augusto Pinochet en 1984.
El tratado fue “reflejado en la Ley Nacional 27.557, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 4 de agosto de 2020 y promulgada por el Poder ejecutivo el 24 de agosto del mismo año”.
El proyecto también rechaza “el intento de apropiación por parte de Chile de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la CONVEMAR y del Tratado de Paz y Amistad”.
Finalmente, reafirma su “adhesión a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta a la pretensión del Gobierno de Chile en cuanto a que la misma no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
Tras la visita del canciller Felipe Solá y del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto emitió un borrador que pasará a la firma una vez que se termine de definir el texto.
Oficialismo y oposición en el Senado emitieron este miércoles un proyecto de declaración conjunta de rechazo al decreto del presidente Sebastián Piñera, que dispuso un avance sobre la plataforma continental argentina.
Tras la visita del canciller Felipe Solá y del secretario de Malvinas, Daniel Filmus, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FdT), acordó un borrador que se pasó a la firma de los senadores una vez que Rodríguez Saá y Julio Cobos (UCR), vice de la comisión, le dieron el toque final al texto.
Durante la reunión remota, el salteño Juan Carlos Romero (Parlamentario Federal) enfatizó que “este es un tema que va más allá de las diferencias políticas, yo tengo grandes diferencias con el Gobierno, pero esto no es un tema del Gobierno, no es un tema de política, no es un tema electoral, es absolutamente un tema de soberanía nacional y si algo debe hacer Argentina es mostrar una posición común. Creo que no debemos apartarnos demasiado de las declaraciones de Cancillería”.
A su turno, Cobos sostuvo que “es inentendible la postura de Chile”, sobre todo por “todo lo que costó llegar a este acuerdo en 1984, estuvimos a punto de una guerra”. “Volvemos a reeditar cosas que ya han quedado zanjadas. Entonces creo que tenemos que ser contundentes en respaldar la postura de COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental) y el tratado”, expresó el mendocino y aseguró que la administración de Piñera “está equivocada en sus apreciaciones”.
Al tomar la palabra, el fueguino Pablo Blanco (UCR) afirmó que dentro de Juntos por el Cambio hay unanimidad en la mirada sobre el caso.
“A través de los medios de comunicación no se dejó, o no quedó muy claro, o se pretendió darle otra intención: Juntos por el Cambio en esto está con una postura unánime, tal es así que los proyectos que hemos presentado relacionados a este tema tienen la firma de los senadores que pertenecen tanto al Pro como la UCR“, dijo el radical, luego de la polémica por un comunicado del Pro que pedía el “diálogo” entre ambos países para “zanjar las diferencias”, y por el cual Felipe Solá reclamó minutos antes que desde la oposición “digan quién de los dos tiene razón”.
Desde el oficialismo, la bonaerense Juliana Di Tullio (FdT) resaltó: “No estamos para nada felices con esta controversia que el presidente Piñera ha planteado con Argentina con respecto a sus límites geográficos”.
Y, por otra parte, manifestó “tranquilidad” de que los senadores de la oposición aclararan la postura al respecto. “Me alegro que el senador Blanco haya aclarado la posición de su espacio político”, subrayó y apuntó que con el comunicado emitido por el Pro “realmente no estaba clara la posición” de la fuerza que gobernara el país “hasta hace un año y medio”.
Finalmente, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) aseveró que esta medida “tiene connotaciones de política interior muy claras”, porque Piñera “quiere tener algo con lo cual irse de su gobierno, además del repudio masivo y muy generalizado que tiene su gobierno”.
El kirchnerista recordó que “se está sancionando una nueva Constitución”, a partir de unas elecciones en las que hubo “el apoyo popular más bajo del que se tenga memoria en la historia democrática de Chile”.
“Esta es la postura de Piñera y un sector del pueblo chileno, no es de todo el pueblo chileno”, diferenció el oficialista, que criticó: “Se trata de un manotazo de ahogado de un presidente que no sabe a qué recurrir”. “Hay interés político-partidario de Piñera y la derecha chilena”, agregó.
La declaración se consensuó entre proyectos presentados por los senadores Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Pablo Blanco (UCR), María Eugenia Duré (FdT) y Julio Cobos (UCR). La intención es que se apruebe en la próxima sesión.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, el canciller habló del “decreto intempestivo” del presidente Sebastián Piñera que se “apropia” de parte de la plataforma continental argentina.
Invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, el canciller Felipe Solá expuso sobre el conflicto originado con Chile, a partir de un decreto firmado por el presidente de ese país, Sebastián Piñera, que avanza sobre los límites de la plataforma continental argentina.
El funcionario agradeció las recomendaciones “sobre la necesidad de tener negociaciones con el hermano país, pero también les digo ese es mi trabajo. No hay otra manera de tomar esto que con negociaciones bilaterales y/o laudos, es decir tribunal arbitral, no existe una tercer manera”.
“Lo que les pido, sobre todo a quienes no comparten nuestra idea política, no es que me aconsejen sobre qué hacer, porque ya sabemos que tenemos que negociar, ya sabemos que podemos llegar a recurrir a un tribunal. Lo que les pido es que digan quién tiene razón de los dos”, enfatizó en un mensaje a la oposición, después del comunicado del Pro, que solicitaba iniciar el “dialogo” entre ambos países para “zanjar las diferencias”.
Solá remarcó que “lo que está en juego son 5.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina inobjetables, según lo que dice la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), y al mismo tiempo 25.000 kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo que forman parte del Patrimonio de la Humanidad, y que Chile con este decreto intempestivo apropia”.
Por eso, insistió que “quienes están en condiciones con sus funciones de estudiar y saber, digan qué es lo que piensan sobre el fondo de la cuestión, más allá del consejo sabio de que negociemos”.
Al arrancar su exposición, tras la cual se retiró, el canciller expresó que se trata de “aclarar los tantos, de manera tal que quede claro que estamos todos del mismo lado”. Al leer la postura de Argentina, explicó que a través del decreto 95 de Piñera, publicado el 23 de agosto pasado, el país vecino “pretende proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67°, 16′, 0””.
De esta manera, avanza sobre la plataforma argentina “en unos 5.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y superponiéndose también con aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados adicionales de fondos marinos oceánicos que constituyen, según la Convemar, Patrimonio de la Humanidad”.
“La aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza”, señaló e indicó que esta medida resulta contraria con el artículo 7 de dicho Tratado, el cual “claramente” fija que “Chile puede tener una Zona Económica Exclusiva al oeste no al este”.
Y agregó que “Chile no puede pretender proyectar su soberanía” más allá de los límites acordados en ese artículo.
“La conducta de Chile desde 1984 hasta mayo de 2020, es decir 36 años, resulta plenamente concordante con la interpretación que la Argentina ha formulado del Tratado de Paz y Amistad del año ’84”, sostuvo y resaltó que durante más de tres décadas “Chile hizo planteo alguno que ni siquiera se parezca al actual” ante foros internaciones relacionados al tema.
Solá aseguró que “el mecanismo de resolución que debería haberse tomado es el previsto en el Tratado”, que “contempla un procedimiento de conciliación y habilita, en última instancia, a cualquiera de los dos países a iniciar una demanda ante un tribunal arbitral”.
“A lo largo de casi dos siglos tanto Argentina como Chile han logrado resolver sus controversias limítrofes siempre por la paz. Hemos tenido varias controversias limítrofes que han sido laudadas de distintas maneras”, completó.
También participaron de la reunión el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; el director de la Consejería Legal de la Cancillería, Holger Martinsen; y la coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), Frida Armas Pfirter.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Adolfo Rodríguez Saá, resaltó que el decreto de Sebastián Piñera es “ilegal” e “inaceptable” para Argentina.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos), presentó un proyecto de declaración en rechazo a la decisión del gobierno de Chile de actualizar su carta náutica e incluir una parte de la plataforma marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos. Asimismo, hace un llamado al “diálogo” entre ambos Estados, sin dejar de señalar que la decisión del país vecino e “ilegal”, “irritante” e “inaceptable” para la Argentina.
La iniciativa alude a “la defensa de los derechos inalienables e innegociables de la Argentina”, a modo de “honrar la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
En uno de los párrafos, el legislador oficialista insta a los “gobiernos de ambos países a resolver, a través de un diálogo franco y fecundo, la controvertida pretensión que trasunta el citado Decreto Supremo N° 95 el cual, se reitera, además de su ilegalidad írrita, resulta absolutamente inaceptable para la República Argentina”.
La declaración señala que “esta medida constituye, en los hechos, una apropiación tan indebida como ilegítima, no sólo de una parte de la plataforma continental perteneciente a la República Argentina sino también de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos que forman parte del Patrimonio Común de la Humanidad así dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
“En defensa de nuestra soberanía nacional y en rechazo de la pretensión de la República de Chile de la que podría resultar una usurpación ilegítima del territorio nacional y violatoria de la soberanía nacional, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración”, sostuvo Rodríguez Saá en los fundamentos del proyecto.
Desde la oposición también hubo rechazo
Encabezados por el fueguino radical Pablo Blanco, senadores de Juntos por Cambio presentaron también un proyecto de declaración de rechazo a los decretos del presidente chileno Sebastián Piñera, los cuales “determinan nuevas coordenadas para los puntos de Líneas de Base Normal de las Islas Diego Ramírez, y extienden la plataforma continental chilena sobre la Argentina”.
El proyecto fue acompañado por María Belén Tapia, Juan Carlos Marino, Claudio Poggi, Alejandra Vucasovich, Laura Rodríguez Machado, Gladys González, Humberto Schiavoni, Esteban Bullrich, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Guadalupe Tagliaferri, Mario Fiad y Silvia Elías de Pérez.
“Es una atribución de nuestro Congreso de la Nación fijar los límites del territorio argentino, tal como lo establece el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional. Es imperioso sentar posición expresando el rechazo a estos dos decretos del gobierno chileno”, afirmó Blanco.
El senador enfatizó que “estas medidas apuntan a la apropiación por parte de Chile de una parte de nuestra plataforma continental y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.
“En el año 2009, Argentina solicitó ante Naciones Unidas la extensión de la plataforma continental. Este pedido fue aceptado en 2016 sin que ningún país la cuestionara. Ahora Chile, que no pidió a Naciones Unidas esta ampliación, pretende subsanarlo con el dictado de sus decretos de forma unilateral”, resaltó.
Finalmente, el legislador expresó que “es de esperar que nuestra Cancillería sostenga la postura nacional con energía y que esta cuestión se resuelva, como corresponde, por la vía del diálogo fraterno con el gobierno de la hermana República de Chile”.
Las normas, sancionadas días atrás en la Cámara de Diputados, fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.558 de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares correspondientes.
El mismo funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación y estará integrado por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.
Todos los miembros se desempeñarán con carácter de ad honorem y permanecerán en sus funciones por el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.
El objetivo del Consejo será contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas, como así también colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos.
Además, el organismo propondrá y llevará adelante además actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de la soberanía; realizará acciones destinadas a colaborar en la difusión y promoción de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas; e impulsará estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los excombatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares.
Por otra parte, también se promulgó la Ley 27.557 de Espacios Marítimos, la cual tiene como objetivo proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino, y establece demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas.
La norma apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.
La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.
Ambas leyes fueron sancionadas el 5 de agosto pasado en la Cámara de Diputados por una amplísima mayoría -solo recibieron dos votos en contra de la izquierda-.
Ambas iniciativas habían sido enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados sancionó los proyectos con respaldo unánime, salvo por las abstenciones de la izquierda.
Luego de once horas de sesión, la Cámara de Diputados sancionó la ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otra que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, enviadas por el Gobierno.
La primera de las iniciativas se aprobó con 235 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones -de Nicolás Del Caño y Romina Del Plá (FIT)-; mientras que la segunda obtuvo 238 votos afirmativos, 0 negativos y dos abstenciones, también de los legisladores de la izquierda.
Miembro informante del oficialismo, Eduardo Valdés, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, destacó que la creación del Consejo “expone que para Argentina la única vía concebible” para “defender un espacio que nos corresponde a los 44 millones de argentinos y argentinas” es “la pacífica y diplomática”.
“La defensa de la soberanía, el interés nacional, el amor a nuestra patria y la lucha contra el colonialismo nos conducen a sostener una política exterior soberana”, afirmó y resaltó: “La cuestión Malvinas es una deuda de nuestra joven democracia y además reviste una vital importancia como valor económico en recursos naturales renovables y no renovables; resaltamos las actividades de transporte marítimo y fluvial, las tareas portuarias e industriales, el desarrollo del trabajo científico y tecnológico, los proyectos vinculados al turismo y la recreación, y las acciones de defensa y seguridad”.
El legislador del Frente de Todos ponderó que el presidente Alberto Fernández haya anunciado al asumir que “se trabajará de manera incansable para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo de soberanía”.
En tanto, el radical Facundo Suárez Lastra aseguró que “estamos frente a una ley muy importante”, en referencia a la iniciativa de demarcación, producto de un “esfuerzo que se hizo por más de 20 años por parte de una enorme cantidad de funcionarios de Cancillería”.
El porteño enfatizó que se trató de “una política muy consistente” y es “un logro significativo”. Por eso, lamentó que “hubiera sido bueno” darle un debate más amplio, con difusión, y no exprés. También, recordó que “los mejores logros de reivindicación de la soberanía sobre Malvinas se desarrollaron sobre la base de una política exterior clara y consistente, con una gran protagonismo del cuerpo diplomático argentino”.
Excombatiente de Malvinas, el diputado Aldo Leiva reclamó que la Cámara baja “está en deuda con la puesta en marcha del Observatorio Malvinas, que su última reunión fue el 6 de marzo de 2019 y yo particularmente vengo planteando que tenemos que ponerlo en marcha porque es un organismo importante”.
“Si hay algo que ha tenido nuestro presidente ha sido la coherencia, cuando el 10 de diciembre dijo que Malvinas es una política de Estado, que Malvinas es muy importante no para un gobierno, sino para todos los argentinos”, elogió el legislador del Frente de Todos.
El chaqueño remarcó que “debemos seguir en los foros internacionales con otras armas que tienen que ver con hacer los planteos políticos e institucionales”. “Finalmente quiero dirigirme a mis camaradas, a los que volvieron y a los que no volvieron, para decirles que mientras haya un argentino de buena voluntad, que enarbole nuestra bandera, que siga esa lucha, seguramente esa sangre derramada no será en vano”, completó.
A su turno, el fueguino Federico Frigerio reivindicó la figura del exgobernador de su provincia Ernesto Campos y señaló que “debemos fomentar la integración económica, cultural y humana con nuestros compatriotas isleños”. La Guerra de Malvinas “fue una decisión tomada por un gobierno de facto y tuvo dos consecuencias directas”, consideró el diputado del Pro.
En ese sentido, dijo que con ese conflicto “echamos por tierra todo el trabajo de integración llevado adelante por Campos y por muchos otros que colaboraron en este sentido; y también hizo que los británicos tomaran real dimensión del posicionamiento estratégico en el Atlántico Sur y decidieran invertir muchos recursos sobre nuestras Islas para relativizar el potencial evidente de conectarnos con nuestros ciudadanos isleños”.
Por Consenso Federal, la diputada Graciela Camaño valoró que “hace 20 años hay un equipo de argentinos que consolidados están trabajando en los océanos para definir la continentalidad, la bioceanidad de la República Argentina”.
“Se dijo que esto traerá grandes ventajas económicas; les aseguro que también traerá grandes ventajas científicas”, enfatizó y manifestó un “eterno agradecimiento al equipo que agrandó el mapa de la Argentina, a ese puñado de argentinos, científicos, abogados, que trabajaron incansablemente durante 20 años y que ampliaron un 35% los espacios marítimos del país”.
Exgobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone criticó a la gestión anterior por su actuación en esta materia. “Reivindicamos y queremos continuar reclamando nuestros legítimos derechos que durante años de manera continuada y sostenida hicieron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, sostuvo.
Y ponderó que Alberto Fernández haya decidido “devolver a la cuestión Malvinas el lugar que se merece”, al tiempo que opinó que el Gobierno y el Parlamento tienen por delante la “tarea de procurar nuevos apoyos” en el reclamo.
En qué consisten las leyes
El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes tendrá una composición con una duración de cinco años.
El mismo funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación y estará integrado por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.
Su objetivo será contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas, como así también colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos.
El Consejo propondrá y llevará adelante además actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de la soberanía, como así también impulsará estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los excombatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares.
Por su parte, la otra ley tiene como objetivo proteger los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo del mar argentino, y establece demarcar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas.
La norma apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.
La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.
La Cámara alta aprobó la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
Por unanimidad, el Senado aprobó en la sesión de este jueves un proyecto de ley de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otro que establece la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
Ambas iniciativas habían sido anunciadas por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y recibieron el impulso de Daniel Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
La demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina es el resultado del trabajo desarrollado durante varios gobiernos por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), que permitió que la Argentina realice ante la ONU la presentación completa.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana (Frente de Todos), destacó que “la finalización de esta larga tarea demuestra la posibilidad de tener políticas de Estado en Argentina”.
El excanciller explicó que la labor se realizó de acuerdo a la Convención de los Derechos del Mar e informó que “se realizaron doce campañas para conseguir los datos”. “Es un paso importante que nos acerca a la idea de la Pampa Azul”, indicó.
La iniciativa apunta a incrementar la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias.
Luego de dos décadas de trabajo ininterrumpido del equipo científico, técnico y jurídico de COPLA, en 2016 y 2017 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en Naciones Unidas adoptó por consenso las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental realizada en 2009.
Taiana aclaró que en el trabajo se exceptuaron las zonas sujetas a la disputa de soberanía con el Reino Unido, así como el sector que está regido por el Tratado Antártico.
El otro proyecto aprobado crea un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Si bien el texto original hablaba de “espacios marítimos circundantes”, a pedido de veteranos de la guerra se adaptó la denominación de acuerdo a lo que reza la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.
Según explicó Taiana, la composición del Consejo “durará cinco años, para que no esté atada a un solo gobierno”, y esto permitirá “la existencia de una política de Estado que sea respaldada por los más diversos sectores”.
El Consejo funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación y estará integrado por el propio jefe de Estado; el canciller; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur; el gobernador de Tierra del Fuego; un diputado y un senador por cada una de las tres fuerzas con mayor representación parlamentaria; dos especialistas en derecho internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un excombatiente de Malvinas.
Desde la oposición, el fueguino Pablo Blanco (UCR) recordó que el reclamo por la soberanía de las Malvinas lleva más de 187 años y que “no hay grieta” que atente contra esta causa.
Blanco señaló que hubo avances importantes, como la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, del año 1965, y agregó que hasta se llegaron a instalar vuelos regulares desde las islas hacia el continente. Sin embargo, “lamentablemente esos avances se vieron impedidos con la temeraria decisión de la última Junta Militar de la competencia bélica con Inglaterra” en 1982.
La oficialista Eugenia Duré, también de Tierra del Fuego, coincidió en que “desde 1983 a la fecha la Argentina reclama el ejercicio de la soberanía y eso está plasmado en nuestra Constitución”, pero advirtió que “durante cuatro años tuvimos un retroceso” en la materia, tras lo cual destacó la “decisión política” del presidente Fernández de enviar estos proyectos al Congreso.
“No podemos permitir que nuevamente gobiernos neoliberales vuelvan a poner el reclamo de soberanía como moneda de cambio”, alertó Duré.
Por el contrario, el exministro de Defensa Julio Martínez (UCR) destacó que Malvinas es “una de las pocas cuestiones de Estado que tenemos” ya que “todos los gobiernos argentinos han hecho reclamos por la soberanía en todas las instancias internacionales”.
Martínez sostuvo que “el mayor logro diplomático” fue la citada Resolución 2065 de la ONU, aprobada durante el gobierno de Arturo Illia, que entre otras cosas reconoce que en las islas hay “una cuestión colonial” e invita a ambas partes “a sentarse a dialogar para lograr una solución pacífica”.
